TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 327/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 124/2017        

Parte Acusadora                : Tatiana Vaca Canido

Parte Imputada                : Roxana Argentina Gutiérrez Ríos

Delito                                : Despojo

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de julio de 2017, cursante de fs. 221 a 225 vta., Tatiana Vaca Canido, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 30 de 21 de abril de 2017 de fs. 197 a 201, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Roxana Argentina Gutiérrez Ríos, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 3/2016 de 9 de septiembre (fs. 101 a 105), el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Cotoca del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Roxana Argentina Gutiérrez Ríos, absuelta de culpa y pena del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, con costas, disponiendo la cancelación de todas las medidas dictadas en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Tatiana Vaca Canido (fs. 150 a 159), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 30 de 21 de abril de 2017, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado, con costas, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 811/2017-RA de 20 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente, después de hacer alusión a una parte del cuarto considerando del Auto de Vista impugnado, arguye que la mencionada Resolución incurrió en contradicción al establecer la inexistencia del delito de Despojo, en mérito a un inventario de bienes emitido por una Notaría de Fe Pública.


Después de hacer referencia de algunas disposiciones legales de la Ley 483 de 25 de enero de 2014 y del Decreto Supremo 2189 de 19 de noviembre de 2014, alega que la Notaria de Fe Pública Nº 54, era incompetente para efectuar cualquier inventario, porque sus funciones no podía ejercer en la jurisdicción de Cotoca, porque para este distrito jurisdiccional, se cuenta con una Notaría de Fe Pública que fue designada para este ámbito territorial; que consiguientemente afirma la inexistencia del delito de Desojo sobre la base de prueba ilegal, vulnera el debido proceso consagrado en el art. 180.I. de la Constitución Política del Estado (CPE).


Asimismo, observa lo expresado en el cuarto considerando en sentido de que habría manifestado que la recurrente no desarrolló de manera precisa cómo incurrió el Juez en inobservancia o errónea aplicación de la Ley; que al respecto, Tatiana Vaca Canido, indica que en el memorial de apelación restringida, señaló que la Notaría Nº 54, fue designada para la ciudad de Santa Cruz y no para la jurisdicción de Cotoca, indicando haber realizado análisis de la normativa para luego referir que las actuaciones de la mencionada Notaría carece de legalidad por haber actuado fuera del ámbito territorial de su nombramiento, por lo que invalida cualquier acta que hubiere levantado y que su valoración probatoria constituye defecto absoluto insubsanable; alega que no es cierto que no se indicaron defectos de sentencia, además que en su mencionado recurso de apelación restringida habría referido la inobservancia de la Ley 483 de 25 de enero de 2014 y del Decreto Supremo 2189 de 19 de noviembre de 2014.


También señala que el Auto de Vista impugnado, tiene argumentos forzados “y parcializados” (sic), al pretender la aplicación del citado art. 37 del DS 2189 de 19 de noviembre de 2014, interpretando esta disposición legal de manera incorrecta, porque este artículo “establece Distribución de Oficinas Notariales aclarando que dicha distribución será en el territorio nacional” (sic) y que no tendría nada que ver en cuanto a las facultades del Notario en cuanto a su jurisdicción, alegando la recurrente que atenta el debido proceso consagrado en el art. 180 de la CPE y de conformidad al art. 169 del CPP, constituye defecto absoluto insubsanable, por lo que es causal de nulidad.


Hace alusión a las normas legales transgredidas y mal aplicados fueron los arts. 11, 14 inc. V), 20 inc. I) y 37 de la Ley 483 de 25 de enero de 2014 y arts. 16 y 17 del DS 2189 de 19 de noviembre de 2014.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita que conceda su recurso y deliberando en el fondo se case el Auto de Vista y sea bajo las formalidades de Ley.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 811/2017-RA de 20 de octubre, cursante de fs. 234 a 236 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Tatiana Vaca Canido, para el análisis de fondo.





II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 3/2016 de 9 de septiembre, el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Cotoca del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Roxana Argentina Gutiérrez Ríos, absuelta de culpa y pena del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, con costas, disponiendo la cancelación de todas las medidas dictadas en su contra, en base a los siguientes argumentos:


Señala que la conducta delictiva descrita en el art. 251 del CP, se tiene que como presupuesto de la acción está la posesión previa de la víctima en el inmueble reclamado y los elementos de este tipo son: 1) El arrebato, desposesión o usurpación que realiza el agente, ese es el elemento objetivo del tipo; y, 2) El provecho que busca el agente con esa conducta en beneficio de ese o de un tercero, viene a ser la tipificación objetiva, los medios para la comisión de este delito son: violencia, intimidación, abuso de confianza o cualquier otro medio, en ésta última parte el legislador deja abierta la posibilidad de la materialización del hecho delictivo aunque no se acredite los medios que sea del tipo y dentro de la comisión del ilícito también pueden darse tres formas: 1. invadiendo el inmueble; 2. manteniéndose en él ; y, 3. expulsando a sus ocupantes. El tipo penal tiene como verbo rector o nuclear “el que”; es decir, una conducta positiva que despliega el agente para conseguir desposeer a la víctima. En el caso de autos el presupuesto de la acción que es la posesión previa, no se ha dado, porque en un inicio la que ingreso a la vivienda en calidad de prestada fue  Doris Canido Vda. de Vaca y no así Tatiana Vaca Canido, de esa manera lo manifiestan los testigos y por la Audiencia de inspección judicial se verificó la existencia del inmueble y de los bienes muebles que son de propiedad de  Doris Canido Vda. de Vaca.


II.2.  De la apelación restringida.


Contra la precitada Sentencia, la imputada Tatiana Vaca Canido, presentó recurso de apelación restringida; del cual, se pasarán a detallar los argumentos atinentes al motivo admitido, por ser de interés al caso de análisis:


  1. Refiere que se incurrió en defecto absoluto debido a que no se aplicó de manera correcta la Ley 483 de 25 de enero de 2014, así como el DS 2189 de 20 de noviembre del mismo año; porque el Juez valoró las pruebas extendidas por una autoridad sin competencia, en este caso la Notaria de Fe Pública, siendo que la misma se encontraba designada al Departamento de Santa Cruz de La Sierra y según esta normativa no puede cumplir servicios notariales fuera del ámbito territorial, nombrado tal como se establece en el art. 20 inc. i) de la Ley 486 y su reglamento lo que hace ver que el Juez no cumplió con lo previsto en los arts. 172 y 173 del CPP.


  1. Señala que existió violación del principio de congruencia y motivación del fallo lo cual generó la vulneración de los arts. 115 y 180 del CPE.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista 30 de 21 de abril de 2017, que declaró admisible e improcedente el recurso  interpuesto, en base a los siguientes argumentos:


Respecto al recurso de apelación restringida, señala que la querellante simplemente se limita a hacer una serie de argumentaciones doctrinales y una relación de los hechos referentes a una supuesta nulidad de actuados por defectos absolutos comprendidos en el art. 169 inc. 3) del CPP, pero no cita en que disposición legal se basa o cuales serían los defectos de Sentencia que establece el art. 370 del CPP, la recurrente no desarrolla de manera precisa cómo incurre el Juez en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, como se incurre en contradicción de la Sentencia; de qué forma defectuosamente fueron valoradas las pruebas por el Juez; sin embargo, en cuanto a los defectos absolutos impugnados, señala que se establece que si bien es cierto que fue la Notaria de Fe Pública Nº 54 de la Capital quien hizo el acta de entrega de los bienes muebles encontrados en el inmueble litigioso; sin embargo, esto es permisible; toda vez, que dicha notaria es de primera clase y tiene atribuciones para dar fe sobre actos y hechos ocurridos en el Departamento de Santa Cruz, esto se corrobora con el art. 37 del DS 2189 de 20 de noviembre de 2014, cuando dice que las atribuciones o facultades del Notario de la Capital podrán abarcar uno o más municipios, entonces se puede observar que la actuación de la notaria de fe pública Martha Gómez Vda. de Colosia es correcta, además de que su actuación de ningún modo afecta al fondo del asunto; ya que, en este caso la Sentencia absolutoria se basa en lo previsto por el art. 363 inc. 1) del CPP; en suma la apelación restringida interpuesta por la querellante, además de ser ampulosa y subjetiva no cumple con las condiciones exigidas por los arts. 169, 370, 396, inc. 3) y 408 del CPP, por que no menciona ni fundamenta los agravios sufridos ni los defectos absolutos que pudiera tener el juicio oral en su tramitación y de qué manera le causa agravios a su persona como víctima; sin embargo, una sentencia condenatoria prevista en el art. 365 del CPP, no se puede apoyar o sustentar una sola testifical si ésta no está corroborada por otros medios de prueba bastante esclarecedores y que se relacionan con el hecho principal.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SEÑALADAS. 

En el presente recurso de casación, la recurrente denuncia que el Auto de Vista vulneró su derecho al debido proceso, al haber señalado que no existió el delito sobre la base de prueba ilegal consistente en un inventario de bienes emitido por una Notaría de Fe Pública Nº 54, que era incompetente; aspectos por los cuales, corresponde ingresar al análisis de fondo a efectos de verificar dichos extremos.

III.1.        Labor de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada ante la denuncia de defectuosa valoración de la prueba.

Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Pues bien, el juzgador debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y otorgan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos. A decir del profesor De la Rúa, las leyes del pensamiento son leyes a priori que están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. (De la Rúa, Fernando. Teoría General del Proceso. Editorial Depalma, Buenos Aires 1991. Pág. 154-158). 


Asimismo, en relación a las leyes de la psicología, el tribunal o juez tiene el deber de aplicarlas en la valoración de las pruebas, no siendo necesario que indique cuál sea el procedimiento psicológico empleado; además de aplicar las normas de la experiencia, que son los juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos. (Arroyo, Gutiérrez José Manuel y Rodríguez, Campos Alexander. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídica Continental. San José-Costa Rica 2003. 2da. Edición. Pág. 91).


En el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: “El Juez o Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.


Consiguientemente, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida, el Tribunal de alzada verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en sentencia por el A quo.


Este entendimiento ha sido ampliamente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señala: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez”.


De lo señalado precedentemente, es posible concluir que el Tribunal de alzada tiene la obligación de efectuar la labor de control de logicidad ante la denuncia de errónea valoración de la prueba; pues si bien no le corresponde realizar la valoración de las pruebas desfiladas en el proceso, por carecer del principio de inmediación, sin embargo, tiene la obligación de verificar que el juzgador hubiere realizado dicha tarea, aplicando las reglas de la sana crítica, la lógica, psicología y experiencia, materializadas en la fundamentación del fallo de mérito; como también resulta inexcusable para el recurrente señalar e identificar qué elementos de prueba fueron incorrectamente valorados y cuál la solución que pretende; es decir, precisar qué partes de la decisión incurrieron en errores lógico-jurídicos en el que se aplicaron de manera inadecuada las reglas de la sana crítica, con el correspondiente análisis lógico buscado; y no referirse a aspectos procesales que no vayan a tener incidencia en el fondo del litigio; de ser así, el Tribunal de apelación determinará por declarar inadmisible, si pese a haber otorgado el plazo de tres días para la subsanación del recurso persistió el incumplimiento de lo observado.


Finalmente, por ser de utilidad para el análisis del caso concreto, resulta necesario glosar la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 450 de 19 de agosto de 2004, que establece lo siguiente: “Que conforme a la normativa legal vigente, la apelación restringida, por su naturaleza y finalidad legal, es esencialmente de puro derecho, motivo por el cual, en su análisis, el Tribunal no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral, público y contradictorio por el órgano judicial de sentencia. Consecuentemente, no existe la doble instancia y, por ello, el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a alguna de las siguientes decisiones: a) Anular total o parcialmente la sentencia ordenando la reposición del juicio por otro juez o tribunal cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; b) Cuando la nulidad sea parcial, indicar el objeto concreto del nuevo juicio; c) Cuando sea evidente que, para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolver directamente el caso.

Consecuentemente; En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada comprueba la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, por cuyo motivo tenga la convicción plena de la culpabilidad del imputado, no es pertinente anular totalmente la sentencia y disponer que se abra nuevo juicio sino dar cumplimiento a lo establecido por la última parte del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictando directamente una nueva sentencia que defina la situación jurídica del imputado".

Los criterios doctrinales legales glosados precedentemente fueron complementados por el Auto Supremo 660/2014 de 20 de noviembre, en el cual, se creó una sub regla en sentido que: “El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena”.


Consiguientemente, el Tribunal de alzada, en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP; esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena.


En ese mismo sentido, se desarrolló la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 347/2013-RRC de 24 de diciembre, invocado por la recurrente, el cual concluyó en la prohibición de revalorización de prueba por parte del Tribunal de alzada, así como la intangibilidad de los hechos, “…en el actual sistema procesal penal que prohíbe el descenso al examen de los hechos y pruebas por parte del Tribunal de apelación, y menos que se determine el fondo del asunto vía apelación restringida; en tal virtud, cuando el Tribunal de apelación encuentra que el trabajo de valoración de la prueba mediante el sistema de la sana crítica que prevé el art. 173 del CPP, no se encuentra debidamente sustentada, necesariamente corresponde la nulidad de la Sentencia, siendo que en cuanto a esa labor de valoración de la prueba y su control por el Tribunal de alzada, esta Sala, en el Auto Supremo 176/2013-RRC de 24 de junio, señaló: Ahora bien, la sana crítica implica que en la fundamentación de la Sentencia, el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Esta fundamentación o motivación sobre la base de la sana crítica, consiste en la operación lógica fundada en la certeza,  observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos. Las leyes del pensamiento son leyes que se presentan en el raciocinio como necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones. Leyes que, como es conocido en la doctrina, están regidas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.


Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba, es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia por el Juez o Tribunal de Sentencia, es el Tribunal de alzada el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o absurdas, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano. Luego, si el Tribunal de alzada encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de sentencia, corresponde la nulidad de la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, al estar prohibido de corregir directamente el defecto, como consecuencia del impedimento a la revalorización de la prueba, conforme el art. 413 del CPP, ello en resguardo de los principios de inmediación, oralidad, concentración, contradicción, que son rectores del proceso penal y a los que está sometida la prueba, para el resultado final de resolución del hecho sometido a juzgamiento”.


Por su parte, el invocado Auto Supremo 035/2016-RRC de 21 de enero, aludiendo a la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, estableció que: “…Ante un eventual error en la subsunción de la conducta por el A quo si la sentencia aporta los elementos de prueba necesarios para que a partir de un nuevo análisis se pueda determinar que la conducta constituye delito dentro de la familia de los delitos que se analizan y que han sido acusados previa verificación de que para dictar nueva resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal Ad-quem, en aplicación del principio iura novit curia y observando la celeridad procesal, en aplicación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictará sentencia directamente”.


Finalmente en cuanto a la obligación del acusador de aportar la prueba idónea suficiente para generar convicción acerca de los elementos configurativos del tipo penal, la recurrente cita el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, cuya doctrina legal señala lo siguiente: A partir del cambio de sistema procesal, se implementa como principio rector del sistema de prueba vigente el principio de la libre valoración; por tanto no existe el sistema de prueba legal o tasada, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas.

En el sistema actual, a diferencia del sistema anterior, el Juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ni a las presunciones que ésta defina, de ahí que puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Ahora bien, el principio de libre valoración de la prueba no significa que el juez o Tribunal tengan una facultad sin limitaciones, con total irrevisabilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba significa que el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio "según las reglas de la sana crítica, es decir según las reglas de la lógica y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como según los principios generales de la experiencia", debiendo traducir ese razonamiento en el fallo de manera objetiva, situación que se expresa a través de los elementos que prueba que en su conjunto formulan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de tal o cual forma, sobre la base de la imputación objetiva.

Es obligación de quien acusa, cumplir con la carga de la prueba, demostrando plenamente la hipótesis acusatoria, tarea que puede requerir la demostración no sólo de cuestiones objetivas, sino también de elementos normativos y subjetivos descritos en el injusto típico, de ahí que ante la eventual inexistencia de uno de estos elementos, la conducta no puede subsumirse, dentro del tipo de injusto atribuido, en función del principio de legalidad penal y consecuente afectación a la seguridad jurídica de las personas, situaciones que devienen en defectos absolutos no susceptibles de convalidación, ya que afectan la esfera de las garantías constitucionales del individuo, estando además expresamente previstas como defectos de la sentencia en el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal.

Ante un eventual error en la subsunción de la conducta por el A quo si la sentencia aporta los elementos de prueba necesarios para que a partir de un nuevo análisis se pueda determinar que la conducta constituye delito dentro de la familia de los delitos que se analizan y que han sido acusados previa verificación de que para dictar nueva resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal Ad-quem, en aplicación del principio iura novit curia y observando la celeridad procesal, en aplicación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictará sentencia directamente”.

III.2. Análisis del caso concreto.


Con la finalidad de resolver la denuncia planteada, es preciso evidenciar si existió vulneración a sus derechos y garantías constitucionales por parte del Auto de Vista, con relación a que afirmó que puede existir la comisión de un delito sobre la base de prueba ilegal consistente en un inventario de bienes emitido por una Notaría de Fe Pública Nº 54, que era incompetente; al respecto, es preciso acudir al contenido del texto del Auto de Vista a efectos de verificar qué argumento empleó el Tribunal de alzada respecto a dicha denuncia y si éste fue sustentable y basado en un correcto control de logicidad sin afectar su derecho al debido proceso denunciado por la impetrante; de donde se tiene, que el Auto de Vista sí emitió una respuesta al respecto en la que sustentó que si bien es cierto que fue la Notaria de Fe Pública Nº 54 de la Capital, quien hizo el acta de entrega de los bienes muebles encontrados en el inmueble litigioso; sin embargo, también fue puntual en señalar que es permisible dicha actuación; toda vez, que dicha notaria es de primera clase y tiene atribuciones para dar fe sobre actos y hechos ocurridos en el Departamento de Santa Cruz; al respecto con la finalidad de sustentar dicha afirmación expresó que dicho entendimiento fue corroborado por el art. 37 del DS 2189 de 20 de noviembre de 2014, aplicable para el efecto, cuando dice que las atribuciones o facultades del Notario de la Capital podrán abarcar uno o más municipios, argumento que utilizó para sustentar que se observó que la actuación de la notario de fe pública Martha Gómez Vda. de Colosia, fue correcta y posterior a dicha argumentación, también fue preciso en señalar que la labor de la referida notaria de ningún modo afecta al fondo del asunto; ya que, en este caso la Sentencia absolutoria se basa en lo previsto por el art. 363 inc. 1) del CPP y porque no se pudo sustentar la posible en base al bagaje probatorio, la aplicación del art. 365 de la misma norma; al respecto en consecuencia, se advierte que el Tribunal de alzada no evidenció la incorrecta aplicación de los criterios de la valoración de la prueba empleados por el Tribunal de Sentencia al momento de realizar su fundamentación, debido a que al instante de verificar si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, analizó que su cometido fue correcto porque dicha fundamentación de la Sentencia verificó que contenía afirmaciones ciertas y coherentes, en sentido de que no existió elementos para sustentar una condena; aspecto que, fue verificado por el Tribunal de alzada señalando que la Sentencia hizo un análisis adecuado respecto a la valoración de la prueba; de la misma forma los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmaron que no se quebrantó las normas denunciadas de aplicadas incorrectamente haciendo ver que no existió una errónea aplicación de la ley adjetiva, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez de Sentencia; en consecuencia, al haber fundado su resolución bajo los lineamientos jurisprudenciales expresados en el punto III de la presente resolución, cumplió con su deber de control de legalidad de la Sentencia; en consecuencia, por los argumentos expresados en el presente fallo se pone en evidencia que el Auto de Vista realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados, debido a que realizó un correcto control de logicidad respecto a la valoración de la prueba realizada en la Sentencia; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado al no haberse evidenciado la vulneración del derecho al debido proceso; correspondiendo en consecuencia, declarar infundado el recurso de casación intentado; al haberse basado el mismo en las previsiones contenidas por los arts. 124 y 398 del CPP, al momento de resolver el recurso de apelación restringida interpuesto por el ahora recurrente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto Tatiana Vaca Canido.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos