TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 313/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                        : Chuquisaca 21/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Ana María Chumacero Lazcano de Zurita y otra

Delito                        : Estafa

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de julio de 2017, cursante de fs. 217 a 223, Ana María Chumacero Lazcano de Zurita y Lorena Lazcano Chumacero de Picon, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 172/2017 de 20 de julio, de fs. 182 a 190, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Geyza Fabiola Lazcano Chumacero contra las recurrentes, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 34/2016 de 1 de septiembre (fs. 99 a 119 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Ana María Chumacero Lazcano de Zurita y Lorena Lazcano Chumacero de Picon, autoras de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos) por día, con costas y reparación de daños y perjuicios a favor de la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, las imputadas Ana María Chumacero Lazcano de Zurita y Lorena Lazcano Chumacero de Picon (fs. 134 a 155), que previo memorial de subsanación (fs. 174 a 175 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 172/2017 de 20 de julio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró parcialmente procedente el recurso planteado, solamente en relación al tercer motivo, refiriendo las obligaciones y reglas que deben cumplir las imputadas, concediendo el beneficio de la suspensión condicional de la pena, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 736/2017-RA de 25 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Las recurrentes señalan que hubo violación del derecho al debido proceso por falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista impugnado: a) Porque el Tribunal de alzada, al momento de resolver el primer motivo de apelación restringida, relacionada a la violación del derecho al debido proceso por errónea aplicación de la ley sustantiva y errónea calificación de los hechos al delito de Estafa, alegan que su fundamentación “no tiene lógica ni sustento jurídico, mucho menos está respaldada con prueba objetiva” (sic); argumentando que no se cumplió con el elemento engaño, que no existe perjuicio ocasionado a la víctima y que no se cumplió con el elemento de beneficio económico indebido y que la Resolución ahora impugnada, no dio respuesta fundada al reclamo que realizaron en su recurso de apelación restringida, que no señaló en qué se basó para determinar que su reclamo carece de trascendencia, cuando en ningún momento, se refirieron al control de logicidad, ni a determinar si el Tribunal de Sentencia emitió su Resolución realizando una correcta subsunción del hecho al tipo penal; asimismo alegan las recurrentes, que no fue explicado con respaldo probatorio, que se haya acreditado la concurrencia de los elementos del tipo penal, concluyendo que el Tribunal de apelación no fundamentó “para nada” (sic) su Resolución; y, b) Asimismo, refieren que en relación al quinto motivo de su recurso de apelación restringida relacionado a la violación del derecho al debido proceso por violación al principio de inocencia, después de referir parte del Auto de Vista impugnado y la prueba testifical, alegan que era obligación del Tribunal de alzada, ser contralor de que el juicio y la Sentencia haya sido pronunciada y desarrollada conforme a normas procesales, pero no hicieron mención a norma alguna o línea jurisprudencial para declarar la improcedencia del motivo, existiendo falta de fundamentación del motivo apelado, que los Vocales ni siquiera determinaron si existe o no prueba suficiente como reclamaron en su recurso, por lo que según las recurrentes, resulta ser “evidente la omisión de la fundamentación del Auto de Vista” (sic), que simplemente se ampararon en hechos subjetivos, al señalar que la duda debe ser manifestada por el Juez o Tribunal y no por los acusados, por lo que evadieron resolver el fondo del motivo del recurso que plantearon.


Hacen alusión a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, mencionando la Sentencia Constitucional 2221/2012 de 08 de noviembre y como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 356 de 26 de junio de 2009, 262 de 27 de abril de 2009, 442 de 10 de septiembre de 2007, 443 de 12 de septiembre de 2007, 34 de 7 de febrero de 2009, 436, 437 de 24 de agosto de 2007, 58/2012 de 30 de marzo y 308 de 25 de agosto de 2006.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitaron que deliberando en el fondo se anule el Auto de Vista impugnado y se dicte uno nuevo, respetando las garantías y derechos constitucionales procesales contenidos en los arts. 124 y 180 del CPP y 25 de la Constitución Política del Estado (CPE).


I.2. Admisión del recurso.

Mediante Auto Supremo 736/2017-RA de 25 de septiembre, cursante de fs. 232 a 234, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Ana María Chumacero Lazcano de Zurita y Lorena Lazcano Chumacero de Picon, dejando constancia que en el análisis de fondo, la labor de contraste solo abarcará al Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 34/2016 de 1 de septiembre, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Ana María Chumacero Zurita y Lorena Lazcano Chumacero, autoras de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, en base a los siguientes argumentos:


  1. Los hechos se subsumen al tipo penal de Estafa; ya que, Ana María Chumacero Zurita y Lorena Lazcano Chumacero, iban a ayudar a la víctima  a hacer los trámites, tratos y contratos con los tíos, mismos que eran los dueños de la casa objeto del litigio, a precio más bajo de lo que en realidad costaría el inmueble.


  1. Para que se pueda realizar la compra del inmueble, las imputadas pidieron diferentes sumas de dinero a la víctima refiriendo que se iban a hacer cargo del trámite de compra, pago de impuestos, abogados y otros; a cuyo fin, la víctima en diferentes fechas y montos envió dinero a las imputadas.


  1. La imputada Ana María Chumacero Zurita de Lazcano, una vez de haberse declarado heredera del inmueble, transfiere en calidad de venta a la co-imputada Lorena Lazcano Chumacero, quien lo hace también para sus hermanos Sebastián, Juan José, María Fernanda, Vanessa, Adela Ximena y Geyza Fabiola, todos de apellido Lazcano Chumacero.


II.2.  De la apelación restringida.


Las imputadas Ana María Chumacero Lazcano de Zurita y Lorena Lazcano Chumacero de Picon, interpusieron recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, con los siguientes argumentos:


  1. Se violó el derecho al debido proceso por errónea aplicación de la ley penal sustantiva y errónea calificación de los hechos relativa al delito de Estafa.


  1. La violación al derecho al debido proceso por inobservancia de la norma adjetiva penal en sus arts. 366 y el segundo párrafo del 365, ambos del CPP.
  2. La Sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba, en relación a la prueba testifical de descargo.


  1. La Sentencia se basó en hechos no acreditados en relación al tipo penal de Estafa.


  1. Violación al principio de presunción de inocencia, al no tener certeza respecto a los hechos acusados por el Ministerio Público y contradicciones en las testificales de cargo.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró parcialmente procedente el recurso de apelación restringida interpuesto, solo en relación al tercer motivo del recurso y por delito doloso; concediendo a las imputadas el beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena y sometiéndolas a un periodo de prueba de dos años, bajo los siguientes argumentos:


  1. En cuanto, al defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, no resulta evidente ya que se constata en los fundamentos de la Resolución de mérito aunque de manera escueta, la existencia de los especiales elementos objetivos y subjetivos del tipo penal atribuido.


  1. De la violación del derecho al debido proceso por inobservancia de la ley adjetiva en sus arts. 365 segundo párrafo y 366 del CPP, las imputadas demostraron  que no contaban con  antecedentes penales de condena anterior por delito doloso; por lo que el reclamo al respecto, sí corresponde ser acogido y siendo un defecto de fundamentación jurídica este Tribunal cuenta con la facultad de subsanarlo de manera directa, con la potestad conferida por el art. 414 del CPP.


  1. Respecto a la violación del derecho al debido proceso por incompleta valoración de la prueba respecto a las testificales de descargo, de la fundamentación descriptiva de la prueba ofertada por la defensa, se tiene que el Tribunal de Sentencia procedió a efectuar tal valoración, reproduciendo casi en su integridad lo dicho por los testigos observados y estableciendo el por qué le otorga el valor correspondiente, efectuando una valoración intelectiva y conjunta de dichas deposiciones, con las demás pruebas producidas, advirtiendo que el Tribunal de mérito no creyó lo afirmado por tales testigos, por existir prueba que desacredita las afirmaciones de la defensa.


  1. De la denuncia de violación al debido proceso por Sentencia basada en hechos no acreditados en relación al tipo penal de Estafa, se tiene que el Tribunal de mérito concluyó que a partir de las llamadas efectuadas por la propia víctima y no por las imputadas como se refiere en el recurso, es que se le propuso la compra del inmueble en cuestión; asimismo, este Tribunal a tiempo de resolver el primer motivo del recurso, ha explicado como se hallan cumplidos los elementos constitutivos del tipo penal de Estafa por el cual fueron declaradas culpables las imputadas.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Precisado el motivo alusivo a la violación del derecho al debido proceso por falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido contradice la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006. En consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1.        Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.2. Análisis del caso concreto.


       La parte recurrente denuncia que el Tribunal de apelación obvió considerar de manera fundamentada, los aspectos cuestionados en el recurso de apelación restringida, referidos a: a) La violación del derecho al debido proceso por errónea aplicación de la ley sustantiva y errónea calificación de los hechos al delito de Estafa; y, b) La violación del derecho al debido proceso por violación al principio de inocencia.


       Como precedente contradictorio, se invocó el Auto Supremo 308/2006 de 25 de agosto, dictado dentro del proceso penal seguido por Guadalupe Daza de Flores, contra Félix Flores Condori, por la presunta comisión del delito de Despojo, donde se constató que el Auto de Vista impugnado no realizó una correcta aplicación de las normas procedimentales infringiendo de este modo el art. 124 del CPP, al ser su fundamentación insuficiente; razón por la cual fue dejado sin efecto, estableciendo como doctrina legal aplicable que: “El espíritu de la normativa penal, en consonancia con la doctrina penal contemporánea, establece que la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia, por lo tanto los Tribunales de apelación deben fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y de derecho en que se basan, no pudiendo ésta ser reemplazada por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes vulnerando, de tal manera, derechos constitucionales. Ante eventuales denuncias de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, es menester que los Tribunales de alzada, realicen un efectivo control del sistema de valoración de la prueba y se pronuncien, de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación en análisis.


       Nuestro ordenamiento penal acoge el sistema de la Sana Crítica, pretendiendo explicar que sus contenidos y fines son el sometimiento de la prueba a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable la existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma `sana´, esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables y `crítica´; es decir, que, con base en los `criterios de verdad´ otorgados a cada elemento de prueba, los hechos probados sean confrontados para establecer si una acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera explicable dentro de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos.


       La máxima expresión del sistema emerge del juicio de mérito y se traduce en la resolución del a quo, quien debe analizar en su integridad los elementos probatorios introducidos legalmente al proceso para, con fundamento y límite en la sana crítica, colegir cuáles ameritan probar un hecho y cuáles no, labor intelectual que obliga a una apreciación, inicialmente individual pero, acto seguido, como en todo proceso analítico, una actividad confrontativa con el universo probatorio, única forma de establecer la verdad procesal, pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino referido a un objeto determinado, esto es, que el juicio probatorio, imprescindiblemente, debe fundamentarse en los medios de prueba dinamizados en la correspondiente actividad procesal.


       En un primer momento, a partir de la inmediación y de la percepción directa de la prueba, el juez o Tribunal, de manera subjetiva, adquiere convicción. Posteriormente, debe expresar ese razonamiento y darle el necesario soporte racional al juicio que realizó sobre la prueba en el que se le exige que traduzca, de manera objetiva, el valor asignado a cada elemento de la misma y explique la operación lógica realizada para llegar a determinada conclusión; esta actividad debe ser expresa de manera que garantice a las partes el control del razonamiento del Juez o Tribunal y la correcta aplicación del sistema de valoración de la prueba, para el posible control de legalidad ulterior.


       Este control, en consecuencia, debe incluir la verificación de la correcta motivación de las sentencias y recae primeramente en el ad quem quien, ante la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales, debe disponer lo que corresponda, conforme la previsión de los artículos 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal”.


Del análisis del precedente invocado se advierte que la problemática dilucidada, mantiene relación con la problemática procesal del motivo de casación, por lo que existiendo un supuesto fáctico análogo entre el precedente invocado y el motivo de casación, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


III.2.a. De la falta de fundamentación respecto a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva y errónea calificación de los hechos al delito de Estafa.


De la revisión de antecedentes, se advierte que los recurrentes en su memorial de recurso de apelación restringida, bajo el acápite “1.- Primer Motivo: Violación del derecho al debido proceso por errónea aplicación de la ley penal sustantiva, por errónea calificación de los hechos relativa al delito de estafa, art. 335 del código penal boliviano”, denunciaron que la Resolución de mérito no realizó la subsunción de los hechos al delito de Estafa, no concurriendo en criterio de la parte apelante- los elementos configurativos del citado tipo penal como ser el engaño, beneficio económico indebido y perjuicio.


Por su parte, el Tribunal de alzada estableció que lo denunciado no resulta evidente, pues el Tribunal de mérito “luego de realizar la labor de valoración probatoria, descriptiva e intelectiva, en la fundamentación jurídica, expuesta en el apartado IV.3 de la Sentencia confutada, luego de establecer el tipo penal por el que fueron juzgadas las ahora apelantes, contenido en el art. 335 del CP; así como detallar en un número de 4 los elementos objetivos del citado tipo penal, precisa a partir de ellos, el hecho fáctico con entidad penal que se había demostrado durante el juicio oral”; asimismo, señala el Tribunal de alzada que aunque los fundamentos de la Sentencia impugnada son estrictos, se constatan según la logicidad expresada por el Tribunal de Sentencia la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal endilgado a las imputadas.


En el caso presente, no se advierte violación al debido proceso toda vez que el Tribunal de apelación dio cumplimiento a las previsiones establecidas por el art. 124 del CPP y la doctrina legal aplicable de este tribunal, que estableció en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo, en sentido de que toda Resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


De manera que, estos parámetros fueron cumplidos por el Tribunal de apelación, al ser el Auto de Vista impugnado expreso, al haber señalado de manera concreta y clara que no resulta evidente lo acusado respecto al defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP, al existir los elementos constitutivos del tipo penal de Estafa; es decir, el engaño, beneficio económico indebido y perjuicio; claro, ya que no deja lugar a dudas lo expresado por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca a momento de declarar improcedente lo acusado; completo, porque en su respuesta abarca los hechos y el derecho que se aplica, estableciendo el Tribunal de alzada su determinación en previsión de los arts. 407 y 370 inc. 1) del CPP, con relación al 335 del CP, estableciendo que la fundamentación jurídica expuesta en el aparatado IV. 3 de la Sentencia impugnada precisa el hecho fáctico endilgado a las imputadas y la subsunción de su conducta al delito de Estafa; consecuentemente, al no haber acreditado la parte apelante el defecto acusado, declara improcedente este agravio; legítimo, pues de conformidad a la norma adjetiva penal y la doctrina legal aplicable emitida por este Tribunal otorgó respuesta sobre las razones para la determinación de declarar inadmisible los agravios denunciados; y, lógico, al estar correcta y coherentemente fundamentado.

Por ende, respecto a que el Auto de Vista carece de fundamentación y motivación en cuanto a la problemática expuesta en el presente título, no resulta evidente, cumpliendo además por lo previsto por el art. 124 del CPP; por cuanto, el Tribunal de alzada verificó la correcta motivación de la Resolución de mérito absolviendo de manera expresa la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, sin entrar en contradicción con el precedente invocado Auto Supremo 308/2006 de 25 de agosto-; en consecuencia, el agravio expuesto deviene en infundado.


III.2.b.        De la falta de fundamentación respecto a la denuncia de violación al principio de inocencia.


En cuanto al otro extremo denunciado, relacionado a la violación al principio de inocencia, se advierte que en alzada las apelantes denunciaron la insuficiencia probatoria para demostrar la adecuación de la conducta de las imputadas al tipo penal de Estafa, haciendo énfasis que en el caso presente no existe prueba suficiente que acredite que las imputadas hubieren llamado a la víctima para manifestarle “Fabiolita si te lo compras esta casa?, nosotras te vamos a ayudar a hacer los papeles, tratos y contratos con tus tíos… te conviene” (sic), existiendo al respecto duda razonable; más al contrario, las pruebas señaladas por el Tribunal de alzada que demostrarían estos hechos -declaraciones de Dora Avalos Canales, Adela Azurduy Márquez, Ana María Chumacero Zurita, Lorena Lazcano Chumacero y la prueba documental MPPD 12-, no establecen tal aseveración. Asimismo, señala la parte apelante que las testificales de Oscar Picon Bonilla, Katy Lazcano Calvimontes, Rolando Chumacero Zurita, Marlene Chumacero Zurita, María Fernanda Lazcano Chumacero, Vanesa Lazcano Chumacero y Adela Ximena Lazcano Chumacero contradicen la tesis del Ministerio Público.


Por su parte, el Tribunal de alzada estableció de manera escueta que si bien las apelantes denuncian la infracción del inc. 4 del art. 363 del CPP, advierten que “en la Sentencia confutada, el a-quo no ha manifestado duda alguna respecto de la responsabilidad penal de las ahora recurrentes en el delito atribuido a estas, y más bien, en la parte decisiva del fallo apelado, ha establecido que la prueba producida, ha sido suficiente para demostrar la culpabilidad de las acusadas en el delito de estafa; por lo que y siendo que la duda debe ser manifestada por el Juez o Tribunal sentenciador y no así por las partes, respecto de la suficiencia de los elementos probatorios vinculada a la generación de convicción, como ocurre en el caso, en que son las apelantes que a partir de su propia valoración probatoria, las que establecen duda); por lo que no siendo evidente el defecto acusado, este motivo recursivo deviene en improcedente.” (sic).


Ahora bien, de lo expuesto se observa que básicamente lo denunciado en alzada es la insuficiencia probatoria que demuestre la comisión del delito de Estafa por parte de las imputadas; a tal efecto, la parte recurrente puntualizó prueba tanto documental como testifical apuntando a que se vulneró el principio de inocencia, la garantía del debido proceso y el principio in dubio pro reo al no existir certeza respecto a los hechos que sustentan la Sentencia.


Sin embargo, se advierte que el Tribunal de alzada no otorgó respuesta material al agravio expuesto y optó por fundamentos evasivos en lugar de cumplir con su labor de control en cuanto a la valorización de la prueba; en consecuencia, resulta evidente la vulneración del debido proceso y el deber jurídico de fundamentación y motivación del Fallo, al obviar verificar si el Tribunal de juicio en cuanto a las pruebas observadas por la parte apelante respetó las reglas relativas a la carga de la prueba -onus probando -, la legalidad de la prueba practicada, la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en las apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, verificar la existencia de vicios de fundamentación, vicios en la Sentencia, violación de la sana crítica, inclusión de prueba que no ha sido producida, exclusión de la prueba que sí ha sido producida, valoración de prueba ilícita, omisión valorativa         -conforme a la doctrina legal desarrollada por Auto Supremo 532/2014-RRC de 7 de noviembre-, a los efectos de identificar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, y que la fundamentación de la Resolución de mérito tenga la consistencia de lograr convicción en las partes.


De lo expuesto, se evidencia que el Tribunal de alzada omitió su labor a la debida fundamentación y motivación respecto a este punto, en virtud a que la respuesta al agravio planteado no debió suplirse a la remisión del decisum de la Sentencia, sino que el Tribunal de alzada debió pronunciarse respecto al punto reclamado justificando los razonamientos en los cuales apoya su decisión de manera clara; aspecto por el cual, el Auto de Vista impugnado en lo que respecta a su falta de pronunciamiento en relación a la denuncia de violación al principio de inocencia, es contrario al precedente invocado, deviniendo por ende en fundado.


En definitiva se observa que el Auto de Vista recurrido, respondió en lo que respecta al primer punto del motivo del recurso de casación-, de manera motivada y fundamentada; puesto que, la motivación no necesariamente tiene que ser ampulosa y con consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo coherente, siendo que en el caso de autos se observa que la motivación es concisa, clara y responde a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva y errónea calificación de los hechos al tipo penal de Estafa. Por otro lado, es evidente lo denunciado por los recurrentes, en sentido que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, incumplió con el deber de fundamentación que deben contener las Resoluciones judiciales respecto al quinto motivo de su recurso de apelación restringida; puesto que, en el presente caso el Tribunal de apelación conforme se señaló líneas precedentes, sí bien se pronunció sobre los aspectos cuestionados en alzada, referidos al defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP y la errónea calificación de los hechos al delito de Estafa, obvió pronunciarse de manera fundamentada y motivada respecto a la denuncia de la violación al principio de inocencia, encontrándose en consecuencia razones valederas para dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado; puesto que, las autoridades que lo emitieron, incurrieron en contradicción con lo establecido en el Auto Supremo 308/2016 de 25 de agosto, debido a que reemplazaron su deber de verificar la correcta motivación de la Sentencia por la simple remisión al decisum de la Resolución de mérito sin verificar su correcta motivación, tal como lo establece el precedente invocado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ana María Chumacero Lazcano de Zurita y Lorena Lazcano Chumacero de Picon, de fs. 217 a 233 y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 172/2017 de 20 de julio, de fs. 182 a 190, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, previo sorteo y sin espera de turno, dicte un nuevo fallo en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos