TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 308/2018-RA

Sucre, 14 de mayo de 2018


Expediente                : Beni 4/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Gladys Maniobo López y otro

Delito                : Suministro de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de enero del 2018, cursante de fs. 178 a 182 vta., Gladis Maniobo López, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 038/2016 de 28 de octubre, pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Luís Vargas Negrete y la recurrente, por la presunta comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley de Régimen de la Coca y sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 01/2016 de 13 de abril (fs. 125 a 129 vta.), la Juez Público Mixto de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a Gladys Maniobo López y Jorge Luís Vargas Negrete, autores de la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, imponiendo a la primera la pena de doce años de presidio y dos mil días multa, a razón de Bs. 1.- por día; y, al segundo pena privativa de libertad de ocho años y mil días multa, a razón de Bs. 1.- por día, siendo ambos sancionados con costas procesales.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Gladys Maniobo López (fs. 131 a 140), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista de 038/2016 de 28 de octubre, dictado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 11 de enero del 2018 (fs. 165 vta.), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 18 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La recurrente aduce que el Tribunal de apelación resolvió el reclamo fundado en la ilegalidad del proceso, porque sin que exista flagrancia se habría tramitado la causa en un procedimiento inmediato, quebrantando sus derechos fundamentales como el principio de legalidad, continuidad, celeridad, debido proceso y seguridad jurídica, tutelados por los arts. 115, 117, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE): Señalando que la circunstancia alegada no fue reclamada oportunamente, consintiendo el mismo; argumento que a decir de la impugnante, cae en el vacío y que violenta sus derechos, reitera que en el caso de autos no existió flagrancia por lo que violentó el debido proceso y la posibilidad de asegurar una amplia e irrestricta defensa material y técnica; invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 08 de 30 de enero del 2012 y 20 de 7 de febrero del 2012, los cuales habrían establecido las tres dimensiones del debido proceso, señalando que reclama la inobservancia del mismo, como derecho y garantía, pues debió procesárselo de acuerdo al procedimiento adjetivo correspondiente. Agrega que en el caso de autos se procedió al allanamiento de su domicilio sin la correspondiente orden de la autoridad competente, supuestamente porque de manera flagrante se estuviera vendiendo sustancias controladas; sin embargo, del propio informe policial se establecería que no existía esa circunstancia, al relatar que se le preguntó a la ahora recurrente, si en su domicilio vendía la sustancia ilícita; es decir, que no es evidente la supuesta flagrancia así como tampoco existe la persona que estuviera comprando, al respecto señala, que los arts. 230 y 22.IV del Código de Procedimiento Penal (CPP), establecen como elementos de la flagrancia que: i) El autor sea sorprendido en el momento de intentar el hecho ilícito, ii) Que en el caso de autos, del acta de requisa de inmueble, se establecería que tenían la sospecha de la existencia de sustancias controladas, por lo que conminaron a exhibir las mismas; razón por la que la calificación de la supuesta flagrancia resultaría absolutamente ilegal y arbitraria, que condujo a un procedimiento inmediato ilegal ante autoridad incompetente, resultando nulos los actos practicados, en función del imperio del art. 122 de la CPE; sobre la violación de derechos fundamentales, invoca como precedente el Auto Supremo 528/2013 de 16 de octubre, el cual es transcrito parcialmente.


  1. En cuanto al segundo motivo de apelación, instaurado en que no estarían fundamentados los elementos constitutivos del tipo penal de Suministro de sustancias controladas, el Tribunal de alzada habría alegado que la apelante no argumentó ni especificó a cuál de ellos se referiría, refiriendo que por esa razón el planteamiento no merecería mayor consideración; resolución de alzada que no hubiera considerado los fundamentos de su apelación, pues conforme el tipo penal descrito por la Ley 1008, el Juez realizó una interpretación equivocada y aplicó mal la norma; toda vez, que no existiría la persona suministrada, para configurar su conducta, pues los de UMOPAR no realizaron una verdadera investigación tomando en cuenta que existen otras personas que ocupaban el inmueble, se habrían ensañado en su contra, sin demostrar que la sustancia ilícita le pertenece y menos que hubiera estado suministrando la sustancia, haciendo referencia a lo descrito por el art. 14 del Código Penal, refiere que el dolo no se presume sino se prueba y que en el caso de autos no se probó su conducta ilegal, violando el precepto contenido por el art. 13 de la norma Sustantiva Penal; toda vez, que no se hubiera establecido la vinculación o conexión entre su persona y la persona suministrada ni la acción de suministrar, incumpliendo lo señalado por los arts. 116 de la CPE y 6 del CPP, que imponen a los acusadores respeto a la presunción de inocencia, correspondiendo su absolución ante la insuficiente prueba; invoca como precedente el Auto Supremo 431 de 11 de octubre del 2006, el cual fue transcrito parcialmente y se hallaría relacionado a la tentativa de suministro de sustancias controladas; para señalar que no concurren los elementos constitutivos del tipo penal acusado y que el Ministerio Público no demostró su acusación ni la existencia de la tercera persona suministrada.


  1. Refiere que el Tercer motivo de apelación restringida, se hallaba vinculado a la fundamentación y cuantificación de la pena, sobre el cual el Tribunal de apelación habría referido que no existe una regla tasada para su cuantificación, y que de la revisión del fallo de mérito se encuentra fundamentado; demostrando con ello a decir de la recurrente, falta de seguridad en sus actos y determinaciones y hasta temor o sometimiento a las presiones ejercidas por el personero del Ministerio Público, sin considerar que la fundamentación de la pena es incongruente, pues se hubiera limitado a citar los arts. 37 y 38 del CP, sin realizar un análisis que sustente la imposición del máximo de la pena, pues no se acreditaría la existencia de antecedentes penales con el REJAP; asimismo, la cantidad de sustancia no sería un volumen grande o mayor; invoca como precedente el Auto Supremo 507 de 11 de octubre de 2007, el cual es transcrito en la parte pertinente al tema, que estaría referido a la obligación de fundamentar las atenuantes y agravantes que hubieran a favor o en contra de un acusado.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos, se establece que el 11 de enero del 2018, fue notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado; y, el 18 del mismo mes y año, interpuso su recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se establece que:


En el primer motivo de casación, la recurrente denuncia que el Tribunal de apelación alegó que al no haber hecho el reclamo oportuno, consintió el defecto por el cual acusa la ilegal tramitación de procedimiento inmediato; fundamento de alzada que a decir de la recurrente, cae en el vacío y violenta su derecho al debido proceso como derecho y garantía; toda vez, que no se consideró que esa ilegal y arbitraria calificación de flagrancia, condujo a la realización de un procedimiento inmediato que es ilegal y fue llevado acabo ante autoridad incompetente. Invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 08 de 30 de enero del 2012, 20 de 7 de febrero del 2012 y 528/2013 de 16 de octubre; sin embargo, no estableció la contradicción entre éstos y la resolución impugnada, incumpliendo con el requisito de admisibilidad previsto por la segunda parte del art. 417 del CPP.


Sin embargo, la recurrente, vinculó la denuncia a la vulneración del debido proceso como derecho y garantía, proveyendo los antecedentes generadores del defecto (que los fundamentos del Tribunal de apelación caen en el vacío), precisando el efecto nocivo del defecto (ratificación de una sentencia tramitada ilegalmente y por autoridad incompetente), por lo que al haber cumplido con los requisitos suficientes para la admisión del motivo vía excepcional, se admite el mismo por cumplimiento de los criterios de flexibilización.


De los argumentos expuestos se establece que: en el segundo motivo, la recurrente reclama insuficiente fundamentación porque el Tribunal de apelación no habría considerado los argumentos que sirvieron para sustentar la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva, alegando de manera equivocada que no hubiera señalado qué elementos del tipo penal acusados extraña en el fallo de mérito, cuando de manera clara señaló que no se probó la existencia de la persona suministrada y no se estableció el nexo entre la sustancia ilícita y su persona; motivo en el que invocó como precedente el Auto Supremo 431 de 11 de octubre del 2006, señalando como contradicción que en el caso de autos el Ministerio Público no demostró su acusación y la existencia de la persona suministrada. En el tercer motivo, reclama que el Tribunal de apelación inobservó la doctrina establecida por el Auto Supremo 507 de 11 de octubre de 2007, que establecería que la obligación de fundamentar las atenuantes y agravantes, y que en el caso de autos se habría ratificado la imposición de la pena sin considerar que la misma contiene fundamentación contradictoria y que el Tribunal de mérito solo hizo cita de los arts. 37 y 38 del CP, sin realizar ningún tipo de razonamiento para sustentar el quantum de la pena. Proposiciones jurídicas en las que se observa que los precedentes están dirigidos a sustentar los defectos de sentencia que fueron motivo de apelación restringida y que no hubieran sido observados por el Tribunal de alzada; sin embargo, de la revisión del recurso de alzada, se observa la falta de invocación de los mismos, siendo extemporánea la invocación en casación, por lo que los motivos en análisis devienen en inadmisibles por incumplimiento del requisito previsto por el art. 417 del CPP, en cuanto a la obligación de invocar precedente a tiempo de interponer recurso de apelación restringida.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Gladis Maniobo López, de fs. 178 a 182 vta., únicamente para el análisis del primer motivo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos