TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 332/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente        : Cochabamba 56/2017        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Diego Armando Ramírez Vidal

Delito        : Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de agosto del 2017, cursante de fs. 86 a 89 vta., Diego Armando Ramírez Vidal, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 58/2017 de 11 de agosto, de fs. 81 a 83, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Yovana Callejas Campos y Jaime Milton Zeballos Alave contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 7/2017 de 3 de febrero (fs. 62 a 65), el Tribunal Primero de Sentencia de “Villa Tunari” del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, falló dictando en procedimiento abreviado Sentencia condenatoria, declarando a Diego Armando Ramírez Vidal, autor por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, por existir prueba suficiente que generó en el Tribunal de Sentencia la convicción plena sobre la responsabilidad penal en su contra y se le condenó a sufrir la pena de veinte años de presidio, ejecutoriada la Sentencia se dispuso se gire planilla de costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Diego Armando Ramírez Vidal   (fs. 73 a 75 vta.), interpone recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 58/2017 de 11 de agosto, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró  inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado, por lo que sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión impugnada, rechazó dicho recurso, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 868/2017-RA de 3 de noviembre, se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente alega que el Auto de Vista impugnado, rechazó su apelación restringida sin entrar a analizar el fondo del proceso, manteniendo en consecuencia intacta la Sentencia apelada, que incurrió en error de aplicación de la ley sustantiva reclamada en alzada. Afirma que en el caso presente, no se cumplió con los requisitos legales del procedimiento abreviado para dictar Sentencia condenatoria, pues su persona nunca reconoció la autoría y/o culpabilidad del hecho atribuido y tampoco renunció al procedimiento común, defecto absoluto no susceptible de convalidación que fue reclamado en apelación restringida.


Señala que en el acta de juicio oral puede advertirse que solicitó la suspensión de la audiencia al no encontrarse asistido del abogado defensor de su confianza, solicitud a la que se adhirió tanto el Ministerio Público como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; empero, antes de resolver sobre la suspensión de audiencia se decretó un receso de diez minutos considerando que existía una solicitud de salida alternativa, aspecto que no consta en el acta de registro de juicio oral, debiendo entenderse que tal solicitud habría sido presentada por el Ministerio Público de forma escrita antes de la celebración de la audiencia y de ser así debería existir en el legajo procesal; sin embargo, afirma el recurrente que no existe ninguna documentación al respecto, situación que demuestra que esta salida alternativa fue promovida por el Tribunal de juicio adelantando criterio respecto a su culpabilidad. Continúa señalando que reinstalada la audiencia de juicio, luego del receso, no dejaron ingresar a sus familiares y según el acta de registro consta que se le habría concedido la palabra, pero que no manifestó nada porque no entendía lo que ocurría, por lo que intervino el Fiscal pidiendo la salida alternativa, refiriendo haber llegado a un acuerdo con la parte acusada, hecho totalmente falso pues sólo habían hablado con el abogado defensor de oficio. Reclama que la admisión de culpabilidad y renuncia al procedimiento común debió ser realizada por él y no por su abogado defensor de oficio.


Concluye manifestando que las irregularidades expuestas ut supra, demuestran que la tramitación del procedimiento abreviado fue promovida y llevada a cabo ilegalmente en un acuerdo realizado por todos los intervinientes, Juez, Fiscal, Defensoría y Defensor de oficio dejándole en total estado de indefensión; y en consecuencia, vulnerando  la garantía constitucional del debido proceso, derecho a la defensa y a una justicia transparente previstos en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que estando fundamentada la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 373 y 374 del CPP y la existencia de vicios de la Sentencia de conformidad a lo previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, los requisitos de admisibilidad de apelaciones se encontrarían cumplidos y fundamentados como están, interpone al amparo del art. 416 del CPP, recurso de casación contra el Auto de Vista de 11 de agosto de 2017, solicitando que en cumplimiento al Auto Supremo 12 de 30 de enero de 2012, se revise de oficio si existen defectos absolutos y se disponga procedente el recurso de casación y se revoque el Auto de Vista de 11 de agosto de 2017 y se disponga la nulidad de la Sentencia de 3 de febrero de 2017 y al reposición del Juicio por otro Tribunal. 


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 868/2017-RA de 3 de noviembre, cursante de fs. 97 a 99, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Diego Armando Ramírez Vidal, para el análisis de fondo ante la concurrencia de presupuestos de  flexibilidad.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 7/2017 de 3 de febrero, el Tribunal Primero de Sentencia de “Villa Tunari” del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; falló dictando en procedimiento abreviado Sentencia condenatoria, declarando a Diego Armando Ramírez Vidal, autor por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, por existir prueba suficiente que generó en el Tribunal de Sentencia la convicción plena sobre la responsabilidad penal en su contra y se le condenó a sufrir la pena de veinte años de presidio, ejecutoriada la Sentencia se dispuso se gire planilla de costas, en base a los siguientes argumentos en síntesis:

  1. Que, en esta etapa del proceso, el representante del Ministerio Público requiere la aplicación del procedimiento abreviado contra el imputado Diego Armando Ramírez Vidal, en función del art. 326 del CPP modificada por la Ley Nº 586, condenando a la pena 30 años de presidio por el delito de Violación, previsto en el art. 308 bis del CP, en aplicación de los arts. 373 y 374 del CPP.


  1. En el presente caso el requerimiento de procedimiento abreviado se da sobre la base de la acusación, que viene a ser el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, la cual se encuentra debidamente sustentada por la prueba ofrecida por el Ministerio Público, la cual no fue observada por el acusado, por lo que no se estaría afectando el principio de congruencia que debe tener la Sentencia.


  1. Que, de igual forma el art. 373 parágrafo I parte in fine del CPP modificado por el art. 8 de la Ley Nº 586, posibilita a la o el imputado, la o el Fiscal solicitar se aplique el procedimiento abreviado en etapa de juicio oral hasta antes de dictarse Sentencia, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el parágrafo segundo del referido artículo, que son contar con el acuerdo del imputado y su abogado defensor en la admisión del hecho y su participación, habiendo sido solicitado el procedimiento abreviado en esta etapa del juicio; es decir, antes de dictarse Sentencia, el Tribunal ha comprobado el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1970 en su art. 374 en sus incisos: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que, el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral y ordinario; y, 3) Que, el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario.


  1. Que, advertido el Tribunal de tener competencia para conocer y resolver el procedimiento abreviado en esta etapa del juicio, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos para su procedencia cual es la conformidad del acusado, así como de su abogado defensor con el requerimiento conclusivo y la admisión del hecho y su participación en él; es así que tanto, el acusado así como el abogado defensor de manera libre y voluntaria han admitido la participación del acusado en el hecho atribuido por el delito de Velación a menor, la renuncia al procedimiento abreviado, e incluso el acusado ha demostrado su arrepentimiento por la comisión del ilícito.


  1. Que, verificada la prueba ofrecida por el Ministerio Público, previo reconocimiento de las mismas por el acusado y su abogado defensor, este Tribunal ha realizado un análisis minucioso de la misma como así la solicitud de salida alternativa en procedimiento abreviado, teniendo en cuenta que el principio de tipicidad se ha establecido respecto de toda persona sometida a juicio y utilizada a efectos de que los Jueces y Tribunales apliquen la Ley penal sustantiva en debida forma, enmarcando la conducta de la persona exactamente en el marco descriptivo de la Ley penal garantizando el principio de legalidad que impone el debido proceso, en ese entendido para que un hecho sea típico y pueda ser refutado como delictivo no es suficiente realizar el análisis de correspondencia descriptiva del hecho con la norma penal como presupuesto jurídico de abstracto de punibilidad, sino el delito como hecho existente y comprobable en un determinado tiempo y se encuentra compuesto por la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad, elementos necesarios para que exista el delito y posterior imposición de una pena o medida de seguridad por una parte; y por otra, la norma debe realizar tareas objetivas de subsunción que demuestren objetivamente el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo penal, de lo cual se tiene que la prueba de cargo ofrecida como así la conducta del imputado en audiencia encuadran en la comisión del ilícito atribuido de Violación a Niño, Niña o Adolescente. Bajo este entendimiento en deliberación el Tribunal, ha tomado sus decisiones de manera conjunta por los tres miembros que la componen; por consiguiente, las cuestiones planteadas en la deliberación han sido expuestas con los motivos de hecho y derecho en que se fundan en la presente Sentencia y al existir plena acuerdo entre los mismos, la fundamentación se la hace en forma conjunta.


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


       Notificado con la Sentencia, Diego Armando Ramírez Vidal, formula recurso de apelación restringida, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

  1. Los Jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Villa Tunari, de manera flagrante han inobservado lo establecido por los arts. 360, 361, 373 y 374 del CPP y aplicado la Ley de manera errónea. Que, los arts. 360 y 361 del CPP y de la revisión de la Sentencia, refiere, que la misma no cuenta con fecha real y correcta de emisión de dicha Sentencia y la misma es false e incongruente pues en el encabezamiento cursante a fs. 62, señala que la parte resolutiva de esta Sentencia se habría dictado en audiencia de fecha 3 de febrero de 2017 y la lectura íntegra en fecha 8 de febrero de 2017; es decir, fuera del plazo previsto por el art. 361 del CPP; ya que, de la revisión de la Sentencia parte final, contradictoriamente se señala de manera textual que: “Esta Sentencia es pronunciada y leída íntegramente en audiencia pública a los once días del mes de septiembre de dos mil quince a horas 11.55 am”, con lo que se demuestra que la Sentencia no tiene fecha en que se dicta la misma y más al contrario es totalmente confusa e imprecisa, contraviniendo lo señalado por los arts. 360 y 361 del CPP, con los defectos del art. 370 inc. 9) del CPP.


  1. Asimismo, denunció que existe errónea aplicación de la Ley con referencia a los arts. 373 y 374 del CPP, respecto a la procedencia y al trámite del procedimiento abreviado, aduciendo que de la recisión de actuados y propiamente del acta de juicio oral de fecha 3 de febrero de 2017, se llega a establecer que en esa audiencia no participó su abogado defensor, sino que participó otro que no conocía la causa en profundidad, por lo que este pidió la suspensión del juicio oral, pero de manera muy rara se reinstala la audiencia de juicio oral, en la que el Fiscal de manera directa solicita la aplicación del procedimiento abreviado, sin que haya prestado su consentimiento para ello y con dicha petición del Fiscal, directamente hacen las consultas con las partes y se dicta Sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, vulnerando y aplicando erróneamente los arts. 373 y 374 del CPP; ya que, como se podrá advertir, quien habría solicitado al Tribunal la aplicación del procedimiento abreviado fue el Ministerio Público, quien debió cumplir con el inc. 2) del art. 373 del CPP; es decir, que debió presentar un acta o acuerdo de conformidad de procedimiento abreviado firmado por el acusado, su abogado y el Fiscal, documento que no se presentó, porque alega que nunca estuvo de acuerdo con el procedimiento abreviado, pensando en audiencia que la misma se estaba suspendiendo y solo por ello habría firmado el acta de fecha 3 de febrero de 2017. Para verificar aquello, en la misma acta de fecha 3 de febrero de 2017, se evidencia que quien solicita este procedimiento es el Fiscal, posteriormente hacen uso de la palabra los acusadores particulares y ellos también aceptan la salida alternativa, a su turno también la representante de la Defensoría de la Niñez; posteriormente, el abogado defensor suplente; y finalmente, se hace conocer al imputado, en la cual de manera enfática habría hecho conocer su desacuerdo con el procedimiento abreviado, y es más, renunció a este procedimiento, prestando su acuerdo con celebrarse el juicio oral, situación que está plasmada en el acta, por lo que no puede decirse que se ha prestado consentimiento y conformidad.


  1. Alegó que la Sentencia no contiene ninguna fundamentación, ni una valoración de las pruebas incriminantes del ilícito que se acusa y solo existe una relación de los hechos que no puede ser tomado como fundamento de Sentencia; que sin embargo, dictan una condena en una falsa aceptación del delito no acreditado en ningún medio idóneo, lo cual conlleva a demostrar que la Sentencia apelada, también tiene defectos establecidos en el art. 370 incs. 4), 5) y 6) del CPP, sin cumplir lo previsto por el art. 124 del CPP. Invoca el Auto de Vista 29550/2006 de 9 de diciembre y la Sentencia Constitucional 012/2006 de 4 de enero.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


El Auto de Vista 58/2017 de 11 de agosto, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró  inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado, por lo que sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión impugnada, rechazó dicho recurso, bajo la siguiente fundamentación:


  1. El procedimiento abreviado previsto en el art. 373 del CPP, como una salida alternativa al juicio oral ordinario, no extingue, ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino lo abrevia, provocando la solución inmediata de la litis. Esta salida alternativa al juicio oral es solicitada por el titular de la acción penal pública, el Ministerio Público, previo acuerdo y conformidad el imputado, que como se dijo constituye una simplificación de los trámites procesales; toda vez, que elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el Juez plenamente facultado para dictar Sentencia sobre la base de la acusación y la solicitud de procedimiento abreviado formulada por el Fiscal, la prueba que la sustenta y la admisión de los delitos acusados por parte del propio imputado.


  1. El Auto de Vista luego de precisar las consideraciones respectivas a la procedencia y trámite del procedimiento abreviado, así como su pertinencia y oportunidad; refiere, que en ese sentido y en aplicación estricta de la jurisprudencia constitucional sobre el tema, conforme lo establece el art. 203 de la CPE, corresponde al Tribunal de alzada aplicar el siguiente entendimiento jurisprudencial que modula de manera fundamentada resoluciones anteriores con determinaciones diferentes a esta Resolución aclarado esto- se tiene que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016-S1 de 18 de febrero (cita extracto); concluye que el Código de Procedimiento Penal no determina de manera expresa ningún recurso de impugnación contra la Sentencia emitida en aplicación del procedimiento abreviado, ya aceptando o negando la misma. Que en el caso de autos señala-, la resolución apelada consiste en una Sentencia en procedimiento abreviado, por la que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Primer en lo Penal de Villa Tunari, aceptaron la solicitud de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado formulado por el representante del Ministerio Público, en consecuencia, en función al entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional aludida, bajo la vinculatoriedad, exige el cambio de línea en las resoluciones de ésta naturaleza ante este Tribunal de alzada, que observa como precedentes horizontales a los fines de generar condiciones de seguridad jurídica; en ese sentido, se advierte que la Resolución impugnada (ya sea aceptando o negando el procedimiento abreviado), no es apelable conforme lo establece claramente la Sentencia Constitucional 0233/2016-S1 de 18 de febrero, en el sentido de que las previsiones contenidas en el Código Penal, no reconoce recurso de impugnación ulterior alguno, por lo que el Tribunal de apelación, a efectos de evitar caos procesal y dilaciones indebidas que afecten la pronta, oportuna, eficiente y eficaz administración de justicia, en sujeción a lo establecido en la parte in fine del art. 399 del CPP y en función a la vinculatoriedad de las referidas Sentencias Constitucionales, corresponde proceder al rechazo de la apelación restringida interpuesta por su inadmisibilidad.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACION DE DERECHOS FUNDALENTALES Y GARANTÍAS JURISDICCIONALES


De acuerdo a los argumentos del recurrente, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 868/2017-RA, se tiene un único motivo a analizar en el fondo del recurso: Que, el recurrente alega que el Auto de Vista impugnado rechazó su apelación restringida sin entrar a analizar el fondo del proceso, manteniendo en consecuencia intacta la Sentencia apelada, que incurrió en error de aplicación de la ley sustantiva reclamada en alzada. Que, en el caso presente no se cumplió con los requisitos legales del procedimiento abreviado para dictar Sentencia condenatoria, pues su persona nunca reconoció la autoría y/o culpabilidad del hecho atribuido y tampoco renunció al procedimiento común, defecto absoluto no susceptible de convalidación que fue reclamado en apelación restringida. Concluye manifestando que las irregularidades expuestas ut supra, demuestran que la tramitación del procedimiento abreviado fue promovida y llevada a cabo ilegalmente en un acuerdo realizado por todos los intervinientes, Juez, Fiscal, Defensoría y Defensor de oficio dejándole en total estado de indefensión; y en consecuencia, vulnerando  la garantía constitucional del debido proceso, derecho a la defensa, al Juez imparcial y a una justicia transparente previstos en el art. 115.II de la CPE.


III.1.        El Debido Proceso como Derecho, Garantía y Principio Constitucional.


A los fines de resolver la problemática planteada se debe tener presente que la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, respecto al debido proceso ha señalado a través del Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, lo siguiente: “El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, k) la garantía del non bis in ídem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.


Por otra parte, el debido proceso reconocido en la CPE, en su triple dimensión como derecho, garantía y principio, se encuentra establecido en el art. 115.II que señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; el art. 117.I de la referida Ley fundamental, dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”; finalmente, el art. 180.I de la referida CPE, declara que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”.


III.2.  Del Procedimiento Abreviado en nuestra legislación.

Sobre la naturaleza del Procedimiento Abreviado, el Auto Supremo 109/2013-RRC de 22 de abril, en referencia a los fundamentos expuestos por la Comisión Redactora del Órgano Legislativo, estableció que: “… constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado…”, estableciendo el Código de Procedimiento Penal, con la modificaciones insertas por la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de 30 de octubre de 2014, en el art. 373, lo siguiente: “I. Concluida la investigación, la o el imputado, la o el Fiscal podrá solicitar que se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante el Juez de Instrucción conforme al numeral 2 del art. 23 del presente Código y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse Sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él”.

En consecuencia, para la procedencia de la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del Juez de Instrucción que conoce la causa y en audiencia pública. En estas circunstancias, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por el imputado o el representante del Ministerio Público en tres momentos procesales (conforme a las modificaciones establecidas por la Ley 586): a) Al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301 inc. 4) del CPP; b) A la conclusión de la etapa preparatoria de acuerdo al art. 323 inc. 2) del citado código; y, c) En la etapa de juicio, hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato por delitos flagrantes.

Respecto al trámite, el art. 374 de la norma adjetiva penal señala que: “En audiencia oral el Juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que, el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que, el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario”; esto significa que, una vez presentado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, el Juez de la causa señalará día y hora para el verificativo de la audiencia, determinación que deberá ser puesta en conocimiento de las partes que intervendrán en dicha actuación, donde serán escuchadas con finalidades distintas. En el caso del representante del Ministerio Público, para fundamentar oralmente su requerimiento conclusivo, al imputado para la admisión verosímil de su participación en el hecho atribuido y la constatación de que la renuncia al juicio oral ordinario fue voluntaria y a la víctima para que pueda, en su caso, oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado.

La aplicación del procedimiento abreviado, tiene como base que el acusado reconozca haber cometido el hecho acusado, teniendo como característica la celeridad, en el cual ya no es necesaria la producción de pruebas periciales ni testificales, porque ya no existen hechos contradictorios que demostrar, el contenido fundamental del procedimiento es el acuerdo firmado entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor, donde renuncia al juicio oral, además de contener la pena privativa de libertad a imponerse, resaltando que la admisión de los hechos por parte del imputado debe ser libre y voluntaria sobre su culpabilidad.


III.3.  Análisis del caso concreto.


En el motivo expuesto para su análisis de fondo bajo los criterios de flexibilización, se alega que el Auto de Vista impugnado rechazó su apelación restringida sin entrar a analizar el fondo del proceso, manteniendo; en consecuencia, intacta la Sentencia apelada, que incurrió en error de aplicación de la ley sustantiva reclamada en alzada al no haberse observado los requisitos legales del procedimiento abreviado para dictar Sentencia condenatoria, pues su persona nunca reconoció la autoría y/o culpabilidad del hecho atribuido y tampoco renunció al procedimiento común, que la tramitación del procedimiento abreviado fue promovida y llevada a cabo ilegalmente en un acuerdo realizado por todos los intervinientes, Juez, Fiscal, Defensoría y Defensor de oficio dejándole en total estado de indefensión; y en consecuencia, vulnerando  la garantía constitucional del debido proceso, derecho a la defensa, al Juez imparcial y a una justicia transparente previstos en el art. 115.II de la CPE.


Habiéndose admitido el recurso de casación bajo los criterios de flexibilización, se faculta al Tribunal en casación acorde con las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, ingresar a considerar el fondo de las cuestiones recurridas, ante la vulneración de derechos, que involucren defectos absolutos, susceptibles de no convalidación, por lo que es necesario establecer que la Ley del Órgano Judicial en su art. 17 parágrafo II, establece: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”. Norma de la cual se establece que aun en casos en los que pueda existir defectos absolutos que ameriten la nulidad, éstas para su procedencia deben necesariamente ser denunciadas; es decir, que ni el Tribunal de apelación ni el de casación tiene facultades para desbordar la propuesta formulada por los recurrentes, lo cual se conoce como principio de limitación, norma y principio procesal que es ratificado en el procedimiento penal en su art. 398, que prevé que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; forma de resolución que al tratarse de una apelación restringida, puede ser revisada vía casación; empero, únicamente en cuanto a los aspectos expuestos por el impugnante, lo que quiere decir que no existe revisión de oficio, facultad que estaba prevista por el art. 15 de la Ley 1455, actualmente abrogada por la Ley 025, entendimiento asumido por el Auto Supremo 392/2012 de 21 de diciembre.


Respecto al derecho al Juez imparcial, se ha dejado sentado que la  imparcialidad es un elemento que compone al Juez Natural en su esencia, conjuntamente los componentes de independencia y competencia, que hacen a la génesis del Juez natural, teorema que ha sido acogido, tratado y delineado por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que constituyó una línea jurisprudencial, de la que se puede dilucidar que el estándar básico en cuanto al Juez natural comprende los siguientes elementos: a) Que, se trate de un tribunal competente, independiente e imparcial; b) Que, el tribunal haya sido establecido con anterioridad por la ley y sus decisiones se enmarquen en un proceso legal. Asimismo, se ha dicho que: “El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” o “derecho de defensa procesal”, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera” (Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997).


Disgregando cada uno de los componentes del Juez Natural, sobre el concepto de independencia se ha especificado que: “Al respecto, la Corte resalta que si bien es cierto que la independencia y la imparcialidad están relacionadas, también es cierto que tienen un contenido jurídico propio. Así, esta Corte ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación...” (Caso Apitz Barbera y otros “Corte Primera de lo Contencioso Administrativo” Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008). Para otorgar una definición de imparcialidad, el Tribunal Interamericano ha tomado los parámetros brindados por su homólogo europeo, estableciendo parámetros subjetivos y objetivos, de este modo ha dicho que: “Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso” (Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004). A su vez, en relación a la competencia, es apropiado citar directamente las palabras de la Corte IDH sobre el tema, así: “Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios” (Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2004).


Entonces, conforme se ha disgregado, el Juez Natural debe ser imparcial, competente e independiente, quien al momento de administrar justicia, esta envestido de estas cualidades que necesariamente lo caracterizan, entendiéndose que al estudio y análisis del componente de imparcialidad, el mismo no puede entenderse como un ente aislado y autónomo, siendo que forma parte del todo que caracteriza la naturaleza del Juez Natural, a la que están sujetas todas las autoridades jurisdiccionales, la cual ha sido establecido como un instituto procesal que integra el derecho al debido proceso, que en caso de denunciarse la afectación del elemento de la imparcialidad judicial, es menester poder abocarse a determinar si el Juez al momento de administrar justicia, ha comprometido su criterio, incurriendo en apreciaciones subjetivas que influyan en su decisión, alejándose de toda objetividad, generando desconfianza en la potestad que imparte al justiciable, que de identificarse tales aspectos, ante la vulneración de la imparcialidad, el mismo procedimiento, ha establecido cánones para apartar a la autoridad del conocimiento de una causa cuando se vea afectado algunos de los componentes que caracteriza al Juez Natural, para lo cual, como se ha manifestado en el mismo entendido al ser parte del debido proceso, en caso de identificarse tales defectos y estos no sean atendidos, pueden generar efectos de nulidad y vulneración a aganarías fundamentales; ya que, se ha establecido, conforme tambien- los criterios citados de la CIDH que el debido proceso supra referido, entre otros elementos está compuesto o integrado por el Juez Natural, garantía que emerge del art. 117 de la CPE que señala: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada", concordante con el art. 120.I de la CPE que señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”; además, en consonancia con el art. 122 de la misma CPE, que establece: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley". Por ello el Juez Natural es entendido por la doctrina como el juez competente que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial, y así también lo establece el art. 12 de la LOJ al señalar: "(Competencia) Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto", por lo que se concluye que el Juez Natural goza de una protección, no solo legal, sino constitucional. Por ello, al comprometerse su naturaleza, el proceso judicial corre peligro de fracasar en su dimensión afectando el valor justicia, cuál es el fin último del derecho.


Establecidas la consideraciones, el recurrente ha denunciado afectación a la imparcialidad del Juez en la figura del Tribunal de Sentencia, no observada, tampoco por el Tribunal de apelación, que a su criterio generarían defectos absolutos y vulneración de derechos; empero, conforme se ha indicado, al denunciarse la imparcialidad, debe partirse de poder determinar de qué manera el Juez o Tribunal, ha emitido criterios prejuiciosos para poder resolver al asunto sometido a su conocimiento, que evidencie una afectación de su objetividad, así  como también debe apreciarse en el ámbito objetivo, porque se considera que su criterio no sería confiable al momento de resolver el asunto judicial, lo que en definitiva el recurrente no ha establecido de manera cierta, concreta y comprobada, que de haber advertido el recurrente que se habría comprometido la imparcialidad en su juzgamiento, tendría que haber activado las salidas saneadoras y reparadoras que el procedimiento penal instituyó para garantizar el derecho al Juez Natural, sea vía incidentes, excepciones o mediante excusas o recusas, no siendo suficiente que el recurrente se limite a señalar la afectación, sino que esta debe comprobarse evidentemente, además de haber sido reclamada oportunamente por quien se considera afectado en sus derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en el marco de la protección constitucional y que al no haberlo hecho así, de la revisión de actuados y de los fundamentos del recurso de casación, no se ha podido establecer afectación alguna al Juez Natural, en particular, sobre su componente de imparcialidad.


Ingresando al otro aspecto denunciado como vulneratorio, se ha manifestado por el recurrente, que como emergencia de haberse aplicado el procedimiento abreviado se habría afectado la garantía de una justicia transparente, al haberse llevado la salida alternativa a puertas cerradas y sin cumplir las formalidades de la Ley; sobre el particular, debe señalarse que la justicia transparente, es un extrapolo de la garantía jurisdiccional de acceso a la justicia; es decir, que la característica “transparente” está ligada al libre acceso, participativo, publicidad, inclusivo, igualitario, correcto y tutelar que debe caracterizar a una eficiente administración de justicia, asociado al common law. Por cuanto, la afectación del principio de transparencia, vinculado a garantizar el acceso a la justicia, debe ser verificable de manera tal, que se otorgue un mínimo de certeza en la afectación del principio mismo, que si su vulneración, restricción o afectación se denuncia como concurrente durante el Juicio Oral, estará vinculado con la restricción del principio de concentración, oralidad, inmediación, publicidad y contradicción, bajo cuyos parámetros se formulará la denuncia del agravio. Es así que, de la revisión del recurso de casación, el recurrente hace énfasis en que el procedimiento abreviado se habría sustanciado “a puertas cerradas”, eso quiere decir alejado del marco de la publicidad y contradicción y en la revisión de obrados, cursante de fs. 59 a 61 (sin numerar), se observa Acta de Audiencia de Juicio Oral y resolución de incidentes, en la consideración a la procedencia del procedimiento abreviado, donde se observa en primer término, que el Tribunal, en ningún momento ha dispuesto la declaratoria de reserva del juicio oral; así también no se ha negado el acceso al acto a alguna de las partes, no se ha negado el conocimiento de lo sustanciado, por lo que no se ha afectado el principio de publicidad; así también no se entiende afectación alguna al principio de contradicción, debido a que consta las intervenciones realizadas tanto por la acusación pública, particular, defensa y del propio Tribunal de Sentencia y ante ello no se comprueba la forma en que se habría afectado la transparencia del acto procesal, siendo que conforme consta de autos, el acto público ha sido suscrito por todos los intervinientes, dejando minimizado el agravio que ha denunciado el recurrente en casación, máxime, cuando de la propia argumentación que hace el recurrente, se reconoce que ha sido instalado el juicio oral donde se ha debatido el cuestionado procedimiento abreviado; no cumpliéndose por ello, con la trascendencia de afectación al principio de transparencia como requisito de nulidad para la declaración de defectos absolutos por vulneración de garantías constitucionales.


Finalmente, el recurrente ha denunciado que al Auto de Vista ha afectado su derecho a la defensa, en sentido de haberse negado el recurso de apelación restringida de manera infundamentada, rechazándolo de manera simple y llana, cuando claramente habría denunciado agravios sufridos durante la tramitación del procedimiento abreviado en fase de juicio oral, para lo cual se debe señalar en primer término que la persecución penal, en la necesidad de regular normativamente soluciones razonables y prontas al conflicto procesal penal, a la indebida selección de causas y procesos penales como medios de extorsión y a las limitaciones del Ministerio Público de investigar y llevar a juicio todos los casos que ingresaban al sistema penal, entre otras variadas razones, es que el legislador boliviano vio por conveniente dotar criterios de selección no arbitrarios e injustos, sino que respondan a objetivos de política criminal a través de figuras que encuentren sustento en la concepción encaminada a reducir el protagonismo del sistema penal tradicional y como una respuesta a la incapacidad de otorgar a las partes una solución bajo los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, que en forma posterior en la Constitución Política del Estado de 2009, fueron establecidos como principios sobre los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria, colaborando además en la búsqueda del máximo aprovechamiento de recursos de la administración de justicia.


Como producto del sinceramiento del sistema de justicia penal frente a la imposibilidad real de perseguir todos los casos que llegaban a su conocimiento, los criterios de  oportunidad previstos por el art. 21 de la citada norma, se implementaron como mecanismos de descongestión temprana, así como la Suspensión Condicional del Proceso y la Conciliación, concebidas en estricto sentido como salidas alternativas; y finalmente, el Procedimiento Abreviado como un mecanismo de simplificación procesal, en el entendido de que su objetivo es abreviar y provocar una solución pronta cuando no inmediata a la Litis y que a su vez su aplicación permita el descongestionamiento y la oxigenación del sistema penal, la concentración del Estado en la persecución de los ilícitos penales más graves y la permisión de acuerdos que generen una solución rápida y eficiente del conflicto.


En Bolivia, el procedimiento abreviado fue incorporado al sistema procesal penal con el vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo 1999): “Cuya aplicación sólo puede ser solicitada por los acusadores, constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado”. (Comisión Redactora, exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal.


Para que sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del Juez que conoce la causa y en audiencia pública, identificando la norma tres momentos procesales para su formulación y aplicación: a) Al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301 inc. 4) del CPP; b) A la conclusión de la etapa preparatoria de acuerdo al art. 323 inc. 2) del citado Código; sin perjuicio, de que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de la facultad que el art. 326 inc. 7) del CPP, reconoce a las partes; y, c) Durante la audiencia de juicio hasta antes de dictada la Sentencia, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 586 de “Descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal”.


Respecto al trámite, el art. 374 de la norma adjetiva penal señala que: “En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario”; esto significa que, una vez solicitado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, el Juez o Tribunal de la causa deberá resolver con prioridad indefectiblemente, donde las partes serán escuchadas con finalidades distintas: a) En el caso del representante del Ministerio Público, para fundamentar oralmente su requerimiento conclusivo, b) En el caso del imputado para la admisión de su participación en el hecho atribuido, en cuyo mérito resulta recomendable que las preguntas efectuadas por el Juez o Tribunal hacia el imputado sean formuladas de manera abierta y no cerrada, de modo que su versión resulte creíble y verosímil, además de la constatación de que la renuncia al juicio oral ordinario fue voluntaria; y, c) En caso de la víctima para que exprese su posición respecto a la aplicación del procedimiento abreviado.


Es así, que al ser el procedimiento abreviado un sistema garantista de descongestionamiento del sistema procesal penal, por naturaleza constituye una expresión espontánea de voluntad del imputado, en decidir prescindir del trámite procesal, abreviando su plazo, ante el reconocimiento de su responsabilidad penal, así como su arrepentimiento; lo que está íntimamente relacionado con el derecho a la defensa, el cual es ejercido únicamente por el imputado durante el proceso penal, como una derecho personalísimo y siendo así tal como se ha manifestado, para la aplicación del procedimiento abreviado, el imputado debe prestar su consentimiento y conformidad, caso contrario se desnaturalizaría la esencia del procedimiento abreviado, cuya consecuencia daría por la improcedencia del instituto procesal.


Si se considera que el procedimiento abreviado es en esencia una expresión propia del asentimiento del sujeto legitimado, por lo que ésta debe estar sujeta a las reglas del consentimiento (capacidad y voluntad), sin la cual no puede generarse ningún acuerdo o requerimiento Fiscal para su procedencia, es necesario que la expresión de voluntad consentida esté plasmada en algún medio idóneo para demostrar que el mismo ha cumplido con las formalidades legales, para lo cual, si las mismas no han sido cumplidas, no es posible ejercer el procedimiento abreviado como salida alternativa. Que, en el caso de autos, de acuerdo al análisis de la documental (fs. 59 a 65), se puede establecer que el recurrente ha prestado su conformidad y asentimiento con la sustanciación del procedimiento abreviado, quien en todo momento estuvo asistido de un abogado defensor, ingresando el análisis de la solicitud de procedimiento abreviado a las reglas de la contradicción, inmediación y publicidad, lo que significa que el derecho a la defensa; en cuanto, a la aplicación del procedimiento abreviado no se ha visto vulnerada en ningún momento, estando plasmada la voluntad del imputado en el Acta de Juicio respectiva, que ha motivado la emisión de la Sentencia e imposición de la condena. Otra sería la figura, si durante la tramitación de la aplicación del procedimiento abreviado el imputado no haya estado asistido de su abogado defensor, no se haya dado cumplimiento a los requisitos de procedencia del art. 374 del CPP, o no se haya constituido a cabalidad Tribunal para el efecto, y a pesar de ello se daría curso a su procedencia, empero de la relación procesal, no se observa tales aspectos, que pueda ser sugerentes a inconvalidar la aplicación de la salida alternativa, por lo que el fundamento del recurso de casación, sobre el particular no tiene sustento probatorio verificable de manera objetiva, observándose que el acto procesal ha sido llevado a cabo, bajo las reglas previstas en el procedimiento penal, sin afectación del derecho a la defensa, sobre el cual el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado mediante el Auto Supremo 041/2012-RRC de 16 de marzo, que:“ El derecho a la defensa definido como el: ...derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en Constitución y proceso, Madrid, 1988, página 89), se constituye en un derecho básico del ciudadano de rango constitucional y de protección especial, pues la CPE establece en el art. 109.I que: Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; motivo por el cual en su art. 115.II señala que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y el art. 119.II prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8.1., referente a las garantías judiciales expresa que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, ó para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. De manera específica la misma norma internacional en el acápite 2 del citado art. 8, establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a varias garantías mínimas, de las cuales se destacan las siguientes vinculadas a la problemática planteada en el recurso de casación sometido al presente análisis; es así, que el imputado tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada; a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor y en su caso de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado; de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.


Esto significa, que dentro del proceso penal se visualizan tres funciones, como son la requirente cumplida por la parte acusadora, sea la Fiscalía o la parte querellante, la decisoria desarrollada por la autoridad que ejerce jurisdicción; y, la función defensiva que le corresponde a toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo; lo que implica, que dentro de cualquier ordenamiento jurídico penal, en el que se reconozcan derechos y garantías, de manera inevitable ha de reconocerse el derecho al imputado de ejercer el derecho a la defensa reconocido constitucionalmente y por tratados internacionales, habida cuenta que: El derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, un papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho a defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 151).


(…) tiene un carácter dual ya que puede ser ejercido por el defensor y por el propio imputado, en los términos previstos por los arts. 8 y 9 del CPP, que establecen la defensa material y la defensa técnica, siendo la primera la potestad procesal que la ley reconoce al imputado en forma personal de poder decir y hacer en su defensa aquello que fuere oportuno y razonable y la segunda el derecho del imputado de estar asistido por un abogado, constituyendo una obligación para la administración de justicia velar porque ese derecho se cumpla, asignándole en su caso de oficio un defensor”. Criterio que son concordantes también- con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0224/2012 de 24 de mayo.


Otro de los componentes esenciales del derecho a la defensa, conforme los ha señalado la doctrina y los precedentes precitados, está relacionado con el derecho de impugnación de las resoluciones, que es un medio por el cual el imputado, en particular puede fundar algún agravio generado en la tramitación del cauce penal, que afecte ya sea el procedimiento o la aplicación de la Ley; siendo que la formulación de un recurso o medio de impugnación durante la tramitación de la causa, obliga al Juez o Tribunal verificar los aspectos objetivos y subjetivos a tiempo de efectuar el juicio de admisibilidad del recurso, teniendo en cuenta la impugnabilidad objetiva y subjetiva, derivando la primera del reconocimiento expreso de que no todas las resoluciones son impugnables en el tramitación del proceso penal, conforme se infiere de las previsiones del art. 394 primer párrafo del CPP que establece que: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; en tanto que la segunda, la impugnabilidad subjetiva, alude a que el poder de recurrir se otorga exclusivamente a determinados sujetos procesales; en ese sentido, el segundo párrafo del citado art. 394 del Código Adjetivo de la materia, señala que: “El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiese constituido en querellante”.  


Con esta precisión, en la sustanciación del procedimiento abreviado se identifican tres resoluciones judiciales relevantes: la primera, por la cual la autoridad judicial adopta la decisión de rechazar la aplicación del procedimiento abreviado o acoger la oposición fundada de la víctima; la segunda, aquella que desestima dicha oposición; a cuyo efecto, en resguardo del derecho de las partes de contar con una resolución debidamente fundamentada, en todos estos casos deberá adoptar la forma de Auto Interlocutorio conforme la descripción del art. 123 del CPP, advirtiéndose que estas resoluciones en razón a su naturaleza, no se hallan previstas dentro de los incs. 1) al 10) del art. 403 del CPP, menos en los arts. 373 y 374 del citad Código, que no prevén algún medio de impugnación en contra de dichas resoluciones, si se toma en cuenta lo establecido por el art. 403 del CPP, de modo que aplicando el criterio rector del art. 394 del referido Código, en sentido de que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código, puede sostenerse la carencia de impugnabilidad objetiva respecto a dichas resoluciones al no existir un recurso previsto por la norma procesal penal; y la tercera resolución relevante, es la que acepta la procedencia y sustanciación del procedimiento abreviado, derivando en la emisión de una Sentencia, una vez cumplidos las formalidades del procedimiento abreviado.


Ahora bien, con relación a la impugnabilidad de la Sentencia, como efecto del procedimiento abreviado, el artículo intitulado: “El procedimiento Abreviado en el Sistema Procesal Penal Boliviano”, dejó sentado el siguiente criterio: “Al ser la sentencia condenatoria y definitiva, es posible, pues, deducir que es pasible de ser recurrida de apelación restringida y hasta muy probablemente, si el caso se diera, de casación. Se trata, por ende, de los mismos recursos de apelación restringida y casación de cualquier sentencia según las reglas comunes, aunque la lógica permite suponer que es sumamente peregrina su interpretación. Ello porque la dinámica misma del procedimiento abreviado implica un consenso de partes, y por lo tanto se torna infrecuente la existencia de un agravio que lleve al fiscal o al imputado a intentar la vía recursiva. Solo la eventualidad de una sentencia absolutoria o de una condena que disminuya grandemente el monto de la pena solicitada, lleva a imaginar un supuesto donde exista interés del fiscal en recurrir la sentencia. La peripecia de que el imputado intente impugnar la sentencia podría ser totalmente aceptable, toda vez, que el acuerdo no autoriza a presumir una renuncia a la aplicación de las reglas constitucionales del debido proceso. Acaso sean los excluidos del acuerdo, -querellante, víctima y actor civil- quienes se presenten como los posibles recurrentes si resultan agraviados?, creyendo que la pena impuesta está muy por debajo de la magnitud del hecho y no basándose estrictamente en el material probatorio recolectado”. (Reflexiones sobre el Nuevo Procesal Penal Boliviano. GTZ. Talleres Gráficos Gaviota del Sur S.R.L. 2007, pag. 39)”. En similar criterio se ha adherido en el trabajo titulado “Guía de Solución de Problemas Prácticos en Salidas Alternativas”, también publicado por la GTZ, ha señalado, respecto a la debida fundamentación, que la Sentencia emitida en procedimiento abreviado, debe cumplir con los parámetros de la debida fundamentación, congruencia y motivación, pues señala: “(…) no se debe olvidar que esta Sentencia puede ser objeto de apelación restringida, por lo que la Sentencia deberá reunir los mismos requisitos que para cualquier otra sentencia” (pag. 277); que ante el planteamiento de las preguntas ¿Cuáles son los medios de impugnación tratándose del procedimiento abreviado? ¿Se puede apelar la Sentencia?, refiere que: “La sentencia que se dicta dentro de este procedimiento, es una sentencia como cualquier otra y por tanto, caería dentro de la previsión de la última parte del art. 407 del CPP que, refiriéndose al recurso de apelación restringida, indica que este recurso sólo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas por la normativa respectiva” (requisitos de fondo y forma) (pág. 290).


En esa misma lógica, la Sentencia Constitucional 0100/2004-R de 21 de enero, previa referencia al art. 407 CPP, precisó lo siguiente: “De la norma procesal citada, se establece que el recurso de apelación restringida procede únicamente con relación a sentencias, las que pueden emerger como consecuencia de: 1) la realización del juicio ordinario sujeto a las previsiones contenidas en los arts. 329 al 372 CPP; y, 2) la aplicación del procedimiento especial denominado abreviado conforme a las disposiciones señaladas en los arts. 373 y 374 del cuerpo legal citado. Consecuentemente emitida la sentencia por el Juez de Instrucción en ejercicio de la competencia asignada por el art. 54.3) CPP, puede ser impugnada a través del recurso de apelación restringida por inobservancia o errónea aplicación de la ley”, criterio que fue reiterado uniformemente en las gestiones posteriores a la emisión de ese fallo, conforme se tiene de las Sentencias Constitucionales 1008/2005-R de 29 de agosto, 055/2007-RCA de 14 de febrero, 1716/2010-R de 25 de octubre, 1708/2011-R de 21 de octubre, 220/2012 de 24 de mayo, 586/2013-L de 28 de junio y 165/2015-S1 de 26 de febrero, entre otras. 


Por su parte, este Tribunal por Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004 señaló que: “De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia”, entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, al precisar que: “...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción", siendo asumido también este criterio de manera uniforme por este Tribunal donde se considera que es aplicable la apelación restringida de la Sentencia emitida dentro un procedimiento abreviado.

El art. 373 y 374 del CPP, en lo particular, no han determinado de manera expresa que la Sentencia en procedimiento abreviado, sea pasible de recurso alguno, que si bien el art. 326 y siguientes del CPP, tampoco ha establecido una medio de impugnación expreso sobre la Sentencia, al momento de aplicar el procedimiento abreviado, delineado por la Ley Nº 586, el vacío legal, no puede aplicarse o considerarse como una negativa tácita del derecho a recurrir, siendo que como nos encontramos ante un Estado Constitucional Plurinacional de Derecho, cuya realidad jurídica ha significado el cambio de las formas por la ampliación de lo favorable, es necesario para tal efecto, ante la carencia, acudir a la norma suprema constitucional, en aplicación del principio de integración de las normas, considerando que la propia constitución nacional, en su art. 8 ha establecido la base fundamental sobre la que se asientan los valores del Estado, así como el reconocimiento de los derechos que proclama la propia constitución y los establecidos por los Convenios y Tratados Internacionales conforme a los arts. 13, 109, 115, 117.I, 119.I y 120.I de la CPE, donde tal como se conoce, se ha reconocido el derecho al debido proceso, el cuál es tutelado en su triple dimensión (garantía, derecho y principio) por la justicia nacional, siendo unos de los componentes que integran los fundamentos del debido proceso precisamente el reconocido derecho a recurrir así como el acceso a los medios de defensa que se le concede al inculpado en la tramitación del proceso como parte de su derecho a la defensa (también integrador del debido proceso). Por ello, estando reconocido el derecho al debido proceso, está inmerso el reconocimiento expreso del derecho al recurso, como parte complementaria del derecho a la defensa, por lo que no es posible considerar su restricción, máxime si la propia constitución política del Estado en su art. 180 par. I, lo ha establecido como un principio constitucional que rige la actividad de la justicia ordinaria.


Considerando, que ante el reconocimiento expreso del derecho al recurso, como sinónimo de la impugnación, en su sentido amplio, pro homine, haciendo énfasis en la interpretación del derecho más garantista y favorable en pro de los derechos y garantías fundamentales, no resulta sostenible para esta Sala Penal, facultada a resolver el presente recurso conforme el art. 184.1) del CPE y en ese ámbito sentar jurisprudencia de acuerdo al art. 42.I.3) de la LOJ, en asumir de manera categórica que la Sentencia emitida en procedimiento abreviado no pueda impugnarse, con el argumento de que los arts. 373 y 374 del CPP, no prevén expresamente la procedencia de un medio de impugnación, porque de reconocerse aquello, devendría en una vulneración flagrante, no solo al debido, sino a los propios derechos reconocidos por el Estado Boliviano mediante los Tratados y Convenios Internacionales y la misma Constitución, desconociéndose el bloque constitucional de derecho previsto en el art. 410 de la CPE, señalándose en tal sentido que el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido que: “ 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y, c. A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso” ; de cuya normativa precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo la oportunidad de referirse al artículo 25 de la Convención Americana en el Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997, en los siguientes términos: “…Esta disposición sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. (…) se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes (...).”  Por ello, admitir en ese entendido, que ante la emisión de una Sentencia dentro de la jurisdicción ordinaria, no sería posible considerar su impugnación, por no estar contemplada en la Ley, sería desconocer no solo el derecho interno; sino también el derecho internacional, lo que no puede ser admisible en nuestro Estado normativo procesal y legal.


En consecuencia, esta Sala Penal asume con base al análisis efectuado, que la sentencia emitida en procedimiento abreviado es recurrible a través del recurso de apelación restringida prevista por el art. 407 del CPP, ostentando el Ministerio Público, el querellante, la víctima y el imputado de legitimación subjetiva para hacerlo, teniendo en cuenta los principios en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, como los de legalidad, impugnación, accesibilidad, debido proceso e igualdad, conforme establece el art. 180 par. I y II de la CPE, pues si bien el procedimiento abreviado como mecanismo de simplificación procesal, resulta una expresión de económica procesal y de mucha utilidad para el descongestionamiento de las causas penales, su objetivo de ningún modo está destinado a limitar los derechos de las partes, luego de su sustanciación o negar las facultades que les asisten conforme a la ley procesal, los derechos, garantías y principios constitucionales; siendo de observación primordial y obligatoria por parte de los administradores de justicia al momento de emitir sus fallos o asumir sus decisiones, de acuerdo a lo reglado por el art. 15 de la LOJ.


Que, bajo este contexto doctrinal, jurisprudencia y normativo, en análisis de la resolución impugnada en casación, bajo las premisas expuestas, en la revisión del Auto de Vista, el Tribunal de alzada no ha hecho una correcta aplicación del derecho interno y del derecho internacional, que compone el bloque normativo con enfoque constitucional aplicado al ámbito penal, con relación al derecho a la impugnación, basando su fundamento para no ingresar al fondo del litigio en la aplicación vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016-S1 de 18 de febrero, interpretando de manera errónea el citado precedente constitucional, desconociendo la doctrina legal aplicable impuesta por el Tribunal Supremo de Justica, mediante los Autos Supremos 199/2013 de 11 de julio y 041/2012-RRC de 16 de marzo, así como la propia línea trazada por el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia Constitucional 0100/2004-R de 21 de enero, considerando, además que la citada Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016-S1 de 18 de febrero, en ningún momento ha establecido el cambio de la línea jurisprudencial de la Sentencia Constitucional 0100/2004-R de 21 de enero, por la aplicada al precedente expuesto por el Tribunal de apelación. Empero, como se ha anticipado, a pesar de aquello, el Tribunal de alzada, incurre en una errónea aplicación e interpretación de la línea jurisprudencial, siendo que el fundamento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016-S1, está basado precisamente en la protección de los principios de la justicia constitucional, por lo que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional está referido a la consideración de la acción de amparo, pese de concurrir la falta de agotamiento de los mecanismos de la justicia ordinaria, respecto a los derechos accionados, al interior de la cual no se ha dispuesto como línea jurisprudencial; que evidentemente la Sentencia en procedimiento abreviado no pueda ser impugnable, siendo que en su obiter dicta hace mención a lo manifestado por el autor William Herrera Añez en su libro “Derecho Procesal Penal”, quien inclusive- reconoce la posibilidad de impugnar la Sentencia en procedimiento abreviado, citado por el propio Tribunal de apelación, a lo que simplemente, el Tribunal Constitucional concluye que efectivamente los arts. 373 y 374 del CPP, no reconoce un medio de impugnación, pero no establece su prohibición o negación como regla de aplicación general y vinculante, lo que equivocadamente el Tribunal de apelación, considera en su Auto de Vista, cuando a todas luces, bajo los fundamentos jurídicos, jurisprudenciales del presente Auto Supremo, se ha establecido la posibilidad de recurrir la Sentencia en procedimiento abreviado, que acudiendo nuevamente al principio integrador de las normas, si se remite el análisis de lo que establecen los arts. 394 y 398, con relación al art. 407 del CPP, en ponderación con los arts. 13, 109, 115, 117 par. I, 119.I, 120.I y 410 de la CPE, se reconoce expresamente la posibilidad del recurso y de la apelación restringida contra las Sentencias emitidas en primera instancia, cual es el caso de autos, al ser la Sentencia en procedimiento abreviado, una Sentencia como tal, de primera instancia, imponiendo en consecuencia a los Jueces y Tribunales, a limitarse al momento de resolver los recursos a las cuestiones planteadas en ellos, por lo que en definitiva el Tribunal de apelación, al haber emitido el Auto de Vista impugnado, rechazando la apelación restringida planteada por el recurrente contra la Sentencia impuesta en procedimiento abreviado, denunciando defectos del procedimiento en la aplicación de los arts. 373 y 374 del CPP, debió resolver los puntos apelados de manera fundamentada, y al no haberlo hecho de esa manera ha vulnerado el debido proceso en su vertiente de debida fundamentación, derecho a la defensa y derecho de impugnación, incurriendo en defectos absolutos no susceptibles de convalidación conforme al art. 169 inc. 3) del CPP, inobservando los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales desglosadas, que faculta a cada parte legitimada para impugnar la Sentencia emitida en un procedimiento abreviado, cuando se vulnere el procedimiento para su procedencia, se afecten derechos fundamentales y no se observe el deber impuesto a toda autoridad judicial de fundamentar sus resoluciones judiciales, tal como lo ha dispuesto sobre el deber de fundamentación el Auto Supremo 144 de 28 de mayo de 2013, que emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Es obligación del Tribunal de Apelación, realizar una adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie, debiendo todo Auto de Vista contener suficiente fundamentación, circunscribiéndose a los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, dentro lo limites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, los cuales serán absueltos uno a uno con la debida motivación y en base de argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una respuesta con los criterios jurídicos correspondientes al caso, sin que la argumentación vertida sea evasiva o incongruente; cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad que se encuentran determinados en el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, dejando conocer al recurrente la respuesta a cada alegación, lo contrario constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petrita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal” ; así como también lo ha delimitado, entre otros, el Auto Supremo 218/2014-RRC de 4 de junio, inobservando lo previsto por el art. 124 del CPP, por lo que es menester en aplicación del art. 419 y 420 del CPP dejar sin efecto al Auto de Vista impugnado, indefectiblemente, debiendo el Tribunal de alzada, emitir nuevo Auto de Vista en base a la doctrina sentada por el presente Auto Supremo.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO EN PARTE el recurso interpuesto por Diego Armando Ramírez Vidal, cursante de fs. 86 a 89 vta., con los fundamentos expuestos precedentemente; en consecuencia, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 58/2017 de 11 de agosto, cursante de fs. 81 a 83 y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos