TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 296/2018-RA

                               Sucre, 07 de mayo de 2018        


Expediente                : La Paz 17/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Víctor Paxi Quispe y otros

Delitos                : Asesinato y otros 


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 14 de septiembre y 6 de octubre de 2017, Juana Bautista Mamani, de fs. 985 a 988 vta. y Bernardino Pallarico Vargas, de fs. 992 a 994, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 30/2017 de 14 de junio, de fs. 943 a 947, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Valentín Bautista Mamani, contra Marina Paxi Bautista, Luisa Bautista de Paxi, Víctor y Alberto Cruz de apellidos Paxi Quispe e inter partes, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Tentativa de Asesinato, Complicidad, Violación, Instigación Pública a Delinquir y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 252, 8, 23, 308, 130 y 332, todos del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia S-6/2014 de 16 de mayo (fs. 738 a 747), el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a: Alberto Cruz y Víctor de apellidos Paxi Quispe, autores y culpables de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio, siendo absueltos de los delitos de Asesinato, Tentativa de Asesinato, Violación, Instigación Pública a Delinquir y Robo Agravado; Bernardino Pallarico Vargas, culpable del delito de Homicidio en grado de Complicidad, sancionado por el art. 251 con relación al art. 23 del CP, sancionando a la pena de diez años de presidio; además, lo absolvió de los otros ilícitos endilgados; Luisa Bautista de Paxi, autora del delito de Encubrimiento, previsto por el art. 171 del CP, condenándola a la pena de dos años de reclusión, siendo beneficiada con el perdón judicial y absuelta de los delitos por los cuales fue acusada; Marina Paxi Bautista, absuelta de pena y culpa por la comisión de los delitos endilgados en su contra. En el caso de los sentenciados, se les impuso costas a favor del Estado y reparación de los daños a favor de las víctimas a ser calificada en ejecución de Sentencia


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Víctor y Alberto Cruz ambos de apellidos Paxi Quispe (fs. 759 a 765 vta.), Juana Bautista Mamani (fs. 784 a 787 vta.) y Bernardino Pallarico Vargas (fs. 789 a 792 vta.), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 094/2014 de 28 de noviembre (fs. 868 a 872), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 041/2016-RRC de 21 de enero (fs. 919 a 931 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, emitió el Auto de Vista 30/2017 de 14 de junio, que declaró admisibles e improcedentes las apelaciones planteadas y en observancia del art. 414 del Código de Procedimiento Penal (CPP), efectuó fundamentación complementaria referida a la pena impuesta a Víctor Paxi Quispe y Alberto Cruz Paxi Quispe, fijando la sanción a dieciocho años de presidio.


c)        Por diligencias de 7 y 29 de septiembre de 2017 (fs. 950 y 991 vta.), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista; y, el 14 de septiembre y 6 de octubre del mismo año, formularon los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de casación de Juana Bautista Mamani.


La recurrente previa glosa del Auto de Vista impugnado en cuanto a la fijación de la pena, sostiene que el Tribunal de alzada incurrió en una serie de contradicciones, llegando a la conclusión que los acusados no demostraron arrepentimiento alguno, como tampoco la intención de reparar el daño ocasionado, al minimizar el deceso de la víctima como una supuesta consecuencia de una agresión física mutua, sin tomar en cuenta la diferencia de atacantes frente a la víctima; además, de asumir que existió ensañamiento con la víctima, emergente de las causas de su fallecimiento. Con estos antecedentes, denuncia que la resolución recurrida no cumple con la debida fundamentación y motivación que exige el ordenamiento jurídico, puesto que si se asume que los imputados no demostraron arrepentimiento y actuaron con ensañamiento, concurre una característica del tipo penal de Asesinato; sin embargo, el Tribunal de apelación confirma la Sentencia apelada modificando la pena a dieciocho años con fundamentos contradictorios, cuando no se descarta que se haya obrado por motivos fútiles o bajos y que no se demostró que exista una causa justificada, teniendo en cuenta que el accionar de los imputados fue desproporcionada porque no existió la más mínima provocación y que la víctima no pudo oponer resistencia alguna, pues junto a ella se encontraban desprevenidos en la oscuridad y en un lugar despoblado. La recurrente invoca los Autos Supremos 373 de 6 de septiembre de 2006, 410 de 20 de octubre de 2006, 724 de 26 de noviembre de 2004, 479 de 8 de diciembre de 2005 y 342 de 28 de agosto de 2006.


II.2. Recurso de casación de Bernardino Pallarico Vargas.


  1. El recurrente refiere que en su apelación restringida señaló como precedente contradictorio el Auto Supremo 129 de 20 de abril de 2010 y el Auto de Vista impugnado respecto a su denuncia por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, sólo conceptualiza el objetivo de la apelación restringida indicando que es el control jurídico de la formación interna y externa de la sentencia y que no se puede retrotraer la actividad jurisdiccional y que se debe citar en términos claros la ley o leyes infringidas, pero contradictoriamente al mismo tiempo, el Auto de Vista recurriendo al Auto Supremo 251/2012 de 12 de octubre, señala que corresponde al Tribunal de apelación efectuar el control de la valoración efectuada por el Tribunal de juicio, siendo precisamente lo que denunció en su apelación; es decir, para que haya adecuación de su conducta al tipo penal atribuido (art. 251 con relación al 23 del CP), el Tribunal de Sentencia realizó una apreciación arbitraria de la prueba al no señalar de qué manera se cumplieron con los elementos o requisitos básicos y fundamentales del tipo, tanto objetivos como subjetivos, pues no se tomó en cuenta que su persona no tenía el dominio del hecho, por lo que el Tribunal de Sentencia realizó una apreciación arbitraria de la prueba de cargo y este punto debió ser objeto de control de legalidad por parte del Tribunal de alzada.


Además, cuestiona que el Tribunal de alzada observó su recurso respecto a la cita en términos claros, concretos y precisos de la ley o leyes infringidas o aplicadas erróneamente, sin percatarse que en su recurso citó como inobservados los arts. 251 y 23 del CP, al no existir adecuación de su conducta al tipo penal por el que fue condenado, habiendo demostrado en su apelación la existencia de inobservancia de ley sustantiva o errónea aplicación de la ley sustantiva según la conceptualización que realizan las Sentencias Constitucionales 1975/2003-R y 1075/2003-R de 24 de julio.


  1. También expresa que invocó como precedente contradictorio en su apelación el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, a tiempo de alegar que no existe fundamentación y menos motivación en la Sentencia o por lo menos es insuficiente y contradictoria, conforme el art. 370 inc. 5) del CPP, por cuanto se dice en la Sentencia que realizó un aporte necesario al llevar a la víctima al lugar de los hechos, cuando en ese razonamiento simplista tendrían que haber sido también procesados y condenados el chofer de la movilidad e incluso el fabricante del auto, ya que al trasladarlo se hizo también un aporte necesario como entendió el Tribunal de Sentencia, resultando un absurdo, porque en su caso sólo coordinó con el occiso un viaje de trabajo al campo, dentro del principio ancestral de reciprocidad, ya que ambos tienen origen indígena y no es la primera vez que se cooperan en sus labores agrícolas, siendo que este aspecto doctrinal y fáctico tampoco fue considerado por el Tribunal de alzada  que indicó lacónicamente que no estableció en que consiste la contradicción, lo que le hubiera impedido ingresar al análisis jurídico profundo, utilizando esa afirmación para soslayar el análisis.


  1. Por último, manifiesta que también señaló como precedente contradictorio en su apelación el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2005, a tiempo de sostener que la Sentencia contiene valoración defectuosa de la prueba, porque no se sometió la prueba a las reglas que regulan el razonamiento deductivo en forma sana con criterios de verdad otorgados a cada elemento de prueba; empero, denuncia que el Tribunal de alzada previa transcripción del Auto Supremo 251/2012, reconociendo que el tema corresponde a su competencia, prefirió soslayarlo al no emitir ningún pronunciamiento expreso sobre este aspecto.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

       

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que los recurrentes fueron notificados con la Resolución de alzada impugnada el 7 y 29 de septiembre de 2017, interponiendo sus recursos de casación el 14 de septiembre y 6 de octubre del citado año, respectivamente; es decir, dentro de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Es así, que del análisis del memorial de casación presentado por Juana Bautista Mamani, se evidencia que la recurrente alega que el Tribunal de alzada hubiese incurrido en una serie de contradicciones en cuanto a la situación de los imputados, por cuanto pese a existir características propias del tipo penal de Asesinato, confirmó la Sentencia apelada, denunciando en ese contexto que la resolución recurrida no cumple con la debida fundamentación y motivación que exige el ordenamiento jurídico; a cuyo efecto, si bien invoca cinco resoluciones emitidas por este Tribunal, no cumple con la carga procesal de señalar en qué consiste la contradicción en términos precisos conforme la exigencia prevista en el art. 417 del CPP, para que este Tribunal, en virtud a la competencia que le asigna el art. 419 del CPP, con relación al art. 42 de la LOJ, en caso de ser evidente la denuncia efectuada, ingrese al análisis de fondo del recurso de casación y proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación, requisito ineludible para decretar la admisibilidad del recurso y que se constituye en una obligación que tiene trascendental importancia, pues desde ahí, partirá el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo, sin que dicha exigencia quede cumplida con la simple glosa parcial del contenido de los precedentes como sucede en el caso de autos; por lo que la recurrente incurrió en una omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal y que determina por un lado, la imposibilidad de resolver en el fondo la problemática planteada; y, por otro, la observancia de la última parte del citado art. 417 de la norma procesal penal que taxativamente dispone que el incumplimiento de los requisitos que detalla, determinará la inadmisibilidad del recurso de casación.


En cuanto se refiere al recurso de casación formulado por el imputado Bernardino Pallarico Vargas, se evidencia que en la primera parte de su primer motivo, refiere haber invocado en apelación restringida el Auto Supremo 129 de 20 de abril de 2010; sin embargo, de manera confusa hace referencia por un lado a una denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, para luego argumentar que pese a que el Tribunal de Sentencia incurrió en una apreciación arbitraria de la prueba debió ser objeto de control de legalidad de parte del Tribunal de alzada; es decir, hace referencia a dos defectos de sentencia que poseen características y alcances distintos, sin que se advierta en su planteamiento una precisión adecuada de cuál la contradicción entre el precedente invocado y la resolución recurrida, que de ningún modo puede ser deducida o inferida de oficio por esta Sala Penal, cuya actuación se rige bajo el principio de imparcialidad. Además, se tiene presente que en la segunda parte de este motivo se citan Sentencias Constitucionales que conforme lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal no constituyen precedentes a los fines de la formulación del recurso de casación de acuerdo a las previsiones del art. 416 primera parte del CPP.


En cuanto al segundo motivo del recurso sujeto a análisis, se evidencia que si bien se invoca el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, tampoco se precisa cuál la contradicción con el Auto de Vista impugnado, pues de acuerdo al planteamiento del recurrente aquél hubiese sido invocado para sostener la inexistencia en la Sentencia de fundamentación y motivación o resulte insuficiente y contradictoria de acuerdo al defecto descrito por el art. 370.5) del CPP, en tanto que en casación se denuncia que el Tribunal de alzada hubiese asumido una afirmación para soslayar el análisis de dicho motivo; en ese sentido, el recurrente debe tener presente que los requisitos establecidos por el art. 417 de la norma procesal penal, deben ser observados insoslayablemente por quienes recurren de casación, de modo su incumplimiento por falta de técnica recursiva no puede ser subsanado por este Tribunal.


Similar situación se presenta con relación al tercer motivo de casación del imputado por cuanto hace referencia al Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2005, que fuese invocado para sostener que la Sentencia contiene una valoración defectuosa de la prueba, pero denuncia que el Tribunal de alzada no emitió pronunciamiento expreso sobre esa denuncia; sin que el planteamiento así propuesto por el recurrente, permita identificar cuál la contradicción alegada que viabilice en el fondo la labor de contraste encomendada a esta Sala Penal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Juana Bautista Mamani y Bernardino Pallarico Vargas, de fs. 985 a 988 vta. y 992 a 994. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.        


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos