TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 285/2018-RRC

Sucre, 07 de mayo de 2018


Expediente        : Potosí 34/2017        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Verónica Soledad Rodríguez Pimentel

Delitos         Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente
    de Tránsito

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de julio del 2017, cursante de fs. 160 a 164 vta., Verónica Soledad Rodríguez Pimentel, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 19/2017 de 16 de mayo, de fs. 142 a 149 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Gladys Estela Gutiérrez Rodríguez contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 par. I del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 3/2015 de 10 de abril (fs. 71 a 77 vta.), el Juzgado Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Verónica Soledad Rodríguez Pimentel, culpable de la comisión del delito de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 primer periodo del CP, imponiendo la pena de 2 años y 6 meses de reclusión. Con costas a favor de la acusación particular, a averiguarse en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Verónica Soledad Rodríguez Pimentel (fs. 108 a 114 vta.), interpone recurso de apelación restringida,  resuelto por Auto de Vista 19/2017 de 16 de mayo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el referido recurso y confirmó  Sentencia 3/2015 de 10 de abril, recurrida.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 712/2017-RA de 18 de septiembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

  1. La recurrente denuncia vulneración del debido proceso, por presunta incongruencia en la relación fáctica y jurídica, señalando que existe una acusación por un supuesto hecho de tránsito, ocasionado por la propia víctima quien habría colocado su pie donde un vehículo en movimiento, por lo que en apelación restringida había invocado el art. 403 del reglamento del Código de Tránsito, que refiere la ley de la calzada, por lo que sin realizar un debido análisis se hubiera criminalizado una conducta que no vulneró ningún bien jurídico, pues la víctima quien es mayor de edad no tuvo el deber de cuidado y previsión, por lo que la no aplicación del concepto base de justicia e inexistencia de análisis de la inexistencia de elementos del tipo penal acusado, no permitiría un fallo justo, razón por la cual impugna el Auto de Vista; pues tomando en cuenta el art. 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), que hace referencia al principio de transparencia, debido proceso y legalidad, que involucraría al Ministerio Público, quien habría investigado un hecho de lesiones provocado por la víctima, no existe el hecho generador como elemento del tipo penal acusado, vulnerando sus derechos por falta de subsunción e incorrecta aplicación de la pena, pues no procedería el art. 13 del CP, lo cual resultaría ser defecto absoluto conforme el art. 169 incs. 3) y 4) de la norma Adjetiva Penal, por vulneración al acceso a la justicia, lo cual sería casable, señala también que no solo se debe seguir al delincuente, sino debe realizarse una ponderación de los hechos, a través de un proceso justo, equitativo, eficaz y transparente, lo cual no ocurriría en el caso de autos donde se había vulnerado los arts. 124, 173, 169 incs. 3) y 4) del CPP, señala que al no haber resuelto el recurso de apelación restringida conforme el art. 413 del CPP, se generaría un acto de ilegalidad, abriéndose la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, para advertir la denuncia de vulneración de derechos constitucionales, conforme lo previsto por el art. 17 de la LOJ.


  1. Denuncia que el Auto de Vista pretende consolidar la errónea aplicación de la ley sustantiva, al no advertir el error in iudicando en que había incurrido la Sentencia, pues no existiría prueba para acreditar la existencia de responsabilidad penal y que el Auto de Vista impugnado referiría que el solo hecho de conducir el vehículo, se adecuaría al tipo penal previsto por el art. 261 del CP, guardando silencio sobre la ley de la calzada previsto por el art. 403 del reglamento de Código de Tránsito, por lo que a decir de la recurrente, existe una incorrecta resolución infra petita, al no absolver ese extremo, vulnerando el debido proceso, alega que el Auto de Vista no posee el fundamento exigido por el art. 124 del CPP, pues en apelación no se habría pretendido la revaloración de prueba, pues se había denuncia la existencia del defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, defecto que a decir del impugnante, debió ser advertido por los Tribunales de Sentencia y de alzada, de manera obligatoria, señalando donde se encuentran los elementos del tipo penal acusado, como la falta de previsión, el quebrantamiento de las normas de conducción, velocidad, conducción por la calzada, luces, licencia de conducir, distancia entre el vehículo y el peatón; aspectos, que a decir de la recurrente, significaría que no se había demostrado la existencia de los elementos del tipo penal, hecho que no había sido advertido por el Tribunal de apelación, quien a decir de la impugnante “no advierte nada de ello, sin argumento legal, lo que dentro del marco de legalidad, no corresponde porque citar un principio sin desglosar el mismo contraviene a la ley en el art. 124 de la 1970, por ello existe incongruencia de la resolución en base a la sana crítica, la valoración integral de acuerdo al art. 173 del procesal penal, con estas observaciones NO REVALORIZACION de acuerdo al auto supremo 317/2003, el cual es claro y contundente que el ad quem no puede revalorizar la prueba, (…)” (sic), esta contradicción entre la Resolución impugnada y el precedente invocado, sería causal de nulidad, pues no solo sería un defecto sustantivo, sino también in procedente, que ameritaría la nulidad conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, pues al no indicar el Tribunal de alzada, de qué manera el A quo llego a obviar las normas especiales referentes a los arts. 20 y 13 del CP, confirmando la sentencia sin pronunciarse sobre la anulación de la Sentencia, no habría advertido la sana crítica.


  1. Refiere la recurrente, que en apelación restringida, había denunciado la existencia del defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, denuncia que referiría al error in iudicando e in procedendo, pidiendo la anulación de la Sentencia por ser un defecto insubsanable, al no existir un análisis integral de la prueba, conforme lo previsto por el art. 173 de la norma Adjetiva Penal, concordante con el art. 124 del CPP, defecto que al no haber sido resuelto afecta al debido proceso y derecho de impugnación, tutelado por el art. 180.II de la CPE y 407 y 408 del CPP, que de acuerdo a la Sentencia Constitucional “1855/2003-R” del recurso de apelación restringida, se especificaría la pretensión, que no sería la de revalorar la prueba, sino la indicación de que no existen los elementos del tipo penal acusado; el Auto de Vista impugnado sería parcial al pretender justificar simplemente la Sentencia, sin tomar en cuenta los argumentos jurídicos de su apelación, lo expuesto por la recurrente, a decir de la misma acreditaría un hecho jurídico con efectos legales contrarios a la presunción de inocencia y debido proceso, en sus componentes del juez natural, impugnación, amplia defensa, lo cual señala, debe ser considerado por éste Tribunal, agregando que al haberse vulnerado el derecho al debido proceso en su componente derecho a la impugnación y representación art. 115.II de la CPE, corresponde anular el Auto de Vista.


Bajo el acápite de “AUTO DE VISTA CONTRARIO A LOS PRECEDENSTES JURISPRUDENCIALES”, invoca los Autos Supremos 152/2013 de 31 de mayo, 537/2006 de 17 de noviembre.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita que se declare admisible el recurso de casación y determinar la anulación del Auto de Vista 19/2017, debiendo devolverse actuados a la Sala Penal Segunda a efectos de que emita nuevo Auto de Vista, considerando la doctrina legal aplicable resolviendo el recurso de apelación restringida. 


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 712/2017-RA de 18 de septiembre, cursante de fs. 172 a 175, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Verónica Soledad Rodríguez Pimentel, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 3/2015 de 10 de abril, el Juzgado Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Verónica Soledad Rodríguez Pimentel, culpable de la comisión del delito de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 primer periodo del CP, imponiendo la pena de 2 años y 6 meses de reclusión. Con costas a favor de la acusación particular, a averiguarse en ejecución de Sentencia, en base a los siguientes argumentos en síntesis:

  1. Que, luego de una valoración de todas las pruebas producidas en juicio oral, el Juez de Sentencia, refiere que la prueba documental ingresada a juicio es consistente al apoyar las declaraciones testificales, porque son documentos obtenidos lícitamente de las autoridades que los han elaborado, como los certificados médico forense y otro galeno, y por toda la prueba admitida, producida e introducida a juicio oral público, contradictorio y continuo, que conducen a que indefectiblemente se ha perfeccionado el delito de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, sancionado por el art. 261 del CP.


  1. Que, los hechos se adecúan al tipo penal de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, que el art. 261 del CP señala. El tipo penal, en el examen de esta noción hace patente que para establecerla, se ha atendido a dos elementos de índole distinto que concurren a configurarla: de una parte, a un efecto (daño o detrimento corporal a un ser vivo), y de la otra, a sus posibles causas (herida, golpe o enfermedad). En el ámbito jurídico penal, el delito de Lesiones se ha definido como apunta Soler, de acuerdo con la evolución histórica del instituto, ya que la manera más antigua, poniendo el acento sobre la acusación de lesionar con violación de las normas jurídicas tutelares de la integridad física de las personas, o como lo postula el pensamiento más moderno, destacando el efecto producido en el cuerpo o en la salida del hombre, por la conducta antijurídica del mismo o de terceros. Como señala Fernando Villamor Lucía en su Derecho Penal-Tomo II-Parte Especial, el tipo penal de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, manifiesta que el Código Penal confunde los términos de dolo y culpa y englobándolos bajo el término genérico de culpable a quien ocasionare un accidente de tránsito y como consecuencia de aquel se produjera lesiones graves y gravísimas en un apersona. Se entiende que la comisión debe y tiene que ser culposa, de lo contrario sería otra la figura delictiva.


  1. Por daño en la salud o en el cuerpo, a los efectos penales, se entiende la alteración del normal desenvolvimiento de las funciones del organismo humano, así por ejemplo, será considerado daño en la salud el contagio de una enfermedad, provocar vómitos, fatiga, o en su defecto alguna disfunción en la articulación de sus miembros.


  1. El delito es culposo, por cuanto requiere por parte del infractor, una grave inobservancia de la Ley, el Código y el Reglamento de Tránsito, que establecen los deberes de cuidado, el conocimiento del daño corporal y orgánico, como la no voluntad de causar lesión en la víctima. En consecuencia, han concurrido en esta conducta todos los elementos objetivos y subjetivos del delito culposo cometido por la querellada y su conducta es típica al estar sancionada en el Código Penal, sin que exista ninguna causa de justificación a su conducta, por lo que es culpable por sus actos antijurídicos y debe ser merecedora de una pena.


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


       Notificada con la Sentencia, Verónica Soledad Rodríguez Pimentel contra la referida Sentencia, formula recurso de apelación restringida (fs. 108 a 114 vta.), de acuerdo a los siguientes fundamentos:

  1.   La recurrente alega Inobservancia o Errónea aplicación de la Ley, siendo que dentro de la Sentencia, en la parte considerativa que hace referencia a la calificación del hecho, se establece que el hecho que se investiga y se enjuició corresponde a un hecho netamente de infracciones de tránsito; empero, el Juez de la causa no tomó en cuenta el escenario del hecho, las circunstancias que rodean el hecho, la participación del imputado, la responsabilidad de la víctima y la reacción posterior del imputado sobre el hecho, que no fue debidamente comprendido por el Juez a quo, es más en juicio se habría demostrado que la señora Gladys Estela Gutiérrez Rodríguez, fue la persona que invadió la calzada reservada para el tránsito de motorizados (véase el art. 403 del Código de Tránsito). Claramente el art. 6 del CP, señala que en casos de colisión de leyes, prevalecerá la Ley especial sobre la Ley general, que en el presente caso no se ha tomado en cuenta y que para el juzgamiento a través de un Tribunal penal se tendría que haber establecido una responsabilidad penal por intermedio del informe circunstanciado realizado, además no ha llegado a existir una inspección, menos reconstrucción que demuestren la responsabilidad de la conductora, ni existe prueba testifical que demuestre que el hecho fue en la acera. De lo advertid se establece que no se ha tomado en cuenta la aplicación de la Ley especial, ello con referencia el Código de Tránsito y su reglamento; toda vez, que no se llega subsumir el hecho a la conducta imputada, correspondiendo anular la Sentencia.


  1.   Denunció valoración defectuosa de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP], considerando que la Sentencia en la valoración de los medios probatorios, no hace referencia a los medios de descargo introducidos a juicio por la defensa y ello se constituye en un defecto absoluto que invalida la Sentencia, pero mucho más es el hecho de que no se asigne un valor probatorio, siendo que la prueba fue ofrecida oportunamente, se la presentó físicamente, se produjo en el momento y se introduje legalmente. Debe entenderse que de la prueba de descargo se establece un hecho de tránsito donde el peatón caminaba por la calzada, no hubo exceso de velocidad, nunca el vehículo subió a la acera, el auxilio fue inmediato, que existe responsabilidad del peatón; posteriormente, el peatón sufre un nuevo accidente de tránsito, existe duda sobre la lesión causada, se acreditó el pago del seguro, se acreditó la reparación del daño, la conciliación con la víctima, la inexistencia de proceso contra la imputada y la existencia de actividad lícita. Los documentos de descargo no fueron tomados en cuenta y menos ingresaron como atenuantes a favor de la imputada, más bien existen incongruencias (cita extracto de Sentencia); asimismo, cita jurisprudencia sin señalar el número o código de resolución, concluyendo que es evidente el error in iudicando, correspondiendo anular la Sentencia.


  1.   Alega, que existió falta de congruencia entre la Sentencia y la Acusación, que luego de una exposición doctrinal sobre el tema, aduce que la contradicción, recae sobre la acusación particular por el delito previsto en el art. 271 del CP, en la audiencia conclusiva donde la parte civil y el Juez ratifican que en juicio se debe probar la existencia de responsabilidad del art. 271 del CP, existe contradicción con el Auto de Apertura de juicio que solo se refiere al art. 261 del CP y que la Sentencia únicamente s por el delito del art. 261 del CP; por lo que de esta descripción existe contradicción efectiva en la relación jurídica que se observó oportunamente en contra de la acusación particular, la cual fue ratificada en audiencia conclusiva y dejada para su resolución en juicio; por cuanto, existe un error in procedendo que acarrea la nulidad de la Sentencia de conformidad al art. 370 inc. 11) del CPP.


  1.   Denuncia defecto absoluto por aplicación incorrecta de la dosimetría penal, que aduciendo doctrina sobre el derecho de impugnación, refiere al citar un extracto de la Sentencia, que al momento de realizar la determinación de la pena, la situación jurídica resulta ser ilegal porque no puede alegarse en contra de la parte imputada, la edad, que la Sentencia refiere como agravante que la imputada es estudiante universitaria, soltera, que cuando se ha demostrado la reparación del daño, es un extremo atenuante, jamás agravante, contrario sensu a la concepción errónea del Juez, que no está previsto por el art. 40 del CP, lo que demuestra una incorrecta apreciación y utilización de la normativa penal y procesal penal establecida que conlleva un defecto absoluto por no haber observado la normativa establecida, de ahí que existe un defeco de acuerdo al art. 169 inc. 3) del CPP, que amerita la nulidad de la Sentencia.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


El Auto de Vista 19/2017 de 16 de mayo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, deliberando en el fondo, declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el referido recurso; en consecuencia, confirmaron la Sentencia 3/2015 de 16 de mayo, bajo la siguiente fundamentación:


  1. Sobre la inobservancia o errónea aplicación de la Ley, el Tribunal de alzada señaló que este defecto se produce cuando se aplica una norma sustantiva que no corresponde al marco fáctico acreditado en el juicio, o cuando, no obstante que se aplica, se le da un alcance diferente al que debe dársele. Que, del análisis de toda la Sentencia en la parte del considerando II. Fundamentación Probatoria, Descriptiva, Fundamentación Probatoria Intelectiva, Valoración de la Prueba de cargo y descargo, Fundamentación Probatoria Jurídica y Fundamentación de la Pena, se denota de la misma que el Juez a quo ha emitido la Sentencia de cuyos contenidos, se establece que la prueba de cargo y descargo fue valorada coherentemente, respondiendo a un iter lógico, en los juicios vertidos sobre la prueba, denotándose una labor del Juez a quo que ha llegado a la conclusión de que los hechos encajan perfectamente al tipo penal de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito previsto en el art. 261-1 del CP, el A quo ha tomado en cuenta las agravantes y atenuantes por haber subsumido su conducta la recurrente al delito. En este punto, la autoridad recurrida para imponer la sanción ha tomado en cuenta el contenido de dicho precepto legal al imponer sanción de reclusión, no se denota colisión de leyes, en este margen no es evidente el agravio.


  1. Con relación a la valoración defectuosa de la prueba, de análisis de toda la Sentencia y en la parte referida al considerando II, punto 1. Fundamentación Probatoria descriptiva y el punto 2. Fundamentación Probatoria, Intelectiva, Valoración de la Prueba, la Sentencia a más de detalle de la prueba de cargo y descargo, contiene la debida fundamentación respecto a la prueba en concreto sobre el caso, porque se ha efectuado una labor otorgando la valoración correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, por parte del Juez a quo, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentado adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencia producida como dispone el art. 173 del CPP, habiéndose tomado en cuenta la relación fáctica de la acusadora, consignándose las partes pertinentes y trascendentales, dando el valor correspondiente a cada elemento probatorio, así como ha tomado en cuenta la renuncia que hizo la recurrente a las declaraciones testificales, inspección y reconstrucción como se evidencia en el punto sexto parte final de la Fundamentación Probatoria Descriptiva en este margen, no se hace evidente este agravio.


  1. Respecto a la falta de congruencia entre la Sentencia y la acusación, configura una regla que condiciona la competencia de las autoridades judiciales, en sentido de que sólo pueden resolver sobre lo solicitado y probado por las partes. De este modo, el Juez en la Sentencia no puede reconocer lo que no se le ha pedido, ni más de lo pedido. De ahí la necesidad de fijar desde el inicio el objeto del litigio. En materia procesal penal, el principio de congruencia adquiere una mayor relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho a la defensa, constituyendo una garantía judicial esencial para el imputado, por lo que en ese entendido la acusación dentro de un debido procesal penal debe tener en cuenta el derecho a la defensa. Los datos fácticos recogidos en la acusación, constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del Juez de Sentencia. De ahí que el imputado tiene derecho a conocer, a través de una descripción detallada, clara y precisa, los hechos que se le imputan; y en el caso de análisis, de la acusación formal Fiscal que es por el delito de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto por el art. 261 inc. 1) del CP, en contra de la acusada recurrente en términos concretos, lo mismo se establece de la acusación particular que entre ambas acusaciones, éstas apuntan a establecer el hecho de tránsito investigado, objeto del juicio y consiguiente Sentencia, hechos fácticos de lo que se infiere que el proceso se ha tramitado debidamente. Del análisis de la Sentencia, la Sala Penal, refiere que del considerando II en el punto 1. Fundamentación Probatoria Descriptiva, punto 2. Fundamentación Probatoria Intelectiva y considerando III punto 1. Fundamentación Probatoria Jurídica, el Juez a quo hace una disgregación sobre la testifical de cargo y descargo, establece como hechos probados la lesión causada en la integridad corporal de la parte querellante, hechos que la propia acusada ha declarado, en relación al delito querellado aclarando que se trata de delito culposo y fruto de esta motivación emerge una Sentencia que falla declarando culpable a la recurrente de la comisión del delito, por lo que no es evidente el agravio, no se ha violentado el derecho al debido proceso y la defensa de la acusada.


  1. Sobre la denuncia de defecto absoluto por aplicación incorrecta de la dosimetría penal, el Auto de Vista ha señalado que en la Sentencia recurrida el a quo  en el considerando III, punto 2 sobre la Fundamentación de la Pena, de su contenido se advierte que el Juez ha interpretado a cabalidad el art. 40 del CP en su inc. 3), para no considerar las atenuantes, porque al no existir reparación del daño y no haberse demostrado voluntad  de reparar de forma eficiente, el Juez no aplicó la referida norma y tomando en cuenta que la sanción para el delito querellado es de 1 a 3 años de privación de libertad, al haberse sancionado con privación de libertad de 2 años y 6 meses, el Juez ha aplicado una correcta dosimetría de la pena, en este margen no es evidente el agravio.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES


De acuerdo a los argumentos de la recurrente, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 712/2017-RA, habiéndose admitido el tercer motivo para analizar en el fondo del recurso, se tiene que: Refiere la recurrente, que en apelación restringida, había denunciado la existencia del defecto, previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, denuncia que referiría al error in iudicando e in procedendo, pidiendo la anulación de la Sentencia por ser un defecto insubsanable, al no existir un análisis integral de la prueba, conforme lo previsto por el art. 173 de la norma Adjetiva Penal, concordante con el art. 124 del CPP, defecto que al no haber sido resuelto afecta al debido proceso y derecho de impugnación, tutelado por el art. 180.II de la CPE y 407 y 408 del CPP; que de acuerdo a la Sentencia Constitucional “1855/2003-R” del recurso de apelación restringida, se especificaría la pretensión, que no sería la de revalorar la prueba, sino la indicación de que no existen los elementos del tipo penal acusado, el Auto de Vista impugnado, sería parcial al pretender justificar simplemente la Sentencia, sin tomar en cuenta los argumentos jurídicos de su apelación; lo expuesto por la recurrente, a decir de la misma, acreditaría un hecho jurídico con efectos legales contrarios a la presunción de inocencia y debido proceso, en sus componentes del Juez natural, impugnación, amplia defensa, lo cual señala, debe ser considerado por éste Tribunal, agregando que al haberse vulnerado el derecho al debido proceso en su componente derecho a la impugnación y representación art. 115.II de la CPE, corresponde anular el Auto de Vista. Respecto a los precedentes invocados en este punto, los mismos no ingresaran a la labor de contraste en virtud al referido Auto Supremo de admisión.


III.1.  Del Debido Proceso como Derecho y Garantía Fundamental.


A los fines de resolver la problemática planteada, se debe tener presente que la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, respecto al debido proceso ha señalado a través del Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, lo siguiente: “El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la motivación y congruencia de las resolucionesk) la garantía del non bis in ídem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.


La fundamentación y motivación de resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma; caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.2.        Sobre la defectuosa valoración de la prueba, su formulación y control.


La denuncia por defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia descrito en el inc. 6) del art. 370 del CPP, como norma habilitante, debe encontrarse vinculada a la infracción del art. 173 del mismo cuerpo legal; es decir, a la vulneración de las reglas de la sana crítica, que son aquellas que conoce el hombre común (sentido común conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable), las reglas de la ciencia entre las cuales la más aplicada es la de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos), además de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable); es decir, las reglas de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado. Lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente, únicamente  planteado en esos términos el recurso, es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso.


Sobre la temática, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, estableció como doctrina fundadora que: "Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas,  de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.


El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo. (Las negrillas son nuestras).


III.4.  Análisis del caso concreto.


La recurrente refiere que en apelación denunció defecto de Sentencia, previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, por no existir un análisis integral de la prueba, el cual no ha sido resuelto por el Tribunal de apelación, vulnerando el debido proceso en sus componentes de Juez natural, amplia defensa y el derecho de impugnación, siendo un Auto de Vista genérico, no tomando en cuenta los argumentos jurídicos apelados, acorde al principio de legalidad, debiéndose anular el Auto de Vista.


Considerando que el recurso de casación ha sido admitido en base a los criterios de flexibilización, los cuales están relacionados con la vulneración de garantías y derechos fundamentales, es preciso poder analizar de manera integral las actuaciones que se han desarrollado durante la tramitación del juicio oral y con posterioridad, para evidenciar si efectivamente ha habido vulneración al derecho al debido proceso en sus componentes de Juez natural, amplia defensa y del derecho de impugnación, sea desde la emisión de la Sentencia hasta el Auto de Vista impugnado.


Señalar que el derecho a la defensa conforme al Auto Supremo 041/2012-RRC de 16 de marzo, ha sido definido como: “…..el: (...) derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en Constitución y proceso, Madrid, 1988, página 89), se constituye en un derecho básico del ciudadano de rango constitucional y de protección especial, pues la CPE establece en el art. 109.I que: Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; motivo por el cual en su art. 115.II señala que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y el art. 119.II prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8.1. referente a las garantías judiciales expresa que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, ó para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  De manera específica la misma norma internacional en el acápite 2 del citado art. 8, establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a varias garantías mínimas, de las cuales se destacan las siguientes vinculadas a la problemática planteada en el recurso de casación sometido al presente análisis; es así, que el imputado tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada; a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor y en su caso de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado; de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.


Esto significa, que dentro del proceso penal se visualizan tres funciones, como son la requirente cumplida por la parte acusadora, sea la Fiscalía o la parte querellante, la decisoria desarrollada por la autoridad que ejerce jurisdicción; y, la función defensiva que le corresponde a toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo; lo que implica, que dentro de cualquier ordenamiento jurídico penal, en el que se reconozcan derechos y garantías, de manera inevitable ha de reconocerse el derecho al imputado de ejercer el derecho a la defensa reconocido constitucionalmente y por tratados internacionales, habida cuenta que: El derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, un papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho a defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 151).


(…) tiene un carácter dual ya que puede ser ejercido por el defensor y por el propio imputado, en los términos previstos por los arts. 8 y 9 del CPP, que establecen la defensa material y la defensa técnica, siendo la primera la potestad procesal que la ley reconoce al imputado en forma personal de poder decir y hacer en su defensa aquello que fuere oportuno y razonable y la segunda el derecho del imputado de estar asistido por un abogado, constituyendo una obligación para la administración de justicia velar porque ese derecho se cumpla, asignándole en su caso de oficio un defensor”.


Conforme se ha citado y desglosado en el apartado III.1 de la suscrita resolución, el derecho a la defensa forma parte del derecho al debido proceso, que en su caso, es expresado como una garantía jurisdiccional y derecho constitucional a la vez, de observancia obligatoria por parte de las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas al momento de conocer y decidir cuestiones procesales donde se debatan intereses personales de los ciudadanos, cualquiera sea su causa u origen, donde es necesario reconocer otros derechos que están vinculados a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, como ser: el derecho al recurso, derecho de petición, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad procesal, el derecho al Juez natural, el principio a la seguridad jurídica, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el principio de legalidad, el derecho de información, el principio de publicidad de los actos procesales, el principio de contradicción, el principio de presunción de inocencia, el principio de inmediación, entre otros, que integran ese instituto constitucional; por cuanto, es desde esta perspectiva que debe resolverse si el ejercicio del derecho a la defensa de la parte recurrente ha sido afectado durante la tramitación del proceso penal, que al remitirse a la revisión del Acta de Audiencia Conclusiva (fs. 30 a 39), en aplicación del art. 325 con las modificaciones de la Ley Nº 007, no se observa o evidencia vulneración alguna al derecho a la defensa, siendo que ésta ha sido desarrollada en todas sus fases, que ha devenido en el saneamiento de la acusación para su posterior remisión ante el Juzgado de Sentencia competente, al interior del cual la parte recurrente ha tenido todos los medios procesales legales para ejercer adecuadamente su derecho a la defensa amplia e irrestrictamente en todas sus fases, gozando de una defensa técnica y patrocinio efectivo.


En cuanto a la sustanciación del juicio oral, conforme se establece del contenido de la Sentencia  3/2015 de 10 de abril emitida por el Juzgado Primero de Sentencia de la Capital de Potosí, la imputada durante la sustanciación del contradictorio ha gozado del ejercicio pleno del derecho a la defensa, garantizándose el principio de contradicción, el derecho de petición, del derecho al recurso, el principio de inmediación, el principio de legalidad, el principio de publicidad, el derecho al Juez natural, el principio a la seguridad, así como el derecho a un plazo razonable, considerando que dentro del juicio oral, a solicitud de la parte imputada, inclusive se ha tenido la permisión de suspender audiencia de juicio oral, así como también ha opuesto la parte recurrente incidente de extinción de la acción penal, a cuya resolución la recurrente tenía el derecho de recurrir, así también las cuestiones planteadas han sido sometidas al contradictorio por un Juez competente e imparcial, donde la recurrente ha producido la prueba documental ofrecida, renunciando a su prueba testifical, llegando así a emitirse la citada Sentencia condenatoria y ante tales circunstancias tampoco se ha evidenciado una afectación al derecho a la defensa que se alega.


Que, una vez de emitida la Sentencia, la parte recurrente ha hecho uso de los recursos que le franquea la ley procesal, que en ningún momento han sido restringidos o menoscabados de alguna manera en perjuicio del derecho a la defensa, habiéndose planteado el respectivo recurso de apelación restringida y el debido recurso de casación, accediendo así a todas las instancias y ejerciendo las facultades que la ley otorga de manera amplia e irrestricta, concluyéndose por ello, que durante la sustanciación del juicio oral y la fase recursiva posterior no se ha vulnerado de ninguna forma el derecho a la defensa de la parte recurrente, por ser que se ha constatado de manera objetiva su ejercicio pleno y garantizado, que como parte integrante del debido proceso, ha sido y es uno de los pilares fundamentales en los cuales descansa la protección constitucional del imputado al asumir su defensa activa en el proceso penal, asegurando su participación en el mismo, a efectos de precautelar la correcta administración de justicia.


Consiguientemente, la parte recurrente también ha denunciado la vulneración al Juez natural; empero, como se ha observado y compulsado precedentemente, no se constata que haya existido afectación al derecho al Juez natural; ya que, la parte recurrente ha sido juzgada desde la fase de instrucción, en juicio oral y hasta la fase recursiva por jueces y Tribunales imparciales, competentes y con plena jurisdicción para el tratamiento del conflicto penal, quienes han garantizado el ejercicio pleno del derecho a la defensa de la recurrente.


La recurrente, también ha denunciado la afectación al derecho a la impugnación, respecto a la apelación restringida planteada y resuelta por el Auto de Vista impugnado, que de la revisión del recurso de apelación efectivamente se observa que la recurrente ha invocado como defecto de Sentencia, aquel previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, con el argumento que la prueba documental de descargo no habría sido incluida en el análisis descriptivo y valorativo de la Sentencia, omitiendo el Juez de mérito en pronunciarse sobre dicha prueba, cuando ésta ha sido producida en juicio oral, no asignándosele un valor probatorio. Al respecto, la Sentencia, en su contenido, en el CONSIDERANDO II.1 Fundamentación Probatoria Descriptiva, punto SEXTO, describe la prueba documental de descargo, además de asignarle cierto valor probatorio sobre lo que demuestra en relación a la conducta de la imputada y la existencia del hecho de tránsito. Asimismo en el CONSIDERANDO II.2 Fundamentación Probatoria Intelectiva de la Sentencia, en su numeral 5, nuevamente se describe la prueba documental de descargo y se expone su valor probatorio y cuál su relevancia en proporción a los hechos sometidos a juicio, así como también su pertinencia y utilidad.


Que, para considerar defectos en la Sentencia, su estructuración y contenido debe efectivamente vulnerar lo previsto por el art. 124 del CPP, respecto a una debida motivación y fundamentación del fallo, que, dependiendo del acto omisivo o negligente del juzgador, dará lugar o no a la anulación de la Sentencia, por ello el Tribunal Supremo de Justicia, sobre el particular ha considerado establecer y delimitar las exigencias que debe contener una Sentencia de acuerdo a los requisitos previstos por la norma procesal penal, es así que el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, señaló: “Respecto a la Sentencia, el sistema procesal penal, impone requisitos esenciales de forma y contenido, que se encuentran descritos en el art. 360 del CPP, concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal; exigencias, de las que se establece la estructura básica de la Resolución de mérito, que debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada.


En lo atinente al objeto del recurso en examen, el inc. 2) del art. 360 del CPP, señala que la Sentencia debe contener la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio; es decir, debe contener la relación de los hechos que dieron origen al proceso, además de todas las circunstancias que se consideran probadas (fundamentación fáctica),  que inexcusablemente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios probatorios incorporados legalmente al juicio y que deben ser descritos de forma individual en la Sentencia (fundamentación probatoria descriptiva), cuya valoración requiere, conforme el art. 173 del CPP, que el Juez o Tribunal asigne el valor correspondiente, a cada uno de los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales otorga un determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, etc.), para posteriormente, vincular cada medio de prueba y con base en la apreciación conjunta y armónica del elenco probatorio producido, emitir el fallo correspondiente (fundamentación probatoria intelectiva).


En la parte dispositiva del fallo, conforme establece el art. 360 inc. 4) del CPP,  el juzgador debe justificar normativamente la decisión; es decir, debe citar, las normas aplicables y en caso de emitirse Sentencia condenatoria de acuerdo al art. 365 del CPP, el juzgador debe fijar con precisión la sanción correspondiente, con base en los arts. 37, 38, 39, 40, 40 bis del CP -los últimos, cuando corresponda- tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que concurran (fundamentación jurídica).


De lo anterior se tiene que la Sentencia debe estar estructurada de la siguiente forma: a) Fundamentación  fáctica; b) Fundamentación probatoria que debe ser descriptiva e intelectiva (la última implica valoración individual y conjunta de la prueba) y; c) Fundamentación jurídica. La ausencia de cualquiera de las formas de fundamentación en el fallo, importa falta de fundamentación de la Resolución en infracción con el art. 124 del CPP; sin embargo, no toda omisión o defecto en la fundamentación implica defecto absoluto, sino, únicamente aquellos vinculados con la inmediación de la prueba, pues, la indebida fundamentación jurídica o su ausencia, en cuanto a la imposición de la pena, al corresponder a un momento posterior a la valoración de la prueba, puede ser objeto de corrección o complementación en grado de apelación, conforme establece el art. 314 del CPP, sobre la base de las conclusiones a las que arribó el juez o Tribunal sentenciador, respecto a la existencia del hecho, la participación del encausado y su culpabilidad en el hecho juzgado.


En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme el vigente sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella. De la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, imposibilita verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.


Sobre la temática, el Auto Supremo 74 de 10 de marzo de 2010, señala: la sentencia debe contener una fundamentación probatoria descriptiva que permita al Juez o Tribunal analizar uno a uno los medios probatorios incorporados en juicio, para que en alzada, se pueda controlar la valoración de la prueba efectuada con las reglas de la sana crítica, de tal manera que en la sentencia se describa el contenido del medio probatorio, sin una inmediata valoración, existiendo una cita de los documentos incorporados al juicio (la prueba es parte de los antecedentes, la testifical se encuentra limitada por la ausencia de inmediación que es propia del juez que conoce la causa, por ello el tribunal de mérito debe informa mediante el fallo la apreciación del testigo, para que de esta manera, el tribunal de alzada aprecie si se valoró o no correctamente esa prueba). Por ello, aquella fundamentación del juez recibe el nombre de descriptiva, porque es una descripción de los medios de prueba practicados e incorporados en el debate. Posteriormente a la fundamentación descriptiva, tendrá que existir en la sentencia la fundamentación probatoria intelectiva, consistente en la apreciación de los medios de prueba, momento en el cual, el Juez señala por qué un medio de prueba merece crédito y cómo lo vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio. (Las negrillas son nuestras).


Acorde con lo anterior, el Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre, refiriéndose a la fundamentación analítica o intelectiva, señaló: …El tercer momento es la fundamentación analítica o intelectiva, en la que no sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de aplicar conclusiones obtenidas de un elemento a otro, lo que implica, una apreciación en el conjunto de toda la prueba judicializada. En este momento, la autoridad judicial competente de emitir una sentencia, deberá dejar constancia de los aspectos que le permitieron concluir en el caso de las declaraciones testificales porque consideró coherente, incoherente, consistente o inconsistente, veraz o falsa la declaración de los testigos; es decir, expresar tanto las razones que se tiene para creer a alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro u otros; similar tarea deberá ser desarrollada respecto a la prueba
documental y pericial, debiendo dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de cada prueba así como su relevancia o no.


Conforme lo ampliamente señalado, se deja asentado una vez más, que en la Sentencia se materializa la tutela judicial efectiva, por lo que para su validez, debe cumplir las exigencias legales establecidas, dentro las cuales se encuentra la exigencia de motivación y fundamentación en estricto cumplimiento a lo establecido por el art. 124 relacionado con el art. 173 del CPP; lo que significa, que el juzgador a tiempo de dictar Sentencia, debe fundamentar la Resolución con base en la sana crítica, aplicando las reglas de la experiencia, que son aquellas que conoce el hombre común (sentido común - conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable); las reglas de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos); además, de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable), como las de identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado.


Al respecto, Couture señala: El juez, al decidir según la sana crítica, no es libre de razonar a su voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente, porque esto no sería sana crítica, que es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones en orden intelectual; es lógica porque las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal, en una operación lógica; y es experiencia, porque las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba, pues el juez no es una máquina de razonar, sino esencialmente, un hombre que toma conocimiento del mundo que lo rodea y lo conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. (Eduardo Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tomo II, 1979).


Ahora bien, el control respecto a la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica en la Sentencia, corresponde al Tribunal de apelación conforme disponen los arts. 51 inc. 2) del CPP y 58 inc. 1) de la Ley del órgano Judicial (LOJ); en ese entendido, el citado Tribunal, se encuentra facultado para ejercer el control, no sólo de legalidad de la Sentencia, sino de la logicidad o razonamiento lógico-jurídico empleado a momento de valorar la prueba, que debe encontrarse traducida en la fundamentación probatoria del fallo, lo que no implica, que el Tribunal de alzada pueda rever los hechos u otorgar valor distinto o revalorar los medios probatorios, sino, ejercer control respecto a la justificación del fallo; sin embargo, esta labor, debe a su vez encontrase debidamente fundamentada…”.


De la revisión de la Sentencia, se establece que la misma cumple con los parámetros determinados por el precitado precedente; ya que, contiene la fundamentación fáctica, la fundamentación descriptiva e intelectiva, así como la fundamentación jurídica, que ha sido el resultado precisamente de las pruebas aportadas durante el juicio oral, adecuando la conducta de la imputada al delito acusado, tal como también lo ha considerado el Auto de Vista, que con relación al defecto de Sentencia del art. 370 inc. 6) del CPP, señaló que la Sentencia contiene la correcta fundamentación de la prueba, otorgándose la valoración a cada elemento de prueba de cargo y descargo; lo que es evidente, considerando que en la Sentencia, de acuerdo a lo compulsado anteriormente, se valora y describen los elementos probatorios documentales de descargo, asignándose el valor a cada elemento y su pertinencia con los hechos acusados.


El Auto de Vista impugnado en su segundo considerando parte segunda, efectivamente realiza el control de logicidad en la valoración de la prueba realizada por el Juez de Sentencia, determinando que efectivamente la Sentencia ha cumplido con su deber de valorar la prueba íntegra producida en juicio de acuerdo al art. 173 del CPP, tomado en cuenta la relación fáctica de la acusación. Que, si bien el Auto de Vista, sobre el particular, no es ampuloso en su contenido al momento de resolver la cuestión planteada, el mismo es claro y concreto al indicar que la Sentencia ha cumplido con la valoración probatoria, considerando que de acuerdo a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, para considerar la debida motivación, no es necesario que las resoluciones judiciales sean extensas en contenido, sino que basta con que de manera clara y precisa se expresen los razonamientos lógicos y suficientes que sustenten la decisión, tal como lo han señalado los Autos Supremos 342/2006 de 28 de agosto, 207/2007 de 28 de marzo y 319/2012 de 4 de diciembre y siendo que los argumentos expuesto en el Auto de Vista, son suficientes, por haberse establecido que el Juez de Sentencia, sobre la prueba documental de descargo, ha asignado el valor correspondiente que deriva de la correcta apreciación de la prueba (licencia de conducir, certificado de antecedentes penales, certificado de antecedentes policiales, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento y de los hermanos, certificado de notas expedido por la Universidad ”Domingo Savio”, certificado SOAT, certificado de declaraciones de “CREDINFORM”, ordenes de atención, certificado médico, hoja de evaluación de tratamiento, recibo de pago y documento privado de conciliación), evidentemente establece que la motivación del Auto de Vista en lo particular- otorga una respuesta suficiente sobre el agravio denunciado, que sale del propio análisis que se ha realizado de la Sentencia, no observándose una falta de pronunciamiento por parte del Auto de Vista, conforme alega la parte recurrente en su recurso de casación.


En conclusión, aduciendo la recurrente la nulidad del Auto de Vista así como de la Sentencia, por la afectación a derechos y garantías fundamentales, para que opere la misma, tendría que haberse establecido de manera objetiva, que evidentemente la Sentencia hubiera omitido fundamentar descriptiva e intelectivamente la prueba de descargo, cuyo defecto no tendría que haber sido contestado o considerado por el Auto de Vista, para así, solo de esa manera, poder considerar afectaciones al debido proceso; empero, por los argumentos y fundamentos vertidos, así como de la compulsa de los antecedentes, no se ha comprobado de manera cierta y determinada los extremos impugnados y denunciados por la recurrente en casación, que de su análisis se ha podido determinar que la Sentencia ha emitido criterio sobre la prueba de descargo, asignándose el valor probatorio, así como también el Auto de Vista ha dado respuesta concreta y concisa al agravio denunciado en apelación, por lo que no es posible considerar la nulidad del acto procesal cuando no se ha verificado la afectación de derechos, en atención a lo reglado por el Auto Supremo 206/2014-RRC de 22 de mayo, que determinó: “…que el principio de convalidación y trascendencia se encuentra sumido a la norma descrita (art. 167 del CPP), deduciéndose de la misma que, el afectado, demuestre objetivamente que en la tramitación del proceso el acto o defecto alegado como nulo, pueda ser subsanado o convalidado y en su caso, haya ocasionado un perjuicio o agravió, claro está, que no sea fruto de la conducta o actuación pasiva o negligente del interesado o de quien invoca el defecto; además, en concordancia con estos principios se tiene al principio de conservación, de modo que la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal; o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad” (resaltado propio). Por cuanto, no habiéndose establecido la existencia de vulneración al derecho al debido proceso, derecho a la defensa y al derecho de impugnación por parte del Auto de Vista impugnado en relación a la Sentencia apelada, el Tribunal Supremo de Justicia respetando la eficacia de los actos procesales, en aplicación del art. 418 del CPP, resuelve que el recurso de casación, deviene por consecuencia en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Verónica Soledad Rodríguez Pimentel.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos