TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 329/2018

Sucre, 17 de mayo de 2018


Expediente                Santa Cruz 13/2017

Parte Acusadora        Manuel Justiniano Eguez

Parte Imputada        Milton Espinoza Rosales

Delito                Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de marzo de 2017, cursante de fs. 601 a 614 vta., Milton Espinoza Rosales, opone Excepciones de Prescripción de la Acción Penal y de Extinción por duración máxima del proceso, dentro del proceso penal seguido en su contra por Manuel Justiniano Eguez, por el delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


  1. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN


Por decreto de 31 de marzo de 2017, de fs. 618, conforme lo dispuesto por el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a la parte adversa y practicada la diligencia a fs. 626, la parte adversa no respondió a las excepciones planteadas.


Ambas excepciones fueron declaradas infundadas a través de Auto Supremo 371/2017 de 22 de mayo pronunciado por la Sala Penal de este Tribunal Supremo, decisión que fue dejada sin efecto por Auto de Amparo Constitucional JPF2 N° 3/2018 de 5 de abril, emitido por la Juez Público de Familia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca constituido en Tribunal de Garantías, disponiendo que “se dicte nuevo Auto Supremo respetando el derecho al debido proceso en su vertiente de derecho a la debida fundamentación, congruencia y a la defensa” (sic).


  1. FUNDAMENTOS DEL EXCEPCIONISTA


II.1.  Extinción de la acción penal por prescripción.


El excepcionista, pretende la extinción de la acción penal por considerarla prescrita, señalando que de acuerdo a la querella, auto de apertura de juicio, audiencia de juicio y Sentencia, la comisión del hecho acusado sucedió el 3 de septiembre de 2008 y que su enjuiciamiento determinó la emisión de condena por la comisión del delito de Despojo, de características de ser un delito instantáneo.


Señala que el cómputo de la prescripción debe debió iniciarse desde la media noche del día en que fue cometido; asimismo, que este cómputo fue interrumpido por la declaratoria de rebeldía por Auto de 27 de octubre de 2011, de fs. 235 a 236. Agrega que por Resolución de 16 de febrero de 2012, de fs. 252 vta. a 253, se habría dejado sin efecto la declaratoria de rebeldía así como las medidas cautelares y en vista de que el 23 de febrero de 2012 fue notificado con dicha determinación, esta fecha es la que corresponde al inicio del cómputo de la prescripción en conformidad con la jurisprudencia establecida en el Auto Supremo 076P de 15 de enero de 2007, precisa que lo contrario significaría vulneración a sus derechos y garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso, además de la seguridad jurídica de acuerdo a los arts. 119.II, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y lo establecido en la Sentencia Constitucional 0023/2007 de 16 de enero.


Manifiesta que si el delito previsto en el art. 351 del CP, tiene una pena de privación de libertad de seis meses a cuatro años, y según los arts. 29 inc. 2) y 30 del CPP, la acción penal prescribe en cinco años para los delitos con penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años, entre el 23 de febrero de 2012 hasta el presente 20 de marzo de 2017 que opone esta excepción, transcurrieron cinco años y veinticinco días; es decir, más de cinco años sin que hasta la fecha la sentencia haya adquirido ejecutoria.


Arguye que tampoco hubo suspensión de la prescripción después del 23 de febrero de 2012; en consecuencia, no se han presentado las circunstancias previstas en el art. 32 del CPP, tampoco el delito que le fue imputado sería de carácter imprescriptible de acuerdo al art. 29 bis del CPP, al no estar comprendido dentro del art. 112 de la CPE, por lo que pide se declare probada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y se declare extinguida la acción penal y se disponga el archivo de obrados.      


II.2. Excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.


Afirma que desde el inicio del proceso transcurrieron más de tres años sin que exista Sentencia ejecutoriada, plazo máximo de duración del proceso previsto por el art. 133 del CPP, fijando como cómputo desde el 23 de febrero de 2012 hasta el 20 de marzo de 2017, debido a las siguientes dilaciones indebidas ocasionadas por parte de funcionarios judiciales: 1. La nulidad de obrados hasta fs. 274, por falta de notificaciones dispuesta por Auto de 5 de septiembre de 2012, de fs. 306 a 307 vta., que generó una dilación de dos años, cinco meses y veinticuatro días; 2. Según acta de audiencia de 12 de noviembre de 2015, de fs. 439 a 444, ante la interposición de excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, dispuso cuarto intermedio para emitir resolución al respecto, provocándose una dilación de once días; 3. Del acta de juicio de 30 de diciembre de 2015, de fs. 472 a 481 vta., se dispuso la suspensión hasta el 12 de enero de 2016, para las conclusiones de suspensión que es ajena al art. 335 del CPP, causando una dilación de trece días; y, 4. Desde la interposición del recurso de casación de 1 de diciembre de 2016 hasta el presente, ha transcurrido el tiempo señalado por ley, siendo estos actos a su parecer atribuibles a los funcionarios y autoridades judiciales, citando sobre la acción por duración máxima del proceso la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y los arts. 308 inc. 4), 133 y 32 del CPP.


Considera que desde el 23 de febrero de 2012 (fecha de la notificación con la resolución de levantamiento de medidas en su contra producto de la declaratoria en rebeldía) hasta la fecha de la interposición de la excepción, habrían transcurrido cinco años y veinticinco días; es decir, más de los tres años sin que respecto a su persona se haya presentado las causales de suspensión, previstas por el art. 32 del CPP, haciendo referencia que aun descontando las vacaciones judiciales de cinco años; es decir, ciento veinticinco días se encontraría en un término mayor a los tres años; equivaliendo a cuatro años y doscientos sesenta y cinco días; y, que el proceso tampoco reviste complejidad, por lo que solicita se declare probada la excepción y se extinga la acción penal en su contra por máxima duración del proceso.  


  1. CONSIDERACIONES PREVIAS


III.1. Alcance competencial de las Autoridades Suscribientes.


El presente Auto Supremo es emitido en sometimiento al art. 201 inc. 6) de la CPE, con el antecedente de que los Autos Supremos 371/2017 de 22 de mayo y 659/2017 de 31 de agosto, emitido por las Magistradas Maritza Suntura Juaniquina y Norka Natalia Mercado Guzmán, mismas que conformaron por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el periodo 2012-2017, fueron dejados sin efecto por determinación del Auto de Amparo Constitucional JPF2 N° 3/2018.


La presente resolución, enfrenta a la Sala no solo a una cuestión de absolver lo determinado en la jurisdicción constitucional [se reitera en sometimiento al contenido del art. 201 inc. 6) de al CPE], en relación con la pretensión del imputado de extinguir la acción penal que pesa sobre él,  sino por el hecho de que las autoridades pronunciantes de los Autos Supremos 371/2017 de 22 de mayo y 659/2017 de 31 de agosto, cesaron en el ejercicio del mandato de Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, situación ante la que, los Magistrados  abajo suscribientes, apoyan su decisión en las consideraciones que en un tema análogo pronunció el Tribunal Constitucional Plurinacional en el Fallo 1693/2014 de 1 de septiembre:


“Ocurren casos como el presente, en que algunos Ministros -ahora Magistrados- por diferentes motivos, como en el caso de jubilaciones y muerte, no ya pronunciarse porque se encuentran impedidos de hacerlo, y la resolución queda pendiente de ejecución por falta de pronunciamiento a la solicitud de complementación, entonces, a causa de ello, las partes del proceso, ya sea el demandante o el demandado, se hallan en la dificultad, de poder obtener una resolución que les permita conseguir un fallo definitivo que sea ejecutoriado... en caso de que los mismos hubieren cesado en sus funciones, los que deben resolver, deben ser los nuevos titulares que ingresaron a ejercer las funciones señaladas.”


III.2. Fundamentos y decisión del Auto de Amparo Constitucional JPF2 N° 3/2018 de 5 de abril.


A través del fallo que hace título a este epígrafe la Juez Público de Familia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca constituido en Tribunal de Garantías, dispuso “1. Dejar sin efecto el Auto Supremo 371/2017 de fecha 22 de mayo de 2017 y el Auto Complementario 659/2017 de 31 de agosto de 2017, emitido por las Magistradas de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; y, 2. Se dicte nuevo Auto Supremo respetando el derecho al debido proceso en su vertiente de derecho a la debida fundamentación, congruencia y a la defensa” (sic). Dentro de los fundamentos considerados por el fallo descrito sobresale:


“Respecto al primer elemento constitutivo del debido proceso relativo a el derecho a la defensa, comprende el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal; en el caso, respecto de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, el Código de Procedimiento Penal en su art. 32, establece de forma concreta cuales son los presupuestos que hacen viable la suspensión del término de la prescripción; sin embargo, no establece que deba suspenderse el término por el lapso de la vacación judicial de acuerdo al cómputo previsto por el art. 130 del Código de Procedimiento Penal; en consecuencia, se observa respecto de esta argumento que al no haberse observado los requisitos o presupuestos contenidos en el art. 32 del código adjetivo penal, se ha vulnerado el derecho a la defensa.” (sic).


“Respecto al segundo y tercer elemento constitutivo del debido proceso relativo a contar con resoluciones debida, suficiente y razonablemente motivadas y resoluciones congruentes; se evidencia que las autoridades accionadas a tiempo de concluir que a tenor de lo previsto por el art. 130 del CPP, debe suspenderse el tiempo comprendido por la vacación judicial de las gestiones 2012 a 2016, solamente basan su razonamiento en el entendido de que conforme la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia se ha establecido que para el cómputo del plazo de duración máxima del proceso debe considerarse lo previsto por el art. 130 del CPP y que ello no resultaría óbice para aplicar de igual manera para el caso del cómputo del plazo de la extinción de la acción penal por prescripción; sin embargo omiten exponer de forma clara, concreta y precisa cuales los argumentos legales o de otra índoles que les llevaría a concluir según la naturaleza de ambas excepciones…para que deba aplicarse igual cómputo en base al art. 130 del CPP en ambos casos, teniendo en cuenta que la excepción de la extinción de la acción penal por prescripción tiene naturaleza sustantiva reconocida por la doctrina como por la jurisprudencia internacional y se activa ante los presupuestos del art. 29 del CPP, que deben computarse en el marco del art. 30 del CPP, a diferencia de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso cuya naturaleza es procesal, toda vez que inicia su cómputo conforme a lo previsto por el art. 133 del CPP.” (sic).


“No resulta congruente con la parte relativa al análisis del caso concreto, pues aplica la suspensión del plazo de la prescripción de la misma forma que aplica el cómputo del plazo de duración máxima del proceso, considerando a ese fin la suspensión de los plazos establecidos por el art. 130 del Código de Procedimiento Penal, sin considerar lo expuesto, diferencias entre la naturaleza de ambas excepciones.” (sic).

    III.3. Extinción de la acción penal: por prescripción y por duración máxima del proceso.


III.3.1. Para el caso de la prescripción, su razón de ser vinculada a los efectos que genera el paso del tiempo. De la lectura del art. 29 del CPP, la prescripción como causa de extinción de la acción está ligada a la gravedad del hecho y en menor medida, a la eventual responsabilidad del agente (recuérdese que la prescripción no es sinónimo de exculpación); ya que, los plazos de prescripción de la acción penal se determinan en función a la gravedad del quantum de la pena de cada delito en particular. Existe una sola causal de interrupción del plazo de prescripción que es la declaratoria de rebeldía del imputado, como determina el art. 31 del CPP y un catálogo de cuatro opciones por las que dicho plazo puede ser suspendido, tal como lo previene el art. 32 del CPP, a saber: 1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente; 2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas; 3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado. Queda claro que, la forma en la que el legislador ha dispuesto las condiciones en las que el plazo de la prescripción será suspendido (números clausus) exteriorizan de manera cierta la imposibilidad de otro tipo de interpretación. De igual forma, es la propia norma, en lo que es a las reglas que regulan la prescripción, destina una orientación dirigida a la aplicación preferente de los Convenios y Tratados Internacionales que el Estado Boliviano.


A diferencia de la interrupción, la suspensión de la prescripción no deja sin efecto el tiempo transcurrido, sino simplemente detiene el plazo para que continúe una vez superada la causa de suspensión. La prescripción de la acción penal solo puede justificarse por consideraciones político-criminales y no materiales ni procesales, aunque sus efectos se aprecien en el plano procesal, pues la prescripción de la acción penal no siempre afecta a la acción penal. La prescripción, por una parte se justifica porque el Estado manifiesta su decisión de perseguir penalmente, siendo de trascendencia a objetos funcionales del instituto la determinación precisa del momento de inicio del cómputo, ya sea desde la fecha noche siguiente a cometido el hecho o en su caso desde la media noche siguientes a cesada su consumación, que es caso típico de delitos permanentes.


Con tal, condición de haberse determinado con precisión la fecha inicio de cómputo restará, dada su configuración de pleno derecho, acreditarse de manera suficiente que sobre el plazo a computar no haya sopesado ninguna causal ya sea interruptiva o suspensiva que lo hayan modificado, exigencia que toma rigor en el entendido  que la resolución judicial que declara fundada una excepción de prescripción es un tipo de fallo declarativo más no constitutivo. No otra cosa se desprende del art. 308 del CPP, que enumera las causales a partir de las que la acción penal puede ser opuesta.


La prescripción, vista desde el régimen procesal es la cesación de la potestad punitiva del Estado o ejercida por particulares en las situaciones que por Ley así corresponda; en estos casos, el estado declina el ejercicio de su potestad punitiva y el derecho de aplicar una determinada pena, o hacer ejecutar la pena ya impuesta en un caso concreto, lo que tiene su origen en la necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica de las personas. Ante el poder del Estado de aplicar la ley y perseguir el delito, surge también el derecho a resistir ese poder y es por eso que el legislador establece ciertas reglas, para limitarlo y proteger al ciudadano. Así, el derecho de defensa y sus derivados, el de saber a qué atenerse -base de la seguridad jurídica-, que buscan equilibrar los intereses en juego -los del ciudadano y el Estado-, todo dentro del contexto de un sistema democrático de derecho. Debe quedar claro que los plazos de prescripción de los delitos, su forma de computarse, las causas de suspensión e interrupción y demás aspectos relacionados, forman parte de la política criminal del Estado que comprende el conjunto de decisiones relativas a los instrumentos, reglas, estrategias y objetivos que regulan la coerción penal, que son definidas dentro del marco general de la política global del Estado.


La regulación sobre la persecución del delito y ejercicio de la acción penal es un asunto de corte de política criminal del Estado, que sus variaciones o eventuales modificaciones sobre cómputo son reguladas desde la propia norma, tal cual se tiene de las modificaciones incorporadas por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, Ley Nº 586 de 30 de octubre de 2014, que a través de su art. 8 modificó entre otras las formas y causales de suspensión e interrupción del cómputo de la extinción de la acción penal, bien sea por prescripción o duración máxima del proceso. Así se modificó el art. 315 del CPP, para que en su parágrafo II se tenga “En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos”, y, las modificaciones al art. 321 parágrafo IV que señala que “La tramitación de la excusa o la recusación suspenderá en su caso los plazos de la prescripción, de la duración de la etapa preparatoria y de la duración máxima del proceso”.


III.3.2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia Constitución 101/2004,  sobre el derecho a la conclusión de los procesos en un plazo razonable y su incidencia directa sobre la causa de extinción de la acción por duración máxima del proceso ha establecido:


`Si bien nuestra Constitución no establece de manera expresa el derecho fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, de manera implícita lo consagra al proclamar en forma genérica que la `celeridad´ es una de las `condiciones esenciales de la administración de justicia´, entendimiento que se extrae del contenido del art. 116.X Constitucional. Nos parece que una interpretación en sentido contrario sólo podría tener sustento si se aceptara que tal proclamación carece de significado, lo que no es posible tratándose de una norma jurídica, y aún más, de la norma fundamental del país, siempre cargada de significado y fines´.


'A su vez, la normativa internacional sobre derechos humanos (los Pactos), que según la doctrina de este Tribunal integran el bloque de Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional (Así SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004, entre otras), de manera expresa reconocen tal derecho, conforme a lo siguiente:


'1) Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) 'Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter'.


'2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3) 'Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas'.


'De lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente boliviano al introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables'.


Conforme a lo anotado, el fundamento de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, prevista en el art. 133 del CPP se encuentra en el derecho del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, derecho que implica, como señala la jurisprudencia glosada,  que el imputado pueda definir su situación jurídica dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio.


Ante la infracción a ese derecho, por sobrepasar el proceso penal el término razonable, que en muchas legislaciones -como la nuestra- está previsto en la norma procesal penal, se impone, entonces, la extinción de la acción penal ante la omisión o falta de diligencia de los órganos competentes del sistema penal”.


Debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga a ofrecer prueba idónea y pertinente, lo que implica que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulta fundada.


IV.  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS


Milton Espinoza Rosales, plantea en un mismo acto, excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, alegando en ambos casos que el periodo dispuesto como máximo por norma para el ejercicio de la acción penal, ha fenecido, bien por el simple curso del tiempo desde la comisión del hecho, bien por haberse superado los límites de tiempo que la norma tiene permitido para el ejercicio de la acción penal una vez activado el procedimiento penal. Conforme a las normas previstas por el art. 308 del CPP, las partes podrán oponerse a la acción penal, a través de excepciones de previo y especial pronunciamiento, como aquellas establecidas en el art. 27 incs. 8) y 10) del CPP; es decir, por prescripción o por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.


IV.1.        El excepcionista manifiesta que fue declarado rebelde, que habría purgado su rebeldía el 15 de febrero de 2012, siendo aceptada por Auto de 16 de febrero de 2012, dejándose sin efecto las medidas precautorias o cautelares, así como el mandamiento de aprehensión en su contra, Auto del que recibió fotocopia legalizada según se desprende de la nota manuscrita  por el impetrante de 23 de febrero de 2012 a fs. 25; consecuentemente, habiendo tomado conocimiento de dicho actuado procesal, el cómputo a efectos de la prescripción comenzaría el 23 de febrero de 2012 y hasta la fecha de la interposición de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción 20 de marzo de 2017, han transcurrido cinco años y veintiséis días.


En ese ámbito, se advierte en la excepción planteada, el imputado se limitó a sostener que en el caso hubiera transcurrido un tiempo suficiente que habilite la prescripción; sin acreditar la inexistencia de las causales de interrupción o suspensión, alegando únicamente referencias al expediente procesal y citas de jurisprudencia sobre temáticas similares; empero, sin tener presente que por la naturaleza eminentemente declarativa del Fallo que resolverá la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, la no existencia de causales de suspensión o interrupción deben ser debidamente acreditadas; más cuando sobre tal ejercicio rigen variables estipuladas por norma que hacen que su cómputo se suspenda o se interrumpa, como es el caso de los arts. 315 y 321 del CPP, que hace que la Sala no pueda emitir criterio sobre cómputo o conteo de plazo alguno, sin antes haberse acreditado que las causales concernientes a la suspensión o interrupción no han sido demostradas fehacientemente por la parte que pretende se declare a su favor la extinción de la acción penal por prescripción, dado que se reitera y pone énfasis: el fallo que vaya a resolver la prescripción de la acción penal, es un fallo declarativo más no constitutivo.


Ahora bien, de lo señalado por el excepcionista, no es posible verificar, la existencia de documental suficiente que evidencie que no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso; pruebas mínimas necesarias para establecer que en efecto, hasta la fecha de presentación de la presente solicitud de extinción de la acción penal, 20 de marzo de 2017; en efecto, no fue declarado rebelde o hubiera existido alguna causal de suspensión del proceso, incumpliendo lo establecido por el art. 314.I del CPP, respecto del deber que tenía de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarada rebelde; sin soslayar, que también tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso.


No debe perderse de vista, que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes, pero siempre con base al planteamiento fundamentado y a las pruebas idóneas que las sustenten, no pudiendo suplir la omisión de los sujetos procesales, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia, conforme a lo preceptuado por el art. 178.I de la CPE, no correspondiéndole emitir criterios sin bases probatorias que sustenten la decisión final; y en este caso, no se tiene constancia expresa sobre la fecha de inicio de cómputo de la prescripción, ni que la imputada no hubiere sido declarada rebelde durante la tramitación de todo el proceso penal, extremo de vital importancia que no puede desmerecerse, para sustentar su pretensión.


Por lo expuesto, al no existir el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde la pretensión de la excepcionista; y toda vez, que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió la precitada, corresponde declarar infundada la excepción planteada.


IV.2. Sobre la excepción de extinción de la acción penal por máxima duración del proceso, el imputado señala en síntesis que desde el 23 de febrero de 2012 hasta el 20 de marzo de 2017, ha transcurrido el plazo previsto por el art. 133 del CPP, debido a las siguientes dilaciones: a. La nulidad de obrados hasta fs. 274, por falta de notificaciones dispuesta por Auto de 5 de septiembre de 2012, cursante de fs. 306 a 307 vta., que generó una dilación de dos años, cinco meses y veinticuatro días; b. Según acta de audiencia de 12 de noviembre de 2015, cursante de fs. 439 a 444, se dispuso cuarto intermedio para emitir resolución al respecto, provocándose una dilación de once días; c. Del acta de juicio de 30 de diciembre de 2015, cursante de fs. 472 a 481 vta., se dispuso la suspensión hasta el 12 de enero de 2016 para las conclusiones, suspensión que es ajena al art. 335 del CPP, causando una dilación de 13 días; y, d. desde la interposición del recurso de casación de 1 de diciembre de 2016 hasta el presente, hubiese transcurrido cinco años y veinticinco días; es decir, más de los tres años, sin que se hayan presentado las causales de suspensión, que ni descontando las vacaciones judiciales se encontraría en término.


       El art. 133 del CPP, manifiesta que todo proceso tendrá  una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento salvo el caso de rebeldía, hasta la fecha de presentación de las excepciones análisis, 20 de marzo de 2017, se estima una transcurso de cinco años y veintiséis días, teniendo en cuenta un simple cálculo aritmético sin criterio especial alguno; el excepcionista considera que este periodo se debe al accionar de los funcionarios judiciales, citando al efecto determinadas actuaciones judiciales, de cuya revisión se extrae lo siguiente: i. Respecto a la nulidad de obrados hasta fs. 274, por falta de notificaciones dispuesta por Auto de 5 de septiembre de 2012, cursante de fs. 306 a 307 vta., es evidente que mediante la referida resolución judicial, se dispuso la anulación de obrados hasta fs. 274 inclusive, en razón a que ambas partes, querellante e imputado, suscitaron incidentes de nulidad de notificación y por actividad procesal defectuosa, habiéndose declarado improbado el incidente de actividad procesal defectuosa y probado el incidente de nulidad por falta de notificación precautelando el derecho a la defensa del imputado; ii. En cuanto, a que según el Acta de audiencia de 12 de noviembre de 2015, cursante de fs. 439 a 444, se dispuso cuarto intermedio para emitir resolución, se debe tener en cuenta que en ese acto se cedió la palabra al querellante para que conteste a las excepciones de extinción de acción por muerte, falta de acción y nulidad por defectos absolutos planteadas precisamente por el imputado; asimismo, en dicho acto adicionalmente el impetrante opuso también la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso, por su parte el querellante también interpuso recurso de reposición además de reserva de apelación; en consecuencia, a raíz de los incidentes y excepciones suscitados en dicho acto procesal por las partes, es que el Juez de la causa a efectos de la verificación de todos los antecedentes, declaró un cuarto intermedio, señalando nueva audiencia para el lunes 23 de noviembre de 2015; no obstante, de antecedentes se establece que por Auto de 12 de noviembre de 2015, de fs. 445 a 448, se declaró improbada la excepción opuesta por el imputado; iii. Sobre la suspensión del acto de 30 de diciembre de 2015, de fs. 472 a 481 vta., hasta el 12 de enero de 2016 para la formulación de conclusiones; es evidente que según el art. 335 del CPP, estipula los casos en que procede la suspensión de la audiencia, en el presente caso según el acta de juicio de 30 de diciembre de 2015, el juzgador determinó de la relación fáctica de la querella que no se solicitó inspección judicial, tampoco fue ofrecida como prueba, por lo que señaló audiencia de conclusiones para la prosecución del acto el 12 de enero de 2016, habiendo formulado reserva de apelación la parte querellante, sin que conste en dicho actuado procesal que el Juez haya dispuesto suspensión alguna como refiere el excepcionista; y, iv. En cuanto, a la interposición del recurso de casación de 1 de diciembre de 2016 hasta el presente, se debe tener presente que planteado el recurso señalado y una vez remitidos los antecedentes, la causa fue radicada ante este Tribunal el 18 de enero de 2017, haciendo turno para la emisión del fallo respectivo de admisibilidad; no obstante, el imputado nuevamente intenta el planteamiento de las excepciones de extinción de la acción penal tanto por prescripción como por máxima duración del proceso en análisis, quedando demostrando que las circunstancias que determinan la demora en la tramitación del proceso no es por causas atribuibles a funcionarios judiciales, ya que como se precisó ambas partes han ido suscitando incidentes y recursos que han provocado la dilación en el trámite de la causa, que en el caso del imputado han sido frecuentes partiendo inclusive de las declaraciones de rebeldía, que han demostrado la ausencia de voluntad de sometimiento al proceso exponiendo supuestos actos dilatorios que no corresponden a la administración de justicia ni a funcionarios judiciales.


A esto se añade las acciones desplegadas por el imputado que de incidieron a una extensión innecesaria del proceso, como es el caso de la recusación por causal sobreviniente planteada a fs. 458-459, alegando amistad íntima de uno de los juzgadores con la parte querellante y cuyo argumento se centra en cuestiones subjetivas e interpretaciones propias de la defensa que propició la generación de un trámite paralelo. Sobre esta pretensión a través de Auto 08 de 13 de enero de 2016, se confirmó el rechazo emitido por la autoridad recusada.


Debe agregarse el entendimiento asumido en la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, que estableció lo siguiente: “(…) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”, lo que implica que a los fines de resolver la pretensión planteada, esta Sala Penal no puede desconocer la existencia de una considerable sobrecarga procesal en los tribunales judiciales en el país, que de modo alguno puede ser atribuible a los juzgadores para justificar la extinción de la acción penal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADAS las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso, opuestas  por el imputado Milton Espinoza Rosales, con costas conforme lo dispuesto por el art. 268 del CPP.


En cumplimiento de la jurisprudencia constitucional desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible, debiendo notificarse a las partes conforme al art. 163 del CPP y una vez remitidas las diligencias notificación con las ordenes instruidas, se reanuda el plazo procesal inserto en el art. 418 del CPP.


Regístrese y notifíquese.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos