TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 301/2018-RA

Sucre, 14 de mayo de 2018


Expediente                Oruro 5/2018

Parte Acusadora        Ministerio Público y otra

Parte Imputada        Miriam Silvia Condori Choque

Delito                Violencia Familiar o Doméstica


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de enero de 2018, cursante de fs. 80 a 82, Marlene Reina Condori Choque, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 02/2018 de 11 de enero, de fs. 72 a 76 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Miriam Silvia Condori Choque, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis inc. 3) del Código Penal (CP), con la modificación establecida en la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia (Ley 348 de 9 de marzo de 2013).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 51/2016 de 31 de octubre (fs. 33 a 37 vta.), el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Miriam Silvia Condori Choque, absuelta de la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis inc. 3) del CP, con la modificación de la Ley 348; toda vez, que la prueba aportada no fue suficiente para generar responsabilidad, disponiendo la cancelación de todas las medidas cautelares impuestas en su contra, sin costas.


  1. Contra la referida Sentencia, la acusadora particular Marlene Reina Condori Choque formuló recurso de apelación restringida (fs. 42 a 45), que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista 02/2018 de 11 de enero, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, con costas contra la parte apelante.

  1. Por diligencia de 24 de enero de 2018 (fs. 79), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista e interpuso recurso de casación el 31 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente, previa exposición de los fundamentos de su recurso de apelación restringida donde reclamó que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 incs. 1), 3), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP); denuncia que el Auto de Vista recurrido sin efectuar una revisión ni una valoración de las pruebas confirmó la Sentencia; toda vez, que: i) con relación al defecto de sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, alegaría el Tribunal de alzada, que no resultó consistente los fundamentos de la apelación, por cuanto, se habría cometido ciertos errores de transcripción como referirse al Juzgado Penal Primero, mencionando en alguna parte del recurso al imputado (sexo masculino) y no así a la acusada (sexo femenino); añadiendo además, que su persona en todo momento del recurso de apelación, haría referencia a una errónea fijación de la pena; afirma la recurrente, que dichos errores de forma no pueden ser causales para debilitar su recurso de apelación, ya que, de antecedentes cursa la Sentencia, teniéndose que se trata del Juzgado de Sentencia Penal Segundo y se trata de su persona Miriam Silvia Condori Choque, una persona de sexo femenino; por lo que, los errores de forma no pueden afectar el fondo de una Resolución; no obstante, confirmó la Sentencia sin considerar, que el Juez de mérito refirió que la víctima fue agredida por Miriam Silvia Condori Choque y Julio Cesar, refiriendo lo mismo los testigos, existiendo un certificado médico forense con tres días de incapacidad, en el que cursa como agresora la acusada, además la prueba MP-M10 consistente en el informe preliminar donde el investigador asignado al caso afirmó que la acusada tuvo participación en el hecho, que la prueba MP-M15 consistente en el informe conclusivo del investigador asignado al caso concluyó que la acusada era la autora y partícipe del delito, no obstante, el Tribunal de alzada no revisó ni apreció las referidas pruebas, remitiéndose y basándose únicamente a los fundamentos de la Sentencia y en algunos errores de forma; y, ii) con relación al defecto de sentencia establecido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, puesto que, la Sentencia no fundamentó porqué las declaraciones de cargo y descargo no fueron suficientes para probar su pretensión, máxime si hizo mención de las pruebas signadas como MP-M10 y MP-M15 que evidenciarían la participación y autoría de la acusada en la comisión del delito endilgado; no obstante, dichos aspectos no fueron revisados por el Tribunal de alzada, limitándose a confirmar la Sentencia basada en sus fundamentos, lo que agraviaría el derecho fundamental que tienen las partes a recurrir a una instancia superior; pues si bien el Tribunal de alzada no puede revalorizar las pruebas, puede revisar si se efectuó una correcta valoración, ya que, en su caso se produjo prueba de cargo consistente en el certificado médico forense que dice que existió escoriaciones y una incapacidad de 3 días, prueba que le resulta suficiente para demostrar el delito acusado, además que los informes preliminar y conclusivo del investigador asignado al caso refieren que se determinó que la principal autora del hecho fue la acusada, y la testigo “Katherin” manifestó que la víctima (su madre), fue agredida por la imputada y otros, refiriendo la propia acusada que son una familia conflictiva y que las agresiones vienen desde sus padres, no considerando que los testigos de descargo se trata de los mismos agresores Julio Cesar Condori Choque y su madre, por lo que resulta lógico que sus atestaciones sean en contra de su persona y a favor de la acusada, habiendo identificado su persona a una de sus agresoras que es la ahora imputada, aspectos que no fueron revisados por el Tribunal de alzada.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 24 de enero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 31 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Ahora bien, respecto al único motivo, donde la recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido sin efectuar una revisión ni una valoración de las pruebas confirmó la Sentencia; pues: i) con relación al defecto de sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, alegaría que no resultó consistente los fundamentos de la apelación, por cuanto, se habría cometido ciertos errores de transcripción como referirse al Juzgado Penal Primero, mencionando al imputado (sexo masculino); añadiendo además, que en todo momento haría referencia a una errónea fijación de la pena; no considerando, que dichos errores de forma no podrían ser causales para debilitar el recurso de apelación, ya que, de antecedentes se tendría, que se trata del Juzgado de Sentencia Penal Segundo y de su persona Miriam Silvia Condori Choque, de sexo femenino; no obstante, confirmó la Sentencia sin considerar, que el Juez de mérito refirió que la víctima fue agredida por Miriam Silvia Condori Choque y Julio Cesar, refiriendo lo mismo los testigos, existiendo un certificado médico forense con tres días de incapacidad, en el que cursa como agresora la acusada, que las pruebas MP-M10 y MP-M15 evidenciarían que el investigador asignado al caso concluyó que la acusada fue la autora y partícipe del delito, basándose el Tribunal de alzada únicamente a los fundamentos de la Sentencia; y, ii) con relación al defecto de sentencia establecido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, no consideró, que la Sentencia no fundamentó porqué las pruebas de cargo y descargo no fueron suficientes para probar su pretensión, limitándose a confirmar la Sentencia agraviando su derecho fundamental que tienen las partes a recurrir a una instancia superior; pues afirma, que si bien el Tribunal de alzada no puede revalorizar las pruebas, puede revisar si se efectuó una correcta valoración, ya que, en su caso se produjo prueba suficiente que demostraría el delito acusado, habiendo su persona identificado a una de sus agresoras que es la ahora imputada; empero, dichos aspectos no habrían sido revisados por el Tribunal de alzada.


Sobre el referido motivo, de la revisión del recurso de casación se advierte, que la recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; consecuentemente, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió la recurrente pueda ser suplida de oficio.


Por otra parte, si bien la recurrente refiere que se agravió su derecho fundamental que tienen las partes a recurrir a una instancia superior; no obstante, olvidó exponer en qué consistiría la disminución o restricción del referido derecho; ello es, explicar cómo entiende que se materializó el agravio alegado y cuál el resultado dañoso que constituyere defecto absoluto, con lo que se tiene que tampoco cumplió con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución.

Por los fundamentos expuestos, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se establece que el presente recurso no cumple con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, situación por el que deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marlene Reina Condori Choque, de fs. 80 a 82.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos