TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 319/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo de 2018


Expediente                        : Oruro 28/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Janneth Wendy Díaz Santander y otros

Delito                        : Incumplimiento de deberes

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de julio de 2017, cursante de fs. 233 a 235,  Janneth Wendy Díaz Santander, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 35/2017 de 14 de julio, de fs. 207 a 217, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Yana Chambi, Juan Carlos Villca Rivas, Abraham Bravo Suxo y la recurrente, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 10/2017 de 6 de abril (fs. 71 a 78 vta.), la Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Janneth Wendy Díaz Santander y Juan Chambi Mollericona, autores de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas a favor del Estado y resarcimiento del daño civil a la víctima; respecto a Juan Yana Chambi, Juan Carlos Villca Rivas, Abraham Bravo Suxo, fueron absueltos del delito endilgado en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Janneth Wendy Díaz Santander (fs. 156 a 159 vta.) y Juan Chambi Mollericona (fs. 161 a 163), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 35/2017 de 14 de julio, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada, motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 791/2017-RA de 17 de octubre, se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente alega que el Auto de Vista impugnado, vulneró sus derechos y garantías constitucionales como el derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica, refiriendo que entre los fundamentos de la Resolución ahora impugnada, indicó que el recurso de apelación restringida se interpondrá por inobservancia de la ley o errónea aplicación de la ley sustantiva, además que debe citarse de manera concreta y precisa las disposiciones legales que se consideren violadas “o erróneamente violadas…” (sic), que en su memorial de apelación, manifestó en cuanto a la valoración de las pruebas, que el Ministerio Público, no ofreció el “LIBRO DE NOVEDADES” (sic), que sería la única prueba para establecer la tipicidad del delito de “INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES” (sic), por lo que no valoró el art. 173 del CPP y que tampoco se valoraron las pruebas.


Indica que en su memorial de apelación se cumplieron con los requisitos; y, que para el caso de que no se hubieran cumplido, el Tribunal de alzada debió hacer sus observaciones antes de la admisión del recurso; aspecto que no lo hizo, habiendo directamente emitido Auto de Vista que declaró improcedente su recurso, vulnerando el debido proceso. Por otra parte, indica que lo correcto era que se le notifique con un rechazo del recurso por no cumplir con las formalidades, que no es lo mismo que una declaratoria de improcedencia; además que debió cumplir con lo establecido en el art. 399 del CPP, que establece que si existe defecto u omisión de forma, el Tribunal de alzada, lo hará saber al recurrente, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo; aspecto que, no ocurrió, por lo que el Auto de Vista no cumplió con la fundamentación.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita, se case el Auto Vista recurrido, disponiendo que el Tribunal de alzada pronuncie nueva Sentencia absolutoria.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 791/2017-RA de 17 de octubre, cursante de fs. 254 a 257 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por la recurrente, para el análisis de fondo ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 10/2017 de 6 de abril, la Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Janneth Wendy Díaz Santander y Juan Chambi Mollericona, autores de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión; asimismo, absolvió de la comisión del delito endilgado a los imputados Juan Yana Chambi, Juan Carlos Villca Rivas, Abraham Bravo Suxo, bajo los siguientes hechos probados: 


  1. Que, Juan Chambi Mollericona no cumplió con su obligación de llenar el libro de novedades del grupo especial GISUQ, pues registró el 28 de noviembre de 2015 “sin novedad”, faltando a la verdad cuando en la labor de ese día sí hubieron novedades que ameritaban ser registradas, máximo cuando él, fue participe de estas, luego asistió al lugar, incluso en contravención a la prohibición que establecen los arts. 114 y 124 del Reglamento de Régimen Interno de la Policía Nacional.

  1. Que, Janneth Díaz Santander, siendo la encargada, jefe de grupo o patrulla no ha controlado que su personal, en el caso, el comandante de guardia  Chambi Mollericona, cumpla su función de registrar en el libro de novedades lo acontecido el 28 de noviembre de 2015.


  1. Que, tampoco dio parte a su superior en grado de lo sucedido el día de los hechos, ello queda establecido a partir de la documental que fue presentada en juicio oral como prueba a momento de la excepción de cosa juzgada y prejudicialidad demandada por los otros 4 acusados, consistente en una Resolución de primera instancia 014/2016 de 22 de marzo, confirmada por Resolución 207/2016 de 5 de octubre, del Tribunal Disciplinario Superior, cuya parte resolutiva declara probada la acusación formulada por el fiscal policial en contra de la Sbbte. Janneth Wendy Díaz Santander, por la falta grave prevista en el art. 12 núm. 25) de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.


  1. Que, de no ser por la denuncia que reveló lo sucedido el 28 de noviembre de 2015, la imputada no iba a informar nunca de ese operativo ni las circunstancias irregulares en las que se desarrolló esta, lo que demuestra una conducta dolosa.


  1. En cuanto a los acusados Juan Yana Chambi, Juan Carlos Villca Rivas y Abraham Bravo Suxo, si bien existió un hecho anómalo el 28 de noviembre de 2015, donde estuvieron presentes, no se pudo fijar cuál la participación de cada uno de ellos; en cuanto al delito acusado, pues la prueba aportada no fue suficiente para generar responsabilidad.


II.2.        Del recurso de apelación restringida de la imputada.


       Notificada con la Sentencia Janneth Wendy Díaz Santander formuló recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos vinculados al motivo de casación:


       Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva inc. 1) del art. 370 del CPP; entendiéndose cuando la autoridad jurisdiccional no observa la norma o no crea causas paralelas a las establecidas en las leyes; por otra parte se incurre en errónea aplicación de la ley penal, cuando la autoridad utiliza la norma correcta; sin embargo, no la aplica como debe ser. Afirma que la Sentencia inobservó la norma sustantiva y adjetiva penal a tiempo de su emisión, habiendo violentado el debido proceso, que hace al principio de legalidad al haber inobservado los arts. 173 y 363 del CPP, siendo que las pruebas no fueron suficientes para determinar una sentencia condenatoria, cuando el libro de novedades no fue ofrecido como prueba de cargo, siendo la prueba que debería demostrar la comisión del delito.


       Que la Sentencia había alegado, que el Cabo Juan Chambi Mollericona, no cumplió con el registro de novedades en su condición de comandante de guardia y que su persona no le habría controlado; aspectos que, considera contradictorios, ya que: i) En audiencia la defensa hizo conocer que en GISUQ, es otra la función de la encargada de grupo y otra la función del comandante de guardia; y, ii) Que, su persona no era comandante de guardia, menos capitán de servicio; sino, encargada de control de sustancias químicas; es decir, que en cumplimiento de sus funciones se dirigió con el personal dependiente del GISUQ, en funciones totalmente secretas para poder captar transporte de sustancias químicas, entonces no tenía obligación de controlar al comandante de guardia, que en esa oportunidad el comandante de guardia fue aprehendido por personal de inteligencia, sin haber concluido sus funciones de donde fue secuestrado el libro de novedades que no fue ofrecido por el fiscal, “es una valoración prueba que no fue exigida menos demostrada en juicio Oral”, prueba importante para determinar la responsabilidad.


II.3.  Del decreto de 5 de junio de 2017.


Radicada la causa ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, de conformidad a lo dispuesto por el art. 411 del CPP, ADMITE el recurso de apelación restringida interpuesto por los acusados Janneth Wendy Díaz Santander y Juan Chambi Mollericona, contra la Sentencia 10/2017.


II.4.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada bajo los siguientes argumentos, vinculados al motivo de casación de la imputada Janneth Wendy Díaz Santander:


  1. Denuncia inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva art. 370 inc. 1) del CPP; manifestando que en la Sentencia se ha inobservado la norma sustantiva y también la norma adjetiva penal, violentándose la garantía constitucional del debido proceso que hace al principio de legalidad, al haber inobservado los arts. 173 y 363 del CPP, siendo que las pruebas no habrían sido suficientes para determinar una sentencia condenatoria, cuando el libro de novedades, no fue ofrecido como prueba de cargo, siendo la prueba que debiera demostrar la comisión del delito. Al respecto, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1. Errónea calificación de los hechos (tipicidad); 2. Errónea concreción del marco penal; o, 3. Errónea fijación judicial de la pena; sin embargo, la recurrente no precisa cuál de esos tres supuestos cuestiona, denunciando a la vez de manera incongruente inobservancia de normas del Código de Procedimiento Penal, lo que impide atender su cuestionamiento.


  1. En cuanto, a que en la sexta hoja de la acusación párrafo 6º refiere que Jhanneth Wendy Díaz Santander, Juan Yana Chambi, Juan Carlos Villca Rivas, Abraham Bravo Suxo y Juan Chambi Mollericona, en su condición de servidores públicos, omiten dar parte de todo lo sucedido en el día del hecho a sus superiores por cuanto el libro de novedades registra “Sin Novedad”; pero la Sentencia refiere que el Cabo Juan Chambi Mollericona no cumplió con el registro de novedades en su condición de Comandante de guardia y que la Sbtte. Janneth Díaz Santander, no le habría controlado, lo que sería contradictorio, porque la función de la encargada de control de sustancias químicas del grupo GISUQ, en la que se encontraba con funciones totalmente secretas es otra y no tenía obligación de controlar al Comandante de Guardia y la del comandante de guardia que se ejerce en una dependencia policial, es otra conforme al art. 125 del Reglamento Interno de la Policía Boliviana, quienes dan parte juntamente con sus relevos al finalizar y empezar sus servicios después de las 24 horas y que en aquella oportunidad el Comandante de guardia fue aprehendido por personal de inteligencia a horas 17:00 del día 8 de noviembre de 2017, sin haber cumplido sus funciones antes de las 12 horas de su servicio, además que del recinto policial fue secuestrado el libro de novedades, que no fue ofrecido por el Fiscal, que no fue exigida menos demostrado en juicio oral. Al respecto refiere el Tribunal de alzada, que corresponde señalar solamente que no puede revalorizar hechos ni pruebas, por lo que al no existir mayor fundamento que pueda merecer atención en el marco del recurso de apelación restringida, esto es que la norma ha sido vulnerada, cuál debería ser el razonamiento apegado a la norma y qué es lo que se pide, no pudiendo hacer mayor consideración al respecto.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE

VULNERACIÓN A DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió únicamente el recurso de casación de la imputada Janneth Wendy Díaz Santander, a los fines de evidenciar si el Tribunal de alzada no cumplió con la fundamentación declarando improcedente su recurso de apelación restringida; en cuanto, al motivo en el que cuestionó la valoración de las pruebas alegando la falta de observancia de los requisitos formales, cuando afirma, que correspondía lo observe antes de su admisión en cumplimiento del art. 399 del CPP; empero, no ocurrió, lo que vulneraría su derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica; en cuyo efecto, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. Posibilidad de subsanación del recurso de apelación.


El art. 408 del CPP, dispone que el recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito en el plazo de quince días de notificada la sentencia, debiendo citarse concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y expresarse cuál es la aplicación pretendida; además deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos, no pudiendo invocarse otra violación en forma posterior. Lo señalado es concordante con lo previsto en el art. 396 inc. 3) del CPP, que refiere entre una de las reglas generales, que los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en ese Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución, entonces al evidenciar el Tribunal de alzada el incumplimiento de lo establecido precedentemente aplicará en estricta consecuencia lo dispuesto por el art. 399 del CPP, que señala, que si existe defecto u omisión de forma, el Tribunal de alzada lo hará saber al recurrente, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo. Si el recurso es inadmisible lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo, caso contrario, de declararse la admisión del recurso de apelación restringida, en el fondo no podrá declararse su improcedencia fundada en el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad.


Al respecto el Auto Supremo 71 de 9 de febrero de 2004, en su doctrina legal aplicable, estableció lo siguiente: “Además cuando se da esta figura, debe declararse inadmisible el recurso y no improcedente, como erróneamente lo hace el tribunal de alzada. La improcedencia es pertinente cuando se admite el recurso y se entra al análisis de fondo”.


Así también, el Auto Supremo 4/2013 de 31 de enero, estableció que: “Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, emitiendo criterios jurídicos que respaldan los fundamentos de la resolución impugnada, en todos sus puntos.


El sistema de recursos contenido en el Código de Procedimiento Penal, ha sido concebido para efectivizar la revisión de los fallos dictados como emergencia del juicio penal y en este propósito el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Esta garantía, específicamente en el caso de la apelación restringida, se resguarda a través del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal en cuya virtud el Tribunal de Alzada se encuentra compelido, una vez interpuesto el recurso, de hacer saber al recurrente sobre la existencia de defectos u omisiones de forma, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo.


De la interpretación cabal de la norma aludida en concordancia con el mandato del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal queda claro que el rechazo es la forma de resolver la apelación restringida que ha sido formulada sin los requisitos de admisibilidad establecidos  en los artículos. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal (claro está, luego de haberse otorgado a la parte el plazo previsto por el artículo 399 citado) entretanto que la improcedencia o procedencia del recurso constituye una decisión y resolución del Tribunal de Alzada que debe responder exclusivamente al resultado del juicio de legalidad ordinaria, es decir a la verificación de la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, no resultando congruente declarar tal improcedencia bajo el fundamento de incumplimiento de requisitos que hacen a la admisibilidad del recurso”.


De lo anterior, se entiende que el apelante, tiene la posibilidad de subsanar su recurso de apelación restringida cuando no cumpla con ciertas formalidades establecidas en la normativa penal; en cuyo efecto, el Tribunal de alzada deberá otorgarle al apelante el término de tres días a fin de que pueda corregir su recurso, si hiciere caso omiso de la observación, lo declarará inadmisible.


III.2.        Deber que tiene el Tribunal de apelación de pronunciarse de manera fundamentada sobre el fondo de los puntos impugnados.


El Auto Supremo 59/2012 de 30 de marzo, refiriéndose a los argumentos evasivos, entendió que éstos transgreden lo previsto en el art. 124 del CPP, por lo que estableció que:El Auto de Vista debe contener suficiente fundamentación y circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución en el recurso de apelación restringida, los cuales serán absueltos uno a uno con la debida motivación y cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad que se encuentran determinados en el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012 de la Sala Penal Primera, de la misma forma el Tribunal de Alzada debe emitir los criterios jurídicos correspondientes al caso, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente, o se haga alusión a aspectos referidos a la ausencia de formalidades, pues la fundamentación evasiva que es vertida para declarar la improcedencia del recurso, y evitar resolver el fondo del mismo, vulnera lo previsto por los arts. 124, 398 y 399 del Código de Procedimiento Penal. Sí el Tribunal de Alzada advirtiera en el recurso de apelación restringida, omisiones o defectos de forma con relación a los requisitos exigidos en los arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, deberá hacer conocer este aspecto al recurrente, precisando de manera clara y expresa las carencias de forma que se observan, a fin de que el apelante corrija o amplíe su recurso de apelación restringida, otorgando el plazo de tres días indefectiblemente bajo apercibimiento de rechazo para que subsane esos defectos, como previene el art. 399 del Código de Procedimiento Penal; en ese entendido, el Tribunal de Alzada no declarará la improcedencia del recurso de apelación restringida con el fundamento de carencia de los requisitos de forma, sin que previamente se haya concedido al recurrente el plazo previsto en el artículo precedentemente citado, a fin de que el recurso de apelación restringida se encuentre libre de defectos, para que el Tribunal de Apelación se pronuncie sobre el fondo de los puntos impugnados; lo contrario vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que se constituye en defecto absoluto. (Las negrillas son propias).


Entendiéndose, que el Tribunal de alzada debe pronunciarse sobre el fondo de los puntos impugnados cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; no resultando viable la declaratoria de improcedencia del recurso de apelación efectuando observaciones de forma, lo que constituye vulneración a los arts. 124 y 399 del CPP.


III.3. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia en la que alega, que el Auto de Vista recurrido no cumplió con la fundamentación, ante su reclamo concerniente a que el Ministerio Público no ofreció el libro de novedades, que sería la única prueba para establecer la tipicidad del delito de Incumplimiento de funciones, por lo que no valoró el art. 173 del CPP; puesto que, lo declaró improcedente alegando que debía citarse de manera concreta y precisa las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente violadas; aspecto que considera, debió hacerlo antes de la admisión de su recurso; empero, no lo hizo, incumpliendo lo previsto por el art. 399 del CPP, pues lo correcto era que se le notifique con un rechazo del recurso por incumplimiento con las formalidades, que no es lo mismo que la declaratoria de improcedencia, lo que vulnera sus derechos a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica.


       Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, evidentemente la imputada Janneth Wendy Díaz Santander formuló recurso de apelación restringida donde acusó la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva inc. 1) del art. 370 del CPP; alegando, que la Sentencia habría inobservado la norma sustantiva y también la norma adjetiva penal al haber inobservado los arts. 173 y 363 del CPP, pues las pruebas no serían suficientes para determinar una sentencia condenatoria, que el libro de novedades no había sido ofrecido como prueba de cargo. Añadiendo en otro apartado de su recurso, que la Sentencia alegó que el Cabo Juan Chambi Mollericona, no cumplió con el registro de novedades en su condición de comandante de guardia y que su persona no le habría controlado, aspectos que considera contradictorios, ya que: i) En audiencia la defensa habría hecho conocer que en GISUQ, es otra la función de la encargada de grupo y otra la función del comandante de guardia; y, ii) que su persona no era comandante de guardia, menos capitán de servicio; sino, encargada de control de sustancias químicas; es decir, que en cumplimiento de sus funciones se dirigió con el personal dependiente del GISUQ, en funciones totalmente secretas para poder captar transporte de sustancias químicas, entonces ni tenía obligación de controlar al comandante de guardia, que en esa oportunidad el comandante de guardia fue aprehendido por personal de inteligencia, que había sido secuestrado el libro de novedades que no fue ofrecido por el fiscal, que considera, importante para determinar responsabilidad.


       Al respecto, el Tribunal de alzada admitió el recurso de apelación restringida interpuesto por la imputada Janneth Wendy Díaz Santander y emitió el Auto de Vista recurrido alegando que: “Denuncia inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva Art. 370.1) del Código de Procedimiento Penal.- Manifestando que en la Sentencia Nº10/2017 se ha inobservado la norma sustantiva y también la norma adjetiva penal, violentándose la garantía constitucional del debido proceso que hace el principio de legalidad, al haber inobservado los Arts. 173 (valoración de las pruebas) y 363 ambos del Código de Procedimiento Penal, siendo que las pruebas no habrían sido suficientes para determinar una sentencia condenatoria, cuando el libro de novedades, no ha sido ofrecido como prueba de cargo, siendo la prueba que debiera demostrar la comisión del delito. Al respecto corresponde precisar que la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) Errónea calificación de los hechos (tipicidad). 2) Errónea concreción del marco penal; o, 3) Errónea fijación judicial de la pena; sin embargo la recurrente no precisa cual de esos tres supuestos cuestiona, denunciando a la vez de manera incongruente inobservancia de normas del Código de Procedimiento Penal, lo que impide atender su cuestionamiento”.


       En cuanto, al cuestionamiento de que fue secuestrado el libro de novedades que no fue ofrecido por el Fiscal, el Auto de Vista recurrido en su punto f) señaló: “…el Tribunal de alzada no puede revalorizar hechos ni revalorizar pruebas, por lo que no existiendo mayor fundamento que pueda merecer atención en el marco del recurso de apelación restringida, esto es que norma ha sido vulnerada, cuál debería ser el razonamiento apegado a la norma y que es lo que se pide; no podemos hacer mayor consideración al respecto.


       De esa relación necesaria de antecedentes, ciertamente el Auto de Vista recurrido no cumplió con la fundamentación; puesto que, no ingresó a conocer las cuestiones de fondo planteadas en el recurso de apelación restringida interpuesto por la imputada Janneth Wendy Díaz Santander, pese a que, el citado medio de impugnación fue declarado admisible; es decir, asumió implícitamente, el cumplimiento de los requisitos formales, no obstante, a tiempo de ingresar al análisis del motivo concerniente a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva donde reclamó que el libro de novedades no fue ofrecido como prueba de cargo, que también fue denunciado a tiempo de reclamar respecto a la conclusión asumida en la Sentencia con relación al Cabo Juan Chambi Mollericona y su persona, el Tribunal de alzada, se limitó a señalar que la recurrente no precisó cuál de los tres supuestos de la errónea aplicación de la norma sustantiva hubiere cuestionado o qué le resultó incongruente la denuncia, lo que le impedía atender el cuestionamiento; además que la recurrente no habría señalado qué norma fue vulnerada, cuál debería ser el razonamiento apegado a la norma, o qué es lo que pediría conclusiones que constituyen observaciones de forma, que demuestran que el Tribunal de Alzada, no otorgó a la recurrente, en el momento procesal oportuno el plazo previsto para la corrección del recurso que fue explicado en el acápite III.1 de esta Resolución; ya que pese a admitirlo expresamente, conforme se tiene de antecedentes, fundó su decisión de declarar improcedente el recurso, entre otras razones, por la aparente inobservancia de los requisitos formales para la formulación del recurso de apelación restringida por la parte recurrente, lo que evidentemente vulnera los derechos a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica como reclama la recurrente.


Por los fundamentos expuestos, se concluye que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido incumplió con su deber de fundamentación, que deben contener todas las Resoluciones judiciales respecto a los puntos apelados, conforme fue explicado en el acápite III.2 de este Auto Supremo; y además, omitió aplicar correctamente y de manera pertinente los requisitos previstos para la admisibilidad del recurso de apelación restringida; es así que si el Tribunal de alzada advirtió que el recurso de apelación restringida cumplió con los requisitos de admisibilidad, debió resolver en el fondo las cuestiones planteadas de manera fundada; y si verificó, que no cumplió con los requisitos de admisión, debió otorgar a la recurrente el plazo de tres días para que pueda subsanar las omisiones o defectos que contenga su recurso, al no hacerlo incumplió lo establecido en los arts. 124 y 399 del CPP, por lo que el presente recurso deviene en fundado.


POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Janneth Wendy Díaz Santander, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN  EFECTO el Auto de Vista 35/2017 de 14 de julio, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos