TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 293/2018-RRC

Sucre, 07 de mayo de 2018


Expediente                          Tarija 35/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otra

Parte Imputada                  Jorge Tejerina Gallardo y otro

Delito                                Violación

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de julio de 2017, de fs. 431 a 440 vta., Jorge Tejerina Gallardo y Ariel Valencia Vargas, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 27/2017 de 16 de junio, de fs. 414 a 416 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Esther Noemí Quispe Quispe contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Violación en Estado de Inconsciencia, previsto y sancionado por el art. 308, párrafo segundo del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 57/2016 de 18 de noviembre (fs. 238 a 244 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Jorge Tejerina Gallardo, autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el segundo párrafo de los arts. 308 en relación al 20 y 23 del CP y Ariel Valencia Vargas autor en grado de Complicidad de delito de Violación, tipificado por el segundo párrafo de los arts. 308 en relación al 23 de la citada norma penal, imponiendo al primero la pena de quince años de presidio y al segundo la pena de dos años de reclusión, con costas al Estado, más el pago de daños y perjuicios en favor de la víctima.


  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Jorge Tejerina Gallardo y Ariel Valencia Vargas (fs. 250 a 265), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 27/2017 de 16 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar al recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 745/2017-RA de 25 de septiembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Los recurrentes señalan que el Tribunal de alzada, con relación al primer motivo de impugnación referido a la “inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva”, realizaron una indebida fundamentación, en atención a que no existe contradicción alguna en el recurso de apelación restringida; pues el hecho de haber expresado que no pusieron a la víctima en estado de inconciencia y luego manifestar que el estado de inconciencia no fue demostrado en juicio, no puede considerarse como contradictorio, considerando que es imprescindible que se demuestre el elemento objetivo del delito; es decir, de qué manera o a través de qué medios se puso a la víctima en estado de inconsciencia o perturbación de la conciencia y en la imposibilidad de resistir, esto a través de un test de alcoholemia o pericia toxicológica, que no cursa dentro de los elementos introducidos a juicio, por lo que el Tribunal de origen dictó Sentencia condenatoria en base a meras presunciones por parte de la víctima, denotándose errónea aplicación de la ley sustantiva. De la misma manera los vocales incurrieron en una insuficiente e indebida fundamentación al referirse a una supuesta contradicción que no existió, por lo que bajo ese argumento no se pronunciaron respecto al agravio en sí; es decir, en el fondo de la problemática planteada, en sentido que el Tribunal de mérito dictó Sentencia condenatoria sin haber realizado el proceso de subsunción o adecuación de su accionar y/o conducta con los elementos del tipo penal de violación a efectos de no incurrir en violación de la garantía constitucional del debido proceso, por lo que acusan la aplicación errónea del art. 308 segundo párrafo del CP, en absoluta violación del principio de tipicidad.


  1. Con relación al segundo motivo de apelación restringida, sobre la errónea aplicación de la Ley adjetiva en relación al art. 370 inc. 5) del CPP, refieren que el Tribunal de alzada señaló que el Tribunal de Sentencia realizó una adecuada fundamentación; sin embargo, los extremos expresados en la apelación restringida no fueron compulsados ni valorados por el Tribunal de alzada, al no existir la fundamentación debida, lo cual vulnera el debido proceso en la vertiente de la debida fundamentación y motivación de las decisiones judiciales, así como el principio de presunción de inocencia, plasmados en los arts. 115-II, 116-I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 124 del CPP. Agregan que, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de las partes, por lo que advierten una notoria ausencia de fundamentación; ya que, en todo el pronunciamiento el Tribunal de alzada no fundamentó debidamente sobre el delito previsto en el art. 308 segundo párrafo del CP, por el cual fueron condenados.


  1. En cuanto al tercer motivo de la apelación restringida, consistente en la valoración defectuosa de la prueba, señalan que el Tribunal de apelación expresó que la fiabilidad de lo que declara un testigo o una afirmada víctima, no tiene porqué ser plena; fundamentación que consideran semejante, pues evidentemente no tiene que ser plena; pero tampoco, debe contener contradicciones tan notorias y abundantes como en el presente caso; ya que, si dicha declaración no fuera plena, el Tribunal no hubiera arribado a la conclusión de que la víctima se encontraba con grave perturbación de conciencia; pues en primera instancia se le da valor a la denuncia presentada por la propia víctima, cuyo contenido es el mismo que cursa en el relato de los hechos de la acusación del Ministerio Público; empero, no consideraron que la declaración de la víctima prestada en juicio es absolutamente diferente. Aducen que acusaron la defectuosa valoración de la prueba introducida a juicio en la sentencia; ya que, se dio valor y credibilidad a una declaración cuando ésta contradice la denuncia y el propio relato fáctico de la acusación; asimismo, se debió dar valor a algunos aspectos manifestados por la testigo presencial del hecho, por lo que consideran que no se cumplió con lo establecido en los arts. 173 y 359 del CPP, en relación a que cada uno de los elementos de prueba incorporados al juicio deben ser valorados de manera individual, que esa valoración debe responder a las reglas de la sana crítica, expresando los razonamientos de tiempo, forma y contenido por los cuales les otorga o no determinado valor, para luego procederse a la valoración integral y armónica de la prueba.


Invocan como precedentes contradictorios los Autos Supremos 131 de 31 de enero de 2007 y 384 de 26 de septiembre de 2005, referidos a la valoración de la prueba.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan, se declare fundado su recurso, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado, para que se pronuncie nueva Resolución declarándoles absueltos.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 745/2017-RA de 25 de septiembre, cursante de fs. 449 a 451 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por los imputados Jorge Tejerina Gallardo y Ariel Valencia Vargas, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 57/2016 de 18 de noviembre, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Jorge Tejerina Gallardo, autor de la comisión del delito de Violación, previstos y sancionados por el segundo párrafo de los arts. 308 en relación al 20 del CP y Ariel Valencia Vargas autor en grado de Complicidad de delito de Violación, tipificado por el segundo párrafo de los arts. 308 en relación al 23 de la citada norma penal, imponiendo al primero la pena de quince años de presidio y al segundo la pena de dos años de reclusión, con costas al Estado, más el pago de daños y perjuicios en favor de la víctima, bajo los siguientes hechos probados: 


  1. La existencia de la violación sexual, con grave perturbación de la conciencia o que estuviere incapacitada por cualquier otra causa para resistir, sufrido por la víctima el 5 de junio de 2011; conclusión que emerge de la declaración prestada en el juicio oral por la testigo principal la víctima ENQQ cuando refiere, que ese día, a horas 8 de la noche aproximadamente, la llamaron a su celular y luego la fueron a buscar y salió de su casa, dirigiéndose los cuatro a la zona San Jacinto, en el auto había bebidas alcohólicas era fernet, había una botella, cuando sale su amiga comenzaron a tomar, tomó dos vasos hasta donde recuerda y luego perdió el conocimiento y recuerda cuando estaba en el campo y su amiga estaba dentro del auto y ella afuera; y, en la segunda vez que reaccionó estaba dentro del auto la primera vez que se perdió y reaccionó solo vio dos personas y la segunda vez que reaccionó, estaba desnuda dentro del auto y uno de ellos estaba encima de ella, teniendo relaciones con ella, donde no podía moverse, la estaba abusando, cuando reaccionó trató de salirse pero no podía, luego del hecho la soltó arranca el auto y la lleva hasta su casa y la dejan sin dejarle subir su ropa interior ni su pantalón. Relato de la víctima que es consistente en el entendido que guarda coherencia e uniformidad con la declaración prestada en juicio por la testigo presencial del hecho Lorena Estefanía Ávila Cuellar, que se encuentra corroborado a través de los siguientes elementos probatorios: MP-1 consistente en el formulario de información y denuncia; MP-4 informe de conocimiento policial; MP-5 informes del asignado al caso; MP-3 Certificado Médico Forense de la víctima, ratificado y ampliado por la perito forense en juicio oral; Dictamen Psicológico Pericial de la evaluación realizada a la víctima que le da credibilidad, llegando a establecer el Tribunal con absoluta certeza y convicción sobre la existencia del hecho de Violación sufrido por la víctima ENQQ el 6 de junio de 2011.


  1. La circunstancia especial que requiere el tipo penal del segundo párrafo del art. 308 del CP, que al momento del hecho la víctima se encontraba con grave perturbación de la conciencia, conclusión que emerge de la declaración de la víctima, que si bien la defensa alega que la misma ha consentido el acto, porque voluntariamente subió al vehículo que la condujo a San Jacinto, bailó y se besó con el acusado Jorge Tejerina; sin embargo, no tomó en cuenta que dado el estado en el que se encontraba, no pudo haber discernido lo que estaba ocurriendo.


  1. La participación, autoría y culpa de los imputados en el ilícito de Violación cometido el 6 de junio de 2011, conclusión que emerge del relato prestado en el juicio oral por la víctima, que se encuentra sustentada y reforzada a través de la declaración testifical de Lorena Estefanía Ávila Cuellar prestada en juicio oral.


II.2.        Del recurso de apelación restringida de los imputados.


       Notificados con la Sentencia Jorge Tejerina Gallardo y Ariel Valencia Vargas formularon recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, con relación al art. 308 segundo párrafo del CP; puesto que, no hubo prueba suficiente que genere plena convicción sobre la responsabilidad en su accionar, tampoco se demostró el dolo y menos la autoría del delito por el que fueron condenados; ya que, para emitir una sentencia condenatoria  se debe cumplir con el principio de tipicidad; es decir, adecuar su conducta al tipo penal por el que fueron acusados; empero, habrían sido inobservadas por el Tribunal de mérito, pues sin efectuar el proceso de subsunción de su accionar o conducta con los elementos constitutivos del tipo penal de Violación, aplicó erróneamente el art. 308 segundo párrafo del CP, cuando su conducta carece de tipicidad por ser insuficiente en sus elementos materiales frente a los normativos y valorativos del tipo; toda vez, que ninguna prueba demostró que sus personas hubieren puesto en un estado de grave perturbación de la conciencia de la víctima o en estado de inconsciencia, o peor aún en imposibilidad de resistir el acceso carnal, para satisfacer sus deseos sexuales, cuando fue la víctima quien voluntariamente aceptó estar con ellos y consumir bebidas alcohólicas que fue corroborado con las contradictorias declaraciones de la víctima, incumpliéndose la condición objetiva de antijuricidad del delito que requiere que el actor haya provocado la incapacidad de la víctima al ponerla en grave estado de inconsciencia. Que tampoco, se cumplió el elemento subjetivo del dolo, pues se requiere el conocimiento y la voluntad del agente de utilizar cualquier tipo de medios para provocar en la víctima un estado de inconsciencia o perturbación de la conciencia, de desventaja física que le impida resistir el acceso carnal a través de un test de alcoholemia o una pericia toxicológica sustentada en una muestra de sangre u orina de la víctima para determinar si consumió sustancia, bebida o alimento que haya sido preparado con alguna sustancia toxicológica, para colocar a la víctima en estado de inconsciencia o indefensión o bajo los efectos alucinógenos en caso de ingesta de drogas, pericia que no cursa en juicio, por lo que les resulta ilógico que fueren condenados por Violación cuando no existe un solo elemento que demuestre el estado en el que se encontraba la víctima al momento del hecho, basándose la sentencia en meras presunciones, contraviniendo lo previsto por el art. 6 del CPP.


  1. Que no exista fundamentación de la sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria, defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, refieren que la Sentencia al finalizar el considerando I alegó que los hechos relatados son la base de la acusación fiscal y particular y constituyen el objeto del juicio; empero, no comprenden por qué el Tribunal valoró la declaración de la víctima prestada en el juicio oral; ya que, dicha declaración fue totalmente diferente al relato de la acusación, incurriendo en una deficiente y contradictoria fundamentación, por lo que en el punto 3 del considerando III de la sentencia alegó que: “Con relación a la participación, autoría y culpa de los imputados en el hecho ilícito de violación, cometido en fecha 06 de junio de 2011 contra de la víctima… PROBADO”, conclusión que emerge del relato prestado en el juicio oral de la víctima, entonces se preguntan dónde queda lo manifestado de que los hechos relatados son la base de la acusación fiscal y particular y constituyen en objeto del juicio. Agregan que en el considerando III punto 1, establecería como probado la existencia del hecho ilícito de Violación sexual, con grave perturbación de la conciencia en base a la declaración prestada en el juicio oral por la víctima, argumento que cae en error y contradicción; puesto que, el relato de la víctima no fue coincidente con el relato fáctico de la acusación que es el objeto del juicio según arguyó la Sentencia, entonces se cuestionan,  para qué sirve la relación de los hechos de la acusación, si el Tribunal de mérito fundó su decisión en base a una declaración diferente prestada en juicio oral por la víctima, cuando desde el primer momento sus personas se defendieron de los argumentos de las acusaciones, pero llegado el juicio la víctima cambió su versión en perjuicio de sus personas; así también, cuando el Tribunal se referiría al dictamen psicológico pericial les resultó muy diferente al relato de los hechos de la acusación fiscal; además que los jueces refirieron que el hecho ilícito no es el único factor causante del estrés que sufre la víctima, tal como lo señaló la perito psicóloga en juicio oral. Respecto al punto 2 del Considerando III de la Sentencia declaró probado la circunstancia que requiere el segundo párrafo el art. 308 del CP, que al momento del hecho la víctima se encontraba con grave perturbación de la conciencia, conclusión arribada por la declaración de la víctima, que les resulta ilógico puesto que lo que se debía demostrar era el elemento objetivo del delito; es decir, de qué manera o través de qué medios se puso a la víctima en estado de inconsciencia o grave perturbación de la conciencia, pruebas que no cursan dentro de la investigación, cayendo en error la sentencia mediante una indebida fundamentación; ya que, alega respecto al estado de la víctima; empero, afirman que de qué estado se podría hablar sino existe ningún elemento probatorio que demuestre el estado en el que se encontraba la víctima o en qué grado de embriaguez se encontraba la víctima; además que, expresaron que la víctima subió voluntariamente y sobria al vehículo decidiendo de manera propia salir con sus personas.


Que el Tribunal de sentencia expresó: “En cuanto al imputado Jorge Tejerina Gallardo…, POR EL ESTADO Y GRADO DE EMBRIAGUEZ en el que se encontraba”; empero, se preguntan a qué grado de embriaguez se refiere, si no cursa elemento alguno que demuestre dicha situación; asimismo, respecto a Ariel Valencia Vargas, la sentencia señaló que participó  del hecho ilícito en contra de la víctima en grado de complicidad, en el supuesto entendido de que hubiere dolosamente cooperado a colocar a la víctima en absoluto estado de embriaguez a tal punto de anular su consentimiento; apreciación que no se encuentra en ningún elemento que demuestre el grado de embriaguez de la víctima, las declaraciones de la víctima como de la testigo presencial ponen en duda razonable de cómo en realidad se sustanciaron los hechos, dictando el Tribunal de mérito una sentencia en la que no existe la fundamentación debida ya que no se pronunció en forma clara y precisa respecto a toda la prueba, además no expresó los motivos de hecho y derecho y el valor que le asigna a cada uno de los elementos de prueba de manera correcta y no subjetiva en los que sustenta su decisión de condenarlos no contando la sentencia con la fundamentación fáctica, probatoria y descriptiva.


  1. Que la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; afirman, que vulneró las reglas de la sana crítica violentando el art. 173 del CPP; puesto que, realizó una defectuosa valoración de las pruebas documental y testifical dándole valor a la declaración prestada por la víctima en el desarrollo del juicio y se le resta valor a la denuncia presentada por la propia víctima, lo que no les resulta lógico pues son versiones absolutamente diferentes; ya que, en la primera declaración la víctima señaló que los acusados se presentaron en su casa, en la declaración del juicio refirió que los acusados la llamaron a su celular, que en la primera declaración alegó que los acusados la obligaron de forma violenta a subir al automóvil, en la declaración prestada en juicio señaló que salió en el automóvil junto a los acusados y una amiga; en la primera declaración la víctima no refiere que haya estado presente otra persona en el momento del hecho, en la declaración prestada en juicio dice que sale junto a los acusados y una amiga; es decir, recién menciona a una testigo presencial; en la primera declaración alegó que no quiso ingerir bebidas alcohólicas y la golpearon en la cabeza para que lo haga, en la declaración en el juicio señaló que salió su amiga y comenzaron a tomar; no habla de ningún golpe, sino que de manera voluntaria comenzó a tomar, en la primera declaración aseveró que tomó un vaso y no se acuerda más, en la declaración del juicio refirió que tomó dos vasos y luego se pierde; en la primera declaración dijo que cuando reaccionó ve a Jorge Tejerina Gallardo encima de ella, en la declaración prestada en juicio dice que recuerda cuando estaba en el campo y ve a su amiga dentro del auto y la segunda vez que reacciona, estaba desnuda dentro del auto y uno de ellos estaba encima de ella y en la primera declaración la víctima alegó que Jorge Tejerina, después de cometer el hecho la botó hacia afuera de la movilidad donde estaba Ariel Valencia, quien habría dicho “ahora es mi turno”, en la declaración prestada en juicio oral señaló que Jorge Tejerina la suelta, arranca el auto y la lleva a casa y respecto a Ariel Valencia alegó que no vio lo que hacía; aspectos que, evidencian que existió una defectuosa valoración de la prueba; ya que, dio valor a la declaración prestada en juicio oral de la víctima, entonces consideran que también deberían de darle valor a la declaración de la testigo presencial que señaló que la víctima la llamó para salir con sus amigos, que en Tolomasa la víctima y Jorge Tejerina, se ponen a bailar y besar para posteriormente tener relaciones sexuales, inventando la víctima una violación lo que evidencia que no se cumplió con lo previsto por los arts. 173 y 359 del CPP; puesto que, no se habían demostrado sus participaciones  en grado de autor y complicidad mucho menos su supuesta participación dolosa.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la sentencia apelada bajo los siguientes argumentos:


  1. Respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; existe contradicción en la fundamentación del agravio, dada cuenta que afirman de modo contrario a la lógica circunstancias que se excluyen entre sí, primero dicen que los procesados no pusieron a la víctima en estado de inconsciencia, sino que ella se puso sola en tal situación, para después afirmar que el estado de inconsciencia no fue demostrado en juicio, de modo tal que la argumentación de la parte recurrente no tiene asidero legal, dada cuenta que no adopta una posición firme en base a la cual se pueda analizar de qué manera se aplicó incorrectamente la ley penal y cuál la aplicación que se pretende, cuando en lo sustancial del cuestionamiento tienen dos posturas que vulneran los principios de la lógica. El principio de contradicción afirma la imposibilidad de concebir dos juicios contrarios y verdaderos con relación a un mismo objeto y en este caso refieren que la víctima se puso sola en esa condición (refiriéndose a la inconsciencia); y posteriormente, señalan que esa situación no se demostró en juicio.


  1. En cuanto a la carencia de la debida fundamentación, tiene de la lectura de la sentencia, que en la parte pertinente el Tribunal efectúa la fundamentación probatoria, explicando de manera detallada las razones por las que otorga valor a cada una de las pruebas incorporadas a juicio; efectúa la compulsa de unos medios probatorios con otros, se tiene luego precisada en la sentencia la fundamentación jurídica mediante la cual se subsume los hechos que se tiene como probados al tipo penal por el cual se condena; no resulta ser evidente que la sentencia no cuente con la motivación y fundamentación suficiente, dada cuenta que expone en su tenor las razones de hecho y derecho que la motivan.


  1. Con relación a la defectuosa valoración de la prueba, que existiría contradicción entre la declaración prestada por la víctima en la etapa investigativa y el juicio oral; la fiabilidad de lo que declara un testigo o una afirmada víctima no tiene por qué ser plena; puesto que, en la tarea de valoración de la testifical no existe una regla que entronice el maniqueísmo de o considerar íntegramente exacta una declaración o negarle toda credibilidad. Las declaraciones son divisibles a estos efectos de considerarlas ajustadas a la realidad o fiables, de modo tal que en una máxima de experiencia que en una misma declaración puede ser frecuente que convivan datos verdaderos e indudables, junto a otros que pueden no serlo o no merecer el mismo crédito. De tal forma que, el Tribunal de mérito haya tenido como cierta la declaración de la víctima en lo sustancial determina según la sentencia que lo hizo en corroboración con otros elementos de prueba incorporados a juicio oral público y contradictorio y que determinaron como cierta la existencia del hecho por el Ministerio Público.


Añade, que se debe tener presente que cuando el Tribunal de mérito efectúa la valoración, lo hace en consideración de todos los elementos probatorios incorporados a juicio, efectuando una valoración integral de los mismos; asimismo, expone las razones por las que otorga o resta valor a la prueba tanto testifical como documental de cargo y descargo, respondiendo en su análisis a los criterios exigidos a la luz de la lógica, la experiencia y la psicología, no se verifica quebrantamiento de las reglas del razonamiento intelectivo, dada cuenta que existiendo libertad probatoria y un sistema de valoración no tasada es posible que un Tribunal con la prueba incorporada efectuando la valoración que se efectivizó en el caso de autos concluir con un juicio de condena, pese a que la defensa extrañe prueba de una forma determinada, en tal mérito declaró sin lugar el agravio denunciado.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS Y VULNERACIÓN A DERECHOS CONSTITUCIONALES


En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado: i) Ante su reclamo concerniente a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, incurrió en una indebida fundamentación; ii) Incurrió en carencia de fundamentación respecto a su reclamo referido al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; y, iii) Ante su denuncia sobre la valoración defectuosa de la prueba, incurrió en una fundamentación “semejante” y escasa, además no consideró que la declaración de la víctima prestada en juicio, fue absolutamente diferente a la denuncia y al propio relato fáctico de la acusación; consecuentemente, corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1. De los precedentes invocados.


En el tercer motivo, el recurrente invocó el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente Agravada, donde constató que el Auto de Vista no observó que la edad de la víctima, siendo un elemento normativo del tipo penal previsto por el art. 308 bis del CP, no fue acreditado, habiendo dado la Sentencia como una presunción de hecho, siendo que la misma afectó sustancialmente a la calificación del tipo penal; aspecto que, vulneró el principio de legalidad penal, incurriendo en una errónea aplicación de la Ley sustantiva; puesto que, los elementos constitutivos del tipo penal previsto por el art. 308 bis del CP, no se encontraban acreditados en su integridad; cuando de los hechos probados ejercitando el principio iura novit curia, el Tribunal de alzada con la facultad que prevé el art. 413 del CPP, podía subsumir la conducta del procesado dentro de la misma familia de los delitos contra la libertad sexual, no siendo necesaria la realización de un nuevo juicio en aplicación del principio de protección a la minoridad y el de la doble victimización; aspecto que, no ocurrió, por el que fue dejado sin efecto la Resolución recurrida, estableciéndose la siguiente doctrina legal aplicable: “A partir del cambio de sistema procesal, se implementa como principio rector del sistema de prueba vigente el principio de la libre valoración; por tanto no existe el sistema de prueba legal o tasada, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas.


En el sistema actual, a diferencia del sistema anterior, el Juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ni a las presunciones que ésta defina, de ahí que puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Ahora bien, el principio de libre valoración de la prueba no significa que el juez o Tribunal tengan una facultad sin limitaciones, con total irrevisabilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba significa que el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio "según las reglas de la sana crítica, es decir según las reglas de la lógica y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como según los principios generales de la experiencia", debiendo traducir ese razonamiento en el fallo de manera objetiva, situación que se expresa a través de los elementos que prueba que en su conjunto formulan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de tal o cual forma, sobre la base de la imputación objetiva.


Es obligación de quien acusa, cumplir con la carga de la prueba, demostrando plenamente la hipótesis acusatoria, tarea que puede requerir la demostración no sólo de cuestiones objetivas, sino también de elementos normativos y subjetivos descritos en el injusto típico, de ahí que ante la eventual inexistencia de uno de estos elementos, la conducta no puede subsumirse, dentro del tipo de injusto atribuido, en función del principio de legalidad penal y consecuente afectación a la seguridad jurídica de las personas, situaciones que devienen en defectos absolutos no susceptibles de convalidación, ya que afectan la esfera de las garantías constitucionales del individuo, estando además expresamente previstas como defectos de la sentencia en el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal.


Ante un eventual error en la subsunción de la conducta por el A quo si la sentencia aporta los elementos de prueba necesarios para que a partir de un nuevo análisis se pueda determinar que la conducta constituye delito dentro de la familia de los delitos que se analizan y que han sido acusados previa verificación de que para dictar nueva resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal Ad-quem, en aplicación del principio "iura novit curia" y observando la celeridad procesal, en aplicación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictará sentencia directamente”.


También invocó el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, donde constató que el Auto de Vista recurrido a tiempo de revocar la sentencia, declarando a la co-imputada BBCC, co-autora en grado de Encubrimiento del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, incurrió en revalorización de la prueba y sobre esa base calificó el hecho como delito; aspecto que, constituye defecto absoluto, que vulnera los principios de inmediación y contradicción, por lo que fue dejado sin efecto, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “que, es una premisa ya consolidada que la línea jurisprudencial ha establecido en el sistema procesal penal boliviano que no existe segunda instancia, y que el Juez o el Tribunal de Sentencia son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes; razón por la que el Tribunal de Apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba, cuando su facultad es controlar que la valoración de la prueba hecha por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica, vale decir, que en el fundamento de la sentencia debe encontrarse la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y la ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas. La inconcurrencia de uno de los elementos mencionados, la incoherencia, la contradicción o la imprecisión del fundamento de la apreciación de las pruebas, conlleva la reposición del juicio, consiguientemente, la formulación de una nueva resolución; en suma el Tribunal de Apelación tiene la facultad de que se aplique correctamente las reglas de la sana crítica. Por lo expuesto, el Tribunal de Alzada debe disponer la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, quien dictará nueva resolución valorando la prueba con las reglas de la sana crítica”.


III.2. La Debida fundamentación.


Previo a ingresar al análisis del presente recurso, corresponde señalar que sobre la debida fundamentación, la doctrina legal aplicable de este Tribunal en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, estableció que: La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


Al respecto, se entiende que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente los referidos requisitos, pues su función de controlador debe abocarse a responder de manera fundamentada a todos los motivos cuestionados en la formulación del recurso de apelación restringida, no siendo necesaria una respuesta extensa o ampulosa; sino una respuesta puntual que resulte suficiente para comprender el porqué de su decisión, lo contrario sería incurrir en falta de fundamentación, que vulneraría el debido proceso, incumpliendo las exigencias del art. 124 del CPP.


III.3. Análisis del caso concreto.


III.3.1.        Respecto a la indebida fundamentación y omisión de pronunciamiento.


Previamente corresponde señalar que este motivo fue admitido, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, porque los recurrentes alegaron que el Auto de Vista recurrido realizó una indebida fundamentación respecto a su reclamo concerniente a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva; ya que, no existiría contradicción en el hecho de haber expresado que no pusieron a la víctima en estado de inconciencia y luego manifestar que el estado de inconciencia no fue demostrado en juicio, considerando, que es imprescindible que se demuestre de qué manera o a través de qué medios se puso a la víctima en estado de inconsciencia o perturbación de la conciencia y en la imposibilidad de resistir, habiéndose emitido Sentencia condenatoria en base a meras presunciones por parte de la víctima, denotándose errónea aplicación de la ley sustantiva. Además, los vocales no se habían pronunciado respecto al agravio en sí; es decir, en el fondo de la problemática planteada; en sentido, que el Tribunal de mérito dictó Sentencia condenatoria sin haber realizado el proceso de subsunción o adecuación de su accionar y/o conducta con los elementos del tipo penal de violación, por lo que acusan la aplicación errónea del art. 308 segundo párrafo del CP, en absoluta violación del principio de tipicidad.

Ingresando al análisis del presente motivo, de la revisión de antecedentes, conforme se tiene extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, la parte recurrente formuló recurso de apelación restringida alegando como primer motivo, la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, con relación al art. 308 segundo párrafo del CP; arguyendo que, para emitir una sentencia condenatoria se debía cumplir con el principio de tipicidad; empero, habrían sido inobservadas por el Tribunal de mérito, pues sin efectuar el proceso de subsunción de su accionar o conducta con los elementos constitutivos del tipo penal de Violación, calificó erróneamente el art. 308 segundo párrafo del CP, cuando su conducta carece de tipicidad; toda vez, que ninguna prueba demostró que sus personas hubieren puesto en un estado de grave perturbación de la conciencia de la víctima o en estado de inconsciencia, o peor aún en imposibilidad de resistir el acceso carnal, para satisfacer sus deseos sexuales, cuando fue la víctima quien voluntariamente aceptó estar con ellos y consumir bebidas alcohólicas que fue corroborado con las contradictorias declaraciones de la víctima. Añadieron que tampoco se cumplió el elemento subjetivo del dolo, pues se requiere el conocimiento y la voluntad del agente de utilizar cualquier tipo de medios para provocar en la víctima un estado de inconsciencia o perturbación de la conciencia, de desventaja física que le impida resistir el acceso carnal a través de un test de alcoholemia o una pericia toxicológica sustentada en una muestra de sangre u orina de la víctima para determinar si consumió sustancia, bebida o alimento que haya sido preparado con alguna sustancia toxicológica para colocar a la víctima en estado de inconsciencia o indefensión, pericia que no cursa en juicio, resultándoles ilógico que fueren condenados por el delito de Violación.

Al respecto, el Tribunal de alzada abrió su competencia y desestimó la denuncia, arguyendo que, existe contradicción en la fundamentación del agravio; ya que, afirman de modo contrario a la lógica circunstancias que se excluyen entre sí, que primero dicen que los procesados no pusieron a la víctima en estado de inconsciencia, sino que ella se puso sola en tal situación, para después afirmar que el estado de inconsciencia no fue demostrado en juicio; de modo tal, que la argumentación de la parte recurrente no tiene asidero legal dada cuenta que no adopta una posición firme en base a la cual se pueda analizar de qué manera se aplicó incorrectamente la ley penal y cuál la aplicación que se pretende, cuando en lo sustancial del cuestionamiento tienen dos posturas que vulneran los principios de la lógica. Añadió que, el principio de contradicción afirma la imposibilidad de concebir dos juicios contrarios y verdaderos con relación a un mismo objeto y en este caso refieren que la víctima se puso sola en esa condición (refiriéndose a la inconsciencia); y posteriormente, señalan que esa situación no se demostró en juicio.

De esta relación necesaria de antecedentes, se evidencia que el Tribunal de Alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista, respecto a este motivo no incurrió en una indebida fundamentación como arguyen los recurrentes; puesto que, de manera lógica explicó, que el recurso interpuesto respecto a este motivo no precedía porque habían alegado circunstancias que se excluyen entre sí; ya que, por una parte habían señalado que no pusieron a la víctima en estado de inconsciencia, que se puso sola en tal situación; empero, después afirmarían que el estado de inconsciencia no fue demostrado en juicio, por lo que concluyó, que la argumentación de la parte recurrente no tenía asidero legal; fundamentos, que resultan coherentes y evidentes; puesto que, de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida, ciertamente la parte recurrente a tiempo de reclamar la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, relató que ninguna prueba demostró que sus personas hubieren puesto en un estado de grave perturbación de la conciencia de la víctima o en estado de inconsciencia, o peor aún en imposibilidad de resistir el acceso carnal; entendiéndose que dicho elemento del tipo penal no había sido acreditado; no obstante, posteriormente refieren, que fue la víctima quien voluntariamente aceptó estar con ellos y consumir bebidas alcohólicas, argumento que denotaría que la víctima estuvo en estado de inconsciencia; lo que muestra que los fundamentos de apelación evidentemente vulneran el principio de la lógica como concluyó el Auto de Vista recurrido; entonces, mal podemos exigir al Tribunal de alzada ejerza la labor de control respecto a la subsunción del tipo penal por los que fueron condenados, cuando la parte recurrente no proporcionó los insumos mínimos; pues omitieron señalar de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere incurrido en inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, limitándose los recurrentes, a referir a lo largo de su motivo, que el estado de inconciencia no fue demostrado, para después alegar que la víctima sola se puso en ese estado.

Por los argumentos expuestos, se concluye que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido respecto a este motivo cumplió con los parámetros de una debida fundamentación que fue explicado en el acápite III.2 de este Auto Supremo; toda vez, que fundamentó de manera debida que la improcedencia del recurso de apelación restringida con relación a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, fue debido a que la parte recurrente incurrió en fundamentos contradictorios que vulneraron el principio de la lógica; aspecto que, conforme fue corroborado con el recurso de apelación restringida resulta evidente; consiguientemente, no se advierte la vulneración de derechos constitucionales; puesto que, el Auto de Vista recurrido no incurrió en una indebida fundamentación, por lo que el presente motivo deviene en infundado.

En cuanto, a que los vocales no se pronunciaron respecto al agravio en sí; en sentido que, el Tribunal de mérito dictó Sentencia condenatoria sin haber realizado el proceso de subsunción o adecuación de su accionar y/o conducta con los elementos del tipo penal de violación, conforme se tiene de antecedentes procesales, evidentemente dicho cuestionamiento fue expuesto por la parte recurrente a tiempo de reclamar en apelación restringida la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; toda vez, que ninguna prueba habría demostrado que sus personas hubieren puesto en un estado de grave perturbación de la conciencia de la víctima o en estado de inconsciencia, o peor aún en imposibilidad de resistir el acceso carnal, para satisfacer sus deseos sexuales, afirmando que fue la víctima quien voluntariamente aceptó estar con ellos y consumir bebidas alcohólicas; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada explicó, que existía contradicción en la fundamentación del agravio; ya que, por una parte alegarían que no pusieron a la víctima en estado de inconsciencia, que se puso sola en tal situación; empero, después afirmarían que el estado de inconsciencia no fue demostrado en juicio, fundamentos que evidencian que el Tribunal de alzada sí se pronunció respecto a la problemática planteada y de manera puntual concluyó que los recurrentes no adoptaron una posición firme en base a la cual pueda analizar de qué manera se aplicó incorrectamente la ley penal; aspecto que, conforme se observa del recurso de apelación restringida resulta evidente; en cuyo efecto, se tiene que el Auto de Vista recurrido cumplió con los parámetros de fundamentación; toda vez, que de manera expresa, explicó que no tenía lugar la denuncia; puesto que, el agravio tenía dos posturas que vulneran el principio de la lógica, conclusión que reúne los requisitos de validez necesarios; por cuanto, resulta comprensible por qué el Tribunal de alzada desestimó la denuncia de la parte recurrente, por lo que el presente punto también deviene en infundado.


III.3.2. Sobre la carencia de fundamentación debida.

Este motivo también fue admitido ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización; toda vez, que la parte recurrente señaló que el Auto de Vista recurrido incurrió en carencia de fundamentación; ya que, ante su reclamo referente al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, señaló que el Tribunal de Sentencia realizó una adecuada fundamentación, no compulsando los extremos expresados en su apelación restringida, lo cual vulnera el debido proceso en la vertiente de la debida fundamentación y motivación de las decisiones judiciales, así como el principio de presunción de inocencia. Además, en todo el pronunciamiento el Tribunal de alzada no había fundamentado debidamente sobre el delito previsto en el art. 308 segundo párrafo del CP, por el cual fueron condenados.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se tiene de antecedentes procesales, ante la emisión de la sentencia condenatoria, los recurrentes formularon recurso de apelación restringida, reclamando como segundo agravio conforme se tiene de lo extractado en el apartado II.2 de este Auto Supremo, que la sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, respecto a lo cual el Tribunal de alzada abrió su competencia y desestimó la denuncia alegando que de la lectura de la sentencia, constató que el Tribunal efectuó la fundamentación probatoria explicando de manera detallada las razones por las que otorgó valor a cada una de las pruebas incorporadas a juicio; que efectuó la compulsa de unos medios probatorios con otros, que se tenía precisada en la sentencia la fundamentación jurídica mediante la cual se subsume los hechos que se tiene como probados al tipo penal por el cual se condena; no resultándole ser evidente que la sentencia no cuente con la motivación y fundamentación suficiente, dada cuenta que expondría en su tenor las razones de hecho y derecho que la motivan.

De los argumentos expuestos por el Auto de Vista recurrido, se tiene que la denuncia interpuesta, no resulta evidente; toda vez, que el Tribunal de alzada con argumentos suficientes constató que la sentencia no careció de fundamentación, pues explicó que el Tribunal de mérito había efectuado la fundamentación probatoria explicando de manera detallada las razones por las que otorgó valor a cada una de las pruebas incorporadas a juicio; que además, tenía la fundamentación jurídica mediante la cual había subsumido los hechos que se tenían como probados al tipo penal por el cual se condenó, añadiendo además, a tiempo de responder el reclamo concerniente a la defectuosa valoración de la prueba, que respecto a la contradicción entre la declaración prestada por la víctima en la etapa investigativa y el juicio oral, el Tribunal de mérito tuvo como cierta la declaración de la víctima, en corroboración con otros elementos de prueba incorporados a juicio oral público y contradictorio que determinaron como cierta la existencia del hecho por el Ministerio Público; que además, el Tribunal de mérito efectuó la valoración en consideración de todos los elementos probatorios incorporados a juicio, efectuando una valoración integral de los mismos, exponiendo las razones por las que otorgó o restó valor a la prueba tanto testifical como documental de cargo y descargo, respondiendo en su análisis a los criterios exigidos a la luz de la lógica, la experiencia y la psicología, fundamentos que evidencian que el Auto de Vista recurrido, no sólo se limitó a referir que el Tribunal de sentencia realizó una adecuada fundamentación, sino que compulsó los fundamentos del recurso de apelación restringida y concluyó que la sentencia cuenta con una debida fundamentación probatoria, que es lo que la parte recurrente reclamó a lo largo de su motivo de apelación, donde cuestionó respecto a la declaración de la víctima y demás pruebas incorporadas que dieron como hechos probados en los diferentes considerandos de la sentencia, además el Tribunal de alzada constató que la sentencia contiene la fundamentación jurídica; toda vez, que de los hechos probados concluyó que las conductas de los imputados se adecuaron a los delitos acusados, de donde se advierte que el Auto de Vista recurrido si bien no efectuó argumentos ampulosos o extensos; sin embargo, respondió de manera puntual y fundamentada al motivo de apelación; consecuentemente, no se advierte vulneración al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación; toda vez, que el Tribunal de alzada emitió respuesta suficiente que evidencia que la sentencia no incurrió en el defecto reclamado, por lo que el presente motivo deviene en infundado.


Ahora bien, respecto a que el Tribunal de alzada no había fundamentado sobre el delito previsto en el art. 308 segundo párrafo del CP, por el cual fueron condenados.


Conforme se tiene del recurso de apelación restringida formulado por los recurrentes, evidentemente bajo el reclamo del defecto establecido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, arguyó que en todo el pronunciamiento judicial no se fundamentó debidamente sobre el delito previsto en el art. 308 segundo párrafo del CP. Al respecto, si bien el Auto de Vista recurrido no destinó un acápite diferente a cada alegación de los apelantes a tiempo de resolver la denuncia referida al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; no obstante, se tiene que abrió su competencia y de una comprensión integral de los argumentos que formaron el reclamo, desestimó la denuncia, de donde se advierte, que consideró la pretensión de los recurrentes; toda vez, que el cuestionamiento extrañado no se trató de un reclamo propio, sino una alegación que apoyó a la pretensión del defecto de la sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, sobre el que el Tribunal de alzada explicó, que la sentencia cuenta con la fundamentación probatoria y jurídica, lo que denota que encontró debidamente fundamentado la condena por el delito previsto por el art. 308 segundo párrafo del CP; consecuentemente, no se advierte que no haya fundamentado sobre el delito por el que fueron condenados como alegan los recurrentes, situación por el que el presente motivo deviene en infundado.


III.3.3. Respecto a la “semejante” y escasa fundamentación.


Sintetizada la denuncia, donde la parte recurrente reclama que respecto a su reclamo concerniente a la valoración defectuosa de la prueba, el Tribunal de apelación expresó que la fiabilidad de lo que declara un testigo o una afirmada víctima, no tiene porqué ser plena; fundamentación que consideran “semejante” y escasa, pues evidentemente no tiene que ser plena, pero tampoco debe contener contradicciones tan notorias y abundantes; ya que, si dicha declaración no fuera plena, el Tribunal no hubiera arribado a la conclusión de que la víctima se encontraba con grave perturbación de conciencia, pues en primera instancia se le da valor a la denuncia presentada por la propia víctima, cuyo contenido es el mismo que cursa en el relato de los hechos de la acusación del Ministerio Público; empero, no consideraron que la declaración de la víctima prestada en juicio es absolutamente diferente; además, que acusaron la defectuosa valoración de la prueba; ya que, se dio valor y credibilidad a una declaración cuando ésta contradice la denuncia y el propio relato fáctico de la acusación; asimismo, se debió dar valor a algunos aspectos manifestados por la testigo presencial del hecho, por lo que consideran, que no se cumplió con lo establecido en los arts. 173 y 359 del CPP, en relación a que cada uno de los elementos de prueba incorporados al juicio deben ser valorados de manera individual, que esa valoración debe responder a las reglas de la sana crítica, expresando los razonamientos de tiempo, forma y contenido por los cuales les otorga o no determinado valor, para luego procederse a la valoración integral y armónica de la prueba.


Como una consideración previa, antes de ingresar a resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre los precedentes citados con el Auto de Vista recurrido, corresponde señalar que el recurso de casación es un mecanismo de impugnación que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado y regulado por la Ley; así la Constitución Política del Estado, en el marco de las garantías recogidas, establece el principio de impugnación en su art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; esto es, la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. En ese contexto normativo, este Tribunal ha reiterado constantemente en sus exámenes de admisibilidad que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual.


       De tal manera que, en la labor de verificación o contraste entre lo resuelto en un caso concreto, con lo resuelto en los precedentes invocados, primero se identifiquen plenamente la similitud de los supuestos de hecho, para que en segundo término, se analice si el fundamento jurídico que da origen a la doctrina legal, es aplicable al caso examinado, correspondiendo hacer hincapié en que el precedente establecido por el Tribunal Supremo o los Tribunales Departamentales de Justicia, es de estricta observancia conforme impone el art. 420 del CPP, en los casos en que se presente una situación de hecho similar, en coherencia con los principios de seguridad jurídica e igualdad.


En esa línea esta Sala Penal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha precisado que: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


Ahora bien, a los fines de resolver la problemática planteada necesariamente se debe acudir a los Autos Supremos invocados por la parte recurrente, a objeto de verificar si se contradijo o no el mismo.


Contraste con el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, conforme se señaló en el acápite III.1 de esta Resolución, fue dictado por la Sala Penal Primera de la ex Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente Agravada, donde constató que el Tribunal de alzada no observó que la edad de la víctima siendo un elemento normativo del tipo penal previsto por el art. 308 bis del CP, no fue acreditado, habiendo dado la Sentencia una presunción de hecho, siendo que la misma afectó sustancialmente a la calificación del tipo penal; aspecto que, vulneró el principio de legalidad penal, incurriendo en una errónea aplicación de la Ley sustantiva; puesto que, los elementos constitutivos del tipo penal previsto por el art. 308 bis del CP, no se encontraban acreditados en su integridad, por lo que de los hechos probados en aplicación del  principio iura novit curia, el Tribunal de alzada con la facultad que prevé el art. 413 del CPP, podía subsumir la conducta del procesado dentro de la misma familia de los delitos contra la libertad sexual, no siendo necesaria la realización de un nuevo juicio en aplicación del principio de protección a la minoridad y el de la doble victimización; sin embargo no lo hizo; aspecto por el que fue dejado sin efecto la Resolución recurrida; empero, en el caso en examen, no se presenta el mismo supuesto de hecho; toda vez, que la parte recurrente reclama una cuestión de índole procesal en sentido de que el Auto de Vista recurrido ante su reclamo concerniente a la valoración defectuosa de la prueba incurrió en una fundamentación “semejante” y escasa, denuncia que no guarda relación alguna con los fundamentos del precedente invocado que advirtió la errónea aplicación de la Ley sustantiva.


Contraste con el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, conforme se tiene de lo extractado en el acápite III.1 de esta Resolución, fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, donde constató que el Auto de Vista recurrido a tiempo de revocar la sentencia, declarando a la coimputada BBCC, co-autora en grado de Encubrimiento del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, incurrió en revalorización de la prueba y sobre esa base calificó el hecho como delito; aspecto que, constituye defecto absoluto, que vulnera los principios de inmediación y contradicción, por lo que fue dejado sin efecto; sin embargo, en el caso puesto a análisis, no se presenta el mismo supuesto de hecho, pues los recurrentes reclaman que el Auto de Vista recurrido incurrió en una fundamentación “semejante” y escasa ante su reclamo concerniente a la valoración defectuosa de la prueba; reclamo que no guarda relación alguna con los fundamentos del precedente invocado, que resolvió una temática procesal como la prohibición de la revalorización de la prueba por el Tribunal de alzada.


Por los fundamentos expuestos y por la naturaleza del recurso de casación, queda establecido que los precedentes invocados no resultan aplicables al motivo concerniente a que el Auto de Vista recurrido, incurrió en una fundamentación “semejante” y escasa ante su reclamo referido a la valoración defectuosa de la prueba; toda vez, que no resultan problemáticas similares; en consecuencia, el presente motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jorge Tejerina Gallardo y Ariel Valencia Vargas.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos