TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 322/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo de 2018


Expediente                        Chuquisaca 24/2017 

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Rosario Fabiola García Velásquez

Delito                        : Peculado 

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de agosto de 2017, cursante de fs. 1488 a 1493, Rosario Fabiola García Velásquez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 189/2017 de 2 de agosto, de fs. 1473 a 1477 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Padilla contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 19/2016 (fs. 1375 a 1391), el Tribunal de Sentencia de Padilla del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Rosario Fabiola García Velásquez, autora de la comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión y doscientos días de multa, a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día más el pago de costas y responsabilidad civil. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Rosario Fabiola García Velásquez (fs. 1428 a 1433), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 189/2017 de 2 de agosto dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que  declaró improcedente el recurso planteado, motivando la interposición del recurso de casación. 


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 797/2017 de 17 de octubre, se extrae el motivo  a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente expresa que el Auto de Vista impugnado, incurre en contradicciones al haber desestimado los dos primeros motivos de su apelación restringida (defectos de sentencia por no tener la fundamentación vinculada a los fundamentos de defensa técnica y vulneración al principio de legalidad) y de igual modo el tercer motivo relativo a la existencia de una defectuosa valoración de la prueba. A continuación remembró algunas actuaciones procesales vinculadas al recurso y finalmente, planteó dos motivos, que a efectos de analizarlo de acuerdo al Auto Supremo de admisión corresponde verificar únicamente el primer motivo:


Denuncia que en la emisión del Auto de Vista impugnado, se incurre en contradicción con el Auto Supremo 141/2013 de 28 de mayo, por vulneración del art. 124 del CPP, además de la violación a su derecho al debido proceso en su vertiente debida fundamentación en su componente de motivación y congruencia, arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 420 del CPP, alegando que en los argumentos expuestos por el Tribunal de alzada, en cuanto a su denuncia de vulneración del art. 370 inc. 5) del CPP, se omitió dar una respuesta que cumpla con una debida fundamentación y motivación.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y se establezca la línea jurisprudencial vinculante.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 797/2017-RA de 17 de octubre, cursante de fs. 1503 a 1505, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Rosario Fabiola García Velásquez, para su análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 19/2016 (fs. 1375 a 1391), el Tribunal de Sentencia de Padilla del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Rosario Fabiola García Velásquez, autora de la comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión y doscientos días de multa, a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día más el pago de costas y responsabilidad civil, en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que el representante del Ministerio Público formula acusación contra Rosario Fabiola García Velásquez, por los hechos calificados como delitos de Peculado, Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 142, 198, 199 y 203 del CP, con el fundamento que por el memorándum de fecha 20 de marzo de 2012, la acusada fue designada para que cumpla las funciones de responsable de la unidad de contrataciones dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Padilla. Siendo parte de sus funciones el realizar cobros a los contribuyentes por concepto de impuestos a la propiedad, cobro de alquiler del tractor agrícola municipal, habiendo desempeñado funciones aparentemente con normalidad hasta que en fecha 21 de enero de 2013, Daniela Rivera Rodas en calidad de Oficial Mayor Administrativo y Financiera Contable, hace conocer mediante informe CITE O.M.A.F. Nº 40/2013, que revisado los informes de recaudaciones correspondientes a los ingresos de recursos por conceptos de servicio de tractor agrícola, el operador Carlos Ruiz facilitó el cuaderno de registro de trabajo por la que se llegó a constatar que en la gestión 2012, la acusada depositó a las arcas del municipio la suma de Bs. 24.338.00.- (veinticuatro mil trescientos treinta y ocho bolivianos) pero siendo entregado la suma de Bs. 39.468.00.- (treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho bolivianos) por parte del operador, existiendo un faltante de Bs. 15.130.00.- (quince mil ciento treinta bolivianos).


Por otra parte mediante comunicación interna 4/2013 de fecha 13 de marzo, la jefa de unidad financiera contable Julia Vargas Padilla, establece que la cuenta recaudadora Nº 11110.61, quedó con saldo de recursos por el importe de Bs. 53.888.50.- (cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho bolivianos) de los cuales depositó al mes de enero de Bs. 17.674.00.- (diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro bolivianos) y Bs. 20.313,50.- (veinte mil trescientos trece bolivianos) haciendo un total de Bs. 37.987,50.- (treinta y siete mil novecientos ochenta y siete bolivianos) habiendo quedado un saldo de Bs. 15.901,00.- (quince mil novecientos uno bolivianos) en la cual se la habría instruido para que pagase a la acusada hasta el 18 de marzo de 2013, informando la no realización de dicho depósito mediante el oficio 17/2013 de 28 de marzo.


Asimismo, por el informe de la jefe de la unidad financiera contable Cite 18/2013 refiere hasta el 18 de marzo de 2013, la acusada recaudó la suma de Bs. 21.764.50.- (veintiún mil setecientos sesenta y cuatro bolivianos) de acuerdo al acta de entrega de fecha 28 de enero de 2013, solo se encontraba en custodia la suma de Bs. 13.645,20.- (trece mil seiscientos cuarenta y cinco bolivianos) existiendo un faltante de Bs. 8.119.30.- (ocho mil ciento diecinueve bolivianos).


De igual manera en fecha 15 de abril de 2013, la Oficial Mayor Administrativa mediante oficio CITE 70/2013, pone en conocimiento las irregularidades encontradas en la unidad de recaudaciones, los montos recaudados de enero a diciembre de 2012, por el operador del tractor Carlos Ruiz no fueron depositados en la totalidad a las cuentas municipales existiendo un déficit de Bs. 39.150,30.- (treinta y nueve mil ciento cincuenta bolivianos).


Por otra parte, las copias de los recibos presentados como descargo por la acusada se encuentra sobre escritos borroneados, refiriendo que se apropió dineros de enero a diciembre de 2012 y más enero de 2013, de recursos del Gobierno Municipal de Padilla en la suma de Bs. 39.150,30.- (treinta y nueve mil ciento cincuenta bolivianos). Asimismo, el recibo de servicio de tractor Nº 000350 por la suma real de Bs. 525.- (quinientos veinticinco) se presentó como descargo por la acusada consignando la suma de Bs. 150.- (ciento cincuenta) adulterándolo, evidenciando lo mismo con las copias de recibos números 000337, 000338, 000339, 000340, 000357 y 000358.


En fecha 21 de mayo de 2013, el querellante Juan Carlos Rodas presenta memorial a la Fiscalía, haciendo referencia que en fecha 17 de mayo de 2013 mediante CITE 24/2013, emitido por Julia Vargas en su calidad de Jefe de Unidad Financiera, señala que la querellada en su condición de responsable de recaudaciones del municipio de Padilla, no registró en el formulario de detalle de recaudaciones Nº 201319, el ingreso por concepto de impuestos efectuados por Máximo Aparicio Quiñones mediante formulario de pago de impuestos Nº 008666 de fecha 22 de octubre de 2012, presentando otra impresión de dicho formulario sin registro del pago impositivo.


Por otra parte, de acuerdo al detalle del formulario 10/2013 de fecha 18 de mayo, emitido por el Director de Planificación y Control Interno del G.O.M.P., señala la existencia de irregularidades de la acusada, adjuntando a dicho informe formularios de pago de impuestos Nº 008666 por Bs. 133.-, (ciento treinta y tres bolivianos) Nº 00861 por Bs. 120.- (ciento veinte bolivianos), Nº 008389 por Bs. 102.- (ciento dos bolivianos) y Nº 008817 por Bs. 972.- (novecientos setenta y dos), todos ellos por concepto de cobros de impuestos que no fueron registrados ni depositados por la acusada.


Asimismo, en respuesta a requerimiento fiscal se obtuvo el CITE 013/2014, emitido por Wilber Ramiro Carballo Jefe de la Unidad Financiera Contable del Gobierno Municipal de Padilla, el mismo informó que la acusada presento informes a la unidad de contabilidad pero no depositó a las cuentas del municipio el monto de Bs. 35.665,50.- (treinta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco bolivianos).


Por otra parte, de acuerdo a la nota CITE 70/2013 de la Oficial Mayor y Administrativa Daniela Rodas, quien informa que revisados los recibos de los tractores agrícolas de la gestión 2013, se evidencia que la acusada se apropió de Bs. 15.130.00.- (quince mil ciento treinta bolivianos).


Asimismo, se estableció que 143 contribuyentes se apersonaron a la oficina de recaudaciones a pagar sus impuestos de sus inmuebles, donde verificado en el sistema oficial de cobro de impuestos SIIM no figura dicho pago, debido a que la acusada duplicaba los recibos entregando uno al contribuyente por el monto que correspondía y el otro recibo presentaba a contabilidad como anulado, apropiaciones que ascienden a la suma de Bs. 24.586.00.- (veinticuatro mil quinientos ochenta y seis bolivianos).   

  

Posteriormente Nelly Rodas Alarcón, asume el cargo interina de responsable de recaudación donde se apersonaron 139 contribuyentes con la misma situación, en que la acusada realizó cobros sin depositar a las cuentas municipales, borrando del sistema de ingresos presentando recibos anulados, que ascienden a la suma de Bs. 22.230.00 (veintidós mil doscientos treinta bolivianos). En resumen, la apropiación indebida de los recursos de diferentes rubros, asciende a Bs. 97.611.50.- (noventa y siete mil seiscientos once bolivianos).       


El Tribunal de Sentencia de Padilla, luego de analizar las pruebas documentales, testificales como periciales llegó a la conclusión que se habría demostrado que  Rosario Fabiola García Velásquez en su condición de servidora público, responsable de recaudaciones del Gobierno Municipal de Padilla, en las gestiones 2012 y 2013, se ha apropiado indebidamente dineros recaudados de propiedad del municipio de Padilla que ascienden a la suma de Bs. 97.611.50 (noventa y siete mil seiscientos once bolivianos), bajo las siguientes conclusiones:


  1. En el caso de cobros de impuestos a la propiedad urbana, con la prueba codificada como MP-PD-20 consistente en formularios donde evidenciaron que no se registraba lo cobrado por concepto de contribución tributaria, prueba corroborada por la conclusión dos del dictamen pericial.


  1. En lo referente a la recaudación de servicio o flete del tractor agrícola del municipio de Padilla, la apropiación de dinero en la gestión 2012 y 2013 (enero), está acreditada por las pruebas documentales MP-PD-2 se acredita la apropiación de Bs. 15.130.00.- (quince mil ciento treinta bolivianos), del monto entregado por el operador del tractor por la gestión 2012 (enero a diciembre) que fue la suma total de Bs. 39.468.00.- (treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho bolivianos) y no así la suma de Bs. 24.338.00.- (veinticuatro mil trescientos treinta y ocho bolivianos) como presentó la acusada en sus informes, corroborado con el informe de fecha 15 de abril de 2013 signada como MP-PD-4, MP-PD-5, MP-PD-6, MP-PD 18 y MP-PD-23 y por las declaraciones de Daniela Rivera, Wilver Ramiro Carballo y Carlos Ruiz.


  1. En lo referente a la recaudación de otros servicios, situación que se llega a demostrar por las pruebas MP-PD-3, copia legalizada de informe de saldos pendientes, (saldo caja recaudadora Bs. 53.888.50, depósito realizado al banco 37.987.50, saldo pendiente Bs. 15.901.00) y por la MP-PD-23 CITE 13/2014 se evidencia que la apropiación de dinero asciende a la suma de Bs. 97.611.50.- (noventa y siete mil seiscientos once bolivianos).


  1. Finalmente, la acusada en su condición de responsable de recaudaciones determinó que afectó a los intereses del Municipio de Padilla conclusión llegada por el tercer punto del dictamen pericial señalando el monto de Bs. 37.654.- (treinta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro bolivianos) referente a las boletas de ingresos por flete de tractor  agrícola y también por los formularios de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, corroborados por las declaraciones de Oscar Rodas Mendoza y Daniela Rivera.


Por lo que el Tribunal de Sentencia de Padilla, determinó que la conducta de la acusada al haberse apropiado de dineros indebidamente aprovechando de su cargo, ha adecuado su conducta al delito de Peculado imponiéndole una pena de cinco años de privación de libertad a cumplir en la cárcel pública de San Roque de la ciudad de Sucre.

   

II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Rosario Fabiola García Velásquez, interpuso recurso de apelación restringida, adhiriéndose la defensora de oficio,  denunciando defectos de Sentencia contenidos en los incs. 1), 5), 6), y 11) del art. 370 del CPP, en base a los siguientes argumentos:


Primer motivo.- art. 370 inc. 1) del CPP, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, refiere la apelante que el juicio oral fue desarrollado sobre la base de la acusación fiscal y particular, que versaba sobre el delito de Peculado, sin que exista base fáctica ni jurídica sobre dicho delito. Afirma que la Sentencia solo hizo una relación procesal, sin relevancia jurídico penal, sosteniendo que de ninguna manera puede su conducta subsumirse al delito condenado, pues para que haya peculado se requiere el dolo, la conciencia clara del agente de apropiarse de bienes que se encuentren a su cargo, incurriendo en interpretación aberrante del art. 142 del CP, al no haber valorado correctamente los elementos de juicio, por lo que fue sentenciada de manera injusta.


Segundo motivo.- art. 370 inc. 6) del CPP, la Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba, refiere la apelante que existe una defectuosa apreciación de los elementos probatorios de cargo; ya que, las mismas de ninguna manera establecen de qué forma o como de manera dolosa se hubiera apropiado de dineros, que estuvieren en su administración y custodia, explicando a tal efecto el principio de valoración razonable de la prueba para establecer luego en el caso de autos la valoración de la prueba que no fue objetiva e individual, dado que el Tribunal refiere como irrefutable y referencial; aspectos que, rompe con las reglas de la sana crítica, sin tener una correcta fundamentación vulnerando los principios básicos y el debido proceso en su vertiente debida fundamentación y motivación.


Tercero motivo.- art. 370 inc. 5 del CPP, no existe fundamentación en la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria, sobre este particular la recurrente invoca como precedente el Auto de Vista 30/2010 relativo a la fundamentación de la Sentencia, sosteniendo el motivo del reclamo se sustenta en la insuficiente fundamentación probatoria tanto intelectiva como descriptiva de la Sentencia.


En relación a la insuficiencia de fundamentación probatoria refiere que el juez está en la obligación de señalar uno a uno cuales fueron los medios probatorios del debate y describir en qué consiste y sostiene que la Sentencia incurre en el error de no establecer los elementos de prueba pertinente para determinar la existencia del delito de Peculado, pues se basa en pruebas impertinentes para establecer la existencia del tipo penal referido, que si bien no podía impedir su introducción de oficio, pero a la hora de valorar los elementos de prueba debía discriminar las pruebas pertinentes para establecer la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales acusados y respecto al delito por el que fue condenado no existiría un solo elementos de prueba que demuestre que de manera dolosa se hubiese apropiado de dineros o valores a cargo de su administración por lo que correspondía su absolución.


En relación a la insuficiencia de fundamentación probatoria intelectiva, sostiene la apelante que el Tribunal de mérito no realizó la fundamentación probatoria intelectiva, porque de haberlo hecho se determinaría la carencia de elementos probatorios, que permitan establecer la subsunción al tipo penal de Peculado.


Cuarto motivo.- art. 370 inc. 11) del CPP, falta de congruencia entre la acusación y la Sentencia, refiere la apelante que las acusaciones fiscal y particular no contaban con base fáctica ni jurídica respecto a los delitos acusados y ante dicho error se dicta una Sentencia incongruente, dado que ante la inexistencia de estos elementos en la acusación correspondía declarar la absolución por imposibilidad de subsunción. Afirma que esta incoherencia se manifiesta en que se la acusó por un hecho donde existe ausencia de aspectos básicos del tipo penal y que contraviene el art. 362 del CPP, careciendo de elementos probatorios por lo que incurriría dicho Tribunal de Sentencia en incongruencia, que implicaría defecto absoluto, solicitando la nulidad de la Sentencia y disponiendo el reenvío por otro Tribunal.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el recurso, en base a los siguientes argumentos:


  1. Que, en cuanto al primer motivo del recurso en el que se acusa inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva art. 173 del CPP, y el motivo cuarto en el que se acusa falta de congruencia entre la acusación y la Sentencia, dado que ambos motivos se encuentran vinculadas por la relación fáctica argumentada por la apelante, corresponde resolverlos de manera conjunta y en ese orden resulta importante partir de la definición y esencia del tipo penal de Peculado, que es un delito cuyo bien jurídico protegido es la función pública, el sujeto activo el mismo servidor público, siendo por ello un delito especial, el sujeto pasivo es la institución estatal, el verbo rector constituye la acción de “aprovechando el cargo que desempeña se apropiare”, el elemento subjetivo del tipo reconoce tanto la comisión dolosa como culposa.


Que, para establecer la base fáctica y jurídica de una acusación, la teoría constituye un planteamiento que hacen las partes, de cómo sucedió un hecho penalmente relevante reconstruido en base a elementos recogidos en etapa preparatoria que permiten subsumir el hecho en un tipo penal. La teoría fáctica no es más que la identificación de los hechos relevantes para comprobar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad o no del imputado, la teoría jurídica consiste en el encuadramiento jurídico de los hechos dentro de las disposiciones legales.


Que la teoría fáctica de la acusación responde a una estructura que debe incluir diferentes elementos como el tiempo en que ocurrió la acción, el elemento de locación, elemento subjetivo activo, la acción afirmada, el elemento subjetivo pasivo, las circunstancias y el resultado de la acción; y, en relación a la fundamentación jurídica, el encuadramiento jurídico del hecho imputado dentro de las disposiciones legales que tienen relación con los elementos constitutivos del tipo penal acusado; elementos que en el caso de autos, respecto a la base fáctica se encuentran plenamente identificados y desarrollados en las acusaciones, recogidos en el auto de apertura del juicio oral, evidenciándose que la acusación es clara en cuanto a la estructura de la teoría fáctica sin que la concreción del referente específico del elemento tiempo trascienda en forma negativa, más aun si se encuentra especificado de forma expresa.


Que en cuanto al proceso de subsunción de la conducta de la imputada al tipo penal atribuido en la acusación, en el caso de autos se evidencia que la Sentencia, en cuanto a la fundamentación jurídica responde ampliamente al requerimiento motivación pues la misma es clara, precisa, pertinente y suficiente, dado que dicha fundamentación parte del análisis de la norma en cuanto a los elementos constitutivos  del tipo penal de Peculado, tanto objetivos como subjetivos, explicitado claramente respecto a la conducta dolosa, para luego, en base al sustento probatorio realiza el proceso de subsunción  de la conducta de la imputada al hecho atribuido, de donde resultan infundadas las argumentaciones esgrimidas en los motivos primero y cuarto del recurso de apelación restringida interpuesta por la apelante; en consecuencia, no siendo evidente los defectos acusados deviene la improcedencia de estos dos motivos.


  1. Que en relación al segundo motivo, en el que se acusa defectuosa valoración de la prueba; este Tribunal advierte en la apelación, argumentación ambigua respecto no solo a las pruebas cuestionadas de defectuosa valoración, dado que cuestiona la prueba literal desfilada en juicio oral para luego referirse en términos generales a la prueba valorada por el Tribunal, afirmando que tal proceso no fue objetivo e individual, aspecto rompería las reglas de la sana crítica; sin embargo, recurre a una argumentación contenida de generalizaciones mas no individualizando la omisión denunciada, de donde resulta por demás abstractos tales argumentos, que no tienen relación con las exigencias de motivación de los agravios denunciados; no obstante, a ello del análisis y control respecto a la valoración probatoria, este Tribunal de alzada concluye que la tarea de valoración desplegada por el A quo responde a las exigencias normativas y jurisprudenciales de valoración probatoria, dado que todas y cada una de las pruebas incorporadas a juicio oral, han sido valoradas de manera individual en principio y conjuntamente posteriormente que constituyen la base de la construcción de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito, por ello se concluye que todas las pruebas han sido valoradas de forma individual a través de un proceso objetivo, pues dicha labor responde ampliamente a una estructura que deviene las exigencias de tipo normativo y jurisprudencial sin evidenciarse vulneración a las reglas de la sana crítica, en la valoración descriptiva e intelectiva que hace el Tribunal a quo y que se encuentra plasmada en la Sentencia confutada, no resultando en consecuencia evidente la valoración probatoria defectuosa que acusa la apelante, por lo que corresponde declarar la improcedencia del segundo motivo del recurso.


  1. Que con referencia al tercer motivo del recurso en el que se acusa insuficiencia de fundamentación probatoria descriptiva; al respecto, resulta incuestionable que la apelante a tiempo de argumentar la motivación del agravio reconoce la existencia de la valoración probatoria, no obstante de cuestionar su insuficiencia, sin señalar los elementos de prueba pertinentes para establecer la existencia de los elementos que tengan relación con el tipo penal acusado, denunciando que la Sentencia se basa en pruebas impertinentes respecto al tipo de injusto doloso por el cual fue condenada y que ninguna de las pruebas tienen relación con la apropiación dolosa de dineros o valores que estuvieron en su administración; al respecto, es menester puntualizar que al ser parte acusada en el juicio correspondía oponerse a la judicialización de las pruebas que consideraba impertinentes como primer filtro de control de la incorporación de pruebas, dando cuenta que de la revisión del acta de juicio no ha ejercido tal derecho; consecuentemente, ha consentido tal incorporación, siendo así el juzgador estaba obligado a valorarlas por lo que la alegación de impertinencia traída en casación no es acogible, no obstante a ello, ciertamente que a la hora de valorar la prueba también corresponde al Tribunal pronunciarse sobre el particular respecto a la prueba impertinente, sin embargo, en el caso de autos se evidencia que ante la determinación asumida por el Tribunal respecto a la valoración de la prueba judicializada en juicio oral, en la que se observa ahora, se consideró pertinente el efecto, al no existir consideración alguna en contrario sobre el particular; mucho menos, teniendo presente que el Tribunal de alzada está prohibido de valorar y revalorizar prueba, no encuentra en la tarea de control de legalidad y logicidad que le corresponde, bases suficientes como para cuestionar la determinación del A quo respecto a la impertinencia de la prueba introducida, más aun si se toman en cuenta que ni siquiera la apelante identificó de forma expresa qué pruebas considera se constituyen en impertinentes al objeto del juicio oral, con la debida motivación al efecto y que tenga relación con la acreditación o no de los elementos objetivos del tipo penal de Peculado.


Que por otra parte, respecto al cuestionamiento de omisión de valoración intelectiva, la apelante incurre nuevamente en generalizaciones sin la carga argumentativa suficiente que permita a este Tribunal realizar el control de logicidad en el proceso de valoración intelectiva de la prueba, más aun si reiteramos que el proceso de valoración probatoria cumple de manera suficiente con las exigencias normativas y jurisprudenciales. Pues al respecto, dada la labor de valoración de dichos alcances han permitido al Tribunal cimentar las conclusiones basadas en la prueba judicializada; en consecuencia, por las razones puntualizada no resultan acogibles las alegaciones de la apelante en este motivo recursivo; en cuyo mérito, deviene la improcedencia del motivo tercero.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS  


El presente caso la recurrente Rosario Fabiola García Velásquez, denunció que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción con el Auto Supremo 141/2013 de 28 mayo, por insuficiente fundamentación respecto al análisis del defecto de Sentencia descrito en el art. 370 inc. 5) del CPP.


III.1.        La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes, ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


En cuanto al único motivo de casación, objeto del presente análisis la recurrente denuncia que el Auto de Vista 189/2017 incurre en contradicción con el Auto Supremo 141/2013 de 28 de mayo (precedente), generando una deficiente e insuficiente fundamentación con relación al análisis sobre la concurrencia del defecto de sentencia descrito en el art. 370-5) del CPP, que consta en la apelación restringida. En ese sentido y a los fines de efectuar la labor de contraste corresponde desarrollar cada uno de los precedentes:


Así el Auto Supremo 141/2013 de 28 de mayo, fue emitido dentro del proceso penal seguido por R.O.C contra L.M.R.V, por la presunta comisión del delito de Despojo y otros, teniéndose como antecedente la omisión de pronunciamiento con la debida fundamentación sobre los puntos referidos en apelación restringida, siendo este el antecedente que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE.


Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el artículo 398 del citado adjetivo penal, pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que, la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; sin perjuicio de destacar que en caso de que el Tribunal de Alzada advierta defecto u omisión de forma deberá imprimir el trámite previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, en el marco del respeto al principio pro actione.


Bajo este preámbulo, corresponde verificar si el Tribunal de alzada incumplió la aplicación de la doctrina legal aplicable contenida en el precedente citado, por lo que a efectos de verificar los fundamentos contenidos en el Auto de Vista impugnado, respecto al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, corresponde analizar lo siguiente:


El Tribunal de alzada al resolver el defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, expresó en punto III que, con referencia al tercer motivo del recurso, en el que se acusa insuficiencia de fundamentación probatoria descriptiva; al respecto, resulta incuestionable que la apelante a tiempo de argumentar la motivación del agravio reconoce la existencia de la valoración probatoria, no obstante de cuestionar su insuficiencia, sin señalar los elementos de prueba pertinentes para establecer la existencia de los elementos que tengan relación con el tipo penal acusado, denunciando que la Sentencia se basa en pruebas impertinentes respecto al tipo de injusto doloso por el cual fue condenada y que ninguna de las pruebas tienen relación con la apropiación dolosa de dineros o valores que estuvieron en su administración; al respecto, es menester puntualizar que al ser parte acusada en el juicio correspondía oponerse a la judicialización de las pruebas que consideraba impertinentes como primer filtro de control de la incorporación de pruebas, dando cuenta que de la revisión del acta de juicio no ha ejercido tal derecho; consecuentemente, ha consentido tal incorporación, siendo así el juzgador estaba obligado a valorarlas por lo que la alegación de impertinencia traída en apelación no es acogible, no obstante a ello, ciertamente que a la hora de valorar la prueba también corresponde al Tribunal pronunciarse sobre el particular respecto a la prueba impertinente, sin embargo, en el caso de autos se evidencia que ante la determinación asumida por el Tribunal respecto a la valoración de la prueba judicializada en juicio oral, en la que se observa ahora, se consideró pertinente el efecto, al no existir consideración alguna en contrario sobre el particular; mucho menos, teniendo presente que el Tribunal de alzada está prohibido de valorar y revalorizar prueba, no encuentra en la tarea de control de legalidad y logicidad que le corresponde, bases suficientes como para cuestionar la determinación del A quo respecto a la impertinencia de la prueba introducida, más aun si se toman en cuenta que ni siquiera la apelante identificó de forma expresa qué pruebas considera se constituyen en impertinentes al objeto del juicio oral, con la debida motivación al efecto y que tenga relación con la acreditación o no de los elementos objetivos del tipo penal de Peculado.


Continua refiriendo el Tribunal de alzada que respecto al cuestionamiento de omisión de valoración intelectiva, la apelante incurre nuevamente en generalizaciones sin la carga argumentativa suficiente que permita a este Tribunal realizar el control de logicidad en el proceso de valoración intelectiva de la prueba, más aun si reiteramos que el proceso de valoración probatoria cumple de manera suficiente con las exigencias normativas y jurisprudenciales. Pues al respecto, dada la labor de valoración de dichos alcances han permitido al Tribunal cimentar las conclusiones basadas en la prueba judicializada; en consecuencia, por las razones puntualizadas no resultan acogibles las alegaciones de la apelante en este motivo recursivo; en cuyo mérito, deviene la improcedencia del motivo tercero.


De lo anteriormente extraído, de los fundamentos del Tribunal de alzada referente al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP; es decir, que no exista fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria. Al respecto, verificado y analizado los argumentos del Tribunal de alzada no se evidencia que sus motivaciones al resolver lo denunciado en apelación sea insuficiente o deficiente, debido a que dicho Tribunal analiza el agravio denunciado, determinando que no existió insuficiencia de fundamentación probatoria descriptiva ni intelectiva, realizando el control de logicidad y legalidad a la respectiva Sentencia, verificando que cumple con las exigencias normativas y jurisprudenciales, concluyendo también de que el motivo llevado en apelación por la recurrente carecía de carga argumentativa suficiente ingresando en generalizaciones que no determinaban o señalaban con precisión las pruebas, otorgando una respuesta clara, motivada y fundamentada  en cuanto al agravio denunciado.

De manera que, estos parámetros fueron cumplidos por el Tribunal de apelación, al ser el Auto de Vista impugnado expreso, al haber señalado de manera concreta y clara que no resulta evidente lo acusado respecto al defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, determinando que existió insuficiencia de fundamentación probatoria descriptica ni intelectiva, realizando un control de logicidad y legalidad; claro ya que, no deja lugar a dudas lo expresado por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca a momento de declarar improcedente lo acusado; completo, porque en su respuesta abarca los hechos y el derecho que se aplica, estableciendo el Tribunal de alzada su determinación en previsión del art. 407 del CPP; y, el art. 370 inc. 5) del mismo cuerpo adjetivo penal, estableciendo que la fundamentación expuesta en el aparatado IV, V y VI de la Sentencia impugnada precisan las fundamentaciones fácticas, probatorias y jurídicas; consecuentemente, al no haber acreditado la parte apelante el defecto acusado, declara improcedente este agravio; legítimo, pues de conformidad a la norma adjetiva penal, otorgó respuesta sobre las razones para la determinación de declarar improcedente el agravio denunciado y lógico, al estar correcta y coherentemente fundamentado.

Por los fundamentos expuestos precedentemente, al no haberse demostrado la contradicción alegada con el precedente invocado corresponde a la Sala Penal  declarar infundado el recurso interpuesto, correspondiendo en consecuencia confirmar el Auto de Vista impugnado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rosario Fabiola García Velásquez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase. 


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos