TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 324/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo de 2018


Expediente                        : Chuquisaca 26/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Franz Benjamín Bellido Rocha

Delito                        : Abuso Sexual

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de agosto de 2017, cursante de fs. 538 a 542, Víctor Hugo Lozano Soza, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 201/017 de 24 de julio de 2017, de fs. 516 a 521, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Franz Benjamín Bellido Rocha, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 10/2017 de 15 de marzo (fs. 363 a 386 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Franz Benjamín Bellido Rocha, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP; toda vez, que la prueba aportada no fue suficiente para generar en el Tribunal convicción plena sobre su responsabilidad penal, disponiendo la cesación de las medidas cautelares de carácter personal y real impuestas en su contra emergente del proceso.


  1. Contra la referida Sentencia, el acusador particular Víctor Hugo Lozano Soza   (fs. 392 a 407) y el Ministerio Público (fs. 481 a 484), que previo memoriales de subsanación (fs. 504 y vta.; y, 505 y vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 201/017 de 24 de julio de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró inadmisible el recurso de la parte acusadora e improcedente el recurso del Ministerio Público, confirmando la Sentencia,  motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 807/2017-RA de 20 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente señala que el Tribunal de alzada en el considerando II del Auto de Vista emitido, como fundamento indicó haber observado que el recurso de apelación no refería de manera expresa la norma violada o erróneamente aplicada, tampoco la aplicación que se pretende y que a pesar de haberse subsanado con la suma “Cumplo lo extrañado”, solamente se hubiera invocado el art. 173 del CPP, sin mayor fundamentación, por lo cual lo declaró inadmisible el recurso, en razón a que no se dio cumplimiento al art. 408 del citado Código Adjetivo.


Al respecto, el recurrente sostiene que no es evidente que el recurso de apelación restringida no hubiera cumplido lo dispuesto por el art. 408 del CPP; ya que, el mismo contenía un solo motivo, mala y defectuosa valoración de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP], y que en los ocho puntos observados, fundamentó los motivos por los cuales considera que existió una defectuosa valoración, respecto a la sana crítica en sus diferentes vertientes; asimismo, manifestó que tampoco es evidente que no se haya subsanado la observación; toda vez, que por memorial de 30 de mayo de 2017, mencionó la norma violada o erróneamente aplicada, en cuyo memorial era innecesario repetir los mismos fundamentos que planteó en el recurso de apelación restringida, considerando además que lo que se observó de manera puntual, fue que se establezca la norma violada o erróneamente aplicada, habiendo cumplido en invocar el art. 173 del CPP. Reitera que en su recurso de apelación restringida se fundamentó el agravio y se puntualizó la norma violada, además, en todos los puntos cuestionados hizo hincapié en las reglas de la sana crítica que fueron vulneradas, habiendo concluido su recurso de apelación remarcando: “Lo que pretendo con esta observación es que debió aplicarse a cabalidad el art. 173 del CPP, en cuanto a la sana crítica en sus vertientes de lógica y experiencia, y psicológica, por lo que correspondía dar cumplimiento al art. 365 del CPP, es decir, la prueba aportada ha sido suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado, puesto que es contundente”  (sic).

Aduce que ante el atropello a los derechos de la menor víctima, el Tribunal Supremo de Justicia, ha instituido resoluciones a través de las cuales se puede disponer que el Tribunal de apelación se pronuncie sobre el fondo del recurso interpuesto, más aún cuando la apelación restringida ha cumplido con el voto de los arts. 407 y 408 del  CPP; además que le resulta extraño que su recurso de apelación teniendo similares argumentos y fundamentos legales respecto a la apelación interpuesta por el Ministerio Público, el Tribunal de alzada se haya pronunciado en el fondo respecto a dicha apelación y no así con relación al recurso interpuesto en defensa de la menor víctima, lo que considera una incongruencia.


Añade que el Tribunal de alzada, cometió un exceso al rechazar su recurso sin tomar en cuenta lo dispuesto en el Auto Supremo 100/2016-RRC de 16 de febrero, relativo al control de admisibilidad que debe efectuar el Tribunal de Alzada a tiempo de efectuar el test de admisibilidad de los recursos de apelación restringida. Cita también como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 159/2016-RRC de 7 de marzo, 395/2014 RRC de 18 de agosto, 201/2013 de 2 de agosto, 0501/2011 de 25 de abril y 085/2012-RA de 4 de mayo.


Denuncia que el Auto de Vista 201/2017, ha obviado totalmente, entre otros, los principios Pro Actione, Favor Debilis, Pro Homine y el derecho a la doble instancia; puesto que, no se puede limitar el recurso de apelación a simples formalidades; ya que, por encima de ellas debe primar la verdad material, considerando que la Constitución Política del Estado (CPE), prevé la doble instancia como una verdadera garantía, más aún cuando se trata de los derechos de una menor que se halla protegida por el art. 60 de la CPE, los Convenios y Tratados sobre Abuso Sexual de Menores, además de la aplicación sin formalidades de la Ley 348, por lo que considera que debió aplicarse los principios antes señalados, máxime si cumplió a cabalidad las observaciones realizadas por el Tribunal de apelación.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó que deliberando en el fondo, se disponga la nulidad del Auto de Vista impugnado, disponiendo que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre el fondo de la apelación restringida.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 807/2017-RA de 20 de octubre, cursante de fs. 549 a 551, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Víctor Hugo Lozano Soza, dejando constancia que solo se tomará en cuenta para la labor de contraste en el análisis de fondo, el Auto Supremo 100/2016-RRC de 16 de febrero.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 10/2017 de 15 de marzo, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Franz Benjamín Bellido Rocha, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, en base a los siguientes argumentos:


  1. Del examen de los medios probatorios, se puede llegar a establecer varias contradicciones vertidas por la menor y cuyos datos han servido para sustentar la acusación fiscal y particular; toda vez, que la menor en vacaciones de invierno y de fin de año iba a donde su abuelita a la ciudad de La Paz, además de que su tía y abuela llegaban constantemente a la ciudad de Sucre y para ello se alojaban en el cuarto de los menores por días y semanas, cuidaban de la integridad de ambos conviviendo en la misma habitación.


  1. La deficiente  y contradictoria prueba producida en juicio no contribuye al verdadero esclarecimiento para incriminar la conducta típica y antijurídica atribuida al encausado.


  1. El Ministerio Público no tuvo el cuidado ni la acuciosidad de  aplicar el principio de objetividad; toda vez, que teniendo conocimiento de los defectos en los medios probatorios que contradicen totalmente su tesis acusatoria, insiste de manera vehemente y pretende hacer ver al Tribunal que existe la prueba necesaria para condenar al acusado, lo que en los hechos no es cierto ni evidente.


  1. Cuando la víctima realizó el informe psicológico en la Defensoría D-1, contaba con 7 años cumplidos, en consecuencia no ha sido posible descubrir, cuál el motivo por el cual la menor no dijo nada relevante con relación al hecho de haber trascurrido tan solo algunos meses de las supuestas agresiones sexuales, lo que genera en el Tribunal un cúmulo de incertidumbres con relación a la comisión del hecho acusado, conforme se tiene establecido también en el informe psicológico de 29 de junio de 2015, donde la menor señala que desde sus tres años el acusado le hacía tocamientos en sus partes íntimas.


  1. Del informe psicológico de 29 de junio de 2015, dictamen pericial y anticipo de prueba practicada en juicio, se da cuenta que la menor no presenta un cuadro estresante ni secuela; toda vez, que en el video del anticipo de prueba se observa a una niña colaboradora e hiperactiva, lo que también genera una duda razonable en el juzgador, al no haberse establecido estas secuelas propias de las víctimas de abuso sexual, conforme ha querido hacer ver la acusación fiscal y particular; toda vez, que no presenta ninguna alteración y que es normal en su desempeño escolar.


  1. Del examen de los medios probatorios se tiene comprobado que la conducta del acusado no se subsume dentro del tipo penal descrito, al no determinarse con precisión la conducta comisiva en tiempos y espacios debido a que las declaraciones de la víctima en tiempos, hechos y lugares, son totalmente contradictorias.


  1. No se tiene certidumbre alguna de que el imputado haya desarrollado dichos toques impúdicos a la víctima y en su propio dormitorio, extremos que resultan inverosímiles; toda vez, que el hermano menor estuvo presente en todos estos hechos según lo sostenido por la víctima y al cual extrañamente no se le tomó ninguna entrevista, para por lo menos corroborar lo señalado y además de haber podido establecer la presencia efectiva del acusado en el domicilio de la menor.


II.2.  De la apelación restringida.


El acusador particular Víctor Hugo Lozano Soza, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, argumentando valoración defectuosa de la prueba; a tal efecto, observó en la Resolución de mérito la conclusión tercera en lo referido al informe psicológico emitido por Sara Gonzales, el informe de fecha 29 de junio de 2015elaborado por la Lic. Jaqueline Tárraga, el dictamen pericial de fecha 21 de enero de 2016 elaborado por Glenda Dávalos Mejía y el anticipo de prueba, respecto a la conclusión cuarta de la Sentencia observó las testificales de Amalia Quiroga, Jenethe Liz Lozano Soza, Dora Nancy Soza Villanueva, Melina Villegas, Lic. Tárraga, haciendo énfasis en las testificales de Andrea Giovanna Zapata Estévez, Reyna Quintana Mercado y Gabriela Rocabado Rosario, de la conclusión sexta, observó la prueba de descargo Nº PD22, de la conclusión séptima observó la apreciación del Tribunal de mérito al momento de indicar que el Ministerio Público no hubiere aplicado el principio de objetividad; al referirse a la conclusión 8, señaló como absurda la apreciación del Tribunal de mérito al referir que de la valoración psicológica realizada la víctima en agosto de 2014, no ha sido posible descubrir el por qué la menor no dijo nada.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto por Víctor Hugo Lozano Soza, considerando que si bien cumplió con el requisito de plazo, incumplió con las observaciones realizadas mediante decreto de 23 de mayo de 2017 y las previsiones establecidas por el art. 408 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Precisado el motivo referido a la limitación en la admisibilidad del recurso de apelación restringida a simples formalidades, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido contradice la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 100/2016 de 16 de febrero. En consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. Derecho de impugnación y principio pro actione.


La CPE reconoce entre otros derechos, el de recurrir conforme lo previsto por el art. 180.II de la mencionada norma suprema; por su parte, el art. 394 del CPP, establece que las Resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por ese Código. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 8 señala: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley"; por su parte, el art. 8.2. inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene: “derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior" y en su art. 25 refiere que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”.


Por otro lado, la Constitución Política del Estado proclama los principios constitucionales de verdad material y el debido proceso entre otros, conllevando a considerar el respeto de los derechos humanos y el alcance de principios como el pro homine y pro actione; sobre el segundo, el Tribunal Constitucional de Bolivia en la Sentencia Constitucional 0501/2011-R de 25 de abril, con base a las normas contenidas en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señaló: “…el principio pro actione se constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones” .


El principio pro actione, que a la luz de la presente problemática, está directamente vinculado con los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la Justicia, es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva.


En ese contexto, la CPE refiere sobre el principio pro actione, en su art 14.III: “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”, de igual forma, el 14.V establece: “Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano”; dichos artículos se encuentran vinculados y concordantes con el art. 115 del texto constitucional que indica: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.


Sobre el principio pro actione el Auto Supremo 201/2013-RRC de 2 de agosto de 2013, expresó: “…principio de interpretación más favorable, que es parte inmanente del principio pro actione, que significa que el órgano jurisdiccional tiene la inexcusable obligatoriedad de interpretar las normas previstas para la admisibilidad de la apelación restringida en el sentido más favorable del presentante; es decir, que un defecto formal puede ser superado siempre y cuando la norma no identifique dicha irregularidad como requisito esencial en la admisión”.


Este principio, significa que la autoridad jurisdiccional tiene el deber y obligación de interpretar las normas, en el sentido más favorable y por tanto, a la luz de los principios y valores que irradia la Constitución.


III.2. Análisis del caso concreto.


       En el caso presente, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada declaró inadmisible su recurso de apelación restringida, sin tomar en cuenta el cumplimiento de las previsiones estatuidas por el art. 408 del CPP y el test de admisibilidad de los recursos de apelación restringida, reflejando su posición de no ingresar al fondo del recurso obviando los principios pro actione, favor debilis y pro homine; correspondiendo resolver la problemática planteada.


       Como precedente contradictorio, se invocó el Auto Supremo 100/2016 de 16 de febrero, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro, contra Mario Alvis Calderón y otros, por la presunta comisión del delito de Peculado y otros, donde se constató que el Auto de Vista impugnado, sin efectuar un análisis exhaustivo y cuidadoso de los memoriales de apelación y subsanación, ni observar los principios de interpretación más favorable a la admisión del recurso, de proporcionalidad y de subsanación, declaró inadmisible el recurso de apelación restringida, inhibiéndose de conocer el fondo de las denuncias; razón por la cual fue dejado sin efecto, reiterando la doctrina legal aplicable referida a los lineamientos en cuanto al juicio de admisibilidad del recurso de apelación restringida: “Compete a los Tribunales Departamentales de Justicia en el marco previsto por los arts. 51.2) y 407 y siguientes del CPP, examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y resolver la admisión del recurso de apelación restringida; al llevar a cabo esta misión, no pueden aplicar las normas de modo automático ni literal, sino que su actividad debe estar regida por una serie de principios que tiene su base en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso con todas las garantías, considerando que el principio pro actione es el principio informador de las normas procesales penales; en ese sentido, cuando el Tribunal de apelación interpreta y aplica de forma excesivamente rigurosa y formalista los criterios de admisibilidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que buscan efectivizar la posibilidad de que todos puedan utilizar los recursos procesales previstos por ley, sin obstáculos innecesarios, desproporcionados o carentes de justificación, de ahí que la norma procesal no permite un rechazo in limine sino que a efectos de garantizar el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en caso de existir un defecto u omisión de forma, el juez o tribunal de apelación debe hacerlo conocer al recurrente a través de observaciones claras y precisas, otorgándole un plazo de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.


       Incluso después de la corrección efectuada por la parte recurrente, el Tribunal de apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad, ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de admisibilidad, esta labor tiene su freno en la Constitución; esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule, por el contrario en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce, puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamentos sea evidente, cierta y patente; pero la determinación debe estar fundamentada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione.


       En ese ámbito, a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación.


       El principio de interpretación más favorable a la admisión del recurso.- Partiendo del derecho del acceso al recurso, se entiende que la Constitución contiene un mandato positivo que obliga a interpretar la normativa vigente en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental, de forma que, aunque las formas y requisitos del proceso cumplen un papel importante para la ordenación del proceso, no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insubsanable para su prosecución, este criterio tiene límites, atendiendo el carácter bilateral de un proceso, al efecto el juzgador deberá considerar si la norma aplicada permite otra interpretación alternativa y segundo si la interpretación adoptada es arbitraria o inmotivada.


       Principio de proporcionalidad.- Los defectos determinantes de inadmisión deben interpretarse con criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta los efectos de la inobservancia de la regla en relación con la finalidad de los requisitos y presupuestos procesales o dicho de otro modo, la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional; en ese sentido, la mayor o menor severidad en la exigencia de los requisitos de admisión guardara proporción con el fin.


       c) Principio de subsanación.- En la legislación boliviana está recogido por el art. 399 del CPP, en cuya virtud el rechazo de un recurso de apelación restringida defectuosamente preparado o interpuesto, no podrá ser rechazado sin antes darse oportunidad a su subsanación cuando esta sea susceptible de reparación” resaltado propio- (Auto Supremo 098/2013-RRC de 15 de abril).


Ahora bien, precisado el objeto procesal y el contenido de la doctrina legal aplicable del precedente invocado por el recurrente, corresponde a este Tribunal establecer si existe o no la vulneración al principio pro actione en la emisión del Auto de Vista impugnado.


A tal efecto, se advierte que el recurrente en su recurso de apelación restringida, previo a denunciar los agravios expuestos en el acápite II.2. evocó lo antecedentes del proceso penal y luego de argumentar el defecto de Sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, con precisión de las pruebas erróneamente observadas, glosó normativa constitucional y legal referida al máximo interés que la legislación ha otorgado a los menores de edad, el principio de interés superior del niño, niña o adolescente y el principio de presunción de verdad.


Por su parte, el Tribunal de alzada mediante Resolución de 23 mayo de 2017, en atención a lo previsto en el segundo párrafo del art. 408 del CPP, observó en el memorial de apelación restringida interpuesto por el ahora recurrente: “El único motivo, únicamente refiere la norma habilitante, no refiere de manera expresa la norma violada o erróneamente aplicada y tampoco refiere la aplicación que pretende de acuerdo a los fundamentos expuestos.” (sic), otorgando en atención a ello el plazo de 3 días al apelante para la subsanación de la omisión detallada bajo apercibimiento de rechazo conforme lo previsto por el art. 399 del CPP.


En consecuencia, Víctor Hugo Lozano Soza mediante memorial de “Cumplo lo extrañado” de 30 de mayo de 2017, precisó que en su recurso de apelación restringida “se ha violado y erróneamente aplicado, lo dispuesto por el art. 173 del CPP”  y que “en el caso de autos la sentencia cuestionada, NO HA APLICADO, la sana crítica en sus vertientes de lógica y experiencia, y psicológica, toda vez, que el Tribunal realiza una valoración sesgada de la prueba, es decir, no es racional ni equitativa, lo hace de una manera para el acusado, y de otra para la víctima, en toda la valoración de la prueba traídos en los ocho puntos observados”, finalmente señala que “lo que PRETENDO CON LA misma, es que al emitirse la Sentencia 010/2017, en fecha 15 de marzo de 2017, se lo ha realizado sobre la base de una inadecuada valoración de la prueba, habiéndose vulnerado derechos y garantías, como ser el de verdad material, igualdad de las partes, probidad y una adecuada fundamentación y valoración de la prueba, por lo que dicha sentencia, transgrede lo dispuesto por el art. 169-3 del Código de Procedimiento Penal (…) Por consiguiente, este Tribunal a tiempo de emitir la resolución dará cumplimiento a lo dispuesto por el art. 413 del Código de Procedimiento Penal disponiendo LA NULIDAD de la Sentencia 010/2017, de fecha 15 de marzo de 2017, emitida por el Tribunal de Sentencia        Nº 2, y dispondrá la reposición del Juicio por otro Tribunal.”


Finalmente, el Tribunal de alzada a momento de realizar el juicio de admisibilidad del recurso de apelación restringida interpuesto por el acusador particular y su memorial de subsanación conforme lo expuesto en líneas precedentes, estableció en el Auto de Vista impugnado que “por decreto de 23 de mayo de 2017 se observó que en el único  motivo no refiere de forma expresa la norma violada o erróneamente aplicada y por otra tampoco refiere la aplicación que pretende; en ese sentido presenta memorial con la suma “cumplo lo extrañado” simplemente señala invocando el art. 173 del CPP sin mayor fundamentación y por otra que no se hubiere realizado una adecuada valoración de la prueba, sin mayor carga argumentativa. En tal mérito por mandato del art. 408 del CPP, la formulación del recurso de apelación restringida debe enmarcarse a los requisitos en ella impuestos. El incumplimiento de estas reglas y requisitos, no permite al Tribunal de alzada abrir su competencia para resolver el recurso en el marco del art. 398 del CPP, en tal sentido se declara INADMISIBLE el recurso de apelación formulado por Víctor Hugo Lozano sin entrar al fondo del asunto” (sic).


Ahora bien, en el caso de Autos se observa que el Tribunal de alzada a tiempo de observar el recurso de apelación restringida interpuesto por el ahora recurrente, se remite de manera literal a las previsiones contenidas en el art. 408 del CPP; es decir, la exigencia de citar la disposición violada o erróneamente aplicada y cuál la aplicación que se pretende, denotando la carencia de justificación en las observaciones señaladas en la Resolución de 23 mayo de 2017.


Por otro lado, se advierte que la corrección efectuada por el apelante, aunque de manera escueta cumple con las exigencias poco claras y precisas efectuadas por el Tribunal de apelación; es decir, la norma violada art. 173 del CPP- y la aplicación pretendida la nulidad de la Resolución de mérito conforme al art. 413 del CPP; sin embargo, el Tribunal de apelación nuevamente aplica la norma de manera literal en la emisión del Auto de Vista 201/017, limitándose a señalar que el recurrente debe enmarcarse a los requisitos previstos por el art. 408 del CPP, sin cumplir con su deber de fundamentación y la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione.


Por lo señalado, al ser evidente lo denunciado por el recurrente, en sentido que el Tribunal de alzada a tiempo de declarar inadmisible su recurso de apelación restringida, vulneró el principio pro actione al limitar su juicio de admisibilidad a la simple aplicación literal de las normas previstas por nuestro ordenamiento procesal penal, pues por un lado observó el recurso de apelación restringida sin precisar de forma clara y precisa los defectos u omisiones de forma; y por otro, no analizó cuidadosamente la fundamentación que el recurrente realizó tanto en su recurso de apelación restringida como en la subsanación, si es el caso, para determinar si cumplió con las exigencias legales o puede entenderse de esas fundamentaciones la norma que considera violada o erróneamente aplicada y la aplicación que pretende; se encuentran razones valederas para dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, puesto que las autoridades que lo emitieron, incurrieron en contradicción con el precedente invocado por la parte recurrente al no interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad del recurso de apelación restringida en contradicción al principio pro actione.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Víctor Hugo Lozano Soza, de fs. 538 a 542. y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 201/017 de 24 de julio de 2017, de fs. 516 a 521, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, previo sorteo y sin espera de turno, dicte un nuevo fallo en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos