TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 287/2018-RRC

Sucre, 07 de mayo de 2018


Expediente                : Santa Cruz 112/2017        

Parte Acusadora                : Carlos Esteban Rivera Parada y otros

Parte Imputada                : Cesar Cueto Chajtur

Delitos                : Estelionato y otros

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2017, cursante de fs. 2000 a 2001, Carlos Martín Rivera Parada, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 24 de 11 de abril de 2017, de fs. 1971 a 1976 y la Resolución de 12 de febrero de 2016, de fs. 1889 y vta., pronunciados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente en representación de Carlos Esteban Ribera Gonzales y Diego Martín Ribera Gonzales contra Cesar Cueto Chajtur, por la presunta comisión de los delitos de Estelionato, Despojo, Hurto, Apropiación Indebida, Abuso de Confianza, Agravación en Caso de Víctimas Múltiples, Agravación y Atenuación, Concurso Real, previstos y sancionados por los arts.  337, 351, 326 inc. 5), 345, 346, 346 bis, 349 inc. 1) y 44 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 25/2015 de 10 de junio (fs. 1761 a 1768), el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cesar Cueto Chajtur, autor de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiendo la pena de dos años y seis meses de reclusión, siendo absuelto de los delitos de Despojo, Hurto, Apropiación Indebida, Abuso de Confianza, Agravación en Caso de Víctimas Múltiples, Agravación y Atenuación, Concurso Real; por otra parte, se le advierte al imputado que una vez ejecutoriada la Sentencia, podrá acogerse  al beneficio de Suspensión Condicional de la Pena.


  1. Contra la referida Sentencia Carlos Martín Rivera Parada en representación legal de sus hijos Carlos Esteban, Diego Martín, Tatiana Alejandra Rivera Gonzales y Viviana Alejandra Rivera Flores (fs. 1849 a 1851) y Cesar Cueto Chajtur (fs. 1860 a 1865 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016 (fs. 1877 a 1885), que fue anulado por Auto de 12 de febrero de 2016 (fs. 1889 y vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 24 de 11 de abril de 2017, que declaró admisible y procedente la apelación del imputado; y por consiguiente, anuló parcialmente la Sentencia, sólo respecto a la condena y dispuso la reposición del juicio ante otro Juez de Sentencia, siendo admisible e improcedente la apelación de la parte acusadora particular, con costas, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 715/2017-RA de  15 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La parte recurrente señala que el Auto de Vista impugnado, violenta las disposiciones jurídicas y arguye que no se habría interpretado y valorado correctamente la norma, prevaleciendo la irracionalidad y dejando en la impunidad un hecho delictivo que a su criterio hubiera sido demostrado por todos los medios legales, precisa que el Tribunal de alzada inicialmente resolvió los recursos de apelación restringida por Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016, en el cual declaró admisible y procedente la apelación restringida de la parte acusadora, revocado parcialmente la Sentencia y deliberado en el fondo habría declarado al acusado autor de los delitos de Estelionato y Despojo, aumentando parcialmente la pena, a su vez habría declarado admisible e improcedente la apelación restringida interpuesta por el acusado; sin embargo, indica que el referido Auto se Vista fue anulado ilegalmente por Auto de 12 de febrero de 2016, acto procesal que a decir del recurrente no tiene precedente doctrinal, habría sido emitida sin facultad jurisdiccionales y vulnerando el art. 411 del CPP, constituyendo una ilegalidad por sobrepasar sus facultades jurisdiccionales y de forma contradictoria el Auto de Vista ahora recurrido declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta por su persona; y, admisible y procedente la apelación planteada por el imputado, anulando parcialmente la Sentencia apelada, solo respecto a la condena y disponiendo la reposición del juicio.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita que se anule el recurrido Auto de Vista y así también, el Auto de 12 de febrero del 2016, que dispone la anulación del Auto de Vista de 5 de enero de 2016.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 715/2017-RA de 15 de septiembre, cursante de fs. 2010 a 2012, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Carlos Martín Rivera Parada, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 25/2015 de 10 de junio, el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cesar Cueto Chajtur, autor de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiendo la pena de dos años y seis meses de reclusión, siendo absuelto de los delitos de Despojo, Hurto, Apropiación Indebida, Abuso de Confianza, Agravación en Caso de Víctimas Múltiples, Agravación y Atenuación, Concurso Real; concluyendo que el bien inmueble situado en zona Equipetrol Norte, calle Los Jazmines N° 1555, se encuentra registrado en las oficinas públicas de Derechos Reales, bajo la matrícula computarizada 7011990026342 a favor de Carlos Esteban, Diego Martin, Viviana Alejandra y Tania Alejandra Ribera Gonzales; sin embargo, Cesar Cueto Chajtur en su calidad de custodio del referido bien, hubiese firmado un contrato privado de alquiler con Marina Laura Sevilla Algaranaz, en el referido contrato, en la cláusula primera el imputado declara ser propietario del bien inmueble.


II.2.        De la apelación restringida del recurrente.


Contra la señalada Sentencia Carlos Martín Rivera Parada en representación legal de sus hijos Carlos Esteban, Diego Martín, Tatiana Alejandra Rivera Gonzales y Viviana Alejandra Rivera Flores, interpuso recurso de apelación restringida arguyendo en síntesis que: i) La existencia del defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 1) del CPP, consistente en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, debido a que no se hubiere observado a cabalidad los arts. 337 y 38 del CP, referentes al tipo penal de Estelionato y a la circunstancias respecto a la aplicación de las penas; y, ii) La Sentencia contendría el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, referente a que no exista fundamentación de Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria; toda vez, que no existe en toda la Sentencia fundamentación alguna que permita apreciar bajo que parámetros jurídicos baso su fallo y que la mayor parte de dicha resolución, está dedicada a realizar una descripción de los hechos desarrollados en el proceso, y una gran parte a detallar los tipos penales que fueron desestimados.


II.3.  De la apelación restringida del imputado.


Cesar Cueto Chajtur contra la señalada Sentencia, interpuso recurso de apelación restringida fundamentando en suma la existencia del defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 10) del CPP, consistente en la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, debido a que no se hubiere aplicado el art. 357 del CP. Solicitando de manera expresa la fundamentación oral de su recurso por lo que solicita se señale audiencia.


II.4. Del Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016 (que resuelve las apelaciones restringidas).


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016, por el que declaró admisible y procedente el recurso del recurrente; y por consiguiente, revocó parcialmente la Sentencia declaró a Cesar Cueto Chajtur, autor de los delitos de Estelionato y Despojo, previstos y sancionados por los arts. 337 y 351 del CP, imponiéndole la pena de tres años y seis meses de privación de libertad, con costas. Asimismo, declaró admisible e improcedente el recurso del imputado, señalando entre sus conclusiones:


El apelante Carlos Martin Ribera Parada como primer motivo de su apelación restringida reclamó, que el Juez de origen habría incurrido en el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, siendo cierto y evidente; ya que, el Juez inferior no fundamentó, ni motivó su Sentencia en apego a las exigencias de los arts. 124 y 360 incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del CPP, lo cual ha llevado a realizar precisamente una adecuación u omisión forzada de la conducta del acusado, pues simplemente el Juez hizo una pequeña relación de los hechos, citando a los testigos de cargo, se dedicó a realizar una descripción doctrinal sobre los delitos en juzgamiento, en lugar de hacer la motivación jurídica de los hechos, simplemente ingresa directamente a la parte resolutiva de la Sentencia; es así que, dicha resolución judicial impugnada no cumple con lo normado por el art. 124 del CPP; puesto que, el fallo judicial no contiene los motivos de hecho y de derecho en que basaría sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de mérito no contiene una relación completa del hecho histórico; es decir no se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica, no se explicó adecuadamente cuál fue la duda generada en el Tribunal que determinó que la conducta del acusado no se habría adecuado a los tipos penales acusados de Despojo, Hurto, Apropiación Indebida y Abuso de Confianza con agravación y no cita, ni menciona cuales habrían sido las pruebas que son consideradas como insuficientes para disponer su absolución al amparo del art. 363 del CPP y en esta parte absolutoria no cita de manera precisa en cuáles de los supuestos del referido artículo ampara su Sentencia, teniendo en cuenta que dicha norma jurídica establece cuatro supuestos en los cuales el Juez puede fundar su absolución.


En el presente caso el Juez inferior parte de una premisa en la cual le otorga plena validez a los elementos de prueba judicializados por el querellante; sin embargo, en la parte resolutiva el Juez opta por absolver al acusado Cesar Cueto Chajtur, sin que exista una debida fundamentación ni motivación de la Sentencia; ya que, ésta no cumple con las exigencias del art. 124 del CPP; en ese entendido, los hechos probados é improbados no son el resultado de un análisis y valoración correcta de las pruebas y argumentos de las partes referente al hecho acusado; toda vez, que el querellante a tiempo de presentar su acusación particular, también adjuntó las pruebas materiales, literales y luego fueron insertadas y judicializadas al juicio oral por su lectura.


Las pruebas de cargo presentadas por el querellante tienen suficiente eficacia probatoria y han sido debidamente judicializadas de manera armónica y vinculada con la prueba testifical, las cuales cumplen con lo previsto en los arts. 194, 200, 350 y 351 del CPP, la defensa no ha presentado otras pruebas que merezcan mayor relevancia jurídica y no ha logrado destruir la acusación particular durante el transcurso del juicio oral; en este caso respecto al delito de Despojo, se tiene que inicialmente se ha elaborado un contrato de alquiler entre el querellante y el acusado, en cuya cláusula quinta se estableció que el inquilino no podía subrogar, subalquilar o usar el inmueble para otros fines diferentes que no sean solo para vivienda; sin embargo, el imputado extralimitándose dicho contrato de alquiler, lo subalquila el mismo inmueble para un partido político, (a Laura Marina Sevilla) sin que éste sea el propietario, era solo inquilino e inclusive dicha señora se presenta en calidad de testigo de descargo y afirma y admite que evidentemente fue el acusado quien le alquiló el inmueble firmando un contrato el 14 de enero de 2009 y cuando se descubre este hecho delictivo por parte del querellante o víctima, se conmina al imputado para que desocupe el inmueble, éste se niega a salir del inmueble y en ese momento se consuma el delito de Despojo, previsto y sancionado en el art. 351 del CP; ya que, esa es una de las formas de comisión del delito, entre otras.


Respecto a los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP y sus agravantes, no es relevante hacer ningún tipo de fundamentación de fondo; toda vez, que esos delitos solo se aplican a bienes muebles y no a bienes  inmuebles.


Que, con referencia a la apelación restringida interpuesta por el acusado Cesar Cueto Chajtur, se apoya e invoca el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 10) del CPP; sin embargo, de la simple lectura de dicho recurso se evidencia que ese defecto se refiere a la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, por lo que la Sentencia mixta no incurre en ese defecto; ya que, se trata de un Juez unipersonal y éste con respecto al delito de Estelionato ha fundamentado y motivado su Sentencia conforme al art. 124 del CPP, dando razones jurídicas del porqué está condenando al querellado; por otra parte, el recurrente dice que la Sentencia se leyó después de ocho días, en violación del art. 357 del CPP; sin embargo, existe una salvedad prevista en el art. 361 del CPP, que dice que por la complejidad del proceso o lo avanzado de la hora podrá diferirse la redacción de los fundamentos de la Sentencia y se leerá solo la parte resolutiva, señalando día y hora de audiencia para su lectura integral, la que se realizará en el plazo máximo de tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva; por lo que si se hubiere sobrepasado ese plazo, eso no afecta al fondo del asunto ya que se trata de defectos relativos que pueden ser convalidados.


Asimismo se tiene, que el recurrente argumenta que la Sentencia se habría leído sin su presencia, al respecto si bien el acusado no se encontraba presente en la audiencia de lectura de Sentencia; sin embargo, de acuerdo a la Ley 586, obliga a los Jueces y Tribunales a otorgarle celeridad a los procesos penales para que no se incurra en retardación de justicia y es justamente esa la finalidad de dicha Ley.


Finalmente, que si bien es cierto que el querellante en la audiencia oral de 25 de mayo de 2015, manifiesta que desiste de los delitos de Hurto, Despojo y Apropiación Indebida; sin embargo, esta petición no ha sido admitida de manera expresa por el Juez de la causa y quedó solo en una simple mención que no tiene ninguna relevancia jurídica.


II.6.        De la solicitud de Explicación, Complementación y Emnienda del recurrente.


En aplicación del art. 125 del CPP, los imputados Cesar Cueto Chajtur y Oscar Mario Peña Mancilla solicitan la Complementación y Enmienda del Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016, respecto:






II.7. Del Auto emitido en atención a la solicitud de explicación, complementación y enmienda (Anula y deja sin efecto el Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016).


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de 12 de febrero de 2016, por vía de la corrección procesal y con el fundamento, de que el imputado Cesar Cueto Chajtur recurrió mediante apelación restringida a la Sentencia, habiendo sido resuelto el referido recurso por Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016, sin llegar a verificar, que de manera expresa el imputado solicitó audiencia de fundamentación, cuya omisión constituye violación al derecho a la defensa, el debido proceso y a la igualdad de las partes; lo que constituye defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3 del CPP, por lo que de oficio, anula y deja sin efecto el Auto de Vista de 5 de enero de 2016 y en aplicación del art. 411 del CPP, se señala audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida.


II.8. Del Auto de Vista impugnado 24 de 11 de abril de 2017 que resuelve las apelaciones restringidas.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista impugnado, por el que se declaró admisible y  procedente el recurso del acusado; y por consiguiente, anula parcialmente la Sentencia sólo respecto a la condena y deliberando en el fondo dispone la reposición del juicio ante otro Juez de Sentencia para el nuevo juicio oral. Asimismo, declaró admisible e improcedente el recurso del recurrente, señalando entre sus conclusiones:


El querellante Carlos Martín Ribera Parada, como primer motivo traído al recurso, con relación a la denuncia de que el Juez de mérito habría incurrido en los defectos previstos en el art. 370 incs. 1) y 5) del CPP, tal afirmación no es evidente, debido a que la Sentencia se encuentra fundamentada y motivada, en apego a las exigencias de los arts. 124 y 360 incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del CPP, haciendo una descripción doctrinal de los delitos en juzgamiento, por lo que la Sentencia impugnada cumple con lo normado por el art. 124 del CP; puesto que, el fallo judicial contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, contiene una relación completa del hecho histórico; es decir, se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica, el Juez explicó adecuadamente cuál fue la duda generada, determinó que la conducta del acusado no se habría adecuado a los tipos penales acusados de Despojo, Hurto, Apropiación Indebida y Abuso de Confianza con agravación, además de ello, cita y menciona cuales habrían sido las pruebas que son consideradas como insuficientes para disponer su absolución, al amparo del art. 363 del CPP.


Respecto al otro agravio previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, no existe ninguna inobservancia ni errónea aplicación de la ley sustantiva; ya que, si bien el proceso se basa principalmente en el delito de Estelionato, tal como lo admite el propio querellante; sin embargo, también se evidencia que ha presentado desistimiento por los otros delitos antes de concluir con la Sentencia, al momento de los alegatos, por lo que se ha impuesto la pena en base a las circunstancias previstas por los arts. 37, 38 y 4 del CP, no existiendo inobservancia ni errónea aplicación de la ley sustantiva.


Con referencia a la apelación restringida interpuesta por el acusado Cesar Cueto Chajtur, que invoca el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 incs. 1), 2), 6) y 11) del CPP, el 25 de mayo de 2015, se llevó a cabo la audiencia de prosecución de Juicio Oral, en la cual el Abogado del querellante desiste de cuatro delitos; sin embargo, dicho desistimiento no ha sido considerado por el Juez de origen, por lo cual tuvo que pronunciarse sobre esos delitos y absolver al acusado, luego el Juez declaró un cuarto intermedio para dictar la parte resolutiva de la Sentencia para el 2 de junio de 2015; es decir, suspende la audiencia por el lapso de ocho días, en contravención al art. 357 del CPP, que precisa que concluido el debate y en la misma audiencia el Juez dictará Sentencia; empero, llegado el día señalado el Juez suspende nuevamente la audiencia para lectura de la parte resolutiva de la Sentencia para el 5 de junio de 2015, la misma que se dio lectura en ausencia del acusado y su abogado defensor, señalando audiencia para lectura íntegra de la Sentencia para el 10 de junio de 2015.


En relación a la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, el Juez inferior no cumplió con lo que prevé el art. 357 del CPP, el Juez suspendió la audiencia de 25 de mayo de 2015, porque al concluir los debates correspondía declarar cerrados en base a los arts. 357 y 358 del CPP; y posteriormente, deliberar para dictar la Sentencia; por lo que se ha violentado los principios de oralidad, contradicción, inmediación e igualdad de partes, lo que establecen los arts. 115 y 116 de la CPE, motivos suficientes para disponer el reenvío del expediente.


III.        VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE  VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD


En el caso presente, este Tribunal admitió el recurso de casación, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, la parte recurrente denuncia vulneración del principio de legalidad, elemento componente del derecho al debido proceso, señalando que sin base legal hubiera anulado el primer Auto de Vista, que resolvió los recursos de apelación restringida y emitido un nuevo Auto de Vista con argumentos totalmente contradictorios a los expuestos en la primera Resolución de alzada. En consecuencia, en revisión de los antecedentes, corresponde dilucidar si el extremo denunciado es evidente.


III.1. Sobre la nulidad de los actos procesales.


La nulidad procesal consiste en la privación de efectos a los actos procesales que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que por ello, carecen de aptitud para cumplir el fin para el que se hallan destinados.


En cuanto a la nulidad de los actos procesales, en la Sentencia Constitucional 1644/2004-R de 11 de octubre, se señaló lo siguiente la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso. Por regla general la nulidad procesal retrotrae el proceso al momento anterior al que se genera el vicio de procedimiento, es decir, la inobservancia de los requisitos, formas o procedimientos previstos por la Ley procesal, a esa regla se impone la excepción para los casos en los que al sustanciarse un incidente o trámite ajeno al asunto principal se produzca el vicio, o cuando una actuación procesal posterior no dependa del acto viciado, casos en los que el Juez puede disponer la anulación de algún acto procesal específico; empero, para ello el auto que declare la nulidad de obrados debe señalar con precisión la o las actuaciones que deben renovarse, de no especificarse se aplica la regla general de retrotraer el proceso al momento anterior al que se originó el vicio”. Es decir, la autoridad jurisdiccional debe observar y está obligada a cumplir las reglas que el legislador ha establecido para la tramitación de los procesos, asegurando el derecho al debido proceso y el principio de la seguridad jurídica (Sentencia Constitucional 0687/2005-R de 20 de junio).


A lo señalado, la Sentencia Constitucional 0731/2010-R de 26 de julio, agregó que: “…los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos No hay nulidad, sin ley específica que la establezca (Eduardo Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, `Nulidades Procesales´).


En concordancia con éste último principio se tiene a la impugnación tardía de las nulidades, que siguiendo al mismo autor Couture, op. cit. p. 396, se da en cuatro supuestos: 1) Cuando la parte que tiene en su mano el medio de impugnación de una sentencia y no lo hace valer en el tiempo y en la forma adecuada, presta su conformidad a los vicios del procedimiento, y en ese caso su conformidad trae aparejada la aceptación; 2) Si tiene conocimiento de la nulidad durante el juicio y no la impugna mediante recurso, la nulidad queda convalidada; 3) Si vencido el plazo del recurso y pudiéndola atacar mediante un incidente, deja concluirse el juicio sin promoverlo, también consiente, y; 4) Pudiendo promover un juicio ordinario, hace expresa declaración de que renuncia a él, también debe reputarse que con su conformidad convalida los vicios y errores que pudieran existir en el proceso”.


Supuestos relacionados con el principio de preclusión, entendido como la clausura definitiva de cada una de las etapas procesales, impidiéndose el regreso a fases y momentos procesales ya extinguidos o consumados. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional más adelante agregó lo siguiente:


“De lo que se colige, que toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad sólo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causó indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia”.


Siempre con relación al mismo tema relativo a la nulidad de los actos procesales, la Sentencia Constitucional 0242/2011-R de 16 de marzo, añadió lo que sigue: “...quien pretenda la nulidad debe tener un interés legítimo y ser el directo perjudicado con el supuesto acto viciado de nulidad, es decir, que para poder argüir la nulidad por vicios procesales el impetrante debe ser el agraviado por dicho acto.


En síntesis, el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad.


Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer de resolución”.


De la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, es posible concluir que para evitar impugnaciones en casación sobre hechos pasados y precluidos, las partes en las etapas preparatorias del juicio oral o de los recursos y en ejecución de sentencia, deben ejercer las acciones que en cada acto procesal, se encuentran previstas, así como los recursos a su alcance, pues la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado.


Así, en la etapa preparatoria las partes controlan directamente las actividades de la investigación y cuando consideran que se hubiere vulnerado un precepto legal o norma constitucional, tienen previsto la interposición de excepciones y/o incidentes, así como los recursos ante el fiscal y juez de instrucción. En el juicio oral, las partes tienen también a su alcance la posibilidad de interposición de excepciones, incidentes o recursos; e incluso, ante la negativa a su pretensión, pueden hacer reserva de recurrir contra las determinaciones asumidas durante el juicio oral, los cuales una vez formulados, abren la competencia de las autoridades jurisdiccionales de alzada para que en etapa de recursos conozcan y resuelvan lo reclamado oportunamente y no reparado, ya sea en apelación restringida que sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, o en el recurso incidental, en los que se puede acompañar pruebas en los casos previstos por la norma, para que el Tribunal de alzada pueda valorarlas y dictar la resolución respectiva, mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación; y, aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas.


A lo desarrollado, es necesario agregar que con relación al principio de preclusión, debe entenderse como la división del proceso en una serie de momentos o periodos fundamentales, en los que las partes sometidas a juicio deben hacer valer cuanto derecho les asista, de modo que el ejercicio de las partes y el juez deben desarrollarse en momentos o periodos correspondientes para cada caso, fuera de los cuales no pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor; es por ello, que en virtud al principio de preclusión, el proceso se organiza por etapas que se van sucediendo una tras otra, en la que cerrándose una etapa, se apertura la siguiente. En este ámbito corresponderá al juzgador verificar si la transgresión denunciada guarda relación con los principios constitucionales que garantizan el debido proceso y particularmente el derecho a la defensa, consagrado por la Constitución Política de Estado.


Por último, corresponde señalar que la Constitución Política del Estado reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en un
fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados por la Constitución. 


Entre los elementos constitutivos del debido proceso, se encuentra el derecho a recurrir de los fallos, íntimamente vinculado a la tutela judicial efectiva que supone el acceso a los órganos de justicia con la posibilidad de reclamar la apertura de un proceso para obtener una resolución motivada que exponga de forma clara, concreta y precisa los argumentos que llevaron al Juez o Tribunal a resolver el caso, respondiendo a todos los aspectos demandados o cuestionados sobre una petición, la misma que debe ser coherente con el ordenamiento jurídico; en dicho supuesto, el derecho al debido proceso se tendrá cumplido y con ello el derecho de recurrir; y, por supuesto la tutela judicial efectiva, derechos garantizados por los arts. 115 y 119 de la CPE, art. 394 del CPP y art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

       

III.4. Análisis concreto del caso.


A través del recurso de casación sujeto a análisis, el recurrente Carlos Martín Rivera Parada, denuncia que el Auto de Vista impugnado, violenta las disposiciones jurídicas y arguye que no se habría interpretado y valorado correctamente la norma, prevaleciendo la irracionalidad y dejando en la impunidad un hecho delictivo que a su criterio hubiera sido demostrado por todos los medios legales; precisa que el Tribunal de alzada inicialmente resolvió los recursos de apelación restringida por Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016, en el cual declaró admisible y procedente la apelación restringida de la parte acusadora, revocado parcialmente la Sentencia y deliberado en el fondo habría declarado al acusado autor y culpable de los delitos de Estelionato y Despojo, aumentando parcialmente la pena; a su vez habría declarado admisible e improcedente la apelación restringida interpuesta por el acusado, sin embargo indica que el referido Auto se Vista fue anulado ilegalmente por Auto de 12 de febrero de 2016, acto procesal que a decir del recurrente no tiene precedente doctrinal, habría sido emitida sin facultad jurisdiccionales y vulnerando el art. 411 del Código CPP, constituyendo una ilegalidad por sobrepasar sus facultades jurisdiccionales y de forma contradictoria el Auto de Vista ahora recurrido declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta por su persona; y, admisible y procedente la apelación planteada por el imputado, anulando parcialmente la Sentencia apelada, solo respecto a la condena, y disponiendo la reposición del juicio.


De la revisión de los antecedentes procesales, no se evidencian las notificaciones con el Auto de 12 de febrero de 2016, empero, cursa el memorial presentado por el recurrente Carlos Martín Rivera Parada y Diego Martin Rivera Gonzales de fecha 21 de julio de 2016 a fs. 1944 a 1945 vta. mediante el cual, impetran ante la Sala Penal Primera  del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se rechace la recusación planteada por Cesar Cueto Chajtur, escrito en el que consignan lo siguiente: “…Sin embargo, nos vemos ingratamente sorprendidos con un acto bochornoso e ilegal por parte del mismo Tribunal de Apelación, que borra con el codo lo que escribió con la mano, cuando arbitrariamente y de oficio anula el propio Auto de Vista dictado por ellos mismos, en respuesta a una solicitud de complementación y enmienda que hace el querellado y condenado, aduciendo que por exceso de trabajo no se fijó fecha para la fundamentación oral de la apelación solicitada por el querellado y condenado en su memorial de apelación, NO OBSTANTE QUE NO SE OFRECIÓ NINGUNA PRUEBA NUEVA O DE RECIENTE OBTENCIÓN QUE HAGAN IMPRESCINDIBLE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN ORAL, lo cual sería un vicio no subsanable, y NO OBSTANTE QUE EL ART. 411 DEL CPP. REZA A LA LETRA: "RECIBIDAS LAS ACTUACIONES, SI SE HA OFRECIDO PRUEBA O SE HA SOLICITADO EXPRESAMENTE LA AUDIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN, EL TRIBUNAL CONVOCARÁ A UNA AUDIENCIA PÚBLICA DEN TRQ DE LOS DIEZ DIAS DE RECIBIDAS LAS ACTUACIONES. CONCLUIDA LA AUDIENCIA O SI NO SE CONVOCÓ A LA MISMA, LA RESOLUCIÓN SE DICTARÁ EN EL PLAZO MÁXIMO DE VEINTE DÍAS." Como verán señores Vocales, el Tribunal de la Sala Penal Tercera de esta Respetable Corte ha excedido sus atribuciones y ha dictado un fallo contrario a las Leyes del Estado, toda vez que la nulidad de un acto procesal solo procede cuando expresamente así lo señala la Ley o cuando se ha incurrido un vicio INSUBSANABLE, pero este doloso acto será denunciado ante el Consejo de la Magistratura y en todas las instancias que la Ley nos permita…”. Por lo que se establece, que el 21 de julio de 2016 el recurrente conocía del Auto de 12 de febrero de 2016, como también conocía de los errores de la referida resolución, por lo que concluyen que denunciarían de aquel hecho. Sin embargo de la revisión de los antecedentes procesales, se evidencia que el recurrente, no interpuso impugnación alguna a dicho Auto, sobre el aspecto que ahora reclama en etapa casacional.


Asimismo, cursa el memorial presentado por el recurrente Carlos Martín Rivera Parada de 26 de agosto de 2016 a fs. 1948 y vta. a través del cual, se apersona y solicita ante la Sala Penal Primera  del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que se ratifique el Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016, escrito en el que consigna: “…corresponde a este Tribunal, ratificar y confirmar el Auto de Vista de fecha 05 de enero de 2016, pronunciado con puño y letra por vuestras magistraturas…”. Suceso que corrobora que el recurrente tenía conocimiento del Auto de 12 de febrero de 2016.


Así, corresponde señalar que conforme a la jurisprudencia constitucional y a la doctrina legal expuesta en el Fundamento III.1 de la presente Resolución, se tiene que la nulidad de los actuados procesales, corresponderá en aquellos casos en los que se constate que éstos se hubieran realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la ley procesal estableció para su validez, ello bajo la pretensión de asegurar el ejercicio pleno del debido proceso y de regular la actuación procesal ante la inobservancia de los requisitos, formas o procedimientos. En ese orden, conforme se desarrolló en la Sentencia Constitucional 0731/2010-R, para que opere la nulidad procesal deben cumplirse algunos presupuestos necesarios ligados a principios procesales, como los de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y de convalidación.


Por ser de interés al tema analizado, resulta necesario revisar el principio de convalidación; puesto que, de su naturaleza jurídica se puede extraer que toda nulidad se convalida por el consentimiento; en ese sentido esta Sala Penal en el Auto Supremo 121/2017-RRC de 21 de febrero ha establecido: “Toda nulidad se convalida por el consentimiento; es decir, que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso, los presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso; la primera, en el caso que la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado; y la segunda, cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, excepciones, recursos, etc.) dentro de los plazos legales”.


En el caso presente, se evidencia que el recurrente no planteó la nulidad del Auto de 12 de febrero de 2016, pretendiendo traer a colación recién ahora en casación, después de 9 meses y 22 días, bajo el argumento de que sin base legal hubiera anulado el primer Auto de Vista, cuando dicho extremo denunciado en el presente recurso, nunca fue reclamado oportunamente, sin permitir el saneamiento oportuno del proceso; y por ende, no se cumplió con el presupuesto necesario para abrir la competencia de este órgano para analizar en el fondo dicho aspecto, pese a que el recurrente tuvo conocimiento oportuno sobre los aspectos contenidos en referido Auto.


Pues, tal como se desprende de la jurisprudencia glosada en el acápite anterior quien demande por vicios procesales, debe imprescindiblemente demostrar que el acto procesal denunciado le cause gravamen y perjuicio personal y directo; pero, además demostrar que dicho vicio le colocó en un
verdadero estado de indefensión, lo que no se llegó a demostrar en la especie; pues al contrario, el recurrente tenía a su alcance los medios y recursos legales para reclamar el extremo que ahora denuncia, mediante el incidente de defecto absoluto.


Finalmente, se evidencia que el recurrente en su recurso de casación no refirió agravio alguno en contra del Auto de Vista impugnado (24 de 11 de abril de 2017), limitándose a indicar que existe contradicción entre el Auto de Vista 19 de 5 de enero de 2016 (que fue anulado por Auto de 12 de febrero de 2016) y el Auto de Vista 24 de 11 de abril de 2017. Se aclara, que mediante Auto Supremo 715/2017-RA de  15 de septiembre, se circunscribió el marco de análisis del presente recurso, estableciendo como objeto de examen: “…la parte recurrente denuncia vulneración del principio de legalidad, elemento componente del derecho al debido proceso, señalando que sin base legal hubiera anulado el primer Auto de Vista, que resolvió los recursos de apelación restringida y emitido el Auto de Vista que es objeto de la presente resolución con argumentos totalmente contradictorios a los expuestos en la primera Resolución de alzada; en consecuencia con la finalidad de verificar si existió o no la vulneración del principio de legalidad, se admite el presente recurso de forma extraordinaria vía flexibilización”.  Pretendiendo el recurrente, anular el Auto de 12 de febrero de 2016.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carlos Martín Rivera Parada.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos