TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 304/2018-RA

Sucre, 14 de mayo de 2018


Expediente                : La Paz 20/2018

Parte Acusadora       : Lucio Hugo Morales Aguilar

Parte Imputada        : Justo Uraquini Aruquipa y otros

Delito                     : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 894 a 906 vta., Lucio Hugo Morales Aguilar, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 32/2017 de 16 de junio, de fs. 850 a 853, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente en contra de Justo Uraquini Aruquipa, Gregorio Paco Flores, Federico Chacón Tapia, Clemente Quispe Morales, Abraham Chura Mayta y Venancio Apaza Laura (+), por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 21/2012 de 14 de noviembre (fs. 439 a 444), la Juez Cuarto de Partido Liquidador y de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Justo Uraquini Aruquipa, Federico Chacón Tapia, Clemente Quispe Morales, Abraham Chura Mayta y Gregorio Paco Flores, absueltos de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, al no haberse probado la acusación y menos generado convicción sobre la responsabilidad de los mencionados, con costas.


  1. Contra la referida Sentencia, el acusador particular Lucio Hugo Morales Aguilar formuló recurso de apelación restringida (fs. 508 a 519 vta.), resuelto por los Autos de Vista 35/2013 de 19 de abril (fs. 549 a 550 vta.), 48/2014 de 8 de agosto (fs. 653 a 654), complementado mediante Resolución de 29 de septiembre de 2014 (fs. 658 a 659 vta.) y 74 “A”/2015 de 30 de septiembre (fs. 754 a 756), que fueron dejados sin efecto por los Autos Supremos 371/2013 de 23 de diciembre (fs. 612 a 617 vta.), 424/2015-RRC de 29 de junio (fs. 737 a 744) y 720/2016-RRC de 19 de septiembre (fs. 837 a 844 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 32/2017 de 16 de junio, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, con costas a fijarse en ejecución de sentencia, siendo complementada la solicitud de explicación y enmienda del acusador particular mediante Resolución de 31 de octubre de 2017 (fs. 856).

  1. Por diligencia de 15 de noviembre de 2017 (fs. 857), fue notificado el recurrente, con el Auto Complementario de 31 de octubre de 2017; y, el 20 de noviembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


Previa relación de antecedentes fácticos y procesales, el recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido contrarió al Auto Supremo 52 de 19 de marzo de 2012, por eludir pronunciarse en el fondo y de forma específica sobre los agravios expresados en su recurso de apelación restringida, concurriendo en violación al derecho al debido proceso por inobservancia de los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); al respecto, identifica los puntos de su apelación restringida, que fue corregido por memorial de 13 de mayo de 2014: i) Inobservancia del art. 365 del CPP y errónea aplicación del art. 363 incs. 1) y 2) de la citada Ley; donde señaló, que las pruebas de cargo consignadas en el apartado II de la Sentencia, demostrarían que los imputados cometieron el delito de Despojo, Perturbación de Posesión, Alteración de Linderos y Daño Simple, que fue reconocido en el mismo fallo, en los núm. 3 y 4 del apartado III, no obstante, el Tribunal de mérito aplicó erróneamente el art. 363 incs. 1) y 3) del CPP, debiendo aplicar el art. 365 del CPP; alegando al respecto el Auto de Vista “…, debido a que la sentencia recurrida falla declarando Absueltos a los acusados, del delito de Despojo en aplicación del art. 363 num. 1) y 2) del CPP, sin señalar en ningún momento que se haya demostrado que el hecho no existió, no constituyó delito o que el imputado no participó en él”; argumento que le resulta, contradictorio; toda vez, que admite que la Sentencia no señaló ni fundamentó que se haya demostrado que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él; por lo que le resulta obvio, que los incs. 1) y 3) del art. 363 del CPP, no debería ser aplicado en la Sentencia como erróneamente lo hizo la Sentencia, incurriendo en contradicción la fundamentación del Auto de Vista con la parte dispositiva, ya que sí estableció que la Sentencia no señala ni fundamenta que se haya demostrado el hecho, que no constituyó delito, la parte dispositiva debía declarar procedente su motivo de apelación restringida y no improcedente como ocurrió, resultándole contradictorio al Auto Supremo 52 de 19 de marzo de 2012, pues en vez de responder con fundamentos específicos, coherentes, lógicos y precisos, evadió con argumentos contradictorios, confusos e impertinentes. Añade, que la Resolución recurrida en su considerando IV párrafo 5, incurrió en una fundamentación impertinente, ya que, no ingresa al fondo del primer agravio, pues si bien es cierto que en su apelación realizó una descripción de los elementos fácticos judicializados, su persona no pretendía la revalorización de la prueba; sino, que lo que pidió era la verificación de la inobservancia del art. 365 del CPP, ante la errónea aplicación del art. 363 incs. 1) y 3) de la citada Ley, con base a las conclusiones asumidas en los núm. 3 y 4 del apartado III de la Sentencia; sin embargo, su reclamo no fue resuelto en el fondo; lo mismo que ocurrió con el fundamento del considerando IV párrafo 6 del Auto de Vista que concluyó que se encuentra la fundamentación para aplicar lo previsto por el art. 363 del CPP; lo que no responde al fondo de su reclamo; ya que, su persona no planteó la ausencia o falta de fundamentación de la Sentencia; sino, que la Sentencia no explicó por qué los hechos acusados no se adecuaron en los elementos constitutivos del tipo penal de Despojo, ya que, no justifica por qué el ingreso a sus predios por parte de los acusadores, aspectos que no fueron observados por el Tribunal de alzada; ii) Que la Sentencia carece o incurre en falta de fundamentación fáctica, probatoria intelectiva y jurídica y consiguiente inobservancia y violación de los arts. 124, 173 y 360 núm. “39” del CPP; toda vez, que la Sentencia vulneró el art. 173 del CPP, ya que no otorgó a las pruebas documentales e inspección ocular un valor positivo o negativo en aplicación de las reglas de la sana crítica para que sobre esa base los elementos de prueba sean utilizados para la determinación de los hechos objeto de juzgamiento; sin embargo, el Tribunal de alzada no explica si la Sentencia carece o no de fundamentación fáctica, probatoria descriptiva o jurídica, señalando de manera genérica que los motivos expuestos de la Sentencia deben ser considerados en forma integral, que no puede considerar deficiente una fundamentación probatoria cuando no se encuentra ésta dividida en partes; aspecto que su persona no cuestionó; sino, la falta de fundamentación fáctica probatoria y jurídica y no la falta de fundamentación dividida en tipos de motivación, como falsamente señaló el Auto de Vista recurrido; iii) Que la Sentencia incurrió en vulneración del art. 124 del CPP, por falta de fundamentación respecto a los delitos de Alteración de Linderos, Perturbación de Posesión y Daño Simple y consiguiente  vicio de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; respecto a lo cual, el Auto de Vista recurrido no ingresó al fondo de su reclamo, pues no consideró que si en la Sentencia quedaron establecidos hechos intangibles, lo correcto era que sean calificados en los tipos penales reclamados con la respectiva fundamentación; iv) Inobservancia del art. 1007 del Código Civil (CC) y consiguiente vicio de sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP; no considerando el Auto de Vista recurrido, que si hizo alusión de que la Juez incurrió en inobservancia del art. 1007 del CC, fue porque, la Sentencia estableció que no tiene posesión sobre los terrenos usurpados, cuando la referida norma civil establece que los herederos continúan la posesión de su causante, lo que no fue debidamente respondido por el Auto de Vista recurrido, pues de haberse observado el precepto legal se habría establecido en la Sentencia que su persona sí tiene posesión sobre el inmueble objeto de Avasallamiento, por lo que el fallo habría sido distinto; v) Existencia de contradicción en la parte dispositiva de la Sentencia y consiguiente vicio de sentencia previsto por el art. 370 núm. 8) del CPP, por haberse aplicado simultáneamente y contradictoriamente los incs. 1) y 2) del art. 363 del CPP; respecto a lo cual el Auto de Vista concluyó que no era evidente, argumento que le resulta genérica y arbitraria, pues los incs. 1) y 2) del art. 363 del CPP, son distintos y de diferente naturaleza debido a que una cosa es dictar sentencia absolutoria por no haberse probado la acusación, otra haberse retirado la acusación; y muy diferente, dictar sentencia cuando los elementos de convicción no son suficientes; aspectos que no fueron analizados por el Tribunal de alzada limitándose a señalar de manera genérica que la Juez de origen realizó una valoración de los elementos de hecho y en base a ello dispuso conforme a derecho, no pudiendo ingresar a la consideración de los elementos de hecho; vi) Valoración defectuosa de la prueba, vicio de sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; sobre lo que el Auto de Vista recurrido alegó que: “…el apelante señala que el A quo habría concluido que de las declaraciones testificales se habría establecido el avasallamiento de los lotes, sin embargo, el apelante acusó particularmente la comisión del tipo penal de Despojo y no así Avasallamiento, extremo que evidencia la inexistencia de dicho defecto”; argumento que evade su motivo, pues no es cierto que en su apelación hubiere reclamado que la Juez de mérito habría concluido que de las declaraciones habrían establecido el Avasallamiento de los lotes, sino, que cuestionó, que de haber valorado la Juez correctamente la prueba y observado los principios y reglas que rigen el correcto entendimiento humano, hubiera establecido conclusiones verdaderas y no falsas; sin embargo, el Tribunal de alzada no explica si la sentencia incurrió en valoración defectuosa de la prueba y vulneración de las reglas de la lógica, experiencia y ciencia, ya que, no le resulta posible, que la Sentencia concluya que el acusado Abraham Chura junto a un túmulo de gente haya ingresado a un sector del manzano G12; y por otro lado afirme que Abraham Chura no le despojo ningún predio ubicado en al Manzano G12; resultándole también contradictorio, que la gente comandada por Abraham Chura gritó el nombre del acusado Justo Uraquini y la Juez concluyera que ese hecho no se encuentra demostrado; concluyendo además la Juez que los testigos de descargo revelaron el avasallamiento del que fue víctima; no obstante, incongruentemente emitió Sentencia absolutoria; aspectos que no fueron respondidos por el Tribunal de alzada en forma adecuada y específica; pues de manera confusa e impertinente arguyó que no existe valoración defectuosa por no haberse acusado el delito de Avasallamiento; vii) Que la Sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, vicio de sentencia previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP; respecto a lo cual el Tribunal de alzada señaló “…con relación a la vulneración del art. 96 del CPP,…”; eludiendo y evadiendo la respuesta de fondo, ya que, en ningún párrafo de la fundamentación del séptimo motivo de apelación restringida se pidió al Tribunal de alzada que resuelva un recurso de apelación incidental como falsamente lo dio a entender el Auto de Vista recurrido; sino en que cada una de las declaraciones de los imputados fueron recibidos en presencia de todos los coimputados, permitiendo que todos ellos escuchen sus declaraciones, se comuniquen entre sí y no ingresen en contradicciones, cuestiones que no fueron respondidas en el fondo por el Tribunal de alzada; y, viii) Que la Sentencia incurre en defectos absolutos inconvalidables por vulneración de sus derechos y garantías constitucionales; limitándose el Auto de Vista recurrido a transcribir el Auto Supremo 254/2005 de 22 de julio, y señalar que la Sentencia absolutoria está conforme a derecho, que se ve impedido de revalorizar prueba y que se debía demostrar en la instancia inferior la participación criminal de los acusados y no así ante el Tribunal de alzada; argumento, que no absuelve los reclamos planteados en el octavo agravio de su recurso de apelación restringida, pues nada tiene que ver la transcripción del referido Auto Supremo, la revalorización de la prueba con la vulneración de los defectos absolutos que denunció. Aspectos, que afirma, contradicen al Auto Supremo 52 de 19 de marzo de 2012, incurriendo en violación del debido proceso por inobservancia  de los arts. 124 y 398 del CPP.


Añade, que el Auto de Vista recurrido incurrió en defecto absoluto inconvalidable, resultándole contradictorio a los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 8 de 26 de enero de 2007, por quebrantar los arts. 124 y 398 del CPP, que vulnera su derecho a recurrir porque elude los motivos reclamados en su apelación, tutela judicial efectiva al no ingresar al fondo de cada uno de sus cuestionamientos planteados en su apelación; y, debido proceso en su componente derecho a la debida fundamentación de las Resoluciones que incumplió el Auto de Vista recurrido, así como el principio a la seguridad jurídica al contradecir los precedentes invocados, lo que le causa perjuicio dejándole en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica.


Además, el Auto de Vista recurrido le resulta contrario a los Autos Supremos 192/2016 de 19 de marzo y 65/2012-RA de 19 de abril; toda vez, que en su segundo motivo alegó que la Sentencia carece de fundamentación fáctica, probatoria intelectiva y jurídica; no obstante, señaló que no se puede considerar como deficiente una fundamentación sino se encuentra dividida por los diferentes tipos de fundamentación dando por bien hecho que la Sentencia carezca de las fundamentaciones que cuestionó en apelación lo que contrariaría las doctrinas citadas, vulnerando sus derechos a la tutela judicial efectiva y debido proceso, por no pronunciarse el Auto de Vista recurrido sobre el fondo de su segundo reclamo de apelación restringida; además, que como sexto agravio reclamó la valoración defectuosa de la prueba defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, resultando la aseveración del Auto de Vista contrario al Auto Supremo  192/2016 de 19 de marzo, ya que, en vez de ejercer el control del iter lógico de manera arbitraria soslayó su obligación bajo la falta argumentativa de que su persona no acusó por avasallamiento sino por Despojo, causándole perjuicio, pues de haberse adecuado a la doctrina legal hubiera sido absuelto su reclamo, y en vez de declararse improcedente las cuestiones planteadas habrían sido declaradas procedentes.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de 31 de octubre de 2017, de rechazo a la solicitud de explicación, complementación y enmienda al Auto de Vista impugnado el 15 de noviembre de 2017 (fs. 857), presentando su recurso de casación el 20 del mismo mes y año, conforme consta del cargo de recepción de fs. 906 vta.; cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP.


Ahora bien, respecto al único motivo, donde el recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido concurrió en violación del derecho al debido proceso por inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP; por cuanto, no ingresó al fondo, eludiendo pronunciarse de forma específica sobre los agravios expresados en su recurso de apelación restringida, que fueron corregidos por memorial de 13 de mayo de 2014, referidos a: i) Inobservancia del art. 365 del CPP y errónea aplicación del art. 363 incs. 1) y 2) de la citada Ley; respecto a lo cual el Auto de Vista recurrido admitiría que la Sentencia no señaló ni fundamentó que se haya demostrado que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él; no obstante incurriría en contradicción con la fundamentación de la parte dispositiva, ya que si estableció que la Sentencia no señala ni fundamenta que se haya demostrado el hecho, que no constituyó delito, la parte dispositiva debía declarar procedente su motivo de apelación restringida y no improcedente; además la Resolución recurrida en su considerando IV párrafo 5, incurriría en una fundamentación impertinente, ya que, no ingresó al fondo del agravio, pues si bien en su apelación realizó una descripción de los elementos fácticos judicializados, su persona no pretendía la revalorización de la prueba; sino, la verificación de la inobservancia del art. 365 del CPP, ante la errónea aplicación del art. 363 incs. 1) y 3) de la citada Ley; sin embargo, su reclamo no fue resuelto en el fondo; no considerando el Tribunal de alzada, que la Sentencia no explicó por qué los hechos acusados no se adecuaron a los elementos constitutivos del tipo penal de Despojo, ya que, no justificó por qué el ingreso a sus predios por parte de los acusadores; ii) Que la Sentencia carece o incurre en falta de fundamentación fáctica, probatoria intelectiva y jurídica y consiguiente inobservancia y violación de los arts. 124, 173 y 360 núm. “39” del CPP; donde reclamó que la Sentencia vulneró el art. 173 del CPP, ya que no otorgó a las pruebas documentales e inspección ocular un valor positivo o negativo en aplicación de las reglas de la sana crítica para que sobre esa base los elementos de prueba sean utilizados para la determinación de los hechos objeto de juzgamiento; aspectos no considerados por el Tribunal de alzada que de manera genérica señaló, que los motivos expuestos de la Sentencia deben ser considerados en forma integral, que no puede considerar deficiente una fundamentación probatoria cuando no se encuentra dividida en partes, aspecto que su persona no cuestionó; iii) Que la Sentencia incurrió en vulneración del art. 124 del CPP por falta de fundamentación respecto a los delitos de Alteración de Linderos, Perturbación de Posesión y Daño Simple, vicio de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; respecto a ello, el Auto de Vista recurrido no ingresó al fondo de su reclamo, pues si en la Sentencia quedaron establecidos hechos intangibles, lo correcto era que sean calificados en los tipos penales reclamados con la respectiva fundamentación; iv) Inobservancia del art. 1007 del CC y consiguiente vicio de sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP; sobre lo que el Auto de Vista no consideró que sí hizo alusión a que la Juez incurrió en inobservancia del art. 1007 del CC, fue porque, la Sentencia estableció que no tiene posesión sobre los terrenos usurpados, cuando la referida norma civil establece que los herederos continúan la posesión de su causante; v) Existencia de contradicción en la parte dispositiva del fallo y consiguiente vicio de sentencia previsto por el art. 370 inc. 8) del CPP, por haberse aplicado simultáneamente y contradictoriamente los incs. 1) y 2) del art. 363 del CPP; respecto a lo cual el Auto de Vista concluyó que no era evidente, no observando que los incs. 1) y 2) del art. 363 del CPP, son distintos y de diferente naturaleza, que no fueron analizados; vi) Valoración defectuosa de la prueba, vicio previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada no explica si la Sentencia incurrió en valoración defectuosa de la prueba y vulneración de las reglas de la lógica, experiencia y ciencia, pues no le resulta lógico, que la Sentencia concluya que el acusado Abraham Chura junto a un túmulo de gente haya ingresado a un sector del manzano G12; y por otro lado afirme que Abraham Chura no le despojo ningún predio, resultándole también contradictorio, que la gente comandada por Abraham Chura gritó el nombre del acusado Justo Uraquini y la Juez concluyera que ese hecho no se encuentra demostrado; concluyendo además la Juez que los testigos de descargo revelaron el avasallamiento del que fue víctima; no obstante, emitió Sentencia absolutoria; aspectos no respondidos en forma adecuada y específica, concluyendo de manera impertinente que no existe valoración defectuosa por no haberse acusado el delito de Avasallamiento; y, viii) Que la Sentencia incurre en defectos absolutos inconvalidables por vulneración de sus derechos y garantías constitucionales; respecto a lo cual el Auto de Vista recurrido se limitó a transcribir el Auto Supremo 254/2005 de 22 de julio, y señalar que la Sentencia absolutoria estaba conforme a derecho, que se ve impedido de revalorizar prueba y que se debería demostrar en la instancia inferior la participación criminal de los acusados y no así ante el Tribunal de alzada; argumento, que no absuelve sus reclamos, pues nada tiene que ver la transcripción del referido Auto Supremo, la revalorización de la prueba con la vulneración de los defectos absolutos que denunció, incurriendo el  Auto de Vista recurrido en defecto absoluto inconvalidable, que vulnera sus derechos a recurrir, tutela judicial efectiva, debido proceso y principio a la seguridad jurídica, causándole perjuicio, pues le deja en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que, de haber ingresado al fondo de sus denuncias, habría declarado procedente su recurso de apelación restringida.


Sobre este reclamo, el recurrente invoca el Auto Supremo 52 de 19 de marzo de 2012 que establecería, que los Tribunales de alzada se encuentran obligados a fundamentar debidamente sus Resoluciones sin eludirlos con argumentos confusos, arbitrarios y genéricos; explicando el recurrente, que dicha obligación fue omitida por el Auto de Vista recurrido, ya que, no ingresó al fondo de sus denuncias, privándole de conocer las razones adecuadas, lógicas y pertinentes de sus reclamos; en la argumentación de éste motivo, el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se tiene que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia los puntos analizados dentro del presente motivo en admisibles.


En cuanto, a la invocación de los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 8 de 26 de enero de 2007, 192/2016 de 19 de marzo y 65/2012-RA de 19 de abril; no serán considerados en la Resolución de fondo; toda vez, que el recurrente se limitó a citarlos y transcribir partes de los mismos; no efectuando la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP.


Respecto al punto vii) del presente motivo, donde reclama, que el Auto de Vista recurrido incurrió en violación del derecho al debido proceso por inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP; por cuanto, no ingresó al fondo de su reclamo, eludiendo pronunciarse de forma específica sobre el séptimo agravio expresado en su recurso de apelación restringida, que fue corregido por memorial de 13 de mayo de 2014, referido a que la Sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, vicio de sentencia previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP; donde, en ningún momento solicitó que resuelva un recurso de apelación incidental como falsamente había dado a entender el Auto de Vista recurrido; sino, que cada una de las declaraciones de los imputados fueron recibidos en presencia de todos los coimputados, permitiendo que todos ellos escuchen sus declaraciones, se comuniquen entre sí y no ingresen en contradicciones, cuestiones que no fueron respondidas en el fondo por el Tribunal de alzada; de los argumentos expuestos por el recurrente, se infiere que el reclamo deviene de una cuestión incidental, que fue resuelto por el Tribunal de apelación, lo que no es recurrible vía casación conforme prevé el art. 403 inc. 2) del CPP; en consecuencia, no corresponde su análisis en esta instancia aún se alegue la vulneración del debido proceso y tutela judicial efectiva, situación por el que este punto dentro del presente motivo, deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Lucio Hugo Morales Aguilar, de fs. 894 a 906 vta.; únicamente para el análisis de los puntos: i), ii), iii), iv), v), vi); y, viii) del motivo identificado; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del referido artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos