TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 330/2018-RRC

Sucre, 17 de mayo de 2018


Expediente                        : Potosí 41/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Julia Fernández

Delitos                                : Falsedad Material y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de julio de 2017, cursante de fs. 388 a 390, Benito Gonzáles Berríos en representación de Mario Jorge Cruz, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 24/2017 de 20 de junio de fs. 380 a 384, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Julia Fernández, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 4/2017 de 24 de enero (fs. 328 a 338 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Julia Fernández, autora de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión, más el pago de costas a favor del Estado y la víctima averiguable en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Julia Fernández (fs. 343 a 346 vta.), formuló recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 24/2017 de 20 de junio, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedente en parte el recurso planteado; en consecuencia, confirmó parcialmente la Sentencia con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado y respecto al delito de Falsedad Material, anuló el fallo, disponiendo se realice un nuevo juicio, motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 835/2017-RA de 31 de octubre, se admitió el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Denuncia que el Auto de Vista recurrido, transgredió el principio de congruencia de las resoluciones judiciales, constituyéndose en ultra petita; toda vez, que la apelación restringida interpuesta por Julia Fernández no cumplía con los requisitos mínimos previstos para la interposición del referido recurso; sin embargo, el Tribunal de alzada yendo más allá de lo solicitado, absolvió a la imputada de la comisión del delito de Falsedad Material, contraviniendo de esta manera lo dispuesto por el art. 398 del CPP; puesto que, sin que se haya solicitado de manera expresa la nulidad del juicio en relación al delito de Falsedad Material, el Tribunal lo dispuso absolviéndola, apartándose de los propios fundamentos del recurso de apelación, constituyéndose en una resolución ultra petita, que genera vulneración de su derecho al debido proceso en su componente congruencia de las resoluciones.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente, solicita se declare procedente su recurso y en el fondo se deje sin efecto el Auto Vista recurrido.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 835/2017-RA de 31 de octubre, cursante de fs. 399 a 401, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Benito Gonzales Berrios en representación del acusador particular Mario Jorge Cruz, para el análisis de fondo ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 4/2017 de 24 de enero, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Julia Fernández, autora de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, bajo los siguientes hechos probados:


  1. Que Mario Jorge Cruz (acusador particular), es propietario de un lote de terreno ubicado en la Zona de la Lecherías, lote Nº 2, Manzano Nº actualmente lote 1, Manzano 8, conforme al plan de reordenamiento del Honorable Gobierno Municipal de Potosí, con una superficie de 200 mts2, registrado en Derechos Reales bajo la partida 584-10, folio 96, libro 1 de propiedades  “Ciudad y Frías”, de 28 de febrero de 1985, obtenido a través del sindicato de peluqueros Potosí, entregado por la Prefectura del Departamento de Potosí mediante la Notaría de Hacienda y la Junta Departamental de Almonedas, que por Resolución 3/78 transfiere lotes de terreno al Sindicato de Peluqueros.


  1. Que el acusador particular radicaba en Argentina y siempre venía a Bolivia, habiendo contraído matrimonio en la frontera Argentina-Bolivia con Martha Fernández que es de Bolivia, cuya madre es Leonor que tiene como hija a Julia Fernández (imputada), teniendo una relación espiritual el acusador particular con las hermanas de su esposa y madre de ellas, viendo que su suegra era de la tercera edad y no contaba con recursos económicos y menos tener vivienda, el acusador particular decide entregar su lote de terreno a su suegra Leonor, manifestándole que se haga un cuarto, para lo que enviaría dinero, pero que tenía que devolverle cuando él lo solicitara.


  1. En 1995 fueron a realizar el documento ante un profesional abogado, que les aconsejó que como la Señora era mayor de edad, debía elaborase dicho documento con la hija Julia Fernández y para no tener problemas con la Asociación de Peluqueros, realizarse el documento como si fuera una venta, contando dicho documento con una cláusula donde debería de restituir dicho lote al acusador particular, para lo que mandaría la suma de 1000 $us. para que construya un cuarto, pero una vez que el acusador solicite la devolución de su lote de terreno, ésta debía devolver.


  1. Ante la ausencia del acusador particular, la imputada con el documento que suscribieron el 16 de noviembre de 1995, presentó una demanda de medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas que fue radicada ante el Juzgado de Instrucción Quinto en lo Civil del Departamento de Potosí, señalando de forma premeditada y maliciosa como domicilio del demandado Mario Jorge Cruz, uno en el que nunca vivió, actuando como testigos de la notificación el esposo y cuñado de la imputada; consecuentemente, al no haberse presentado a la audiencia, el Juez resolvió dar por reconocida la firma y rúbrica en rebeldía, que fue llevado ante Notario el 23 de febrero de 2008 para su protocolización, otorgándosele el Testimonio 43/2008.


  1. La imputada con dicho Testimonio presentó demanda en la vía sumaria de rectificación del número de Código Urbanización de lote de terreno por reurbanización en partida de Registro de Derechos Reales, en contra de la Asociación de Peluqueros, utilizando como prueba un documento falso consistente en una minuta que hubiera sido extendido por el Arquitecto Guillermo Ossio el 7 de marzo de 1984, donde aparece una firma falsa que supuestamente la víctima hubiere firmado, radicándose dicha demanda el 24 de enero de 2011 en el Juzgado de Instrucción Segundo en lo Civil, dictándose Sentencia el 15 de enero de 2013, en la que declara probada la demanda sumaria de rectificación de número de código de lote de terreno interpuesta por la ahora imputada en contra del Representante legal de la Asociación de Peluqueros dando lugar a que el Registrador de  Derechos Reales, proceda a incluir en el registro correspondiente la rectificación de número de código de lote de terreno estando consignado con el lote Nº 2, Manzano N, siendo en la actualidad lote Nº 1 Manzano Nº 8 de conformidad al Testimonio 43/2008.


  1. El 2012 llegando el acusador particular a Bolivia, fue a buscar a la imputada, puesto que se enteró, que había tramitado en la Alcaldía en la oficina de catastro urbano para hacer cambiar el lote de terreno a nombre de la imputada con documentos falsos; por lo que presentó querella, luego de la fase investigativa donde realizaron recolección de pruebas, peritajes que acreditaron que el documento minuta de compra venta de 7 de marzo de 1984 no corresponde al acusador particular, al igual que la firma estampada en la minuta de reubicación de lote de terreno de 7 de marzo de 1984; ya que, en el momento que se cometieron los hechos ilícitos el acusador particular se encontraba en la República de Argentina.


  1. Que la prueba testifical de descargo consistente en la declaración de Omar Ayllon Vargas, que elaboró la minuta de transferencia constituyendo en la prueba MP-7 en el año 1985, refiere, que no se acuerda quienes serían los que firmaron y tampoco los reconocería; empero, se ratifica en la firma y rúbrica del documento.


II.2.        Del recurso de apelación restringida de la imputada.


       Notificada con la Sentencia Julia Fernández formuló recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. “ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA Y CONSIGUIENTEMENTE CONTRADICCIÓN ENTRE LA PARTE CONSIDERATIVA Y DISPOSITIVA”; manifiesta, que las acusaciones le endilgaron infundadamente los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, señalando que los documentos de transferencia de bien inmueble signado como lote Nº 1 manzano Nº 8, zona Las Lecherías de Potosí y minuta que rectifica el número de código de Urbanización de Lote de Terreno por reurbanización de 7 de marzo de 1984, hubieren sido falsificados para proceder a la tramitación de aprobación de plano de lote del bien inmueble, así como para su registro en oficinas de Derechos Reales, como también para proceder a interponer medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas. Transcribiendo los arts. 198 y 203 del CP, refiere que en los hechos, de acuerdo a lo visto, oído y probado en juicio oral, es cierto que el acusador particular en su condición de propietario del lote de terreno Nº 1 manzano Nº 8, zona Las Lecherías, hizo disposición patrimonial a favor de su persona mediante venta perfecta y a título oneroso en el precio libremente convenido de Bs. 200.- (doscientos bolivianos), que fue demostrado por el vendedor mediante confesión espontánea cuando en la querella señaló que: “lamentablemente el abogado que llegó a realizar el documento me sugirió que le dejara un documento como vendido a dicha señora para que no tenga problemas con la Asociación de Peluqueros al cual pertenezco y como esta señora abuela de mi hija se dedicaba a libar bebidas espirituosas, el documento se hizo a nombre de JULIA FERNANDEZ quien es hija de LEORNARDA FERNANDEZ, por ello confiado en la profesionalidad de este abogado y creyendo en la buena fe de JULIA FERNANDEZ acepte el documento” (sic), haciendo el acusador particular un reconocimiento expreso de que fue quien por consejos del profesional abogado efectuó disposición patrimonial de su bien inmueble a favor de su persona, lo que fue corroborado por la declaración testifical del profesional abogado Omar Ayllon Vargas, no pudiendo existir ninguna duda de la autenticidad del documento de transferencia; aspecto que, no fue correctamente ponderado por el Tribunal de mérito. Añade, que la Sentencia incurrió en contradicción al juzgarlo por Falsedad Material, cuando de los antecedentes debería habérsela juzgado por Falsificación de Documento Privado; aspecto que, tampoco fue demostrado. Con referencia al documento de 7 de marzo de 1984, que tiene que ver con la modificación de lote por reordenamiento practicado por el Plan regulador de Potosí, fue firmado por el acusador particular y por el Arquitecto Guillermo Ossio, quien muy difícilmente podía haber hecho entrega un documento de tal naturaleza sin la firma del interesado, además que su persona entonces contaba con la edad de nueve años, por lo que no podía ser autora de Falsedad Material, resultándole un argumento del acusador particular para recobrar su lote perdido.


  1. “ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL Y VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA”; ya que, ninguna de las pruebas de cargo de la fiscalía y acusador particular evidenció que su persona sea de la falsificación en documento público o privado alguno, limitándose a señalar las pruebas testificales que el acusador particular es propietario de un lote de terreno, que vive en la República de Argentina, que con cierta regularidad regresaba a la ciudad de Potosí, que fue quien procedió a amurallar el lote de terreno, poniendo contrariamente de manifiesto otros aspectos que no fueron ponderados por el Tribunal de mérito como el caso de la Testigo Mary Emilia Morales Velásquez, que aseveró que la acusada era quien ocupa el lote de terreno de su hijo y por tal razón se le estaba siguiendo un proceso, resultándole ajeno a la causa, estando ante una Litispendencia. Que, los testigos de descargo sin fundamento los declaró como no creíbles, cuando manifestaron que el acusador particular evidentemente transfirió el lote de terreno, que su persona canceló por la compra del mismo, no existiendo Falsedad Material con relación al documento de transferencia de lote de terreno de 16 de noviembre de 1995 existiendo errónea aplicación de la ley sustantiva. Con relación al “uso de instrumento jurídico” previsto por el art. 203 del CP, en los hechos su persona con el derecho propietario que detentaba sobre el bien inmueble procedió a regularizar tal derecho, es así que correspondía se proceda al reconocimiento judicial de firmas y rúbricas a objeto de darle toda legalidad al documento de transferencia para posteriormente proceder a la aprobación de plano de lote y consiguiente registro ante oficinas de Derechos Reales; en consecuencia, ninguna de sus actos son reprochables; ya que, su persona usó los documentos consentidos y entregados por el transferente, si bien, la prueba pericial consistente en documentalógico, señaló que es cierto que las firmas estampadas en minuta de transferencia de lote de terreno de 16 de noviembre de 1995 y minuta de 7 de marzo de 1984 no corresponden al acusador particular; sin embargo, no describe los elementos técnicos por los que arribó a tal conclusión, notándose criterios de carácter genérico y confuso, llegando a confundir los documentos en el punto 6 relativo a las conclusiones; toda vez, que anota como documento de compra venta el de 7 de marzo de 1984, cuando en realidad dicho documento corresponde a la minuta de aclaración con motivo de reordenamiento, lo que contradice lo aseverado por el acusador particular que reconoce la venta a favor de su persona, no evidenciándose que sea la autora de la falsificación de la firma.


  1. “ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL Y CONTRADICCIÓN EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA”; toda vez, que las pruebas de cargo no evidenciaron la comisión de los ilícitos acusados; sin embargo, se emitió Sentencia condenatoria.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró procedente en parte el recurso planteado; en consecuencia, confirmó parcialmente la sentencia apelada, disponiendo: i) Con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado confirma parcialmente la Sentencia; y, ii) Con relación al delito de Falsedad Material, anula la sentencia, ordenando se realice un nuevo juicio mediante reenvío ante el Tribunal llamado por Ley, bajo los siguientes argumentos:


  1. Respecto a que en la Sentencia existe errónea aplicación de la Ley penal y consiguiente contradicción entre la parte considerativa y resolutiva; de la revisión de antecedentes desprende, que luego del juicio oral público y contradictorio, el Tribunal de Sentencia llegó a la conclusión de que la acusada cometió los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado. Respecto al delito de Falsedad Material, no existe un solo elemento de prueba que establezca que la acusada haya forjado total o parcialmente un documento público falso o haya adulterado uno verdadero por cuanto ninguno de los testigos de cargo manifestó que la acusada haya forjado un documento público falso o adulteró uno verdadero; de otro lado, la prueba pericial realizada por el perito Roger Dorado, simplemente señala que las firmas y rúbricas consignados en los documentos cuestionados no le corresponden a Mario Jorge Cruz, que es víctima del presente hecho, de donde concluye, que no existe certeza de que la acusada haya cometido el delito de Falsedad Material tipificado por el art. 198 del CP.


Con relación al delito de Falsificación de Documento Privado, la imputada fue acusada por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, más no así por el delito de Falsificación de Documento Privado, consiguientemente no puede pronunciarse al respecto.


En cuanto, al Uso de Instrumento Falsificado, la prueba pericial consistente en una prueba pericial documentológica (rama grafotécnica), las firmas estampadas en los documentos consistentes en una minuta de transferencia de lote de terreno de 16 de noviembre de 1995 y la minuta de 7 de marzo de 1984, no le corresponden a Mario Jorge Cruz, consiguientemente esos documentos se reputan como falsos. En ese antecedente, considera que la conducta de la acusada se subsume al tipo penal establecido por el art. 203 del CP, pues conociendo que tales documentos son falsos, los utilizó en diferentes trámites administrativos y judiciales a objeto de darle legalidad a dichos documentos; ya que, incluso la acusada en su memorial de apelación de forma expresa reconoce y ratifica que utilizó los documentos para regularizar su derecho propietario; es así que, realizó el reconocimiento judicial de firmas y rúbricas a objeto de darle toda legalidad al documento de transferencia, posteriormente procedió a la aprobación del plano de lote y consiguiente registro en las oficinas de derechos reales, concluyendo que ninguno de estos actos es penalmente reprochable y que tales aspectos no constituyen el delito de Uso de Instrumento Falsificado.


De lo expuesto se desprende, que parcialmente es cierto y evidente el agravio argüido por la parte apelante, más que todo en relación al delito de Falsedad Material; por cuanto, con ningún elemento de prueba se ha demostrado la comisión del delito tipificado en el art. 198 del CP, estableciéndose que la acusada solamente cometió el delito de Uso de Instrumento Falsificado. Finalmente, entre la supuesta contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva, la apelante no precisa cuál o dónde está la contradicción, tampoco refiere cuál la aplicación que pretende, por lo que su reclamo no está debidamente fundamentado.

 

  1. Respecto a la errónea aplicación de la ley penal y valoración defectuosa de la prueba. Con relación a la errónea aplicación de la ley penal los argumentos utilizados son repetitivos, que ya fue analizado y respondidos en el punto anterior, al cual se remite.


Con relación a la defectuosa valoración de la prueba, la apelante no expresa claramente de qué forma se ha transgredido las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas de cargo; asimismo, no precisa que pruebas en concreto ha valorado defectuosamente, de otro lado, no explica cómo debió valorarse esas pruebas y cuál la aplicación que se pretende, tal cual prevé el art. 408 del CPP, en ese antecedente la prueba testifical producida en el juicio oral público contradictorio, ha sido valorado conforme a las reglas de la sana crítica establecida en el art. 173 del CPP.


En lo referente a la valoración de la declaración de la testigo Mary Emilia Morales Velásquez, su declaración simplemente corrobora las otras declaraciones testificales de cargo, en sentido de que la acusada no es propietaria del lote de terreno sino que éste pertenece a otra persona, pues según esta testigo- pertenece a su hijo y por ello están en un proceso penal con la acusada.


Finalmente en relación a la prueba pericial, simplemente estableció que las firmas estampadas en la minuta de transferencia de lote de terreno de 16 de noviembre de 1995 y la minuta de 7 de marzo de 1984, no le corresponden al denunciante Mario Jorge Cruz, en ese margen fue valorado por el Tribunal de Sentencia; consiguientemente, no son ciertos los agravios que refiere la apelante.


  1. En cuanto a la errónea aplicación de la ley sustantiva penal y contradicción en la fundamentación de la Sentencia, al respecto el recurso de apelación no tiene la debida fundamentación respecto al agravio sufrido con la emisión de la Sentencia impugnada; por cuanto, la apelante no expresa porque la Sentencia impugnada no está debidamente fundamentada o cómo debió de haberse fundamentado la resolución impugnada y cuál la aplicación que se pretende.


Sin embargo, con relación al delito de Falsedad Material, desprende que evidentemente la Sentencia no está debidamente fundamentada, por cuanto para emitir una sentencia condenatoria, necesariamente debe existir prueba suficiente que acredite la comisión del hecho delictivo, cosa que no ocurre en el caso de autos, donde no se ha llegado a la certeza que se exige para emitir una sentencia condenatoria, coligiéndose que la Sentencia no tiene la debida fundamentación.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN A DERECHOS CONSTITUCIONALES


En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista transgredió el principio de congruencia al pronunciarse de manera ultra petita, disponiendo la absolución de la imputada y la nulidad del juicio con relación al delito de Falsedad Material, que no fueron solicitados en el recurso de apelación restringida formulado por la imputada, contraviniendo lo previsto por el art. 398 del CPP, vulnerando su derecho al debido proceso en su componente congruencia de las Resoluciones; en cuyo efecto, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1.        Sobre el principio de congruencia.


La congruencia como uno de los elementos del debido proceso, se entiende, que la autoridad jurisdiccional o administrativa, a tiempo de emitir un fallo, debe asegurar la estricta correspondencia de lo peticionado con lo resuelto; en ese contexto, la Jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de marzo, sobre la congruencia estableció: “Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el juez, fue definido por un sinnúmero de autores, como Devis Echandía, quien lo definió como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53). (Las negrillas son nuestras).


El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa, que es a la que hace referencia el autor precitado, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente”.


En ese sentido, el principio de congruencia se constituye en una regla que limita y condiciona la competencia de las autoridades jurisdiccionales, entendiéndose que deben resolver sobre lo solicitado por las partes, no pudiendo resolver cuestionamientos no solicitados (ultra petita); aspecto que, encuentra su base legal, en lo previsto por los arts. 398 del CPP, que establece “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; y, 17.II de la LOJ; que señala que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.


III.2. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia en la que alega, que el Auto de Vista transgredió el principio de congruencia al pronunciarse de manera ultra petita, disponiendo la nulidad del juicio y absolver a la imputada de la comisión del delito de Falsedad Material, que no habían sido solicitados en el recurso de apelación restringida formulado por la imputada, contraviniendo lo previsto por el art. 398 del CPP, que vulnera su derecho al debido proceso en su componente congruencia de las Resoluciones.


       Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria por la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, la imputada Julia Fernández formuló recurso de apelación restringida acusando tres motivos: i) “ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA Y CONSIGUIENTEMENTE CONTRADICCIÓN ENTRE LA PARTE CONSIDERATIVA Y DISPOSITIVA”; afirmando que las acusaciones le endilgaron infundadamente los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, que en los hechos, de acuerdo a lo visto, oído y probado en juicio oral, el acusador particular en su condición de propietario del lote de terreno, hizo disposición patrimonial a favor de su persona mediante venta perfecta y a título oneroso en el precio libremente convenido de Bs. 200.- (doscientos bolivianos), aspecto demostrado por el vendedor mediante confesión espontánea en la querella, que fue corroborado por la declaración testifical del profesional abogado Omar Ayllon Vargas, no existiendo ninguna duda de la autenticidad del documento de transferencia, que no fue correctamente ponderado por el Tribunal de mérito. Que, la Sentencia incurrió en contradicción al juzgarla por Falsedad Material, cuando de los antecedentes debería habérsela juzgado por Falsificación de Documento Privado, lo que tampoco fue demostrado. Que, con referencia al documento de 7 de marzo de 1984, fue firmado por el acusador particular; ii) “ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL Y VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA”; por cuanto, ninguna de las pruebas de cargo de la fiscalía y acusador particular, evidenció que su persona sea la falsificadora en documento público o privado alguno, no ponderando el Tribunal de mérito la declaración de Mary Emilia Morales Velásquez. Que, los testigos de descargo sin fundamento fueron declarados no creíbles, no existiendo Falsedad Material con relación al documento de transferencia de lote de terreno de 16 de noviembre de 1995 existiendo errónea aplicación de la ley sustantiva. Que con relación al “uso de instrumento jurídico”, su persona con el derecho propietario que detentaba procedió a regularizar tal derecho, en consecuencia, ninguno de sus actos serían reprochables, que si bien, la prueba pericial determinó que las firmas estampadas en minuta de transferencia de lote de terreno de 16 de noviembre de 1995 y minuta de 7 de marzo de 1984 no corresponden al acusador particular; sin embargo, no describe los elementos técnicos por los que arribó a tal conclusión, no evidenciándose que la autora de la falsificación de la firma sea su persona; y, iii) “ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL Y CONTRADICCIÓN EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA”; toda vez, que las pruebas de cargo no evidenciaron la comisión de los ilícitos acusados; sin embargo, se emitió sentencia condenatoria.


       Al respecto, el Tribunal de alzada abrió su competencia, y con relación a que en la sentencia existe errónea aplicación de la Ley penal y consiguiente contradicción entre la parte considerativa y resolutiva; alegó, que de la revisión de antecedentes, con relación al delito de Falsedad Material, no existe un solo elemento de prueba que establezca que la acusada haya forjado total o parcialmente un documento público falso o haya adulterado uno verdadero por cuanto ninguno de los testigos de cargo manifestó que la acusada haya forjado un documento público falso o adulteró uno verdadero, que la prueba pericial realizada por el perito Roger Dorado, simplemente señala que las firmas y rúbricas consignados en los documentos cuestionados no le corresponden a Mario Jorge Cruz, que es víctima del presente hecho, de donde concluye que no existe certeza de que la acusada haya cometido el delito de Falsedad Material, resultándole parcialmente cierto y evidente el agravio argüido por la parte apelante, en relación al delito de Falsedad Material, por cuanto con ningún elemento de prueba se había demostrado la comisión de dicho delito, estableciendo, que la acusada solamente cometió el delito de Uso de Instrumento Falsificado.


       Continuando con los fundamentos del Auto de Vista recurrido, en cuanto, a la errónea aplicación de la ley penal y valoración defectuosa de la prueba; manifestó que, con relación a la errónea aplicación de la ley penal los argumentos utilizados son repetitivos, que ya fue analizado y respondido en el punto anterior, al cual se remite. Con relación a la defectuosa valoración de la prueba, concluyó, que la apelante no expresó claramente de qué forma se transgredió las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas de cargo, no precisó qué pruebas fueron valoradas defectuosamente, ni explicó cómo debió valorarse esas pruebas y cuál la aplicación que pretende, que la prueba testifical producida en el juicio oral público contradictorio había sido valorado conforme a las reglas de la sana crítica. Que, en lo referente a la valoración de la declaración de Mary Emilia Morales Velásquez, su declaración corroboraba con las otras declaraciones testificales de cargo y en relación a la prueba pericial, establecería que las firmas estampadas en la minuta de transferencia de lote de terreno de 16 de noviembre de 1995 y la minuta de 7 de marzo de 1984 no le corresponden al denunciante, habiendo sido valorada la prueba pericial por el Tribunal de Sentencia, por lo que desestimó la denuncia.


       Respecto a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva penal y contradicción en la fundamentación de la Sentencia, señaló el Tribunal de alzada, que el recurso de apelación no tiene la debida fundamentación respecto al agravio sufrido; por cuanto, la apelante no expresó porque la Sentencia no estaba debidamente fundamentada o cómo debió de haberse fundamentado y cuál la aplicación que se pretendía. Añade, que con relación al delito de Falsedad Material, evidentemente la Sentencia no está debidamente fundamentada; por cuanto, para emitir una sentencia condenatoria, necesariamente debía existir prueba suficiente que acredite la comisión del hecho delictivo, cosa que no ocurría en el caso, no habiéndose llegado a la certeza que se exige para emitir una Sentencia condenatoria, coligiendo que la Sentencia no tiene la debida fundamentación.


En base a dichos fundamentos declaró procedente en parte el recurso planteado, confirmando parcialmente la Sentencia con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado y con relación al delito de Falsedad Material, anuló la Sentencia, disponiendo se realice un nuevo juicio mediante reenvío.


De esa relación necesaria de antecedentes, en cuanto, a la absolución de la acusada de la comisión del delito de Falsedad Material; no se advierte dicho cuestionamiento como arguye la parte recurrente; puesto que, el Tribunal de alzada no emitió directamente nueva Sentencia; sino que dispuso la anulación de la Sentencia con relación al delito de Falsedad Material, lo que ciertamente transgrede el principio de congruencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; puesto que, a tiempo de resolver el primer motivo de apelación restringida concerniente, a la errónea aplicación de la ley sustantiva y consiguientemente contradicción entre la parte considerativa y dispositiva, concluyó que respecto al delito de Falsedad Material no existía un solo elemento de prueba que estableciere que la acusada haya forjado total o parcialmente un documento público falso o haya adulterado uno verdadero, por lo que no había certeza de que la acusada hubiere cometido dicho delito, entendiéndose que existiría una ausencia de elementos de prueba; aspecto que, no fue reclamado por la parte apelante, pues, como fundamento de su motivo de apelación cuestionó, que el acusador particular le transfirió el lote de terreno, lo que habría sido corroborado con la declaración del abogado que suscribió el documento; además, que la Sentencia incurrió en contradicción al juzgarla por Falsedad Material, cuando de los antecedentes debía habérsela juzgado por Falsificación de Documento Privado, lo que tampoco había sido demostrado; cuestionamientos, que no resultan acordes al análisis efectuado en el Auto de Vista recurrido que concluyó en una ausencia de elementos de prueba, lo que evidentemente vulnera el principio de congruencia; puesto que, asumió conclusiones que no fueron reclamadas.


Así también, el Tribunal de alzada a tiempo de analizar el tercer agravio de apelación si bien señaló, que el recurso de apelación no contaba con la suficiente fundamentación; por cuanto, la apelante no había expresado porqué la Sentencia no estaba debidamente fundamentada o cómo debió de haberse fundamentado y cuál la aplicación que pretendía; no obstante, de manera contradictoria, concluyó que la Sentencia no se encontraba debidamente fundamentada; ya que, no existía prueba suficiente que acredite la comisión del delito de Falsedad Material; conclusión que no resulta acorde a lo cuestionado por la parte apelante; puesto que, del recurso de apelación restringida se tiene que la apelante como tercer agravio reclamó, la errónea aplicación de la ley sustantiva penal y contradicción en la fundamentación de la sentencia, y este último cuestionamiento, no resulta lo mismo que la falta de fundamentación de la Sentencia, que fue analizado por el Auto de Vista recurrido; lo que evidencia, que se pronunció de manera ultra petita, puesto que, dispuso la anulación de la Sentencia respecto al delito de Falsedad Material, advirtiendo la ausencia de elementos de prueba y la falta de fundamentación de la Sentencia, cuestionamientos, que no fueron denunciados por la imputada a tiempo de formular su recurso de apelación restringida; consecuentemente, el criterio asumido por el Tribunal de alzada ciertamente contraviene lo previsto por el art. 398 del CPP; toda vez, que debió circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados y no excederse incluyendo temas no reclamados, lo que vulnera el debido proceso en su componente congruencia de las resoluciones como reclama el recurrente.


Por los fundamentos expuestos, se concluye que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido incurrió en vulneración del principio de congruencia, que fue explicado en el acápite III.1 de este Auto Supremo; toda vez, que dispuso la anulación de la Sentencia con relación al delito de Falsedad Material, conforme se advirtió, efectuando el análisis de cuestionamientos que no fueron alegados en apelación; consecuentemente, el presente recurso de casación deviene en fundado.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara  FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Benito Gonzáles Berríos en representación de Mario Jorge Cruz, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 24/2017 de 20 de junio, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos