TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 281/2018-RA

Sucre, 04 de mayo de 2018


Expediente                : Pando 35/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos y otros

Delitos        : Homicidio Culposo y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 25 y 31 de julio de 2017, Delma Vivian Cornejo Apaza, de fs. 638 a 648 y Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos, de fs. 679 a 700 vta., interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista de 13 de junio de 2017, de fs. 620 a 627, y el Auto Complementario de 25 de julio de 2017, pronunciados por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Edwin Eloy Torres Salgado y Felipa Irma Espinoza Yujra contra los recurrentes y Mariel Maj Brith Trujillo Mena, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Culposo y Lesiones Gravísimas, previstos y sancionados por los arts. 260 y 270 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 03/2015 de 6 de febrero (fs. 67 a 89), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos y Delma Vivian Cornejo Apaza, autores de la comisión del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de presidio al primero y tres años de reclusión a la segunda, siendo el primero de los nombrados absuelto del delito de Lesiones Gravísimas, por otra parte Mariel Maj Brith Trujillo Mena, fue absuelta del delito endilgado en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Delma Vivian Cornejo Apaza (fs. 116 a 129) y Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos (fs. 142 a 170), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por los Autos de Vista de 12 de junio de 2015 (fs. 289 a 297 vta.), A.V. de 27 de junio de 2016 (fs. 478 a 486), y los Autos Complementarios de 24 de junio de 2015 (fs. 303 a 304), A.C. de 12 de julio de 2016 (fs. 490), que fueron dejados sin efecto por los Autos Supremos 134/2016-RRC de 22 de febrero (fs. 463 a 471 vta.) y 120/2017-RRC de 21 de febrero (fs. 606 a 614 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista de 13 de junio de 2017, que declaró improcedentes las apelaciones planteadas; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda de Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos, mediante Resolución de 25 de julio de 2017 (fs. 634 y vta.).


  1. Por diligencias de 18 y 26 de julio de 2017 (fs. 629 vta. y 635), los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista ahora impugnado y el Auto Complementario de 25 de julio de 2017; y, el 26 y 31 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos


II.1. Del recurso de casación de Delma Vivian Cornejo Apaza.


La recurrente impugna el Auto de Vista por considerar que existirían contradicciones entre la Resolución de alzada y la Sentencia apelada, realizando un resumen del recurso de apelación restringida interpuesto anteriormente, para luego ingresar a denunciar los agravios del Auto de Vista, que realizando una trascripción del Auto de Vista sobre la cuestión planteada en apelación respecto a la Inobservancia o Errónea Aplicación de la Ley; refiere que el Auto de Vista impugnado como consecuencia del Auto Supremo 120/2017-RRC de 21 de febrero, mediante el cual se dejó sin efecto el Auto de Vista de 27 de junio de 2016 y su Complementario de 12 de junio de 2016, en su punto III.3.2 sobre la supuesta falta de fundamentación respecto al quantum de la pena denunciada por el imputado Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos, el representante del Ministerio Publico y los acusadores particulares; se menciona que a los fines de evitar reiteraciones innecesarias, las denuncias referidas serán analizadas de forma conjunta, por cuanto todas refieren la falta de fundamentación en el que hubiera incurrido el Tribunal de alzada respecto al quantum de la pena, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados a los recursos y conforme se expuso en el análisis del primer motivo del anterior recurso del imputado, donde se tiene que emitida la Sentencia condenatoria con pena de cuatro años de reclusión, el imputado formuló recurso de apelación restringida donde aparte de otros reclamos de falta de coloración y fundamentación en la determinación de la pena, que fue resuelto por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista de 12 de junio de 2015, fue dejado sin efecto por Auto Supremo 134/2016-RRC de 22 de febrero; toda vez, que se constató que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación a tiempo de modificar el quantum de la pena ya que arguyó que el Tribunal de Sentencia, olvidó considerar que al momento del parto de Felipa Irma Espinoza Yujra, Roger Vaca Guzmán Dávalos, se encontraba atendiendo otras personas en consulta externa de la Caja Nacional de Salud, omitiendo expresar en cuál de los incisos descritos por el art. 38 del CP, encajaba esa situación que ameritaría ser considerada como atenuante, además, que tampoco había expresado si ese extremo lo extractó de un hecho establecido como probado por el Tribunal de origen y en qué parte de la Sentencia se apreciaba ese extremo, lo que estaba estrechamente relacionado con la gravedad del hecho establecido por el Tribunal de mérito en la fundamentación de la pena, punto en el que resaltó la ausencia del imputado en el parto y que la madre de la víctima era ARO; aspectos sobre los que el Tribunal de alzada no efectuó consideración alguna, especificando si dicho razonamiento merecía ser tomado en cuenta como una atenuante o agravante en la determinación de la pena, generando incertidumbre porque no se sabía con certeza si para la afirmación de este hecho el Tribunal de alzada descendió a revisar cuestiones de hecho o pruebas o fue extractado de los hechos probados por el Tribunal de Sentencia. Continuando con los fundamentos del Auto Supremo, también advirtió que el Tribunal de apelación, a tiempo de hacer extensiva la reducción del quantum de la pena a favor de la coimputada Delma Vivian Cornejo Apaza, se encontraba en similar situación de responsabilidad que el imputado Roger Vaca Guzmán Dávalos, lo que generó dudas. Refiere que en mérito al Auto Supremo, la Sala Penal y Administrativa, emitió el Auto de Vista de 27 de junio de 2016, que modificó la pena de reclusión de Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos a tres años, que finalmente concluyó que estando en similar situación de responsabilidad, el quantum de la pena de la recurrente, debe ser también similar. De esta relación se tiene que: 1.- No se actuó conforme los entendimientos asumidos por el Auto Supremo 134/2016-RRC de 22 de febrero, 2.- Respecto a la afirmación que realizó la coimputada Delma Vivian Cornejo Apaza se encontraba en similar situación de responsabilidad que el imputado Roger Vaca Guzmán Dávalos, el Tribunal de casación estableció que dicho argumento generaba duda, 3.- Que el quantum de la pena de Delma Vivian Cornejo Apaza debe ser también similar; argumentos que no resultan suficientes por cuanto generan incertidumbre en las partes, 4.- Que la Sala Penal y Administrativa del Tribunal de Justicia de Pando debe dictar nuevo fallo aplicando estrictamente la doctrina sentada en el presente Auto Supremo emitiendo directamente Sentencia sin necesidad de reenvío, dando estricta aplicación al mandato del art. 413 in fine del Código de Procedimiento Penal (CPP). Así también, refiere la recurrente que el fallo emitido continúa manteniendo los agravios realizados en el recurso de apelación y es más, sostiene que este genera dudas, y ante este hecho corresponde aplicar en lo que más beneficie al encausado; en ese sentido analizando la Resolución y el recurso del Ministerio Público, no se realizó, solicitando que al haberse establecido la contradicción entre en Auto de Vista recurrido y los precedentes contradictorios citados, que demuestran que existe la obligación de emitir una nueva Sentencia, rebajando el quantum de la pena, porque existe una causal de justificación debidamente acreditada, porque no existen los elementos constitutivos del tipo penal Homicidio Culposo, o caso contrario, conforme al precedente contradictorio señalando que exige un resultado antijurídico tratándose de Homicidio Culposo, sea inmediato, se disponga la emisión de una nueva Sentencia, rebajando el quantum de la pena a dos años, por existir un vicio in iudicando.


Invoca también como precedentes contradictorios denunciando existencia de violación de derechos y garantías constitucionales, como defecto absoluto y defectos de Sentencia los Autos Supremos 179/2007 de 6 de febrero, 450/2004 de 19 de agosto, “562/2004”, 73/2004 de 10 de febrero, 304/2006 de 25 de agosto, 086/2006 de 18 de mayo, “617 de 24 de noviembre de 007” y “141 de 22 de abril de 006”.


II.2. Del Recurso de Casación de Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos.


El recurrente impugna el Auto de Vista, en base a los siguientes fundamentos: i) Contradicción del Auto de Vista de 13 de junio de 2017 y su Complementario, respecto a los Autos Supremos 36 de 20 de junio de 1941, 417/03 de 19 de agosto de 2003, 329/2006 de 29 de agosto y 038/2013-RRC de 18 de febrero. Refiere que en apelación se habría incurrido en la inobservancia o errónea aplicación de la Ley, que si bien constituye un motivo para interponer apelación, es también un defecto de la Sentencia. Que, el Tribunal de Justicia de Pando al momento de resolver tres veces la apelación formulada contra la Sentencia, ratificó el error incurrido por el Tribunal de Sentencia, incurriendo en inobservancia de los arts. 11 inc. 2) y 15 del CP; y errónea aplicación del art. 260 del CP. En relación a la inobservancia de los arts. 11 inc. 2) y 15 del CP, se advirtió por los miembros del Tribunal de Sentencia que el art. 11 inc. 2) del CP, referido a la causal de exención de responsabilidad penal, no fue correctamente aplicado al caso presente, al haberse advertido el ejercicio de un derecho, un oficio o cargo, cumplimiento de la Ley o de un deber, lo que también se vulneró por el Tribunal de alzada. También se advirtió que el Tribunal de alzada, incumplió las previsiones contenidas en el art. 260 del CP, porque no se identificó adecuadamente los casos en los que las personas incurren en la culpa consciente, es decir cuando no se toma conciencia de que se realiza el tipo penal. No se advirtió que en la Caja de Salud de Cobija, en el Servicio de Ginecología-Obstetricia, existen médicos de consulta externa y médicos de planta o de turno, lo que se habría demostrado en la Sentencia en los puntos 5.3.1, 5.2.1 incs. a), b) y 5.1 inc. g) de la Sentencia; que se encontraba atendiendo consulta externa a más de 20 pacientes (ver declaración de María Rosario Barrios Arévalo); lo que es evidente por la prueba documental MP-3 y MP-9, por lo que considera que no podría habérsele atribuido el hecho culposo, si en ese mismo momento se encontraba impedido de asistir a la querellante, quién debía ser atendida por el Dr. Luis Alberto Álvarez. El Auto de Vista de 13 de junio de 2017 y su Auto Complementario reconocen nuevamente, que se estaba atendiendo en ese momento a otra paciente, hecho que el Tribunal de Sentencia no consideró como eximente de responsabilidad, porque concluyó erróneamente que al ordenar la internación de la paciente, tenía el deber de atenderla en su parto.


Alega que no existe en el Auto de Vista de 13 de junio de 2017, ni en su Auto Complementario, una explicación adecuada respecto de esa causal de justificación. Aduce que invocó oportunamente a su favor precedente contradictorio sobre las causales de justificación y eximentes de responsabilidad, insertas en el Auto Supremo “36 de 20 de junio de 1941”, sobre la que no se pronunciaron los vocales, no advirtieron, ni explicaron, el cual es aplicable plenamente al caso presente. En ese Auto Supremo se acogió la causal de justificación respecto de una circunstancia que existía en el instante del hecho; es decir, que estaba ejerciendo el cargo, como médico ginecólogo, ejerciendo una profesión en cumplimiento de la Ley y el deber de médico, por lo que el Auto de Vista de 13 de junio de 2017 y su complementario omitió considerar la causal de justificación prevista en el inc. 2) del art. 11 del CP, que a su vez constituye eximente de responsabilidad de acuerdo al art. 363 inc. 4) del CPP. ii) Alega también errónea aplicación del art. 260 del CP, siendo que el delito de Homicidio Culposo sanciona cuando el autor habría incurrido en una grave violación de los deberes inherentes a su profesión. Esta grave violación debe tener un nexo causal y directo entre la presunta violación. Aduce que se le habría atribuido el Homicidio Culposo, por haber provocado una supuesta asfixia de la menor ATE. Que, su participación se habría producido el 5 de marzo de 2013 en el parto y el fallecimiento de la menor, acaeció el 13 de marzo en el domicilio particular de los querellantes. Es decir que todo ese tiempo, se habría roto el nexo de causa efecto inmediato que precisa el tipo de Homicidio Culposo, tanto por el transcurso del tiempo, pues el tipo penal requiere que las consecuencias de la acción u omisión sean inmediatas, que luego del nacimiento   -refiere- nunca más habría estado bajo la supervisión del imputado y menos, aún, bajo su control y tratamiento. Es decir la errónea aplicación de la Ley en la que incurrieron tanto los jueces que emitieron la Sentencia, como el Auto de Vista y su Complementario, se apoyan en que la aplicación que han realizado de los hechos al tipo penal, no existe el menor análisis en función a la teoría del delito; toda vez, que se hubiera dejado de lado las exigencias de tipicidad y antijuricidad. Refiere que existe atipicidad de su conducta porque su participación en el parto fue como médico de consulta externa, en la que determinó la internación y al no haberse hecho presente en el parto el médico de emergencia de la Caja de Salud, dejando a los pacientes de la consulta, se hizo presente en la sala de partos, se verificó que la menor habría nacido, la llevó a sala de neonatología, la estimuló y entregó a la menor llorando, viva a la pediatra de turno, y volvió a la sala de partos a atender a la madre. A partir de ese momento afirma que no tenía ninguna responsabilidad más respecto de la recién nacida, pues ese nuevo ser es atendido en forma independiente, con propios especialistas, tratamientos y cuidados, pues a partir de ese momento son dos pacientes con historias clínicas diferentes. No existe acción porque no se habría provocado la muerte de nadie, más aún si la intervención y la fecha del fallecimiento difieren de 7 u 8 días; debiéndose considerar que se había solicitado alta voluntaria de la menor, situación que excluye de responsabilidad a todos los médicos y personal de apoyo del Sistema de las Cajas de Salud.


Señala el recurrente que después del nacimiento, intervinieron varios médicos y enfermeras, particulares y familiares, lo que implica que la muerte no es una consecuencia necesaria de su intervención u omisión como médico ginecólogo, sino que la causa de la muerte es difusa, conforme reconoció el perito Edwin Fernández Maldonado, pues no se ha presentado hasta la fecha ningún certificado médico forense.


No existe omisión, no existe sujeto pasivo, porque inmediatamente de la intervención no existió ninguna consecuencia que hubiese provocado, como médico, la muerte; no existe una causa efecto entre su actuación y el fallecimiento de la recién nacida.


Se establece claramente según el recurrente- que el Auto de Vista de 13 de junio de 2017 y su Auto Complementario que son totalmente contradictorios con el Auto Supremo 417/03 de 19 de agosto de 2003, porque en el caso presente, no se ha efectuado una calificación de los hechos, una adecuación de la conducta atribuida y tampoco una descripción objetiva del delito atribuido en forma correcta y exacta. También denuncia que existe contradicción del Auto de Vista y su Complementario con el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero, porque el Tribunal de alzada mantuvo la sanción impuesta por el Tribunal de Sentencia, afirmando que ante un hecho reconocido por dos testigos, por pruebas documentales y la liberación de responsabilidad a su favor, emitida por el IDIF, concluyen contradictoriamente que tales hechos no constituyen atenuantes, considerando el recurrente que no se habría efectuado en ambas resoluciones un razonamiento mental lógico-jurídico, de establecer el nexo causal entre la acción y el resultado antijurídico, ni la diferencia de tiempo entre la acción y el fallecimiento, por lo que correspondería emitir una nueva Sentencia, absolviendo de pena y culpa, porque no existen los elementos constitutivos del tipo penal. iii) En consideración a que en el Auto Supremo 134/2016-RRC de 22 de febrero, no se resolvió los fundamentos del punto tercero, y el Auto Supremo 120/2017-RRC de 21 de febrero, tampoco resolvió el punto 2 del anterior recurso de casación, denuncia que el Auto de Vista y su Complementario resultan contrarios a los Autos Supremos 537/2006 de 17 de noviembre y 286/2013 de 22 de julio, porque la Sentencia fue emitida en base a hechos inexistentes, no acreditados y en especial por defectuosa valoración de la prueba, aspectos que no fueron advertidos por el Auto de Vista y su Complementario, porque en apelación restringida se identificaron contradicciones en las valoraciones de las declaraciones testificales de Felipa Irma Espinoza y Edwin Eloy Torres con relación a las declaraciones de Claudia Reynaga y la pediatra Dra. Delma Vivian Cornejo, con las declaraciones de Yolanda Beatriz Montoya y María del Rosario Barrios. Contradicciones de las declaraciones de Yolanda Beatriz Montoya y Harold Luis Téllez, funcionarios de INASES, con la declaración de la Dra. Elena Guely Gareca con los datos perinatales y el partograma. Extraña que el Tribunal de origen en la conclusión del testigo Harold Luis Téllez, afirme que los internos del hospital se encontraban a cargo del recurrente, cuando éste se encontraba en consulta externa. Se omitió la declaración de Andrés Flores Aguilar en su condición de perito del IDIF, quien ratificó el dictamen emitido en el caso presente, donde concluyó que no se tenía ninguna responsabilidad, puesto que determinó que el parto fue normal y sin complicaciones, sin embargo esta declaración con el Informe del IDIF consideraron que era una prueba aislada, que no había sido corroborada por ningún otro elemento de prueba.


No existe ningún pronunciamiento en el Auto de Vista de la declaración del testigo Benigno Ángel Zamorano Machaca, quien ratificó su informe policial emitido donde no se identificó indicios de responsabilidad. Se analiza de manera sesgada la declaración de la testigo Claudia Reynaga Tarabillo, pero omiten incluir la declaración de la Dra. Elena Guely Gareca. Omiten analizar las declaraciones de Milez Quetty Aguilera y Alizandro Fukumoto Melena. Consideran que la enfermera de ginecología María Rosario Berrios, estuvo presente en el parto, aspecto totalmente falso. Ratifican que la testigo Alcira Gonzales explicó que la menor no tenía asfixia cuando la recibió en el Hospital Materno Infantil de La Paz. Omiten analizar la declaración de Sonia Eugenia Huanca. El Tribunal de alzada no explicó cómo es que llegó a la conclusión de ratificar lo que el testigo de cargo y descargo José Manuel Díaz, médico del CEMES, afirmó respecto al traslado de la menor, si este testigo no estuvo presente en el parto. Refiere que el Tribunal de Sentencia y el Tribunal de apelación han inferido que existía el indicado diagnóstico en base a la declaración de una sola persona sin considerar la existencia de historias clínicas del Hospital de Cobija y de La Paz, la hoja de transferencia y las declaraciones de las dos pediatras, siendo que nunca se realizó un análisis clínico para descartar los diagnósticos referenciales. No analizaron la tomografía computarizada de la referida menor registrada como MP-30 con la MP-10, con el informe de una supuesta junta médica que nunca se acreditó su existencia, tornándose en una prueba aislada, donde se desconoció el principio in dubio pro reo.


Considera por ello el recurrente-, que la apreciación de esta prueba, sale del marco de la sana crítica y el prudente arbitrio que exige la norma penal y que a su vez implica la vulneración de los derechos defensa y el debido proceso porque se encuentran al margen de la razonabilidad. El Tribunal de alzada, pese a que se denunció errónea valoración, no analizo también- la declaración de la Dra. Susy Yamilca Gironda, quien fue la que firmó el certificado de defunción, considerando que se habría demostrado la causa de la muerte.


Respecto a la prueba documental, no se consideró que el recurrente se adhirió a la prueba de cargo, y que cuando se solicitó la aclaración, complementación y enmienda de la Sentencia, el Tribunal refirió que esa prueba era mancomunada y que existían los fundamentos de la misma en los puntos 3.3 y 3.3.4, sin considerar que también se la valoró en el punto 5.3 de la Sentencia. Por ello refiere que se omitió analizar la prueba MP-3 y MP-9, que demuestran el rol de turnos de los 3 médicos ginecólogos, lo que demuestra que se encontraba en consulta externa, aspecto que fue corroborado por los testigos. El Tribunal de apelación refiere que estos documentos son contradictorios; empero, no explican en qué consiste esa contradicción, omitiendo pronunciarse sobre este punto de apelación. El Tribunal de apelación no analiza la prueba MP-7 respecto a las convulsiones en caso de una hipoxia que son inmediatas al nacimiento y no como ocurrió en el caso presente, por lo que el diagnóstico dado por el Tribunal de alzada resulta errado. El Tribunal de alzada concluye sobre la prueba MP-10 que no consta la tomografía axial, aspecto que es equivocado, porque se denunció que no existía una valoración de esa tomografía. En el Auto de Vista no se realizó ningún análisis a la valoración de la prueba MP-11 consistente en el informe de INASES. Que, sobre la prueba MP-12, tanto el Tribunal de Sentencia como el Tribunal de apelación, afirman que constituye una prueba aislada y que no fue corroborada por otros elementos; es decir, concluyen de manera diferente a lo dictaminado en el peritaje, sin haber  fundamentado las razones por las que se apartan del peritaje, pese a que esa prueba fue ratificada por Andrés Flores. Omiten analizar la prueba MP15. Cuando analizan la prueba MP16, donde se estableció que no se visualizaba lesión en la masa cerebral, que en su declaración el mismo médico Díaz, refirió que existía un edema difuso, sin ninguna base. Al respecto los señores Vocales, determinaron un diagnóstico que dio un médico en forma contradictoria a la tomografía que se tomó en clínica, todo en base a un libro que ni siquiera citó en su declaración el testigo, aspectos que demuestran una defectuosa y subjetiva valoración de la prueba. Omitieron analizar la prueba MP-17 con relación a la MP-10, que en ningún momento se llegó a desvirtuar el diagnóstico diferencial de las pediatras en Cobija. En cuatro líneas el Auto de Vista analiza nuevamente en forma conjunta las pruebas MP-18, MP-19, MP-20 y MP-21, donde el Tribunal de apelación reconoce que el Tribunal de Sentencia, no explicó las presuntas contradicciones incurridas entre enfermeras y pediatras; empero, concluyó en forma muy escueta (no existe ninguna valoración de esta prueba). Cuando analizan la prueba MP-22, el Tribunal de apelación concluye que esta es muy imprecisa; es decir, no se explica cómo y porqué es imprecisa esta prueba para desvirtuar la hipoxia, cuando los Vocales no tienen ninguna especialidad para analizar una tomografía, siendo un análisis y conclusión enteramente subjetivos. Omiten realizar el análisis de la prueba MP25. Al analizar la prueba MP-26, el Tribunal de alzada concluye que quien emitió y certificó la causa de la muerte es el médico de la clínica CEMES, sin advertir que la menor falleció más de dos días después de haber sido dada de alta. Es decir que existe una errónea valoración de la prueba, que hasta la fecha no se ha determinado la verdadera causa del fallecimiento de la menor. El Tribunal concluye al valorar la prueba MP-27 que no existe responsabilidad de los padres en retirar a la menor del Hospital Materno Infantil de La Paz. Analizando la prueba MP-28 consistente en la declaración de José Manuel Díaz, no existe un pronunciamiento expreso sobre este punto en la alzada; es decir, que se omitió determinar si es aplicable el art. 333 incs. 1) y 2) del CPP.


Respecto a la valoración de la prueba MP29, copia de la historia clínica; que en dicha historia no existe ningún documento específico que acredite que la menor haya sufrido asfixia durante su internación. No se hace ninguna valoración de la prueba pericial de descargo del Dr. Edwin Fernando Maldonado, quien luego del análisis de las historias clínicas concluyó que se trata de una muerte sospechosa, y los indicios son insuficientes para establecer la verdadera causa de la muerte. No existe ninguna explicación o argumentación respecto a todos los hechos detallados en la última parte del análisis de esta prueba, en la que se habría demostrado que no existe retraso en el parto, que la menor no sufrió asfixia y que esta fue atendida por los pediatras, con tres diagnósticos diferenciales y que en La Paz, los padres solicitaron el alta para llevarla a una clínica particular, falleciendo dos días después en el domicilio particular. Por ello el Auto de Vista y su Complementario, resultarían contradictorios a los Autos Supremos 537/2006 de 17 de noviembre y 286/2013 de 22 de julio, porque realizaron una valoración subjetiva, contraria a la sana crítica y la lógica, sin fundamentación y contrariando los derechos fundamentales. iv) El Auto de Vista y su Complementario, declararon en su parte resolutiva la improcedencia de la apelación; en consecuencia, confirmaron la Sentencia apelada sin emitir criterio respecto de la pena de reclusión impuesta, suponiendo que se mantendrían los cuatro años de reclusión determinados por el Tribunal de Sentencia. El recurrente habría solicitado oportunamente que se aclare por qué razón no se habría resuelto adecuadamente los fundamentos del recurso de apelación promovido, respecto a la falta de valoración y fundamentación en la determinación de la pena, puesto que estos aspectos fueron resueltos por los Autos Supremos 134/2016-RRC de 22 de febrero y 120/2017-RRC de 21 de febrero. Por ello es que al estar demostrado supuestamente- que el recurrente se encontraba atendiendo otros pacientes en el momento del parto, constituye un hecho probado, porque ya fue admitido en el Auto de Vista ahora impugnado y solo faltaba que se fundamente sobre el mismo, por lo que se solicita cumplan el principio de vinculatoriedad de los fallos judiciales.


En la complementación y enmienda, se alega que el Tribunal Supremo, ya habría resuelto en el Auto Supremo 738/2016-RA de 26 de septiembre, la vulneración del principio nom refomatio in peius, y violación de los arts. 400 y 403 del CPP, por cuanto no puede ser que el Tribunal de alzada, alegue que dicho Auto Supremo, hubiese determinado que en alzada no se puede valorar y fundamentar nuevamente la determinación de la pena, advirtiéndose que el Auto de Vista y su complementario son totalmente contradictorios con los Autos Supremos 134/2016-RRC de 22 de febrero y 120/2017-RRC de 21 de febrero. Refiere que el Auto Supremo 134/2016-RRC de 22 de febrero, consideró que no se habría fundamentado adecuadamente las atenuantes y agravantes para la pena, y en cumplimiento a dicha determinación se emitió el Auto de Vista de 27 de junio de 2016 y su Auto Complementario, el cuál fue dejado sin efecto por el Auto Supremo 120/2017-RRC de 21 de febrero, porque consideró que la inasistencia al parto, fue ciertamente una omisión grave; sin embargo, esta omisión se encuentra atenuada por la actividad que estaba ejerciendo, y se concluye que el Auto Supremo 134/2016-RRC de 22 de febrero, no señaló que se modifique el quantum de la pena, pero tampoco estableció que se hallare impedido el Tribunal de origen de hacerlo; sin embargo para hacerlo debe fundamentarse adecuadamente, aspecto que en el presente caso no se habría hecho, siendo también contradictorio a los Autos Supremos 578/2015-RRC de 4 de septiembre, 197/2013-RRC de 25 de julio y 030/2012 de 23 de marzo. v) Denuncia violación absoluta en el Auto de Vista y su Complementario por fundamentación insuficiente y contradictoria, conforme al art. 370 inc. 5) del CPP, considerando que el Tribunal de apelación tiene la obligación ineludible de fundamentar sus resoluciones y especialmente que no sean contradictorias. Que, de los recursos formulados por los imputados, donde se impugnó la falta de fundamentación en la imposición de la pena, es que se advierte que se habría incurrido en dicho defecto absoluto el Auto de Vista y su Complementario, porque de manera oportuna se solicitó aclare por qué no se  habría dado cumplimiento a los Autos Supremos 134/2016-RRC de 22 de febrero y 120/2017-RRC de 21 de febrero, habiendo los señores vocales en el Auto de Vista de 25 de julio de 2017, señalando que no se hubiese especificado el supuesto incumplimiento y por ello es que dispusieron que no se podía dar respuesta a la petición. Sin embargo afirman que no es determinante la circunstancia que su persona no hubiese demostrado arrepentimiento en el delito, porque en el curso del proceso ha sostenido que no se ha cumplido ningún delito, donde se analizaron de manera escueta los arts. 37 y 38 del CP, soslayando los dos hechos demostrados en Sentencia: el primer hecho sobre la existencia de tres médicos de turno, dos en hospital y uno en consulta externa, que ha sido probada por las documentales MP-3 y MP-9 y las testificales Elena Guely Gareca, María Rosario Berrios y Claudia Reynaga Tarabillo. El segundo hecho, que el recurrente aduce se encontraba atendiendo en consulta externa de acuerdo a las testigos María Rosario Berrios y Claudia Reynaga Tarabillo.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista ahora impugnado y el Auto Complementario de 25 de julio de 2017, el 18 y 26 de julio de 2017, interponiendo sus recursos de casación el 26 y 31 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso de casación de  Delma Vivian Cornejo Apaza.


En el único motivo, la recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado emitido como consecuencia del Auto Supremo 120/2017-RRC de 21 de febrero mediante el cual se dejó sin efecto el Auto de Vista de 27 de junio de 2016 y su Complementario de 12 de junio de 2016, sobre la supuesta falta de fundamentación respecto al quantum de la pena denunciada por el imputado Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos, también advirtió que el Tribunal de apelación, a tiempo de hacer extensiva la reducción del quantum de la pena a favor de la recurrente, ésta se encontraba en similar situación de responsabilidad que el imputado Roger Vaca Guzmán Dávalos. De esta relación se tiene que: 1.- No se actuó conforme los entendimientos asumidos por el Auto Supremo 134/2016-RRC de 22 de febrero, 2.- Respecto a la afirmación que realizó la coimputada Delma Vivian Cornejo Apaza que se encontraba en similar situación de responsabilidad que el imputado Roger Vaca Guzmán Dávalos, el Tribunal de casación estableció que dicho argumento generaba duda, 3.- Que el quantum de la pena de Delma Vivian Cornejo Apaza debe ser también similar; argumentos que no resultan suficientes por cuanto generan incertidumbre en las partes, 4.- Que la Sala Penal y Administrativa del Tribunal de Justicia de Pando, debe dictar nuevo fallo aplicando estrictamente la doctrina sentada en el presente Auto Supremo emitiendo directamente Sentencia sin necesidad de reenvío, dando estricta aplicación al mandato del art. 413 in fine del CPP, solicitando que al haberse establecido la contradicción entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes contradictorios citados, que demuestran que existe la obligación de emitir una nueva Sentencia, rebajando el quantum de la pena, porque existe una causal de justificación debidamente acreditada, se disponga la emisión de una nueva Sentencia, rebajando el quantum de la pena a dos años, por existir un vicio in iudicando. Invoca también como precedentes contradictorios denunciando existencia de violación de derechos y garantías constitucionales, como defecto absoluto y defectos de Sentencia los Autos Supremos 179/2007 de 6 de febrero, 450/2004 de 19 de agosto, 562/2004, 73/2004 de 10 de febrero, 304/2006 de 25 de agosto, 086/2006 de 18 de mayo, “617 de 24 de noviembre de 007” y “141 de 22 de abril de 006”.


De la revisión de las denuncias contenidas en el motivo descrito precedentemente, se puede establecer que la recurrente, durante los fundamentos de su recurso, únicamente efectúa una relación procesal desde el momento de la apelación restringida, reiterando tales argumentaciones, hasta el momento en que su recurso es resuelto por el Auto de Vista impugnado, transcribiendo sus contenidos, para finalizar señalando limitadamente en 4 puntos las omisiones en que supuestamente incurrió el Tribunal de apelación, sin establecer de manera precisa la contradicción que existiría entre el Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo invocado 134/2016-RRC de 22 de febrero, o la contradicción existente en el citado Auto Supremo 170/2017-RRC de 21 de febrero, en relación a las mencionadas 4 omisiones, reclamando circunstancias sin señalar contradicción alguna que la sustente con los precedentes citados e invocados, sin demostrar cuáles serían los agravios ocasionados con la determinación asumida en alzada; y menos cumplió con la labor de contrastación, pretendiendo que este Tribunal realice su función nomofiláctica ante tales falencias recursivas. En todo caso,  corresponde a los recurrentes cumplir con la carga de realizar una fundamentación de forma objetiva, identificando expresamente cuáles son los actos procesales que provocaron la presunta vulneración legal, pero siempre con relación al Auto de Vista emitido a tiempo de resolver la apelación restringida; caso contrario no resulta coherente ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, conforme a lo señalado, se tiene que la falta de precisión y especificidad en la formulación del recurso, al no establecer cuál o cuáles son las contradicciones del Auto de Vista con los precedentes de los Autos Supremos 134/2016-RRC de 22 de febrero y 120/2017-RRC de 21 de febrero, no es posible que el Tribunal tenga que suplir el sentido jurídico y la fundamentación del fondo que reclama la recurrente, considerando que la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio: “…Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cual ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entendió inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal. Entonces, al no haberse dado cabal cumplimiento a lo previsto por el art. 417 segunda parte del CPP, resulta inadmisible ingresar a considerar el fondo del recurso de casación.


De otro lado, es posible advertir que en el presente motivo, la recurrente también denunció violación de derechos y garantías constitucionales, como defecto absoluto y defectos de Sentencia los Autos Supremos 179/2007 de 6 de febrero, 450/2004 de 19 de agosto, 562/2004, 73/2004 de 10 de febrero, 304/2006 de 25 de agosto, 086/2006 de 18 de mayo, “617 de 24 de noviembre de 007” y “141 de 22 de abril de 006”; sin embargo, no demuestra la forma en la que tales derechos y garantías fueron lesionados por parte del Tribunal de alzada, y menos que representen defectos absolutos no susceptibles de convalidación ni algún resultado dañoso; omisión que no representa una simple formalidad, sino al contrario, coarta la función de este Tribunal, al no poder suplir la negligencia de la parte recurrente que no otorgó los insumos mínimos necesarios que viabilicen el control de fondo de la resolución de alzada vía flexibilización.


Finalmente la recurrente refiere que en apelación se habrían invocado los Autos Supremos 84/2006 de 1 de marzo, 73/2013 de 19 de marzo, 314/2006 de 25 de agosto y 25/2010 de 4 de febrero, empero, no señala de qué manera el Auto de Vista impugnado sería contradictorio con tales precedentes invocados en apelación restringida, para poder establecer que evidentemente al momento de resolver el recurso se incurrió en inobservancia de los precedentes considerados contradictorios, que también habrían sido soslayados en Sentencia, para poder vincular su análisis de fondo en el recurso de casación, no dándose cumplimiento a lo que establece el art. 416 del CPP, por lo que tampoco resulta viable considerar la admisión del recurso.


IV.2. Del recurso de casación de Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos.


El recurrente como primer motivo expone que el Auto de Vista de 13 de junio de 2017 y su Complementario, habría incurrido en inobservancia y errónea aplicación de la Ley respecto al art. 260 del CP, en cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal, porque no se identificó adecuadamente los casos en los que las personas incurren en la culpa consciente; es decir, cuando no se toma conciencia de que se realiza el tipo penal. No se advirtió que en la Caja de Salud de Cobija, en el Servicio de Ginecología-Obstetricia, existen médicos de consulta externa y médicos de planta o de turno, lo que se habría demostrado en la Sentencia en los puntos 5.3.1, 5.2.1 incs. a), b) y 5.1 inc. g) de la Sentencia, que se encontraba atendiendo consulta externa a más de 20 pacientes (ver declaración de María Rosario Barrios Arévalo); y la prueba documental MP3 y MP9, por lo que considera que no podría habérsele atribuido el hecho culposo. Refiere también que existió inobservancia a las previsiones de los arts. 11 inc. 2) y 15 del CP, relativo a la causal de exención de responsabilidad penal, que no fue correctamente aplicado al caso presente, al haberse advertido el ejercicio de un derecho, un oficio o cargo, en cumplimiento de la Ley o de un deber, lo que también se vulneró por el Tribunal de apelación, porque no existe una explicación adecuada respecto de esa causal de justificación, que a su vez constituye eximente de responsabilidad de acuerdo al art. 363 inc. 4) del CPP.


En los argumentos esgrimidos en el recurso, sobre el particular, en relación a la inobservancia de los arts. 11 inc. 2) y 15 del CP, el recurrente ha invocado en primer término como parte del desarrollo de la contradicción requerida por el art. 416 y 417 del CPP, el Auto Supremo 36 de 20 de junio de 1941, el cual ha sido dictado con el antiguo sistema procesal penal, debiéndose considerar al respecto, que el precedente carece de vigencia y temporalidad, ya que fue emitido ni siquiera durante la validez del antiguo Código de Procedimiento Penal de 1972, y por imperio del art. 416 del CPP, no es considerado como precedente contradictorio, debiéndose tomar en cuenta que la vigencia del actual sistema procesal penal data del 25 de marzo de 1999, bajo cuya etapa de entrada en vigor fue emitida la diferente doctrina legal por parte de la extinta Corte Suprema de Justica y actual Tribunal Supremo de Justica, por lo que no puede ser considerado como precedente para realizar la labor de contraste por parte del Tribunal Supremo de Justicia.


En relación a los Autos Supremos 417/2003 de 19 de agosto y 38/2013-RRC de 18 de febrero, si bien establecen doctrina legal aplicable, no constituyen precedentes contradictorios, considerando que en el presente recurso de casación, en lo pertinente, el recurrente aduce inobservancia de los arts. 11 inc. 2) y 15 del CP; empero, los precedentes no cuestionan dichos agravios, ya que se refieren, por un lado, a delitos de sustancias controladas, congruencia de la resolución, etc., y por otro lado, resuelven cuestiones relativas a la determinación de la pena; por lo que no es posible realizar la labor de contraste al no ser un supuesto fáctico sustantivo similar, considerando que el art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en  material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.”; lo que también fue ampliado por el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). (…) De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo (…)(las negrillas no cursan en el texto original). Por ello los precedentes no cumplen con los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, para poder habilitar al Tribunal realizar su labor nomofiláctica.


En el segundo motivo extractado, planteado por el recurrente, se alega también errónea aplicación del art. 260 del CP, siendo que en el delito de Homicidio Culposo se sanciona cuando el autor ha incurrido en una grave violación de los deberes inherentes a su profesión. Esta grave violación debe tener un nexo causal y directo entre la presunta violación. Aduce que se le habría atribuido el Homicidio Culposo, por haber provocado una supuesta asfixia de la menor ATE. Que, su participación se habría producido el 5 de marzo de 2013 en el parto; sin embargo, el fallecimiento de la menor, acaeció el 13 de marzo en el domicilio particular de los querellantes. Es decir que todo ese tiempo, se rompió el nexo de causa efecto inmediato que precisa el tipo de Homicidio Culposo, tanto por el transcurso del tiempo, pues el tipo penal requiere que las consecuencias de la acción u omisión sean inmediatos, que luego del nacimiento -refiere- nunca más habría estado bajo la supervisión del imputado y menos, aún, bajo su control y tratamiento. La errónea aplicación de la Ley en la que incurrieron tanto los jueces que emitieron la Sentencia, como el Auto de Vista y su Complementario, se apoyan en que la aplicación que han realizado de los hechos al tipo penal, no existe el menor análisis en función a la teoría del delito; toda vez, que se ha dejado de lado las exigencias de tipicidad y antijuricidad. Refiere que existe atipicidad de su conducta porque su participación en el parto fue como médico de consulta externa, en la que determinó la internación y al no haberse hecho presente en el parto el medico de emergencia de la Caja de Salud, dejando a los pacientes de la consulta, se hizo presente en la sala de partos, se verificó que la menor había nacido, la llevó a sala de neonatología, la estimuló y entregó a la menor llorando, viva a la pediatra de turno, y volvió a la sala de partos a atender a la madre. No existe acción porque no se ha provocado la muerte de nadie, más aún si la intervención y la fecha del fallecimiento difieren de 7 u 8 días; debiéndose considerar que se había solicitado alta voluntaria de la menor, situación que excluye de responsabilidad a todos los médicos y personal de apoyo del Sistema de las Cajas de Salud. No existe omisión, no existe sujeto pasivo, porque inmediatamente de la intervención no existió ninguna consecuencia que hubiese provocado, como médico, la muerte, no existe una causa efecto, entre su actuación y el fallecimiento de la recién nacida. Según el recurrente el Auto de Vista de 13 de junio de 2017 y su Auto Complementario que son totalmente contradictorios con el Auto Supremo 417/03 de 19 de agosto de 2003, porque en el caso presente, no se ha efectuado una calificación de los hechos, una adecuación de la conducta atribuida y tampoco una descripción objetiva del delito en forma correcta y exacta. También denuncia que existe contradicción del Auto de Vista y su Complementario con el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero, porque el Tribunal de alzada mantuvo la sanción impuesta por el Tribunal de Sentencia, concluyendo contradictoriamente que tales hechos no constituyen atenuantes, considerando el recurrente que no se habría efectuado en ambas resoluciones un razonamiento mental lógico-jurídico, porque no existen los elementos constitutivos del tipo penal, debiéndose aplicar lo que ha establecido el Auto Supremo 329/2006 de 29 de agosto.


En el caso particular, se evidencia que el recurrente al invocar los precedentes contradictorios, en base a los argumentos vertidos sobre la errónea aplicación del art. 260 del CP y la falta de fundamentación de la pena, cuál considera que habría sido inobservado tanto por el Auto de Vista impugnado como por la Sentencia apelada, establece de manera concreta la contradicción de la resolución impugnada con los precedentes invocados (Autos Supremos 417/03 de 19 de agosto de 2003, 038/2013-RRC de 18 de febrero y 329/2006 de 29 de agosto), que evidentemente resuelven cuestiones fácticas análogas relacionadas con la cuestión de tipicidad y la imposición de las penas, por lo que existiendo similitudes en los planteamientos resueltos por los precedentes y los argumentos vertidos por el recurrente, es procedente considerar en el fondo el recurso de casación, para efectuar la labor de contraste, en aplicación de los arts. 416 y 417 del CPP; máxime si se considera que los precedentes, también fueron invocados al momento de plantear la apelación restringida contra la Sentencia.


En el tercer motivo de análisis, el recurrente aduce que el Auto de Vista y su Complementario es contrario a los Autos Supremos 537/2006 de 17 de noviembre, 286/2013 de 22 de julio, porque la Sentencia fue emitida en base a hechos inexistentes, no acreditados y en especial por defectuosa valoración de la prueba, aspectos que no fueron advertidos por el Auto de Vista y su Complementario, porque en apelación restringida se identificaron contradicciones en las valoraciones de las declaraciones testificales de Felipa Irma Espinoza y Edwin Eloy Torres con relación a las declaraciones de Claudia Reynaga y la pediatra Dra. Delma Vivian Cornejo, con las declaraciones de Yolanda Beatriz Montoya y María del Rosario Barrios, así como de Alcira Gonzales, de José Manuel Díaz. Contradicciones de las declaraciones de Yolanda Beatriz Montoya y Harold Luis Téllez, funcionarios de INASES, con la declaración de la Dra. Elena Guely Gareca. Se omitió la declaración de Andrés Flores Aguilar, Milez Quetty Aguilera, Alizandro Fukumoto Melena, Sonia Eugenia Huanca. No existe ningún pronunciamiento en el Auto de Vista de la declaración del testigo Benigno Ángel Zamorano Machaca. Se analizó de manera sesgada la declaración de la testigo Claudia Reynaga Tarabillo y de la Dra. Susy Yamilca Gironda. No analizaron la prueba documental MP-30 con las MP-10, MP-3 y MP-9, MP-7, MP-11, MP-12, MP-15, MP-16, MP-17, MP-10, MP-18, MP-19, MP-20, MP-21, MP-22, MP-25, MP-26, MP-27, MP-28 y MP-29. Por ello considera que el Auto de Vista y su Complementario, son contradictorios a los Autos Supremos 537/2006 de 17 de noviembre y 286/2013 de 22 de julio, porque realizaron una valoración subjetiva, contraria a la sana crítica y la lógica, sin fundamentación y contrariando los derechos fundamentales.


En base a lo fundamentado, se puede colegir que el recurrente invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 537/2006 de 17 de noviembre y 286/2013 de 22 de julio, cuya doctrina legal aplicable es considerada como una problemática procesal similar a la planteada en el recurso de casación, que habiendo señalado la presunta contradicción del Auto de Vista con los precedentes, así como invocado adecuadamente tales precedentes y habiendo citado los mismos al momento de interponer la apelación restringida contra la Sentencia, se ha dado cumplimiento a las previsiones de forma de los arts. 416 y 417 del CPP, haciendo viable poder considerar la admisión del motivo venido en casación para su análisis de fondo y contrastación.


Respecto al cuarto motivo del recurso, se considera que se habría solicitado oportunamente que se aclare por qué razón no se habría resuelto adecuadamente los fundamentos del recurso de apelación promovido, respecto a la falta de valoración y fundamentación en la determinación de la pena, puesto que estos aspectos fueron resueltos por los Autos Supremos 134/2016-RRC de 22 de febrero y 120/2017-RRC de 21 de febrero, y solo faltaba que se fundamente sobre el mismo, por lo que se solicita cumpla el principio de vinculatoriedad de los fallos judiciales. En la complementación y enmienda, se alega que el Tribunal Supremo, ya habría resuelto en el Auto Supremo 738/2016-R de 26 de septiembre, la vulneración del principio nom refomatio in peius, y violación de los arts. 400 y 403 del CPP, por cuanto no puede ser que el Tribunal de alzada, alegue que dicho Auto Supremo, hubiese determinado que el Tribunal de alzada no puede valorar y fundamentar nuevamente la determinación de la pena, advirtiéndose que el Auto de Vista y su complementario son totalmente contradictorios con los Autos Supremos 134/2016-RRC de 22 de febrero y 120/2017-RRC de 21 de febrero, siendo también  contradictorios a los Autos Supremos 578/2015-RRC de 4 de septiembre, 197/2013-RRC de 25 de julio y 030/2012 de 23 de marzo.


Que, en relación a los precedentes citados en los Autos Supremos 578/2015-RRC de 4 de septiembre, 197/2013-RRC de 25 de julio y 030/2012 de 23 de marzo, el recurrente no ha cumplido de manera concreta, establecer cuál ha sido la contradicción del Auto de Vita con los precedentes invocados, cual labor de fundamentación le es obligatoria para que el Tribunal de casación pueda realizar su labor de contrastación, porque como se ha dejado sentado mediante la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio que: ”Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cual ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entendió inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal….”; por ello es menester que el recurso responda a cuestiones claras y precisas para que la labor del Tribunal garantice el efectivo respeto a la tutela judicial efectiva y la aplicación correcta del principio tantum devolutum quantum apellatum; y habiéndose extrañado esa motivación en el recurso respecto a los precedentes, el recurrente ha omitido lo previsto por el art. 417 del CPP, al no haber señalado la contradicción en términos claros y precisos, por lo que no es posible ingresar al análisis de fondo ante esta carencia recursiva.


Consiguientemente, el recurrente también cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 134/2016-RRC de 22 de febrero y 120/2017-RRC de 21 de febrero, los cuales evidentemente se habrían manifestado respecto a la fundamentación de la pena; cuyo agravio el recurrente ha precisado de manera clara la contradicción del Auto de Vista con los precitados precedentes, además del incumplimiento del principio de vinculatoriedad, por lo que constatándose una adecuada fundamentación, y establecida la contradicción que pretende e invocados los precedentes, corresponde admitir el motivo casacional para su análisis y contraste en el fondo del recurso de casación planteado en cumplimiento del art. 418 del CPP.


Finalmente, el quinto motivo del recurso de casación, expone similares cuestionamientos y agravios formulados en el cuarto motivo en análisis; es decir, sobre la fundamentación de la pena, que sería contradictorios a los Autos Supremos 134/2016-RRC de 22 de febrero y 120/2017-RRC de 21 de febrero, señalando que se analizaron de manera escueta los arts. 37 y 38 del CP, soslayando los dos hechos demostrados en Sentencia: el primer hecho sobre la existencia de tres médicos de turno, dos en hospital y uno en consulta externa, que fue probada por las documentales MP-3 y MP-9 y las testificales Elena Guely Gareca, María Rosario Berrios y Claudia Reynaga Tarabillo. El segundo hecho es que el recurrente aduce que se encontraba atendiendo en consulta externa de acuerdo a las testigos María Rosario Berrios y Claudia Reynaga Tarabillo. Ante ello, considerando que entre el motivo cuarto y quinto, se han fundamentado cuestiones similares en el recurso de casación, evitando tautologías innecesarias, para resolver la presente problemática, el recurrente deberá remitirse a lo resuelto en el motivo cuarto del presente análisis de admisibilidad, por lo que el presente motivo al ser reiterativo, no ingresará al análisis de fondo del recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Delma Vivian Cornejo Apaza, de fs. 638 a 648; y, ADMISIBLE el recurso de casación planteado por Edwin Roger Vaca Guzmán Dávalos, de fs. 679 a 700 vta., únicamente para el análisis de los motivos segundo, tercero y cuarto, en los términos señalados. En cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos