TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 298/2018-RA

Sucre, 07 de mayo de 2018

 

Expediente                Chuquisaca 7/2018

Parte Acusadora        Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Demetrio Vedia Quispe y otra

Delito                Estelionato

 

RESULTANDO

 

Por memorial presentado el 31 de enero de 2018, de fs. 389 a 393 vta., Demetrio Vedia Quispe, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 18/018 de 4 de enero, de fs. 374 a 379, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juan Carlos Paniagua Lupa contra el recurrente y Adela Chávez Miranda de Vedia, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).

 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

 

De los antecedentes llegados a casación se extrae:

 

a)          Por Sentencia 09/2017 de 3 de abril (fs. 305 a 312), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Demetrio Vedia Quispe autor de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiendo la pena de tres años y tres meses de reclusión, más costas a favor del Estado y del acusador particular, averiguables en ejecución de sentencia; respecto a Adela Chávez Miranda de Vedia fue absuelta del delito endilgado en su contra.

 

b)         Contra la mencionada Sentencia, el imputado Demetrio Vedia Quispe (fs. 319 a 323 vta.) y el acusador particular Juan Carlos Paniagua Lupa (fs. 329 a 337), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 18/018 de 4 de enero, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedentes los motivos de ambos recursos planteados, quedando incólume la Sentencia apelada. Con el voto parcialmente disidente de la Dra. Sandra Molina respecto a la procedencia de la apelación del imputado.

     

c)         Por diligencia de 24 de enero de 2018 (fs. 380), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 31 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

Del memorial de recurso de casación, previa reseña de los antecedentes que motivaron la emisión de la Sentencia y brindando un detalle de los argumentos por los que el Tribunal de apelación decidió por la improcedencia de su recurso, Demetrio Vedia Quispe, alega:


  1. Como primer motivo de casación, que a pesar de haber expresado su disconformidad con la aplicación del art. 337 del CP, por parte del Tribunal de Sentencia, el del Tribunal de apelación limitó su respuesta a transcribir los fundamentos de la primera resolución, incluso “cambiando el monto del gravamen de $US 5.000 a 50.000, y el nombre de la acreedora de Flora Laredo a Jorge Laredo” (sic). Cuestiona cuáles fueron los argumentos legales del Auto de Vista recurrido, para considerar que cometió el ilícito de Estelionato. Agrega que frente a los dos argumentos sobre esta temática planteados en apelación restringida (cuando siendo el propietario a sabiendas de la existencia de gravamen el agente transfiere el bien, así como, cuando no es dueño y vende o grava el bien) se ratificaron los fundamentos de la Sentencia a partir de su reproducción.

 

Manifiesta que su persona, en el marco de la doctrina del Auto Supremo 747/2014 de 17 de diciembre, no cometió el delito ya que para que incurra en el ilícito de Estelionato “necesariamente debe existir un documento público, con todas las formalidades de rigor no se puede decir que se ha vendido quien solo ha prometido la venta, como ocurre en los casos en que el contrato no se ha perfeccionado por falta de las formalidades de rigor como ocurre en el caso de autos, donde la venta se hace en una minuta reconocida ante Notario, que no es mas de un compromiso de venta a plazos” (sic).

 

Alega que no se puede criminalizar acciones civiles, manifestando que el Código Civil (CC) en su art. 584, respecto a la venta señala que es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa, o transfiere otros derechos al comprador por un precio en dinero, y que en su caso de los 40.000 $us acordados en un primer momento, Juan Carlos Paniagua solamente canceló 18.000 $us; situaciones con las que correspondía la revocatoria de la Sentencia.

 

La falta de fundamentación reñida en el Auto de Vista impugnado, es en consideración del recurrente contraria a la doctrina legal aplicable sentada en los Autos Supremos “31872015-RRC” de 20 de mayo, 535/2015-RRC de 24 de agosto, 059/2016-RRC de 21 de enero, 099/2016-RRC de 16 de febrero, “52/2012” (del cual extracta una porción), “0126/20123” de 10 de mayo, 087/2013 de 26 de marzo y 064/2012-RRC de 11 de marzo.


  1. Como segundo motivo de casación, señala de incorrecta la conclusión del Tribunal de apelación refiriendo a la falta de mención de los elementos de la sana crítica inaplicados o erróneamente aplicados en la Sentencia. Sobre el particular, sostiene que la declaración de Armando Torrelio Mendoza (de la que transcribe un fragmento) fue determinada como creíble; empero, sin haberse tomado en cuenta que en la misma se afirmó que los querellantes tenían conocimiento del gravamen, tópico que también sucedería con la atestación de Alberto Llanos.


El Tribunal de alzada en la perspectiva del recurso- de manera incorrecta determinó que en apelación restringida no se había mencionado los elementos de la sana crítica y que fueron vulnerados por la Sentencia, sin que ello sea evidente pues se alegó vulneración a la lógica y experiencia, señalando a continuación que: “es ilógico pensar que un comprador de un inmueble, no tenga conocimiento de un gravamen registrado 7 años antes…cuando la experiencia…demuestra que todas las personas que adquieren un inmueble lo primero que recurren es verificar la existencia de gravámenes…más aun cuando el querellante es una persona dedicada a este rubro” (sic). Tal ejemplo, hiciera evidente que lo expresado por el Auto de Vista impugnado no sea correcto, omisión que pide sea reparada por el Tribunal de casación.


Sobre la situación de hecho descrita en el párrafo que precede es apuntada por el recurrente como contradictoria a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo, del cual reproduce una porción.

 

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 24 de enero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 31 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.

 

En el primer motivo del recurso, se bifurca en dos direcciones, por una parte se contiende con la interpretación otorgada por el Tribunal de apelación al art. 337 del CP, alegando que no podría configurarse una eventual subsunción al no haberse perfeccionado la venta de un bien a través de instrumento público, más cuando el monto total pactado no se hizo efectivo, abonándose un monto parcialmente, a su turno los de apelación tampoco habrían considerado este extremo. Asegura el recurrente, resulta contrario a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 747/2014 de 17 de diciembre.


En este particular el recurrente realiza el ejercicio de señalar en términos precisos la situación de hecho similar reputada como contradictoria, que es el alcance de la aplicación de la norma sustantiva al caso concreto extensible desde la Sentencia hasta el control por parte del Tribunal de apelación, consecuencia con la que corresponde la apertura de competencia de esta Sala a efectos de tomar certeza de la contradicción denunciada.


De igual manera en este mismo motivo, y partiendo también de esa misma situación de hecho, el recurrente manifiesta que el Auto de Vista impugnado omitió brindar una fundamentación adecuada, lo que fuese contradictorio a la doctrina legal contenida en los Autos Supremos “31872015-RRC” de 20 de mayo, 535/2015-RRC de 24 de agosto, 059/2016-RRC de 21 de enero, 099/2016-RRC de 16 de febrero, “52/2012” (del cual extracta una porción), “0126/20123” de 10 de mayo, 087/2013 de 26 de marzo y 064/2012-RRC de 11 de marzo; sin que en ninguno de los casos, se fundamente el porqué de esa afirmación, como tampoco se tenga absuelta el señalamiento de la situación de hecho similar que corresponda entre el Fallo impugnado y los precedentes contradictorios invocados, incumpliendo de tal manera los requisitos exigidos por el art. 416 y ss. del CPP, imposibilitando de tal forma, pueda realizarse en este específico- un análisis de fondo.

  

Con relación al segundo motivo del recurso, donde el Auto de Vista es calificado como insuficientemente fundamentado, por no haber dado lugar a un reclamo sobre infracción de la lógica y la experiencia como componentes de la sana crítica, a pesar por lo aseverado en el recurso- de haber sido argumentado de manera clara y suficiente en apelación restringida, el recurrente manifiesta la contradicción con el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo, del cual extracta una parte en la que se hace referencia al deber ineludible en los Tribunales de apelación de resolver los recursos de apelación restringida en el fondo; a partir de lo cual, y habiéndose expresado de manera sintética y suficiente la situación de hecho similar reportada como contradictoria, los requisitos de los arts. 416 y ss. del CPP, han sido cumplidos restando ingresar al análisis de fondo.

 

POR TANTO

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Demetrio Vedia Quispe, de fs. 389 a 393 vta., únicamente para el análisis del segundo motivo. En cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos