TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 309/2018-RA

Sucre, 14 de mayo de 2018


Expediente                : La Paz 137/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Aurora del Rosario Gutiérrez Medina

Delito        : Uso Indebido de Influencias


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de agosto de 2011, cursante de fs. 806 a 816 vta., Aurora del Rosario Gutiérrez Medina, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 202/2010 de 7 de septiembre, de fs. 671 a 673, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 21/2009 de 22 de septiembre (fs. 604 a 607), el Tribunal Séptimo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Aurora del Rosario Gutiérrez Medina, autora y culpable de la comisión del delito de Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Aurora del Rosario Gutiérrez Medina (fs. 621 a 623), formuló recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 202/2010 de 7 de septiembre, dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente los fundamentos y rechazó el recurso planteado, confirmando la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda de la imputada, mediante Resolución “45/2010” de 3 de febrero de 2011 (705 y vta.).


  1. Por diligencia de 4 de agosto de 2011 (fs. 751), la recurrente fue notificada con el Auto de Vista ahora impugnado; y, el 10 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes motivos:


  1. La recurrente denuncia la violación al principio de inmediación establecido en el art. 330 del Código de Procedimiento Penal (CPP), precisando que el Vocal Ramiro López aún no era Vocal en la audiencia de fundamentación de la apelación restringida de 19 de mayo de 2010, por lo que al dictar el Auto de Vista 202/2010 se desnaturalizó la esencia del proceso penal; asimismo, indica que el Dr. López como Vocal relator junto al Vocal Alave, se pronunciaron nuevamente sobre la extinción de la acción penal cuando esta ya fue resuelta por Resolución 149/2010.


Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos “116/07 de 31 de enero” y “204/7 de 28 de marzo”, referidos según lo señalado por el recurrente-, a la interpretación jurídica respecto al principio de inmediación y el resguardo del debido proceso.


  1. Acusa que la Sala Penal Tercera a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, rechaza in límine la apelación restringida por errores de forma sin aplicar el art. 399 del CPP, vulnerando el debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.


A tal efecto, la recurrente cita las Sentencias Constitucionales “1075/2003” y “1044/2003”, referidas según la glosa parcial transcrita a la aplicabilidad del art. 399 del CPP, sin violar el principio pro actione; asimismo, como precedentes contradictorios, invoca los Autos Supremos 684/2004 de 21 de octubre, 647/2004 y 243/2006 de 6 de julio.


  1. Sostiene la violación al art. 124 del CPP, en la emisión del Auto de Vista 202/2010 ante la falta de compulsa y revisión de los antecedentes del proceso; a tal efecto, detalla que a) El Auto de Vista impugnado realiza una larga exposición y consideración sobre la extinción de la acción penal, cuando esta ya fue resuelta por Resolución 149/2010; b) Los Vocales recurridos consideraron que la Resolución de mérito se basó en una correcta valoración de pruebas de cargo y descargo, donde “hallaron suficientes indicios” (sic), para dictar Sentencia, a sabiendas que no se puede dictar Sentencia en base a indicios sino con plena prueba; c) El Tribunal de alzada incurre en pronunciamiento ultra petita, al pronunciarse respecto a todos los defectos de Sentencia contenidos en el art. 370 del CPP; empero, del contenido de su apelación restringida no se mencionan defectos de Sentencia; d) Su fundamentación se basa en transcripciones íntegras del art. 370 del CPP, en todos sus incisos, y los arts. 407 y 408 de la misma norma adjetiva penal, sin explicar los motivos, el por qué, cómo y bajo qué criterio se dictó la Resolución recurrida.


Como precedente contradictorio señala el Auto Supremo “256/2004”, referido según la glosa transcrita por la recurrente, a la prohibición de falta de fundamentación de los fallos, no pudiendo ser reemplazados por la simple relación de documentos o mención de requerimientos de las partes.


Asimismo, a tiempo de señalar la inobservancia de la doctrina legal aplicable dictada tanto por el Tribunal Supremo de Justicia como por el Tribunal Constitucional Plurinacional, cita los Autos Supremos 373/06 de 6 de septiembre, “152/07 de 2 de febrero, 479/05 de 8 de diciembre” y 438/05 de 10 de noviembre del 2005, en cuya doctrina se hubiera establecido el carácter vinculante y forzoso de las Sentencias Constitucionales; y, las Sentencias Constitucionales 1369/01-R y 1393/2004-R, referidas según la glosa expuesta, a la necesidad de fundamentación de las Resoluciones judiciales.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)         Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que lo dictó, teniendo en cuenta que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 4 de agosto de 2011, interponiendo su recurso el 10 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar el cumplimiento de los demás requisitos.


En cuanto al primer motivo denunciado, la recurrente alega la violación del principio de inmediación en razón a dos circunstancias: la primera, que en la emisión del Auto de Vista impugnado, uno de los Vocales suscriptores no conoció la audiencia de fundamentación de apelación restringida de 19 de mayo de 2010; y la segunda, el doble pronunciamiento respecto a la excepción de extinción de la acción penal, cuando ésta ya había sido resuelta mediante Resolución 149/2010; a tal efecto, invoca los Autos Supremos 116/2007 de 31 de enero y 204 de 28 de marzo de 2007, refiriendo que el Tribunal de apelación no se hubiere informado de los datos del proceso desnaturalizando la esencia del proceso penal ante la falta de inmediación, por lo que esta Sala Penal asume que la recurrente cumple con el requisito de invocar precedentes y establecer aunque de manera escueta la contradicción existente entre el fallo recurrido y los precedentes invocados.


En el segundo motivo, básicamente se denuncia la inaplicabilidad del art. 399 del CPP por parte del Tribunal de alzada al momento de resolver la inadmisión del recurso de apelación restringida, sin previamente otorgar a la apelante el plazo de tres días previsto para que se subsane; sin embargo, se advierte que a tiempo de exponer su agravio, la recurrente se limita simplemente a citar los Autos Supremos 684/2004 de 21 de octubre, “647/2004” y 243/2006 de 6 de julio, sin cumplir con la carga procesal de indicar en términos claros y precisos cuál la contradicción existente entre el Auto de Vista 202/2010 y los precedentes citados; por otro lado, en cuanto a la invocación de las Sentencias Constitucionales 1075/2003 y 1044/2003, de manera reiterada este Máximo Tribunal de Justicia ha señalado que las Sentencias Constitucionales no constituyen precedentes contradictorios, sino sólo las Resoluciones casacionales emitidas por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y los Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los diferentes Tribunales Departamentales de Justicia de conformidad con el art. 416 del CPP.


No obstante a ello, sobre el motivo planteado se explicó la vulneración del debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; precisando además los antecedentes de hecho generadores del recurso y que la restricción de derechos argüida consistió en el rechazo in limine del recurso de apelación restringida, resultado en consecuencia la negativa de corregir los defectos de forma incurridos por la apelante; en consecuencia, se observa el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización, haciendo viable la admisión de este motivo en forma extraordinaria.

En el tercer motivo, se denuncia la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, en razón a los siguientes aspectos: a) Se limitó a realizar una relación de los antecedentes referidos a la extinción de la acción penal resuelta por la Resolución 149/2010; b) Señaló que la Resolución de mérito se dictó en base a suficientes indicios y no en prueba plena; c) Incurrió en vicio de incongruencia por exceso al efectuar el análisis del art. 370 del CPP sin haberse alegado defectos de Sentencia en apelación; y, d) La transcripción íntegra de normas legales previstas en el art. 370, 407 y 408 del CPP.


Argumentación que denota, que en el presente motivo también se cumplió con la carga argumentativa suficiente que demuestra una probable contradicción entre la falta de fundamentación denunciada con relación a la Resolución de alzada y la jurisprudencia legal establecida en el Auto Supremo “256/2004”, cuya doctrina estaría referida a la prohibición de falta de fundamentación de los fallos, por lo que este Tribunal considera que el presente motivo se encuentra suficientemente expuesto y cumple con lo previsto por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo por tanto en admisible.


Finalmente, se aclara que los Autos Supremos “373/06 de 6 de septiembre, 152/07 de 2 de febrero, 479/05 de 8 de diciembre y 438/05 de 10 de noviembre”, no serán tomados en cuenta para el análisis de fondo en razón a que la recurrente se limitó a su simple cita referencial; lo propio respecto a las Sentencias Constitucionales “1369/01-R y 1393/2004-R”.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Aurora del Rosario Gutiérrez Medina, de fs. 806 a 816 vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas; el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos