TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 283/2018-RRC

Sucre, 07 de mayo de 2018


Expediente                        : La Paz 58/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros 

Parte Imputada                : Reynaldo Vásquez Cerrudo

Delito                        : Abuso Deshonesto

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO

Por memorial presentado el 11 de julio de 2017, cursante de fs. 1315 a 1335, Reynaldo Vásquez Cerrudo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 28/2016 de 12 de mayo, de fs. 1290 a 1295 vta. y el Auto Complementario de 14 de junio de 2016, a fs. 1299, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Susana María Inés Peña Barrón contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso Deshonesto, previstos y sancionados por los arts. 312 con relación al 310 incs. 2), 3) y 4) del Código Penal (CP), respectivamente.

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 01/2012 de 19 de enero (fs. 342 a 352), el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Reynaldo Vásquez Cerrudo, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previstos y sancionados por los arts. 312 con la Agravante del  310 incs. 2), 3) y 4) del CP, imponiendo la pena de diez años de presidio, más el pago del daño civil y costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de Sentencia, siendo rechazada la solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda del imputado, mediante Resolución de 27 de enero de 2012 (fs. 359 a 360).


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Reynaldo Vásquez Cerrudo (fs. 366 a 378), que previo al pronunciamiento de los Autos de Vista 37/2012 de 20 de junio (fs. 509 a 511 vta.), 08/2013 de 11 de abril (fs. 880 a 882 vta.) y 62/2014 de 21 de noviembre (fs. 1188 a 1189 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, que fueron dejados sin efecto por los Autos Supremos 324/2012-RRC de 12 de diciembre (fs. 831 a 839), 320/2014-RRC de 15 de julio (fs. 1111 a 1116 vta.) y 569/2015-RRC de 04 de septiembre (fs.1268 a 1272 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal  Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 28/2016 de 12 de mayo, que declaró improcedente las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, confirmando la Sentencia apelada y el Auto Complementario de 27 de enero de 2012; asimismo, fue rechazada la solicitud de Complementación y Enmienda del imputado, mediante Resolución de 14 de junio de 2016 (fs. 1299), motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 720/2017-RA de 18 de septiembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Transcribiendo la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, denuncia que el Auto de Vista impugnado incurre en falta de fundamentación, porque no se hubiera analizado ni contrastado la prueba pericial de informe psicológico elaborado por la psicóloga Mittzi Rivero y el informe de la consultora Bejarano, con el informe de cargo de la Lic. Paucara.


  1. El Auto de Vista impugnado, sería contradictorio a lo establecido en la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 324/2012-RRC de 12 de diciembre, doctrina reiterada en los Autos Supremos 320/2014-RA y 569/2015-RRC (todos emitidos dentro de la presente causa), pues en estos se desarrolló la falta de una adecuada fundamentación o atención negativa a los fundamentos de su recurso de apelación, para ello efectúa la transcripción de lo señalado en los puntos III.3.2. y III.4 del Auto Supremo 324/2012-RA, mismos que a decir del recurrente fueron incumplidos por el Auto de Vista impugnado, señalando en concreto que no se hubiese respondido a los motivos de su recurso de apelación restringida inmersos en el parágrafo II; es decir, el error improcedendo por insuficiente motivación de la Sentencia y falta de fundamentación descriptiva de la prueba, estos aspectos serían acreditados de la verificación del punto quinto del Auto de Vista impugnado, pues en dichos argumentos no se respondería a sus agravios, pese a que en su momento invocó los Autos Supremos 422 de 20 de octubre de 2006 y 214 de 28 de marzo de 2007, de los cuales el Tribunal de alzada no hubiera señalado por qué no eran aplicables a su caso.


  1. Denuncia la contradicción del Auto de Vista con el Auto Supremo 52/2012 de 19 de marzo, pues al respecto señala que el Auto de Vista recurrido no fue dictado por los mismos Vocales que recibieron la fundamentación complementaria de su recurso, situación acreditada por el acta de fundamentación de 30 de mayo de 2012, pues en dicha audiencia estuvieron presentes los Vocales Fernando Ganam y Félix Peralta; y sin embargo, el Auto de Vista recurrido fue emitido por los Vocales Rubén Ramírez Conde y Willy Arias Aguilar; es decir, autoridades distintas, situación que vulnera la seguridad jurídica, pues en su caso de haber cesado los Vocales que recibieron la fundamentación complementaria correspondía se convoque a una nueva audiencia.


  1. Denuncia la contradicción con el Auto Supremo 367/2014-RRC de 8 de agosto, señalando al respecto que el Auto de Vista incurrió nuevamente en falta de fundamentación al no haberse pronunciado de manera motivada sobre la contradicción en la credibilidad de la declaración de la víctima y la incongruencia en la manifestación de dolor de la víctima, con el informe médico particular “Campohermoso” (sic) y el forense  José Hoyos.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita que deliberando en el fondo, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, conforme a los arts. 394 y 416 al 420 del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 720/2017-RA de 18 de septiembre, cursante de fs. 1518 a 1520, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Reynaldo Vásquez Cerrudo, para el análisis de fondo de los agravios denunciados, habiendo dejado constancia en cuanto a los Autos Supremos 422 de 20 de octubre de 2006 y 214 de 28 de marzo de 2007 invocados como precedentes contradictorios del segundo agravio expuesto en el recurso de casación-, que no serán motivo de contraste al haberse limitado el recurrente a la simple cita.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 1/2012 de 19 de enero de 2016, el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Reynaldo Vásquez Cerrudo autor del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado en el art. 312 del CP; en base a los siguientes argumentos:


  1. De las declaraciones efectuadas en juicio se asume pleno conocimiento de que la noche del día 30 de diciembre, la víctima duerme con su padre Reynaldo Vásquez Cerrudo; luego de unos días la menor siente dolor al orinar de lo cual se entera su hermana y cuando es interrogada por su abuela Susana María Inés Peña, la víctima le responde que su papá Reynaldo le había tocado sus partes íntimas. Es por este hecho, que acuden al consultorio de Omar Campohermoso Rodríguez, quien concluye en vulvitis inespecífica y eritema vulvar leve, recomendando tratamiento y examen pericial.


  1. La menor víctima es valorada en fecha 4 de enero de 2018 por Médico Forense, quien concluye refiriendo “Virgen. Tocamientos impúdicos”; Por su parte la pericia psicológica realizada a la víctima establece que: “la niña atraviesa por estados de malestar psicológico intenso. Carencia afectiva materna, se acentúa ante desencadenante de hechos: agresión sexual del padre generando angustia marcada”.


  1. La víctima ha sostenido de manera uniforme que ha recibido de su padre tocamientos en sus partes íntimas; en el acto de inspección ocular la víctima refirió que “dormía con mi papá y a veces dormía con mi abuela”, agrega “si no duermo con mi papa él me va a apegar, el otro día he dormido con él y ahí es donde me ha hecho daño”, prosigue “Me ha bajado mi buzo y me ha hurgado yo he gritado y nadie me escuchaba”; la menor víctima en su declaración efectuada en juicio identifica plenamente al imputado como su agresor.


II.2.        De la apelación restringida.


Contra la señalada Sentencia el imputado Reynaldo Vásquez Cerrudo, interpuso recurso de apelación restringida, arguyendo en síntesis: i) Insuficiente fundamentación descriptiva de la Sentencia al omitir el informe psicológico pericial de Mittzy Marlene Rivero, referente a la personalidad de la víctima, como también el informe pericial psicológico de la personalidad de la testigo Susana María Inés Peña Barrón; ii) Falta de fundamentación valorativa de la Sentencia, violación del debido proceso y el derecho a la defensa, al basarse solo en las pruebas de cargo y no así las de descargo, haciendo énfasis en las contradicciones de la declaración de la víctima en audiencia de juicio, la falta de fundamentación valorativa de la testifical de Susana María Inés Barrón, el informe médico emitido por el Dr. Campohermoso y el certificado médico forense; iii) Defectos absolutos, violación al principio de continuidad, por haberse fijado audiencias con espacios indeterminados de tiempo entre una y otra; y, iv) Incumplimiento de plazo en la lectura de Sentencia, al haber dispuesto en fecha 19 de enero de 2012, la lectura íntegra de la Sentencia para el 25 del mismo mes y año.

   

II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista impugnado, por el que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida, interpuesto por Reynaldo Vásquez Cerrudo, señalando entre sus conclusiones que el Tribunal de mérito relaciona cada una de las pruebas con los hechos acusados, por lo que no existe violación al art. 124 del CPP y no se encuentra ninguna falta de fundamentación, sobre la falta de fundamentación valorativa de la Sentencia, el Tribunal de mérito a momento de ejercitar la sana crítica, estableció bajo las reglas de la lógica experiencia, conocimiento y la secuencia del juicio, en un análisis integral de todas las pruebas judicializadas en comunidad; que tanto, la prueba de descargo como la de cargo llevaron a establecer en la inteligencia y razón la decisión asumida; sobre los defectos absolutos en relación a la violación del principio de continuidad, además de resultar razonables los motivos de suspensión de la audiencia como se tiene fundamentado en el Auto de Vista, si el imputado consideraba vulnerados sus derechos y los principios de continuidad e inmediatez, pudo objetar oportunamente las suspensiones de audiencia producidas; aspecto que no ocurrió, de donde se desprende que la recurrente no se sintió afectada o agraviada por los actos reclamados; sobre el incumplimiento del plazo en la lectura de Sentencia, se tiene que el Tribunal determinó la deliberación en horarios fuera de trabajo y se acogió al segundo párrafo del art. 361 del CPP, suspendiendo la audiencia no sin antes pronunciar la parte resolutiva de la misma, para luego hacer un señalamiento dentro de lo establecido por ley a los tres días posteriores, que a los efectos de dicho plazo debe ser observado lo previsto en el art. 130 párrafo IV del CPP, en lo que respecta al cómputo solo de días hábiles.


III.        VERIFICACIÓN DE POSIBLE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Precisados los motivos, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con los precedentes invocados respecto a: i) La falta de fundamentación en cuanto al contraste solicitado a la prueba pericial de informe psicológico elaborado por Mittzi Rivero y el informe de la consultora Bejarano; con, el informe de cargo de la Lic. Paucara; ii) La falta de una adecuada fundamentación o atención negativa a la denuncia de error improcedendo por insuficiente motivación de la Sentencia y la falta de fundamentación descriptiva de la prueba; iii) La Resolución impugnada no hubiera sido dictada por los mismos Vocales que recibieron la fundamentación complementaria de su recurso; y, iv) Falta de fundamentación al no haberse pronunciado de manera motivada sobre la contradicción existente en la credibilidad de la declaración de la víctima y la incongruencia en su manifestación de dolor, con el informe médico particular del Dr. Campohermoso y el forense José Hoyos; en este sentido, antes de ingresar a resolver los motivos del recurso, es menester establecer las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.   

     

III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación, vienen a constituir entonces criterios interpretativos, que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo de Justicia y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una Resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (Resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.2. Análisis del caso concreto.


III.2.i.        De la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado al no haberse analizado ni contrastado el informe de cargo de la Lic. Paucara con el informe psicológico elaborado por Mittzi Rivero, y el informe de la Lic. Bejarano.


       El recurrente denuncia que el informe pericial de la consultora Lic. Bejarano presentado por la acusación fiscal y particular, desestimaría el informe psicológico pericial emitido por la Lic. Julia Paucara Manzaneda; y, el informe psicológico pericial efectuado por la Lic. Mittzy Nancy Rivero Torrico Bozo, informes que no fueron contrastados por parte del Tribunal de alzada.        


       Como precedente contradictorio, invocó el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y otros, donde se constató que el Auto de Vista entonces impugnado no se encontraba dentro de los alcances del art. 413 del CPP, pues el Tribunal de alzada había revalorizado la prueba y como resultado de ello había llegado a la conclusión de que la conducta de los imputados, no se adecuaba al tipo penal por el que fueron juzgados, razón por la cual fue dejado sin efecto; estableciendo como doctrina legal aplicable “Que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiere incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los jueces o tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los tratados internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello no existe la doble instancia y el tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente.


       Conclusivamente. En aquellos supuestos en que el tribunal de alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del juez o tribunal de sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por mandato del primer y segundo período del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deberá indefectiblemente indicar el objeto concreto del nuevo juicio y remitir obrados a otro juez o tribunal para la reposición del mismo, en el marco de las garantías procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales. Cumplimiento que importa tener que salvar los vicios procedimentales y los fundamentos de hecho del proceso contenidos en la ratio decidendi de la presente decisión”.

       

       Analizado el precedente, corresponde contrastarlo con el Auto de Vista impugnado, con la finalidad de establecer el supuesto fáctico análogo respecto a una problemática similar, de donde se puede advertir que la doctrina legal invocada se originó en la constatación de revalorización de pruebas o revisión de cuestiones de hecho por el Tribunal de apelación, lo que constituye un defecto absoluto que pone en indefensión al imputado y afecta el debido proceso; por otro lado, en el presente caso lo que se reclama es que el Tribunal de alzada no contrastó el informe pericial de la consultora Giomar Bejarano Gerke con los informes emitidos por Julia Paucara Manzaneda y Mittzy Nancy Rivero Torrico Bozo, situación procesal distinta a la resuelta en el precedente invocado como contradictorio, teniendo en cuenta que su doctrina es específica, respecto a la revalorización y revisión de cuestiones de hecho; en consecuencia, no se advierte el hecho fáctico similar, que permita a este Tribunal cumplir con su función de uniformar la Jurisprudencia; siendo necesario destacar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


       De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo(negrillas ilustrativas). Por lo referido, el presente motivo deviene en infundado.


III.2.ii.        Del error improcedendo por insuficiente motivación de la Sentencia y falta de fundamentación descriptiva de la prueba.

               Denuncia también el recurrente que el Tribunal de alzada no respondió a los agravios contenidos en el parágrafo II de su apelación restringida, al no cumplir con las directrices emitidas por el Auto Supremo 324/2012-RRC.


Como precedente contradictorio, invocó el citado Auto Supremo 324/2012 de 12 de diciembre, dictado dentro de la presente causa, donde se constató que el Tribunal de alzada obvió fundamentar y motivar su Resolución, al no pronunciarse sobre todos los motivos del recurso de apelación restringida, razón por la cual dejó sin efecto el Auto de Vista 37/2012 de 20 de junio, ratificando la doctrina legal aplicable sentada por este Tribunal en lo que respecta “al deber de los Jueces de ceñirse a los puntos cuestionados; vale decir, que cada punto resuelto debe llevar su respectivo argumento. Los Tribunales de alzada sustentan la resolución de cada impugnación, indefectiblemente, con argumentos jurídicos específicos; la falta de fundamento de la resolución de uno de los puntos cuestionados, implica la inobservancia de la tutela judicial efectiva, defecto absoluto que es necesario subsanar. No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista recurrido, cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente escudarse en argumentos que tiene por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP.”


Ahora bien, precisado el objeto procesal y el contenido de la doctrina legal aplicable del precedente invocado por el recurrente, corresponde a este Tribunal establecer si el Auto de Vista se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida.


A tal efecto, se advierte que Reynaldo Vásquez Cerrudo en el acápite II. de su recurso de apelación restringida, denunció el defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, puntualizando dos extremos:


a) La Sentencia se limitó a enunciar los medios de prueba sin cumplir con las previsiones del art. 124 del CPP, sustentándose en las pruebas de cargo y no así las de descargo, hace énfasis en que se debió valorar las siguientes pruebas y no simplemente enunciarlas descriptivamente o transcribirlas: a.1) La declaración de la víctima; a.2) El informe pericial sobre la personalidad de la testigo Susana María Inés Peña Barrón; a.3) La declaración testifical de Susana María Inés Peña Barrón; a.4) El informe médico emitido por el Dr. Omar Campohermoso; y, a.5) El certificado médico forense emitido por el Dr. Hoyos.


b) La Resolución de mérito no señaló uno a uno cuáles fueron los medios de prueba judicializados, detallando que se debió describir en Sentencia: b.1) Las testificales de todos los testigos ofrecidos, señalando a tal efecto la testifical de María Jannet Terrazas de Pucci; b.2) El informe pericial de descargo elaborado por Mittzy Rivero, referente a la personalidad de la víctima; b.3) El informe pericial de descargo elaborado por el Dr. Cerrudo referente a la personalidad de la testigo Susana María Inés Peña Barrón; y, b.4) La prueba documental de fotografías que evidencian el estado etílico de la citada testigo Susana María Inés Peña Barrón.


Por su parte, el Tribunal de alzada estableció que “con respecto al art. 370 núm. 5) del C.P.P en lo especifico haciendo mención en el segundo considerando parte final, que no es como pretende el apelante, la misma sea una simple relación, aun si se lo leera aisladamente por párrafos separados parecería que así fuera, sin embargo ello forma parte de un todo como es la Sentencia y el resaltar la declaración constituye parte de la hermenéutica procesal que lo desarrolla la autoridad a quo, en ese sentido al leer en el contexto de la Sentencia este Tribunal no advierte que solo tenga como fundamento una relación de hechos, que por el contrario permiten conocer los aspectos que llevarían a tomar una determinación acorde a los hechos sometidos a juicio, como en el caso, que hace inviable sobre este punto la impugnación del apelante.” (sic).


Respecto a la falta de la fundamentación valorativa de la Sentencia, se observa que el Tribunal de alzada luego de remembrar lo fundamentado por el Tribunal de mérito en cuanto a las pruebas observadas por el apelante, establece al referirse tanto a las testificales como documentales judicializadas, que estas han sido analizadas y fundamentadas conforme prevé el art. 173 del CPP, lo cual conlleva a un correcto entendimiento de lo sucedido como hechos sometidos a juicio y lo asumido por el Tribunal de mérito; además de ello, establece que “el apelante en su recurso no estableció menos señaló como debió aplicarse la norma y que en el caso hipotético señalar cuál es la errónea aplicación de la valoración de la prueba comunitaria analizada por el a quo, que para ello no basta realzar transcripción de una parte de las pruebas judicializadas, sean estos declaraciones de testigos, peritos o documentos, o que en su caso la motivación de la resolución no responda a ese ejercicio razonado que el tribunal a quo debió hacerlo, extremos estos que no han sido establecidos por el apelante, por lo que no es viable su apelación.”


En suma, respecto a lo expuesto en el punto: a) De la presente Resolución, se advierte que lo resuelto por el Tribunal de alzada es acorde la doctrina legal aplicable establecida por este Tribunal casacional mediante Auto Supremo 439/2014-RRC de 3 de septiembre entre otros, en cuanto a la obligación del recurrente en identificar cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; toda vez, que si bien señaló cuáles las pruebas supuestamente valoradas incorrectamente, no proporcionó la solución que se pretende en base a un análisis lógico-explícito; por otra parte, en cuanto lo expuesto en el punto b) De líneas precedentes y partiendo del criterio de que el Tribunal de alzada, tiene la obligación de responder cada una de las pretensiones expuestas en apelación por el impugnante; en el caso de autos, se advierte que dicho Tribunal no resolvió todos y cada uno de los puntos denunciados por el apelante al obviar resolver la denuncia de falta de fundamentación descriptiva de la Sentencia, respecto a las pruebas detalladas por el recurrente -b.1), b.2), b.3) y b.4)-.


Por lo señalado, al ser evidente lo denunciado por el recurrente; en cuanto, a que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, incumplió con el deber de fundamentación que deben contener las Resoluciones judiciales respecto al punto apelado referido a la falta de fundamentación descriptiva de la Sentencia; el presente motivo deviene en fundado, al ser contrario al precedente contradictorio invocado.


III.2.iii.        De la emisión del Auto de Vista impugnado por autoridades distintas a las que recibieron la fundamentación complementaria del recurso de apelación restringida.


               El tercer agravio expuesto en casación, es el referido a la emisión del Auto de Vista 28/2016 por los Vocales Rubén Ramírez Conde y A. Willy  Arias Aguilar -sin la realización de una nueva audiencia de fundamentación-; y no así, por los Vocales Fernando Ganam y Félix Peralta, mismos que recibieron la fundamentación complementaria del recurso.

               

               Como precedente contradictorio, el recurrente invocó el Auto Supremo 52/2012 de 19 de marzo, dictado dentro del proceso penal seguido por Erika Delgado Bruzonic contra Marcial Salcedo Velasco y otros, por la presunta comisión de los delitos de Difamación y otros, donde se constató la vulneración del derecho al Juez natural, estableciendo como doctrina legal aplicable que: “los casos en los cuales existan Autos de Vista suscritos por Vocales distintos a los que fueron legalmente convocados para conocer el asunto y que incluso hubiesen participado en la audiencia de fundamentación de la apelación restringida, constituye una irregularidad que amerita subsanación, pues al generar incertidumbre en el justiciable sobre la revisión del expediente y sus antecedentes para arribar a la decisión asumida por parte de Vocales distintos a los convocados, vulnera la seguridad jurídica, resulta necesaria la participación de los Vocales convocados inicialmente y que llevaron adelante la audiencia de fundamentación de la apelación restringida.”

               

               De la revisión de antecedentes; se observa que de fs. 489 a 492 de la presente causa, cursa el “Acta de audiencia pública de fundamentación oral complementaria apelación restringida” (sic) de 30 de mayo de 2012, la cual fue suscrita por los vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Elías Fernando Ganam Cortez y Félix Peralta Peralta; mismos que, habiendo escuchado la fundamentación oral de la parte imputada apelante y la respuesta a la fundamentación por la parte querellante, posteriormente dictaron el Auto de Vista 37/2012 de 20 de junio.

Asimismo, se observa que el Auto de Vista ahora impugnado, evidentemente es suscrito por los vocales Rubén Ramírez Conde y Willy Arias Aguilar, en atención al Auto Supremo 569/2015 de 4 de septiembre, dictado dentro de la presente causa, que declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Reynaldo Vásquez Cerrudo, dejando sin efecto el Auto de Vista 62/2014 de 21 de noviembre: “disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno de forma inmediata, pronuncie nuevo Auto de Vista” (sic).

Ahora bien, se advierte que el supuesto fáctico que dio lugar a la doctrina legal invocada - Auto Supremo 52/2012 de 19 de marzo-, se refiere a que por Auto de Radicatoria se convocó a objeto de conformar quórum y resolver la apelación restringida a la Dra. Virginia Janeth Ibáñez, interviniendo esta autoridad en cumplimiento a dicho llamamiento en la sustanciación de la apelación restringida por lo que participó en las dos audiencias señaladas para la fundamentación oral complementaria; sin embargo, el Auto de Vista fue suscrito por  Elías Fernando Ganam Cortez, Vocal de la Sala Penal Segunda y Ramiro López Guzmán, Vocal Presidente de Sala Penal Tercera y no por la citada Dra. Virginia Janeth Crespo Ibáñez, Presidenta de Sala Penal Primera, situación que fue reclamada mediante solicitud de explicación, complementación y enmienda. Finalmente, en el Auto Complementario que resolvió dicha solicitud, las autoridades señalaron que se trataba de un error de forma y no de fondo, disponiendo se proceda a la enmienda con la firma de la Vocal convocada, dejando constancia que en ninguna actuación intervino el Vocal Ramiro López Guzmán; sin embargo, a pesar de haberse dispuesto aquella enmienda del Auto de Vista en lo referente a la firma de la Vocal convocada a tal efecto, no fue subsanada; circunstancias que se advierte no tienen relación alguna con el defecto atribuido al Auto de Vista actualmente recurrido, referido a la vulneración de la seguridad jurídica al no haberse convocado a una nueva audiencia de fundamentación complementaria; en consecuencia, no es posible efectuar la labor de contraste.

               En mérito a lo señalado, constatándose que el precedente invocado por el recurrente, carece del supuesto fáctico similar a efectos de ser confrontado con el Auto de Vista recurrido, en base a la denuncia efectuada en casación, le es imposible a este Tribunal efectuar su labor de unificación jurisprudencial, previsto en el art. 416 del CPP, deviniendo el motivo expuesto en infundado.


III.2.iv.        De la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido al no pronunciarse de manera motivada sobre la contradicción en la credibilidad de la declaración de la víctima; y, la incongruencia en su manifestación de dolor, con el informe médico evacuado por el Dr. Campohermoso y el informe médico evacuado por el Dr. José Hoyos.


               Por último, en su memorial de casación el recurrente acusa bajo el acápite III.4 dos aspectos: a) La contradicción en la credibilidad de la declaración de la víctima, la cual hubiere sido observada por el informe psicológico pericial efectuado por Mittzy Nancy Rivero Bozo; en cuanto, a los hechos sucedidos, situación contraria al informe psicológico emitido por la Lic. Paucara que otorga credibilidad a la declaración de la víctima; y, b) La incongruencia en la manifestación de dolor en la víctima, circunstancia que el Auto de Vista recurrido no explica; esto en el entendido que, tanto el médico particular Dr. Campohermoso, como el forense Hoyos, coinciden en que la manifestación de dolor es inmediatamente se produce la laceración o enrojecimiento en la vagina; sin embargo, en el caso de Autos según señala el recurrente-, si la víctima tuvo dolores los días inmediato posteriores al hecho generador del proceso, no los manifestó.


               Como precedente contradictorio, invocó el Auto Supremo 367/2014 de 8 de agosto, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro, por la presunta comisión de los delitos Asesinato en grado de Tentativa y otros, donde se constató que ante el recurso de ambas partes, en la parte dispositiva del Auto de Vista, el Tribunal de alzada declaró improcedentes ambos recursos y contradictoriamente dispuso anular la Sentencia, sin fundamentos que respalden su decisorio; asimismo, en posterior Auto complementario, de forma contraria a los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista impugnado, señaló que en dicho fallo se había establecido que el Tribunal de origen, no realizó una adecuada valoración de la prueba, advirtiéndose nuevamente contradicción; esta vez, entre los fundamentos expuestos en ambas Resoluciones, razón por la cual dejó sin efecto tanto el Auto de Vista como el Auto Complementario, estableciendo como doctrina legal aplicable que :“la exigencia de congruencia, debe ser acatada también por los Tribunales impugnación, toda vez que una resolución incongruente, no permite cumplir con eficacia la Resolución y por ende, no se brinda la tutela judicial efectiva solicitada, pues la congruencia constituye un requisito de validez para todo fallo.”


               En el caso de Autos, el recurrente alega la falta de pronunciamiento de manera motivada del Auto de Vista impugnado respecto a los dos puntos expuestos como a) y b) líneas precedentes de la exposición del presente motivo, lo cual se constituiría en un vicio de incongruencia omisiva (Citra petita o ex silentio) y falta de fundamentación, ampliamente desarrollados por este Tribunal mediante Autos Supremos 124/2017 de 21 de febrero, 906/2016-RRC de 18 de noviembre y 810/2016-RRC de 17 de octubre entre otros; en cambio, la situación fáctica del precedente invocado como contradictorio -Auto Supremo 367/2014-, se encuentra referida a la existencia de incongruencia interna de las Resoluciones impugnadas, de lo cual no se establece la similitud fáctica del referido precedente con el hecho fáctico motivo de casación; es decir, si bien la doctrina legal invocada, se refiere a la exigencia de congruencia por parte de los Tribunales de alzada, los hechos fácticos no son símiles. En consecuencia, el presente motivo deviene en infundado.


En suma, al resultar evidente lo acusado por el recurrente, únicamente en relación a la falta de fundamentación o atención negativa a la denuncia de falta de fundamentación descriptiva de la prueba, por los motivos explicados precedentemente, se encuentran razones valederas para dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado; puesto que, las autoridades que lo emitieron, incurrieron en contradicción con el Auto Supremo 324/2012 de 12 de diciembre, invocado como precedente contradictorio por la parte recurrente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Reynaldo Vásquez Cerrudo, de fs. 1315 a 1335, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Auto de Vista 28/2016 de 12 de mayo, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos