TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 310/2018-RRC

Sucre, 15 de mayo de 2018


Expediente                        : La Paz 59/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Deysi Maguy Licona Díaz

Delito                        : Estafa

Magistrado Relator          : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de mayo del 2017, cursante de fs. 1344 a 1349 vta., Deysi Maguy Licona Díaz, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 08/2017 de 16 de febrero, de fs. 1307 a 1313, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Arcenia Yandabayo Oña contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.   Antecedentes.


  1. Por Sentencia 25/2015 de 16 de septiembre (fs. 1171 a 1176), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Deysi Maguy Licona Días, autora de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, más doscientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, más la reparación de daños civiles y costas a calificarse en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Deysi Maguy Licona Días (fs. 1209 a 1235 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 08/2017 de 16 de febrero, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso y confirmó la Sentencia apelada, con costas, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 722/2017-RA de 18 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente, haciendo remembranza del argumento expuesto por el Tribunal de apelación en los puntos 4.1 y 4.2 del Auto de Vista impugnado, en los cuales habría señalado que en el acápite III destinado a la fundamentación fáctica probatoria de la Sentencia, el Tribunal de mérito había realizado la fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba, en siete puntos que abarcan una debida motivación y fundamentación; posteriormente, en el punto 4.3 del Auto de Vista, el Tribunal de apelación habría señalado que debe tenerse en cuenta, que conforme al lineamiento establecido por el Auto Supremo 0224/2006 de 3 de julio, el Tribunal de alzada no tiene facultad para revalorar prueba, respuesta que correspondería al planteamiento realizado en su recurso de apelación restringida, fundado en la existencia del defecto de Sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, por defectuosa valoración probatoria y contravención de los arts. 194, 124, 173, 359 y 370 de la norma Adjetiva Penal, pues en el acápite III Destinado a la fundamentación fáctica probatoria de la Sentencia, el Tribunal de mérito no habría realizado una adecuada valoración de la integralidad de la prueba testifical y documental conforme a las reglas de la sana critica; es decir, que no se habría guiado por las máximas de la lógica, la psicología y la experiencia, incurriendo en incoherencias que habían sido ampliamente explicadas en el punto IV.I de su recurso de apelación restringida, señalando el elemento de la sana crítica que fue obviado en la valoración de cada elemento probatorio incorporado en juicio; asimismo, había señalado que el de mérito, omitió realizar la labor de contraste y fundamentación del valor probatorio otorgado a cada uno de los elementos de prueba, limitándose a enunciar algunos elementos de la sana crítica de manera genérica y abstracta, motivo de apelación en el que invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 176/2013 de 24 de junio, 504/2007 de 11 de octubre; asimismo, había señalado en apelación que la falta de fundamentación analítica e intelectiva de la Sentencia, tendría también su fundamento en la observancia del derecho al debido proceso en su elemento del deber de fundamentación; en este punto la recurrente transcribió parcialmente los Autos Supremos 65/2012-RA de 19 de abril, 308 de 25 de agosto del 2006 y 183/07 de 6 de febrero del 2007, referidos al deber de valoración probatoria individual, bajo dichas explicaciones, la recurrente señala que el argumento del Tribunal de apelación, no cumple con el deber de fundamentación, pues al limitarse a señalar que en el acápite II de la Sentencia el Tribunal de Sentencia, habría realizado la fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba, no hubiere establecido las razones por las que no existiría la valoración defectuosa de la prueba por mala aplicación de las reglas de la sana crítica y tampoco motivó sobre la inobservancia del debido proceso en su elemento del deber de fundamentación; asimismo, refiere que el argumento del de alzada en sentido de no tener facultad para revalorar prueba, sería erróneo, en razón a que su pretensión no fue esa, sino que ejerza la facultad de controlar la valoración probatoria conforme el lineamiento señalado por el Auto Supremo 384/05 de 26 de septiembre del 2005, motivo de casación en el que invoca como precedente contradictorio los Autos Supremos 14/07 de 26 de enero del 2007 y 242/06 de 6 de julio del 2006.

I.1.2. Petitorio.


La recurrente impetra se declare fundado su recurso y se deje sin efecto la resolución impugnada.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 722/2017-RA de 18 de septiembre, cursante de fs. 1367 a 1369 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Deysi Maguy Licona Díaz, para su análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y referidos a los reclamos de dicho recurso, se establece lo siguiente:


II.1.   De la Sentencia.


Por Sentencia 25/2015 de 16 de septiembre, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Deysi Maguy Licona Días, autora de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, más doscientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, más la reparación de daños civiles y costas a calificarse en ejecución de sentencia; concluyendo que bajo la promesa de hacer ingresar o reincorporar al Colegio Militar a José Alberto Díaz, valiéndose de la relación de parentesco que tenía con la víctima falseando la verdad en cooperación de terceros ha provocado la disposición patrimonial en la buena fe de la víctima, causando también con ello un daño patrimonial ajeno con perjuicio a la víctima quien entrego en su momento dineros de su peculio como de terceras personas a través de distintos depósitos la suma de $us. 7.264 (siete mil doscientos sesenta y cuatro 00/100 dólares estadounidenses), encontrándose en ello el elemento subjetivo del dolo puesto que al realizar falsos compromisos valiéndose de terceras personas se ha logrado engañar.


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


Deysi Maguy Licona Días, presentó recurso de apelación restringida, arguyendo que:


La vulneración de los arts. 334 y 335 del CPP, referidos a los principios de continuidad y concentración del juicio oral; toda vez, que el juicio oral se inició el 6 de abril de 2015 y concluyo el 16 de septiembre de 2015, habiendo existido un total de 22 audiencias suspendidas.


Las irregularidades existentes en el Auto interlocutorio Nº 16-A/2015, que rechaza la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y excepción de extinción por prescripción, consistentes en: el erróneo cómputo del plazo del inicio del inicio de la extinción de la acción por duración máxima del proceso, la falta de veracidad de los fundamentos en relación a que la acusada se encontraría desobedeciendo y resistiendo a las órdenes judiciales, que no existió dilación por parte de la acusada, existiendo negligencia por parte del Ministerio Público y del Órgano Judicial, careciendo de valoración y fundamentación; y, que violentaría el principio de legalidad, en atención de que la ley establece los casos en que debe operar la prescripción y no hace referencia a una contraposición de derechos.


La existencia de defectos de Sentencia, consistentes en que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, conforme prevé el art. 370 inc. 6) del CPP, la inobservancia de las reglas a la congruencia entre la Sentencia y la Acusación de acuerdo a lo establecido por el art. 370 inc. 11) del CPP y la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, de conformidad a lo previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP.       


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista impugnado, resolvió el recurso de apelación restringida, interpuesto por Deysi Maguy Licona Díaz, confirmando la Sentencia impugnada, señalando que:


Como primer agravio refiere la vulneración de los arts. 334 y 335 del CPP, relativo a la continuidad y concentración del juicio oral, público y contradictorio, debido a que en la fase de juicio inicio el 6 de abril de 2015 y la Sentencia se emitió el 16 de septiembre de 2016, llevándose a cabo en un total de 22 audiencias, en las que se habría vulnerado los principios de continuidad y dispersión de prueba.


Se debe considerar la existencia de otras causales por las cuales se puede dar por justificada una suspensión de audiencia, a ese efecto el Tribunal de alzada invocó el fallo jurisprudencial vía Auto Supremo 640/2014-RRC de 13 de noviembre, el cual señala “(entonces, de los preceptos citados, se colige que la regla general es la continuidad del juicio como manda el referido art. 334 del CPP, que debe observarse en la realización de los juicios orales, en condiciones de desarrollo normal del acto de juicio; empero, no se puede dejar de considerar, que en ciertas ocasiones, se presentan circunstancias que imposibilitan materialmente la prosecución normal del juicio oral, debido a diversos factores que pueden ser internos, atingentes al proceso o las partes, tales como la inconcurrencia de las partes, de sus abogados, de los integrantes del Tribunal de Justicia, de los testigos, peritos etc.).


(Por lo tanto, no sería correcto hacer una interpretación literal de la norma, y señalar que todo proceso en que no se hubiera respetado el principio de continuidad; es decir, que no se haya llevado a cabo todos los días y horas hábiles hasta el pronunciamiento de la Sentencia, deban ser sancionados con nulidad por quebrantamiento a este principio, sino que también es pertinente considerar y valorar las causas de suspensión o interrupción al juicio, para establecer, primero, a quién es atribuible, después si es legítima o razonable; y finalmente, si es necesario o justificable la nulidad de un juicio oral)"; consiguientemente, de ello se estipula que el administrador de justicia debe tener presente las razones de las suspensiones que se habrían suscitado en la fase de juicio y hacer el contraste valorativo del mismo y consiguientemente determinar si tales extremos ameritan la reposición o no del juicio; por consiguiente, siendo que en el presente caso las vulneraciones que alega la apelante no constituyen una base trascendental para la aplicación del mandato legal contenido en el párrafo primero del art. 413 del CPP, como ya se ha señalado.

Como otro agravio señala el art. 370 inc. 6) del CPP; ya que, la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Para lo que, hace una copia textual del tercer punto de la Sentencia para concluir que el Tribunal a quo, ingresó en una valoración defectuosa de las pruebas en contravención de los arts. 124, 173, 359 y 370 del CPP; ya que, de las pruebas testificales de Arsenia Yandabayo de Díaz, José Alberto Díaz Yandabayo y Víctor Díaz Olivera declaraciones que establecieron la existencia de un vínculo de consanguineidad en primer grado con la querellante particular; toda vez, que el art. 194 de la precitada Ley determinaría que la valoración debe estar guiada por la sana crítica; en la misma medida, cuestiona la prueba MP1 referente a depósitos bancarios de dinero las cuales fueron depositadas a diferentes personas que jamás fueron citadas a declarar y menos se las investigo, por lo que no se probó que esos montos de dinero habrían llegado a su poder, algo similar repercute con la prueba MP2 relativo a un documento privado de Bs. 4000.- (cuatrocientos bolivianos), celebrado entre el querellante y la acusada, cuestiona el cuarto punto de la fundamentación fáctica probatoria de la Sentencia; ya que, el mismo vulnera las reglas de la sana crítica en el contenido del conocimiento para determinar la suscripción del documento privado, en la misma medida cuestiona el quinto y sexto punto de la fundamentación fáctica probatoria; ya que, el mismo vulnera gravemente las reglas de la sana crítica, por lo que el Tribunal a quo no ha realizado una adecuada valoración en la integridad de los elementos de prueba documental, no dejándose guiar por las reglas de la sana crítica y la lógica sin realizar la labor de contraste y fundamentación del valor probatorio, limitándose simplemente a enunciarla sana crítica.


En ese referido a efectos de una mayor fundamentación analítica es menester remitirnos a la Sentencia 25/2015 de 16 de septiembre y particularmente el acápite (III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA PROBATORIA), por el cual los miembros del Tribunal a quo realizan el análisis y la valoración de los elementos de prueba y dicha labor es efectuada en siete puntos, mismos que abarcan una debida motivación y fundamentación, conforme se tiene de la lectura de los mismos.


El Tribunal de alzada no cuenta con la facultad de realizar una revalorización de las pruebas presentadas y producidas en la tramitación del juicio, pues de hacer posible dicha pretensión se estaría transgrediendo y violando el principio de legalidad plasmado en el art. 180.1, con relación al principio de seguridad jurídica art. 178.1 ambos recogidos por la Constitución Política del Estado (CPE).


Como otro agravio refiere la concurrencia del art. 370 inc. 11) del CPP; es decir, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, invocando el contenido del art. 362 del mismo cuerpo legal, referido a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o ampliación, para lo cual realiza una copia textual de la acusación efectuada por el Ministerio Público en la parte que considera pertinente, para señalar que en el Auto de Apertura vía Resolución 34/2014, el mismo habría circunscrito en hechos tomados de la acusación Fiscal; empero, de los fundamentos expresados en la Sentencia apelada, se tiene que el Tribunal a quo habría realizado su fundamentación con relación a la acusación particular.


Del análisis del art. 362 del CPP, se establece la imposibilidad de una condena a razón de un hecho diferente a la acusación o ampliación; sin embargo, cuando la norma refiere al hecho no precisamente se refiere a la relación de hechos ocurridos en la consumación de un supuesto ilícito, sino a la atribución de los hechos descritos en los tipos penales; ya que, el precepto legal prevé que la determinación de una condena sea coherente entre la acusación y la Sentencia en relación a esos hechos y esos hechos son los que concuerdan entre el hecho acusado y la condena impuesta en el caso, cuando se hace referencia la conducta desplegada por la acusada. Por lo que, nuevamente la pretensión de la apelante en este punto queda fuera del contexto normativo.


También señala el encuadramiento del art. 370 inc. 1) del CPP, referente a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva, debido a que no se ha probado el artificio o engaño, por el cual debe dar lugar al error o su fortalecimiento, más aun cuando la acusadora tenía conocimiento de los riesgos que estaba asumiendo ha momento de depositar dinero a las cuentas bancarias, por lo que no existe error provocado el cual haya determina la disposición patrimonial. En lo que respecta a este extremo y a efectos de realizar mayor análisis es menester remitirnos al acápite (IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA), en el cual se tiene que el Tribunal a quo ha realizado la labor intelectual de la subsunción de los hechos denunciados al tipo penal de Estafa previsto por el art. 335 del CP, en el cual realiza una labor descriptiva por el cual identifica los elementos sine quanon en la composición y encuadramiento del delito, además dicho análisis identifica en forma plena el engaño y el artificio empleado en el presente caso.


En consecuencia, el argumento sustentado por la apelante al señalar que la acusadora particular tenía conocimiento de los riesgos que estaba asumiendo ha momento de depositar dinero a las cuentas bancarias, por lo que no existe error provocado el cual haya determina la disposición patrimonial, no resulta ser valedero; ya que, en la apelante no muestra y menos presenta algún elemento de prueba que acredite tal extremo.


Como otro agravio invoca la inobservancia de los arts. 13, 37 y 38 del CP para lo cual invoca el Auto Supremo 050/2007 de 27 de enero referido a la determinación de la pena, para concluir que el Tribunal a quo en el CONSIDERANDO V "Exposición de Motivos para la Aplicación de la Prueba", admite fundamentar su decisión de la pena conforme a los arts. 38 y 40 del CP; empero, se limita a enunciarlas y señalar una serie de agravantes sin fundamentar con elementos probatorios tal determinación, pues señala que la apelante tendría antecedentes penales extremo que es falso; ya que, enjuicio no se judicializo ninguna prueba o ningún registro de antecedentes penales que acredite el mismo.


Evidentemente el Tribunal a quo ha valorado y motivado todos los elementos de prueba que le fueron presentados y desarrollados en el debate oral y contradictorio, concluyendo que la acusada tiene plena participación en el ilícito atribuido, determinado que la misma ha obrado con los elementos que conforma el dolo es decir "conocimiento y voluntad", identificados estos elementos el Tribunal a quo ha momento de fijar su pena fundamenta del porque se le estaría fijando aplicando la misma.


III. VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE LOS  PRECEDENTES INVOCADOS Y EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO


En el caso presente, la recurrente denuncia falta de fundamentación del Auto de Vista al resolver el motivo de apelación fundado en la presunta errónea valoración probatoria e inobservancia del debido proceso en su elemento derecho a la fundamentación, resolución que resultaría ser contraria a los Autos Supremos 14/07 de 26 de enero del 2007 y 242/06 de 6 de julio del 2006, correspondiendo resolver la problemática planteada.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2.        Toda resolución judicial debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada.


El derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, es una de las garantías mínimas del debido proceso establecido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en ese marco, la resolución judicial para su validez y plena eficacia, requiere cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente la misma, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación
Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria”.

En coherencia con las normas constitucionales citadas y la doctrina descrita, el legislador a partir del alcance previsto por el art. 124 del CPP, estableció que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”; bajo este alcance jurídico, toda autoridad judicial que emita una Resolución debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, pues cuando un Juez o Tribunal omite fundamentar y motivar debidamente su razonamiento y determinación, toma una decisión de hecho contraria al espíritu de un debido proceso, lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada Resolución, claro está con la justificación legal que respalda además esa situación.


III.3. Precedentes contradictorios invocados.


La recurrente refuta como contradictorias al Auto Supremo invocado, las  doctrinas legales aplicables contenidas en los Autos Supremos que se glosarán a continuación.


El Auto Supremo 14/07 de 26 de enero del 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Estelionato, como hecho generador se tiene: “la resolución impugnada, no ofrece los suficientes elementos de análisis a objeto de poder realizar el razonamiento de control de la logicidad del fallo toda vez que a prima facie se evidencia una total falta de fundamentación intelectiva en el Auto de Vista recurrido, el que se limita a transcribir en los tres primeros considerándos, los antecedentes del proceso, el razonamiento del a quo y las alegaciones impugnaticias formuladas por las partes, asimismo se evidencia que en el cuarto considerando del fallo recurrido, como todo razonamiento, hace una relación de normas legales, lo que no suple la debida fundamentación, sino que indica de qué modo vienen a respaldar o ilustrar las conclusiones del juzgador, dado que la sentencia debe ser personalmente motivada por el juez”. Estableciendo la siguiente doctrina legal: “Si una sentencia cumple con la garantía de la debida motivación, una sentencia sustentada en argumentos claros cumple además con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia en este caso mediante los recursos -si los hay-, y la de garantizar el derecho a la información, pues una sentencia obscura a disposición del público permite el acceso a la información, pero una sentencia que es clara lo garantiza, lo hace realmente efectivo, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador sentenció de una determinada manera un juicio.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir los antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en la resolución en análisis, los fundamentos de las partes o a hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, seguido por el juzgador a efecto de arribar a determinada conclusión, cumpliendo de esa manera con la previsión del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y asegurando la efectividad de una amplia gama de derechos constitucionales.


El Auto Supremo 14/07 de 26 de enero del 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Peculado y otros, como hecho generador entre otros- se tiene: “la Resolución que resuelve el recurso de apelación restringida no fundamenta debidamente respecto a cada uno de los puntos impugnados en el recurso de apelación restringida. De la lectura del fallo recurrido se infiere que el mismo carece de fundamentación y no resuelve las cuestiones planteadas en el recurso de alzada; consecuentemente, el fallo impugnado debió haberse referido a los aspectos resueltos por el a quo en relación a los puntos apelados con la debida fundamentación legal, de manera tal que no exista duda en los recurrentes sobre la debida aplicación de la ley”. Estableciendo la siguiente doctrina legal: “El marco del nuevo Código de Procedimiento Penal, acorde con la Doctrina Penal, establece al recurso de apelación restringida como el medio legal a través del cual se efectiviza de manera real el derecho que tienen los sujetos procesales de impetrar la revisión del fallo cuando adolece de escasa fundamentación aspecto que deviene en violación a derechos y garantías constitucionales tal cual lo establecen los artículos 370-5), 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica) y artículo 14.5 de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), normas legales que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a conocer en detalle los fundamentos de las resoluciones impugnadas esto a objeto de que compruebe la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, garantizando de esta manera el debido proceso como fundamento esencial del Derecho Procesal Penal moderno, y como una exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos, presuponiendo este instituto la existencia de un órgano judicial independiente y funcional, así como una serie de normas que aseguren un procedimiento equitativo en el cual el o los procesados tengan a su alcance todas las posibilidades de una defensa amplia.


El Tribunal ad quem, en los asuntos sometidos a su control, tiene la obligatoriedad de dar estricta aplicación a los artículos 124 y 398 de la Ley Nº 1970 que disponen: "Las sentencias y Autos interlocutorios serán fundamentados, expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones (...). Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución".


Existiendo una situación análoga entre los hechos fácticos que generaron la doctrina legal emitida por los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios y motivo admitido en casación, corresponde ingresar al análisis de fondo a fin de establecer la posible contradicción denunciada.

III.4. Análisis del caso concreto.


El reclamo de la parte recurrente es referido a la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado; toda vez, que a tiempo de reclamar en su recurso de apelación restringida la existencia del defecto de Sentencia, previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, por defectuosa valoración probatoria y contravención de los arts. 194, 124, 173, 359 y 370 de la norma Adjetiva Penal; el Tribunal de alzada hubiese resuelto: “…en el acápite III destinado a la fundamentación fáctica probatoria de la Sentencia, el Tribunal de mérito había realizado la fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba, en siete puntos que abarcan una debida motivación y fundamentación… debe tenerse en cuenta que conforme al lineamiento establecido por el Auto Supremo 0224/2006 de 3 de julio, el Tribunal de alzada no tiene facultad para revalorar prueba”.


Del memorial de apelación restringida se verifica que la recurrente reclamó la existencia del defecto de Sentencia, consistente en que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, conforme prevé el art. 370 inc. 6) del CPP.


A lo denunciado, el Auto de Vista respondió: “…En ese referido a efectos de una mayor fundamentación analítica es menester remitirnos a la Sentencia No. 25/2015 de fecha 16 de septiembre de 2015 y particularmente el acápite (III. FUNDAMENTACJON FÁCTICA PROBATORIA.) por el cual los miembros del Tribunal a quo realizan el análisis y la valoración de los elementos de prueba y dicha labor es efectuada en siete puntos, mismos que abarcan una debida motivación y fundamentación, conforme se tiene de la lectura de los mismo. El Tribunal de Alzada no cuenta con la facultad de realizar una revalorización de las pruebas presentadas y producidas en la tramitación del juicio, pues de hacer posible dicha pretensión se estaría transgrediendo y violando el principio de legalidad plasmado en el art. 180.1 con relación al principio de seguridad jurídica, art. 178.1 ambos recogidos por la Constitución Política del Estado”.


De las apreciaciones desarrolladas precedentemente, es posible concluir que la respuesta otorgada por el Tribunal de alzada al referido agravio contenido en el recurso de apelación restringida, en sentido de que los miembros del Tribunal a quo realizan el análisis y la valoración de los elementos de prueba y dicha labor es efectuada en siete puntos, mismos que abarcan una debida motivación y fundamentación, conforme se tiene de la lectura de los mismos, es totalmente genérica, por lo que este Tribunal evidencia la falta de fundamentación en la que incurrió el Tribunal de apelación, estableciéndose que dicho Tribunal, pese a haber identificado de manera correcta el agravio denunciado por la parte querellante en su recurso de apelación, acudió a argumentos generales para no dar una respuesta clara, precisa y lógica a los argumentos del apelante.


Conforme el entendimiento desarrollado en los Autos Supremos 14/07 de 26 de enero del 2007 y 14/07 de 26 de enero del 2007, el Tribunal de apelación tiene obligación de que los fallos deben ser debidamente fundamentados, en atención a ello, se puede establecer que el Auto de Vista impugnado es contario a los precedentes referidos, por lo que amerita la aplicación del segundo párrafo del art. 419 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, FUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Deysi Maguy Licona Díaz y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 08/2017 de 16 de febrero, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos