TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 284/2018-RRC

Sucre, 07 de mayo de 2018


Expediente                        Oruro 24/2017

Parte Acusadora              Ministerio Público y otra

Parte Imputada                Eugenio Díaz Paredes y otra

Delitos                                Robo Agravado y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva        


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 29 de junio de 2017, cursantes de fs. 328 a 330 y 332 a 334, Marina Choque Lupe y Elizabeth Condori Alavi de Flores, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 75/2016 de 21 de noviembre, de fs. 303 a 308, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Agapito Núñez Rodríguez contra las recurrentes además de Eugenio Díaz Paredes, Avelino Canaviri Apaza y Román Choque Ticona, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio, previstos y sancionados por los arts. 332 inc. 2), 358 inc. 3) y 298 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 12/2015 de 22 de abril de 2015 (fs. 203 a 219 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza, autores del delito de Daño Simple, tipificado en el art. 357 del CP, imponiendo la pena de seis meses de reclusión y el pago de treinta días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por cada día, con costas y responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia; asimismo, absolvió de culpa y pena a los imputados  Eugenio Díaz Paredes, Avelino Canaviri Apaza, Román Choque Ticona, Marina Choque Lupe y Elizabeth Condori Alavi por los delitos de Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio, previstos y sancionados por los arts. 332 inc. 2), 358 inc. 3) y 298 del CP, también dispuso Perdón Judicial a favor de los imputados Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la víctima Agapito Núñez Rodríguez (fs. 247 a 252 vta.) y el imputado Avelino Canaviri Apaza (fs. 254 a 255), formularon recurso de apelación restringida, adhiriéndose a este Eugenio Díaz Paredes (fs. 257), resuelto por Auto de Vista 75/2016 de 21 de noviembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró procedentes los recursos interpuestos por la víctima Agapito Núñez Rodríguez y el imputado Avelino Canaviri Apaza y deliberando en el fondo, anuló totalmente la sentencia apelada, disponiendo el reenvío de la causa al Tribunal siguiente en número para que sustancie nuevamente el juicio.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 710/2017-RA de 15 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Las recurrentes indican que el Tribunal de alzada, vulneró sus derechos al debido proceso al anular la Sentencia absolutoria pronunciada a su favor; por cuanto, la víctima recurrente y el Auto de Vista ahora impugnado, aceptaron como excepción a la regla, la posibilidad de cambio de tipología bajo la tesis de desvinculación condicionada; sin embargo, posteriormente refirieron que el cambio de tipo penal vulneraría el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), constituyéndose en un fundamento contradictorio.


Alegan que la teoría de la Desvinculación Condicionada y el principio iura novit curia, permiten al juzgador, sin modificar el hecho objeto del juicio, puedan subsumir y acomodar adecuadamente la conducta del autor al delito correcto; aspecto que, se cumplió en el caso de autos, porque los hechos que motivaron el juicio no fueron alterados o modificados, sino que los juzgadores advirtieron la inocencia de las ahora recurrentes y la responsabilidad de dos imputados, pero no en la magnitud denunciada por la víctima, por lo que se les sancionó por Daño Simple, que guarda relación con Daño Calificado, que si bien merecen tratamiento diferente, pero que ambos están dentro el mismo capítulo VIII del Código Penal, siendo el delito de Daño Calificado solamente una agravante del delito del Daño Simple, teniendo estrecha relación entre ambos, por lo que no existió vulneración al debido proceso previsto en el art. 115 de la CPE, pero que el Auto de Vista impugnado no lo consideró de esa manera.


Argumentan que no se juzgó ni se sancionó por un hecho diferente al expuesto en la acusación pública y particular, sino que no se llegó a demostrar las circunstancias agravantes que refiere el delito de Daño Calificado, sino únicamente el de Daño Simple; y que por esa razón, no corresponde anular la Sentencia. Alegan que el Auto de Vista impugnado no cuenta con la debida fundamentación que sustente su decisión, incumpliendo lo previsto en el art. 124 del CPP, porque simplemente realizó apreciaciones subjetivas.


Invocan como precedentes contradictorios, el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, refiriendo que estableció que en ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución; y que tampoco, puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva y el Auto Supremo 256 de 26 de julio de 2006, señalando las recurrentes que esta Resolución indicó que tanto los Tribunales de Sentencia como los de apelación, deben emitir sus fallos con la debida motivación y fundamentación respecto a cada uno de los puntos esenciales del proceso y que su omisión ocasiona vulneración a la garantía constitucional del "debido proceso".


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y emita nueva Resolución conforme los lineamientos jurisprudenciales citados.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 710/2017-RA de 15 de septiembre, cursante de fs. 352 a 354, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Marina Choque Lupe y Elizabeth Condori Alavi de Flores, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 12/2015 de 22 de abril de 2015, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza, autores del delito de Daño Simple, tipificado en el art. 357 del CP, imponiendo la pena de seis meses de reclusión y el pago de treinta días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por cada día, con costas y responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia; asimismo, absolvió de culpa y pena a los imputados  Eugenio Díaz Paredes, Avelino Canaviri Apaza, Román Choque Ticona, Marina Choque Lupe y Elizabeth Condori Alavi por los delitos de Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio, previstos y sancionados por los arts. 332 inc. 2), 358 inc. 3) y 298 del CP, también dispuso Perdón Judicial a favor de los imputados Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza, en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que en fecha 8 de agosto de 2010 a horas 15:30 pm aprox., en el inmueble de la víctima Agapito Núñez Rodríguez, ubicado en la urbanización San Isidro concretamente en el manzano Nº 36, lote Nº 9, zona sudeste de la ciudad, recibe una llamada vía celular, indicándole que salga de su domicilio por su seguridad, es así que precautelando su vida abandona el inmueble para que posteriormente una turba, a la cabeza de Eugenio Díaz Paredes, Marina Choque Lupe, Avelino Canaviri Apaza, Román Choque Ticona y Elizabeth Condori Apaza, en compañía de otras personas ingresan al domicilio de la víctima, rompiendo puertas y ventanas, destruyendo paredes, sacando el techado de calamina, destruyendo la mayor parte del inmueble; aspectos que se desprenden de los informes policiales, como el registro del lugar del hecho y placas fotográficas. Asimismo, refirió que se apoderaron de varios objetos de propiedad de la víctima como televisores, reproductores DVD, catres, garrafas, arco de soldar, cocina, reflectores, sillas, asientos, dineros en la suma de $us. 8.500.- (ocho mil quinientos dólares americanos) y Bs. 4.670.- (cuatro mil seiscientos setenta bolivianos), más documentación personal, acusándose por los delitos de Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio, previsto por los arts. 332 inc. 2), 358 inc. 3) y 298 segunda parte del CP, en grado de autores.


El Tribunal Segundo de Sentencia de Oruro, determinó que de acuerdo a las pruebas testificales de Agapito Núñez Rodríguez, Edith Silvia Rocha Jara, Demetrio Rocha Mamani, Eddy Ramírez Calle, Martha Calle Soto de Ramírez, Edgar Lalo Calle y Julia Arroyo Choque de Núñez, establecieron la participación de Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza en el ilícito que se los acusa; asimismo, los elementos probatorios documentales acta de lugar del hecho, inspección ocular, muestrario fotográfico e informe pericial llegó a la conclusión que los acusados Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza el primero como presidente y el segundo secretario de conflictos de la junta vecinal San Francisco, condujeron a una turba de personas hacia la vivienda de Agapito Núñez Rodríguez y que ocasionaron daños a la misma, sin que se haya reunido pruebas que inculpen a los co-acusados Román Choque Ticona, Marina Choque Lupe y Elizabeth Condori Alavi,  por lo que el respectivo Tribunal de Sentencia subsumió los hechos acusados al delito de Daño Simple tipificado en el art. 357 del CP, absolviendo por los delitos de Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio tipificados por los arts. 332 inc. 2), 358 inc. 3), 298 inc. 2) del CPP, a Eugenio Díaz Paredes, Avelino Canaviri Apaza, Román Choque Ticona, Marina Choque Lupe y Elizabeth Condori Alavi.

   

II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Agapito Núñez Rodríguez y Avelino Canaviri Apaza, interpusieron recursos de apelaciones restringidas, de acuerdo a los siguientes fundamentos:


II.2.1. De la apelación restringida de Agapito Núñez Rodríguez.

       

La víctima Agapito Núñez Rodríguez, acusó defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, referente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, con relación al tipo penal de Daño Simple y Daño Calificado, en la cual el Tribunal de Sentencia hubiese cambiado los hechos y la sanción. Refieren que en su fundamentación existe contradicciones, por un lado señala el Tribunal que se ha probado la existencia del hecho de Daño Simple por diversas pruebas y examen testifical; y a su vez, en el Epígrafe V.B. refirió que se demostró que los acusados participaron en el hecho acusado siendo este Daño Calificado, en contradicción al cambio de subsunción legal bajo el paraguas de desvinculación condicionada a Daño Simple. Por otro lado, también refiere que en el considerando VI de la referida Sentencia, no fundamenta por que la conducta de los acusados se hubiese subsumido al ilícito de Daño Simple, siendo que en los hechos se demostró que una turba de personas a la cabeza de Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza realizaron destrozos al inmueble de la víctima de considerable valor económico, siendo esta la agravante establecida en los incs. 2) y 3) del art. 358 del CP; es decir, Daño Calificado y no por el tipo penal que fueron condenados, señalando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 85/2012 de 4 de mayo, 329/2006 de 29 de agosto, 535/2013 de 16 de octubre y 109/2010 de 29 de abril, solicitando la procedencia de su recurso y la nulidad de la Sentencia.


Respecto al tipo penal de Allanamiento de Domicilio, por el que el Tribunal absuelve a los acusados, refiere que se tendría una escueta fundamentación con relación a dicha determinación; y a su vez, una contradicción tomando en cuenta que de los hechos probados, quedo demostrado que una turba a la cabeza de los acusados ingresó al inmueble ocasionando destrozos, situación demostrada por las pruebas tanto documentales como testificales; sin embargo, dicho Tribunal concluyó con relación a dicho tipo penal  en la parte de los hechos no probados, que la prueba aportada no otorga certeza en cuanto a la participación de los acusados en el ingreso de la vivienda, cuando la característica principal de este ilícito penal es la del ingreso arbitrario, cometiendo consecuentemente error in iudicando en la incorrecta subsunción de los hechos al tipo penal, pidiendo al Tribunal de alzada se sirva anular la Sentencia, señaló precedentes contradictorios los Autos Supremos 323/2006 de 29 de agosto y 535/2013 de 16 de octubre.


Como otro motivo de apelación restringida, denunció defecto absoluto respecto a la aplicación de la tesis de desvinculación condicionada, refiriendo que el Tribunal cambia el tipo penal de Daño Calificado al de Daño Simple sin justificar la razón de dicho cambio. Por otro lado, sostuvo que si bien dicho principio obedece a la Sentencia Constitución 506/2005 de 10 de mayo, que dispuso que el Juez o Tribunal antes de emitir el fallo debía poner de manifiesto a las partes un posible cambio de tipología dado los elementos de juicio desfilados de modo que dicha situación no resulte una arbitrariedad, situación que también fue modulado por la Sentencia Constitucional 460/2011 de 18 de abril, que dispuso que dicha determinación debe obedecer al principio de congruencia, entendimiento ampliamente desarrollado por el Auto Supremo 408/2014 de 21 de agosto, determinación que garantiza castigar un delito que haya sido dilucidada en la tramitación de un proceso penal, aunque no hubiese sido previsto en la acusación, como también la modificación de la pena. En suma denunció que el Tribunal luego de admitir por un lado, los hechos acusados con las  agravantes cambia sin mayor explicación al tipo penal de Daño Simple; es decir, pasando es decir de un delito de acción pública a uno de acción privada, vulnerando los alcances del debido proceso y la tutela judicial efectiva, razón por la cual solicita la nulidad de la Sentencia, señalando como precedente el Auto Supremo 408/2014 de 21 de agosto de 2014.


II.2.2. De la apelación restringida de Avelino Canaviri Apaza.

       

Denuncia defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, referente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, tomando en cuenta que el mismo fue sentenciado por el delito de Daño Simple y al ser éste de orden privado, vulneró los alcances de la regla de la competencia, aplicando erróneamente no solo el código penal; sino también, el procedimiento penal.


Asimismo, denunció el defecto previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, referente a la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación. Sobre este aspecto, refirió el recurrente que el Tribunal señaló que el Ministerio Público y la acusación particular formularon hipótesis sobre un hecho suscitado en fecha 8 de agosto de 2010, calificando los hechos al delito de Daño Calificado, Robo Agravado y Allanamiento de Domicilio; sin embargo, la Sentencia en su parte dispositiva emite una condena por el delito de Daño Simple sin que exista la congruencia entre Sentencia y acusación, tomando en cuenta que se acusó por delitos de acción pública y se sentenció por un delito de acción privada sin fundamentación, por lo que solicitó se anule la respectiva Sentencia, señalando como precedente el Auto Supremo 308/2013 de 22 de noviembre.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Las apelaciones restringidas expuestas precedentemente, fueron resueltas por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró procedentes ambos recursos en la cual anuló la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:


II.3.1.        De las apelaciones presentadas por Agapito Núñez Rodríguez y Avelino Canaviri Apaza.

       

  1. Con relación a la apelación restringida presentada por la víctima, referente al inc. 1) del art. 370 del CPP, que señala la inobservancia o errónea aplicación de la ley, sobre el tipo penal de Daño Simple que estableció el Tribunal. El Tribunal de alzada sobre este aspecto refirió que en el considerando V de la Sentencia, el Tribunal a quo  refirió “Las declaraciones testificales de Agapito Núñez Rodríguez, Edith Silvia Rocha, Demetrio Rocha, Eddy Ramírez, Martha Calle, Edgar Lalo Calle y Julia Martha Choque, establecieron de forma corroborativa los elementos probatorios de las documentales en el lugar del hecho en oportunidad de la inspección ocular y el registro del lugar del hecho; consiguientemente, todos estos extremos fueron probados y quedó demostrada la participación de los acusados Eugenio Días Paredes y Avelino Canaviri en el ilícito por el que se les acusa sin llegar empero, a corroborar alguna prueba que pudiese inculpar a los otros acusados”. Cuya afirmación hace entrever que se demostró los ilícitos acusados de Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio; empero, contrario a dicha afirmación el Tribunal a quo decidió absolver por los delitos que habrían sido demostrado en el juicio oral, dictando Sentencia por el delito de Daño Simple; es decir, por un delito que no mereció una investigación, menos una acusación; toda vez, que el delito por el que les impone una condena privativa de libertad es un delito de acción privada. Continuó refiriendo que la acción privada se ejerce mediante querella, directamente ante el juez de Sentencia mediante el procedimiento especial, conforme el art. 357 del CPP; también por otro lado, expresó que se incumplió la tesis de desvinculación condicionada ya que se debe tratar dentro de la misma familia de delitos, observación incumplida por el Tribunal de Sentencia y que además inobserva el art. 52 de la ley 586, respecto a las reglas de la competencia.


Respecto al delito de Allanamiento de Domicilio, el recurrente denunció que de forma escueta y sin fundamentación se habría absolvido a todos los acusados por dicho delito, expresando que en los hechos probados por parte del Tribunal a quo, con relación a la prueba aportada no ha otorgado certeza; en cuanto, la participación de los acusados en el ingreso de la vivienda, pues la generalidad de los testimonios darían cuenta que ingresó medio millar de personas al patio de su vivienda y posteriormente a las habitaciones pese a la oposición de Lizeth Atanacio Choque, razón por la que no llegaría a configurar el delito de Allanamiento de Domicilio. Sin embargo, contrariamente también refiere que fueron quienes dirigieron a la turba los acusados Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza, quienes realizaron acciones de ingreso a la propiedad y destrozos ocasionados, por lo que a criterio de los recurrentes el Tribunal a quo, habría cometido error in iudicando en la correcta subsunción de los hechos al tipo penal de Allanamiento de Domicilio.


Sobre este aspecto, refirió el Tribunal de alzada que evidentemente no se habría sustentado una debida motivación, al haberse sentenciado por Daño Simple, pues el hecho ocurrió en un determinado lugar que es el domicilio de la víctima; siendo así, como no se considera el ilícito acusado. También refiere que en el considerando V de hechos no probados, expresa que: “la prueba aportada no ha otorgado certeza en cuanto a la participación de los acusados en el ingreso a la vivienda”, contradiciendo lo dispuesto en el punto de la participación de los acusados, pues el Tribunal menciona: “Por lo que quedó demostrado la participación de los acusados por el ilícito que se les acusa”. Es decir, que el fallo impugnado conlleva a afirmaciones positivas y negativas, contradicciones que permiten determinar que el Tribunal no obró correctamente, en el marco de los antecedentes del proceso penal y las pruebas desfiladas en el juicio oral, lo cierto es que existe una incoherencia  de sus propios razonamientos, afirma que los acusados y la turba tienen su participación en el hecho ilícito, pero en el delito de Daño Simple sin mencionar porque, que resulta ser un delito de acción privada que no es competencia del Tribunal Segundo de Sentencia de Oruro.


Otro motivo del recurso, fue la denuncia del defecto absoluto respecto a la aplicación de la tesis de desvinculación condicionada. Sobre este aspecto, denuncia que el Tribunal de Sentencia cambia la tipología del delito invocando la tesis referida, pero no justifica en lo más mínimo la razón del cambio. Refiere que el Tribunal estableció los hechos con todas sus agravantes, pues la prueba desfilada hizo ver que los acusados cometieron los hechos acusados; sin embargo, cambia el giro de la tipología sin fundamento inclusive a un delito de acción privada, vulnerando los principios de la tutela judicial efectiva y debido proceso cometiendo defecto absoluto.

       

Al respecto, el Tribunal de alzada concluye que la tesis de desvinculación condicionada se aplica de manera excepcional y sobre la misma familia de delitos, pero no para cambiar de delitos públicos a privados, siendo que este hecho atenta al debido proceso a la tutela judicial efectiva, razón por la que constituye en defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, razones por las cuales se anuló la respectiva Sentencia.

  1. Referente a la apelación restringida de Avelino Canaviri Apaza, denunció defecto de Sentencia previsto en los incs. 1) y 11) del CPP, señaló que fue condenado por el delito de Daño Simple previsto en el art. 357 del CP, en grado de autoría, siendo este delito de orden privado, pero contrariamente  el art. 53 inc. 1) del CPP, señala que es competencia de jueces de Sentencia la substanciación de este delito, por lo que el Tribunal de Sentencia aplicó erróneamente el referido artículo, habida cuenta que la competencia emana de la ley. Al respecto, refirió el Tribunal de alzada que de la lectura del fallo impugnado se establece que en juicio oral fue sustanciado por el delito de Robo Agravado, Daño Calificado, Allanamiento de Domicilio, todos delitos de orden público; sin embargo, decide condenar por un delito de acción privada. El art. 20 del CPP, enuncia que el Daño Simple es de naturaleza privada y el art. 375 del mismo cuerpo legal, señala la forma y procedimiento a seguir, que no se encuentra previsto dentro de la aplicación de la tesis de desvinculación condicionada; ya que, esta se aplica dentro de la misma familia de delitos, por lo que la decisión tomada  por dicho Tribunal no es conforme a la norma adjetiva procesal penal vigente, la decisión tomada afecta al derecho a ser juzgado en un debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, igualdad de oportunidades e inobserva las reglas de la competencia conforme el art. 52 de la ley 586, siendo previsible la anulación de la Sentencia.


Respecto al defecto de Sentencia previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, referente a la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, donde se refirió que el recurrente fue acusado sobre un hecho suscitado el 8 de agosto de 2010 y donde calificaron los hechos de robo agravado, daño calificado y allanamiento de Domicilio; empero, en la Sentencia en su parte dispositiva decide emitir Sentencia condenatoria por el delito de Daño Simple previsto en el art. 357 del CP, delito de acción privada no existiendo congruencia entre la Sentencia y la acusación. Al respecto, el Tribunal de alzada refirió que habiéndose dado la razón en el primer tópico relativo al defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, necesariamente tiene que subsumirse  al punto anterior y no tendría sentido referirse a este defecto de Sentencia, tomando en cuenta que en razón al defecto anterior, se dispuso la anulación de la Sentencia y cualquier otro análisis sobre otros tópicos no tendría razón ni sentido expresar opinión, anulándose la Sentencia carece de trascendencia jurídica. El nuevo Tribunal de juicio deberá examinar todo lo que concierne a la naturaleza del hecho acusado, sea estas o no pertinentes. Razones por las cuales dispuso el Tribunal de alzada la anulación total de la Sentencia.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS  


El presente caso las recurrentes Marina Choque Lupe y Elizabeth Condori Alavi de Flores, denunciaron que el Tribunal de alzada no fundamentó la decisión de anular la Sentencia respectiva vulnerando el debido proceso; asimismo, refiriere que el Tribunal a quo no alteró ni modificó los hechos acusados, sino que aplicó el principio iura novit curia y la teoría de desvinculación condicionada al sentenciar a los acusados por el delito de Daño Simple, sin que exista vulneración a ningún derecho o garantía constitucional.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes, ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2.        Análisis del caso concreto.


Tomando en cuenta que ambos recursos de casación realizan idénticos fundamentos a fin de evitar reiteraciones innecesarias, como motivo de casación se tiene lo siguiente:


Las recurrentes, indican que el Tribunal de alzada, vulneró sus derechos al debido proceso al anular la Sentencia absolutoria pronunciada a su favor; por cuanto, la víctima recurrente y el Auto de Vista ahora impugnado, aceptaron como excepción a la regla, la posibilidad de cambio de tipología bajo la tesis de desvinculación condicionada; sin embargo, posteriormente refirieron que el cambio de tipo penal vulneraría el art. 115.I de la CPE, constituyéndose en un fundamento contradictorio.


Alegan que la teoría de la Desvinculación Condicionada y el principio iura novit curia, permiten al juzgador, sin modificar el hecho objeto del juicio, puedan subsumir y acomodar adecuadamente la conducta del autor al delito correcto; aspecto que, se cumplió en el caso de autos, porque los hechos que motivaron el juicio no fueron alterados o modificados, sino que los juzgadores advirtieron la inocencia de las ahora recurrentes y la responsabilidad de dos imputados, pero no en la magnitud denunciada por la víctima, por lo que se les sancionó por Daño Simple, que guarda relación con Daño Calificado, que si bien merecen tratamiento diferente, pero que ambos están dentro el mismo capítulo VIII del Código Penal, siendo el delito de Daño Calificado solamente una agravante del delito del Daño Simple, teniendo estrecha relación entre ambos, por lo que no existió vulneración al debido proceso previsto en el art. 115 de la CPE, pero que el Auto de Vista impugnado no lo consideró de esa manera.


Argumentan que no se juzgó, ni se sancionó por un hecho diferente al expuesto en la acusación pública y particular, sino que no se llegó a demostrar las circunstancias agravantes que refiere el delito de Daño Calificado, sino únicamente el de Daño Simple y que por esa razón, no corresponde anular la Sentencia. Alegan, que el Auto de Vista impugnado no cuenta con la debida fundamentación que sustente su decisión, incumpliendo lo previsto en el art. 124 del CPP, porque simplemente realizó apreciaciones subjetivas.


Invocan como precedentes contradictorios, el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, refiriendo que estableció que en ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución; y que tampoco, puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva y el Auto Supremo 256 de 26 de julio de 2006, señalando las recurrentes que esta Resolución indicó que tanto los Tribunales de Sentencia como los de apelación, deben emitir sus fallos con la debida motivación y fundamentación respecto a cada uno de los puntos esenciales del proceso y que su omisión ocasiona vulneración a la garantía constitucional del "debido proceso".


En ese sentido y a los fines de efectuar la labor de contraste, tomando en cuenta que ambos Autos Supremos invocados tienen doctrinas legales aplicables referentes a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, a efectos de no ser reiterativos corresponde desarrollar la labor de contraste de acuerdo a los siguientes aspectos:


Así, el Auto Supremo 349/2006 de 28 de agosto, fue emitido dentro del proceso penal seguido por MSS contra EAJ y otra, por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado y otro, teniéndose como hecho generador la falta de fundamentación del Tribunal de alzada, siendo este el antecedente que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


LINEA DOCTRINAL.


“En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva.


Por otra parte, se deja en "indefensión" a las partes y se viola la garantía constitucional del "debido proceso" cuando el Auto de Vista deviene en "infrapetita" es decir cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida.


Por lo que es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida a efecto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las partes”.


Bajo este preámbulo corresponde verificar si el Tribunal de alzada  incumplió el precedente citado, con relación a la falta de fundamentación del Auto de Vista al disponer la nulidad de la Sentencia, a tal efecto corresponde verificar los fundamentos realizados por el  Tribunal de alzada con las cuales determinó tal anulación, habiéndose basado en los siguientes fundamentos:


  1. Con relación a la apelación restringida presentada por Agapito Núñez Rodríguez, referente al inc. 1) del art. 370 del CPP, que denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley, sobre el tipo penal de Daño Simple que estableció el Tribunal respecto al Daño Calificado, en la que cambiaron los hechos y la sanción corresponde al delito de Daño Simple tipificado por el art. 357 del CP, el Tribunal señaló que se probó la existencia del hecho delito sentenciado, por diversas pruebas y exámenes de pruebas testificales. En el epígrafe V.B. apreciación conjunta de la pruebas esencial producida. Participación de los imputados refirió que: “los acusados Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza, el primero como presidente y el segundo como secretario de conflictos de la junta vecinal San Francisco condujeron a una turba (…..) quedando demostrado la participación en el ilícito que se les acusa”.


El Tribunal de alzada refirió que de la lectura del fallo impugnado en el Considerando V Voto de los juzgadores sobre los motivos de hecho y de derecho. V.B. apreciación conjunta de la prueba esencial producida, en el epígrafe  participación de los imputados dicho Tribunal de Sentencia en el fallo impugnado refiere: “Las declaraciones testificales de Agapito Núñez Rodríguez, Edith Silvia Rocha, Demetrio Rocha, Eddy Ramírez, Martha Calle, Edgar Lalo Calle y Julia Martha Choque establecieron de forma corroborativa, los elementos probatorios de las documentales labradas en el lugar del hecho en oportunidad de la inspección ocular y el registro del lugar del hecho practicadas en la etapa de la investigación (….), consiguientemente todos estos extremos fueron probados y quedo demostrado la participación de los acusados Eugenio Días Paredes y Avelino Canaviri en el ilícito por el que se les acusa sin llegar empero, a corroborar alguna prueba que pudiese inculpar a los otros acusados”. Cuya afirmación del Tribunal, hace entrever que se demostraron los ilícitos acusados de Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio. Empero, contrario a dicha afirmación, dicho Tribunal decide absolver por los delitos que habrían sido demostrado en el juicio oral, dictando Sentencia por el delito de Daño Simple; es decir, por un delito que no mereció una investigación, menos una acusación; toda vez, que el delito por el que les impone una condena privativa de libertad es un delito de acción privada y no de acción pública que es ejercida por la fiscalía aun de oficio sin perjuicio de la participación de la víctima.  Que la acción privada se ejerce mediante querella, directamente ante el Juez de Sentencia mediante el procedimiento especial, conforme el art. 375 del CPP, establece la forma y procedimiento a seguir. Empero, el Tribunal de Sentencia decide dictar Sentencia condenatoria contra los acusados declarándoles autores del delito de Daño Simple, previsto por el art. 357 del CP, inobservando y sin cumplir el art. 375 del CPP, a título de aplicar la tesis de desvinculación condicionada; ya que, se debe tratar dentro de la misma familia de delitos, lo cual en el caso no se da en el delito de Daño Simple por ser de acción privada y no de acción pública, que al tener su propio procedimiento especial que ha sido inobservado por el Tribunal de Sentencia, por lo que la decisión tomada inobserva el art. 52 de la ley 586, respecto a las reglas de la competencia. En consecuencia, la fundamentación del recurso de apelación en el presente tópico cuenta con sustento legal y jurídico, por lo cual se da la razón a la parte recurrente, el reenvío de la causa es objetivo, sin mayor examen de otros componentes señalados por el recurrente, en relación del delito de Daño Calificado y Daño Simple; ya que, las mismas por tratarse de delitos públicos y privados tienen sus particularidades en el código de procedimiento penal.


Continua refiriendo el Tribunal de alzada con relación al delito de Allanamiento de Domicilio, el recurrente refirió que de forma escueta y sin fundamentación se habría absuelto a todos los acusados. El Tribunal, en el epígrafe de hechos probados, apenas dice que la prueba aportada no ha otorgado certeza en cuanto la participación de los acusados en el ingreso de la vivienda; ya que, la generalidad de los testimonios darían cuenta que ingresó medio millar de personas al patio de su vivienda; y posteriormente, a las habitaciones pese a la oposición de Lizeth Atanacio Choque, esto no llegaría a configurar el delito de Allanamiento de Domicilio. Empero, el Tribunal estableció anteriormente que los acusados Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza, quienes dirigieron a la turba y dirigieron las acciones de ingreso a la propiedad, como destrozos ocasionados allí, por lo que habría cometido error in iudicando en la correcta subsunción de los hechos al tipo penal de Allanamiento de Domicilio. En relación a este tópico, por supuesto el Tribunal no ha sustentado una debida motivación, si bien el Tribunal dicta Sentencia condenatoria por el delito de Daño Simple, hace entrever que haya ocurrido en un determinado lugar que es el domicilio de la víctima; siendo así, como no se consideró el ilícito acusado. En el fallo impugnado en el considerando V en el punto V.B., apreciación conjunta de la prueba esencial producida, hechos no probados refiere “la prueba aportada no ha otorgado certeza en cuanto a la participación de los acusados en el ingreso a la vivienda; ya que, la generalidad de los testimonios de cargo mencionaron una turba compuesta por más de medio millar de personas que ingresó en primera instancia al patio de la vivienda (….) acciones que no llegaron a configurar una conducta delictiva de los acusados que pueden ser tipificados como Allanamiento de Domicilio”. Empero, en el mismo considerando V en el punto V.B. apreciación conjunta de la prueba esencial producida, hechos no probados, en el punto de participación de los imputados el Tribunal menciona “Por lo que quedó demostrado la participación de los acusados por el ilícito que se les acusa”. Es decir, que el fallo impugnado conlleva a afirmaciones positivas y negativas, contradicciones que permiten determinar que el Tribunal no obró correctamente, en el marco de los antecedentes del proceso penal y las pruebas desfiladas en el juicio oral, lo cierto es que existe una incoherencia  de sus propios razonamientos, extremo que da lugar a conceder el recurso de apelación a favor de la víctima recurrente.


Asimismo refiere el Tribunal de alzada que de la lectura del fallo impugnado en el punto VI.B víctima del hecho: El Tribunal menciona “que llegó a considerar creíble que las construcciones objeto de los daños ocasionados por los acusados Eugenio Díaz y Avelino Canaviri; además de una turba de personas no identificadas ingresaron a la propiedad de Agapito Núñez, quien viene por tanto a constituirse en víctima del hecho tipificado como Daño Simple”. Es decir, afirma que los acusados y la turba tienen participación en el hecho pero en el delito de Daño Simple, sin mencionar porque y que resulta delito de acción privada y no competencia del Tribunal Segundo de Sentencia de Oruro.


Finalmente, el Tribunal de alzada expresa que otro motivo, del recurso referente al defecto absoluto no convalidable respecto a la aplicación de la tesis de desvinculación condicionada. En la que refiere que el Tribunal de Sentencia cambia la tipología del delito, invocando dicha tesis sin justificar en lo más mínimo la razón del cambio. Continua denunciando que el Tribunal estableció los hechos con todas sus agravantes y que la prueba desfilada hizo ver en los acusados cometieron los hechos acusados, pero cambia el giro de la tipología sin fundamento inclusive a un delito de acción privada, vulnerando los principios de la tutela judicial efectiva y debido proceso cometiendo defecto absoluto. Al respecto, señala en el primer tópico se ha referido sobre la tesis de desvinculación condicionada se aplica de manera excepcional y sobre la misma familia de delitos, pero no para cambiar de delitos públicos a privados, si esto fuera posible se produciría un caos jurídico, nadie estaría siendo condenado por delito de acción pública, sino por delitos de acción privada, lo que no se da en el sistema procesal boliviano, la acción penal pública o la privada se rige por su propio procedimiento, contemplado en el código de procedimiento penal, por ello en el caso de estudio se vulnera el debido proceso en su vertiente tutela judicial efectiva, incurriendo en defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, razones por las cuales el Tribunal de alzada decidió anular la respectiva Sentencia.


Sobre el particular, analizado los argumentos traídos en casación, verificando el  precedente invocado referente a la debida fundamentación y motivación que deben contener las resoluciones judiciales y lo resuelto por el Tribunal de alzada referente a los motivos que sustentaron la decisión de anular la Sentencia, dan cuenta que el Auto de Vista impugnado contiene una respuesta debidamente fundamentada y motivada, tomando en cuenta que la víctima Agapito Núñez denunció defectos de Sentencia y absolutos, previstos en los arts. 370 inc. 1) y 169 inc. 3) del CPP, en el entendido que el Tribunal de mérito refirió que se demostró el hecho acusado (Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio), sin embargo impone condena a Eugenio Díaz y Avelino Canaviri por el ilícito de Daño Simple, como también absuelve a todos los acusados por el delito de Allanamiento de Domicilio, denunciando asimismo con relación al defecto absoluto la inaplicabilidad de la tesis de desvinculación condicionada. Es así, que frente a estas denuncias el Tribunal de alzada de forma fundamentada y motivada concluye que el A quo, no podía referir en Sentencia que se habría demostrado los hechos acusados y a su vez contrariamente, imponer una condena por un delito que no fue acusado, ni investigado, que es de acción privada y que se la haya impuesto sin competencia; por otro lado, referente a la tesis de desvinculación condicionada expresó no era posible su aplicación como en el caso presente, sino excepcionalmente dentro de la familia de los mismos delitos, explicando también que la decisión del A quo, de aplicar indebidamente las reglas de competencia, de inobservancia del código penal más su procedimiento, como de la tesis de desvinculación condicionada, vulneró el debido proceso en su vertiente tutela judicial efectiva, razones por las cuales decidió anular la Sentencia apelada, Resolución que se encuentra debidamente entendible de forma clara, expresa, completa, legítima y lógica, explicando sus fundamentos, motivadamente expresando sus razones por las cuales decidió anular el juicio.


En consecuencia, no resulta evidente la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, debido a que precisó de forma clara las razones por las cuáles consideró la vulneración del debido proceso en su vertiente tutela judicial efectiva; por parte del A quo, precisamente porque declaró probado los hechos acusados y contradictoriamente absuelve los mismos hechos probados y además respecto a la tesis de desvinculación condicionada de forma clara expresó que es posible su aplicación dentro de la misma familia de delitos, sin que se vulnere las normas sustantivas y adjetivas, no como lo realizó el A quo cambiando delitos de acciones públicas a privadas, lo que consideró el Tribunal de alzada atentatorio al debido proceso.


Por lo anteriormente expresado, el Tribunal de alzada realizó una adecuada fundamentación respecto a los agravios denunciados en apelación restringida y su decisión de anular la Sentencia, por lo que el precedente invocado no resulta contradictorio con el Auto de Vista impugnado.  

  1. Referente a la apelación restringida de Avelino Canaviri Apaza, asimismo denunció defecto de Sentencia previsto en los incs. 1) y 11) del art. 370 del CPP, señaló que fue condenado por el delito de Daño Simple previsto en el art. 357 del CP, siendo este delito de orden privado, señala que en el art. 53 inc. 1) del CPP, señala que es competencia de jueces de Sentencia, sustanciar y atender los juicios de orden privado como es el caso del delito de Daño Simple, los señores del Tribunal Segundo de Sentencia, aplicaron erróneamente no solo el código penal sino también el código de procedimiento penal, no siendo posible que los mismos emitan una Sentencia de orden privado. Que habrían aplicado erróneamente el art. 357 del CP; asimismo, el art. 52 del CPP referente a la competencia que solo abarcaría delitos de orden público.


Al respecto, refirió el Tribunal de alzada estableció que el juicio oral fue sustanciado por el delito de Robo Agravado, Daño Calificado, Allanamiento de Domicilio, todos delitos de orden público; empero, el Tribunal decide dictar Sentencia condenatoria por el delito de orden privado, acusando defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, errónea aplicación de la ley sustantiva, refiere que el art. 20 del CPP, señala “Son delitos de acción privada, el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de posesión y daño simple. Los demás delitos son de orden público”. Por otra parte, el código de procedimiento penal en el art. 375, establece la forma y procedimiento a seguir, tratándose de delitos de acción privada. En el caso particular, una vez concluida la etapa preparatoria, se formula la acusación fiscal a la que se adhiere la víctima, se desarrolla el juicio oral; empero, el Tribunal Segundo de Sentencia de Oruro decide dictar Sentencia absolutorias por los delitos acusados y juzgados Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio a favor de los acusados Eugenio Díaz Paredes, Avelino Canaviri Apaza, Román Choque Ticona, Marina Choque Lupe y Elizabeth Condori Alavi; empero, dicta Sentencia condenatoria por el delito de Daño Simple, que no ha sido objeto de juicio, menos se ha debatido aquello, contra Eugenio Díaz Paredes y Avelino Canaviri Apaza, a título de aplicar la tesis de desvinculación condicionada sin mayor fundamento, extremo no conforme a procedimiento; asimismo expresando, que la tesis de desvinculación condicionada es excepcional y se da tratándose de delitos dentro de la misma familia, la decisión tomada  por dicho Tribunal no es conforme a la norma adjetiva procesal penal vigente, la decisión tomada afecta al derecho a ser juzgado en un debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, igualdad de oportunidades e inobserva las reglas de la competencia conforme el art. 52 de la ley 586, la competencia que le asigna la norma, la aplicación errónea la ley sustantiva es objetiva y manifiesta, en cuya virtud se otorga la razón a la parte recurrente Avelino Canaviri Apaza, siendo previsible la anulación de la Sentencia de este primer tópico denunciado.


Continúa refiriendo el Tribunal de alzada que respecto al defecto de Sentencia, previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, referente a la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, donde se refirió que el recurrente fue acusado sobre un hecho suscitado el 8 de agosto de 2010 y donde calificaron los hechos como delito de Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio; pero se le condena por el delito de Daño Simple, previsto en el art. 357 del CP, delito de acción privada no existiendo congruencia entre la Sentencia y la acusación. Al respecto, el Tribunal de alzada refirió que habiéndose dado la razón en el primer tópico relativo al defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, este último tópico necesariamente tiene que subsumirse  al punto anterior, por razones prácticas no convendrían expresar opinión alguna porque habiéndose juzgado por delito de orden público resultan siendo condenado por el delito de acción penal privada, no está conforme a la norma procesal penal en vigencia, si partimos de la convicción anterior, la anulación de la Sentencia por cualquier otro análisis sobre otros tópicos no tendría razón ni sentido expresar opinión, anulándose la Sentencia, carece de trascendencia jurídica. El nuevo Tribunal de juicio deberá examinar todo lo que concierne a la naturaleza del hecho acusado sea estas o no pertinentes. Y habiéndose dado la razón al apelante en el principal motivo, la anulación total de la Sentencia es objetiva, razones por las cuales dispuso el Tribunal de alzada la anulación respectiva.


Sobre el particular, analizado los argumentos traídos en casación, verificando el  precedente invocado referente a la debida fundamentación y motivación que deben contener las resoluciones judiciales y lo resuelto por el Tribunal de alzada referente a los motivos que sustentaron la decisión de anular la Sentencia, dan cuenta que el Auto de Vista impugnado contiene una respuesta debidamente clara y motivada, tomando en cuenta, que el imputado Avelino Canaviri Apaza denunció también defectos de Sentencia, previstos en los arts. 370 inc. 1) y 11) del CPP, en el entendido que el Tribunal de mérito lo habría condenado por el delito de Daño Simple que es de acción privada, cuando el juicio se llevó a cabo por delitos de acción pública, los cuales fueron Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio, en violación a las reglas de competencia; Es así, que frente a estas argumentaciones el Tribunal de alzada de forma fundamentada y motivada realiza en primera instancia una diferenciación, en cuanto el procedimiento de los delitos de acción pública como los delitos de acción privada, expresando que el ilícito de Daño Simple no ha sido objeto del juicio, concluyendo que con relación a la tesis de desvinculación condicionada, el A quo no ha motivado las razones del porqué cambiaron la tipología de los delitos de acción pública por uno privado, explicando que dicho extremo no fue conforme a procedimiento, aclarando además por parte del Tribunal de alzada que dicha aplicación, es de manera excepcional y se da al tratarse de delitos de la misma familia, por lo que finalmente sostiene que la decisión tomada por el Tribunal Segundo de Sentencia de Oruro, afecta al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, igualdad de oportunidades e inobserva la competencia del art. 52 de la ley 586, razones por las cuales decidió anular la Sentencia apelada.


En consecuencia, no resulta evidente lo denunciado por las recurrentes debido a que el Tribunal de alzada otorga una Resolución debidamente motivada y fundamentada de forma clara, expresa, completa, legítima y lógica, al momento de anular la respectiva Sentencia. Es más, las fundamentaciones que realiza el Tribunal de alzada para resolver la procedencia  del recurso interpuesto por Avelino Canaviri Apaza y anular la Sentencia, guarda relación y complementa las otras motivaciones contenidas, también al resolver la apelación de la víctima Agapito Núñez Rodríguez, con similares defectos denunciados; no resultando consecuentemente evidente lo denunciado por las recurrentes, respecto a que existiese una resolución contradictoria.


Por lo anteriormente expresado, el Tribunal de alzada realizó una adecuada fundamentación respecto a los agravios denunciados en apelación restringida y su decisión de anular la Sentencia, por lo que el precedente invocado no resulta contradictorio con el Auto de Vista impugnado.  


Por otro lado, con relación al Auto Supremo 256/2006 de 26 de julio, también invocado como precedente contradictorio, fue emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra contra WGD y otros por la presunta comisión del delito de Abigeato, teniéndose como hecho generador la forma lacónica o escasa fundamentación por parte del Tribunal de alzada, respecto a los puntos apelados conforme el art. 398 del CPP, siendo este antecedente el que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


DOCTRINA LEGAL APLICABLE:

“Se considera defectos absolutos procesales, cuando en el desarrollo del juicio oral las resoluciones emitidas por el director del proceso, sea Juez de Sentencia o Presidente del Tribunal de Sentencia, omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos acusados FUNDADAMENTE, violando el derecho a la seguridad jurídica y a un proceso legal.


Por tanto es obligación del Tribunal de alzada, de la misma manera pronunciarse FUNDADAMENTE, respecto a cada uno de los puntos de agravación argüidos por los recurrentes, en base a lo dispuesto por los artículos 124 y 398 ambos del Código de Procedimiento Penal. Tal el caso de Autos en que el Tribunal de Sentencia unipersonal incurre en contradicción entre la parte considerativa y resolutiva y el Tribunal de alzada omite pronunciarse fundadamente respecto a cada uno de los puntos de agravación.


De la misma manera la Corte Suprema de Justicia de Bolivia ha sentado  línea doctrinal coincidente en el Auto Supremo Nº 166 de 12 de mayo de 2005 cuando refiere: "se considera defecto absoluto, cuando en la sentencia no existen razones ni criterios válidos que fundamenten la valoración de la prueba..."


El Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional 1369/01-R al respecto señala: "cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución".


En consecuencia, tanto los Tribunales de Sentencia como los de apelación, deben emitir sus fallos con la debida motivación y fundamentación respecto a cada uno de los puntos esenciales del proceso, su omisión ocasiona vulneración a la garantía constitucional del "debido proceso" y vulneración al derecho a la defensa tal como lo establecen los artículos 16-II y IV de la Constitución Política del Estado.


Por otra parte, se vulnera asimismo la garantía constitucional del debido proceso así como no se observa la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia si los señores Jueces y Vocales omiten dar aplicación preferente a la Constitución antes que otra disposición.


El juicio oral, público y contradictorio, conforme dispone el artículo 1º del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, consecuentemente, el Tribunal de alzada, velando tanto por su observancia cuanto por la economía procesal, debe proceder a anular la sentencia y disponer el re envío a conocimiento de otro Tribunal de Sentencia cuando existan como en el caso de Autos evidentes defectos en la sentencia que la tornan contradictoria y sin debida fundamentación”.


Sobre el particular, habida cuenta que la problemática traída en casación respecto a la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado, fue resuelta ampliamente en el párrafo anterior con el primer precedente y considerando que el presente Auto Supremo también refiere a la debida fundamentación, a efectos de no ser reiterativos en los fundamentos de la contrastación por lo fundamentado anteriormente, ya se llegó a establecer que no existe carencia de fundamentación en el mencionado Auto de Vista; en consecuencia, este precedente tampoco resulta contradictorio.


Por los fundamentos expuestos precedentemente, al no haberse demostrado la contradicción alegada con los precedentes invocados corresponde a la Sala Penal declarar infundado el recurso interpuesto, correspondiendo en consecuencia confirmar el Auto de Vista impugnado.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Marina Choque Lupe y Elizabeth Condori Alavi de Flores.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos