TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 307/2018-RA

                               Sucre, 14 de mayo de 2018        


Expediente                : Chuquisaca 11/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Daniel Veliz Lamas y otros

Delitos                : Tráfico de Sustancias Controladas y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 17 de enero y 15 de febrero de 2018, Dionicio Omar Ramírez Ortega, de fs. 1421 a 1428, Luís Fernando Salguero Medina, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez, Aldo Sebastián Rodríguez, de fs. 1528 a 1539 vta. y Daniel Veliz Lamas, de fs. 1560 a 1562 vta., a su turno, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 349/2017 de 4 de diciembre, de fs. 1388 a 1412 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Walter Colque Ayala y Zulma Montecinos Almanza (ambos declarados rebeldes) y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, Organización Criminal y Legitimación de Ganancias Ilícitas, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m), 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), 132 bis y 185 bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 02/2017 de 10 de enero (fs. 422 a 492 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia de Sucre del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró autores y culpables a: Daniel Veliz Lamas, de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, Luís Fernando Salguero Medina, de los ilícitos penales de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa, Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Dionicio Omar Ramírez Ortega, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez y Aldo Sebastián Rodríguez, del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, siendo los últimos mencionados absueltos del delito de Organización Criminal, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, y los arts. 185 bis y 132 bis del CP, imponiendo pena privativa de libertad al primero y segundo de trece años y cuatro meses de presidio, al tercero la pena de ocho años de reclusión y a los demás la sanción de cinco años de reclusión, sancionando a todos al pago de costas en favor del Estado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Luís Fernando Salguero Medina (fs. 590 a 607 vta.), Laura Gabriela Salguero Rodríguez (fs. 710 a 727 vta.), Hilda Rodríguez Salvatierra (fs. 819 a 836 vta.), Aldo Sebastián Rodríguez  (fs. 939 a 956 vta.), Daniel Veliz Lamas (fs. 961 a 966 vta. y 1028 a 1029) y Dionicio Omar Ramírez Ortega (fs. 968 a 976 y 1021 a 1022 vta.), formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 349/2017 de 4 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró inadmisibles los motivos segundo y tercero del recurso planteado por Daniel Veliz Lamas e improcedentes las demás apelaciones restringidas, manteniendo incólume la Sentencia apelada. 


  1. Por diligencias de 10 de enero y 16 de febrero de 2018 (fs. 1413 y vta.; y, 1609), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 17 de enero y 15 de febrero del mismo año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de Dionicio Omar Ramírez Ortega.


Previa referencia a los arts. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el recurrente refiere que el Tribunal de alzada lejos de cumplir lo dispuesto en la economía procesal penal, emitió el Auto de Vista impugnado sin contener la debida fundamentación prevista en el art. 124 del CPP, violando el debido proceso en su vertiente de fundamentación y principio de certeza; toda vez, que incurre en el mismo defecto del Tribunal de Sentencia de no establecer a través de qué elementos probatorios sustenta su resolución, ya que no basta decir que se remite a la conclusión tercera de la Sentencia, pues no establece nuevamente qué bienes supuestamente adquirió, poseyó y/o utilizó, provenientes de actividades ilícitas del Tráfico de Sustancias Controladas.


Refiere que los defectos de sentencia denunciados en su recurso de apelación restringida no fueron considerados por el Tribunal de alzada, pues denunció la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva conforme el art. 370 inc. 1) del CPP, específicamente del art. 365 del CPP con relación al art. 185 del CP, al declararse su culpabilidad cuando debió disponerse su absolución de acuerdo al art. 363 del CPP, al no haberse demostrado su autoría y/o responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas, incurriendo además en errónea aplicación del art. 361 del CPP. También denunció en apelación restringida la fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia de acuerdo al art. 370 inc. 5) el CPP, puesto que el Tribunal de Sentencia afirmó de forma lírica, sin sustento probatorio ni fundamentación y lógica jurídica, de que a sabiendas que en el momento de su recepción, adquirió, poseyó y utilizó bienes y productos de la actividad ilícita merced a la actividad desplegada por su amigo y compadre Luís Fernando Medina Salguero, sin establecer los bienes de propiedad de la familia Salguero, incurriendo también en carencia de fundamentación al asumir que si bien acreditó que trabaja en una óptica, la remuneración que recibía no condice con los viajes realizados en líneas aéreas y menos la adquisición de un automóvil al no haber fundamentado qué relación tiene con el delito de Legitimación de Ganancias, asumiendo contradictoriamente además que no tendría una actividad lícita, pese a que reconoció que trabajaba en una óptica; además, de no saber qué incremento de patrimonio fue investigado al no haberse establecido con qué elementos de prueba el Tribunal de mérito concluyó que incrementó su patrimonio, asumiendo el argumento falaz que no puede servir para fundar una sentencia condenatoria, que el nexo que le unía con Daniel Veliz Lamas y Luís Fernando Medina Salguero, era porque supuestamente mantenía comunicación.


En ese ámbito, denuncia que el Tribunal de alzada está en la obligación de individualizar los elementos probatorios que hubiera considerado el inferior con relación a su persona para supuestamente pretender subsumir su conducta en el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas; es decir, debe establecerse qué bienes y cómo esos bienes se encuentran supuestamente ligados a actividades de narcotráfico, por lo que el Tribunal de apelación realizó además una revalorización de pruebas, cuando dicha atribución le está prohibida, quedando demostrado que se incurrió en errónea e incorrecta aplicación de la ley en cuanto se refiere a la aplicación del art. 365 con relación a los arts. 413 del CPP y 185 bis del CP.


Invoca los Autos Supremos 304/2012 de 23 de noviembre de 2012, 91 de 28 de marzo de 2006, 53/2012 de 22 de marzo, 167/2012 de 4 de julio y 234/2017-RRC de 21 de marzo.


II.2. Recurso de Luis Fernando Salguero Medina, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez y Aldo Sebastián Rodríguez.


  1. Los recurrentes invocando la flexibilización en la admisibilidad del recurso de casación señalan que en la apelación restringida denunciaron la nulidad absoluta de la sentencia por defecto absoluto conforme las previsiones del art. 169 incs. 1) y 3) del CPP, porque el Tribunal de Sentencia habría introducido al juicio y justificado la condena en base a prueba ilegalmente aperturada por la investigadora asignada al caso, sin participación del Juez cautelar y/o los acusados incumpliendo el procedimiento establecido por el art. 191 del CPP; sin embargo, el Auto de Vista declaró la improcedencia del motivo cometiendo errores flagrantes al confundir y no dar respuesta concreta a los cuestionamientos de la apelación restringida, ya que erradamente se avoca a fundamentar que respecto a los allanamientos y el secuestro de documentación fueron solicitados e instruidos por el Juez cautelar y la autoridad fiscal, sin tomar en cuenta que el motivo recursivo jamás se refirió a tales actuados, sino a la ilegal apertura de dichas evidencias realizada por una funcionaria policial sin la presencia del Juez y los sujetos procesales, generando una evidente incongruencia entre lo pedido y lo resuelto por una parte, y por otra declara la improcedencia del motivo recursivo sin dar una explicación de las razones y motivos que llevaron al Tribunal de alzada a tomar esa decisión. En este motivo, invocan como precedentes contradictorios los Autos Supremos “396/2014-RRC” y 325/2012-RRC de 12 de diciembre, además de la Sentencia Constitucional 1112/2016-S1 de 7 de noviembre, denunciando la lesión al debido proceso en su vertiente del derecho a una resolución congruente, así como a la tutela judicial efectiva.  


  1. También alegan que como segundo motivo de apelación, denunciaron que la sentencia se basó en elementos ilegalmente incorporados a juicio, al haber sido condenados en base a todos los elementos de prueba ilegalmente aperturados por una funcionaria policial, sin la presencia o participación del juez cautelar y de los sujetos procesales, conforme al art. 191 del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada declaró la improcedencia de este motivo de apelación, con una consideración que no es correcta, ya que jamás se refiere y da respuesta al reclamo que realizaron, porque no realiza mención alguna sobre los motivos por los cuales la apertura de evidencias realizada sin la participación del Juez Cautelar y sujetos procesales es correcta o incorrecta, haciendo consideraciones de aspectos que jamás reclamaron, desviando y evitando dar una respuesta a los cuestionamientos planteados, al no dar una respuesta si fue legal o no la apertura de prueba secuestrada por un funcionario policial sin la presencia de autoridad judicial, analizando de manera equivocada y grosera aspectos ajenos a los planteados, generando restricción al debido proceso y la tutela judicial efectiva, por la incongruencia citra petita o ex silentio,  invocando también el Auto Supremo “396/2014-RRC”.


  1. Por último, expresan que en el tercer motivo de apelación, alegaron la insuficiente fundamentación de la Sentencia por cuanto el Tribunal de mérito no valoró y ni siquiera mencionó una ampliación de declaración del imputado Daniel Veliz Lamas que realizó en juicio, donde  indicó que sus personas (familia Salguero), no tenían ninguna relación con los ilícitos acusados, ya que habría sido presionado para decir que eran ellos culpables de los hechos; empero, el Tribunal de alzada reconoce la incongruencia y la insuficiente fundamentación que realizó el Tribunal de primera instancia y de manera totalmente ilegal y parcializada, justifica dicha omisión, ingresando a valorar y asignar un valor probatorio a la ampliación de la declaración del imputado, incurriendo en un defecto absoluto. En este motivo, invocan el Auto Supremo 65/2013-RRC de 3 de noviembre de 2013.


II.3. Recurso de Daniel Veliz Lamas.


Denuncia que el Auto de Vista recurrido contiene defectos absolutos no susceptibles de convalidación, por cuanto en la parte resolutiva dejó constancia del rechazo a los motivos segundo y tercero al no haber superado el juicio de admisibilidad conforme establece el art. 399 segundo párrafo del CPP, admitiéndose sólo el primer motivo; sin embargo, el Tribunal de alzada contrariamente se pronunció sobre dos puntos específicos de la apelación restringida, creando causes paralelos y contradicción en su contenido, pues sólo indica que se resolverá el punto específico de la errónea aplicación de la ley y en la parte resolutiva se manifestó sobre dos aspectos.


Añade que en apelación denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, pues según la Sentencia, el 6 de marzo de 2013 aproximadamente a horas 17:00, se interceptó el vehículo que conducía y se realizó la respectiva requisa encontrándose en el capot hábilmente camuflado junto al motor una bolsa nylon que contenía 7 paquetes en forma de ladrillo con un total de 7 kilos y 85 gramos de cocaína, siendo identificado en la Sentencia como conductor del vehículo, encontrándose bastante documentación con relación al vehículo del cual se puede establecer como propietario a Zenón Montecinos Otalora hermano de Zulma Montesinos Almanza (prófuga), enfatizando el recurrente que la gente de José Martínez Condori esposo de Zulma Montesinos Almanza le entregó el vehículo para que lo conduzca hasta Santa Cruz con sus productos destinados a curaciones, siendo que el Tribunal de Sentencia no tomó en cuenta su declaración efectuada durante el juicio. Señala que los testigos de cargo indicaron que su persona era quien conducía y era el chofer del vehículo, siendo su acción tipificada en el art. 48 con relación al art. 33 in. m) de la Ley 1008 que no le corresponde, ya que si bien se encontró en el lugar, siempre aceptó el hecho de ser chofer del vehículo, habiendo identificado en su declaración a la persona que lo engaño y contrató (José Martínez Condori esposo de Zulma Montesinos Almanza), como chofer para realizar los viajes y transportar sus productos a cambio de un estipendio, sin saber de la actividad ilícita y que su persona transportaba sustancias controladas. Por ello, señala que no se elaboraron los elementos suficientes para identificar que su persona sea traficante, en razón a que resultaba el chofer del vehículo y que en esa calidad, sólo debió ser tipificada su conducta como Transporte de Sustancias Controladas; además, de no haberse probado la acusación por el delito de Asociación Delictuosa y Confabulación, por lo que refiere que sufrió agravios con relación al principio de certeza y de taxatividad, siendo que la acusación debe tener un sustento legal y no meras apreciaciones subjetivas.


Con relación al inc. 8) referido a que existe contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa, señala que la acusación es por el delito inserto en los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, que jamás se probó en el juicio oral y si se probó un delito fue el inserto en el art. 55 de la citada Ley, tampoco se demostró la Asociación Delictuosa, porque no se acreditó la asociación u organización de un grupo, peor aún no se demostró llamadas o conversaciones con Luís Fernando Salguero, tampoco se encontró en la agenda de su celular el referido nombre; y, sobre el inc. 11) referido a la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, invocó que se aplique el principio iura novit curia, pues si bien se acusó por el delito inserto en el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, debió aplicarse el citado principio en caso de que la subsunción del hecho resultaría otro delito. En el petitorio, refiere como precedente el Auto de Vista de 25 de julio de 2014. 

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

       

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV.        ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 10 de enero de 2018, los recurrentes Luís Fernando Salguero Medina, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez y Aldo Sebastián Rodríguez, fueron notificados con el Auto de Vista impugnado y el 17 del mismo mes y año, formularon recurso de casación; además, que siendo notificado el imputado Daniel Veliz Lamas el 16 de febrero de la presente gestión, interpuso su recurso de casación un día anterior cuando aún no le corría plazo, por lo que se considera en este último caso el principio de favorabilidad a los fines de garantizar el principio de impugnación; en cuyo mérito, establecida la observancia al presupuesto temporal exigido por el art. 417 del CPP, corresponde verificar el cumplimiento de las demás exigencias de admisibilidad.


IV.1. En cuanto al recurso de casación de Dionicio Omar Ramírez Ortega.


El recurrente previa referencia de los motivos alegados en apelación restringida con base al art. 370 incs. 1) y 5) del CPP, denuncia que el Auto de Vista impugnado carece de la debida fundamentación prevista en el art. 124 del CPP, al no establecer al igual que el Tribunal de Sentencia, a través de qué elementos probatorios sustenta la decisión de condena al no establecer qué bienes supuestamente adquirió, poseyó y/o utilizó, provenientes de actividades ilícitas del Tráfico de Sustancias Controladas pese a la obligación de individualizarlos y que por el contrario hubiese incurrido en una revalorización probatoria; a cuyo efecto, invoca en calidad de precedentes contradictorios, los Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006, 53/2012 de 22 de marzo, 167/2012 de 4 de julio y 234/2017-RRC de 21 de marzo, enfatizando en calidad de contradicción que el Tribunal de alzada omitió desarrollar en su resolución todos los cuestionamientos planteados en su recurso de apelación restringida, que se apartó de todos y cada uno de los presupuestos relativos al control del iter lógico viciando de nulidad la resolución impugnada y que al considerar que no fue hallado culpable por ser amigo del co-procesado Luis Fernando Salguero Medina, sino por haber adquirido, poseído o utilizado bienes provenientes de la actividad ilícita del Tráfico de Sustancias Controladas, incurrió en una revalorización probatoria y contradicción, porque fue sentenciado por ser amigo de Luís Fernando Salguero Medina, limitándose a remitirse a la Sentencia incumpliendo de esa manera su deber de fundamentación, por lo que estando cumplidas las exigencias previstas en los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde el análisis de fondo del presente recurso, dejando constancia que la labor de contraste no abarcará el Auto Supremo 304/2012 de 23 de noviembre, al ser simplemente citado por el recurrente sin establecer la contradicción con la resolución recurrida de casación.


IV.2. Respecto a la casación de Luís Fernando Salguero Medina y otros.


En el primer motivo de casación, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada declaró la improcedencia de su denuncia de nulidad absoluta de la sentencia, sin dar respuesta a los cuestionamientos que formularon relativos a la apertura de evidencias realizada por una funcionaria policial, sin la presencia de juez y sujetos procesales, por lo que denuncian la existencia de incongruencia entre lo pedido y resuelto y falta de explicación de las razones y motivos que llevaron al Tribunal de alzada a tomar esa decisión, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos “396/2014-RRC” y 325/2012-RRC de 12 de diciembre, relievando que el Auto de Vista contiene una motivación arbitraria e insuficiente, pues de manera intencional y discrecional, esquivó responder sus cuestionamientos llevando la discusión jurídica a temas que jamás fueron abordados como apelantes, incurriendo en una motivación insuficiente, por lo que se evidencia que los recurrentes, además de invocar precedentes contradictorios, precisan la posible contradicción con la resolución recurrida de casación, lo que hace posible el análisis de fondo del presente motivo, dejando constancia que la labor asignada a esta Sala no abarcará la Sentencia Constitucional citada por los recurrentes, al no constituir un precedente a los fines del recurso de casación.  


El entendimiento anterior referido a la viabilidad del análisis de fondo, resulta plenamente aplicable al segundo motivo de casación, por el cual los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada declaró la improcedencia de su motivo de apelación fundado en que la Sentencia se basó en elementos ilegalmente incorporados a juicio, específicamente aquellos que irracionalmente hubiesen sido aperturados por una funcionaria policial sin la presencia del juez cautelar y de los sujetos procesales, habida cuenta que invocando también el Auto Supremo “396/2014-RRC”, refieren que el Tribunal de alzada jamás resolvió el segundo motivo de apelación, analizando de manera equivocada y grosera aspectos totalmente ajenos a los planteados, con base a evasivas, incongruencias y errores, que reducen a nada su derecho a una motivación congruente.


En cuanto al tercer motivo de casación, se advierte que los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada al resolver el motivo de apelación fundado en la insuficiente fundamentación de la Sentencia, respecto a la ampliación de la declaración del imputado Daniel Veliz Lamas, ingresó a valorar y asignar un valor probatorio a esa ampliación, en contradicción con el Auto Supremo 65/2013-RRC de 3 de noviembre, manifestando que la contradicción radicaría en el hecho de que el Tribunal de alzada no declaró la procedencia del motivo recursivo, sino que justificó el hecho de que el Tribunal de Sentencia no haya fundamentado al respecto, cohonestando y dando por bien hecha una fundamentación incompleta que no otorga respuesta concreta a los puntos que cuestionaron en sus apelaciones restringidas, más cuando la ampliación de la declaración del citado imputado es de vital importancia en la determinación de los hechos acusados, al haber referido que no eran propietarios de ninguna sustancia controlada y que incluso fue presionado para referir que dicha sustancia era de su propiedad; advirtiéndose en consecuencia que el presente planteamiento también cumple con las exigencias procesales para su consideración de fondo.


IV.3. Sobre el recurso de casación interpuesto por Daniel Veliz Lamas.


Sujeto a análisis el presente recurso, se tiene que el recurrente inicialmente denuncia que el Auto de Vista impugnado contiene defectos absolutos, por cuanto en la parte resolutiva dejó constancia del rechazo a los motivos segundo y tercero, pero se pronunció sobre dos puntos específicos de la apelación restringida; advirtiéndose sobre el particular, con base a los presupuestos de flexibilización identificados en la parte final del acápite anterior de este fallo, que si bien el imputado identifica el hecho generador del recurso y hace referencia al derecho a la defensa y el debido proceso, omite detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución de los citados derechos y explicar el resultado dañoso emergente del defecto, sin que la mera referencia a que el Tribunal de alzada hubiese creado causes paralelos y contradicción en su contenido, sean suficientes para aperturar la competencia de esta Sala Penal y resolver en el fondo el planteamiento efectuado.


Por otra parte, se advierte que el recurrente en la segunda parte de su recurso de casación, hace hincapié en las denuncias relativas a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, con referencia a aspectos fácticos relativos al hecho que motiva la causa, a la contradicción que existiría entre la parte resolutiva con la considerativa de la Sentencia y a la inobservancia de las reglas de congruencia, descritos estos defectos en las previsiones del art. 370 incs. 1), 8) y 11) del CPP, como si se tratase del planteamiento de un recurso de apelación restringida, al no existir ningún reclamo a la actuación del Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista que resolvió la apelación, teniendo en cuenta que de acuerdo al sistema de impugnación previsto en el Código Procesal Penal, es la resolución respecto a la cual procede el recurso de casación; advirtiéndose además la inobservancia de otra exigencia de admisibilidad como es la invocación de algún precedente contradictorio y la precisión de cuál la contradicción existente con la Resolución impugnada, teniendo en cuenta que el recurrente se limita a citar en su petitorio el Auto de Vista de 25 de julio de 2014, sin ninguna argumentación; de modo que la inobservancia de los exigencias previstas en los arts. 416 y 417 del CPP, determina la inadmisibilidad del presente recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación, interpuestos por Dionicio Omar Ramírez Ortega, Luís Fernando Salguero Medina, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez y Aldo Sebastián Rodríguez, cursantes de fs. 1421 a 1428 y 1528 a 1539 vta. e INADMISIBLE el formulado por Daniel Veliz Lamas, de fs. 1560 a 1562 vta. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.        


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos