TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 321/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo 2018


Expediente                          Santa Cruz 120/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                  : Carola Gómez Rivera y otro

Delitos                                : Robo y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de julio de 2017, cursante de fs. 1057 a 1065, Jorge Mariano Zambrana Pareja, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 41 de 30 de mayo de 2017 de fs. 723 a 726, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Carola Gómez Rivera y Ramiro Condori Mamani (declarado rebelde), por la presunta comisión de los delitos de Robo y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 331 y 332 incs. 1), 2) y 3) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 009/2017 de 8 de febrero (fs. 696 a 689 vta.), el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Carola Gómez Rivera, absuelta de culpa y pena de la comisión de los delitos de Robo y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 331 y 332 incs. 1), 2) y 3) del CP, disponiendo la cesación de toda medida cautelar impuesta en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Jorge Mariano Zambrana Pareja, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 708 a 711 vta.), resuelto por auto de Vista 41 de 30 de mayo de 2017, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del recurso de casación interpuesto y del Auto Supremo 795/2017-RA de 17 de octubre, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Denuncia el recurrente que el Auto de Vista recurrido incurrió en fundamentación insuficiente; puesto que, en su apelación restringida denunció inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, debido a que, en la absolución de la acusada, se dio una calificación distinta a la señalada en la acusación, incurriendo en el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1), 407 y 169 vinculante con los arts. 332 incs. 1), 2) y 3) del CPP y 13 del CP; a lo cual, el Auto de Vista impugnado respondió en sentido que todos los elementos probatorios fueron valorados; empero, dicha afirmación la realizó sin haber considerado las veintinueve pruebas documentales presentadas (detalladas en el memorial de casación), omitiendo además que Carola Gómez Rivera fue aprehendida  en compañía del coacusado prófugo Ramiro Condori Mamani, quien conducía la camioneta de Oscar Zelada Rivero, “que trabajo se encontraba haciendo en la propiedad de la Familia Zambrana” (sic), indicando que fue contratada por Lorgio Campos Vargas, que tenía dos domicilios diferentes en dos procesos penales y la camioneta de Carmen Sandra Parra de Gil esposa de Mario Gil Sosa fue encontrada en la propiedad de la familia Zambrana, violando el Auto de Vista las siguientes normas legales: a) El art. 370 incs. 1), 10) y 11) del CPP, porque se inventó hechos que no “dice la Sentencia” (sic), como que, todas las pruebas documentales y testificales hubieran sido valoradas; b) Los arts. 38 inc. 2), 40 bis, 41 del CP y 167 del CPP; toda vez, que la acusada tiene múltiples denuncias; c) Los arts. 58 inc. 1) de la LOJ, 370 incs. 1) y 10), 116 y 124 del CPP; toda vez, que el Tribunal de Sentencia y el de alzada no valoraron las pruebas documentales, pues sólo descifraron las testificales que les convinieron; d) Los arts. 30 incs. 6) y 12) de la Ley 025 y 419 del CPP, porque el Tribunal de mérito en su fundamento, señala que todas las pruebas fueron fundamentadas; e) El Tribunal de origen no puede valorar y examinar pruebas producidas en juicio; empero, debe dar a conocer las pruebas que no fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia; f) El art. 332 incs. 1), 2) y 3) del CP, porque el Tribunal de Sentencia no argumentó la decisión, generando defecto absoluto al tenor del art. 370 incs. 1), 10) y 11), vinculante con el art. 169 inc. 3) del CPP, defecto ratificado en alzada sin considerar la reincidencia de la imputada; g) El art. 234 incs. 4), 5), 6), 7), 9), 10) y 11 del CPP, por no haber considerado que la acusada fue imputada por la comisión de otro delito; h) El art. 332 incs. 1), 2) y 3) del CPP, porque se omitió valorar que el hecho ocurrió en lugar despoblado; i) Los Tribunales de Sentencia y de alzada no consideraron ni valoraron a tiempo de emitir la Sentencia, la participación de la acusada en grupos delictivos, tal como se demuestra del extracto de llamadas entre la imputada y Mario Horacio Gil Sosa; j) El art. 235 bis del CPP; toda vez, que no se explicó la participación de los acusados en el organigrama de la Organización Criminal emitido por el grupo especial de inteligencia de la Policía Boliviana, donde se muestra a Ramiro Condori Mamani y Carola Gómez Ribera, son parte de la banda; omisión confirmada por la Sala Penal; k) El art. 23 del CP, dado que el Tribunal de mérito nunca pudo explicar la participación de Carmen Sandra Parra de Gil y la presencia de su camioneta en la propiedad de la familia Zambrana; y, i) La Sentencia no valoró que la acusada fue aprehendida en flagrancia, al interior de la propiedad de la Familia Zambrana; no obstante, el Tribunal de alzada confirmó la violación; incurriendo en insuficiente fundamentación, al no observar la ausencia del criterio de valor a cada uno de los elementos de prueba, pese a que la motivación debe ser clara y precisa, extrañándose la consideración de los aspectos cuestionados en el recurso, entre otros, sobre la inadecuada determinación de la pena impuesta “que en los hechos es la pena máximo legal no obstante concurren otros preceptos legales de aplicación de sanción por haber presentado el arma” (sic).


  1. Arguye la recurrente que el Auto de Vista recurrido no se pronunció respecto a sus denuncias concernientes a la vulneración: i) Del art. 370 inc. 2) con relación al art. 169 inc. 3) del CPP, porque el Tribunal de Sentencia no hubiera realizado una suficiente individualización para determinar quién o quiénes estuvieron en el momento y lugar de los hechos, incurriendo en insuficiente fundamentación del fallo; ii) Al art. 370 inc. 5) con relación al art. 169 inc. 3) del CPP, porque el Tribunal de sentencia no realizó una suficiente fundamentación; iii) Los arts. 370 inc. 10) con relación al 169 inc. 3) del CPP, porque el Tribunal de Sentencia no observó las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia; y, iii) Los arts. 370 inc. 11) con relación al 169 inc. 3) del CPP, por no haberse observado las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación. Al respecto, invoca el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 795/2017-RA de 17 de octubre, cursante de fs. 1079 a 1081, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente, para el análisis de fondo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se tiene lo siguiente:


II.1.  Del recurso de apelación restringida.


En principio de manera general el recurrente, alega que la Sentencia “muestra inobservancia en la valoración de las pruebas y violación de derechos y garantías” (sic), previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el Código de Procedimiento Penal, “fundamentando los siguientes motivos:


II.2.  DISPOSICIONES VIOLADAS O ERRONEAMENTE APLICADAS


“1) Violación de la Garantía Constitucional y procesal de Violación a los Derecho Concede a la Víctima la Indemnización, establecido en los artículos 113 romano I) de la Constitución Política del Estado y el artículo II, 12 y 13 del Código de Procedimiento Penal.


2)Violación de la Garantía Constitucional y procesal del Derecho a ser protegido oportunamente y efectivamente y el Derecho de Defensa establecido en los artículos 115 romano I) y II) de la Constitución Política del Estado y el artículo 11, 12 y 13 del Código de Procedimiento Penal.


3) Violación de la Garantía Constitucional del Debido proceso de ser oída por autoridad jurisdiccional, competente independiente e imparcial establecido en el artículo 120 romano I) de la Constitución Política del Estado y el artículo 11, 12 y 13 de la Ley Nº 1970.


4) Violación del Derecho de Apelación, del derecho a la apelación Restringida por valoración defectuosa de las pruebas establecido en el artículo 370 numeral 6) y 10) del Código de Procedimiento Penal.


5) Violación al Derecho a ser oída antes de cualquier decisión judicial establecido en el artículo 121 romano II de la Constitución Política del Estado.


6) Violación de la Acción de Cumplimiento de Disposiciones Constitucionales establecido en el artículo 134 romano I) de la Constitución Política del Estado.


7) Convalidación antijurídica del principio de Actividad Procesal Defectuosa establecido en el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal.


8) Convalidación de Defectos Absolutos establecidos en el artículo 169 numeral 3) del Código de Procedimiento Penal. (…)” (sic).


Continua señalando que el error o defectos de procedimiento en el orden constitucional, son calificados como lesivos al derecho del debido proceso y tutela judicial, cuya vulneración no es convalidable como dispone el art. 169 inc. 3) del CPP, los cuales además no podrían ser valorados para fundar una decisión, así como tampoco los actos cumplidos con inobservancia de la ley, según lo previsto por el art. 167 de la norma adjetiva penal, identifica como norma violada o erróneamente aplicada, el derecho a la defensa, tutelada por los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y arts. 11, 12 y 13 del CPP, fundamenta señalando que las normas jurídicas son de aplicación coercitiva por los juzgadores, aunque las mismas no sean de su agrado; que en el caso de autos el de mérito hubiera violentado el sagrado derecho a la defensa, lo cual es inconvalidable. Como aplicación que pretende, señala que: “Conforme ordena la ley, antes de dictar una sentencia el Juez o Tribunal debe observar que no se hayan violado derecho de las partes, conforme establece al artículo 11 con relación al artículo 12 del Código de Procedimiento Penal” (sic).


  1. Acusa la violación de la garantía constitucional del Debido Proceso, tutelado por el art. 115.II de la CPE, señalando que el mismo es la base sobre la cual se sustenta la tutela judicial y que la afectación de cualquier garantía constitucional implica violación, lesión, disminución antijurídica de derechos concurrentes o conexos al proceso; que en el caso de autos la sentencia absolutoria, no habría corroborado lo establecido por el inc. 6) del art. 370 del CPP, que a decir de la apelante, no guarda compatibilidad alguna con la seguridad jurídica procesal, consagrado en la Constitución y la Ley 1970, que establecería que el administrador de justicia debe ajustar su actuación a las reglas establecidas para cada uno de los actos procesales, “…no justificar el quebrantamiento con paralogismos, yuxtaposiciones, afirmaciones mecánicas con acumulación de digresiones desconociendo que la ley es un mandato concreto y determinado, impersonal y abstracto, cuya observancia obliga a todos, que su acatamiento no está sujeto al deseo ni al capricho de las personas o mala voluntad de aplicar la ley conforme a derecho.” (sic). Continua señalando que “LA MALA APLICACIÓN QUE SE PRETENDE.- (…)” (sic), se debe aplicar el art. 407 del CPP, en la magnitud que comprende el art. 363 del mismo cuerpo legal, que señalaría los requisitos para una sentencia absolutoria y no tener defectos que habiliten la apelación restringida; que de la revisión de la Sentencia, se observaría que la misma no cuenta con valoración de las pruebas de manera integral,  ni mucho menos el SEGUNDO ACUSADO RAMIRO CONDORI MAMANI, por lo que los actos serían nulos de pleno derecho y según el CPP, no convalidables por ser ilegal y arbitrarios, pues no se hubiese valorado correctamente las pruebas ni la declaración de los testigos, así como de los imputados y la reincidencia de la acusada; haciendo referencia a las normas que consagrarían el debido proceso, señala que el de mérito violentó los principios constitucionales y sus derechos y garantías, al dictar sentencia absolutoria por el delito de Robo Agravado, demostrando mala voluntad, infringiendo el derecho a la seguridad jurídica y legalidad, pues no habría aplicado objetivamente la ley ni menos valoró las pruebas y las declaraciones, causándole perjuicio, “sin estar obligado a hacer lo que la Constitución Política del Estado y las leyes me manden, ni a privarme de lo que ellas no prohíban.” (sic), señala que la aplicación que pretende, es que en observancia del art. 363 del CPP, antes de imprimir una sentencia absolutoria cumpla ciertos requisitos y revise esos actos para su correcta realización “… esto implica un mandato imperativo DE REVISAR SUS PROPIOS ACTOS Y MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA SE VALORE LAS PRUEBAS CONFORME ESTABLECEN LAS DECLARACIONES, EL TRIBUNAL NO LO HIZO.” (sic).


  1. Bajo el acápite de “Violación de la Acción de Cumplimiento de Disposiciones Constitucionales establecido en el artículo 134 romano I) de la Constitución Política del Estado.” (sic), alega que el Estado asume rol protagónico en la defensa de los derechos del hombre, al efecto se habría puesto en vigencia mecanismos de control constitucional para regular el ejercicio de los derechos y obligaciones; señala que en las resoluciones, las disposiciones constitucionales son de cumplimiento obligatorios, en ese sentido se habría pronunciado la Sentencia Constitucional 0279/2007-R de 17 de abril, el cual pide sea aplicado al caso de autos.


  1. Bajo el título de “Convalidación antijurídica del Principio de Actividad Procesal Defectuosa, establecido en el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal”, refiere que el art. 167 del CPP, regula la actividad defectuosa, señalando que no pueden ser valorados para fundar una decisión, ni utilizados como presupuestos de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el Código procesal Penal; que en el caso concreto la Sentencia absolutoria, habría quebrantado sus derechos constitucionales a un juicio justo y bien llevado, dejándolo en estado de indefensión, quebrantando la legalidad procesal, la igualdad procesal, limitando su acceso a una justicia imparcial; como aplicación que pretende, señala que al no poderse convalidar los actos cumplidos con inobservancia de las formas previstas por ley, debe revocarse la Sentencia, pues considera la absolución, ilegal e indebida.


  1. Refiere que los defectos absolutos no son susceptibles de convalidación y que encuentran su fundamento en el derecho a la defensa, seguridad jurídica, igualdad procesal, acceso a una justicia imparcial, pues obrar de manera contraria implicaría inobservancia y desconocimiento de la ley; en el caso de autos el A quo habría violado derechos y garantías previstos en la CPE, al no aplicar lo previsto por el art. 363 del CPP y la Sentencia Constitucional 279/2007; como aplicación que pretende, señala que: “corresponde corregir las pruebas ante el tribunal y ordenar como corresponde y según las pruebas valoradas.” (sic).


  1. Señala que en el caso de autos, el de mérito no tuvo la mínima observancia o interés de revisar el proceso con sus respectivas pruebas y ver que la sentencia no viole sus derechos y garantías constitucionales, pues las declaraciones harían presumir y demostrar que la acusada participó del Robo Agravado; toda vez, que el hecho hubiera sido cometido por dos personas, aspecto que no hubiera sido valorado por el de mérito describe los mismos-, refiere que la mala fundamentación y valoración de las pruebas vulnera y viola su derecho a la indemnización y reparación del daño y perjuicio, su derecho a ser protegido por jueces y el Estado, al debido proceso, igualdad de las partes y a ser oído, tal como establecen los arts. 113.I, 115.I y II, 119.I y 120.I de la CPE.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


El recurso de apelación restringida, fue resuelto por Auto de Vista 41/2017 de 30 de mayo, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarándolo admisible e improcedente, bajo los siguientes argumentos:


En el considerando cuarto del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de apelación, refirió que el querellante, pretendió que el de alzada revalorice la prueba testifical y documental, sin considerar que no tiene esa facultad, siendo su función corregir errores solo de derecho, lo cual presupone la intangibilidad del material fáctico, sin que puede descender al examen de los hechos, modificarlos, complementarlos o desconocerlos, cuando estos cumplan las reglas de la sana crítica, conforme lo previsto por los arts. 124, 171 y 173 del CPP: A continuación, refiriéndose a las formas de comisión del delito de Robo y Robo agravado en el quinto considerando, refiere que el apelante de manera genérica señaló que se violentó sus derechos constitucionales como el de ser protegido oportuna y efectivamente, a la defensa y debido proceso, señalando como norma violentada o erróneamente aplicada a los arts. 115 y 119 de la CPE y 11, 12 y 13 de la CPP, sin fundamentar detallada ni específicamente, cuáles serían las pruebas defectuosamente valoradas; si bien citaría el inc. 6) del art. 370 del CPP, no habría realizado una fundamentación jurídica, ni de hecho sobre las pruebas de cargo o descargo, las literales, testificales o periciales, limitándose a hacer mención al otro acusado Ramiro Condori Mamani, sin decir de qué forma le causa agravios la sentencia absolutoria, citando disposiciones legales de la Constitución Política del Estado; empero, sin hacer una expresión de agravios, sin citar concretamente las leyes que considera violadas o erróneamente aplicadas ni cuál es la aplicación que pretende, tampoco había indicado de manera separada cada violación con sus fundamentos respectivos, tal como exige los arts. 370, 396 inc. 3) y 408 de la norma adjetiva penal; sin embargo, de la revisión de Sentencia, se tendría que el de mérito valoró correctamente las pruebas testificales de Amilkar Marcelo Zaralegui Vaca, Néstor Durán Fuentes, Olivia Melgar Corrales, Jorge Mariano Zambrana Pareja, haciendo una relación respecto a la actuación de la imputada Carola Gómez Ribera, su relación con Mario Horacio Gil Sosa y el uso de la camioneta de Carmen Sandra Parra Gil, hechos que no afectarían la conducta de la imputada, pues serían insuficientes para fundar una sentencia condenatoria al tenor del art. 365 del CPP, pues el hecho de haber sido encontradas algunas pertenencias de la víctima en la camioneta, no sería suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada; toda vez, que se habría demostrado que la acusada se encontraba en el vehículo como pasajera y como casera de la propiedad “La Isla del Guitarrero” de propiedad de Lorgio Campos y junto a ella también trabajarían otras personas.


En el sexto considerando de la resolución impugnada, el de alzada refiere que el A quo hizo una correcta actuación y conforme a derecho según lo previsto por el art. 363 inc. 2); toda vez, que las pruebas de cargo fueron insuficientes para sostener la existencia de culpabilidad penal de la acusada en el delito de Robo y Robo Agravado; que si bien el apelante básicamente haría alusión al defecto de sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, no citaría ni detallaría las pruebas que fueron valoradas defectuosamente, siendo insuficiente alegar que existió mala valoración, pues el apelante tendría la obligación de citar y detallar de manera precisa las pruebas y como los relaciona con el hecho o agravio a su persona, por lo que el Tribunal de apelación no podría ingresar a considerar aspectos que no fueron identificados de manera precisa. Concluye señalando que el Tribunal de Sentencia, valoró y ponderó cada una de las pruebas literales y testificales, conforme lo previsto por los arts. 171 y 173 del CPP y que la prueba aportada en juicio generó dudas, por lo que en aplicación del principio in dubio pro reo, se hubiera aplicado correctamente lo dispuesto por el art. 363 inc. 2) del CPP.


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE CONTRADICCIÓN


Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 749/2017-RA de 25 de septiembre (fs. 451 a 453), que admitió por precedente, el recurso que es caso de autos; por lo que, con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.

Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido, no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2. Análisis del caso en concreto.


En el primer motivo del recurso de casación, el acusador particular denunció que el Tribunal de apelación incurrió en fundamentación insuficiente a tiempo de resolver el agravio de apelación fundado en la errónea aplicación de la ley sustantiva, motivo de casación en el que el recurrente invocó como precedente contradictorio:


El Auto Supremo 451 de 13 de septiembre de 2007,  dictado dentro del proceso penal seguido por GDF contra FFC, por la presunta comisión del delito de Despojo, tuvo como relación fáctica que: i) Existe ambigüedad en la valoración de la prueba; puesto que, le otorgaría idéntico valor a pruebas contrarias, lo cual implicaría vulneración de las reglas de la lógica, comprobando que existió mala praxis del sistema de la sana crítica; ii) Que, el Tribunal de apelación no ejerció control sobre la actuación del A quo; en cuanto, a la determinación de la pena; iii) Que restringió el derecho a la defensa e impugnación de las resoluciones jurisdiccionales, al no relacionar ni considerar el recurso de apelación interpuesto por el imputado, incurriendo el Ad quem en insuficiente fundamentación en infracción del art. 124 del CPP, por no haber observado la ausencia de criterio de valor de cada elemento de prueba, limitándose a transcribir los fundamentos del querellante particular y por falta de consideración de los aspectos cuestionados en el recurso, como ser la inadecuada determinación de la pena. Motivando la siguiente doctrina legal aplicable:


El espíritu de la normativa penal, en consonancia con la doctrina penal contemporánea establece que la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia, por lo tanto los Tribunal de apelación deben fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y de derecho en que se basan, no pudiendo ésta ser reemplazada por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes vulnerando de tal manera derechos constitucionales. Ante eventuales denuncias de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, es menester que los Tribunales de alzada, realicen un efectivo control del sistema de valoración de la prueba y se pronuncien, de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación en análisis.


Nuestro ordenamiento penal acoge el sistema de la Sana Crítica, pretendiendo explicar que sus contenidos y fines son el sometimiento de la prueba a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable la existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma “sana”, esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables, y “crítica” es decir, que con base en los “criterios de verdad” otorgados a cada elemento de prueba, los hechos probados sean confrontados para establecer si una acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera explicable dentro de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos.


La máxima expresión del sistema emerge del juicio de mérito y se traduce en la resolución del a quo, quien debe analizar en su integridad los elementos probatorios introducidos legalmente al proceso para con fundamento y límite en la sana crítica, colegir cuáles ameritan probar un hecho y cuáles no, labor intelectual que obliga a una apreciación inicialmente individual pero, acto seguido como en todo proceso analítico, una actividad confrontativa con el universo probatorio, única forma de establecer la verdad procesal, pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino referido a un objeto determinado, esto es, que el juicio probatorio imprescindiblemente, debe fundamentarse en los medios de prueba dinamizados en la correspondiente actividad procesal.


En un primer momento, a partir de la inmediación y de la percepción directa de la prueba, el juez o Tribunal de manera subjetiva, adquiere convicción. Posteriormente debe expresar ese razonamiento y darle el necesario soporte racional al juicio que realizó sobre la prueba en el que se le exige que traduzca de manera objetiva el valor asignado a cada elemento de la misma y explique la operación lógica realizada para llegar a determinada conclusión; esta actividad debe ser expresa de manera que garantice a las partes el control de razonamiento del Juez o Tribunal y la correcta aplicación del sistema de valoración de la prueba para el posible control de legalidad ulterior.


Este control, en consecuencia, debe incluir la verificación de la correcta motivación de las sentencias y recae primeramente en el ad quem quien, ante la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales, debe disponer lo que corresponda, conforme la previsión de los arts. 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal.


Existiendo una situación procesal fáctica similar insuficiente fundamentación en el Auto de Vista-, entre el precedente invocado y la denuncia de casación, corresponde verificar a este Tribunal, la existencia o no de la denuncia efectuada en casación.


Al respecto, el recurrente alegó en casación que el Tribunal de apelación incurrió en insuficiente fundamentación al resolver el motivo de apelación restringida fundado en la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; en primer lugar corresponde referir que de la revisión minuciosa del recurso de apelación restringida interpuesto por el acusador particular contra el fallo del Tribunal de mérito, conforme lo detallado en el acápite II.1 de la presente resolución, en el cual se identifican seis motivos, ninguno hace referencia a la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP; en segundo lugar, el recurrente refiere que el supuesto defecto de sentencia acontecería porque el Tribunal de mérito hubiera dado una calificación distinta a la señalada en la acusación, cuando dicho argumento no fue referido en ninguno de los seis motivos de apelación identificados en el acápite II.1 del presente fallo. Razones por las cuales se establece que no es evidente que el Tribunal de alzada hubiera otorgado una respuesta sea con o sin fundamentación suficiente- a un agravio en el que no fue fundado el recurso de alzada, no siendo evidente que el Ad quem, no haya considerado las veintinueve pruebas de cargo y las circunstancias en las que hubiera sido aprehendida la acusada y menos que hubiera violado las normas procesales y sustantivas penales, los cuales además son expuestas sin una fundamentación clara; para dar un ejemplo de la defectuosa proposición jurídica realizada por el impugnante, el mismo, señala que el Tribunal de apelación violó los incs. 1), 10) y 11) del art. 370 del CPP, porque hubiera inventado hechos que la Sentencia no dice; argumento en el cual se observa una falta de claridad en el planteamiento realizado, puesto que la norma adjetiva identificada como violada por el de alzada, hace referencia a la descripción de defectos de Sentencia, en los cuales solo podría incurrir el Tribunal de mérito, quien es el que dicta el referido fallo, siendo imposible que el Tribunal de apelación incurra en los referidos defectos.


Por lo expuesto, no siendo evidente que en el recurso de apelación restringida se hubiera alegado la inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva inc. 1) del art. 370 del CPP-, no es posible verificar la correcta fundamentación en la respuesta que debió ser otorgada por el Tribunal de apelación; puesto que, la misma es inexistente al no haberse analizado un aspecto que no fue demandado.


El Auto Supremo 451 de 13 de septiembre del 2007, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro contra VBSA y otro, por la comisión del delito de Homicidio; tuvo como antecedente, la constatación por parte del Tribunal de casación, que el Tribunal de mérito incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva.


Situación fáctica diferente a la planteada en el motivo de análisis, en el cual el recurrente denuncia insuficiente fundamentación y en cambio el precedente invocado hace referencia a la errónea aplicación de la norma sustantiva; aspecto que, como se dijo precedentemente, no fue motivo de apelación restringida, sumado al hecho que en materia sustantiva, tal como se dijo en el acápite III.1 del presente fallo, el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar, lo cual tampoco acontece en entre el precedente invocado Homicidio- y el caso de autos Robo Agravado-.


En el segundo motivo de casación, la parte acusadora denunció que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia omisiva, motivo en el que invocó como precedente contradictorio:


El Auto Supremo 562 de 1 de octubre del 2004, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra contra MPFH, por la comisión del delito de Estelionato, que tuvo como hecho, la constatación por parte del Tribunal de casación, que tanto el Tribunal A quo como el Ad quem, no se pronunciaron en forma clara y precisa sobre el valor de la sentencia ejecutoriada, dentro de un proceso civil que fue presentado como prueba por parte de la acusada, motivando la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de Alzada o el de Casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva.”


De lo señalado, se establece que existe una situación análoga entre el precedente invocado y el motivo de casación referido a la incongruencia omisiva, en la que habría incurrido el Tribunal de apelación al no resolver todas las circunstancias alegadas en apelación por la parte acusadora particular, correspondiendo establecer si existe o no la contradicción denunciada.


Al respecto, de la revisión del recurso de apelación restringida interpuesto por el acusador particular, se establece que éste denunció: inobservancia en la valoración de las pruebas y violación de derechos y garantías, refiriendo en el punto 4 del primer agravio planteado, que en el caso de autos se hubiese violado el derecho de apelación, por valoración defectuosa de las pruebas, según lo establecido por el art. 370 inc. 6) y 10) del CPP; es decir, solo se hizo una mención del defecto previsto por el inc. 10) de la norma que precede, sin ningún tipo de argumentación para sustentar la circunstancia referida, lo cual fue resuelto por el Tribunal de apelación, quien estableció de manera correcta que el apelante de manera genérica señaló que se violentó sus derechos constitucionales. Por lo que, tomando en cuenta el principio de trascendencia que a decir de Orlando Rodríguez, en su obra “Casación y Revisión Penal” el error de ser “además de grave, de tal magnitud que necesaria e indefectiblemente tenga repercusiones nocivas para la constitucionalidad y legalidad en el resultado de la sentencia para el impugnante, que si no se hubiera presentado, fuera favorable ese resultado, o menos gravoso”, en el caso de autos, al no haber sido fundamentado el defecto de sentencia previsto por el inc. 10) del art. 370 del CPP, el resultado de su resolución seguiría siendo improcedente, pues el apelante tanto en su recurso de apelación como de casación, hizo simple mención de normas constitucionales, procesales y sustantivas, sin ninguna exposición de argumentos para sustentar y demostrar la existencia de defectos de la sentencia, a fin de que tanto el Tribunal de apelación como éste Tribunal, tengan claridad en lo que quiere decir el impugnante.


Finalmente, conforme las circunstancias alegadas por el apelante y que fueron resumidas en el acápite II.2 de la presente resolución, se tiene que el acusador particular en su recurso de apelación restringida, no alegó ni fundamentó la supuesta existencia de los defectos de sentencia, previstos por los incs. 2), 5) y 11) del art. 370 del CPP, pues en su recurso de alzada el acusador hizo alusión genérica de vulneración de derechos y garantías constitucionales y en la supuesta defectuosa valoración de la prueba; no siendo evidente que el Tribunal de apelación hubiera omitido pronunciarse sobre los defectos de sentencia alegados, pues los mismos no fueron parte de la actividad recursiva del acusador particular; consiguientemente, el recurso de casación deviene en infundado.


POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jorge Mariano Zambrana Pareja.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos