TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 280/2018

Sucre, 03 de mayo de 2018


Expediente                : Cochabamba 74/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : William Mejía Rosales

Delito        : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de enero de 2018, cursante de fs. 1314 a 1322 vta., William Mejía Rosales, opone Excepciones de Extinción de la Acción Penal por Prescripción y Duración Máxima del Proceso, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Sergio Luís Machego Leytón y Freddy Veliz Apaza contra el excepcionista, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ARGUMENTOS DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS


El procesado William Mejía Rosales, formula Excepciones de Extinción de la Acción Penal prescripción y duración máxima del proceso, bajo los siguientes argumentos que se extraen, a saber:


I.1. De la Excepción de prescripción.


Haciendo una referencia al art. 27 incs. 8) y 10) del Código de Procedimiento Penal (CPP), refiere que la acción penal por duración máxima del proceso deberá ser resuelto por la autoridad jurisdiccional dentro el contexto normativo dispuesto por el art. 134 del CPP (cita la Sentencia Constitucional 0101/2004-RDI de 14 de septiembre), que señala las sub-reglas aplicables al dicho instituto, como por ejemplo, la complejidad del proceso, la conducta del imputado y si la dilación indebida se debe exclusivamente a los órganos encargados de la persecución penal. En cambio, la extinción de la acción penal por prescripción se encuentra íntimamente relacionada con el vencimiento de los plazos establecidos por el art. 29 de la Ley Nº 1970, como también la verificación de las causales de interrupción y suspensión de los términos conforme a la Sentencia Constitucional 0283/2013 de 13 de marzo. Asimismo, señala doctrina y cita la Sentencia Constitucional Nº 23/2007-R de 16 de enero, para luego desglosa el art. 29 del CPP, así como los arts. 30, 31 y 32 del CPP, respecto al cómputo, inicio y suspensión de la prescripción, arguyendo que el inicio de la acción penal no constituye causal de interrupción, mucho menos de suspensión del término de la prescripción.


Que, de la revisión de la querella de fecha 19 de abril de 2011, el denunciante Sergio Luís Manchego Leytón en su relación del hecho ha señalado: “que se habría firmado un contrato junto acusado en fecha 18 de febrero de 2011, cancelando la suma de 6.000 dólares americanos y periódicamente la suma de 7.500 dólares americanos para un evento que debió llevarse a cabo el 12 de abril de 2011 en inmediaciones de la Av. Costanera…”. Hágase notar que el denunciante identifica como fecha de la entrega de dineros el 11 de abril de 2011 y la fecha en que supuestamente se enterarían de haber sido estafados fue el 12 de abril de 2012. En base a ello el excepcionista plantea la extinción de la acción penal por prescripción, se opone a la prosecución de las investigaciones por el delito de Estafa; toda vez, que el término previsto por la Ley adjetiva penal para ejercer la acción se encuentra vencido.


Luego de citar el art. 335 del CP, refiere que el delito es un delito instantáneo, ya que se comete en el momento de obtener de forma ilegal o ilegítima con engaños o artificios dineros de las supuestas víctimas, por lo que los querellantes señalaron que se hubiera acordado mediante un contrato privado de Sociedad accidental para llevar a cabo un evento denominado “SHOW DE BEN 10.LA BATALLA POR EL OMNITRIX”, que como emergencia de ello se habría entregado en diferentes cuotas la suma de $us. 13.500 (trece mil quinientos dólares estadounidenses), indicando que ambos serían socios en un 50%; que bajo las mismas condiciones en fecha 28 de febrero del presente año, firman otro contrato con Freddy Veliz Apaza y en diferentes cuotas le entrega a William Mejía la suma de $us. 18.000.- (dieciocho mil dólares estadounidenses), para luego darse cuenta que terminado el evento, habrían quedado en quiebra, que entregaron para cubrir los gastos de dicha actividad (cita nuevamente la Sentencia Constitucional 0283/2013 de 13 de marzo). Señala que el delito del art. 335 del CP, establece una pena máxima de 5 años, aplicándose en consecuencia lo previsto por el art. 29 inc. 2) del CPP, indicando que la acción penal prescribe en 5 años, computables a partir de la media noche en que se cometió el delito; es decir, a la media noche del 11 de abril de 2011 y 18 de abril de 2011, que por ello han transcurrido mas de 5 años, sin que concurra la interrupción del término de la prescripción; toda vez, que no existe declaratoria de rebeldía en su contra, demostrando su intención de someterse al proceso. Así también se evidencia que no se tiene causas de suspensión del término de la prescripción establecida en el art. 32 del CPP, por lo que corresponde disponer la extinción de la acción penal.


I.2. De la Excepción de duración máxima del proceso.


El excepcionista cita el art. 133 del CPP, así como el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 13.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), aduciendo que todos esos principios y garantías han sido desarrollados ampliamente por la jurisprudencia constitucional y la doctrina penal.


A su vez al referirse sobre el principio de celeridad, cita el art. 135 del CPP, las Sentencias Constitucionales 0577/2010-R de 12 de julio y 1136/2012 de 6 de septiembre y sobre el principio de dirección judicial del proceso cita las Sentencias Constitucionales Nº 839/2005-R y 0015/2012 de 16 de marzo.


Arguye que goza del derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, citando para ello a la Sentencia Constitucional 101/2004, para exponer que la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso se encuentra legislada en el ordenamiento jurídico vigente en la Disposición Transitoria Tercera del CPP (glosa contenido). Asimismo, las disposiciones legales se relacionan directamente con el art. 135 del CPP, que determina que el incumplimiento de los plazos establecidos en el código, dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionamiento negligente; es decir, que los plazos legales y su no cumplimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales, acarrea la dilación del proceso, lo que viabiliza la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y conlleva la responsabilidad del juzgador negligente.


Respecto a la naturaleza jurídica del instituto, cabe referir que no es sustantiva como la prescripción, sino de índole procedimental, además que el tiempo transcurrido, no requiere del delito ni de la sanción que éste merezca; por cuanto al constituir un derecho fundamental de la persona el ser procesado sin dilaciones y dentro de un plazo razonable, derecho que también se encuentra consagrado en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace referencia al plazo razonable en la tramitación del proceso, sobre el mismo tópico la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptó la teoría del no plazo, en virtud a la cual, no puede establecerse con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable y cuándo no; de lo que emerger un plazo establecido en la Ley procesal que constituye un parámetro objetivo a partir del cual se analiza la razonabilidad del plazo, en base: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios asimilados en la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto Constitucional 079/2004-ECA de 29 del mismo mes y año. Por ello, no todo plazo que exceda el plazo máximo de duración previsto por Ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa (Sentencia Constitucional 0104/2013 de 22 de enero).


Respecto a los principios éticos morales, señala la Sentencia Constitucional 0015/2012 de 16 de marzo (glosa contenido).


Hace alusión a la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado y el plazo para el ejercicio del ius puniendi del Estado, citando al art. 112 de la CPE, no siendo suficiente el transcurrir del tiempo para que el servidor público se sustraiga del proceso a través de la prescripción.


En relación al ius puniendi, constituyen en sí la persecución penal atribuida al Ministerio Público en el art. 225 de la CPE, que el Estado ha previsto el plazo razonable, otorgándole el plazo de 5 años. Reitera el art. 14 num. 3 inc c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Señala que la extensión del plazo de 3 años, implica la vulneración el art. 115 par. II de la CPE (cita texto), a su vez cita el art. 14 del PIDCP y los arts. 8 y 9 del Pacto de San José de Costa Rica que forman parte del bloque de constitucionalidad del art. 410 de la CPE.


En el presente caso conforme cursa en antecedentes, en fecha 15 de abril de 2011, los Sres. Sergio Luís Manchego Leytón y Freddy Veliz Apaza presentan denuncia por la presunta comisión del delito de Estafa; y posteriormente, en fecha 19 de abril de 2011, la autoridad Fiscal, informa la Juez cautelar el respectivo inicio de investigaciones, que mereció la providencia de 25 de abril de 2011. Sin embargo, de tener 20 días para realizar y concluir con las investigaciones preliminares, después de dos meses, se emite requerimiento de Imputación Formal (fs. 197-199), sin que hasta el momento se haya obstaculizado la averiguación de la verdad. En fecha 11 de mayo de 2012, la autoridad Fiscal recién emite Acusación (fs. 417-420) cuando dicha resolución debió ser emitida el 26 de febrero de 2012; es decir, cuando se emite la señalada resolución de 3 meses después que debió haberse emitido la señalada resolución.


En fecha 6 de noviembre de 2014, recién se celebró la audiencia conclusiva de procedimiento abreviado, cuando la misma debió celebrarse en fecha 21 de febrero de 2013; es decir, la señalada audiencia debió celebrarse un año y medio anterior a la dictación de la Sentencia, constatándose la dilación de dichos actos a fs. 1088-1090; 1097, 1101; 1113; 1131, 1135; 1150; 1187 y 1280-1896.


En fecha 6 de noviembre de 2014 se dictó Sentencia, la que es apelada por la parte querellante, que previo trámite de Ley es remitida en febrero de 2015 (fs. 1280-1296) para dictarse el respectivo Auto de Vista en fecha 23 de agosto de 2017; es decir, que se está demostrando que para dictarse la resolución solo debió tardar 20 días y no así un año y medio, siendo que esta dilación es atribuible al órgano judicial y no así a la parte. Por lo que, el presente caso se encuentra demostrado que desde el inicio del proceso que fue en fecha 15 de abril de 2011, hasta el presente, ya hubieran transcurrido más de siete años, sin que el mismo haya concluido y siendo que en el caso no existe motivos que suspendan la prescripción y la dilación del proceso que no es atribuible a la parte, correspondería dar curso a la solicitud de extinción de la acción penal.


II. RESPUESTAS A LAS EXCEPCIONES OPUESTAS


Por decreto de 10 de enero de 2018, conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales, mereciendo la respuesta del representante del Ministerio Público, conforme el siguiente detalle.


1.- Sobre la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, refiere que el deber de fundamentación no solo es obligación de los operadores de justicia; sino también, de las partes quienes al momento de realizar cualquier tipo de impugnación y/o petición deben realizar de manera fundamentada adjuntando pruebas idóneas y pertinentes conforme establece el art. 314 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, Ley Nº 586, razonamiento que se encuentra establecida en varios Autos Supremos, así como por el Auto Supremo Nº 096/2016-RRC de 16 de febrero. Cita también entre otros, los Autos Supremos Nº 810/2015-RRC-L de 6 de noviembre, 554/2016 de 15 de julio y las Sentencias Constitucionales Nº 1306/2011 y 0299/2015-S3 de 25 de marzo.


Refiere que sobre el memorial presentado, el excepcionista  se ha limitado a realizar única y exclusivamente una relación cronológica de fechas así como de la presentación de la denuncia de 15 de abril de 2011, fecha de Imputación Formal, Acusación, fecha de audiencia conclusiva, de Sentencia, fecha de apelación y a suspensiones de audiencia, haciendo un amplio desarrollo de la Sentencia Constitucional Nº 839/2005-R, sin especificar de manera clara y precisa para poder realizar un correcto análisis de las dilaciones.


Se hace un análisis concreto alegado por el excepcionista, remitiéndose a la excepción propuesta haciendo una simple relación de fechas, señalando fojas para concluir que desde el inicio de la investigación ya habrían transcurrido más de 7 años, limitándose a hacer un cálculo y/o cómputo aritmético, sin demostrar de manera precisa la existencia de supuestas dilaciones a la que hace referencia y que serían atribuibles al Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional (cita Auto Supremo 308/2017 de 2 de mayo). Describe que de la revisión del cuaderno procesal, se tiene varias solicitudes de suspensiones de audiencia por le propio incidentista que pretende hacer creer que la supuesta dilación es a causa de la inasistencia del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional (cita fs. 252, 274, 777-778), lo que demuestra una falta de lealtad procesal por parte de la defensa.


Por otra parte, para resolver una petición de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, desarrolla las Sentencias Constitucionales 0551/2010-R de 12 de julio, 0428/2016-S3 de 6 de abril y 0275/2016-S2 de 23 de marzo, fundado que la se resume que la extinción de la acción penal sólo puede ser admitida cuando concurren dos elementos : i) El transcurso del tiempo; y, ii) La ponderación integral de varios elementos que le hace a cada caso en particular, como la conducta de las partes y de las autoridades que conocieron el mismo, además de las condiciones de operatividad de los órganos a cargo de la investigación y tramitación del mismo (cita el Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre).


Que, de la revisión de antecedentes se advierte la existencia de una infinidad de incidentes e impugnaciones a las decisiones judiciales sin fundamentos  que han sido rechazadas por no sujetarse a procedimiento (remite a fs. 336-338, 350 a 351, 370 a 372; 385-393, 284; 408 a 409, 594, 638 a 641; 434 a 435, 450, 478 a 479, 578 a 582, 646 a 647, 969 a 972, 1239 a 1243, 1312 a 1313), indicando que si bien el incidentista señala que hasta la fecha habrían transcurrido más de 7 años en la tramitación de la causa, se tiene que es el propio excepcionista el que ha generado la mora procesal, pese a que el mismo ha sido juzgado y sentenciado en procedimiento abreviado, por lo que mal podría cuestionar la existencia de dilaciones indebidas atribuibles a los administradores de justicia.


Cita el Auto Supremo 308/2007 de 2 de mayo, aduciendo que habiendo el excepcionista indicando sentencias constitucionales sobre el principio de celeridad; sin embargo, algo extraño que cuando no existe un sólo memorial de reclamo del excepcionista respecto a una supuesta suspensión de audiencia que haya generado dilación indebida en la tramitación del proceso, para que concluya en el plazo del art. 133 del CPP, el planteamiento de la excepción resulta ser impertinente, desatinado e ilógico, por no haber demostrado las dilaciones indebidas durante la tramitación del proceso (cita Auto Supremo 914/2016 de 18 de noviembre).


Asimismo, se puede constatar que el excepcionista ha aguardado que el tiempo transcurra, sin embargo en ninguna parte de los cuadernos de control jurisdiccional existe un sólo memorial que reclame el cumplimiento de plazos procesales que haya realizado el ahora excepcionista para que el proceso se agilice, por el contrario, a través de su defensa se ha interpuesto una cantidad de incidentes desde el inicio de las investigaciones preliminares generando una dilación indebida atribuible al mismo incidentista tal como se ha demostrado (cita Auto Supremo 289/2016-RRC de 21 de abril).


El no haber reclamado nada con respecto a la supuesta mora procesal, permite con claridad, que el tiempo transcurrido no afectó los intereses o derecho, en particular al ser juzgado en un plazo razonable, puesto que al no reclama tales aspectos, ha convalidad cualquier posible defecto, conforme las reglas del art. 170 incs. 1) y 2) el CPP, por lo que cualquier reclamo al respecto ha precluido, en concordancia con los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 (cita Auto Supremo 415/2016-RRC de 13 de junio).


Considera que debe aplicarse las reglas de la denominada “mora estructural” de acuerdo a lo determinado en las Sentencias Constitucionales 551/2010-R de 12 de julio y 284/2010-R de 1 de diciembre y que también debe sustraerse del cómputo transcurrido las vacaciones judiciales conforme al art. 130 del CPP, que desde la gestión 2011 hasta la fecha, habrían transcurrido aproximadamente ciento cincuenta días, debiéndose acotar a este número los días inhábiles y feriados, por lo que no existe una mora procesal.


Señala el Auto Supremo 026/2017 de 20 de enero, respecto al inicio del cómputo para la extinción de la acción penal por duración máxima, concluyendo que en la forma del planteamiento del presente incidente existió total falta de fundamentación y no se ha demostrado fehacientemente con prueba alguna mora procesal que pueda ser atribuible al Ministerio Público y Órgano Judicial.


2.- En cuanto a la excepción de extinción por prescripción, de la simple lectura del mismo se puede evidenciar que existe total falta de fundamentación y motivación correcta de la solicitud , por lo que también es importante señalar que el deber de fundamentación no es propio del Juez o Tribunal, sino también de la parte recurrente, quienes deben expresar de manera adecuada los argumentos sobre todas las pretensiones planteadas dentro de todo proceso (cita las Sentencias Constitucionales 1306/2011, 0299/2015-S3 de 25 de marzo y Auto Supremos  083/2016-RRC de 16 de febrero, 810/2015-RRC-L de 6b de noviembre y 554/2016 de 15 de julio).


Por otra parte, si bien el incidentista manifiesta que desde el momento en que el juicio de la investigación en su contra hasta el presente no ha sido declarado rebelde, al efecto adjunta certificado REJAP; por lo que no existiría interrupción ni suspensión del término de prescripción habiendo transcurrido más de 7 años, desde le inicio de investigaciones, limitándose a presentar dicha prueba sin explicar de manera fundamentada de qué modo no concurrirían las causales de suspensión del término en cuestión, que debió demostrar objetivamente dicho extremo en función a los antecedentes (cita Autos Supremos 750/2016-RRC de 28 de septiembre y 593/2017 de 14 de agosto y las Sentencias Constitucionales  0713/2010-R de 26 de julio y 1787/2014-S3).


Por ello, también alude e invoca el principio de verdad material, el cual tiene sus límites (cita la Sentencia Constitucional 1462/2013), aduciendo que no puede dejarse de lado que la exigencia de ofrecimiento probatorio no es baladí un mero formalismo si no un requisito esencial para cualquier solicitud en el ámbito jurisdiccional, vinculado al Juez natural en su componente de imparcialidad y el principio de igualdad, que se constituye en una excepción al ejercicio de la acción penal. Por lo que, al ser vidente que se limitó a presentar prueba que demuestra de que evidentemente durante la tramitación del proceso no ha sido declarado rebelde desde su inicio hasta la fecha, sin fundamentar de qué manera no concurrirían las causales de suspensión del término de la prescripción, por lo que el Tribunal no puede realizar cuestionamiento o análisis de fondo ni valoración alguna en los marcos de razonabilidad, conforme a los alcances de la Sentencia Constitucional Nº 0551/2010-R de 12 de julio. Que, pese de haber ofrecido como prueba los siete cuerpos del cuaderno procesal, no pudo demostrar la existencia de dilaciones que podrían haber existido, sin tomar en cuenta que el simple transcurso del tiempo no es suficiente para que proceda la prescripción conforme lo desarrolló la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero. En conclusión, al no existir una fundamentación coherente con la solicitud de prescripción de la acción penal y menos ofrecimiento de pruebas idóneas y pertinentes conforme al art. 314 del CPP, no corresponde ser analizado a tiempo de resolver la excepción.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por la excepcionista y respuestas del Ministerio Público, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


       El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición en cuanto a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.


Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


III.2. Del Trámite de las Excepciones e Incidentes.


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.


III.3.  Sobre el Régimen de la Prescripción.


De acuerdo a la doctrina, la prescripción es un medio de liberarse de las consecuencias penales de una infracción penal o una conducta penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley, siendo el transcurso del tiempo factor predominante para que opere esta excepción.


En el Auto Supremo 120-P de 20 de marzo de 2006, entre otros, se definió que la Prescripción de la Acción Penal es una figura liberadora, en mérito de la cual, por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción; toda vez, que este instituto se halla ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica, por lo que ni el sindicado tiene el deber de esperar indefinidamente que el Estado prosiga con el trámite de la causa hasta su conclusión, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución de los imputados, lo que genera incertidumbre en la sociedad, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el art. 29 del CPP.


En relación al instituto jurídico de la prescripción, el ordenamiento jurídico nacional a través de la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, señaló: “De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad.


Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido.


Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.


Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito.


Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que éste instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica.


Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa. A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso.”


Por su parte, el art. 29 del CPP, señala que la acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.


Conforme el art. 31 del CPP el término de la prescripción, sólo se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente.


Por otro lado, se establece que sólo se suspenderá en los siguientes casos previstos por el art. 32 del CPP:


“1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;        

       

2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;


3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,


4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”.


III.4.        De la Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso.


La Constitución Política del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I de la CPE. De igual manera el art. 3 de la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.


Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, al prever: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.


Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.


Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.


Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio).


Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.


Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (Sentencia Constitucional 033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).


Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, sino que se debe analizar caso por caso la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras); en esa misma línea, la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “(…) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”.


De ahí que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.


Se debe entender por la complejidad del asunto, que éste debe determinarse en función de las circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, alternativamente pueden estar compuestas por: a) El establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; b) El análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) La prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, d) La pluralidad de agraviados o inculpados, con sus respectivas defensa, entre otros elementos.


La actividad o conducta procesal del imputado, con relación a la conducta procesal, cabe destacar que ésta puede ser determinante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el caso que el imputado demuestre un comportamiento procesal obstruccionista o dilatorio. Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si ésta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras.


La conducta de las autoridades judiciales, para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente: a) la insuficiencia o escasez de los tribunales; b) la complejidad del régimen procesal; y c) si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal.


En definitiva, la garantía de juzgamiento en plazo razonable es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.


En consecuencia, la garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas. Asimismo, debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece específicamente que en las excepciones planteadas el impetrante deberá correr con la carga de la prueba acompañando la documentación correspondiente.


III.5. Análisis de las excepciones opuestas.


Una vez realizadas las consideraciones doctrinales, jurisprudenciales y        normativas precedentes, corresponde ingresar al análisis de la solicitud de        extinción de la acción penal planteada por el procesado William Mejía Rosales, quien opone dos excepciones sujetas a distintas regulaciones normativas.


III.5.1.En cuanto a la excepción de prescripción por los delitos de Estelionato y Estafa.


La excepción de prescripción es opuesta al amparo de los arts. 27 inc. 8) y 29 par. I del CPP, considerando que no serían concurrentes las causales de suspensión del término de la prescripción establecidos en los arts. 31 y 32 del CPP, por haber transcurrido alrededor de 5 años, computables a partir de la media noche en que se cometió el delito; es decir, desde la media noche del 11 de abril de 2011 y 18 de abril de 2011, sin que hasta la fecha se haya concluido el proceso penal en todas sus etapas y conforme a los arts. 314 y 315 del CPP. Invocó las Sentencias Constitucionales 0101/2004-RDI de 14 de septiembre y 0283/2013 de 13 de marzo.


Tomando en cuenta que en el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el inc. 8) del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito
temporal por el art. 29 de la norma adjetiva penal, que por disposición del art. 30 de la misma norma mencionada, inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito; y, ii) Desde la media noche en que cesó su consumación, corresponde para su procedencia, demostrarse por un lado el tiempo transcurrido conforme lo previsto por el art. 29 del CPP, así como la falta de una resolución que ponga fin al proceso, además de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP.


En ese ámbito, conforme los antecedentes cursantes en obrados, remitidos a esta Sala Penal y de los documentos adjuntos por el excepcionista, si bien permiten establecer la fecha del presunto acto delictivo para el inicio del cómputo (media noche del 11 de abril de 2011 y 18 de abril de 2011); no obstante, se advierte de la excepción planteada, que no cursa prueba idónea, que permita a este Tribunal tener la certidumbre de que hasta el presente haya existido alguna causal de suspensión o interrupción, más allá de adjuntar documentalmente la única prueba relativa al Certificado REJAP, que evidencia el excepcionista no tener  declaratoria de rebeldía; limitándose a sostener el excepcionista que en el caso de autos no operaría ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción que curse en el cuaderno procesal, por lo que los arts. 31 y 32 del CPP no podían ser considerados, incumpliendo el imputado lo establecido en el art. 314 par. I del CPP, respecto del deber que tenía de acreditar que durante la causa desde su inicios, más allá de la declaratoria de rebeldía, fundar probatoriamente la inconcurrencia de las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso, objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso, siendo que no se puede suplir esa carga procesal que debió ser producida y relacionada por el excepcionista, pues debe tenerse presente que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas idóneas que las sustenten, no pudiendo suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE, además de no corresponder emitir criterios sin bases probatorias que puedan sustentar la decisión a tomar, en este caso no se tiene constancia expresa de que a más de la rebeldía, durante la tramitación de “todo el proceso penal”; se haya acreditado o no alguna de las demás causales de suspensión de los términos, puesto que el imputado no puede desmerecer la importancia de la prueba que respalde su pretensión, porque no es suficiente señalar que la prueba documental se encuentra en obrados, sino señalar con precisión que es lo que se pretende probar con dicha prueba, que la simple remisión a antecedentes, no puede demostrar lo argumentado por el excepcionista, tal como lo ha señalado el Auto Supremo 001/201703 de enero de 2017, que estableció: “…se advierte de la excepción planteada, que no cursa prueba idónea, que permita a este Tribunal tener la certidumbre de que la imputada durante el proceso penal hasta el presente, no fue declarada rebelde o haya existido alguna causal de suspensión, limitándose a sostener la excepcionista que en el caso de autos no operaría ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción que curse en el cuaderno procesal; por lo que, los arts. 31 y 32 del CPP no podían ser considerados, incumpliendo la imputada lo establecido en el art. 314.I del CPP, respecto del deber que tenía de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarada rebelde; así también, tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso…”. Asimismo, lo ha referido también el Auto Supremo 005/2018 de enero, al indicar que: “…Por otra parte, se advierte del memorial de excepción, que la imputada omite observar el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso, pues debe tenerse presente que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas idóneas que las sustenten….”. Es decir, que no basta con solo demostrar el transcurso del tiempo, sino que conforme a los arts. 314 y siguientes el CPP, teniendo las excepciones el mismo trámite que cualquier otro incidente, debe estar debidamente fundamentado, así como respaldado por toda la prueba necesaria para que luego de la compulsa que se plantee por quién intenta  excepcionar, se llegué a arribar a una adecuada respuesta por parte del juzgador a dicha pretensión, caso contrario, no es posible de manera subjetiva deducir lo que ha querido explicar la parte en su pretensión.


Considerando que dentro de los argumentos expuestos en el caso de autos, por memorial de excepción, al plantear la prescripción, por otro lado, la parte no ha siquiera realizado el cómputo detallado y correctamente determinado para establecer con meridiana claridad el tiempo transcurrido, máxime si han invocado dos momentos sobre los que considera operaría el cómputo de la prescripción (media noche del 11 de abril de 2011 y 18 de abril de 2011), no llegando a definir, en su fundamento, cuál sería el inicio concreto de la prescripción y el tiempo estimado de duración del proceso bajo los fundamentos del art. 29 inc. 2) con relación al art. 30 del CPP y así establecer el tiempo que ha tenido de duración el proceso, extrañándose tales circunstancias motivadas y analizadas de la excepción opuesta.


Bajo estas consideraciones y atendiendo los argumentos desglosados, al momento de resolver la prescripción de la acción penal, el Tribunal o Juez, debe considerar la naturaleza del tipo penal y de las circunstancias que rodean al hecho ilícito; con la finalidad de considerar el inicio para el cómputo de la prescripción y es así que tales criterios han sido entendidos en el Auto Supremo 288/2013 de 8 de octubre; por cuanto, el recurrente ha omitido compulsar y considerar las circunstancias de los hechos procesados para poder definir el inicio del cómputo de la prescripción, realizando una concepción limitada del art. 30 del CPP, al señalar únicamente que habrían transcurrido más de “cinco años”, lo cuál no puede ser considerado como un parámetro objetivo de justiciabilidad.


Por ello, al no existir el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde la pretensión del excepcionista; toda vez, que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que se incurrió, además de siquiera haberse realizado un correcto cómputo del plazo de la prescripción de acuerdo a lo que ha motivado en su planteamiento, corresponde declarar infundada la excepción de la extinción de la acción penal por prescripción, en consideración al incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al fundamento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tiene la excepcionista de ofrecer prueba idónea y pertinente, conforme el mandato establecido por el art. 314 del CPP.


III.5.2.        Sobre la Excepción de Extinción por Duración Máxima del Proceso.


Al momento de interponer la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, el excepcionista cita los arts. 133 y 135 del CPP, así como el art. 8. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 13.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los arts. 115, 112, 225 de la CPE, aduciendo que todos esos principios y garantías han sido desarrollados ampliamente por la jurisprudencia constitucional y la doctrina penal. Aduce la aplicación del principio de celeridad, invoca las Sentencias Constitucionales 0577/2010-R de 12 de julio y 1136/2012 de 6 de septiembre y funda el principio de dirección judicial del proceso, citando las Sentencias Constitucionales 839/2005-R, 0015/2012 de 16 de marzo y 101/2004. Invoca también las Sentencias Constitucionales 0101/2004 de 14 de septiembre, 0104/2013 de 22 de enero y 0015/2012 de 16 de marzo, así como el Auto Constitucional 079/2004-ECA. Arguye que goza del derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; es decir, que los plazos legales son obligatorios y su no cumplimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales, acarrea la dilación del proceso, lo que viabiliza la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y conlleva la responsabilidad del juzgador negligente. El plazo establecido en la Ley procesal que constituye un parámetro objetivo a partir del cual se analiza la razonabilidad, en base: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales. Asimismo, hace alusión a la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado y el plazo para el ejercicio del ius puniendi del Estado, otorgándose el plazo de 5 años. Señala que la extensión del plazo de 3 años, implica la vulneración. De la relación del inicio de la acción penal; sin embargo, de tener 20 días para realizar y concluir con las investigaciones preliminares, después de dos meses, se emite requerimiento de Imputación Formal en fecha 11 de mayo de 2012, que posteriormente la autoridad Fiscal recién emite Acusación cuando dicha resolución debió ser emitida el 26 de febrero de 2012. Que, en fecha 6 de noviembre de 2014, recién se celebró la audiencia conclusiva que debió celebrarse en fecha 21 de febrero de 2013, dictándose el 6 de noviembre de 2014 Sentencia, siendo apelada en febrero de 2015  y su Auto de Vista en fecha 23 de agosto 2017, que para dictarse la resolución solo debió tardar 20 días y no así un año y medio, por lo que ya hubieran transcurrido más de siete años, siendo que en el caso no existe motivos que suspendan la prescripción y la dilación del proceso que no es atribuible a la parte.


De lo fundamentado y versado por el excepcionista, únicamente se adjunta Certificado REJAP, que evidentemente evita el reinicio del cómputo de la extinción de la acción penal; empero, al ofrecer los 7 cuerpos de antecedentes bajo el control de esta Sala Penal, no fundamenta más allá de indicar los actuados principales como: inicio de la investigación, imputación, formal, acusación formal y particular, audiencia conclusiva, celebración del procedimiento abreviado, Sentencia, Auto de Vista y casación, no hace alusión de manera fundamentada a de qué manera estos actuados sería dilatorios, considerando que como bien ha expuesto el excepcionista en su memorial, en Bolivia, bajo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, rige la “teoría del no plazo”; bajo cuyo parámetro, no basta con demostrar el transcurso del tiempo, tal como lo hace de manera simple la parte en su exposición de motivos y fundamentos, demostrando únicamente el tiempo transcurrido, sin siquiera aludir exactamente a cuánto ascendería el tiempo de duración de la causa, realizando una vaga aproximación a que serían más de 7 años desde el inicio de la causa penal, sin precisar todos los actuados señalados de manera individual y concisa, que establece la trama de la relación procesal que ha sido llevada a cabo durante la tramitación de la causa penal. Bajo este primer aspecto que reiteradamente alega la parte, a los fines de resolver si evidentemente el proceso penal se ha desenvuelto en los márgenes de normalidad dentro el transcurso de los 7 años que alega el excepcionista, es imperioso establecer que el solo transcurso del tiempo no es condición sine qua non para declarar la extinción de la acción penal ipso jure, que por lo anotado por la parte en su propio memorial, es preciso y crucial, una vez establecida la relación procesal analizar si el proceso se ha tramitado con normalidad, sin existir incidencias que afecten el cumplimiento de los plazos, más allá de la actividad de las partes procesales, sosteniendo dichos criterios a la teoría del no plazo, que independientemente de considerar aquello se funda en tres criterios: 1) La complejidad del asunto; 2) La actividad procesal del interesado; y, 3) La conducta de las autoridades judiciales; complementando que la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones indebidas, lo cual sucede cuando se producen actos o se emiten resoluciones de carácter impropio por los funcionarios administrativos o jurisdiccionales encargados del proceso, tal como lo ha señalado el AUTO SUPREMO No 479/2010 del 06 de Octubre, así como también lo establecido en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0551/2010-R  de 12 de julio, cuál indicó en su ratio: “…..En consecuencia, el transcurso del tiempo no es suficiente para viabilizar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, porque como se mencionó precedentemente, no es el único elemento a analizarse para viabilizar esta petición, más al contrario, deberá verificarse que el proceso se hubiese desarrollado en condiciones normales y que la actuación negligente de las autoridades competentes sea atribuible únicamente a éstas, y no así al aparato judicial, por no dotar de condiciones mínimas para la prosecución de los procesos como es la excesiva carga procesal y las constantes acefalías que se presentan en el órgano judicial, aspectos que impiden a las autoridades jurisdiccionales concluir con la tramitación de las causas dentro de los plazos establecidos….”. Entonces, para que surja la posibilidad de extinción de la acción penal es menester poder deducir y demostrar objetivamente que la causa se ha tramitado en condiciones normales, para lo cual se debe analizar cada caso particular y así establecer coherentemente si la duración del proceso más allá de lo previsto por la norma procesal ha sido injustificado.


Entonces, la parte debe demostrar necesariamente conforme a la carga procesal impuesta por el art. 314 y siguientes del CPP, que el proceso en su tramitación, no sólo ha sobrepasado el tiempo establecido por Ley para que opera la extinción de la acción, sino demostrar que durante el periodo que alega de más de 7 años, el proceso se ha ventilado en términos regulares, sin dilaciones indebidas, que la actividad jurisdiccional ha sido normal, considerando las circunstancias propias como vacaciones, incidentes, suspensiones, independientemente de la actividad de las partes y a quién o quienes se atribuiría la demora que denuncia como indebida, para que precisamente en ese afán se pueda obtener una radiografía cabal que demuestre la pretensión del excepcionista y  opera de esa manera razonable la extinción de la acción penal, bajo los parámetro de logicidad, tal como lo ha entendido la SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1484/2010-R de 4 de octubre de 2010 que determinó: “….Teniendo en cuenta además que esa apreciación de las condiciones formales y materiales que determinen la extinción de la acción penal, requiere en grado de certeza que la retardación de justicia se debió sólo a las autoridades que sustanciaron la causa y que además esa dilación no tenga causal alguna que la justifique, correspondiendo además la calificación y determinación de las demoras judiciales atribuibles a una u otra parte procesal, al juez que conoce la causa y sustancia la excepción de extinción…”.


Una vez de establecido que durante la tramitación de la causa penal, por la valoración, ponderación y análisis integral de los antecedentes, no ha existido de alguna manera una dilación indebida e injustificada atribuible al excepcionista, sino al Órgano Judicial y/o al Ministerio Público, es factible considerar una extinción de la acción conforme los criterios asumidos por la SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0636/2010-R de 19 de julio de 2010: “…..La valoración concurrente de los factores que deben ser considerados por el juzgador al momento de determinar la extinción de la acción penal, y que no esté supeditada única y exclusivamente al transcurso del tiempo. Ese criterio ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en el SC 1042/2005-R de 5 de septiembre (…). Empero, conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su SC 0101/2004 y su AC 0079/2004-ECA, la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a) la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y, c) la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Americana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada". Del razonamiento referido, se infiere por una parte que la extinción de la acción penal no puede determinarse únicamente por el transcurso del tiempo, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada. Por otra parte esa apreciación de las condiciones formales y materiales que determinen la extinción de la acción penal, requiere en grado de certeza que la retardación de justicia se debió sólo a las autoridades que sustanciaron la causa y que además esa dilación no tenga causal alguna que la justifique, correspondiendo además la calificación y determinación de las demoras judiciales atribuibles a una u otra parte procesal, al juez que conoce la causa y sustancia la excepción de extinción…”. En base a todo lo glosado, en base a los fundamentos expuestos por la parte, se debe indicar y motivar lo siguiente:


  1. Sobre la complejidad del asunto, que sobre el particular para determinar la complejidad no es necesario que el delito a juzgar sea de lesa humanidad para establecer si un caso es complejo o no, así como también que deba necesariamente concurrir pluralidad de imputados; sino que tal como ha referido la jurisprudencia constitucional, la complejidad también se refiere a la cuestión jurídica; que de la revisión de los antecedentes que ofrecen como prueba y relaciona motivadamente el excepcionista, no se establece y tampoco se funda, si el proceso penal en cuestión es complejo o no, indicando probatoriamente, tales extremos para poder juzgar sobre esa base si concurre este indicador objetivo que forma parte de los criterios para disponer la extinción de la acción penal, para poder justificar o no el transcurso del tiempo por más de los 7 años que afirma haberse tramitado la causa la parte; que al no poderse identificar estos aspectos como parte de la excepción, al no haberlo manifestado en su pretensión la parte, no es posible poder ingresar al análisis de este aspecto.


  1. La Conducta de las partes que intervienen en el proceso; respecto a esta condición de extinción, el excepcionista refiere que la dilación sería netamente atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial, considerando que en el curso de la investigación, se han sobrepasado los plazos procesales, compulsando que luego de dos meses del vencimiento del término de la etapa preliminar se emitió resolución de imputación formal; así también, se emitió acusación formal al cabo de tres meses de haberse concluido el término; así también, refiere que la audiencia conclusiva se celebró un año y medio posterior al plazo establecido hasta la imposición de la Sentencia. Que, en la tramitación del Auto de Vista has transcurrido así un año y medio cuando se tenía simplemente 20 días para dictar resolución. Cabe señalar que el art. 133 del CPP, establece el plazo de tres años para concluir las causas, empero este plazo está sujeto precisamente a la actividad de las partes; que de lo manifestado, si bien el Ministerio Público ha emitido Imputación Formal posterior a dos meses del plazo preliminar, ha acusado formalmente posterior a tres meses del plazo preparatorio, el recurrente, de advertir dicha demora, entendiendo los fundamentos del Ministerio Público en su contestación al presente caso de autos, debió ejercer su facultad activa dentro el proceso penal, conforme lo señalan los arts. 84, 277 y 279 del CPP, solicitando el impulso procesal, y no aguardar el transcurso del tiempo para sostener su petición, cuando su propia inactividad en el ejercicio de su derecho a la defensa, demuestra que su conducta ha consentido esas demoras en el cumplimiento de los plazos procesales durante la fase de investigación, no pudiéndole atribuir por efecto únicamente la responsabilidad al Ministerio Público. Al respecto, con relación a la actividad del Órgano judicial, el excepcionista únicamente sostiene que no se hubiera señalado oportunamente la audiencia conclusiva, que luego de año y medio se habría señalado audiencia conclusiva; empero, no manifiesta ni demuestra las razones por las cuáles arriba a esa conclusión, para poder justificar una demora innecesaria evidente que se encuentre fuera de los parámetros de razonabilidad. Así también, refiere que posterior Sentencia y apelación habría una nueva demora de año y medio, que de la misma manera no establece probatoriamente a qué se debió tal dilación, considerando que es crucial poder demostrar dichas dilaciones a más de ser estas necesariamente- indebidas, lo que no se ha podido establecer en el caso de autos. A su vez, se citan los actuados procesales cursantes a fs. 29-33; 197-199; 417 a 420; 1088 a 1090; 1097; 1101; 1113; 1131; 1135; 1150; 1187 y de fs. 1280 a 1296; empero, de la revisión de dichas documentales, no se puede observar de manera imparcial y razonada que se haya desvirtuado que la mora procesal no haya sido producida por la actividad del propio excepcionista, ni tampoco demuestran la existencia de una dilación indebida, por ser que corresponden a la actividad propia de la tramitación procesal.


Consiguientemente, el Ministerio Público, en su contestación, ha establecido citando las fs. 336 a 338, 350 a 351, 370 a 372; 385-393, 284; 408 a 409, 594, 638 a 641; 434 a 435, 450, 478 a 479, 578 a 582, 646 a 647, 969 a 972, 1239 a 1243, 1312 a 1313, 252, 274 y 777-778; que el excepcionista habría tenido actividad dilatoria dentro la tramitación de la causa y que ha contribuido a la mora procesal, considerando la interposición de incidentes, excepciones, apelaciones y suspensiones de audiencias, con afanes dilatorios; ya que, en su mayoría se suspendieron las audiencias y se declararon los rechazos simples y llanos de los recursos interpuestos por la defensa del excepcionista, parámetros que permiten a este Tribunal tener indicios propios de la dilación atribuida en este caso- al ahora excepcionista. Que ante ello, no es posible deducir objetivamente, a quién correspondería la dilación del proceso, considerando que también se hace notar una posible conducta dilatoria del procesado.


  1. Sobre la conducta y accionar de las autoridades competentes; en el presente aspecto, conforme se ha manifestado precedentemente, el recurrente citando los folios y actuaciones procesales del Ministerio Público y del Órgano Judicial, no ha podido establecer fehacientemente que en la tramitación de estos actuados que refiere como antecedentes y prueba compulsada, se haya demostrado un incumplimiento de plazos injustificadamente, que como se ha concluido no ha podido establecerse dicha dilación, considerando que también se ha cuestionado la propia actividad procesal del ahora excepcionista. A mas de aquello, deben considerarse los siguientes aspectos para establecer un adecuado cómputo del plazo procesal, plasmados en: 1.- Es de considerar que para establecer el término de la demora judicial, es concurrente no solo compulsar los antecedentes con la actividad de las partes y la conducta de las autoridades intervinientes en el proceso, sino también debe hacerse alusión a los días en que el Órgano Judicial no ha ejercido funciones jurisdiccionales, más propiamente, debe tomarse en cuenta los recesos judiciales; y siendo así, desde el inicio de la investigación, que data de la gestión 2011 hasta la gestión 2017 -inclusive- debe determinarse la totalidad de los recesos judiciales, donde los plazos por efecto del art. 130 in fine del CPP se suspenden automáticamente, bajo los parámetros establecidos en el art. 9 de la Ley Nº 586 que modifica el art. 126 de la Ley Nº 025, lo que tampoco ha compulsado debidamente el excepcionista en su pretensión; y, 2.- Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Sentencia fundadora de 29 de enero de 1997. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, ya habría señalado que para determinar la razonabilidad de los plazos señaló que: “…Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama análisis global del procedimiento…”. Entonces el excepcionista debió demostrar precisamente en base a la compulsa global del procedimiento la concurrencia de los factores que dan curso a la extinción de la acción penal para poder determinar una correcta determinación de la existencia de dichas causales de extinción y no simplemente a limitarse en aducir el transcurso del tiempo, conforme lo hizo en su pretensión.


Por todos estos argumentos y los fundamentos expuestos, al no haber acreditado correctamente el excepcionista la concurrencia de la complejidad del asunto, de la conducta de las partes (su propia conducta) y del actuar de las autoridades (Juez o Tribunal y Ministerio Público); así como de haber realizado una adecuada compulsa global del procedimiento realizado en la tramitación del proceso penal de autos, es menester declarar por infundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADAS las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso, opuestas por el procesado William Mejía Rosales, con costas, conforme a lo dispuesto por el art. 268 del CPP y con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente Resolución no es recurrible.


Notifíquese a las partes con sujeción a las disposiciones previstas en el art. 163 del CPP.


Regístrese y hágase saber.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos