TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 292/2018-RRC

Sucre, 07 de mayo de 2018


Expediente                        Tarija 34/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Vania Karina Vega Urzagaste

Delito                Estafa

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 5 de julio de 2017,  cursantes de fs. 340 a 343 y 355 a 376 vta., Vania Karina Vega Urzagaste y Wilson Abrahán Vargas Cabrera, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 28/2017 de 20 de junio, de fs. 328 a 333 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el  Ministerio Público e inter partes, por el presunto delito de Estafa previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 15/2016 de 5 de abril (fs. 158 a 166), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Vania Karina Vega Urzagaste, autora de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de doscientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, con costas.


  1. Contra la referida Sentencia, la imputada Vania Karina Vega Urzagaste (fs. 187 a 203) y el acusador particular Wilson Abrahán Vargas Cabrera (fs. 225  a 235 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 77/2016 de 11 de julio, que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 116/2017-RRC de 20 de febrero (fs. 313 a 323); en cuyo efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista 28/2017 de 20 de junio, que declaró sin lugar los recursos planteados y confirmó en su integridad la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


II. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


En conocimiento de los señalados recursos de casación la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo 711/2017-RA de 15 de septiembre, en el que previo juicio de admisibilidad delineó los márgenes del presente análisis de fondo bajo el siguiente detalle:


II.1. Del recurso de casación de Vania Karina Vega Urzagaste.


Denuncia la violación del art. 124 del CPP; es decir, carencia y falta de fundamentación, rondando dos temáticas en específico, a saber:


i)         Insuficiencia argumentativa en torno al reclamo de incorrecta valoración de la prueba; ya que, sobre la denuncia de omisión de otorgar el valor probatorio a cada uno de los elementos de prueba por parte del Tribunal de Sentencia, así como expresar a través de qué elementos de prueba asumió convicción y certeza de la comisión del delito de Estafa, el Tribunal de alzada optó por realizar la transcripción del Auto Supremo 249/2012, alegando que la Sentencia se basó en hechos reales debidamente acreditados por elementos probatorios valorados, conforme a las exigencias de los arts. 173 y 124 del CPP, sin que se haya ingresado al fondo de su reclamo, desconociendo su persona a través de qué medio de prueba se habrían probado el ardid o engaño como uno de los componentes del delito de Estafa y el desprendimiento o desplazamiento patrimonial de la víctima en su favor. 


ii)  Inexistencia de fundamentación de la sentencia; alegando el Tribunal de alzada que la Sentencia cumplía con todas las exigencias, lo que vulnera el art. 124 del CPP; puesto que, obviaría establecer los motivos que dieron lugar para considerar cómo la Sentencia cumplió con todos los requisitos exigidos.


Al efecto, el juicio de admisibilidad en el marco de los arts. 416 y 417 del CPP, determinó como precedente contradictorio al Auto Supremo 207/2007 de 28 de marzo, que establecería que la debida motivación debe ser expresa, clara, completa legítima y lógica.


II.1.1 Petitorio.


Vania Karina Vega Urzagaste, impetró que previa admisión de su recurso, se deje sin efecto el Auto de Vista 28/2017 de 20 de junio 


II.2. Del recurso de casación de Wilson Abrahan Vargas Cabrera.


Denunció, que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación, respecto a los siguientes puntos: 


1)  Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, en relación a los arts. 335 y 346 Bis del CP; toda vez, que el Tribunal de Sentencia habiendo advertido la concurrencia de víctimas múltiples del delito de Estafa, calificó el accionar de la imputada como Estafa, sin tomar en cuenta la agravante de que los hechos fueron en perjuicio de víctimas múltiples lo que vulnera los principios de tipicidad, legalidad, verdad material y iura novit curia; puesto que, el Tribunal de mérito debió calificar la conducta de la acusada como Estafa Agravada por la concurrencia de víctimas múltiples imponiéndole la pena máxima.


2)  Defecto establecido en el art. 370 inc. 5) del CPP; ya que, en la Sentencia no existiría la fundamentación debida en cuanto a la determinación de la pena lo que vulnera el debido proceso, resultándole incongruente; puesto que, en su acápite en cuanto a la pena habiendo señalado que se trata de un caso de Estafa Agravada condenó por Estafa simple; asimismo, no se expresaron los motivos sobre la imposición de la pena en el orden de los arts. 37 y 38 del CP. Sobre el primer reclamo el Tribunal de alzada incumplió lo previsto por el art. 124 del CPP; toda vez, que no explicó de forma clara, específica, completa, legítima y lógica por qué no era evidente su denuncia, limitándose a citar los argumentos expuestos por el Tribunal de Sentencia; en cuanto, a la imposición de la pena, el mismo Tribunal no fundamentó por qué consideró justificada la pena.


Sobre el referido reclamo el recurrente invocó los Autos Supremos 073/2013-RRC de 19 de marzo, 324/2012 de 12 de diciembre, 210/2015-RRC de 27 de marzo, 645/2016-RRC de 24 de agosto y 466/2014-RRC de 17 de septiembre, que estarían referidos al deber de fundamentación; aspecto que, no habría sido cumplido por el Tribunal de alzada, así también invocó el Auto Supremo 418 de 10 de octubre de 2006, concerniente a que en virtud al principio de celeridad y economía procesal el Tribunal de alzada puede resolver directamente.


II.2.2. Petitorio.


Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia admita su recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, determinando que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dicte un nuevo Auto de Vista, conforme la doctrina legal aplicable o en su caso resuelva directamente el fondo en base a los argumentos expuestos en el recurso de apelación restringida opuesto por el mismo.


III. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO


III.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 15/2016 de 5 de abril, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, declaró a Vania Karina Vega Urzagaste autora del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión. El Tribunal de Sentencia estableció como objeto del proceso el siguiente relato fáctico:


“El 6 de diciembre del 2013 el sr. Wilson Vargas entrega a Vania Karina Vega Urzagaste la suma de $us. 40.000 y Bs. 160.000, que debían ser devueltos el 6 de enero del 2014 con su interés. Ese dinero no era de Wilson Vargas, una parte era de su primo Mario Cabrera Villagómez y el resto de otra persona, dinero que fue obtenido con el argumento que la acusada hija de una Concejal Municipal de Yacuiba tenía contrato de entrega de canastones para SETAR, empresa de electricidad.


Llega la fecha y la acusada muestra y entrega a Wilson Vargas la fotocopia de un cheque de Bs. 1.129.000, para ser cobrado el 23 de enero del 2014 del Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño, convenciéndolo que estaba recibiendo otro contrato de compra de gomas para los vehículos de la Alcaldía de Yacuiba y licitaciones de artículos de secretaría del municipio, por lo que pide invierta más dinero y de ese modo Wilson Vargas le dice a su primo Mario Cabrera, quien a su vez le dice a Juan Pablo Becerra que vivía en Santa Cruz de la Sierra, quien el 8 de enero del 2014, deposita en la cuenta de Vania Karina Vega Urzagaste la suma de Bs. 276.000.


Ambas entregas pasan los $us. 100.000.- (cien mil dólares americanos) que la acusada no devuelve a Wilson Vargas; posteriormente, la acusada le entrega a Wilson Vargas fotocopias de requerimiento de material eléctrico de fecha 13 de enero del 2014 de SETAR Yacuiba, por un monto de Bs. 2.857.000, adjudicada a la empresa unipersonal de Vania Karina Vega Urzagaste, con los que los deudores esperaron pero no les devuelve. De ese modo Wilson Vargas con otros afectados averiguan en las instituciones públicas mencionadas SETAR, Sub Gobernación de Caraparí y son informados que la acusada no figuraba como proveedora o contratista. De ese modo nuevamente la buscan y ella les manifiesta que no podía figurar su nombre porque es hija de una Concejal. Como pasa el tiempo y no devuelve el dinero, buscan a su madre en el Concejo Municipal, la buscan a la acusada en su domicilio, en su negocio, sin que hasta le fecha haya devuelto la suma indicada” (sic)


La Sentencia dio como hecho probado la integridad del relato fáctico transcrito, a partir de lo cual subsumió la conducta de la acusada a los elementos constitutivos del tipo penal de Estafa (art. 335 del CP), identificando que el artificio desplegado por la acusada para fortalecer el error en Wilson Vargas, se sitúa en la aseveración de ser hija de una Concejal del Municipio de Yacuiba y que a partir de ello bien podía ser pasible a la adjudicación de varias licitaciones de entidades públicas; asimismo, las fotocopias de documentos expuestos por la acusada en dos oportunidades, a través de los que sostuvo negocios pendientes con entidades públicas, fueron también otros artificios que sirvieron para la disposición de dineros a favor de la acusada. Concluyendo que “…el perjuicio en las dos oportunidades es para estas terceras personas, no así para Wilson Vargas porque él no da dineros suyos, sino ajenos” (sic).


Sobre el elemento subjetivo del tipo, se explicó que la “intención de la acusada fue dolosa pues obtuvo un beneficio económico indebido en una suma superior a los cien mil dólares americanos de gente que dispone de su patrimonio en su propio perjuicio, a los que ha fortalecido el error por el artificio que ella crea y que vence el sentido común, pues se evidencia que esa época su madre era Concejal Municipal, quien incluso los recibe en esas oficinas públicas en forma posterior al hecho. Y si ella entrega la fotocopia de un cheque a Wilson Vargas para la segunda vez por suma tan alta es aceptable que una persona crea en lo que le dice, Wilson Vargas le cree y a su vez convence a terceros” (sic).


En torno a la culpabilidad del hecho, la Sentencia calificó que: “la única persona que aparece en el contexto…es la acusada…no hay otra persona, solo ella que le crea el artificio a Wilson Vargas para hacerlo ingresar en error y él a los demás” (sic).


Finalmente en lo que fue la imposición de la pena, el Tribunal de sentencia determinó la pena de tres años de privación de libertad apoyado principalmente en dos argumentos. El primero referido a la situación personal de la acusada, su carencia de recursos incluso de manutención propia y su versión sobre la existencia de una tercera deuda cuyos intereses la orillaron a la comisión de los hechos juzgados. El segundo expresado en la configuración sobre la que se entablaron las acusaciones, fiscal y particular, que tipificaron la conducta como Estafa simple y no agravada, siendo que en el curso del juicio el Tribunal de sentencia advirtió la existencia de más de una víctima; empero, decidió no rebasar los requerimientos de las acusaciones y sentenciar en ese sentido. 

III.2. De la apelación restringida.


Contra la citada sentencia ambas partes -a su turno- opusieron recurso de apelación restringida, motivando la emisión del Auto de Vista 77/2016 de 11 de julio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que anuló la Sentencia disponiendo juicio de reenvío. Fallo que a su vez fue dejado sin efecto por Auto Supremo 116/2017-RRC de 20 de febrero, ordenando al Tribunal de alzada la emisión de una nueva resolución conforme el entendimiento jurisprudencial pronunciado a ese efecto, que en suma obedeció al acatamiento de lo previsto en el art. 398 del CPP.


Ahora bien, teniendo presente que este Auto Supremo tiene origen en la interposición de recursos de casación que riñen contra el Auto de Vista que este propio Tribunal de casación dispuso dictar, resulta lógico que el análisis debe ser también asentado en esa misma secuencia procesal; es decir, contemplar que la emisión del Auto de Vista 28/2017 de 20 de junio, tiene también los mismos parámetros establecidos a partir de la interposición de los recursos de apelación restringida presentados por ambas partes con anterioridad.    


III.2.1. Vania Karina Vega Urzagaste


En memorial saliente de fs. 187 a 203, denunció:


1.        Vulneración al principio de congruencia, señalando que fue condenada por el delito de Estafa, por haberse demostrado todos los hechos contemplados en las acusaciones fiscal y particular, refiriendo ambas que la víctima fuera Wilson Vargas; empero, el Tribunal de sentencia concluyó paralelamente que el mismo no era la víctima; ya que, nunca habría realizado desprendimiento alguno de ningún monto económico y que las personas que hubieren entregado esos montos de dinero hubiesen sido terceras personas, por lo que debería ser con agravante de víctimas múltiples; empero, que no podían empeorar su situación; por cuanto, asevera que el Tribunal la condenó con una víctima que no es víctima de Estafa.


El relato fáctico de las acusaciones difirió con lo establecido en juicio, dado que en las primeras no se habla de la recepción de ningún tipo de intereses por los préstamos, haciendo ver a Wilson Vargas como un intermediario, posición que fue modificada en juicio oral y que constituye un argumento nuevo que vulnera su derecho a la defensa.


En ninguna de las acusaciones se hizo referencia a la prueba introducida a juicio signada como PM-1 consistente en querella, MP-5 informes emitidos por el asignado al caso, que no refieren el interés que debía pagar su persona como se dijo en juicio; es decir, Bs. 14.000.- (catorce mil bolivianos), tampoco indicaron que para el caso de Juan Pablo Becerra se concluyó que parte del dinero por él otorgado le pertenecía a su madre.


La conclusión del Tribunal de sentencia sobre la existencia de víctimas múltiples, es contradictoria al hecho de que esas mismas víctimas hayan tenido tratos contractuales con Wilson Vargas, sin que la imputada haya tenido contacto directo con ellas; es decir, si en el presente caso las personas que otorgaron el dinero realizaron tratos contractuales directamente con Wilson Vargas y no así con su persona, que incluso reconoce el Tribunal que a Wilson Vargas no se afectó económicamente en nada, mal podía determinarse la existencia del delito de Estafa.


2.        Vulneración al derecho a la defensa; puesto que, se aplicó de manera incorrecta la mancomunidad de la prueba; ya que, el Tribunal de sentencia evitó que su persona pueda hacer uso del medio de prueba que fue presentado por parte del Ministerio Público, que consistía en la sentencia condenatoria 34/2015, que fue pronunciada por el mismo Tribunal y cuya finalidad era demostrar las contradicciones en la que incurrió Wilson Vargas.


3.        Incorrecta valoración de los elementos de prueba, pues no consta cómo las pruebas MP1, MP2, MP3, MP8 y MP9 y las declaraciones de los testigos generaron en el Tribunal certeza sobre la comisión del delito, sin que se exista pronunciamiento sobre aquellas de manera clara y completa. En perspectiva del recurso se cuestiona que la Sentencia no expresa cual la documental en la que se distinga se halle el ardid, el engaño o el detrimento del patrimonio de la víctima.


4.        Inexistencia de motivación por carecer la sentencia del requisito lógica; previa conceptualización de las leyes de la lógica que asevera son la coherencia y derivación, refiere que la sentencia vulnera la coherencia, que entre sus principios requiere no ser equívoca: i) Inexistencia de congruencia: en su acápite denominado Valoración de la prueba y votos del Tribunal acerca de los motivos de hecho, derecho y responsabilidad, incurre en contradicciones y dudas; ya que, refiere que dentro de la causa existirían más de una víctima; es decir, no sólo Wilson Vargas; posteriormente, refiere que es Wilson Vargas a quien se lo engañó y se le indujo en error y lo más ilógico indican que de acuerdo a lo manifestado por los testigos en el juicio se tenía que Wilson Vargas no sufrió daño económico alguno en su patrimonio; y, ii) Inexistencia de motivación por vulneración de la ley de Derivación como regla de la lógica; puesto que, fue declarada autora de delito de Estafa sin la existencia de prueba  de la cual derive la deducción o razonamiento de que el dinero era de la familia Díaz Arandia.


5.        Inadecuada subsunción de los hechos al tipo penal de Estafa, el propio Tribunal advierte que la víctima no sufrió daño económico en su patrimonio, por lo que mal puede pretender que exista el delito de Estafa; ya que, para su existencia deben estar todos los elementos del delito, lo que en su caso no existiría; que otro aspecto, que no ocurre son los supuestos engaños o artificios y menos el dolo; ya que, a decir del Tribunal uno de los elementos que fue usado sería ser hija de una concejal; aspecto que, no constituye engaño o artificio y lo más curioso refieren que por ser fin de año dio pie a convencer a la víctima, tampoco se podría aseverar que existe engaño a terceras personas conforme la documental consistente en la conversación de Facebook; ya que, la misma da cuenta de conversaciones de terceras personas que no guardan relación con su persona, existiendo una falta de subsunción de los hechos al delito de Estafa.    

  

III.2.2. Wilson Abraham Vargas Cabrera.


En memorial de fs. 228 a 235 vta., expresó:


1.        Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en relación a los arts. 335 y 346 Bis del CP; puesto que, el Tribunal de mérito no realizó un proceso de subsunción de la conducta, los elementos constitutivos del tipo penal de Estafa, con la agravante prevista por el art. 346 bis del CP; no obstante, calificó el accionar de la acusada simplemente como Estafa, sin tomar en cuenta la agravante de que los hechos fueron en perjuicio de víctimas múltiples, en violación del principio de tipicidad, legalidad, verdad material y el principio iura novit curia.


2.        Defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, al carecer de fundamentación y contradictoria la determinación de la pena, al basarse en una supuesta y precaria situación económica de la imputada, sin que se haya tomado en cuenta que la acusada tenía residencia en casa de su madre, no tiene hijos, ni hubo demostrado tener ninguna responsabilidad o carga familiar; resultando a la par incongruente que la fijación de la pena; toda vez, que el mismo Tribunal establece que se trató de un caso de Estafa agravada; sin embargo, la condena por Estafa simple, lo que no resulta acorde a los parámetros establecidos por los arts. 37 y 38 del CP.


III.3. Del Auto de Vista 28/2017.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, cumpliendo lo dispuesto por el Auto Supremo 116/2017-RRC de 20 de febrero, emitió el fallo que hace título a este apartado, con los siguientes argumentos:


Con relación al recurso de apelación restringida interpuesto por la imputada:


  1. A tono con la denuncia de falta de fundamentación y motivación realizada por la imputada, previa conceptualización de lo que es fundamentación de una resolución judicial, el Tribunal de  alzada brinda respuesta a través de una construcción textual de los contenidos de la sentencia, transcribiendo las porciones importantes sobre la valoración de la prueba y organizando un relato en el que, ciertamente, sale a la luz cuál ha sido la manera en la que los de sentencia procedieron a fundamentar la existencia del hecho y subsumir uno a uno los elementos constitutivos del tipo penal condenado. Es visible la presencia de la conclusión extraída de las atestaciones de Juan Pablo Becerra, Mario Cabrera Villagómez, Roberto Ronald Martínez y otros.


  1. Sobre la falta de congruencia, el Tribunal de apelación descarta tal agravio en la consideración de que la Sentencia posee correspondencia con el relato fáctico contenido en las acusaciones fiscal y particular, así como, manifestar que la Sentencia “…se ha apegado convenientemente, sin que se vislumbre la argüida vulneración al principio de congruencia, ni que los hechos atribuidos no correspondieran a los descritos en las acusaciones, tampoco tiene significancia ni altera la convicción asumida, que el perjuicio en las dos oportunidades sea para terceras personas porque Wilson Vargas no dio dineros suyos sino ajenos; sin embargo, se confirma que él fue el nexo propiciador para la entrega de diferente sumas a la sindicada, fortalecidos en error a instancia de la misma, para disponer de sus patrimonios en su propio perjuicio conforme resalta el tribunal de mérito, siendo de igual forma impertinente argüir: a cambio de qué contraprestación, le prestaba el dinero dada la relación específica de los hechos y el ardid anotado por el Tribunal a quo, ratificando que la convicción asumida, tal cual consta en el fallo cuestionado, fue en base a los elementos de prueba detallados en el mismo” (sic).


  1. Sobre la denuncia de vulneración al derecho a la defensa por incorrecta aplicación del principio de mancomunidad de la prueba, previa exposición sobre entendimientos en el particular, se determina: “no se puede pretender mancomunidad de la prueba que no fue incorporada, por consiguiente tampoco se vulneró el derecho a la defensa, más aun si revisada el acta de juicio en ninguna parte consta observación o petición que hubiese hecho en ese sentido la defensa” (sic).


  1. En torno a la valoración de la prueba, se adujo que la Sentencia de mérito “en el considerando IV, el Tribunal a quo adecua los hechos al tipo penal de estafa anotando que lo hace en virtud a una valoración integral de toda la prueba precisando que el artificio desplegado por la encausada era hacer creer que al ser hija de una Concejal  Municipal, podía ser favorecida con contraprestaciones en entidades públicas, para la provisión canastones navideños, gomas, material de escritorio, entregando inclusive la fotocopia del cheque N° 25457 a su nombre del Gobierno Autónomo Regional del Chaco por Bs. 1129.000 para su cobro el día 23 de enero de 2014, con lo que ratifica su actuar doloso al lograr bajo engaños una disposición patrimonial indebida en perjuicio de quienes le entregaron sus dineros” (sic).


  1. Sobre las observaciones en el cumplimiento de los arts. 124 y 173 del CPP, el Tribunal de alzada concluye que ellas carecen de mérito pues de la revisión integral del fallo es visible que la Sentencia cumple con esas exigencias, así como con la orientación dada en la jurisprudencia de los Autos Supremos 44/2014 de 20 de febrero, 53/2012 de 22 de marzo y 167 de 4 de julio de 2012, haciendo hincapié que esta conclusión se halla desarrollada en los apartados del II.1.1.1 al II.1.1.3 de ese propio fallo.


Con relación al recurso de apelación restringida interpuesto por el querellante:


  1. La Sala Penal Segunda expone que la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva denunciada carece de mérito pues “…el tribunal a quo se pronuncia al respecto sopesando que ambas acusaciones, señalan como única víctima a Wilson Vargas pero el juicio oral se advierte que son varias las víctimas en el presente hecho apreciando que los afectados fueron los testigos, empero asumen que los acusadores lo hicieron como estafa simple y no agravada y que en ese sentido el tribunal debe pronunciarse sobre el ilícito endilgado y no empeorar la situación de la sindicada, no obstante de advertir al concurrencia de varias víctimas y señalar: las acusaciones deberían ser completas ubicando a las víctimas que entregaron los dineros a través de un intermediario y no citarlos como testigos concluyendo de forma categórica e inobjetable falencias que el tribunal de oficio no puede subsanar y obrar siempre a favor de la encausada, razonamiento apegado a derecho y asumido en función de los arts. 279 CPP y art. 116.II CPE, no siendo evidente que se hubiese infringido los principios de tipicidad, legalidad y verdad material…” (sic)


  1. En tanto, con relación a la denuncia de falta de fundamentación sobre la imposición de la pena, el tribunal de alzada haciendo eco de lo transcrito en el anterior párrafo manifiesta que “el órgano jurisdiccional está constituido como el tercero imparcial, en modo alguno puede inclinarse en pro de una de las partes y en detrimento de la otra, más aun si en cumplimiento estricto de la previsión constitucional de la parte del citado art. 116.II CPE, está compelido a sopesar que durante el proceso en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. Por lo demás no obstante la disidencia de unos de los jueces en cuanto al quantum de la pena…se optó por la impuesta de tres años de privación de libertad…la que por los razonamientos expuestos en cuanto a la personalidad de la encausada, su condición de mujer y otros se la considera adecuadamente fundamentada y justificada sin que tampoco este tribunal encuentre motivos válidos para su incremento o modificación” (sic).


IV. VERIFICACIÓN DE LA CONTRADICCIÓN PLANTEADA


Ambos recurrentes en casación basaron su acción recursiva en el marco de las previsiones contenidas en el art. 416 y siguientes del CPP; vale decir, cuestionando el fallo de vista a partir del planteamiento de contradicción en otras resoluciones, con el siguiente detalle:


IV.1. Recurso de casación de Vania Karina Vega Urzagaste.


Bajo el paraguas de falta de fundamentación cuestiona que el Auto de Vista impugnado fue carente en la expresión de argumentos sobre la valoración de la prueba y el cumplimiento del art. 124 del CPP; ya que, serían visibles las razones que dieron lugar a considerarse que la Sentencia cumplió con los requisitos exigidos por norma. A este efecto invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 207/2007 de 28 de marzo, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia a partir del recurso de casación interpuesto por el representante de la Cooperativa Transporte Internacional Cochabamba en el trámite penal seguido por tal ente contra RMC por los delitos de Estafa, Apropiación Indebida y Abuso de Confianza; en esa oportunidad, ante la denuncia de incumplimiento de los arts. 124 y 398 del CPP, el Tribunal de casación brindó mérito al recurso, dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


(…)


Cuando a tiempo de emitir un decisorio, los Tribunales no observan los presupuestos señalados supra, incurren en vicios absolutos que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones debidamente motivadas, guardando coherencia entre la parte considerativa y la dispositiva, esto es sin incurrir en contradicciones, en desorden de ideas, yuxtaposición numerativa de folios o de afirmaciones formuladas mecánicamente, o en una frondosa, enrevesada y superficial acumulación de disgresiones sin mayor relación con el caso a resolver, una resolución resulta insuficientemente motivada cuando en el caso concreto resulta superficial y/o unilateral o cuando los argumentos esgrimidos resultan contradictorios antagónicamente, o cuando se detectan vicios de razonamiento o de demostración (falacias o paralogismos), en todo caso la redacción debe guardar claridad explicativa, no siendo una exigencia que los decisorios sean extensos o ampulosos”.


La doctrina legal que precede, básicamente constituye el núcleo medular sobre la comprensión que la jurisdicción ordinaria asumió como parámetros de fundamentación y motivación de las decisiones judiciales, desarrollando los lineamientos que el Código de Procedimiento Penal postula en sus arts. 398 y 124. De ahí que a un fallo judicial no solo se le exige abundancia en texto, sino que el mismo sea comprensible y apegado a los antecedentes del proceso y las posiciones de las partes. Esta doctrina orienta que la riqueza del argumento no se ostenta en la exposición de doctrina sin contexto alguno, sino que ella debe poseer conexión directa al caso concreto.


Vania Karina Vega Urzagaste a fs. 340 vta. expresa que la forma “simplista, superficial y hasta desinteresada” (sic), en la que el Tribunal de alzada dio respuesta a su reclamo sobre la valoración probatoria a partir de la cual, en Sentencia, se determinó la existencia del delito de Estafa, “vicia de nulidad este actuado procesal y violenta [su] derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a un recurso efectivo” (sic). De igual forma cuestiona que el Tribunal de alzada incurre en “una carencia fundamentativa” (sic) y deficiencias en torno al cumplimiento del art. 173 del CPP por parte de la Sentencia, riñendo la manera en la que los de sentencia valoraron la prueba, más cuando su deber yace sobre “explicar individualmente cual es la conclusión a la que arriban con cada una de estas pruebas, que en el caso de autos es el de indicar con que documental encontró el ardid o el engaño o el detrimento del patrimonio de la víctima” (sic).


De entrada expresar que este motivo en específico carece de mérito por su inadecuada exposición jurídica, a la par que no condice con los antecedentes del expediente, pues aborda una cuestión de profunda complejidad, como lo es la valoración de la prueba, desde la superficialidad de la falta de fundamentación. No se trata de cuestionar la labor de los Tribunales inferiores a partir de la inconformidad de la recurrente con la terminología utilizada en las resoluciones que pretende impugnar, sino en todo caso tener presente que el recurso es en esencia un mecanismo que el Estado de Derecho confiere a los justiciables para procurar la corrección de errores y reparación de eventuales agravios, ello requiere entonces, que el ejercicio recursivo proponga no llanas sugerencias sobre vacíos u omisiones argumentativas sino que se plantee las razones de fondo a partir de las que se crea un agravio fue generado.


En todo caso la lectura del Auto de Vista 28/2017 de 20 de junio, arroja la existencia de no solo la identificación del elemento por el que el Tribunal de sentencia subsumió las conclusiones de hecho a los elementos constitutivos del tipo, ahí se tiene por ejemplo, el señalamiento sobre la condición filial de la imputada y la exhibición de una fotocopia sobre un título bancario, sino expone las razones por las que esos elementos fueron identificados y cuál su incidencia sobre el resultado final de la Sentencia. En ese sentido, se tiene la reseña contenida en los puntos a), b), c), d) y e) del apartado III.3 de esta Resolución.


Asimismo, la imputada cuestiona la decisión de la Sala Penal Segunda alegando “inexistencia de fundamentación y/o motivación al obviar establecer los motivos que dieron lugar para considerar que la Sentencia Condenatoria cumpliría con todos los requisitos exigidos conforme lo determina el Auto Supremo 207/2007 de 28 de marzo” (sic).


El Derecho y la práctica jurídica se manifiestan a través de un canal necesario: el lenguaje. La exposición de argumentos y la sostenibilidad de los alegatos que las partes propongan, o en su caso, la solidez con la que las decisiones judiciales forjen autoridad, deben someterse al lenguaje. Esto no quiere decir, que el argumento jurídico sea encasillado a una perspectiva gramatical, semántica, o diluir el razonamiento jurídico en las reglas de la sintaxis. En todo caso, se trata de hallar un punto intermedio en el que a partir del lenguaje la transmisión de los argumentos jurídicos y el razonamiento de Jueces y Tribunales adquiera estabilidad y permanencia, donde el resultado final sea generar la sensación de haberse impartido justicia. 


El art. 124 del CPP, a la letra ordena que las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. De igual forma taxativamente precisa que la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Del análisis del citado precepto es visible un aspecto de trascendental importancia, que es el alcance que la norma nacional brinda a la fundamentación. La doctrina sobre la forma expositiva en la que los fallos son emitidos, reconoce dos vertientes: motivación y fundamentación. Sin entrar en profundas consideraciones, motivar se vincula con las razones, determinaciones y conclusiones que la autoridad judicial extracta de los hechos y los antecedentes del proceso y más primordialmente sobre la actividad probatoria así como los resultados desprendidos de ese ejercicio. Por otro lado, fundamentar se relaciona con la actividad eminentemente jurídica a ser realizada con el resultado de la motivación, esto es, aplicar o subsumir (en el caso de materia penal) esos hechos a la norma positiva. El citado precepto, a efectos de las consideraciones vertidas por el legislador ordinario, absorbe ambos conceptos en una sola esfera, esto es el fundamentar, aspecto a partir del cual la obligación de brindar las razones de un fallo de manera suficiente, expresa, clara, precisa y lógica, rastra tanto en las conclusiones extractadas de la actividad probatoria como a la vez a la aplicación de la norma positiva al caso concreto. 


Se ha repetido hasta lo extenuante que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido proceso, y que el Estado desde el Texto Constitucional reconoce y garantiza este derecho en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; sin embargo, la Sala, sin desconocer ninguna de esas situaciones, considera que la motivación y fundamentación de las decisiones judiciales no es un fin en sí mismo; ya que, más allá de la divergencia y textura que la doctrina del derecho procesal le ha brindado, responde a fines más prácticos y utilitarios; estos son, (1) la verificación pública sobre el impacto que una norma promulgada conforme procedimiento legislativo posea; (2) los motivaciones que condujeron a un juez o Tribunal a decidir en una u otra forma; y, (3) el mecanismo idóneo para transparentar las razones por las que una autoridad judicial asumió una decisión.


La evaluación del Auto de Vista impugnado, en consideración de los párrafos que anteceden y los planteamientos propuestos por la recurrente, arrojan que el mismo se halla debidamente fundamentado; puesto que, las razones de hecho (los agravios de apelación restringida ante los argumentos de la Sentencia) son visibles a simple lectura, portando no solo la ubicación de su fuente en los que el Tribunal de apelación basó su decisorio; sino que, también son presentes los aspectos de aplicación normativa al caso concreto, ahí se encuentra por ejemplo la identificación del elemento subjetivo del tipo, la ubicación precisa del ardid o engaño, no vistos de manera referencial o vaga sino de modo preciso y siempre en conjunción con los datos de la Sentencia. De igual forma, se advierte la cadena de hechos que la Sentencia consideró para su fallo y la revisión que sobre la misma el Tribunal de alzada realizó sobre los límites de su competencia.


Dicho ello, la Sala considera que el Auto de Vista impugnado no asume una dirección contraria a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 207/2007 de 28 de marzo; por cuanto, fue emitido sobre los lineamientos postulados por éste, tal cual se tiene referido anteriormente, deviniendo este recurso en infundado.


IV.2. Recurso de casación de Wilson Abrahan Vargas Cabrera.


En suma, el recurrente apelando a la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, denuncia inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, en relación a los arts. 335 y 346 Bis del CP; toda vez, que el Tribunal de Sentencia habiendo advertido la concurrencia de víctimas múltiples del delito de Estafa, calificó el accionar de la imputada como Estafa simple; asimismo, denuncia que la Sentencia carecería de fundamentación en cuanto a la determinación de la pena por cuanto no se expresó los motivos sobre la imposición de la pena en el orden de los arts. 37 y 38 del CP. A este fin, planteó la contradicción con los Autos Supremos 073/2013-RRC de 19 de marzo, 324/2012 de 12 de diciembre, 210/2015-RRC de 27 de marzo, 645/2016-RRC de 24 de agosto y 466/2014-RRC de 17 de septiembre. A continuación a manera de contexto se procederá a identificar la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios invocados, para después realizar el análisis de las problemáticas planteadas en el motivo de casación.


El Auto Supremo Nº 073/2013-RRC de 19 de marzo, ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías constitucionales, originados por la falta de fundamentación de la Sentencia y del Auto de Vista, emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


“El art. 115 de la CPE, reconoce el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, garantizando el Estado el derecho al debido proceso; estos derechos, considerados como la garantía de un procedimiento legal en resguardo de los derechos de las personas en el curso de un proceso judicial, así como el que tiene toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; son reconocidos por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8 y 11, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


Una vez desarrollado el acto de juicio oral y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia, en observancia del derecho al debido proceso, en su vertiente de debida fundamentación de toda resolución judicial, deberá emitir la Sentencia que corresponda, a través de una resolución debidamente motivada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad, precisión y en términos positivos, la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta, esto implica que en la Sentencia debe dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de la prueba, así como su relevancia o no; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, esto es la labor, a partir de los hechos estimados probados, de adecuar o no el hecho al presupuesto normativo aplicable y en caso de optarse por la responsabilidad del imputado, la determinación de la pena, incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.


Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP y ante el reclamo del apelante en su recurso de apelación restringida, tiene el deber de verificar que el Tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que, de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente; en consecuencia, del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP, debe disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del art. 413 del CPP”.


Por otro lado el Auto Supremo Nº 324/2012-RRC de 12 de diciembre, dio mérito a dos motivos del recurso de casación interpuesto dentro del proceso penal seguido por el delito de Abuso Deshonesto, referidos a la falta de firma de uno de los miembros del Tribunal de apelación en el Auto de respuesta a una solicitud de explicación, complementación y enmienda, y, por otro lado una denuncia de falta de fundamentación en el fallo recurrido. A tal fin se sentó la siguiente doctrina legal aplicable:   


“Corresponde ratificar que este Tribunal Supremo de Justicia, sentó la línea jurisprudencial con respecto al deber de los Jueces y Tribunales de desarrollar los fundamentos de la resolución, a más de ceñirse a los puntos cuestionados, vale decir, que cada punto resuelto debe llevar su respectivo argumento. Los Tribunales de Alzada sustentan la resolución de cada impugnación, indefectiblemente, con argumentos jurídicos específicos; la falta de fundamento de la resolución de uno de los puntos cuestionados, implica la inobservancia de la tutela judicial efectiva, defecto absoluto que es necesario subsanar. No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista recurrido, cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente escudarse en argumentos que tienen por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP.


Por otra parte, debe tenerse presente que la Resolución que se pronuncie como emergencia de la petición de explicación, enmienda y complementación del Auto de Vista impugnado, que se realiza al amparo del art. 125 del CPP, en respeto del derecho al debido proceso, debe ser firmada por los miembros que componen el Tribunal conforme se desprende del art. 53 de la LOJ, toda vez que esa resolución constituye parte integrante del Auto de Vista; la firma de un solo de sus miembros como si fuese un Tribunal unipersonal, implica desconocimiento de las normas citadas y vulnera el debido proceso”.


En lo que toca al Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo, se tiene que fue pronunciado ante la denuncia de incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado al no haberse pronunciado sobre el reclamo de presencia de los defectos contenidos en el art. 370 incs. 1), 4), 6) y 8) del CPP, limitándose solo a expresar fundamentos y consideraciones meramente subjetivas de interpretación doctrinaria, aspecto a partir del que fue dejado sin efecto sentándose la siguiente doctrina legal aplicable:


“Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso);ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).


(…)


En ese sentido, la conducta omisiva denotada, no toma en cuenta que las resoluciones en general y las judiciales en particular, deben estar debidamente motivadas, por ser este el principio básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo, un derecho de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas; de tal manera, los Jueces o Tribunales cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, están obligados a expresar la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga en sujeción a la ley; en ese contexto, no existe fundamentación en el Auto de Vista impugnado, cuando se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo que constituye un vicio de incongruencia omisiva (citrapetita o ex silentio), en claro desconocimiento de los alcances del art. 124 y 398 del compilado procesal, siendo que esta omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado, constituye defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y la tutela judicial efectiva que amerita sea subsanada.”


El Auto Supremo Nº 645/2016-RRC de 24 de agosto, resolvió una denuncia de falta de fundamentación en torno a denuncias planteadas en apelación restringida referidas a los defectos previstos en los numerales 5) y 6) del art. 370 del CPP, dando mérito a la misma y sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“…el Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio, siendo estos criterios importantes que deben ser considerados por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir un nuevo Auto de Vista.”


Finalmente el Auto Supremo Nº 466/2014-RRC de 17 de septiembre, ante una denuncia de falta de fundamentación y revalorización de la prueba extraordinaria en el Auto de Vista impugnado, reiteró el deber de los Tribunales de apelación en emitir una resolución debidamente fundamentada, contenido en los Autos Supremos 418 de 10 de octubre de 2006, 479 de 8 de diciembre de 2005, 49/2012 de 16 de marzo y 12 de 30 de enero de 2012, expresando como doctrina legal:


“…todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; en cuyo caso, en los supuestos de constatación de defectos absolutos es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porqué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados y la forma cómo se percibe la lesión. De ello se comprende, que la nulidad por defecto absoluto opera únicamente, cuando se vulneren derechos y garantías constitucionales, de lo contrario, no corresponde la anulación de la sentencia ni el reenvío, porque lo contrario implicaría poner nuevamente en funcionamiento todo el sistema judicial, para llegar al mismo resultado, en detrimento de los sujetos procesales a quienes se les privaría de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.”


De igual forma, en torno a la denuncia de revalorización de la prueba, y reclamando la decisión del Tribunal de alzada de anular la Sentencia y disponer juicio de reenvío, el citado Fallo Supremo, se pronunció en sentido:

“…el Tribunal de alzada al resolver en apelación una denuncia relativa a la concurrencia de defecto de Sentencia porque se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, debe considerar si la prueba cuestionada o endilgada de espuria, es esencial o decisiva para el fallo y si prescindiendo de los elementos probatorios que proporciona, se establezca la verdad material del conjunto de los demás elementos de prueba de cargo como de descargo proporcionados por la actividad probatoria de la partes, en cuyo caso, se hace innecesaria la nulidad de la Sentencia. 


(…)

El Tribunal de apelación, debió considerar si la prueba extraordinaria admitida por el Juez de la Sentencia tenía o no la característica de esencial o decisiva en el fallo emitido por él pronunciado, para recién determinar la anulación de la Sentencia; en virtud a que la nulidad de los actos procesales se encuentra directamente subordinada a la afectación o violación de derechos fundamentales, y no únicamente por la mera inobservancia de las formalidades que rigen o acompañan a determinado acto procesal, debiendo tenerse en cuenta que la relevancia e incidencia en la afectación de derechos fundamentales y garantías constitucionales por inobservancia de las formas procesales que rigen al acto, debe estar debidamente justificada y fundamentada por la autoridad judicial a efectos de establecer la nulidad del acto; por ende, la ineficacia de las actuaciones producidas como emergencia de esa inobservancia; pues esa relevancia e incidencia en la afectación de derechos es lo que permite fundamentar la ineficacia de los actos procesales que se realizaron con violación de los requisitos, formas y procedimientos legalmente establecidos; en cuyo mérito, el  Tribunal de Alzada debió analizar y determinar si al prescindir de los elementos probatorios que proporcionaba la prueba cuestionada, era posible establecer la verdad material del conjunto de los demás elementos de prueba de cargo como de descargo proporcionados por la actividad probatoria de la partes”.


Ya en materia, Wilson Abrahan Vargas Cabrera, pretende en casación la censura del Auto de Vista 28/2017, por transgresión al art. 124 del CPP, en razón de no haber éste dado las razones sobre:


“porque no se aplica el principio iura novit curia, y el de verdad material. Así mismo no…explica cuál sería a su criterio la duda existente respecto a la aplicación de una u otra norma (arts. 335 y 346 Bis del Código Penal)” [sic]; y,


“cuál es el razonamiento…que conlleva referir porque consideran adecuadamente fundamentada y justificada la pena impuesta, no fundamentan el porqué de su conclusión, no ha realizado o no plasma…el trabajo intelectivo realizado para concluir que la condición de mujer de la imputada y otros justifican la pena” [sic].


Sobre la aplicación del principio iuria novit curia


El acusador particular, pide a esta Sala dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido para determinar que la Sala pronunciante emita una nueva resolución “conforme  la doctrina legal aplicable señalada o en su caso resuelva directamente el fondo en base a los argumentos expuestos en el recurso de apelación restringida” [sic] lo que equivale a que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija “deliberando en el fondo dicte auto de vista (condenando a la imputada) por el ilícito de estafa agravada por víctima múltiples, imponiéndosele la pena máxima prevista por ley” [sic].


Ahora bien, como se tiene reseñado atrás en esta Resolución, el Tribunal de sentencia una vez ventilado el juicio oral, condenó a la imputada a la pena de tres años de privación de libertad por la comisión del delito de Estafa contenido en el art. 335 del CP. Esta decisión a tono con lo expresado por el recurrente adquiere dos esferas, por una parte la subsunción al tipo penal y por otro el quantum de la pena.


En cuanto al primer elemento, el Tribunal de Sentencia expresa el siguiente razonamiento: “se analiza ambas acusaciones, Fiscal y Particular, ambas señalan estafa y como única víctima señalan a Wilson Vargas, pero en el juicio oral se advierte que son varias las víctimas en el presente hechos, a Wilson Vargas no se le afectó económicamente, pues fue sólo un intermediario, los afectados fueron los testigos que depusieron en juicio y otros que no se presentaron como es el suegro de Wilson Vargas Javier Téllez y Bárbara Elías, pero los acusadores lo hacen como estafa simple y no agravada, en ese sentido el Tribunal debe pronunciarse sobre el ilícito endilgado y no empeorar la situación aunque es advertible la concurrencia de varias víctimas diferentes a Wilson Vargas que no ha perdido nada. Las acusaciones deberían ser completas ubicando a las víctimas que entregaron los dineros a través de un intermediario como era Wilson Vargas y no solo citarlos como testigos, falencias que el tribunal de oficio no puede subsanar” (sic).


Sobre la misma temática el Tribunal de apelación, haciendo eco de aquella conclusión y refrendándola, la cataloga como un “razonamiento apegado a derecho y asumido en función a los arts. 279 CPP y art. 116.II CPE”, añadiendo más adelante, sobre el propio criterio de los de Sentencia, “criterio que se halla plenamente justificado. Porque el órgano jurisdiccional está constituido como el tercero imparcial, en modo alguno puede inclinarse en pro de una de las partes y en detrimento de la otra, más aun si en cumplimiento estricto de la previsión constitucional de la parte final del citado art. 116.II CPE, está compelido a sopesar que durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable regirá la más favorable al imputado o procesado...” (sic).


Como se halla transcrito, lo expresado por el recurso en análisis que acusa falta de fundamentación en el Auto de Vista 28/2017, tildándola en este punto como: “…una argumentación general, citando y remitiéndose a los fundamentos del Tribunal que justamente se aducen como erróneos” (sic), no es evidente, ya que no resulta, al menos plausible atender tal aseveración al carecer de concordancia con los antecedentes del expediente. No es como dice el recurrente que el Tribunal de apelación limita su argumentación a reseñar o al menos parafrasear los contenidos de la Sentencia, al contrario, los motivos por los que los de apelación tomaron la decisión de dar por bien hecho las conclusiones de la Sentencia no solo son verificables sino organizan un argumento de hecho y derecho que responden a los agravios de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.


Tal es así que partiendo de la situación de hecho sin rebasar los contenidos de las acusaciones (nótese que de ellas se desprende el objeto del proceso, pieza fundamental del principio de congruencia) el Tribunal de apelación comprende que esa decisión se ajusta al postulado del art. 116.II de la CPE, norma que en un sentido amplio, engloba al principio de favorabilidad de la ley penal, como de igual forma expone cuestiones relativas a la imposibilidad de variación de los hechos expresados en las acusaciones; aspectos que, juntos hacen que lo planteado por el recurrente carezca de certeza y mérito.


La Sala considera aclarar que la pretensión primal del recurrente, que es la aplicación del principio iura novit curia con el fin de pronunciarse una sentencia por el art. 346 bis del CP, ronda en esencia una imposibilidad jurídica en las condiciones en las que el caso en concreto se presentó; por cuanto, no debe olvidarse que la utilización de dicho principio no es en lo absoluto arbitrario ni confiere a la autoridad jurisdiccional potestades inquisidoras de decisión. Claro está que la aplicación de la norma no se apoya en aspectos de libre decisión, sino en la determinación de los hechos que la actividad probatoria arroje, y éste resultado a su turno no emerge de otro lugar que no sea el objeto del proceso, esto es, la hipótesis contenida en la pretensión acusatoria (ya sea fiscal o particular) no pudiendo en ningún caso, pasarse por alto los hechos que orientan la realización del juicio oral. Sobre este particular la orientación jurisprudencial contenida en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto, es altamente esclarecedora, al señalar:


“La facultad de modificar la calificación jurídica, otorgada al juzgador, significa la aplicación del principio iura novit curia, que no puede apartarse del principio de congruencia fáctica en resguardo del derecho a la defensa; lo que significa que, en el supuesto caso en que se pretenda cambiar la base fáctica -no la jurídica- como consecuencia del desarrollo del proceso, se justifica la suspensión temporal de la audiencia, con la finalidad de que el imputado pueda ejercer defensa sobre los nuevos hechos atribuidos; lo contrario, lesionaría su derecho a la defensa, lo que no sucede cuando se modifica la calificación realizada en la acusación, pues esa está sujeta a la comprobación de los hechos, lo que implica que es provisional; toda vez, que es el juzgador quien realiza el juicio de tipicidad y la consecuente subsunción.

  

En Bolivia, el principio de congruencia (externa), se encuentra establecido en el art. 362 del CPP, que al referirse a la sentencia, señala de forma imperativa que ningún imputado puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o en su ampliación; concordante con la normativa precitada, el inc. 11) del art. 370 del cuerpo legal precitado, establece que constituye defecto de Sentencia, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación; las disposiciones precitadas; a su vez, guardan coherencia con las siguientes normas legales: El art. 242 del CPP, que en su primer párrafo señala: "El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación” y el art. 348 del referido Código, que respecto a la ampliación de la acusación sostiene: "Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena”, para luego señalar: “Admitida por el juez o tribunal la ampliación de la acusación, se recibirá nueva declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, conforme a lo dispuesto en el Artículo 335 de este Código".


De la normativa precitada se evidencia que el sistema procesal penal vigente, de manera implícita, en cuanto a la redacción de la Sentencia, acoge el principio de congruencia fáctica; lo que significa, la posibilidad de aplicar el principio iura novit curia; toda vez, que únicamente establece la prohibición de incluir hechos nuevos que no hayan sido objeto de la acusación, lo que no compromete, bajo ningún aspecto, la imparcialidad de juzgador ni soslaya el derecho a la defensa.

 

Las conclusiones de las instancias que precedieron a casación, si bien no contienen el rigor técnico sobre el particular, con argumentos distintos, sí mantuvieron una posición coherente correcta con la norma y la jurisprudencia; pues, si se tiene presente que el objeto del juicio se delimitó a partir de la tesis fáctica contenida en las acusaciones, ello es, que Wilson Abrahan Vargas Cabrera a partir de artificios y engaños fue inducido a realizar disposiciones patrimoniales a favor  de Vania Karina Vega Urzagaste, en la confianza de poseer parentesco con una miembro del Concejo Municipal de Camiri, además de haber exhibido documentos que hacían suponer que la misma mantenía sólidas relaciones comerciales con entidades públicas. En ambas acusaciones son símiles la identidad de acusada, víctima, calificación jurídica e incluso base fáctica, extremos que condujeron al Tribunal de sentencia a delimitar el objeto del juicio sobre esa base, lo que quiere decir que el debate en juicio oral, también siguió esa lógica.


Debe tenerse presente que si bien la configuración de la agravante contenida en el art. 346 bis del CP, hace alusión a una conducta encuadrada en una Estafa simple (art. 335 del CP), procesalmente ello conlleva varias y profundas diferencias, por cuanto se comprenderá que el ejercicio de la acción penal, también conllevará una diferenciación para dar espacio al eventual ejercicio procesal que aquellas posibles víctimas puedan ejercer, a lo que se suma que incluso la calificación provisional efectuada por el Ministerio Público tienda a variar. En ese marco no debe perderse de vista que si la calificación sufre una variación, ella obedecerá por lógica consecuencia a la modificación de la base fáctica que a sostenga, por cuanto la descripción y aun a determinación de los hechos será indudablemente más amplia, lo que hace inevitable que sobre el hecho tal cual fue descrito en las acusaciones y determinado como objeto del proceso por el Tribunal de sentencia no puedan coexistir simultáneamente las calificaciones de estafa y estafa calificada, sin que los hechos tiendan a variar, más cuando el bien jurídico tutelado por ambas figuras penales es de índole patrimonial, es decir, bienes que en el fuero privado de los particulares la norma resguarda.  


Los antecedentes del proceso delatan que los de instancia no rebasaron ese impedimento legal, que se halla en el contenido del art. 362 del CPP, por cuanto el objeto del juicio es inmutable en respeto del principio de congruencia, siendo la única salvedad la facultad delegada a la pretensión acusatoria dispuesta por el art. 348 del CPP, siendo ésta la única vía en la que previo cumplimiento de la forma procesal señalada- pueda en juicio oral ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevas que no hayan sido mencionadas en ella. Situación que como se desprende de los datos del proceso no sucedió, no pudiendo a través de insinuarse la aplicación del principio iuria novit curia modificar no solo calificación jurídica de los hechos, sino la determinación de los hechos mismos y peor aún, el objeto base del proceso vertido en las acusaciones. Razones que hacen que este motivo en particular sea infundado.


Falta de fundamentación del quantum de la pena.


En lo que resta el recurrente, señala la transgresión del art. 124 del CPP en lo que es la fundamentación de la pena, para expresa que si bien el Tribunal de sentencia “jamás reconoce el hecho como estafa agravada, reconocer la existencia de víctimas múltiples, lo cual es lo mismo, ya que de acuerdo a la previsión del art. 346 bis del CP, el tipo penal de estafa se agrava ante la existencia de múltiples víctimas, por lo que la resolución del tribunal es incongruente e ilógica” (sic). Aspecto sobre el que, la Sala hace eco de las consideraciones depuestas en torno a la posibilidad de variación de la calificación jurídica expresada en los anteriores párrafos.

Asimismo, refuta que si bien el Tribunal de apelación asevera que el razonamiento por el que la imposición de la pena en Sentencia, empero, “no fundamentan cuál es el razonamiento del tribunal que conlleva a referir porque consideran adecuadamente fundamentada y justificada la pena impuesta, no fundamentan el porqué de su conclusión…no plasma…el trabajo intelectivo realizado para concluir que la condición de mujer de la imputada y otros justifican la pena, menos resuelven en cuanto a las cuestiones antes realizadas en el recurso de apelación restringida de que el tribunal de sentencia no consideró parámetros establecidos por los arts. 37 y 38 del Código Penal” (sic).


Sobre esta temática la respuesta del Tribunal de alzada es vista a fs. 333, en los siguientes términos: “Por lo demás no obstante la disidencia de uno de los jueces en cuanto al quantum de la pena que proponía cuatro años de reclusión, se optó por la impuesta de tres años de privación de libertad y doscientos días multa a razón de Bs. 2.- por día, la que por razonamientos expuestos en cuanto a la personalidad de la encausada, su condición de mujer y otros, de igual manera se la considera adecuadamente fundamentada y justificada” (sic).    


No puede soslayarse que la motivación de una decisión judicial debe ser integral tanto a las razones por las que se considera la culpabilidad o no de un imputado, como a las que sostienen la imposición de una pena. El fallo judicial que imponga o modifique una pena, debe permitir conocer de manera concreta cuáles fueron las razones por las que la autoridad jurisdiccional escogió la sanción que aplica, no pudiendo de modo alguno legarse a esa certeza a través de la intuición o la suposición, sino expresarse de modo claro a la simple lectura del fallo, de manera de que no sólo se advierta la enunciación del respaldo legal utilizado, sino cuál fue el uso que de él se ha dado al caso concreto. Además, la Sala halla convencimiento en lo referido a la determinación de la pena, que el deber de fundamentación no sólo viene impuesto por el art. 115 Constitucional y las normas del Código de Procedimiento Penal, sino que la propia existencia de los arts. 37 y siguientes del Código Penal, implica un deber de fundamentación explícito que permita un control crítico racional del proceso de decisión.


Los factores que el legislador ha previsto para la determinación e imposición de las penas, no solo suponen lineamientos de orientación, sino delatan su adecuación necesariamente deben ser valorados, fundamentados y expresados en la decisión que la asuma; aspecto sobre el cual la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, sentó doctrina legal aplicable a través del Auto Supremo Nº 038/2013-RRC de 18 de febrero pronunciado por la Sala Penal Segunda, el cual otorga un panorama esclarecedor sobre este específico. Tal es así que la mencionada resolución expresa:


“La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos.


La jurisprudencia citada, dota de nueve parámetros o pautas dirigidas a la autoridad jurisdiccional para la labor de fijación de la pena:  1) Establecer el mínimo y el máximo legal del tipo penal; 2) Verificar la existencia de modificaciones al tipo penal, como la concurrencia de atenuantes o agravantes en el tipo. Si se tratara de un concurso real o ideal debe determinarse la escala legal aplicable, con el concurso; 3) Establecer el grado de desarrollo del delito, si se ha consumado o se trata de una tentativa; 4) Determinar las implicaciones en la fijación de la pena según la calidad de autor, instigador, cómplice necesario, cómplice no necesario; 5) Verificar la existencia de atenuantes especiales previstas por el art. 39 del CP, considerando como parámetro de determinación el inciso 3) del referido artículo; 6) Verificar la existencia de atenuantes generales observando lo dispuesto por el art. 40 del CP; 7) Determinar la personalidad del autor y las circunstancias del hecho considerando las establecidas por el art. 38 del CP, pudiéndose al efecto analizar: la personalidad del autor -art. 38.1 inc. a)- las condiciones especiales del hecho -art. 38.1 inc. b)-, la gravedad del hecho -art. 38.2 -, las consecuencias del hecho y la situación de la víctima -art. 37 inc. 1); 8) Contraponer las circunstancias agravantes generales y atenuantes, las circunstancias que 
aconsejen una mayor o menor penalidad; y, 9) Valorar todas las circunstancias en su conjunto y determinar la pena. Todo ese análisis debe esencialmente realizarse sobre la consideración de los fines constitucionales de la pena y en el caso concreto.


En relación a las formas y momentos de una eventual corrección de errores u omisiones en torno a la determinación de la pena la jurisprudencia de este Tribunal orienta que:


“el Juez o Tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena:


a)         La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico "de la personalidad", sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que, el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias.

La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación; y por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto; y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración.


Sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el “arrepentimiento” no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer. La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto.


b)        La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN, LOS DE LOS MEDIOS EMPLEADOS, LA EXTENSIÓN DEL DAÑO CAUSADO Y DEL PELIGRO CORRIDO. (énfasis propio).


c)        Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto.

La Sala añade que de acuerdo con esta concepción, la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le impute al acusado por haber solamente cometido el delito; es decir, que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad, la que se impondrá según el ámbito de autodeterminación que el autor haya tenido para ejercer sus actos en el contexto de las situaciones particulares que el hecho presentase y en relación a sus personales capacidades. Lo expresado encuentra comunión con lo expresado por los arts. 117.I y 118.II de la CPE y la orientación punitiva adoptada por el Código Penal que en su art. 13 regula que la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena, descartándose toda forma de reproche a la personalidad del autor; vale decir, que no se castiga por lo que se es, sino por lo que se comete.


Ya en autos, el Tribunal de Sentencia impuso a Vania Karina Vega Urzagaste  la pena de tres años de presidio tras declararla autora del delito de Estafa. Este delito se halla en el art. 335 del CP, que reprime al que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días.


Habida cuenta que la sanción por el delito de Estafa no establece una pena fija, sino más bien, oscilante entre 1 a 5 años de reclusión, resulta claro que la labor de determinación e imposición de la pena no puede nacer del supuesto o de la subjetividad, sino basarse en aspectos que sigan la orientación de los arts. 36 y siguientes del CP; y, por supuesto estar especificada y vista de manera fundamentada en la resolución que la imponga.


En el caso en análisis, el Tribunal de sentencia, a más de enunciar, en el intitulado “En cuanto a la Pena”, datos sobre la condición de subsistencia de la acusada (“dice que está durmiendo en el piso porque no tienen ni colchones” [sic]); la inexistencia de antecedentes penales (“se pondera la prueba PD1 que demuestra no tener antecedentes” [sic]); pronunciarse de manera abiertamente subjetiva sobre el estado de ánimo a momento del cierre de debates como causal de justificación de la pena (“todos los testigos expresan…nadie sabe que hizo con el dinero…aunque en su ataque de llanto en la última palabra dijo que fue para pagar la usura” [sic]), especular sobre las consecuencias del hecho (“si fue usura tenía otras vías, pero porqué afectar a otras personas que” [sic]) y manifestarse sobre la imposibilidad de variación del objeto del proceso delimitado a partir del caudal fáctico de las acusaciones. El Tribunal de sentencia, no otorga fundamento válido y enmarcado en norma, sobre las razones por las que se impone la pena de tres años a la acusada. A juicio de la Sala, la imposición de la pena es incoherente en sí misma; por cuanto, opta la imposición de una pena intermedia de tres años y de coetáneamente condena con el máximo legal de días multa, doscientos, cuando en todo caso ambas medidas, la privación de la libertad y la multa, si bien son interdependientes al buscar fines distintos, son en esencia penas que emergen de la labor de fijación efectuada en el marco de los art. 37, 38, 39 y 40 del CP, en la orientación de la doctrina legal aplicable transcrita precedentemente.  


Un dato de atención, se centra a fs. 165, pues la Sentencia dentro sus argumentos sobre la imposición de la pena, señala que “…en el momento que se está en juicio por los cohetes que se escuchan…mientras se desarrolla el juicio personas ajenas a la víctima y testigos se encuentra ingresando y saliendo, circulando por los pasillos y los cohetes, pancartas y gritos son evidentes el día que concluía el juicio” (sic). Este relato se cierne sobre la ambigüedad, pues no denota cual fue la intención de la autoridad pronunciante, si se tratase de una circunstancia sobre la condición de la acusada o bien se tratase de una descripción de la extensión del daño. Si bien, es percibida aunque insipiente- alegación sobre la edad y los móviles que impulsaron la conducta, no se percibe que un análisis y fundamentación integral que no polarice a las condiciones especiales en la acusada, sino que también tenga presente la gravedad del hecho y la extensión del daño causado, como lo prevé el inc. 2) del art. 38 del CP.


En todo caso, las observaciones antes descritas debieron ser merecedoras del análisis por parte del Tribunal de alzada, quien teniendo en cuenta la norma que conduce la fijación de la pena, los argumentos de la Sentencia y el agravio del recurso de apelación restringida referido a la aplicación de la pena; sin embargo, los de apelación en este aspecto limitan su labor a revalidar lo decidido por aquella sin al menos brindar argumentos de hecho y derecho sobre esa determinación. Aspecto que, hace evidente el motivo de casación referido a la violación del art. 124 del CPP, en este particular y trasluce el incumplimiento lo dispuesto en Auto Supremo 116/2017-RRC de 20 de febrero, que precisó correspondía a ese Tribunal “…pronunciarse sobre el fondo y de manera fundamentada a todos los reclamos efectuados por el recurrente ante la interposición de su recurso de apelación restringida” (énfasis propio).


Por todo lo señalado hasta aquí, corresponde fallar a la Sala acorde con los fundamentos hasta aquí descritos.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación opuesto por Vania Karina Vega Urzagaste; y, FUNDADO en parte el recurso de casación interpuesto por Wilson Abrahan Vargas Cabrera, por lo que en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 28/2017 de 20 de junio, de fs. 328 333 vta. pronunciado por la Sala Penal Segunda  del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, disponiendo que el Tribunal de alzada, previo sorteo y sin espera de turno, de manera directa pronuncie nueva resolución sin modificar la condición de condenado de la imputada, todo de conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos