TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 328/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo  de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 125/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Jaime Mamani Canchari

Delito                        : Violación Agravada

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de agosto de 2017, cursante de fs. 617 a 618, el Ministerio Público, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 20 de 4 de abril de 2017, de fs. 609 a 612, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Marina Verónica Mamani Castro y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Jaime Mamani Canchari, por la presunta comisión del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con relación al inc. 4) del art. 310 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


a)          Por Sentencia 33/2016 de 12 de septiembre (fs. 501 a 505), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Jaime Mamani Canchari, autor de la comisión del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con relación al inc. 4) del art. 310 del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio sin derecho a indulto y al pago de trescientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, más el pago de costas y daños civiles, a calificarse en ejecución de Sentencia.


b)         Contra la mencionada Sentencia, el imputado Jaime Mamani Canchari, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 569 a 579 vta.), resuelto por Auto de Vista 20 de 4 de abril de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el mencionado recurso y anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por ley, motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 812/2017-RA de 20 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La parte recurrente sostiene que la Sentencia fue dictada cumpliendo el art. 124 del Constitución Política del Estado (CPE), refiriendo las pruebas que condujeron a su emisión, para luego hacer alusión a los arts. 60 y 61.I. de la CPE, así como al “precepto constitucional que es corroborado por los Autos Supremos” (sic), signado como 34/2013-RRC de 14 de febrero, indicando que confirman la preeminencia del interés superior del niño en delitos de Agresión Sexual y la discriminación positiva a favor de la niñez y adolescencia, alegando el Ministerio Público, que el Tribunal de Sentencia cumplió con lo establecido en el art. 173 del CPP, otorgándole el valor íntegro a cada uno de los medios de prueba ofrecidos e incorporados en el juicio oral.


Señala que el Auto de Vista impugnado, carece de base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, porque resta el valor probatorio que el Tribunal de Sentencia le otorgó y que determinó la culpabilidad del imputado, porque las pruebas demuestran que el acusado, es con certeza el autor del hecho que se le imputa.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita que se declare procedente el recurso de casación, revocando el Auto de Vista de 4 de abril de 2017, para que se dicte una nueva Resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable. 


I.2. Admisión del recurso.


Por Auto Supremo 812/2017-RA de 20 de octubre, cursante de fs. 631 a 632 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por los representantes del Ministerio Público, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y detallado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 33/2016 de 12 de septiembre, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Jaime Mamani Canchari, autor de la comisión del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con relación al inc. 4) del art. 310 del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio sin derecho a indulto y el pago de trescientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, más el pago de costas y daños civiles, a calificarse en ejecución de Sentencia, de acuerdo a los siguientes fundamentos:


Como se tiene demostrado en los fundamentos de hecho, el testimonio de la víctima Verónica Mamani Castro, en el que refiere que su tío el imputado- al principio la trataba como a una hija; sin embargo, a las tres semanas la abuso en reiteradas ocasiones cuando no se encontraba su tía o cuando dormía ella temprano, entraba al cuarto de la víctima y ahí procedía a abusarla, asimismo amedrentaba a la víctima; prueba que guarda coherencia y no existe discrepancia con cada uno de los testigos, peritos y pruebas literales de cargo, al haberse probado que el delito de Abuso Sexual sucedió en reiteradas oportunidades desde cuando ella contaba con escasos trece años, cuando vivía bajo la custodia de su tío (acusado), Jaime Mamani Canchari en zona de los Lotes, barrio Villa Fátima, que en adelante se constató que el citado tío evitaba la presencia de la hermana mayor, además de impedir que ésta la llamara por teléfono, que aunque señaló que no puede sacar de su mente los abusos sufridos, no se tiene mayores elementos de persistir en adelante un trastorno pos traumático al hecho suscitado, que haya sido emitido por psicólogo, llegando a decir que a su corta edad no se atrevió a denunciar por temor y miedo dado que vivía bajo amenazas; empero, consecuentemente dijo que ahora vive con su hermana; asimismo, se habría demostrado el vínculo familiar de su agresor respecto de la víctima, por el que se hace evidente que el acusado es el tío paterno, mas no obstante y sobre la base de la acusación, conforme consta en hechos probados, por todas las pruebas de cargo se ha llegado a constatar sin duda alguna que la adolescente AA, desde el mes de diciembre de 2009 hasta el 26 de noviembre de 2013, estuvo bajo la custodia y cuidados de su tío Jaime, por ende corresponde aplicar, la agravante del precepto legal invocado en el art. 310 inc. 4) del CP.


II.2.  De la apelación restringida del imputado.

       

         Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida conforme a los siguientes argumentos:


La inexistencia de una debida valoración probatoria. Referente a la  testifical, no se hubiese valorado adecuadamente las atestaciones: del Policía asignado al caso, Fidel Delgadillo, quien hubiese indicado que no se realizó ninguna actuación investigativa; y, de la denunciante, Marina Mamani Castro y de la víctima, Verónica Mamani Castro, las cuales contendrían una serie de contradicciones. Respecto a la documental, no habrían valorado objetivamente: el Acta de denuncia que fuese contrario a las declaraciones y el Informe técnico conclusivo, en el que se consignaría que existen actos investigativos pendientes. En relación a la pericial, carecería de una debida valoración: el certificado médico legal en el que en sus antecedentes existirían contradicciones y  concluye que existe un himen complaciente y que el ano no presenta lesión, el Informe de entrevista psicológica preliminar, el Informe psicológico pericial y el Informe de entrevista social preliminar y pericial se consignaría datos erróneos respecto a los hechos.


Aludió la existencia de disposiciones legales erróneamente aplicadas, violentadas y defectos de sentencia, teniendo como disposiciones legales erróneamente aplicadas a los arts. 171, 173, 359, 204 y ss. del CPP, 308 bis, con relación al 310 inc. 4) del CP; respecto a los defectos de la Sentencia, la existencia de los errores previstos por el art. 370 incs. 1), 2), 3), 4), 5) y 6).


Asimismo, se violentaron sus derechos en juicio como el derecho a guardar silencio y el derecho a la presunción de inocencia.

II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Respecto al recurso de apelación restringida formulada por el imputado, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se pronunció mediante el Auto de Vista impugnado, que declaró procedente la apelación planteada y anuló totalmente la Sentencia recurrida, bajo los siguientes argumentos:


Es obligación del impugnante precisar dentro del proceso, el medio probatorio que considera no fue debidamente valorado.


El apelante invoca los defectos previstos en el art. 370 incs. 1), 2), 3), 4), 5) y 6) del CPP; en ese entendido, los datos del proceso nos informan que el agravio más relevante lo viene a constituir la valoración defectuosa de la prueba que invoca el recurrente; toda vez, que evidentemente el Tribunal inferior a tiempo de dictar la Sentencia condenatoria se ha basado en pruebas que no fueron ratificadas ni judicializadas, tal es el Certificado Médico Legal, del cual el Ministerio Público ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ratificaron ni judicializaron dicha prueba pericial; lo mismo ocurrió con la declaración del policía Fidel Delgadillo, quien sólo reconoce su firma pero no se judicializa dicha prueba testifical; en la misma omisión se incurre con la denunciante y hermana de la víctima, Marina Maman¡ Castro y la víctima Verónica Maman¡ Castro; el informe de entrevista psicológica preliminar y pericial tampoco es ratificada ni insertada al juicio oral por su lectura, conforme prevé el art. 333 del CPP; lo que llama la atención es que el Ministerio Público hace renuncia de esta prueba pericial psicológica, así como de la prueba pericial de la médico forense, por lo que la Sentencia condenatoria se habría basado en pruebas que no fueron judicializadas, defectos previstos en el art. 370 incs. 4) y 6) del CPP; con relación a las demás pruebas testificales son contradictorias y oscuras, no dan mayores luces para que el Tribunal pueda apoyar su Sentencia en lo previsto por el art. 365 del citado procedimiento, no se ha hecho uso correcto de las previsiones de los arts. 171 y 173 del CPP; en este caso se trata de una violación a menor, pero de acuerdo al examen ginecológico realizado a la víctima, se informa que ésta presenta membrana himeneal elástica o complaciente, además se informa que su himen se encuentra íntegro, sin desgarro ni lesión ginecológica y proctológica alguna, si tenemos en cuenta que la denuncia también dice que la menor habría sido abusada vía anal, pero con ese informe pericial se logra provocar una dura razonable, aspecto legal que el Tribunal inferior no habría valorado correctamente.


El Tribunal inferior no habría fundamentado ni motivado su Sentencia conforme lo exige el art. 124 del CPP, la Sentencia impugnada no contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de mérito no contiene una relación del hecho histórico. Además, del análisis de la Sentencia impugnada, se puede extraer que la misma se sustenta en hechos inexistentes que no fueron debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral, incurriendo en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que el Tribunal al valorar las pruebas de cargo y de descargo no habría realizado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional; al contrario se evidencia que el Tribunal de origen en su Sentencia simplemente se limitó a transcribir de forma íntegra la denuncia, las declaraciones testificales, en el acápite de los fundamentos de derecho simplemente hace transcripción de las disposiciones legales respecto al delito de Violación y su agravación, pero de ningún modo hace una fundamentación expresando cómo es que se llega a cometer ese delito, el ¡ter críminis, y si la conducta del imputado se adecúa a lo previsto por el art. 308 Bis con relación al 310 inc. 4) del CP; puesto que, una Sentencia condenatoria no puede basarse en simples suposiciones subjetivas del Tribunal.


III. VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO Y EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO


En el caso presente, se denuncia que el Tribunal de alzada restó el valor probatorio que el Tribunal de Sentencia otorgó a la prueba, por lo que corresponde resolver la problemática planteada. 


III.1.        La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3 de la Ley de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá
modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


El recurrente, en su recurso de casación hace alusión al Auto Supremo 034/2013-RRC de 14 de febrero, indicando que dicho fallo confirma la preeminencia del interés superior del niño en delitos de agresión sexual y la discriminación positiva a favor de la niñez y adolescencia, alegando que el Tribunal de Sentencia cumplió con lo establecido en el art. 173 del CPP, otorgándole el valor íntegro a cada uno de los medios de prueba ofrecidos e incorporados en el juicio oral; pero el Auto de Vista impugnado, restó el valor probatorio que el Tribunal de Sentencia otorgó a la prueba esencial.

Al respecto, de la revisión del precedente invocado, Auto Supremo 034/2013-RRC de 14 de febrero, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, como hecho generador se tiene: “el Tribunal a quo, efectuó una serie de apreciaciones que constituyen revalorización de prueba, excediendo sus facultades previstas por ley, pues simplemente le correspondía controlar la actuación desplegada por el Tribunal de Sentencia en relación a dicha tarea; sin embargo, al cambiar la situación jurídica del recurrente de absuelto a culpable valorando nuevamente la prueba producida en juicio, al punto que lo expresa detalladamente en su propia Resolución, su labor resulta contraria a las facultades conferidas por el ordenamiento legal, siendo que la atribución de valorizar las pruebas es de exclusiva competencia de los jueces y Tribunales de Sentencia”. Estableciendo la siguiente doctrina legal: “los jueces y Tribunales son los únicos facultados para realizar la valoración de las pruebas incorporadas durante el juicio oral, en virtud del principio de inmediación, estando el Tribunal de alzada impedido de revalorizar las pruebas, por no ser competente para ello, no siendo la apelación restringida el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia. Tampoco el sistema procesal admite la doble instancia, estando limitado el accionar del Tribunal de Apelación para anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, debiendo indicar el objeto concreto del nuevo juicio cuando la nulidad sea parcial; o, en su caso, cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, puede resolver directamente. Sin embargo, se vulneran los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y se incurre en una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación.

Asimismo, el art. 60 de la CPE, dispone que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado, por ello, cuando el Tribunal de alzada determine la realización de nuevo juicio oral, y al tratarse de un proceso que involucre un niño, niña o adolescente, debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos en función a su protección conforme dispone la Constitución: el interés superior del menor, la aplicación de una justicia rápida y oportuna por los administradores de justicia; y, la adopción de toda medida destinada a garantizar se evite la revictimización de la víctima, sean materiales o referidas a la intervención de especialistas en su declaración, tomando en cuenta la realidad de cada Tribunal de Sentencia del país.

En tales condiciones, los Tribunales encargados de sustanciar los juicios que involucren a un niño, niña o adolescente, tienen el deber de observar y cumplir con la normativa internacional en materia de derechos humanos sobre la protección a los menores, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 19; la Convención sobre los Derechos del Menor en sus arts. 3 incs. 1) y 2), 4, 19 y 27; el Estatuto de Roma de la Corte Penal  Internacional en su art. 68 incs. 1) y 2); así como el art. 203 de CPP, que norma la declaración de un menor y las directrices establecidas por la Organización de los Estados Americanos sobre el Instrumento de Orientación Técnica Institucional del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de los Estados Americanos (IIN-OEA), a fin de evitar la doble victimización de la víctima menor, conforme se dejó sentado en la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 332/2012-RRC de 18 de diciembre de 2012.”

Precisado el precedente invocado por el recurrente, se advierte que del análisis del Auto Supremo 034/2013-RRC de 14 de febrero, la doctrina legal aplicable que contiene dicha resolución, alude a dos aspectos en específico, primero, al impedimento que tiene el Tribunal de alzada de revalorizar las pruebas y el segundo, a la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente.


Mientras que el agravio reclamado por parte del recurrente, refiere a que el Tribunal de Sentencia cumplió con lo establecido en el art. 173 del CPP, otorgándole el valor íntegro a cada uno de los medios de prueba ofrecidos e incorporados en el juicio oral; pero el Auto de Vista impugnado, restó el valor probatorio que el Tribunal de Sentencia; es decir, que el Tribunal de alzada no efectuó un debido control de la valoración efectuada por el Tribunal de origen.


En consecuencia, se puede establecer que bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo; toda vez, que el precedente invocado por el recurrente, trató del impedimento que tiene el Tribunal de alzada para revalorizar pruebas y que en el caso de autos la problemática versa sobre la falta de un debido control en la valoración efectuada por el Tribunal de origen.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos