TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 325/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo 2018


Expediente                        Chuquisaca 27/2017 

Parte Acusadora                Erlan Peña Sorioco y otra 

Parte Imputada                Florencio Valencia Mamani 

Delito                        : Despojo

Magistrado Relator        Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de agosto de 2017, cursante de fs. 219 a 221 vta., Inés Quentasi Alaca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 187/2017 de 31 de julio, de fs. 193 a 198, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal que siguen Erlan Peña Sorioco y Raquel Martha Poquiviqui Charupa contra la recurrente por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 27/2016 de 6 de octubre de 2016 (fs. 142 a 148), el Juez Segundo de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Inés Quentasi Alaca, autora de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, con costas y responsabilidad civil a favor de la parte querellante, siendo beneficiada con el Perdón Judicial.


b)         Contra la mencionada Sentencia, la imputada Inés Quentasi Alaca (fs.152 a 157 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 175 a 177 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 187/2017 de 31 de julio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedentes los motivos planteados en el recurso, manteniendo incólume la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de Explicación y Complementación, mediante Resolución 198/2017 de 8 de agosto (fs. 204 a 205 vta.).


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación interpuesto y del Auto Supremo 808/2017-RA de 20 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Efectuando un recuento de los antecedentes que consideró necesarios, señaló que plantea como único motivo de su recurso la vulneración al debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación; vulneración de los principios de legalidad y seguridad jurídica, a más de acusar defecto absoluto insubsanable según los arts. 115.I y II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los arts. 13, 124, 173, 169 inc. 3) y 398 del CPP. Al efecto, señala que el Auto de Supremo 52/2012 de 19 de marzo, estableció como precedente en relación a la motivación que debe ser expresa, clara y completa y fue complementado con el Auto Supremo 192/2016-RRC de 14 de marzo, que en relación a la labor de control de logicidad del Tribunal de alzada, ante la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia habría señalado como requisitos mínimos de una resolución motivada, ser expresa, clara, legítima, completa y lógica.


En el caso, a simple lectura del Auto de Vista, se nota que fue hecho con premura y ni siquiera revisó a detalle el recurso de apelación planteado, conforme manda el art. 398 del CPP; ya que, se aleja de los márgenes de completitud y legitimidad de la debida fundamentación y motivación de toda resolución jurisdiccional, lo cual implica una violación al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa.


Añade que tanto el Juez de instancia como el Tribunal de apelación, al emitir sus resoluciones se contraponen a la doctrina legal aplicable, señalada en el Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre el cual no fue admitido para análisis de fondo-, concretando como agravios de apelación:


  1. Defecto o vicios de la sentencia, en contravención a lo estipulado en el art. 370 inc. 6) del CPP, porque en Sentencia se efectuó una defectuosa valoración de la prueba que realizó el Juez de mérito, contrariando los parámetros que rigen la sana crítica, en el que a criterio del impugnante- el fundamento expresado en el recurso de apelación restringida, es detallado en cada inciso de manera clara, precisa y detallada en qué consistió la defectuosa valoración alejada de las reglas de la sana crítica, que fue oportunamente fundamentada sin que resulte necesario reiterarla; sin embargo, el Auto de Vista impugnado, se limitó a referir que los querellantes gozaban de posesión y tenencia del lote de terreno además de ejercer derecho real constituido al efecto, mencionando simple y llanamente que las conclusiones del Juez de Sentencia, tienen fundamento y sustento probatorio sin referir cuál y que no se consideró en absoluto el tiempo que ella estuvo en posesión, tampoco que ni siquiera se demostró dónde se encuentran los predios que reclama el querellante, las distintas personas que realizaron la transferencia, que el formulario de la Alcaldía solo implica fines impositivos. Igualmente, no se consideró que no existen planos aprobados; es decir, sobre qué se cometió el delito, forzándose la imposición de una pena sin realizar un razonamiento lógico en relación a que si no existe documento alguno que acredite la ubicación exacta del terreno objeto de la litis, no se puede concluir que sea el mismo terreno que tiene la recurrente. Si las personas vendedoras son distintas se colige que existe una duda razonable sobre cuál es el predio exacto objeto de Litis, cuando ni siquiera se llevó como testigo de cargo al garante de evicción para que dé mayores luces de la total anormalidad en la existencia de los papeles que acreditan efectivamente un derecho propietario pero no se sabe sobre qué predio.


Apunta que es evidente que siempre reconoció que no es necesario acreditar el derecho propietario a efectos de demandar el delito de Despojo, lo que fue mal interpretado por los Vocales cuando señalaron que su recurso versaría
también sobre dicho aspecto, si existen testigos que refieren que vive hace más de veinte años en el lugar que considera de su propiedad, sobre el que siempre realizó actos de posesión, no se puede restar valor a esas declaraciones de descargo, bajo el simple fundamento de que hubieran compartido un plato de comida o que fuera su cuñada o que hubiera trabajo para ella, porque ello es alejarse totalmente del marco legal más aun primando el principio constitucional de verdad material y no forzar una conducta a un tipo penal sin realizar una adecuada valoración en conjunto de todo el acervo probatorio; aspecto que, no fue debidamente fundamentado por los Vocales en todos los puntos del primer motivo de la apelación porque efectuaron una argumentación genérica en el acápite II, en el que señalaron de manera incongruente que las declaraciones son consecuentes con los fundamentos de la defensa en sentido de ser poseedora por más de veinte años de dicho predio, que siempre uso el suelo para sembrar, que los querellantes ingresaron de manera violenta y que no existen planos aprobados pero sin embargo, el Tribunal de apelación señala que el Juez de Sentencia, les resta valor por las razones expuestas en la valoración intelectiva, por lo que se pregunta si es labor intelectiva ir en contra del art. 173 del CPP y sendos precedentes contradictorios al respecto.


Añadió que el Tribunal de apelación, se limitó a realizar una generalización positiva de la sentencia confutada en el recurso de apelación restringida sin revisar toda la prueba; ya que, si bien es sabido que no pueden revalorizar prueba; empero, le está permitido realizar un análisis iter lógico y observar la correcta aplicación de las reglas del correcto entendimiento que es la sana crítica, ejercicio al que necesariamente se encuentran impelidos los Tribunales de segunda instancia por ello, no puede soslayarse que existe un defecto absoluto insubsanable, por lo que corresponde la realización de un nuevo juicio.


  1. En cuanto, al segundo motivo relativo a la denuncia de defecto o vicio de la sentencia contraviniendo lo estipulado por el art. 370 inc. 5) del CPP, porque no existe fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria, apunta que invoca nuevamente el art. 124 en relación al art. 169 inc. 3) del CPP, al haberse realizado una escueta fundamentación, identificando y describiendo el punto V, página 10 de la Sentencia 27/2016 con el epígrafe “Conclusiones”, sobre lo que el Tribunal de apelación refirió de manera totalmente errada que para la configuración de este tipo penal, es intrascendente la acreditación del derecho propietario respecto a la propiedad inmobiliaria. En todo caso, aclara que el Tribunal de alzada se alejó considerablemente de la obligación señalada por el art. 398 del CPP; es decir, pronunciarse sobre los puntos puestos en cuestionamiento; ya que, jamás se puso en cuestión si tenían derecho propietario porque conoce muy bien los alcances del delito de Despojo, en todo caso, es la falta de motivación y fundamentación lo que extraña.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita anular el Auto de Vista impugnado y ordenar reenvío de juicio.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 808/2017-RA de 20 de octubre, cursante de fs. 233 a 236, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por  Inés Quentasi Alaca, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se tiene lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 27/2016 de 6 de octubre de 2016, el Juez Segundo de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Inés Quentasi Alaca, autora de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, con costas y responsabilidad civil a favor de la parte querellante, siendo beneficiada con el Perdón Judicial.


En el acápite V del fallo referido, el A quo llegó a las siguientes conclusiones: 1) Que, Erlan Peña Sorioco y Raquel Marta Poquiviqui Charupa, por documento de 17 de octubre, adquirieron el lote de terreno ubicado en el Ex fundo “Tucsupaya Alta” con denominación “E-1” con una superficie de 217,39 metros, registrado bajo la Matrícula Nº 1.01.99.0066590, del asiento 2 sobre su titularidad de 22 de octubre del 2013, habiendo cancelado los impuestos de la gestión 2012, situación fáctica, establecida con base a las pruebas PC 3, 4 y 6; 2) Que, el 2009 en el terreno de los señores Erlan Peña Sorioco y Marta Poquiviqui Charupa, no existía ninguna superficie construida, por lo que la teoría de la defensa en sentido de que Inés tenía su domicilio en el lugar, carecería de credibilidad, hecho establecido con base a la prueba PC-7; 3) Que el 8 de mayo del 2010, se procedió a la entrega de documentos y de lotes de la urbanización Arco Iris “los Olivos” y que entre los que recibieron los documentos y lotes, se encuentran Erlan Peña Sorioco y Raquel Marta Poquiviqui Charupa, como muestra de dicha posesión habían realizado la challa de los terrenos, situación que fue determinada con base a la prueba PC 8; 4) Que, el 27 de diciembre del 2012, los querellantes ejercieron actos de posesión sobre el terreno, cultivando maíz, amurallando el lote a finales del 2009 e inicios del 2010, por lo que a decir del A quo, tomando en cuenta la sana crítica, se tendría que la construcción de un muro perimetral sobre 200 m2, tarda mínimamente un mes con el cavado de la zanja, cimiento y demás, por lo que no podría ser evidente que la querellada estuvo en posesión del lote de terreno, porque de haber sido así, en su oportunidad hubiera hecho detener la construcción y pudo tomar las acciones legales que correspondía, por lo que concluye, que la posesión de los querellantes no tuvo carácter eventual, conclusión a la que arribó el de mérito con base a los testimonios de Lino Mendosa Ibarra y Remberto Huerta Layme, quienes serían vecinos colindantes al lote de terreno motivo del litigio; 5) Que, el 27 de diciembre de 2012, Inés Quentasi Alaca a través de amedrentamiento habría restringido el acceso a Erlan Peña Sorioco y que el lote de terreno sobre el cual los querellantes ejercieron posesión, fue amurallado con ladrillo, sobreponiéndose al muro de los querellantes, quitándoles el paso de acceso a su lote de terreno, situación que fue determinada con las declaraciones de Lino Mendosa Ibarra, Remberto Huerte Layma, Dionicio Chumaceri Lázaro; 6) Como conclusión final y de la valoración armónica de toda la prueba introducida al juicio, el Juez de mérito señaló que, se infiere que el 27 de diciembre del 2012, Erlan Peña Sorioco y Raquel Marta Poquiviqui Charupa, fueron despojados de su terreno en los ejercían una posesión.


II.2.  Del recurso de apelación restringida interpuesto por la imputada.


  1. Haciendo una breve síntesis de las circunstancias motivo del proceso, refiere que la prueba de descargo fue defectuosamente valorada, por lo que la Sentencia incurriría en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, además de violar lo dispuesto por los arts. 124, 173 y 363 inc. 3) del CPP y el 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); tampoco existiría una valoración conjunta y armónica de la prueba, al efecto refiriendo el entendimiento asumido por los Autos Supremos 73 de 10 de febrero del 2004, 256 de 17 de noviembre de 2008, 192/2013 y 014/2013 RRC, 183/2007 y 152/2013-RRC todos sin fecha- alega que el no darle credibilidad a algunos medios de prueba, debe ser basado en criterio razonable que lleve al justiciable entender del porqué determinada resolución; continua señalando que de los argumentos que pasará a exponer, se podrá evidenciar la vulneración de la sana crítica por parte del Juez de mérito: a) Que el A quo con base a la prueba PC 3, consistente en testimonio, da por acreditado el derecho propietario, refiriendo que se trata de un mismo lote de terreno, sin explicar sobre qué base hace la última afirmación, tomando en cuenta que el mismo A quo con base a la prueba PC 5, refiere que el plano de línea municipal no se encuentra aprobado; tampoco habría tomado en cuenta que las pruebas PC-6 y 8, no demuestran la ubicación del lote de terreno, éstas que relacionadas con las declaraciones de los testigos de cargo y descargo, evidenciarían que no existen planos aprobados de los predios puestos en cuestión tanto por la parte demandante y demandada; tampoco consideraría el de mérito, que el lote de terreno de la demandante fue adquirido de Ignacio Duran Paniagua y Andrea Daza de Duran, en cambio la parte querellante lo adquiriría de Eloy Hugo Dávalos Vargas, por intermedio de su apoderado Víctor Hugo Silvestre Dávalos Plans; es decir, que los vendedores de los terrenos serían personas diferentes y lo cual se encontraría acreditado con las documentales PC 3, 4, PDC 1 y 5; aspectos que, el de mérito no hubiera valorado debidamente y que tampoco consideró que su persona siempre realizó actos de posesión, sembrando diferentes productos para la canasta familiar; aspectos que, hubieran sido acreditados con los testimonios de Concepción Alca Vda. de Chamoso, Justo Duran Amario y Dionicio Chumacero Lázaro, las cuales en criterio del juzgador sería la primera- interesada al ser cuñada de la imputada, el segundo, porque alguna vez hubiera cuidado el predio y el tercero porque compartiría comida con la acusada; sin embargo, todas hubieran sido consideradas por el propio juzgador, consecuentes. Por lo que, en su criterio la valoración realizada por el A quo, respecto a la prueba testifical sería contradictoria pues una prueba es creíble o no; empero, no podrían ser creíbles y al mismo tiempo no ser tomadas en cuenta; b) Que, las pruebas PC- 3 y 4, acreditarían el derecho propietario, más no la ubicación del predio; c) Que, la prueba PC-6, demostraría el pago de un derecho impositivo, más no la ubicación del predio; aspecto que, podría variar en un trámite de aprobación o loteamiento; asimismo, refiere que por lógica el código catastral es provisional ante la falta de planos aprobados, siendo el código de manzano, genérico; aspectos que, a decir del recurrente deben ser de conocimiento del juzgador por experiencia y los cuales; sin embargo, no habían sido considerados para aplicar lo favorable a la apelante; d) En cuanto a la prueba PC 7; refiere que, el de mérito hubiera señalado que la misma prueba los hechos acusados, cuando en dicha prueba de manera textual se expresaría que la ficha de inspección no otorga ningún derecho propietario al solicitante, así como tampoco referiría la existencia de superficie construida en la gestión 2009; aspecto que, hubiera sido mencionado por el A quo de manera ultra petita y que además no fue probado con la referida documental, más cuando a decir del recurrente él tendría posesión sobre 1000 mts2 y que los querellantes adujeron tener un supuesto derecho sobrepuesto al suyo en la superficie de 217,39 mts2; e) Que, la prueba PC-8 también a decir del Juez, acreditaría los hechos, cuando el mismo se trataría de una simple acta de entrega notarial, que podría ser realizada por cualquier notario a solicitud de cualquier parte y al contrario la prueba PDC- 2 sin la fundamentación y motivación debida, habría sido considerada inútil para esclarecer los hechos, cuando el mismo demostraría que la nómina de 1997, acredita que su difunto esposo, el referido año ya era afiliado al barrio San Luis, mismo que a decir del querellante se denominaría barrio Arco Iris Los Olivos, denominación que surgiría de la imaginación de los querellantes y que no se encontraría acreditado con documento; f) Refiere que en la fundamentación de la prueba PDC 4, el A quo habría hecho referencia a un documento inexistente consistente en formulario de línea municipal de dotación de lotes, documento que no existiría; g) Con falta de fundamentación y motivación, vulnerando la sana crítica en sus vertientes de la experiencia y lógica, había referido que la prueba  PDC-5, no es útil para el esclarecimiento de los hechos, cuando con similares documentos que fueron codificados como PC-3 y 4, había dado por acreditado el derecho propietario de la parte querellante. h) En cuanto, a la prueba PDC-6, el de mérito habría realizado una interpretación en sentido contrario a lo establecido por el art. 173 del CPP, considerando la misma como no útil; toda vez, que no se estaría debatiendo la posesión o no de Eloy Hugo Dávalos; sin considerar que lo que se debate es justamente el derecho posesorio, relacionado al derecho propietario de ambos sujetos procesales. i) Que el A quo, de una u otra forma sin fundamentar debidamente, le hubiera restado total valor a toda la prueba documental de descargo, sin considerar la verdadera interpretación con base a la experiencia y lógica; al respecto en cuanto a la prueba testifical de cargo, el de mérito le había dado pleno valor a las declaraciones de Lino Mendoza y Remberto Huerta Layme, sin considerar que ambos son policías, camaradas y vecinos y por lógica amigos del querellante, además que los mismos no viven en la zona o barrio, donde se encuentra el predio motivo la Litis, el A quo no había tomado en cuenta que el testigo Lino Mendoza refirió que la imputada hace actos de posesión como sembrar; aspecto que, sería coincidente con la declaración de los testigos de descargo, así como la declaración de Dionicio Chumacero Lozano, testimonio del cual el Juez de Sentencia daría credibilidad solamente a aspectos que le sirvieron para fundamentar la Sentencia, sin tomar en cuenta hechos que le favorecen a la imputada. Bajo dichos argumentos, la apelante acusó la vulneración de lo dispuesto por los arts. 173 y 124 del CPP, pues el término sana crítica del juzgador no implicaría libre albedrío del juzgador, siendo evidente la existencia de defectuosa valoración de la prueba, al darse cierta credibilidad a la prueba de descargo; empero, desechando las mismas por supuestas amistades, parentesco y platos de comida, apartándose el Juez de la lógica y experiencia, incurriendo en actividad procesal defectuosa conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.


Continúa señalando que en relación a las conclusiones a las que arribó el Juez de mérito, en el primero se había dado por acreditado el derecho propietario y pago impositivo; empero, no se tendría claro bajo el principio de la lógica, sobre que predio y cual la ubicación del predio acreditado; también se daría por acreditada que el terreno de los querellantes no tendría construcción alguna, lo cual tendría base en la ficha de inspección técnica; sin embargo, dicha afirmación sería falsa; toda vez, que la referida prueba no señala ese extremo y que la construcción de 217, 37 Mts2, estaría dentro de los 1000 Mts2, que sería de propiedad de la querellada. De forma ilógica se había sentado como hecho cierto, la posesión, con base a una simple challa realizada ante un notario, que el de mérito no había tomado en cuenta, que la parte querellante aprovecho que se encontraba en Argentina para realizar una construcción; aspecto que, sería corroborado con las atestaciones de descargo y que no hubieran sido considerados por el de mérito en desmedro de su persona; tampoco había considerado el A quo, que los testigos refirieron que la construcción que hizo, fue un muro hacia la calle y que el mismo no obstaculiza el ingresó al predio de la querellante: Bajo dichos argumentos señala que el Juez de Sentencia no realizó una valoración armónica de toda la prueba, tomando en cuenta solo algunos aspectos de la prueba de cargo y descargo, desechando sin fundamento alguno toda la prueba de descargo para sustentar forzadamente una sentencia que no cuenta con una valoración armónica de la prueba. Motivo en el que la apelante invocó como precedentes los Autos Supremos 304/2012-RRC de 23 de noviembre, 135/2013-RRC de 20 de mayo y 354/2008 de 7 de noviembre.


  1. Acusa que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, por contener fundamentación insuficiente; toda vez, que el de mérito hubiera violado y vulnerado los arts. 124 con relación al 169 inc. 3) ambos del CPP, pues hubiera hecho referencia escueta a los fundamentos para no otorgar valor a determinada prueba y si a otras, los cuales no serían sostenibles ni darían a entender a su persona, la correcta fundamentación y motivación. Lo mismo ocurriría en el acápite V de la Sentencia apelada, en la que no se mencionaría toda la prueba a la que refiere dar credibilidad, llegando al extremo de referir la participación del Ministerio Público, cuando dicha entidad no fue parte del proceso. Por otra parte, en la fundamentación jurídica en el punto VI, se habría hecho mención a algunos aspectos de los elementos de prueba, señalando que se despojó a los querellantes de su pacífica y continua posesión del lote, sin referirse a cabalidad a todos los elementos constitutivos del tipo penal, ingresando nuevamente en falta de fundamentación jurídica, reconociendo inclusive que la imputada se encuentra en posesión de la propiedad de 1000 Mts2 legalmente adquiridos, sin fundamentar cual es la conducta que se adecua al tipo penal acusado; de la misma manera no se había fundamentado la imposición del quantum de la pena, refiriendo que su persona jamás tuvo un grado de instrucción; sin embargo, hubiera actuado dolosamente conociendo el hecho; aspecto que considera incongruente y vulneratorio del debido proceso en su vertiente de la motivación, al no haberse tomado en cuenta los arts. 37, 38 y 39 del CPP, incurriendo en el defecto, previsto por el art. 169 inc. 3) de la norma adjetiva penal; bajo dichos argumentos, solicitó se anule la Sentencia y ordene la reposición del juicio con base a las normas adjetivas procesales mencionadas y Autos Supremos señalados, así como la Sentencia Constitucional 684/2014, bajo el principio pro-homine, in dubio pro reo, favor debilis y art. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica.


II.3.        Del plazo otorgado en aplicación de lo previsto por el art. 398 del CPP y el memorial de subsanación.


Por providencia de 20 de febrero del 2017, el Tribunal de apelación observó el recurso interpuesto por la acusada, señalando que:


  “a) Con relación al segundo motivo del recurso, no especifica i fundamenta qué reglas de la sana crítica hubiera infringido el A-quo, por qué ni en qué parte de la Resolución se evidenciare aquello; toda vez, que acusa defectuosa valoración probatoria, requisitos inexcusables establecidos por la jurisprudencia para abrir la atribución de control de legalidad de la valoración probatoria.


  1. También con relación al segundo motivo, si bien señala las normas que considera hubieran sido erróneamente aplicadas o interpretadas, no explica la aplicación que pretende de cada una de ellas, no siendo lo mismo la forma de Resolución que pretende del Tribunal de Alzada.” (sic); bajo dichos argumentos, le otorgó el plazo previsto por el art. 399 del CPP, para que subsane las observaciones realizadas.


Por memorial presentado el 24 de febrero del 2017 (175 a 177 vta.), argumentó:


Que con relación a las observaciones realizadas a su recurso de apelación restringida, refiere que toda sentencia debe contener según el art. 124 del CPP y 115.II de la CPE, una interpretación intelectiva, debiendo estar las pruebas relacionadas al tipo penal a efecto de una correcta subsunción de la conducta; que en el caso de autos existiría vulneración del art. 173 de la norma adjetiva penal, en sus vertientes de experiencia y lógica, lo cual se tendría de lo alegado por el Juez de mérito en el acápite V del fallo impugnado, en cuya segunda conclusión se daría por acreditado que en el terreno de los querellantes no existía superficie construida, desacreditando lo manifestado por la imputada en sentido de que ella tendría su domicilio en el referido lugar; lo cual no sería cierto según la apelante, pues ella no había referido tener en el lugar su domicilio sino que en el mismo se dedicaría a sembrar, también el A quo había referido que lo acreditado tendría sustento en la prueba PC 7, cuando dicho documento consistente en una ficha de inspección no referiría ese extremo y tampoco la existencia de sembradíos, ésta última que no puede ser señalada en un documento de dicha naturaleza, lo cual vulneraría la sana crítica al existir por la sesgada valoración de la prueba, falta de motivación razonada e intelectiva. En la tercera conclusión, se habría establecido que los querellantes adquirieron su predio el 8 de mayo del 2010 y como muestra de ello hubiesen realizado challa de los terrenos, sustentando esa conclusión en la prueba PC 8; lo cual también carecería de motivación, pues no se hubiese demostrado la posesión física con actos de desplazamiento sobre el predio y no una posesión civil, tampoco se conocería la existencia de la Urbanización Arco Iris “Los Olivos” con una certificación de la Alcaldía, por lo que el referido hecho sería subjetivo y vulneratorio de la lógica. En la Conclusión cuarta, se habría establecido que los querellantes ejercieron actos de posesión, cultivando en el predio maíz y amurallando el mismo fines de la gestión 2009 e inicios del 2010, así como el hecho de que la construcción de un muro de 200 m2, tardaría mínimamente un mes con el cavado de zanja, por lo que no podría ser evidente que la acusada estuviera en posesión del lote de terreno, pues de ser así hubiera hecho detener la construcción y tomar las acciones legales que le correspondía; aspecto que, según el de mérito se hubiera probado con la declaración de Lino Mendoza y René Huerta; sin embargo, a decir de la apelante- ningún testigo menciónó el tiempo de tardanza en la construcción de un muro y cavado de zanja, por lo que dicha conclusión sería subjetiva, pero además de la revisión de la declaración del testigo referido se tendría que el mismo señaló que el amurallado fue realizado fines del 2011 y principios del 2012, por lo que la conclusión asumida por el de mérito vulnera la sana crítica en sus vertientes de la lógica y experiencia, al basarse en aspectos que no fueron demostrados objetivamente, además de contener una falta de motivación y errónea o defectuosa valoración de la prueba, basándose en conclusiones y hechos no demostrados. Bajo dichos argumentos sostiene que la aplicación que pretende conforme lo previstos por los arts. 124 del CPP, 115, 116 y 117; y, 180 de la CPE, es que la sentencia se base en pruebas que sean el sostén de la conclusión final, la cual debe ser concordante con la prueba aportada, sin basarse en simples inferencias y deducciones o aspectos no demostrados; en síntesis su pretensión sería una correcta motivación sobre todo el acervo probatorio y no sobre algunos elementos de prueba, tomando en cuenta como precedentes los Autos Supremos 515/2006 de 16 de noviembre, 742/2014 de 17 de diciembre, 014/2013-RRC de 6 de febrero y 214/2007 de 28 de marzo.


En cuanto al segundo motivo de apelación restringida, por el cual hubiera acusado la falta de fundamentación jurídica e imposición del quantum de la pena expresada en el acápite VI de la Sentencia y VII respecto a la personalidad de la imputada; alega que el Juez de Sentencia omitió realizar la fundamentación jurídica, teleológica de normas concernientes a la fundamentación jurídica y la imposición de la pena, por lo que en este aspecto también se habría vulnerado el art. 124 del CPP, relacionado con el debido proceso en su vertiente de fundamentación según lo previsto por los arts. 115, 116, 117 y 119 de la CPE, al haberse omitido realizar la subsunción de sus actos a los elementos constitutivos del tipo penal de Despojo; puesto que, en el caso de autos no se juzgaría la posesión civil sino la física, bajo dicho entendimiento la Sentencia no contendría una debida fundamentación y motivación del conjunto de elementos de prueba, lo mismo ocurriría en cuanto a la imposición de la pena en la que luego de afirmar que la acusada no tiene grado de instrucción, señalaría que actuó con pleno conocimiento de las acciones realizadas y sus consecuencias jurídicas, asumiendo un riesgo no permitido y penalmente relevante, con premeditación y alevosía. Aspectos que, no hubieran sido demostrados y tampoco mencionados en la querella ni conclusiones asumidas en la Sentencia, por lo que la pena tendría como base argumentos incongruentes; asimismo, solo se habría hecho mención de los arts. 37, 38 y 40 del CP sin desglosar los mismos a fin de realizar una correcta fundamentación jurídica de la pena, por lo que concluye señalando que su pretensión es la correcta aplicación de los arts. 124 del CPP y 37, 38, 39 y 40 del CP, con base a lineamientos lógicos, congruentes y debidamente fundamentados por el juzgador.


II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


El recurso de apelación restringida, fue resuelto por Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declarándolo improcedente, bajo los siguientes argumentos:


  1. En el punto 1 del cuarto considerando de la resolución impugnada, el Tribunal de apelación inicia el análisis del recurso de apelación refiriéndose al tipo penal de Despojo, previsto por el art. 351 del CP, alegando que el mismo protege el bien jurídico de la propiedad, el sujeto pasivo y activo puede ser cualquier persona, el verbo rector del tipo es despojar ya sea de la posesión o tenencia de un inmueble, el elemento subjetivo sería doloso y el elemento objetivo, tendría varias formas, como ser uso de la violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio; al respecto transcribió parcialmente el Auto Supremo 254 de 22 de julio del 2005, señalando que para la configuración del tipo penal analizado no es trascendente la acreditación o no del derecho propietario, sino simplemente acreditar la posesión o tenencia del bien.


Respecto al supuesto agravio de defectuosa valoración de la prueba, en el punto II del referido considerando del Auto de Vista impugnado, señala que del examen y revisión de los argumentos expuestos en apelación, contrastados éstos con los fundamentos expuestos en Sentencia, evidenciaría que el proceso de valoración probatoria, responde a las exigencias normativas y jurisprudenciales, pues el fallo de mérito, contendría valoración descriptiva e intelectiva, asignando valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba del desfile probatorio y su trascendencia, habiéndose explicado a decir del Ad quem, de forma clara y suficiente del porqué se le asignó o restó valor probatorio a cada elemento probatorio que es cuestionado en apelación, explicando de acuerdo a la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, que los querellantes gozaban de la posesión y tenencia del lote de terreno, además de ejercer derecho real constituido al efecto.


En cuanto al segundo aspecto reclamado en el mismo agravio, refiere que; las conclusiones del A quo tienen fundamento y sustento probatorio, pues se habría explicado de forma clara cada conclusión de referencia y la prueba que la sustenta, sin que se haya enervado la teoría de la acusadora con la prueba producida por la defensa, sin que en dichas conclusiones exista contradicciones; en cuanto, a las declaraciones testificales, si bien el A quo referiría que las mismas son consecuentes con los fundamentos de la defensa, les restaría valor por las razones expuestas en la valoración intelectiva de tal elemento probatorio, por lo que dichas conclusiones serían irrefutables al tener sustento en la valoración conjunta y armónica de toda la prueba con arreglo a las reglas del recto entendimiento humano, por lo que en control de legalidad y logicidad y teniendo presente que el Tribunal de alzada no tendría competencia para valorar o revalorar prueba, no advertiría defectuosa valoración de la prueba, como denunció la acusada.


  1. En cuanto al segundo agravio planteado en apelación, refiere el Tribunal de apelación que los cuestionamientos expuestos son yuxtapuestos al primer agravio planteado y que además ya fueron analizados y respondidos con los argumentos expuestos a tiempo de resolver la primera circunstancia alegada, explicando de forma clara las exigencias de tipo normativo y jurisprudencial al proceso de valoración de la prueba, que se concluye hubieran sido cumplidos cabalmente en el fallo de mérito. Por otro lado, en cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal que extrañaría la apelante, afirmando que solo se hubiesen tomado en cuenta algunos elementos sin especificar todos los que constituyen el tipo penal, también se hubiera pronunciado el Tribunal de apelación en el acápite primero del Auto de Vista impugnado, por lo que se ratificó en ello señalando que para la configuración del tipo penal de Despojo es intrascendente la acreditación o no del derecho propietario respecto al inmueble, bastando acreditar la posesión o tenencia del mismo, sin que se pueda exigir de la misma manera todos los elementos establecidos por el art. 351 del CP, siendo suficiente que la conducta del imputado se subsuma en uno de los elementos de posesión o tenencia del inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, por lo que la Sentencia se encontraría acorde con las reglas del recto entendimiento humano, toda vez que la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, no siendo acogibles las reclamaciones de la apelante.


En cuanto al reclamo sobre la determinación judicial de la pena, la norma sustantiva exigiría al juzgador tomar en cuenta las previsiones contenidas en los arts. 37 al 40 del CP; es decir, el mínimo y máximo de la pena prevista en abstracto, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito; exigencias que hubieran sido consideradas por el A quo; toda vez, que la pena impuesta estaría dentro de los límites legales establecidos para el delito acusado; y a cuyo fin, el A quo hubiera considerado las circunstancias de hecho y su gravedad, sin que el haber considerado a la acusada, carente de instrucción y que su accionar era doloso, implique incongruencia. Por lo que, concluye señalando que no son evidentes los reclamos realizados por la acusada.


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE CONTRADICCIÓN


Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 808/2017-RA de 20 de octubre (fs. 233 a 236), que admitió por precedente el recurso que es caso de autos; por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.


III.1. Sobre el control de la errónea apreciación de la prueba.


Quiroz & Lecoña en su obra Constitución Política del Estado, sexta edición, pág. 161; señalan: “El debido proceso tiene a su vez, dos expresiones una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades establecidas, tales como las que establecen el Juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su fase sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son: la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.” (las negrillas son nuestras).


Nuestra Constitución Política del Estado en el Título IV de la primera parte, entre sus garantías jurisdiccionales, reconoce expresamente en el art. 115.II el debido proceso; de la misma manera en el art. 180.I del título III de la segunda parte de la norma suprema referida, el debido proceso está expresamente reconocido como principio procesal. A la vez el mencionado artículo, también reconoce como principio adjetivo, la publicidad; este último, vinculado con lo dispuesto por los arts. 124 y 173 del CPP, que imponen a quienes ejercen jurisdicción en nombre del Estado, expresar los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, actividad que debe realizar con aplicación de las reglas de la sana crítica.


Dicha valoración de la prueba, constituye requisito de validez de la sentencia conforme lo previsto por el inc. 3) del art. 360 de la norma adjetiva penal,  que dispone, “El voto de los miembros del tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se fundan; (…)”; dentro de la exposición de motivos de hecho, se encuentra la fundamentación fáctica hechos probados- que debe ser establecida con base a un correcto análisis de la prueba descriptiva e intelectiva-, en observancia de lo previsto por los arts. 124 y 173 de la Ley 1970, como ya se refirió anticipadamente.


Al respecto, de manera recurrente las partes que hacen uso de su derecho impugnativo, alegan la inobservancia o errónea aplicación del precepto contenido en el art. 173 del CPP, en cuanto al proceso intelectivo ejercido por el A quo a tiempo de apreciar cada elemento de prueba o de valorarla de manera conjunta. Debemos tener presente que según la amplia jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, el respeto del principio de inmediación, no es óbice para que el Tribunal de alzada ejerza control de logicidad sobre la valoración intelectiva de la prueba y de acierto de los hechos históricos establecidos en el fallo de mérito; cuyo justificativo se halla en evitar la confirmación de fallos inmotivados o arbitrarios. Empero, dicho trabajo, pese a la reiterada jurisprudencia emitida, se vuelve casi imposible debido al peligro que existe de caer en una posible revaloración de la prueba y revisión de cuestiones de hecho, por ello estableceremos algunos posibles errores que son verificables objetivamente por el Tribunal de apelación, evitando incurrir en las faltas expresadas a tiempo de ejercer el referido examen.


Siguiendo al escritor Orlando Rodríguez en su obra “Casación y Revisión Penal”, en cuanto al error de hecho, identifica tres modalidades: “falso juicio de existencia, porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso o porque la supone existente sin estarlo; falso juicio de identidad, cuando no obstante considerarla legal y oportunamente allegada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndola producir efectos que objetivamente no se establecen de ella; falso juicio de raciocinio, cuando el juzgador de instancia, sin cometer ninguno de los anteriores errores, y existiendo la prueba la aprecia en su exacta dimensión fáctica, pero al asignarle su mérito persuasivo viola los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria.” (las negrilla y subrayado son nuestros).


El primer error aludido por el Orlando Rodríguez, convierte la fundamentación de la Sentencia, en ilegítima; el segundo, de acuerdo a la estructura que debe contener una sentencia, podría ser cometido en la fundamentación probatoria descriptiva, fase en la que el Juez o Tribunal de sentencia, tiene la obligación de describir el contenido sustancial de cada prueba, lo cual sirve para que el de alzada pueda ejercer control de logicidad sobre las inferencias obtenidas por el A quo basado en la prueba descrita; también, este error podría ser cometido a tiempo de apreciarse la prueba que pudiera estar correctamente descrita. En nuestro análisis y conforme la problemática planteada por la recurrente de casación, corresponde centrar nuestro estudio en el tercer error de hecho identificado como “falso juicio de raciocino”, el cual es cometido a momento de apreciar intelectivamente la prueba, por violación o inobservancias de las reglas de la sana crítica.

Es oportuno señalar, que si bien nuestro sistema procesal penal, establece como método de valoración de la prueba, la sana crítica también llamado de “persuasión racional o libre convicción”, el mismo no enuncia de manera taxativa cuáles son esas reglas; empero, en el presente caso nos referiremos a la lógica y la psicología, como componentes de nuestro sistema de valoración probatoria.


A decir de Fernando de la Rúa, en su obra “La Casación Penal”, la lógica se encuentra fundada en la certeza y el juez debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento, que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos, en cuanto a las leyes del pensamiento refiere “son leyes a priori que, independientemente de la experiencia, se presentan a nuestro raciocinio como necesarias, evidentes e indiscutibles cuando analizamos nuestros propios pensamientos”; de lo señalado, podemos concluir que un razonamiento lógico, para ser válido debe ser objetivamente verdadero; a cuyo fin éste juicio, se funda en los principios de: i) Identidad; ii) Contradicción; iii) Tercer excluido; y, iv) Razón suficiente.


Cuando nos referimos a un razonamiento objetivamente verdadero, significa que la conclusión que obtiene el de mérito con base a la apreciación de la prueba, debe ser verificable, de lo contrario entraríamos al campo del sistema de la valoración de “íntima convicción”, sistema en el cual el juzgador no estaba obligado a hacer pública las razones de su decisión, por lo que el iter lógico seguido era incuestionable. En nuestro sistema adjetivo penal, con la previsión contenida en el art. 173 del CPP, la autoridad judicial se halla obligada a justificar y fundamentar las razones por las cuales otorga determinado valor a la prueba, lo cual se conoce como fundamentación probatoria, la misma que debe ser descriptiva e intelectiva; esa fundamentación descriptiva servirá para que el Tribunal de apelación, ante la denuncia de falso juicio de identidad, pueda controlar si la conclusión obtenida por el de mérito, tiene sustento en lo que informa el contenido de una determinada prueba documental; en este trabajo, la función del Ad quem, se resume en verificar si evidentemente una prueba contiene o informa lo establecido por el A quo, descartando que el de mérito en la apreciación intelectiva de la prueba descrita, haya distorsionado el contenido de la prueba, cercenado en su esencia o adicionado algún aspecto que objetivamente no se establece de la misma. A fin de no exponer cuestiones que no serán sustento de la presente resolución, no haremos mayor análisis en cuanto a los demás principios de la lógica y los posibles errores a tiempo de aplicar las mismas.


En cuanto a la psicología, el mismo autor, nos enseña “…considerada como ciencia empírica del pensamiento, el juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas. No es necesario que indique cuál sea el procedimiento psicológico que emplee, pero debe aplicar un procedimiento de ese tipo. Si el juez afirmara, v.gr., que cree más a un testigo que a otro por ser uno rubio y otro moreno, incurriría en una valoración arbitraria de la fuente de convencimiento, desconociendo la psicología. Pero será suficiente que el juez se apoye `en la mayor apariencia de sinceridad´ de un testigo con relación a otro, porque en este caso aquella sí resulta aplicada.”; bajo dicho entendimiento, la credibilidad o no de un testimonio, no puede fundarse, basado en cuestiones personales del testigo o la relación que éste tiene con alguna de las partes, de ser así ingresaríamos al sistema de tachas de testigos, el cual no es parte de nuestro sistema procesal penal y que en todo caso correspondería plantear a la parte contraria de quien ofrece el testigo; de poder permitirse descartar un testimonio con el argumento de ser “interesado”, sería dar lugar a la imposibilidad de que una víctima o familiares consanguíneos, por afinidad o que tengan cualquier tipo de relación con las partes, no puedan prestar su testimonio lo cual obviamente va contra nuestro sistema de libertad probatoria, en la cual el único límite es la legalidad y pertinencia de la prueba, sumado al hecho de que considerar interesado un testimonio, no tiene base ni sustento en las reglas de la sana crítica, resaltando en este punto que las máximas de la experiencia, son reglas generales y notorias, más no personales y subjetivas. 


III.2. Análisis del caso en concreto.


La recurrente denunció que el Tribunal de apelación a tiempo de resolver las dos proposiciones jurídicas de apelación, incurrió en fundamentación insuficiente, pues con premura y sin revisar a detalle el recurso de alzada conforme manda el art. 398 del CPP, se habría alejado de los márgenes de completitud y legitimidad de la debida fundamentación y motivación de toda resolución jurisdiccional, invocó como precedentes:


El Auto Supremo 052/2012 de 19 de marzo, dictado dentro del proceso penal seguido por EDB contra MSV y otros, por la presunta comisión de los delitos de Difamación y otros, el cual tuvo como antecedente, la constatación por parte del Tribunal de casación, que el Ad quem, emitió una resolución infundada, al no realizar un estudio detallado, escrupuloso y sin fundamentar las razones de su pronunciamiento, bajo los parámetros de una resolución fundamentada y la revisión exhaustiva de los antecedentes, por lo que no habría sometido su criterio a las normas legales establecidas en los arts. 124 y 398 del CPP, motivando la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


De acuerdo al entendimiento ratificado por el A.S. Nro. 12 de 30 de enero de 2012 antes mencionado, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentren en el recurso de apelación restringida.


Al respecto es necesario expresar que siendo el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales una garantía para el justiciable, frente a posibles arbitrariedades judiciales, que tiene como finalidad resguardar que las resoluciones no se encuentren justificadas en meras apreciaciones de las autoridades judiciales, sino en datos objetivos que proporcionan los antecedentes cursantes en obrados y el ordenamiento jurídico, por lo que la fundamentación debe ser expresa y puntual, sin acudir a fundamentos evasivos, imprecisos, ni contradictorios y que dejen en estado de incertidumbre y/o inseguridad a las partes respecto a su pretensión jurídica.

En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todo los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida, o cuando recurriendo a argumentaciones evasivas, confusas, arbitrarias o contradictorias, omite pronunciarse sobre el fondo, lo que constituye vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el art. 398 del citado compilado procesal, deviniendo en consecuencia en defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, dejando en estado de indefensión al recurrente.


Finalmente, corresponde dejar sentado, que los casos en los cuales existan Autos de Vista suscritos por Vocales distintos a los que fueron legalmente convocados para conocer el asunto y que incluso hubiesen participado en la audiencia de fundamentación de la apelación restringida, constituye una irregularidad que amerita subsanación, pues al generar incertidumbre en el justiciable sobre la revisión del expediente y sus antecedentes para arribar a la decisión asumida por parte de Vocales distintos a los convocados, vulnera la seguridad jurídica, resulta necesaria la participación de los vocales convocados inicialmente y que llevaron adelante la audiencia de fundamentación de la apelación restringida.


De lo expuesto, se evidencia que el Auto de Vista impugnado fue dictado sin cumplir las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del art. 419 de la misma Ley adjetiva penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas.


Similar entendimiento fue asumido por el Auto Supremo 192/2016-RRC de 14 de marzo, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros contra FFR y otros, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes y otros, que tuvo como antecedente, la constatación de que el Tribunal de apelación no hizo un correcto control sobre la fundamentación de la sentencia.


Existiendo una situación análoga entre los antecedentes fácticos de los precedentes invocados y la circunstancia alegada en el caso de autos, corresponde a este Tribunal, ingresar a verificar la existencia o no, de la contradicción denunciada.


En el caso de autos, la acusada denunció que el Tribunal de apelación incurrió en insuficiente fundamentación; ya que con premura, no hubiera revisado a detalle el recurso de apelación restringida, alejándose del mandato previsto por el art. 398 del CPP, emitiendo un fallo apartado de los márgenes de completitud y legitimidad de la debida fundamentación y motivación de toda resolución jurisdiccional.


Como primer motivo de apelación restringida, la acusada denunció dos aspectos: i) Defectuosa valoración de la prueba; y, ii) Falta de fundamentación probatoria conjunta; en el primer agravio señalado, alegó que el Juez de Sentencia no otorgó credibilidad a algunos medios de prueba y no expresó un criterio razonado que lleve al justiciable a entender el porqué de su resolución al respecto expuso nueve aspectos que demostrarían la defectuosa valoración de la prueba y vulneración de la sana crítica-. De la primera circunstancia planteada en el agravio fundado en la existencia del defecto, previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, se tiene que la acusada, argumentó: i) Que la Sentencia se basó en un aspecto que se trata de un mismo predio de lote de terreno- que objetivamente no es demostrable por las pruebas codificadas como PC 3, PC 5, PC 6 y PC 8; ii) Que, no hubiera considerado las pruebas PC 3, 4, PDC 1 y 5, que acreditarían que ambas partes del proceso adquirieron su derecho propietario de diferentes personas, por lo que no se trata del mismo predio de terreno, iii) Que, después de considerar la declaración de los testigos de descargo, consecuentes con la teoría de la defensa, hubiera desmerecido los mismos, por ser una su cuñada, otro, por haber trabajado para ella y el tercero, por compartir una plato de comida con la acusada; al respecto, señaló que los referidos testimonios no pueden ser consideradas al mismo tiempo como creíbles y no ser consideradas a la vez, para fundamentar el fallo.         


De la revisión del Auto de Vista impugnado, conforme lo descrito en el acápite II.4 de la presente resolución, el Tribunal de apelación de manera general señaló: i) Que los fundamentos expuestos por el de mérito evidenciaron un proceso de valoración probatoria que responde a las exigencias normativas y jurisprudenciales; al respecto, no expone cuales serían esas exigencias normativas y jurisprudenciales que hubieran sido cumplidas por el Juez de mérito a tiempo de valorar la prueba, siendo una conclusión carente de argumentos que sustenten la misma, ii) Que la Sentencia, contendría la valoración descriptiva e intelectiva. Al respecto, si bien la apelante de manera general acusó que en la Sentencia no existe la valoración conjunta de la prueba y pese a que el argumento del Ad quem tiene coherencia con el contenido de la Sentencia, conforme se desprende del acápite II.1 del presente fallo, del cual se advierte que evidentemente la Sentencia contiene la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva; el mismo, constituye un argumento evasivo al no dar una respuesta clara y concreta, a la primera circunstancia planteada por la acusada, quién en el referido planteamiento no observó la inexistencia de la fundamentación probatoria, sino el trabajo intelectivo a tiempo de apreciar cada prueba y las conclusiones obtenidas de ellas, iii) Que, el de mérito hubiera asignado valor a cada uno de los elementos de prueba y explicando de forma clara y suficiente del porqué se asignó o restó valor probatorio a cada elemento probatorio. Nuevamente, el argumento expuesto por el Tribunal de apelación, se refiere a la existencia de la fundamentación intelectiva de la prueba, sin considerar como ya se dijo, que el defecto denunciado versa sobre la incorrecta o defectuosa valoración de la prueba; es decir, sobre la incorrecta apreciación intelectiva de la prueba y la vulneración de las reglas de la sana crítica.


Conforme lo analizado, se constata que el Tribunal de apelación no ejerció control de logicidad sobre el iter lógico seguido por el Juez de Sentencia, a tiempo de establecer que el lote de terreno de la querellante, es el mismo lote sobre el cual la acusada tiene derecho propietario; acudiendo a argumentos generales y evadiendo ejercer control de logicidad de la Sentencia y otorgar una respuesta clara, concreta y completa al planteamiento realizado por la apelante, quien de manera clara acusó en el primer motivo de apelación, entre otros aspectos; que el A quo, estableció el referido hecho, con base a prueba de la cual objetivamente no se establece el mismo, ante la inexistencia de un plano aprobado, que demuestre de manera inequívoca la ubicación del lote de terreno de la querellante. Planteamiento del cual, se infiere que la denuncia del error en la apreciación intelectiva de la prueba, se encuentra vinculado al falso juicio de identidad, porque el de mérito hubiera hecho producir a las pruebas documentales que identifica la apelante; aspectos que, objetivamente no derivan de las mismas; denuncia que el Tribunal de apelación, debió constatar o desvirtuar, realizando un contraste entre lo alegado por la apelante, la descripción de la prueba realizada en Sentencia y la conclusión obtenida de las mismas; estableciendo de manera clara y concreta, si la deducción del A quo, tiene sustento probatorio o no.


De la misma manera, en el primer agravio planteado en el recurso de apelación, la acusada observó el argumento utilizado por el Juez de mérito para desmerecer la prueba testifical de cargo; al respecto, así como los ocho aspectos restantes, en los que detallo las razones en las que funda la defectuosa valoración de la prueba; como se pudo observar del análisis realizado, el Tribunal de apelación, no otorgó respuesta clara y concreta, siendo evidente que se apartó de la previsión contenida por el art. 398 del CPP, pues en la resolución de las circunstancias alegadas no se encuentra una respuesta completa a los argumentos expuestos por la apelante, siendo la misma como ya se manifestó, general y evasiva, vulnerando el derecho que tiene la apelante a un debido proceso, al no obtener de una respuesta debidamente fundamentada y motivada.


En cuanto al segundo motivo de apelación restringida, cuya falta de fundamentación es observada en la resolución del agravio planteado, se tiene que el Tribunal de apelación señaló que los cuestionamientos expuestos por la apelante, son yuxtapuestos al primer agravio planteado y que los mismos ya hubieran sido resueltos en el primer motivo de apelación. Por otro lado, en cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal que extrañaría la apelante, también se hubiera otorgado una respuesta a tiempo de analizar el primer agravio planteado en apelación, ratificándose en el mismo y alegando que para la comisión del tipo penal de Despojo es intrascendente la acreditación del derecho propietario y tampoco sería necesaria la concurrencia de todos los elementos constitutivos, sino la posesión, tenencia o el ejercicio de un derecho real constituido sobre el inmueble. Argumento que utilizó el Tribunal de apelación para resolver la denuncia fundada en la existencia del defecto de sentencia, previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, porque la fundamentación del fallo de mérito sería insuficiente y escueta a tiempo de valorar la prueba, que en el acápite V de la Sentencia, no se hubiera referido a toda la prueba incorporada al proceso y además se habría hecho referencia a la participación del Ministerio Público, cuando el mismo no fue parte en el proceso. En el mismo motivo alegó la acusada, que el de mérito no hizo mención a todos los elementos del tipo penal de Despojo, señalando además que la acusada se encuentra dentro de los 1000 Mts2 que fueron legalmente adquiridos, sin especificar cuál es la conducta que se adecua al tipo penal acusado; finalmente también, observó la imposición del quantum de la pena, en la cual por un lado se afirmaría que carece de grado de instrucción y posteriormente de manera contradictoria, se hubiera señalado que su actuar fue doloso.


Al respecto, el Tribunal de apelación nuevamente acude a argumentos generales, señalando que los fundamentos para sustentar la existencia del defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, son yuxtapuestos al primer agravio planteado que fue fundado en la existencia del defecto previsto por el inc. 6) de la norma adjetiva referida; sin dar mayor explicación de la conclusión expuesta, sumado al hecho de que el primer agravio no fue resuelto con la debida fundamentación y motivación, como ya se estableció, por lo que ratificarse en esa resolución, deja a la apelante en la incertidumbre de las razones que tuvo el Tribunal de apelación, para desmerecer el agravio planteado. Tampoco, es evidente que a tiempo de resolver el primer agravio de apelación se hubiera pronunciado sobre la falta de fundamentación jurídica, en la cual la acusada observa que no se hubiese establecido cual es la conducta que cometió y que se subsume al tipo penal de Despojo, más aún cuando a decir de la apelante, el propio Juez de Sentencia, habría referido que ella se encuentra dentro del terreno que adquirió legalmente. Al respecto, si bien el Tribunal de apelación alegó que resolvió la denuncia relacionada a la falta de fundamentación jurídica, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece según lo descrito en el acápite II.4 de la presente resolución, que el Tribunal de apelación se refirió a los elementos constitutivos del tipo penal de Despojo, previsto por el art. 351 del CP, sin embargo, el mismo no constituye una respuesta a la insuficiente fundamentación jurídica planteada por la acusada; asimismo, es evidente que no existe una respuesta clara, completa y concreta al segundo aspecto referido a la fundamentación contradictoria a tiempo de determinar el quantum de la pena; sobre el cual el de alzada, simplemente se limitó a señalar que el argumento del Juez de mérito, no es incongruente, sin dar una razón que justifique dicha determinación.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Inés Quentasi Alaca, cursante de fs. 219 a 221 vta. y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 187/2017 de 31 de julio, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos