TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 326/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo de 2018


Expediente                        Chuquisaca 28/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otra

Parte Imputada                Mario Camacho Choque

Delito                               Violación

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva        


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de agosto de 2017, cursante de fs. 427 a 430 vta., el representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 171/017 de 6 de junio de 2017, de fs. 397 a 401 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente a instancia de Feliciana Martínez Aguirre contra Mario Camacho Choque, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 10/2016 de 7 de octubre (fs. 197 a 205), el Tribunal de Sentencia de las Provincias Nor y Sud Cinti de Camargo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Mario Camacho Choque, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, disponiendo se expida mandamiento de libertad y se deje sin efecto toda otra medida cautelar de carácter real impuesta en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el representante del Ministerio Público (fs. 213 a 217), que previo memorial de subsanación (fs. 283 a 284), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 171/2017 de 6 de junio, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el recurso planteado, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 809/2017 de 20 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución,  conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La parte recurrente argumenta que en su recurso de apelación restringida, alegó errónea aplicación de la ley adjetiva penal en el proceso de valoración de la prueba, constituyendo el agravio de defectuosa valoración de la prueba. Indica que el Auto de Vista fundamentó en relación a los testimonios, que el Tribunal de Sentencia habría realizado valoración descriptiva de la prueba y luego la valoración intelectiva, además que habría ajustado su labor a las reglas de la sana crítica y lo propio en relación a la prueba documental; que según el recurrente, ratificaron las conjeturas manejadas por el Tribunal de Sentencia.


Indica que el testimonio de Feliciana Martínez Aguirre, es coherente con el Certificado del Médico Forense signado como prueba MP-6, porque de manera ilustrativa “refiere que tuvo relaciones sexuales de manera violenta” (sic); sin embargo, el Tribunal de apelación confirmó la Sentencia, según la parte recurrente, con el pretexto de que el apelante no hubiera explicado de qué manera la Sentencia hubiera realizado afirmaciones “imposible o contrarias a la ley” (sic), cuando en su recurso de apelación habría realizado una explicación precisa con relación al certificado médico y que existe coherencia con la declaración testimonial de la víctima. Posteriormente, hace alusión al dictamen pericial de Biología Forense que determina presencia de espermatozoides.


También observa respecto a la valoración de la prueba documental MP5, porque se habría indicado que no se aclaró sobre el uso de condón y que tampoco se aclaró si las lesiones genitales son normales o anormales después de tener una relación sexual, que según el recurrente resulta una valoración errónea por parte de los Jueces Técnicos, porque el certificado médico no requiere ninguna aclaración y que en su parte de conclusiones refiere “lesiones genitales recientes por un coito recientes” (sic). También hace alusión al voto disidente del “Juez Gareca” (sic).


Posteriormente, indica que como precedente contradictorio invocó en su recurso de apelación el Auto Supremo 91/2006 de 28 de marzo, que señalaría que la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia; además, que en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente, porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes; asimismo, hizo alusión al Auto Supremo 214/2007 de 28 de marzo, refiriendo que indica que los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas que las estiman o desestiman; debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento, además que para que la fundamentación de una sentencia sea válida, se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo; sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita disponer la anulación total de la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 809/2017-RA de 20 de octubre, cursante de fs. 439 a 441,  este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por por Julián Marca Pérez en representación del Ministerio Público, para el análisis de fondo del motivo edificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 10/2016 de 7 de octubre, el Tribunal de Sentencia de las Provincias Nor y Sud Cinti de Camargo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Mario Camacho Choque, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, disponiendo se expida mandamiento de libertad y se deje sin efecto toda otra medida cautelar de carácter real impuesta en su contra en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que el informe policial de fecha 21 de julio de 2015, da cuenta de un hecho de abuso sexual ocurrido en la comunidad de Tambillos, una vez constituido el personal policial de San Lucas, tomó contacto con el corregidor de dicha comunidad quien refirió haber recibido una llamada telefónica del profesor Juan Carlos, informándole del problema suscitado, por lo que se constituyó al domicilio de Feliciana Martínez Aguirre, quien refirió ser abusada sexualmente, por lo que llamó a la policía de San Lucas. La víctima por su parte habría referido que se encontraba durmiendo en su casa de Tambillos y que al escuchar tocar la puerta abrió el mismo, encontrando a Mario Camacho en su puerta, quien le pidió alojamiento, logrando pasar al cuarto de su hijo, donde le habría tomado a la fuerza diciéndole dormiremos, tomándole de los cabellos agarrándole de los brazos, botándole a la cama diciéndole déjate nomás pues comadre, donde habría pedido auxilio diciendo Milton el Mario me está violando, e inclusive le rompió el buzo, la víctima le indicó que le avisaría al corregidor. Por otro lado, se tendría el muestrario fotográfico del lugar, certificado forense cuyas conclusiones manifiesta lesiones genitales recientes por coito, no signos reciente de acto contra natura, por dictamen pericial de biología forense se determinó presencia de espermatozoides en la víctima, llegando por parte de la acusación a la conclusión de la participación del imputado.


El Tribunal de Sentencia Primero de Camargo del Distrito Judicial de Chuquisaca, una vez analizada las pruebas documentales, periciales y testificales, determinó como hecho probado que la víctima tuvo relaciones sexuales recientes con el acusado, acreditado por la declaración del acusado, dictamen pericial y certificado médico forense y que existen contradicciones entre la declaración de la víctima con el informe psicológico que se le hizo a la misma con la teoría manejada por el Ministerio Público. Asimismo, como hecho no probado fue plasmado que el acusado haya empleado la fuerza física, violencia o intimidación en el acceso carnal vaginal con Feliciana Martínez. Que de acuerdo a lo tramitado en base a la acusación fiscal contra Mario Camacho Choque, a quien se le atribuyó la comisión del delito de Violación previsto en el art. 308 del CP, que refiere: “Se sancionará con privación de libertad de quince a veinte años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante penetración del miembro viril o de cualquier parte del cuerpo o de objeto cualquiera, vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos y quien bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación aprovechando la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir”. De la norma producida, concluyó dicho Tribunal de Sentencia que la prueba producida en juicio oral en ningún momento acredita que el acusado haya acomodado su conducta a los elementos constitutivos del tipo penal descrito y que la víctima estuviera contemplada en algunas de las incapacidades descritos en el tipo penal mencionado, fundamentos por los cuales se declaró absuelto de culpa y pena a Mario Camacho Choque.

   

II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Julián Marca Pérez en representación del Ministerio Público interpuso recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes aspectos:


  1. Acusa errónea aplicación de la ley adjetiva penal por defectuosa e insuficiente valoración de la prueba (art. 173 del CPP) en lo que refiere a la aplicación adecuada y correcta de las reglas de la sana crítica.


Alega que los Jueces técnicos que emitieron la Sentencia 10/2016, al no valorar de manera adecuada la prueba presentada de manera individual y conjunta como ser la prueba testifical de cargo de la víctima, con el argumento que se considera una fe probatoria limitada contradictoria al informe psicológico y entrevista de la fase inicial de la investigación. Señala el recurrente, que cursa el certificado médico forense que concuerda con el testimonio de la víctima con la que se demostraría que hubo acceso carnal con la víctima contra su voluntad. Alega el recurrente, que el Tribunal de Sentencia aplicaron erróneamente las reglas de la sana crítica al no valorar de manera adecuada su declaración y que tampoco ha existido una valoración conjunta de la prueba pericial del examen forense y certificado médico y que acreditaría que existió una relación sexual de manera violenta y forzada. Con relación a la prueba documental MP5 referente al examen médico forense el Tribunal se contradijera al referir que otorga el valor probatorio al ser realizado por un profesional especializado; sin embargo, en la misma valoración no se habría aclarado sobre el uso del condón, como tampoco se habría aclarado si las lesiones genitales son normales o anormales después de tener una relación sexual, sustentando sus fundamentos en los Autos Supremos 91/2006 de 28 de marzo y 214/2007 de 28 de marzo.

  

  1. Denunció falta de fundamentación de la Sentencia art. 370 inc. 5) del CPP, considerando que la prueba aportada por el recurrente no fue valorada correctamente, señalando que en la fundamentación jurídica de la Sentencia se hizo una copia de tipos penales, doctrina y comentarios de enciclopedia, señalando que el Auto Supremo 234/2010 de 12 de diciembre refiere a la motivación como un elemento intelectual de contenido crítico la cual debe ser completa y debe referirse al hecho y al derecho valorando la prueba expresando conclusiones, por lo que consideró que la Sentencia recurrida carecía de estos aspectos incurriendo en defectos absolutos previstos en el art. 169 inc. 3) del CPP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público, en base a los siguientes argumentos:


  1. En cuanto al primer motivo el recurrente acusa errónea aplicación del art. 173 del CPP, en lo que refiere la aplicación correcta de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas de la declaración de Feliciana Martínez, certificado médico forense, así como la prueba MP-5 que da cuenta que la relación sexual que mantuvo el acusado con la víctima sin consentimiento arrojándola a la cama. Antes de ingresar al análisis, es pertinente para este Tribunal de alzada recordar, que la facultad de control que debe ejercer en cuanto a la valoración de la prueba, en ningún momento implica valorar nuevamente los hechos por el Tribunal de apelación, esa labor excede los márgenes del recurso y la competencia del Tribunal; empero, será necesario saber, si el razonamiento jurídico del Tribunal de juicio se ha adecuado a las reglas que impone en sistema de la sana crítica; es decir, el Tribunal de alzada debe examinar de qué manera han gravitado y que influencia han ejercido los medios de prueba a la hora de arribar a la decisión consignada en la Sentencia, si este resultado carece o no de razonabilidad en la aplicación de las reglas de la sana crítica; sin embargo, esa tarea será posible siempre que los insumos hayan sido debidamente proporcionado por el recurrente,  explicando de qué manera la violación alegada ha sido producida y cómo ha influido en la parte dispositiva de la resolución impugnada. En esa línea, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que en lo pertinente refiere: “alegar como motivo del recurso de apelación restringida la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano, inaplicadas o aplicadas erróneamente expresando las partes de la Sentencia en las que consta el agravio, de modo que los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se hallan obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito”.


En caso examinado, el recurrente no ha fundamentado cuál de las sub- reglas de la sana crítica han sido incumplidas por el Tribunal de juicio al momento de valorar la prueba, si la lógica, la ciencia o la experiencia, que deben estar debidamente cimentadas, que si bien arguye como defectuosa e insuficiente valoración las pruebas relativas a la testifical de la víctima, certificado médico forense y la codificada como MP-5; sin embargo, no explica ni fundamenta, de qué manera la Sentencia confutada hubiera realizado afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contraria a la experiencia común. Por otro lado, cuando se denuncia defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, es preciso determinar concretamente su concurrencia señalando qué derecho o qué garantía fundamental ha sido objeto de la vulneración, pues la sola mención de la norma referida, genera duda sobre la existencia del defecto, que en el caso presente tampoco se proporcionaron los insumos respecto a esta categoría de defecto absoluto.


En todo caso, es también importante referir que la Sentencia confutada, la existencia de relación sexual entre el acusado y la presunta víctima, pero lo extrañado por los suscribientes de la Sentencia han sido que la forma y actitud de la víctima en su declaración recibida en privado, riéndose en numerosas ocasiones, que nunca supo quién era el tal Miltón cuando grito supuestamente para pedir auxilio, que el buzo que tenía puesto el día del hecho, tampoco ha sido exhibido en audiencia sino solo una fotografía, tampoco se colectó ningún cabello del acusado a pesar que la presunta víctima le agarró fuerte de los cabellos, así también hacer notar la contradicción en lo que dice la denuncia, la entrevista informativa y lo señalado en audiencia de juicio con el informe psicológico que no ha sido aclarado por la testigo, la renuncia que hizo el Ministerio Público respecto a la deposición de tres testigos y finalmente la Sentencia (conclusiones) señala: “es pertinente señalar que no se aclaró, el tema del uso del condón ya que no se colectó el mismo ni lo mencionó en otro actuado, el acusador ni se menciona, la víctima tampoco lo menciona ni el acusado y de acuerdo al relato de la presunta víctima se entiende que solo hubo una relación sexual y no más de una y este condón solo es mencionado en el certificado médico forense y es pertinente indicar que a pesar que esto se tomaron muestras semiológicas a la víctima conforme lo señalado en el MP-5, tampoco se aclaró por ningún perito ni especialista alguno si este tipo de lesiones genitales son normales o anormales después de tener una relación sexual y este hecho no genera convicción respecto a que las lesiones hayan sido causadas por el acusado”. El fundamento transcrito, resulta lo esencial de la decisión adoptada por el Tribunal de grado, tampoco ha sido atacado por el recurrente, además de lo ya dicho en cuanto al incumplimiento de las sub reglas de la sana crítica omitida en el fundamento del impugnante, por cuya razón este primer motivo debe ser declarado improcedente.

  

  1. Respecto al segundo motivo, aduce falta de fundamentación en la Sentencia apelada como defecto señalado en el art. 370 inc. 5) del CPP. No obstante, el recurrente a pesar de acusar falta de fundamentación; empero, al mismo tiempo denuncia insuficiente fundamentación de la Sentencia, pues ambas formas de impugnación  son diferentes, el primero por una ausencia total de fundamentación en cambio el segundo significa que la fundamentación existe pero es incompleta; sin embargo, de ello cuando señala que no se hubieren valorado las pruebas; sino únicamente se dijo por el Tribunal “tiene todo el valor legal”, el apelante no indica cuales serían esas pruebas extrañadas y si estas resultan trascendentales para la decisión final que hagan rever la determinación del A quo, tampoco explica; cómo debió ser interpretada y aplicada la norma de los arts. 20 y 308 del CP acusada de violada, limitándose tan solo a argumentar que las mismas han sido únicamente transcritas en la Sentencia; en tal sentido, este segundo reclamo también deviene en ser declarado improcedente.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS  


El presente caso la recurrente Julián Marca Pérez, denunció que el Tribunal de alzada convalidó la errónea aplicación adjetiva de la ley, respecto a la defectuosa valoración probatoria de la declaración de la víctima, certificado médico forense y dictamen pericial de biología forense, resultando contrario al precedente invocado.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes, ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


En cuanto al único motivo de casación admitido, en el que la parte recurrente alega que, en su recurso de apelación restringida denunció la errónea aplicación de la ley adjetiva penal en el proceso de valoración de la prueba, constituyendo el agravio en defectuosa valoración de la prueba con relación al testimonio de Feliciana Aguirre, coherente esta con el Certificado Médico Forense además del dictamen pericial de Biología Forense, denunciando al respecto que el Auto de Vista se limitó a ratificar las conjeturas manejadas por el Tribunal de Sentencia, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 91/2006 de 28 de marzo, referido a la valoración probatoria y el deber del Tribunal de alzada al respecto; advirtiéndose que el mencionado precedente contradictorio, en la parte referida, es señalado en forma textual en su recurso, motivo de autos, el que también hace alusión al actuar que debe tener el Tribunal de apelación, observado por el recurrente en sentido de que habría fundamentado en sentido de que el Tribunal de Sentencia, realizó valoración descriptiva de la prueba y luego la valoración intelectiva y que además ajustó su labor a las reglas de la sana crítica, pese a que según el recurrente hubo valoración errónea por parte de los Jueces Técnicos. En ese sentido y a los fines de efectuar la labor de contraste corresponde desarrollar el referido precedente:


Así, el Auto Supremo 91/2006 de 28 de marzo, fue emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra EADP, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, teniéndose como antecedente la revaloración de los hechos y de elementos probatorios, siendo este el antecedente que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


"DOCTRINA LEGAL APLICABLE: que, la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico”.


Al respecto, a fines de realizar el contraste entre el precedente citado y el Auto de Vista impugnado, con relación al motivo traído en casación, el Tribunal de alzada expresó:


En cuanto al primer motivo el recurrente acusa errónea aplicación del art. 173 del CPP, en lo que refiere la aplicación correcta de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas de la declaración de Feliciana Martínez, certificado médico forense, así como la prueba MP-5 que da cuenta que la relación sexual que mantuvo el acusado con la víctima sin consentimiento arrojándola a la cama.


A tal efecto, el Tribunal de alzada refirió que antes de ingresar al análisis, es pertinente recordar, que la facultad de control que debe ejercer en cuanto a la valoración de la prueba, en ningún momento implica valorar nuevamente los hechos por el Tribunal de apelación, empero, será necesario saber, si el razonamiento jurídico del Tribunal de juicio se ha adecuado a las reglas que impone en sistema de la sana crítica; sin embargo, esa tarea será posible siempre que los insumos hayan sido debidamente proporcionados por el recurrente, explicando de qué manera la violación alegada ha sido producida y cómo ha influido en la parte dispositiva de la resolución impugnada. En esa línea, citó el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, referente a la “obligación del apelante a identificar las reglas violentadas de la sana crítica”.


Continua refiriendo el Tribunal de alzada que en el caso examinado, el recurrente no ha fundamentado cuál de las sub- reglas de la sana crítica han sido incumplidas por el Tribunal de juicio al momento de valorar la prueba, si la lógica, la ciencia o la experiencia, que si bien arguye como defectuosa e insuficiente valoración las pruebas relativas a la testifical de la víctima, certificado médico forense y la codificada como MP-5; sin embargo, no explica ni fundamenta. Por otro lado, cuando se denuncia defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, es preciso señalar qué derecho o qué garantía fundamental ha sido vulnerado, pues la sola mención, genera duda sobre la existencia del defecto, que en el caso presente tampoco se proporcionaron los insumos respecto al defecto absoluto.


Finalmente, concluye el Tribunal de alzada refiriendo que los fundamentos expresados en Sentencia por los cuales se absolvió al acusado que resultan lo esencial de la decisión adoptada por el Tribunal de grado, tampoco ha sido atacado por el recurrente, además de lo referido; en cuanto, al incumplimiento de las sub reglas de la sana crítica omitida en el fundamento del impugnante, por cuya razón este primer motivo debe ser declarado improcedente.


Sobre el particular, analizados los argumentos vertidos por el Tribunal de alzada respecto al agravio traído en casación, dan cuenta que el Auto de Vista impugnado se encuentra debidamente desarrollado y fundamentado, al referir de manera clara en el punto 1 del Considerando IV en la que le aclara al recurrente que la facultad de control no implica revalorizar hechos ni pruebas, pero que es evidente que el Tribunal de alzada debe verificar los razonamientos del a quo en su determinación, siempre y cuando el apelante le otorgue los insumos en el recurso, fundamentando precisamente qué reglas fueron vulneradas de la sana crítica; pese a ello, el Tribunal de alzada realiza el control de logicidad verificando los razonamientos plasmados en la Sentencia referente a la valoración de las pruebas producidas en juicio oral, al analizar transcribiendo parte de los fundamentos de la decisión del a quo, respecto a las dudas de los elementos probatorios, concluyendo que  “resulta lo esencial de la decisión adoptada por el Tribunal de agrado y que tampoco ha sido atacada por el recurrente”.


En consecuencia, no resulta evidente la denuncia del recurrente respecto a que el Tribunal de alzada no verificó la supuesta errónea valoración probatoria testifical, del certificado médico y dictamen pericial de biología forense, teniéndose en cuenta que el Tribunal de alzada está prohibido de revalorizar hechos y elementos probatorios, más por el contrario el apelante debió recurrir los razonamientos y fundamentos respecto a la valoración probatoria del a quo, y no reiterar sus apreciaciones referentes a los elementos de prueba. Por otra parte, el deber de fundamentar su recurso de apelación restringida otorgando los insumos necesarios es deber del apelante habida cuenta que el Tribunal de alzada se encuentra circunscrito al principio quantum apelatum tantum devolutum, plasmado en el art. 398 del CPP, por lo que fue, el propio recurrente que no permitió que el Tribunal de apelación identifique la supuesta falla o impericia del Tribunal de Sentencia en la valoración probatoria.  


De lo anteriormente expresado, no resulta evidente que el Tribunal de alzada no haya cumplido con el debido control de logicidad sobre los razonamientos del Tribunal de mérito respecto a la valoración de las pruebas cuestionadas por el recurrente.


Por los fundamentos expuestos precedentemente, al no haberse demostrado la contradicción alegada con los precedentes invocados corresponde a la Sala Penal  declarar infundado el recurso interpuesto; y en consecuencia, confirmar el Auto de Vista impugnado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Julián Marca Pérez en representación del Ministerio Público.


Regístrese, hágase saber y devuélvase. 


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos