TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 312/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo de 2018


Expediente                        : Oruro 25/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : José Luís Centellas Colque y Otros

Delito                        : Lesiones Graves y Leves

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de julio del 2017, cursante de fs. 220 a 225 vta., Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 31/2017 de 12 de junio, de fs. 190 a 206, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del recurrente contra José Luís Centellas Colque, Victoria Colque Gutiérrez y Daniela Wendy Centellas Colque, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 20/2016 de 27 de julio (fs. 639 a 653), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dictaron Sentencia condenatoria en contra de José Luís Centellas Colque, declarando autor de la comisión del delito de Lesiones Graves, tipificado por la primera parte del art. 271 del CP, modificado por la Ley Nº 369 de 1 de mayo de 2013, imponiendo la pena de tres años y cinco meses de reclusión, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y la acusación particular. Asimismo, declaró a Daniela Wendy Centellas Colque, autora del delito de Amenazas, previsto y sancionado por la primera parte del art. 293 del CP, imponiendo la pena de prestación de servicios de dos meses, a cumplir en la Gobernación Departamental de Oruro y multa de veinte días de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día. Finalmente, en aplicación del inc. 2) del art. 363 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dictó Sentencia absolutoria a Victoria Colque Gutiérrez; toda vez, que la prueba aportada no es suficiente para generar en el Tribunal la convicción plena sobre la responsabilidad penal en el delito de Lesiones Graves y Leves, tipificado por el art. 271 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Joaquín José Luís Centellas Colque (fs. 84 a 100 vta), la víctima Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre (fs. 107 a 108) y la imputada Daniela Wendy Centellas Colque (fs. 109 a 126),   interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 31/2017 de 12 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró procedente el recurso de apelación restringida deducida por José Centellas Colque, Daniela Wendy Centellas Colque y deliberando en el fondo anula parcialmente la Sentencia 20/2016, disponiendo el reenvío de la causa al Tribunal siguiente en número, el que deberá sustanciar nuevamente el juicio a partir de una nueva radicatoria y pronunciar el fallo que en derecho corresponda e improcedente el recurso de apelación restringida deducida por Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre y deliberando en el fondo confirma la Sentencia 20/2016 de 27 de julio, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 729/2017-RA de 25 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El Auto de Vista recurrido, llegó a resolver aspectos no impugnados por el acusado José Luis Centellas Colque, vulnerando el derecho al debido proceso, en sus elementos constitutivos de la fundamentación y motivación; por cuanto, en ninguna de las partes del recurso de apelación del aludido imputado, se hizo mención ni se fundamentó con respecto a la fecha, mes y año del hecho suscitado, sino que hizo referencia a otros aspectos. Al efecto, afirma acudir a la Sentencia Constitucional 0531/2011-R de 25 de abril, afirmando que la Sentencia contiene los requisitos de la debida motivación y no así el Auto de Vista impugnado; por cuanto, la Resolución de mérito llegó a la plena convicción y entendimiento de que el acusado José Luis Centellas Colque es autor de la comisión del delito de Lesiones Graves.


Cita los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004, 242 de 6 de julio, 308 de 25 de agosto, 340 de 28 de agosto y 256 de 26 de julio y 373 de 6 de septiembre todos de 2006 y 214 de 28 de marzo de 2007.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se conceda su recurso y sea el Tribunal en grado, en conformidad con el art. 419 segunda parte del CPP, disponer la existencia de la contradicción del Auto de Vista con los precedentes contradictorios y establecer la doctrina legal aplicable y se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso. 


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 729/2017-RA de 25 de septiembre, cursante de fs. 236 a 238 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación de Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 20/2016 de 27 de julio, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dictaron Sentencia condenatoria en contra de José Luís Centellas Colque, declarando autor de la comisión del delito de Lesiones Graves, tipificado por la primera parte del art. 271 del CP, modificado por la Ley Nº 369 de 1 de mayo de 2013, imponiendo la pena de tres años y cinco meses de reclusión, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y la acusación particular. Asimismo, declaró a Daniela Wendy Centellas Colque, autora del delito de Amenazas, previsto y sancionado por la primera parte del art. 293 del CP, imponiendo la pena de prestación de servicios de dos meses, a cumplir en la Gobernación Departamental de Oruro y multa de veinte días de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día. Finalmente, en aplicación del inc. 2) del art. 363 del CPP, dictó Sentencia absolutoria a Victoria Colque Gutiérrez; toda vez, que la prueba aportada no es suficiente para generar en el Tribunal la convicción plena sobre la responsabilidad penal en el delito de Lesiones Graves y Leves, tipificado por el art. 271 del CP, en base a los siguientes argumentos en síntesis:

  1. La Sentencia, en su considerando IV, posterior a realizar una descripción doctrinal de los tipo penales de los arts. 271 y 293 del CP y definir el concepto de autoría, argumenta que sobre el hecho se llegó a establecer que ocurrió en la Urbanización “HUAJARA”, aproximadamente a horas 22:30, de 24 de junio de 2013, cuando Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre retornaba a su domicilio, donde se cruzaron con un vehículo verde que los siguió hasta llegar a su casa, que después de estacionarse en la puerta de su casa, baja de su auto para abrir el garaje, momento en que se aparecen Daniela Centellas y su suegra Victoria Colque, quienes bajan del auto verde con placa Nº 153-UTB y directamente agreden física y verbalmente a Robert Rilmar y a su madre con palabras soeces, momento en que Victoria Colque lanza una piedra al parabrisas delantero del vehículo, al ver este hecho, Daniela Centellas se da a la fuga en el vehículo verde, impactando la parte trasera de su vehículo, abandonando a su madre. Más tarde al promediar las 23:30 pm., la víctima se dirigió conjuntamente su madre y hermana a sentar la denuncia a la Estación Policial Integral, donde José Luís Centellas había golpeado con piedra en el rostro, llegando a fracturarle la nariz a la víctima, aspectos corroborados por la prueba documental MP-D5 y MP-D10. Se señala que la herida por José Luís Centellas Colque en el rostro de Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre es una lesión grave, así se establece del Certificado Médico Forense, de cuya valoración médica se tiene como conclusión, trauma ocular, fractura de huesos propios de la nariz, que amerita veinte días de impedimento desde el día del hecho; de modo que concurren los elementos constitutivos del delito de Lesiones Graves; toda vez, que el acusado golpeó hasta causar la fractura de huesos propios de la nariz de su víctima, extremos corroborados por las documentales MP-D3 y MP-D4.


  1. Que, según la declaración de Robert Rilmar Gutiérrez, Francisco Quispe Condori, Beatriz Silvestre, Delma Alejandra Gutiérrez y Jhonny Cortes Flores, el acusado José Luís Centellas Colque, agente del hecho cuando se acercaba la víctima a oficinas de la Policía, de manera sorpresiva ataca y causa herida con un objeto contundente (piedra), fracturando los huesos de la nariz, con esta conducta el hoy acusado adecuó su acción delictiva al tipo penal del art. 271 del CP y no cabe duda de que él es el directo responsable del hecho por el que se lo juzga; por cuanto, está demostrada la existencia de los elementos  constitutivos del delito de Lesiones Graves. El acusado estaba plenamente consciente  de sus actos; puesto que, se enteró lo que pasó con su madre y su hermana a quien el ahora víctima en su condición de esposo había causado mucho daño e inclusive había fracturado la nariz de Daniela Centellas, quién denunció tal agresión, lo que ocasionó conflictos entre ambas familias, lo que corrobora el animus delicti, por lo que resulta ser partícipe y responsable penalmente por el hecho atribuido.


  1. Con relación a las amenazas, en el presente caso conforme se tiene la declaración de los testigos Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre, Beatriz Silvestre Mamani, Delma Alejandra Gutiérrez, se llega a establecer que el hoy víctima ha sido objeto de fuertes amenazas de parte de Daniela Centellas, expresiones con las que materializó su deseo de ocasionar algún mal futuro a su ex esposo, hoy víctima, a quien no solo intimidó sin que causó preocupación; de esta manera se considera que las amenazas vertidas, son de amedrentamiento que causó alarma en la seguridad personal de la víctima, lo que hace que concurran los elementos constitutivos del delito de Amenazas por la que se acusó a Daniela Centellas, refrendado por la documental MP-D5, así como por los testigos de cargo.


  1. Con referencia a la coacusada Victoria Colque, si bien en la noche del hecho se encontraba tanto en el domicilio de la víctima; empero, estaba sujetando al bebé, extremos que no le permitió intervenir en las agresiones físicas en los referidos momentos del hecho. En definitiva en el presente caso, el representante del Ministerio Público y acusador particular no han demostrado ni acreditado la existencia de los elementos constitutivos del ilícito por el que ha sido objeto del juicio, la prueba introducida y producida no nos conduce a la demostración de su participación directa en el delito acusado, siendo la misma insuficiente; por cuanto, la prueba de cargo, no nos lleva a esa convicción plena y certera de que la co-acusada hubiera causado lesiones en el rostro de Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre, por lo que en el caso, emerge una duda razonable debiendo; en consecuencia, dictarse Sentencia absolutoria.


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


       Notificado con la Sentencia, José Luís Centellas Colque, Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre y Daniela Wendy Centellas Colque, interpusieron recursos de apelación restringida, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

II.2.1. De la apelación restringida de José Luís Centellas Colque.


  1. Acusa defecto de la Sentencia, porque no contiene ninguna fundamentación vinculada a los fundamentos de la defensa técnica del imputado apelante expuesta durante el juicio oral [art. 370 inc. 5) del CPP], alegando vulneración del derecho a la defensa consagrado por los arts. 117.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y defecto absoluto determinado por el art. 169 inc. 3) del CPP; ya que, la Sentencia al resolver el conflicto jurídico penal, al tener la facultad de establecer el hecho, conocerlo, juzgarlo y valorar toda la  prueba, constituye una resolución que adquiere relevancia jurídica considerable en la medida anotada. Una Sentencia condenatoria debe contener una fundamentación coherente en función a los hechos acusados, debe establecer con adecuada fundamentación cuáles fueron los argumentos que sostuvo el acusador público y el acusador particular a los fines de sustentar su acusación en la Sentencia impugnada, la que se halla en el tópico 3, en el que el alcance cognoscitivo no resulta ser de lo visto y oído en el juicio oral, sino más bien de la mera y simple transcripción de la acusación pública. Que, la Sentencia no consigna de ninguna manera los términos de la acusación particular, lo que hace también la omisión en la fundamentación de la teoría fáctica. Debe también contener cuales fueron los argumentos que el imputado asumió en la causa en ejercicio de su derechos a la defensa, debiendo esbozar un criterio racional sobre los elementos constitutivos del tipo penal, así como establecer los elementos probatorios que fueron admitidos y producidos durante el juicio para fundamentar la sanción penal.


  1. Que, en la Sentencia  se limitaron a condena al imputado, sin haber hecho la más mínima o elemental mención a los fundamentos de su defensa técnica y su aparente irrelevancia en función a la decisión asumida, la Sentencia esta íntegramente dedicada a la acusación pública, mas no a los fundamentos de la defensa. Aquello no solamente desmerece el valor de la decisión; sino que también, promueve el reclamo y agravio a parte de la afectación del derecho a la defensa y la carencia de una fundamentación con relación a los argumentos y alegaciones de la defensa del imputado. Por ello, el actuar de las probidades, omitiendo considerar los fundamentos expuestos por la defensa durante el juicio oral constituye también una vulneración a la garantías del debido proceso consagrado por el art. 115 de la CPE (cita la Sentencias Constitucionales 2023/2010-R de 9 de noviembre y 0861/2012 de 20 de agosto; y, Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007).


  1. Denunció también- defectuosa valoración de los elementos de prueba incorporados al juicio [art. 370 inc. 6) del CPP], aduciendo que en el considerando II se ejercita un listado de todos los elementos de prueba incorporados al juicio oral y se emite un criterio general, sin ejercitar ningún argumento de la sana crítica que hubieran motivado dicha valoración, porque resulta ser general la valoración de las pruebas MP-D3 y MP-D4. Sencillamente no hay ningún argumento valorativo de aquellas pruebas documentales a partir de criterios de la sana crítica que permitan subsanar, aún en base al principio de verdad material y los argumentos de la defensa, cómo alcanzaron convicción de esos elementos tan imprecisos y que incluso carecen de elementos necesarios en su contenido. En ese análisis la Sentencia debe estar motivada, fundada en la línea del art. 124 del CPP, que previo estudio del objeto, razonado y de una comparación entre los distintos elementos de convicción o medios de prueba, debe proceder a  verificarse el contenido de los argumentos expuestos en el proceso por las distintas partes intervinientes, omitiendo la inteligencia del art. 173 del CPP, que resulta en un vicio insalvable; y por ende, un defecto absoluto por haberse afectado la garantía del debido proceso y el derecho a una resolución fundamentada, completa y objetiva, acomodándose por ello a la vulneración del art. 169 inc. 3) del CPP (cita los Autos Supremos 461/2012 de 10 de diciembre y 214 de 28 de marzo de 2007).


  1. Alegó errónea aplicación de la Ley sustantiva en lo vinculante a la fijación de la pena [art. 370 inc. 1) del CPP], citando la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio, refiriendo que una vez de que establezca la responsabilidad, se imponga la sanción penal en el marco de las condiciones y requisitos de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, de ahí que surge el criterio de que una fijación de la pena, carente de fundamento, se constituye en un ineludible defecto de la Sentencia. En la Sentencia se condena a tres años y cinco meses de reclusión, sin considerar las atenuantes y agravantes, generando una verdadera incertidumbre para establecer cómo llegaron a imponer aquella penalidad (cita extracto de la Sentencia). Un primer elemento está relacionado con la aplicación de los arts. 37 y 38 del CP; ya que, la Sentencia en ningún momento, a tiempo de fundamentar el quantum de la pena, ha considerado la personalidad del imputado, que implica describir los rasgos psicológicos, de actitudes de comportamiento que el Juez o Tribunal asumió con la prueba aportada en el juicio oral. No existe fundamentación establecido en el as exigencias del art. 38 del CP, respecto a las condiciones especiales en que se habrían encontrado en el momento de la ejecución del presunto delito, que deslegitiman por completo la decisión adoptada y vulneran los derechos fundamentales (cita los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005, 507 de 11 de octubre de 2007 y 109 de 29 de abril).


II.2.2. De la apelación restringida de José Luís Centellas Colque.


  1. Denuncia errónea aplicación de la Ley adjetiva y valoración defectuosa de la prueba, por ser que la Sentencia 20/2016 de 27 de julio, no llega a valorar correctamente las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público como de la propia víctima, por lo que la Sentencia ha sido dictada en completa inobservancia del art. 172 del CPP y con estos argumentos se declara Sentencia absolutoria a la acusadas Victoria Colque Gutiérrez, por el delito de Lesiones Graves y Leves.


  1. Que, en la relación de los hechos, refiere que no fueron debidamente valorados de acuerdo a la sana crítica, por lo que la Sentencia  20/2016 de 27 de julio, entra dentro de los defectos de la Sentencia, conforma establece el art. 370 inc. 6) del CPP, en mérito a todo lo mencionado, el Tribunal ha aplicado incorrectamente el art. 173 del CPP, siendo que las pruebas literales signadas como MP.3, MP-D5, MP-D6 y MP-D12, son suficientes y debió declararse por la Sentencia condenatoria, por el delito del art. 271 del CP, contra Victoria Colque Gutiérrez.


II.2.3. De la apelación restringida de Daniela Wendy Centellas Colque.


  1. La Sentencia se basa en errónea aplicación de la Ley sustantiva, defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, por aplicación errónea de la primera parte del art. 293 del CP, siendo que el juicio oral debe acomodarse en esencia, a la comprobación del hecho en los límites de la acusación, la defensa del imputado, condicionándose así su objeto. Los elementos de convicción esgrimidos deben ser valorados objetivamente, para establecer si permiten sostener la existencia del hecho punible y vinculan al imputado como el autor, cómplice o instigador de ese hecho; y fundamentalmente, a establecer el dolo en la comisión del mismo; y como consecuencia de ello, se apertura la obligación del Juez o Tribunal de establecer con la mayor precisión cómo ha ocurrido el hecho y cómo esa conducta se subsume en cada uno de los elementos normativos, objetivos y subjetivos del delito por el cual se ha aperturado el proceso penal.  Que, a la descripción legal pormenorizada y univoca de la conducta injusta se le llama regularmente tipo, típica o adecuada al modelo o figura de la Ley, en este caso al delito de Amenazas. Este sustrato bien puede dividirse analíticamente con los aspectos externo-objetivos e interno-subjetivos ambos indispensables; pero también, ambos en íntima relación con el sentido de valor socio-jurídico del hecho, que consiste en la contrariedad del mismo con los fines del orden jurídico, establecido en el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006. En la Sentencia impugnada, no se establece una correcta valoración de los elementos de convicción vinculados a determinar la concurrencia de la totalidad de los elementos constitutivos de los dos tipos penales, ni siquiera realizaron un proceso de subsunción correcto en función a adecuar el hecho presuntamente demostrado con el tipo penal. Siendo que en el considerando IV en el numeral 2° y 3° de la Sentencia, o se advierte ningún proceso de subsunción debidamente fundamentado, resultando incomprensible que no se haya aplicado el razonamiento judicial propio de una Sentencia, además de interpretar erróneamente el delito de Amenazas, lo que vulnera el principio de legalidad.


  1. El delito de Amenazas tiene como elementos constitutivos: 1. Una conducta por parte del sujeto activo integrada por hechos o expresiones susceptibles de causar una intimidación en el ánimo del sujeto pasivo, dando a entender la realización futura, más o menos inmediata de un mal; 2. Que, en el agente no solo se dé el elemento subjetivo general de la consciencia y voluntariedad del acto, sino también que la expresión del propósito sea prexistente y creíble, que es lo que integra el delito distinguiéndolo de la contravenciones; y, 3. Que concurran circunstancias concomitantes y circundantes a los hechos que permitan valorar la emisión y recepción de anuncio de un mal como entidad suficiente para merecer la repulsa social.
  2. Debe tenerse en cuenta que en la taxatividad del art. 329 del CPP, debe realizarse sobre la base de la acusación presentada por el Fiscal, por lo que el juicio oral debe acomodarse en esencia, en ese objetivo, de la comprobación del hecho, a los límites de la acusación, la defensa del imputado, condicionándose su objeto. Por ello, al momento de establecer la condena por el delito, no realizaron una completa consideración; y por ende, fundamentación en torno a su responsabilidad penal; aspectos que, demuestran la errónea aplicación del art. 293 del CP  (cita los Autos Supremo 231 de 4 de julio de 2006, 329 de 29 de agosto de 2006, 315 de 25 de agosto de 2006, 67 de 27 de enero de 2006 y 236/2007 de 7 de marzo).


  1.        Denunció insuficiente fundamentación de la Sentencia que provoca la inobservancia del art. 124 del CPP, defecto del art. 370 inc. 5) del CPP y defecto absoluto del art. 169 inc. 3) del CPP, considerando que una Sentencia condenatoria debe contener una fundamentación coherente en función al hecho acusado, los elementos probatorios que fueron admitidos y producidos durante la audiencia de juicio y la sanción penal (art. 124 del CPP), por lo que las Sentencias ya no pueden traducirse en una relación de hechos y documentos, sino que deben contar con una fundamentación para generar la convicción sobre la responsabilidad penal art. 365 del CPP. Que, en la Sentencia impugnada, es imposible constatar el acierto de la decisión porque la motivación es insuficiente; toda vez, que el análisis del hecho, no se halla dirigido a un análisis pormenorizado de los elementos del tipo penal, menos establece de manera razonada cómo se ha llegado a demostrar el hecho, pudiendo advertirse que ante la insuficiente fundamentación se ha afecta de manera frontal la garantía del debido proceso, conculcándose los arts. 115.I de la CPE con relación al 169 inc. 3) del CPP (cita el art. 8 de la CADH y el art. 14 del PIDCP y el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo y 724 de 26 de noviembre de 2004).


  1.        La Sentencia está basada en defectuosa valoración dela prueba testifical y documental, conculcación del art. 119.II de la CPE con relación a los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 6) del CPP, siendo que la Sentencia impugnada se efectuó una defectuosa valoración de la prueba testifical y de la documental en lo que respecta a los hechos ocurridos en fecha 23 de junio de 2013, independientemente de la falta de determinación de las circunstancias en las cuales se habría producido el hecho, aduciendo que en el considerando II, solo se hace una descripción de los medios de prueba sin ninguna valoración, menos análisis, iniciando por la prueba del Ministerio Público, donde tan solo se limitan a una transcripción de las atestaciones de los testigos de cargo a partir del acta de registro de juicio. Posteriormente, en las prueba de la acusación particular, se establece la existencia de una sola declaración; posteriormente solo hacen una descripción de las pruebas de los acusados.


  1.        En el considerando IV de la Sentencia (transcribe extracto), se llega a la conclusión de la autoría, existiendo defectuosa valoración de la prueba testifical y documental; en cuanto, a la declaración de Robert Rilmar Gutiérrez, Francisco Quispe Condori, Beatriz Silvestre Mamani, Delma Alejandra Gutiérrez, Jhonny Cortez Flores, donde ninguno de los testigos es uniforme en sus declaraciones, incluso, los hechos que relatan, son más hechos vinculados a insultos y no así a amenazas graves, siendo que, la propia víctima no atribuye que haya una amenaza grave como exige el tipo penal, sino que fue víctima de agresiones verbales, que sistemáticamente no tiene sinonimia con una amenaza; estos extremos demuestran que la sana valoración de la prueba documental, testifical, basada principalmente en las observancia de las leyes de la lógica, la psicológica y la experiencia común, en atención a los principio de la razón suficiente de identidad, contradicción y de tercero excluido (cita Auto Supremo 30 de 26 de enero de 2007).


  1. La Sentencia inobserva las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la Acusación, por defecto del art. 370 inc. 11) del CPP y constituye defecto absoluto al conculcarse el derecho a la defensa, refiriendo que el principio de congruencia o coherencia de correlación entre la acusación y la Sentencia, implica que la Sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contempladas en el acusación, de acuerdo a lo señalado por el art. 362 del CPP, que guarda coherencia con los arts. 342 y 348 del CPP (cita la Sentencia Constitucional 0460/2011 de 28 de abril). En la materia aduce que se conculcó su derecho a la defensa, toda vez que fue condenada por un hecho que no está contemplado en la acusación, siendo que durante la deliberación detenidamente de las acusaciones, ninguna contiene una descripción fáctica sobre el hecho atribuido como delito de Amenazas (transcribe acusación). Que, respecto a la acusación particular (cita extracto), y nótese que al igual que en la acusación presentada por el Ministerio Público, la acusación particular no cuenta con la descripción clara, precisa y pormenorizada de un hecho que describa alguna conducta materializada que se subsuma al delito de Amenazas. En perspectiva, la inobservancia del principio de congruencia y su sanción como defecto de Sentencia se encuentran plenamente demostradas, porque sencillamente las autoridades han condenado por un hecho que no se encuentra  descrito en ninguna de las acusaciones, aspecto que incluso fue motivo de observación en el debate de juicio (cita Autos Supremos 239/2012-RRC de 3 de octubre y 073/2013-RRC de 19 de marzo).


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


El Auto de Vista 31/2017 de 12 de junio,  dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró procedente el recurso de apelación restringida deducida por José Centellas Colque, Daniela Wendy Centellas Colque y deliberando en el fondo anula parcialmente la Sentencia 20/2016 de 27 de julio, disponiendo el reenvío de la causa al Tribunal siguiente en número, el que deberá sustanciar nuevamente el juicio a partir de una nueva radicatoria y pronunciar el fallo que en derecho corresponda e improcedente el recurso de apelación restringida deducida por Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre y deliberando en el fondo confirma la Sentencia 20/2016 de 27 de julio, pronunciada por el Tribunal Primero de Sentencia de Oruro, bajo la siguiente fundamentación:


  1. Dilucidando el contenido del recurso interpuesto por José Luís Centellas Colque, respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia sobre el contenido de la defensa técnica del imputado con relación a la prueba MP-D3 y MP-D4, no se tiene ninguna respuesta, si el reclamo tiene o no asidero legal, si el hecho que se juzga es sobre trauma ocular, que significa lesión en el ojo, izquierda o derecha, o esta lesión se descarta  se debe a una fractura. En el fallo impugnado no tiene ninguna fundamentación sobre este particular, existe una omisión manifiesta, que a la larga repercute en la impugnación, en lo alegatos de conclusión esta fue la observación del acusado, que la lesión o trauma ocular es en el ojo izquierdo o derecho. Empero en el fallo, no se advierte ningún examen sobre este particular, no se tiene explicado porqué se descarta su consideración; por consiguiente el apelante, en este punto encuentra su razón, porque la Sentencia peca de una falta de fundamentación, debiendo haberse pronunciado sobre ambas postulaciones de las partes, defectos establecidos en el inc. 5) del art. 370 del CPP.


  1. El recurrente acusa defecto de la Sentencia por defectuosa valoración de la prueba. Al respecto en la causa, no hay absolutamente ninguna historia clínica, estableciéndose que el médico forense se limitó exclusivamente a leer dicho informe y otorgar impedimento que no tiene ninguna explicación en función a la lesión que habría sufrido, su vinculación con la otra lesión y menos establecer el mecanismo de la acción. Esto fue reclamado de manera enfática, pero no tuvo eco alguno, no hay ningún argumento valorativo de aquellas pruebas documentales a partir de criterios de la sana crítica que permitan subsanar, aún en base al principio de verdad material y los argumentos de la defensa. Sobre el particular se acusa en lo más esencial, valoración defectuosa de la prueba codificada como MP-D3 y MP-D4. En la prueba aludida se advierte valoración defectuosa de la prueba, por parte del Tribunal Primero de Sentencia; es decir, es manifiesta y objetiva el defecto de la Sentencia, primero que no se hace mención si el hecho juzgado ocurrió en horas de la mañana o en horas de la noche como arroja la prueba codificada como MP-D1. En la denuncia no se hace mención sobre trauma ocular, refiere que se le habría causado fractura en lo huesos propios de la nariz, corroborado por certificado médico. Empero, si bien existe un certificado médico forense e informe radiológico, que demostraría la existencia del hecho, no se tiene certeza de cuándo se produjeron tales lesiones, observando las pruebas MP-D5 y MP-D6, considerando que las pruebas anteriormente aludidas son resultado de dos agresiones, tomando en cuenta que el acusado José Luís Centellas estuvo o no en el domicilio de Huajara, de lo que no se tiene ninguna prueba. Asimismo, no se hace mención donde se produjeron las amenazas; es decir, no se particulariza el grado de participación de los hoy recurrentes en los hechos acusados y juzgados, la valoración defectuosa de la prueba es objetiva, esto en relación a la prueba de cargo, con relación a las pruebas testificales, que no son coincidentes. El Tribunal de Sentencia no asigna una valor probatorio a las pruebas nucleares o corroborativas, no se asigna valor correspondiente a cada una de las pruebas de cago, no descargo m, tomando en cuenta, dos momentos del hecho suscitados en Huajara y otro en la plaza Sebastián Pagador; extremos señalados que hace concurrente el defecto de Sentencia del inc. 6) del art. 370 del CPP, misma que afecta la garantía del debido proceso, del art. 15.II de la CPE, incurriendo en defecto absoluto del art. 169 inc. 3) del CPP.


  1. El recurrente también acusa errónea aplicación de la Ley sustantiva vinculante a la aplicación de la pena, defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, respecto a los arts. 37 y 38 del CP. Sobre éste particular, el Tribunal Supremo de Justicia, en sus salas penales como máximo intérprete de la legalidad en sus diferentes jurisprudencias ha acuñado que los Jueces o Tribunal de Sentencia, están obligados a motivar y argumentar sus resoluciones para determinar el quantum de la pena para los autores del delito; a cuyo efecto, deberán considerar las circunstancias agravantes y atenuantes. En el fallo impugnado, no se advierten las razones ni fundamentos del quantum de la pena, habiendo vulnerado el debido proceso en su componente derecho a una resolución debidamente motivada y fundamentada, era obligación explicar las razones de la calificación de la pena, la omisión constituye defecto absoluto y por tanto insubsanable, como lo determina el art. 169.3 del CPP, no cumpliendo las exigencias del art. 124, 173 y num. 6 del art. 370 del CPP.


  1. Respecto al recurso de apelación interpuesto por Daniela Wendy Centellas Colque, señala como primer tópico el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, respecto a la errónea aplicación de la Ley del art. 293 del CP. De la lectura de la Sentencia, en el considerado IV, en relación al delito de amenazas, la afirmación que hace el Tribunal de Sentencia, no es conforme a los datos del proceso, no conforme a las declaraciones de los testigos de cargo, siendo que las supuestas amenazas que se habrían vertido han sido posteriores al hecho que se juzga y no está en debate en juicio oral la discusión o hecho suscitado en fecha 7 de agosto de 2013. Empero, el Tribunal de Sentencia, sustenta su decisión sobre la discusión de fecha 7 de agosto de 2013 entre la coimputadas y la testigo Delma Alejandra Silvestre, extremos no acusados en la acusación pública ni particular, sin que se tenga prueba corroborativa. Por lo que al señalar que la conducta de la coacusada Daniela Wendy Centellas se adecua al tipo penal acusado y juzgado, corroborados por la declaración de los testigos de cargo, no resulta evidente, porque las declaraciones de los testigos no son uniformes; es decir, que lo hechos de las amenazas no datan del 23 de julio de 2013, sino del 7 de agosto de 2013, por lo que concurre el defecto de Sentencia.


  1. Otro motivo apelado ha sido el defecto de Sentencia del inc. 5) del art. 370 del CPP, como defecto del art. 169 inc. 3) del CPP. Al respecto, corresponde señalar que la subsunción penal no es conforme a los datos del proceso, que si bien el Tribunal señala que la conducta de la acusada se adecúa al tipo penal por el que se le acusa y se juzga. Empero, como se ha señalado los testigos de cargo en sus declaraciones no son uniformes, donde las amenazas refiere que han ocurrido el 7 de agosto de 2013, lo que no está incluida en la acusación formal, ni particular, donde el hecho suscitado data de 23 de junio de 2013, extremo que hace insuficiente en fundamento del fallo, a objeto de determinar la responsabilidad penal por el delito de amenazas, por lo que la subsunción no se halla debidamente fundamentada, siendo concurrente el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP.


  1. Por otro lado, se acusa defectuosa valoración de la prueba, defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, respecto a los extremos alegados, el Auto de Vista refiere que están plenamente demostrados por la declaración del testigo presencial y vecino del lugar del hecho Jhonny Crotez, que deriva de una defectuosa valoración de la prueba testifical y documental, de las cuales establecieron erróneamente su culpabilidad en el presunto hecho ocurrido el 23 de junio de 2013. En cuanto, a la declaración de Robert Rilmar Gutiérrez, en su propia declaración estableció que siempre era motivo de agresiones e insultos al ser ex esposo de la recurrente; empero, de la lectura de la prueba MP-D5 este no refirió ningún antecedente de amenazas que hubiera sufrido, por lo que se inobservaron los medios de prueba que se produjeron en juicio oral, ejercitando conclusiones absolutamente equívocas en contravención al principio de la sana crítica. A hechos que no demuestran las afirmaciones inculpatorias. Que si bien, se hace mención a la prueba producida por el Ministerio Público, codificada como MP-D1, MP-D3, MP-D5 y MP-D13, no se le asigna valora probatorio; es decir, no se  hace una valoración conjunta y armónica de la prueba, donde las declaraciones testificales en juicio y las signadas como P-D1, P-D4, P-D10, P-D13, P-D14, P-D16, P-D18, P-D20 a P-D26, P-D30 a P-D32, no merecieron su correspondiente valoración, por lo que el fallo apelado incurre en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP.


  1. Finalmente la recurrente, alega defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, que sin mayor análisis, sobre el punto alegado, corresponde señalar, habiendo sido dado la razón a los tres puntos cuestionados en la apelación restringida, la consecuencia es la anulación del fallo; por lo que el motivo resulta intrascendente, que por razones prácticas no convendría expresar más sobre la congruencia entre la acusación y la Sentencia. El nuevo Tribunal de Sentencia, deberá examinar todo lo relativo no solo  naturaleza del tipo penal; sino también, lo que corresponde el fallo debe guardar una relación entre la acusación y la Sentencia a emitirse, por lo que el Tribunal de apelación se inclina por la anulación total del fallo y el reenvío de la causa conforme al art. 413 primer párrafo del CPP.


  1. Que, la víctima Robert Rilmar Gutiérrez Silvestre interpone apelación restringida, acusando errónea aplicación de la Ley adjetiva y valoración defectuosa de la prueba documental y declaraciones testificales. Al respecto, si bien se denuncia errónea aplicación de la Ley adjetiva, no especifica que artículo de la Ley adjetiva se aplica erróneamente en la Sentencia, en su caso qué artículo debió aplicarse, extremo anotado, no permite al Tribunal de alzada ingresar al examen de fondo, siendo el agravio de la resolución impugnada el límite para que el Tribunal de alzada ingrese al análisis de fondo. Con relación al otro defecto, el falo no cumple con la exigencia del art. 173 del CPP, respecto de las pruebas MP-D3, MP-D5, MP-D6 y MP-D12 con relación a las declaraciones testificales, el Tribunal de Sentencia, a tiempo de subsumir el hecho a al coacusada Victoria Colque, señala que la prueba incorporada no conduce a la demostración de la participación directa en el delito acusado, siendo la misma insuficiente; ya que, el certificado médico forense no hace mención sobre la lesión de arañado en el rostro de la víctima, por lo que las pruebas anotadas no conducen a un fallo condenatorio, resultan ser insuficientes, por lo que lo alegado por el recurrente no cuenta con sustento legal y jurídico, por lo que se declaró improcedente.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO


De acuerdo a los argumentos del recurrente, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 729/2017-RA, se tiene un único motivo a analizar en el fondo del recurso: Que, el Auto de Vista recurrido, llegó a resolver aspectos no impugnados por el acusado José Luís Centellas Colque, vulnerando el derecho al debido proceso, en sus elementos constitutivos de la fundamentación y motivación; por cuanto, en ninguna de las partes del recurso de apelación del aludido imputado, se hizo mención ni se fundamentó con respecto a la fecha, mes y año del hecho suscitado, sino que hizo referencia a otros aspectos. Al efecto afirma acudir a la Sentencia Constitucional 0531/2011-R de 25 de abril, afirmando que la Sentencia contiene los requisitos de la debida motivación y no así el Auto de Vista impugnado; por cuanto, la Resolución de mérito llegó a la plena convicción y entendimiento de que el acusado José Luis Centellas Colque, es autor de la comisión del delito de Lesiones Graves. Cita los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004, 242 de 6 de julio, 308 de 25 de agosto, 340 de 28 de agosto y 256 de 26 de julio y 373 de 6 de septiembre todos de 2006 y 214 de 28 de marzo de 2007, de los cuales conforme al Auto Supremo de admisión, solamente se hará la labor de contrastación de los Autos Supremos 373/2006 de 6 de septiembre y 214/2007 de 28 de marzo.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez, dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal, de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes, que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.” (las negrillas son nuestras).


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento Penal, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión en un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.3.        La Congruencia y fundamentación de las resoluciones judiciales por los Tribunales de alzada, como elemento constitutivo del debido proceso.


La jurisprudencia del Tribunal Suprema de Justica, antes Corte Suprema de Justicia, ha establecido el deber de congruencia de las resoluciones judiciales que deben cumplir tanto los Jueces como Tribunales, al momento de ejercer la debida fundamentación y motivación de los fallos. El Auto Supremo 368 de 5 de diciembre de 2012, cuya doctrina legal aplicable puntualizó: “…..El derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, componente del debido proceso, se plasma en la exigencia procesal y constitucional a toda autoridad que emita una resolución, de fundamentarla motivadamente en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado, sin acudir a argumentos generales que dejen sin respuesta a las partes, lo contrario ocasiona incertidumbre e indefensión; en ese entendido, se establece la falta de fundamentación en el Auto de Vista cuando de sus fundamentos se observa la falta de respuesta puntual y específica a todas y cada una de las alegaciones planteadas en el recurso de alzada y, contrariamente acude a argumentos evasivos para evitar cumplir con su obligación de pronunciarse sobre el fondo de uno o más cuestionamientos, omisión que vulnera los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal e infringe el derecho a los recursos, a la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso, lo que constituye defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) de la norma legal precitada, ameritando en consecuencia la aplicación del art. 419 de la Ley adjetiva penal”.


Una de los componentes de la debida fundamentación y motivación, está relacionado precisamente al deber de congruencia, sobre el que este Tribunal, a tiempo de referirse a los requisitos que deben cumplir los Tribunales de alzada, a fin de emitir una resolución fundamentada, de manera muy acertada señaló: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo.


III.4. Análisis del caso concreto.


En el motivo expuesto para su análisis de fondo, el recurrente refiere que el Auto de Vista, llegó a resolver aspectos no impugnados por el acusado José Luís Centellas Colque, vulnerando el derecho al debido proceso, en sus elementos constitutivos de la fundamentación y motivación; por cuanto, en ninguna de las partes del recurso de apelación del aludido imputado, se hizo  mención ni se fundamentó con respecto a la fecha, mes y año del hecho suscitado, sino que hizo referencia a otros aspectos. Invoca la Sentencia Constitucional 0531/2011-R de 25 de abril, afirmando que la Sentencia contiene los requisitos de la debida motivación y no así el Auto de Vista impugnado, invocando para su contrastación los Autos Supremos 373/2006 de 6 de septiembre y 214/2007 de 28 de marzo.


El precedente invocado en el Auto Supremo 373/2006 de  6 de septiembre, emitido dentro del proceso penal por el delito Estelionato, dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:“…Que de acuerdo a la filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio razón por la que es absolutamente imprescindible que los Tribunales de Sentencia y apelación fundamenten su resolución consignando cada uno de los puntos acusados en la impugnación; debiendo ser la fundamentación clara, sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo y se refieran a cada uno de los puntos señalados en el recurso de apelación restringida. La línea jurisprudencial establecida por este Alto Tribunal de Justicia se encuentra en el Auto Supremo Nº 562/2004 que señala: "Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de alzada o el de casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva…..".


Claramente el precedente establece dos aspectos que son relevantes, a mencionar y citar en la presente resolución, respecto del agravio que ha manifestado el recurrente en su recurso de casación, que obliga a los juzgadores y Tribunal a emitir sus resoluciones de acuerdo a cada uno de los puntos de apelación únicamente; así también, señala que a esta regla existe la excepción, cual es la revisión ex oficio, que procede cuando se identifiquen vulneraciones al debido proceso y existan defectos que determinen nulidad del fallo impugnado, para lo cual el Juez o Tribunal debe resolver de manera fundamentada este aspecto en protección de los derechos y garantías fundamentales.


En ese entendido, el recurrente ha alegado que el Auto de Vista impugnado respecto a la apelación restringida planteada por José Luís Centellas Colque, ha excedido su atribución facultativa, disponiendo más allá de lo solicitado por el entonces recurrente. Que, de la revisión del Auto de Vista, en su CONSIDERANDO II, respecto a los FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN, numeral 1, al momento de absolver los cuestionamientos del recurso de apelación restringida de José Luís Centellas Colque, no se observa cuáles fueron o son los aspectos que el Tribunal de alzada ha resuelto de manera ultra petita en el Auto de Vista, considerando que de la revisión del recurso de apelación restringida de José Luís Centellas Colque, el mismo ha fundado su recurso en tres aspectos o agravios: “2.1. Defecto de la Sentencia-La Sentencia no contiene ninguna fundamentación vinculada a los fundamentos de la defensa técnica del imputado apelante expuesta durante el juicio oral-Art. 370.5 del CPP-Vulneración del derecho a la defensa, consagrado por el art. 117.I de la CPE y de la garantía del debido proceso, consagrada por el art. 115.II de la CPE-Defecto absoluto insubsanable determinado por el art. 169.3 del CPP; 2.2 Defecto de la Sentencia-La resolución impugnada ejercita una DEFECTUOSA valoración de los elemento s de prueba inspirados legalmente la juicio-Defectuosa valoración de la prueba-Art. 370.6 del CPP; y, 2.3 Errónea aplicación de la Ley Sustantiva en lo vinculante a la fijación del  pena-Art. 370.1 del CPP ”; sobre los cuáles el Tribunal de alzada ha resuelto acordemente, otorgando una respuesta a cada punto apelado, que si bien hace mención a fechas, meses y años, los mismos son producto del análisis intelectivo que hace el Auto de Vista sobre cada agravio denunciado por José Luís Centellas Colque, no evidenciándose que el Auto de Vista impugnado haya resuelto u otorgado más allá de lo apelado dentro el caso particular de autos, por lo que no existe una evidencia objetiva y clara que establezca que el Auto de Vista, al respecto, haya incurrido en un vicio de incongruencia que amerite anular la resolución de alzada; por cuanto, no se acredita el agravio alegado por el recurrente en casación, debiéndose considerar que el recurrente; tampoco ha hecho mención también- a cuáles serían esos aspectos que refiere han sido resueltos ultra petita, que no estaban incluidos en el recurso de apelación restringida de José Luís Centellas Colque, por lo que el Tribunal de casación no puede deducir tales afirmaciones de manera subjetiva, cuando el recurrente en casación no los ha expuesto y señalado de manera precisa al momento de formular su recurso, siendo un presupuesto que debe considerar todo recurrente que decida impugnar un fallo determinado, inobservando la jurisprudencia constitucional sobre el tema, plasmada en la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio: “…Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cual ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entendió inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal…”. Por ello, con referencia al precedente invocado en el Auto Supremo 373/2006 de  6 de septiembre, no se ha podido advertir, cuál habría sido la contradicción del precedente con el Auto de Vista, cuando la resolución impugnada ha resuelto los puntos apelados por José Luís Centellas Colque de manera correcta e intelectiva, considerando que el recurrente, tampoco ha señalado cuáles serían los argumentos ultra petita resueltos por el Auto de Vista impugnado, más allá de alegar fechas, meses y años, que como se ha expuesto ha sido el resultado de la compulsa de obrados hecha por el Tribunal de alzada.


En relación al precedente invocado en el Auto Supremo 214/2007 de 28 de marzo, fue dictado dentro un proceso seguido por el delito de Robo Agravado, donde se ha resuelto establecer la siguiente doctrina legal aplicable: “…El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia lo que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego. (…) Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación. El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógicala ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia comúnque analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural. Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez. El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo…”.


De la doctrina legal asentada por el precedente invocado, admitido para su contrastación, se puede establecer que el mismo se refiere a una cuestión procesal que tiene relación con la valoración de la prueba dentro los alcances del art. 173 del CPP; es decir, respecto a la aplicación de la sana crítica en sus máximas de la ciencia, la experiencia, la lógica y la psicológica, de cuyo contraste con el Auto de Vista impugnado, en el marco de los fundamentos expuestos en el motivo de casación, no guarda similitud procesal con el planteamiento abordado por el recurrente en el recurso de casación, que conforme se ha señalado, ha abocado su argumentación a la congruencia de los fallos y no así a la valoración de la prueba; cuestiones procesales que difieren tanto en naturaleza como contenido una de otro, motivo por el que, no habiendo similitud entre ambas problemáticas procesales, el precedente del Auto Supremo 214/2007 de 28 de marzo, no es contradictorio con el Auto de Vista 31/2017 de 12 de junio, resultando ser infundado el recurso planteado en el fondo, de acuerdo al art. 419 primera parte del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Joaquín Aponte Suarez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos