TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 282/2018-RRC

Sucre, 07 de mayo 2018


Expediente                        La Paz 57/2017

Parte Acusadora              Ministerio Público y otra

Parte Imputada                Germán Freddy Juchani Quispe

Delito                                    Asesinato

Magistrado Relator               Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de mayo de 2017, cursante de fs. 446 a 458 vta., Germán Freddy Juchani Quispe, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 6/2017 de 13 de febrero, de fs. 441 a 444, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Victoria Laura de Ancasi contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia S-11/2016 de 15 de marzo (fs. 264 a 273 vta.), el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Germán Freddy Juchani Quispe, autor y culpable de la comisión del delito de Asesinato en grado de Instigador, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 1) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, más costas a favor del Estado y reparación de daños averiguables en ejecución de Sentencia.


b)         Contra la mencionada Sentencia, el imputado Germán Freddy Juchani Quispe (fs. 379 a 407), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 6/2017 de 13 de febrero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación interpuesto y del Auto Supremo 719/2017-RA de 18 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en esta resolución, el cual transcribimos a continuación:


El recurrente arguye, que en recurso de apelación restringida denunció tres agravios, con la obligación de parte del Tribunal de alzada, de analizar y ponderar los puntos apelados; sin embargo, no se pronunció sobre todos los motivos alegados, cuya carencia hace evidente el vicio de incongruencia omisiva en infracción al principio tantum devolutun quantum apellatum y al deber de fundamentación, limitándose a mencionar las características del derecho penal y los derechos y garantías constitucionales, evadiendo de manera directa los agravios y fundamentos esgrimidos en el recurso: i) En el primer agravio, aludió defectos absolutos de acuerdo al art. 370 inc. 1) del CPP, sobre errónea aplicación de ley sustantiva, sin haber merecido pronunciamiento específico y puntual; ii) En el segundo agravio, refirió falta de fundamentación en la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria; además Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, de acuerdo a los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, en los que habría relacionado los aspectos defectuosos de la Sentencia en base a precedentes invocados, sin que se haya realizado ninguna fundamentación, ni mencionado los elementos fácticos descritos en el agravio. iii) Señala que igualmente, en el tercer agravio, acusó inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, conforme al art. 370 inc. 11) del CPP, sobre el que tampoco se realizó fundamentación alguna, ni considerado los elementos reclamados, cuando tenía la obligación de verificar la contradicción del Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, una vez admitido el recurso y aperturada su competencia para resolver cada problemática planteada en forma separada.


I.1.2. Petitorio


Solicita que el recurrente, se deje sin efecto la resolución impugnada.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 719/2017-RA de 18 de septiembre, cursante de fs. 469 a 471, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el recurrente, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se tiene lo siguiente:


II.1.  Del recurso de apelación restringida.


Contra la Sentencia condenatoria, el imputado, interpuso recurso de apelación restringida, argumentando que:

       

  1. La Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP; toda vez, que en el fallo apelado se realizó un análisis de la teoría finalista de la acción con el propósito de subsumir su conducta al tipo penal de feminicidio  y/o asesinato, al respecto haciendo referencia a la argumentación descriptiva de la resolución cuestionada relacionada a la conducta del imputado, señala que el A quo hizo afirmaciones tales como: La existencia de agresiones físicas y psicológicas, sustentadas únicamente en la declaración de la madre de la víctima, sin que exista ningún otro elemento que respalde dicha declaración; también habría hecho apreciaciones subjetivas y personales sin sustento probatorio, refiriendo que: i)  La víctima y el imputado no vivían felices, ii) Que el imputado al saber que moriría, pretendía apoderarse de los bienes. Sin embargo, en dicha argumentación no se hubiera hecho la descripción de ninguna conducta realizada por el apelante, que pueda ser subsumida en el tipo penal de Asesinato en grado de instigador, iii) Basados en la existencia de una cartulina en la que se habría escrito que “su marido nos contrató para eliminar a esta señora el Freddy”, determinaron que su persona planificó la muerte de su esposa, contratando a dicho fin sicarios a quienes les hubiese prometido o dado dinero, argumento que a decir del imputado es subjetivo al no señalar y fundamentar que elementos probatorios respaldan el hecho referido; transcribe el Auto Supremo 431 de 11 de octubre del 2006, el cual invoca como precedente para posteriormente detallar lo descrito por los arts. 252 y 22 del CP y señalar que la Resolución 151/2015 de apertura de juicio, no determinó la conducta que se le acusa y se subsume al tipo penal de Asesinato en grado instigación, al efecto refiere que el Auto Supremo 329 de 29 de agosto del 2006, establece que cuando no se califica adecuadamente se genera una errónea aplicación de los hechos, pues la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta; asimismo, refiere que es conveniente recordar que el Auto Supremo 417/02 de 19 de agosto de 2003, estableció que la tipicidad es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, también hace referencia a lo dispuesto por el art. 413 del CPP, alegando posteriormente que la Sentencia apelada vulneró los derechos constitucionales y procesales referentes a la legalidad, probidad jurisdiccional y el debido proceso, por lo que correspondería a la autoridad conforme estableció el Auto Supremo 054/2010 de 9 de marzo de 2001, anular la Sentencia y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal.


  1. A tiempo de alegar que la Sentencia incurre en los defectos previstos por los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, hace una distinción de la sospecha, probabilidad y certeza, para posteriormente transcribir el contenido de la acusación y Auto de Apertura de juicio, señalando que ninguno de los dos actuados determina la conducta que se le acusa y que se subsume en el tipo penal de Asesinato; no obstante, se hubiera dictado la Sentencia apelada, que considera vulneradora del debido proceso, en función a las siguientes razones: a) La fundamentación de la Sentencia sería insuficiente y contradictoria, porque no determinó con claridad los hechos que se le atribuyen, no realizó una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, no describió de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, no hizo una valoración de manera concreta y explicita de cada una de las pruebas de manera motivada, no determina el nexo de causalidad entre las denuncias y pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad; b) Se basaría en hechos inexistentes y no acreditados, c) Se fundaría en una valoración defectuosa de la prueba por vulnerar las reglas de la sana crítica.


  1. También hubiese incurrido en el defecto de Sentencia previsto por el inc. 11) del art. 370 del CPP; al respecto, transcribiendo el contenido de la acusación y Auto de apertura de juicio, reitera que ninguno determina cuál fue su conducta que se subsume a los tipos penales de Asesinato en grado de instigación; es decir, que no se hubiese determinado cual la conducta desarrollada por el imputado; sin embargo, de manera incongruente con lo descrito en la acusación y Auto interlocutorio referido, el Tribunal de Sentencia lo declararía culpable por que supuestamente tendría problemas familiares a consecuencia de su padecimiento renal, dificultades económicas y que al saber que él moriría y tomando en cuenta la juventud de su esposa, con la finalidad de apoderarse del patrimonio que construyeron en su vida marital, habría planificado la muerte de su conjugue, contratando los servicios de sicarios, a quienes había provisto de instrumentos necesarios (dinero); aspectos que, sustentaron la Sentencia y que no tendrían relación con los hechos esgrimidos en la acusación fiscal, particular y Auto de apertura de juicio, por lo que se hubiera vulnerado su derecho al debido proceso y defensa. Transcribe e invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto del 2014, señalando que la incongruencia entre la acusación y sentencia, constituye defecto absoluto conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por inobservancia de los arts. 124, 398 y 370 inc. 11) de la norma adjetiva referida.


II.2.  Del Auto de Vista impugnado.


El recurso referido fue resuelto por Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declarando admisible e improcedente, bajo los siguientes argumentos:


  1. En el considerando II del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de apelación, identificó los motivos de apelación de la siguiente manera:


“a. Que en la sentencia recurrida incurriría en defecto absoluto establecido en el art. 370 incs. 1) y 5) y que además la fundamentación de la misma es insuficiente y contradictoria esto en razón a que esta no determinaría con claridad los hechos que se indilgan al encausado, como tampoco se habría realizado una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes como tampoco se describiría los supuestos de hechos contenidos en la norma expresa esto por la norma aplicable al caso.


b. Que la autoridad Ad- Quo no haría una valoración de manera concreta y explícita de cada una de las pruebas de manera motivada, esto de la prueba documental como testifical, sin precautelar las reglas de la sana crítica.” (sic).


  1. En el punto 3ro del considerando IV, resuelve los agravios planteados; en cuanto a la presunta existencia de los defectos de sentencia previstos por los incs. 1) y 5) del art. 370 del CPP, señaló que el derecho penal tiene como características, que es de carácter público, normativo, valorativo y finalista; el derecho de castigar que tendría el Estado, seria coartado por el derecho constitucional; asimismo, en el Código Penal los principios y garantías estarían reconocidos desde el art. 1 al 13, por lo que debe tomarse en cuenta a decir del Tribunal de apelación, que la función del derecho penal que es la protección de bienes jurídicos, cuya transgresión activa el ius puniendi del Estado para imponer una pena o medida de seguridad, cuya característica sería la de prevención general; al respecto, haciendo una definición del derecho penal, refiere que su naturaleza jurídica es la protección de los bienes jurídicos o derechos constitutivos. Después de conceptualizar el indulto, menciona que el sujeto condenado a la pena de treinta años de presido, por matar a sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son, no tiene derecho al indulto, pues la lesión al derecho a la vida no permitiría ningún beneficio, por lo que la decisión tomada por el Ad quo, de acuerdo a la revisión de la Sentencia, sería evidente las agravantes y circunstancias investigadas en razón a que existiría la selección y ordenación jerárquica de bienes jurídicos, la vida se encontraría reconocida como un derecho fundamental, por lo que el Tribunal de mérito habría emitido una resolución de acuerdo a la norma procedimental vigente precautelando el principio de legalidad de la norma penal y los principios rectores que reconoce la Constitución Política del Estado.


  1. En cuanto a la falta de valoración concreta y explícita de cada prueba, refiere que conforme a la norma adjetiva penal vigente, la apelación restringida por su naturaleza y finalidad legal, es de puro derecho por lo que en su análisis no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a  circunstancias, hechos y pruebas fácticas que fueron sometidos al control oral, público y contradictorio por el Órgano Judicial, por lo que cuestionar la presentación de la querella no tendría razón analizar la misma; toda vez, que el Ad quem carecería de juridicidad y la circunstancia alegada, de sustento legal para ser admitido como agravio sufrido, pues conforme lo señalado por la Sentencia Constitucional 0421/2007-R de 22 de mayo de 2007, en su acápite III.23.2. numeral 2 tercer párrafo, el agravio es una decisión que resulta desfavorable, causa perjuicio efectivo y objetivo, el cual será medido comparando la situación del recurrente antes y después de la decisión, por lo que lo argumentado por el de mérito sería evidente y estaría de acuerdo a la norma legal penal vigente.


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE EXISTENCIA DE DEFECTOS ABSOLUTOS


Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 719/2017-RA de 18 de septiembre (fs. 469 a 471), que admitió vía excepcional por cumplimiento de requisitos de flexibilización, el recurso que es caso de autos, por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.


III.1.        De la fundamentación.


Respecto al deber de fundamentación dentro de los parámetros establecidos por el art. 398 del CPP, este Tribunal emitió amplia jurisprudencia, entre ellos a través del Auto Supremo 164/2016-RRC de 21 de abril, en su acápite III.1 refiriéndonos al principio de limitación y formas de incongruencia, se señaló:


El art. 180.I de la CPE, entre sus principios rectores en los que fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece la legalidad, en virtud de la cual los actos de toda autoridad que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, se hallan sometidos a la Constitución, Leyes y Tratados Internacionales.


En virtud de este principio de legalidad, los Tribunales del alzada asumen competencia funcional, únicamente sobre los aspectos cuestionados de la resolución, conforme lo dispuesto por el art. 398 del CPP y el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), disposiciones legales inspiradas en el principio de limitación, en virtud del cual el Tribunal de alzada no puede desbordar la propuesta formulada por el impugnante en su recurso de apelación restringida; es decir, que, el Ad quem, sólo debe pronunciarse sobre los motivos de impugnación en los que se fundó el recurso de apelación restringida, sin tener la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las falencias en que incurra el recurrente a tiempo de impugnar una sentencia, y sin que pueda considerar motivos en los cuales no se fundó el recurso de apelación, aun cuando se trate de defectos absolutos, pues en caso de existir éstos, necesariamente deben ser motivo de apelación por parte del impugnante y en caso de no serlo, los mismos se tendrían por consentidos.


El incumplimiento a las normas adjetivas penales referidas precedentemente, por falta de circunscripción del Tribunal de alzada a los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida; se traduce en una incongruencia que implica vulneración del principio tantum devolutum quantum apellatum, principio que impone a la autoridad judicial, pronunciarse sólo sobre los motivos que fundaron un recurso de apelación.


En cuanto a las formas de vulneración de este principio, tenemos en primer lugar, el pronunciamiento ultra petita, que hace incongruente la resolución del Tribunal de alzada, por pronunciarse sobre aspectos no demandados o que no fueron motivo de apelación, desbordando los límites de su competencia a aspectos no cuestionados y los cuales llegan firmes ante el de alzada; este hecho también conocido como exceso de jurisdicción, vulnera el debido proceso por violación del principio de legalidad, pues al pronunciarse el Ad quem, sobre aspectos en los que no se fundó el recurso de apelación restringida, se impide a la parte contraria a contestar de forma fundamentada, conforme lo dispuesto por el art. 408 del CPP, hecho que amerita la nulidad de la resolución por constituir defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP. 


Otra forma de incongruencia de una resolución y que también vulnera el principio tantum devolutum quantum apellatum, es la falta de pronunciamiento sobre todos los motivos en los que se fundó un recurso de apelación restringida, conocido como pronunciamiento infra petita o citra petita o incongruencia omisiva, el cual también constituye un defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP, al dejar al impugnante en incertidumbre sobre el resultado del motivo planteado en apelación.


(…)


Debemos entender que la obligación de pronunciarse sobre todos los motivos en los que se fundó un recurso, tiene la finalidad de cumplir el parámetro de una resolución completa, lo cual supone a la vez, que un fallo para cumplir con el mismo, debe referirse tanto al hecho como al derecho; al referirse al hecho -circunstancias alegadas por el apelante-, el Tribunal de alzada tiene el deber de identificar de manera correcta el agravio alegado, a fin de emitir su fallo de manera coherente con los argumentos expuestos en un determinado recurso, resolviendo cada circunstancia alegada de forma separada, puntual y precisa, no hacerlo de esa manera o exponer fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos, implica también incurrir en incongruencia omisiva, pues deja a las partes en estado de indeterminación respecto a la proposición jurídica realizada, vulnerando el debido proceso en su elemento del derecho a recibir una respuesta fundamentada, así como la inobservancia de los arts. 124 y 398 de la norma adjetiva penal, convirtiendo la decisión asumida por el de alzada, en arbitraria que amerita ser castigada dejando sin efecto la resolución impugnada.


III.2. Análisis del caso en concreto.


El recurrente denunció que el Tribunal de apelación no se pronunció sobre los tres agravios planteados en su recurso de apelación restringida, limitándose a mencionar las características del derecho penal y los derechos y garantías constitucionales, evadiendo pronunciarse sobre los fundamentos que esgrimió en las tres circunstancias planteadas, infringiendo el principio tantum devolutun quantum apellatum.


1.- El recurrente, señaló que como primer agravio de apelación alegó que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, planteamiento que no hubiera sido resuelto de manera específica y puntual. De la revisión del Auto de Vista impugnado según lo relatado en el acápite II.2 del presente fallo, se observa que el Ad quem, identificó el primer agravio planteado por el imputado, señalando que éste denunció que la Sentencia incurrió en los defectos previstos por los incs. 1) y 5) del art. 370 del CPP; toda vez, que no se habría determinado con claridad los hechos acusados, los aspectos fácticos y los hechos contenidos en la norma aplicable al caso.


La identificación del primer agravio planteado, no es correcta; toda vez, que en el primer motivo de apelación, el imputado sólo acusó la existencia del defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 de la norma adjetiva penal, fundamentando respecto al mismo que el de mérito hizo afirmaciones con respaldo en una sola declaración y otras sin que exista elementos probatorios, los cuales consideró subjetivos, argumentos a los cuales el Tribunal de apelación en el punto 3ro del considerando IV del Auto de Vista impugnado, no se refirió, limitándose a referir las características del derecho penal, su limitación por el derecho constitucional, el reconocimiento de principios y garantías en el Código de Procedimiento Penal, que el delito de Asesinato sería castigado sin derecho a indulto y que en la decisión asumida por el de mérito sería evidente las agravantes y circunstancias investigadas. Evidenciándose que el Tribunal de apelación, no sólo hizo una incorrecta identificación del agravio planteado, señalando que en el primer agravio el imputado acusó que la Sentencia incurrió en los defectos previstos por los incs. 1) y 5) del art. 370 de la Ley 1970; aspecto que, contrastado con el agravio planteado en el recurso de apelación interpuesto, resulta no ser evidente, pues el apelante fundó el primer agravio de apelación únicamente en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 de la norma señalada; pues esa mala identificación del agravio conllevó a que el de alzada, no considere los argumentos en los que se sustentó el agravio planteado, dejando al recurrente en estado de incertidumbre e indeterminación respecto a la proposición jurídica realizada, siendo evidente que el Tribunal de alzada no dio respuesta específica y puntual, al aspecto analizado.

2.- En el segundo agravio de apelación, el imputado señala que denunció de manera conjunta que la Sentencia incurrió en los defectos previstos por los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, agravio que no hubiera sido fundamentado por el Tribunal de apelación en el fallo impugnado. Conforme lo resuelto en el primer punto analizado en el presente acápite, es evidente que el Tribunal de apelación al haber fusionado el defecto previsto por el inc. 5) con el previsto por el 1) ambos del art. 370 del CPP, no otorgó una respuesta clara y especifica al agravio planteado; y, a tiempo de resolver sobre la supuesta existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 6) de la norma referida, identificó el agravio señalando que el de mérito no habría realizado una valoración de manera concreta y explícita de cada prueba de manera motivada y sin precautelar las reglas de la sana crítica. Argumentando a tiempo de resolver el mismo, después de referir que no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas, que no tendría razón analizar el agravio planteado; toda vez, que carece de juridicidad.


Lo cual evidencia que el Tribunal de apelación al igual que en el primer aspecto analizado, no hizo una correcta identificación del motivo de apelación en el cual el recurrente señaló; no obstante, que la acusación y Auto de apertura de juicio no determinó su conducta y cómo se subsumiría al tipo penal de asesinato, se dictó Sentencia condenatoria, sin la fundamentación suficiente, la cual además sería contradictoria, por las razones que explica; se basaría en hechos inexistentes y no acreditados y se fundaría en una valoración defectuosa de la prueba por vulnerar las reglas de la sana crítica; aspectos que, fueron desarrollados y fundamentados por el imputado en su recurso y los cuales no fueron considerados por el Tribunal de apelación quien no hizo una correcta identificación del agravio, dejando al imputado como ya se dijo, en estado de incertidumbre sobre el resultado de las circunstancias planteadas.


3.- El imputado, señaló que como tercer agravio, denunció que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 11) del art. 370 del CPP, lo cual es evidente según lo redactado en el inc. 3) del acápite II.1 de la presente resolución y la cual no fue identificada ni resuelta en el Auto de Vista impugnado.


Por lo expuesto, este Tribunal evidencia la infracción del principio tantum devolutun quantum apellatum denunciada por el recurrente de casación; toda vez, que el Tribunal de apelación no dio respuesta específica, clara y concreta a la primera y segunda circunstancia alegada por el imputado, acudiendo a argumentos evasivos que no responden a los fundamentos que sirvieron de sustento a los motivos de apelación y guardó silencio respecto al tercer agravio planteado, defecto en el que incurrió al no haber hecho una correcta identificación de las proposiciones jurídicas planteadas en apelación restringida, vulnerando el debido proceso por inobservancia de las formas procesales, previstas para una resolución de alzada según lo dispuesto por los arts. 398 y 124 del CPP, al no otorgar una respuesta fundamentada y dentro de los límites establecidos por el recurso de apelación restringida, emitiendo un fallo corto por incongruencia omisiva, lo cual amerita dejar sin efecto la resolución impugnada, en aplicación de lo dispuesto por el art. 419 de la norma adjetiva penal.


POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Germán Freddy Juchani Quispe y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 6/2017 de 13 de febrero, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos