TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 279/2018-RRC        

Sucre, 07 de mayo de 2018


Expediente                        : Chuquisaca 19/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Sabina Cuellar Leaños

Delitos                              : Uso Indebido de Influencias y otros

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 16, 17 y 23 de mayo de 2017, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción de fs. 1775 a 1779; el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca de fs. 1783 a 1788 vta.; y, Sabina Cuellar Leaños, de fs. 1817 a 1833 vta., interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 92/2017 de 8 de mayo, de fs. 1732 a 1752 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público e inter partes, por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 154, 146 y 171 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 27/2016 de 11 de agosto (fs. 1505 a 1524 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Sabina Cuellar Leaños, autora de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, concediendo el beneficio del Perdón Judicial, más el pago de costas a calificarse en ejecución de sentencia, siendo absuelta de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Encubrimiento.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción (fs. 1538 a 1545 vta.), con la adhesión del Ministerio Público (fs. 1595 a 1599), el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca (fs. 1555 a 1559 vta.); y, Sabina Cuellar Leaños (fs. 1564 a 1589 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 92/2017 de 8 de mayo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró: 1) inadmisibles los motivos primero y tercero e improcedente el motivo segundo de la apelación del Gobierno Autónomo de Chuquisaca; 2) inadmisible el motivo segundo e improcedentes los motivos primero y tercero, extensivos para la adhesión del Ministerio Público, respecto al recurso del Vice Ministerio de Lucha contra la Corrupción; 3) improcedentes los tres motivos de la apelación restringida de Sabina Cuellar Leaños, como también los motivos de su apelación incidental; motivando la formulación de recursos de casación.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


De los recursos de casación y del Auto Supremo 627/2017-RA de 24 de agosto, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.1.1.1. Recurso de Casación del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.


  1. Denuncia vulneración del debido proceso y tutela judicial efectiva, porque el Tribunal de alzada declaró inadmisible el segundo motivo de su recurso de apelación restringida, siendo que a su criterio el referido motivo fue debidamente subsanado cumpliendo con la observación realizada por el mismo Tribunal; además indica que, al señalar audiencia de fundamentación posterior al plazo otorgado para la subsanación, implícitamente se habría dado por subsanado todo el recurso de apelación restringida, que al haberse declarado inadmisible el segundo motivo de su recurso lo deja en una situación que no lo permite conocer el fondo del agravio; al efecto cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 08/2012 de 30 de enero y 370/2015 de 12 de junio.


  1. Como segundo motivo denuncia incongruencia omisiva, indicando que la denuncia de insuficiente fundamentación de la Sentencia y de la prueba no fue respondida por el Tribunal de alzada, situación que a su criterio vulnera el debido proceso; aspecto que sería contrario a la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 370/2015-RRC de 12 de  junio. 


I.1.1.2. Recurso de Casación del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.


  1. Denuncia que el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso por falta de fundamentación, indicando que el Tribunal de sentencia absolvió a la acusada de la comisión de los delitos de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Encubrimiento, por lo que presentó recurso de apelación restringida parcial denunciando inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y que no existe fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria; con ese antecedente, indica que los vocales que emitieron el Auto de Vista impugnado, no valoraron de manera clara y precisa la norma sustantiva, en la aplicación de toda la prueba, porque a su criterio el conjunto de la prueba presentada y judicializada, demostraría que la acusada adecuó su conducta a los tipos penales de Uso Indebido de Influencias y Encubrimiento, al haber anulado el proceso de contratación del proyecto “Supervisión del estadio Patria Fase III”, sin ningún sustento legal, con el argumento de que la designación del prefecto Ariel Iriarte no era legal; y luego de anular invitó y contrato de manera directa al Arq. Amado Raúl Rivera Ramírez, como supervisor de la III fase del Estadio Patria, sin respetar las normas administrativas y sin colgar el proceso en el SICOES, además indica que no se habría considerado que el referido contratista era una persona prófuga de la justicia sobre el cual pesaba una sentencia ejecutoriada de 8 años y antecedente que hubiera sido de conocimiento de la prefecta ahora acusada, y que al no haber denunciado ese aspecto, menos habría tomado algún recaudo de prevención respecto a la obra, más al contrario refiere que se canceló la totalidad del monto de la obra, siendo que no se hubieran concluido todos los lotes, tampoco existiría acta de entrega provisional ni definitiva de la mencionada obra, con ese argumento refiere que el Auto de Vista no hubiera respectado los principios de la sana crítica, al respecto como precedentes contradictorios cita los Auto Supremos: 193/2013 de 11 de julio, 017/2014-RRC de 24 de marzo y 014/2013-RRC de 6 de febrero.


  1. Por otro lado, refiere que el Tribunal de alzada nuevamente vulneró el debido proceso, al dejarlo en un estado de indefensión, por no haber valorado a cabalidad los argumentos esgrimidos en la apelación restringida, y haber rechazado los mismos por inadmisible, siendo que a su criterio se subsanó las observaciones realizadas, con lo cual se habría vulnerado además los principios legales y constitucionales establecidos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el principio de impugnación, cita como precedente contradictorio el Auto Supremo: 201/2013-RRC de 2 de agosto, por no haber emitido una resolución expresa y motivada.


I.1.1.3. Recurso de Casación de Sabina Cuellar Leaños.


  1. Como primer motivo de su recurso de casación, denuncia incongruencia omisiva, indicando que el Auto de Vista recurrido no otorgó una respuesta lógica y jurídica respecto al primer motivo de su recurso de apelación restringida, violándose su derecho al debido proceso, en sus elementos de congruencia y debida fundamentación, indica que no se pronuncian sobre la falta de valoración conjunta y armónica de todos los elementos de prueba introducidos y producidos en juicio oral, tampoco se habría hecho alusión sobre la determinación del dictamen pericial REG. IDF. 184/2016, la cual concluye que solo habría responsabilidad administrativa y no penal; con esos elementos refiere que el Auto de Vista no habría hecho el control respecto a que si el Tribunal de Sentencia cumplió con las normas de la sana crítica a momento de valorar las pruebas, al efecto cita como precedentes contradictorios  los Autos Supremos: 767/2013 de 18 de diciembre, 6 de 26 de enero de 2007.


  1. Como segundo motivo de su recurso, denuncia nuevamente incongruencia omisiva, refiriendo que el Tribunal de alzada tampoco se hubiera pronunciado respecto a su segundo motivo de la apelación, donde denunció que no se demostró la concurrencia del dolo en el delito condenado, señalando que ese elemento ni siquiera habría sido mencionado, porque no se precisa si la omisión de la inscripción del proceso en el SICOES es una conducta dolosa o culposa, y si es que era su función realizar el indicado registro ante el SICOES, y que a su criterio esa omisión sería culposa para su persona, y de ninguna manera sería dolosa, y menos se habrían pronunciado respecto a la diferenciación entre el dolo penal y dolo administrativo; cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos: 214 de 28 de marzo de 2007, 031/2012 de 23 de marzo, 183 de 6 de febrero de 2007.


  1. Como tercer motivo de la apelación restringida, denuncia falta de fundamentación al resolver el tercer motivo de su apelación restringida, indicando que en el mismo denuncio falta de fundamentación al aplicar el quantum  de la pena, precisando que se le impuso el máximo de la pena establecida en el tipo penal por el cual se lo condenó, sin aplicar los arts. 37 y 38 del CP, los cuales no habrían sido citados, vulnerándose el debido proceso, al habérsele impedido saber a ciencia cierta si evidentemente le correspondía la imposición de la máxima pena (1 año), confirmándose la vulneración del debido proceso y su derecho a la defensa.


I.1.2. Petitorios.


El Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, además de los representantes del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido debiendo pronunciarse nueva resolución conforme a la doctrina legal a emitirse; petición coincidente con la formulada por la imputada Savina Cuéllar Leaños, quien agrega el pedido de respeto a las garantías y derechos constitucionales procesales, contenidos en los arts. 25 de la Constitución Política del Estado (CPE), 124 y 180 del CPP.


I.2. Admisión de los recursos.


Mediante Auto Supremo 627/2017-RA de 24 de agosto, cursante de fs. 1849 a 1853, este Tribunal admitió los recursos de casación formulados para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


El Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Sabina Cuellar Leaños, autora de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, siendo absuelta de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Encubrimiento, con base a los siguientes hechos probados:


Las obras a realizarse en el Estadio Olímpico Patria devienen desde el 2006, año en que la Prefectura del Departamento de Chuquisaca en coordinación con el Colegio de Arquitectos de Bolivia y Chuquisaca, mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional, emitieron la invitación pública 20/2006, para el concurso de anteproyectos Diseño Final del Proyecto Obras Complementarias III Fase Estadio Patria, resultando ganador de la invitación pública Raúl Rivera Ramírez, razón por la cual en la gestión del ex prefecto Ariel Iriarte, se recomendó la emisión de resolución expresa autorizando la contratación por excepción y se sugirió adjudicar a la propuesta ganadora del concurso llevada a cabo de acuerdo a la Ley 1373.


Realizados los trámites de adjudicación en favor de Raúl Rivera Ramírez e incluso suscrito el contrato en la gestión del  exprefecto, ingresó a asumir funciones la imputada como Prefecta del Departamento, quien mediante Resolución Prefectural 229/08 bis, anuló y dejó sin efecto el contrato 001/2008 de supervisión del estadio Olímpico Patria, motivando los reclamos del ganador del concurso y el anuncio de la presentación de un amparo constitucional, en razón a que su adjudicación gozaba con todos los requisitos establecidos por ley.


Ante esa situación y la premura de iniciar las obras, por el escaso tiempo que se tenía, ante la realización de los Juegos Bolivarianos, la imputada decidió dar curso a la invitación directa a Raúl Rivera quien una vez cursada la invitación se sometió a todo el trámite de adjudicación, cumpliendo todos los requisitos, razón por la cual el Consejo Departamental autorizó la suscripción del contrato debidamente autorizada mediante Decreto Supremo 29553.


Estos antecedentes demostraron en cuanto al delito atribuido de Uso Indebido de Influencias, que Raúl Rivera no apareció de la noche a la mañana como palo blanco para adjudicarse esta obra, ya que estuvo participando desde el anteproyecto de la obra ganando el concurso y si bien se adjudicó el proyecto de supervisión, él no iba a realizar de manera individual, pues el trabajo de acuerdo al contrato y el documento base de contratación, obligaba a prestar el servicio de supervisor con el personal profesional idóneo y equipo propuesto de acuerdo al BDC, consistente en 15 personas, por lo que mal se podía sustentar una acusación con el solo hecho de manifestar que se le dio un contrato millonario que le generaba ingresos de Bs. 7.749 por día, constituyendo una falta de responsabilidad por parte de los acusadores el evidenciarse que ni siquiera revisaron su propia prueba, no estando demostrado que la imputada haya obtenido ventajas a favor de Raúl Rivera, más cuando se acreditó que el contrato por excepción fue realizado cumpliendo las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, además del Reglamento del Sistema de Contratación de Bienes y Servicios.


Sobre el delito de Encubrimiento, se evidencia que la representante departamental de Chuquisaca del Vice Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, remitió el oficio de 4 de septiembre de 2008 dirigido a la imputada, de cuyo contenido no se establece con precisión que se haya comunicado expresamente que Raúl Rivera cuente con una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada ni que se encuentre rehuyendo de la justicia o cualquier solicitud que evidencie otra irregularidad que impida la suscripción del contrato o en su caso su resolución, aún más cuando el contrato fue realizado y firmado el 27 de agosto de 2008, cumpliendo con todos los requisitos  establecidos por ley y el documento base de contrataciones, efectuándose ese supuesto aviso con posterioridad a la suscripción del contrato, por lo que mal podía afirmarse que la imputada hubiese tenido conocimiento del proceso que se seguía a Raúl Rivera.


En cuanto a la afirmación de que la imputada a sabiendas de la existencia del proceso, mantuvo vigente el contrato, carece de toda lógica, ya que de la nota enviada no se llegó a evidenciar que se haya realizado un comunicado oficial, sino se encuentra como un antecedente de una petición oficial consistente en la certificación que acredite su Raúl Rivera ocupaba algún cargo en la Prefectura y desde cuándo, sin dejar constancia de algún impedimento legal que inviabilizara o impidiera la suscripción del contrato, más cuando los abogados del nombrado se presentaron ante el asesor general haciendo conocer que la demanda que tenían de un juicio de responsabilidades, había quedado sin efecto a través de un recuso constitucional, por lo que no podía endilgarse un hecho delictivo en base a suposiciones; es decir, pretender que la imputada debió suponer ante esa nota u oficio, que Raúl Rivera contaba con una sentencia condenatoria ejecutoriada, y que estaba eludiendo la acción de la justicia, ni haberse señalado tampoco que hecho criminal la imputada no denunció.


Respecto al delito de Incumplimiento de Deberes, se tiene que el contrato por excepción de supervisión técnica proyecto estadio Patria III, no fue registrado por la acusada o su personal administrativo responsable dentro del plazo de 15 días hábiles, establecido en el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones SICOES, siendo extemporáneamente registrado el 6 de abril de 2010, pese a su suscripción el 27 de agosto de 2008 y que la imputada ostentaban su condición de máxima autoridad ejecutiva (MAE) por mandato del art. 55 del DS 29190, siendo la directa responsable de la contratación por excepción, omitiendo registrar o bien delegar a la autoridad administrativa ese registro, incumpliendo los Decretos Supremos 20190 y 29553, subsumiendo de esa forma su conducta al referido delito, pese a la obligación expresa que tenía de ordenar o verificar dicho registro.


El Tribunal de Sentencia dejó constancia que la pena máxima de 1 año de reclusión se imponía al asumir que la conducta de la imputada demostró una franca y deliberada inobservancia a las normas que regulan las contrataciones, violentando los principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones administrativas.


II.2.        De los recursos de apelación restringida.


Notificadas las partes con la sentencia emitida, formularon recurso de apelación restringida: el Viceministro de Trasparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, denunciando errónea aplicación de la ley sustantiva, conforme el art. 370.1) del CPP, valoración defectuosa de la prueba de acuerdo al art. 370.6) del citado Código e Insuficiente fundamentación de la Sentencia de acuerdo al art. 370.5) de la norma procesal penal. Por su parte, el Gobierno Departamental de Chuquisaca, denunció errónea aplicación de la ley sustantiva, de acuerdo al art. 370.1) del CPP; además de inexistencia de fundamentación en la sentencia o sea insuficiente o contradictoria, conforme el art. 370.5) del CPP. En tanto que la imputada Savina Cuellar Leaños, alegó la violación del derecho al debido proceso por defecto de sentencia por valoración defectuosa de la prueba, violación del derecho al debido proceso por defecto de sentencia por insuficiente fundamentación, al amparo del art. 370.5) del CPP y violación del derecho al debido proceso por defecto de sentencia por insuficiente fundamentación en la pena.

II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Previa orden de subsanación a los recursos mediante Resolución de 30 de noviembre de 2016, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista impugnado declarando inadmisibles los motivos primero y tercero e improcedente el motivo segundo de la apelación del Gobierno Autónomo de Chuquisaca; inadmisible el motivo segundo e improcedentes los motivos primero y tercero, extensivos para la adhesión del Ministerio Público, respecto al recurso del Vice Ministerio de Lucha contra la Corrupción; e, improcedentes los tres motivos de la apelación restringida de Sabina Cuellar Leaños.

       

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS Y DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el caso presente, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, denuncia que el Tribunal de alzada declaró inadmisible el segundo motivo de su apelación, pese a que fue debidamente subsanado y que al señalarse la audiencia de fundamentación implícitamente se dio por subsanada la observación; además, de incongruencia omisiva respecto a sus otros motivos de apelación. Por su parte, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, denuncia falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado en cuanto a los reclamos por la absolución de los delitos de Uso Indebido de Influencia y Encubrimiento; y que no valoró a cabalidad los argumentos de la apelación, siendo rechazados por inadmisibles pese a que subsanó las observaciones efectuadas. Por último, la imputada Sabina Cuellar Leaños, denuncia en casación, incongruencia omisiva respecto a los dos primeros motivos de apelación y falta de fundamentación respecto al tercer motivo; por lo que corresponde resolver todas las problemáticas.


III.1.        En cuanto al recurso de casación del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.


Teniendo en cuenta que en el presente recurso se plantean dos motivos con contenido y alcance distinto, se pasa a analizarlos de manera independiente.


III.1.1. Denuncia respecto a la inadmisibilidad del segundo motivo de apelación.


En este motivo el recurrente invoca los Autos Supremos 08/2012 de 30 de enero y 370/2015 de 12 de junio; en el primero, este Tribunal constató que el Tribunal de alzada observó el recurso de apelación restringida "en cuanto al primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y octavo motivo" (sic); por lo que en aplicación del art. 399 del CPP, concedió a los recurrentes el plazo de tres días a partir de su notificación, para que subsanen las observaciones referidas, bajo apercibimiento de rechazo y después del respectivo memorial, emitió el Auto de Vista impugnado resolviendo el séptimo motivo en sentido de que el Tribunal de origen cumplió con la fundamentación probatoria descriptiva, sin advertirse la vulneración del art. 173 del CPP por lo que resultaba improcedente; sin embargo, en la parte resolutiva, dejando constancia de que no ingresaría al fondo, rechazó el motivo por inadmisible, por lo que se concluyó en la existencia de vulneración del art. 399 del CPP y se estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Conforme a lo establecido en el art. 19 parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, los derechos reconocidos en ella son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.


Bajo dicha premisa de caracterización, resulta imprescindible en toda actuación procesal velar por el respeto y vigencia del derecho al debido proceso y en consecuencia de todos sus elementos constitutivos o configurativos como el derecho a la defensa, el derecho de recurrir y el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros.


En ese sentido, corresponde al Tribunal de Alzada velar por el ejercicio pleno de aquellos derechos y garantizar su consecución, por lo que ante la interposición de las partes agraviadas por una sentencia de su recurso de apelación restringida en el marco de su derecho a recurrir de las resoluciones judiciales, corresponde aplicar de manera objetiva lo dispuesto en el art. 399 del Código de Procedimiento Penal, ello implica, que no pueden rechazar dicho recurso por defectos de forma subsanables, por el contrario, si se evidencia que existe defecto u omisión de forma, el tribunal debe hacérselo saber al recurrente, otorgándole el plazo establecido por el art. 399 del Código de Procedimiento Penal para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo, y si la parte recurrente no corrige o amplia su recurso, recién corresponde su rechazo, ello en el marco del respeto al principio pro actione puesto que si bien las formas exigidas por ley, tienen la finalidad de contribuir a la celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de la apelación restringida, el rechazo sólo puede ser dispuesto cuando previamente se ha concedido el plazo establecido en el precepto legal aludido; por lo que resulta atentatorio al debido proceso cuando a pesar de que se otorgó el plazo correspondiente para la subsanación y una vez cumplido dicho recaudo por parte de los apelantes, se ingrese al fondo del asunto y se declare en la parte dispositiva inadmisibilidad de un punto no observado, tornando además la resolución en incongruente, pues toda resolución al margen de contener la suficiente fundamentación y motivación, debe también ser congruente en cuanto a su contenido ya que ello importaría lesionar el derecho al debido proceso y los que éste a su vez subsume como los derechos a la defensa y al no ser condenado sin haber sido oído y juzgado”.


En cuanto al segundo precedente, se verificó en casación que la decisión de rechazo del recurso de apelación restringida, asumida por el Tribunal de apelación y que generó una falta de pronunciamiento de su parte a los reclamos referidos a supuestas: falta de fundamentación de la sentencia, falta de valoración de las pruebas testificales de descargo y mala valoración de pruebas literales de descargo; vulneró el derecho de acceso al recurso y la tutela judicial efectiva, por excesivo rigorismo, pues no consideró que el ejercicio de la valoración para determinar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso, debe interpretar las exigencias en el respeto del derecho de acceso al recurso y de la tutela judicial efectiva, sin limitarse a una aplicación literal de la disposición legal o aplicarla de forma excesivamente rigurosa y formalista, determinando obstáculos innecesarios carentes de justificación. A tal efecto, se dejó sentado que todo tribunal de apelación, debe analizar cuidadosamente la fundamentación que el recurrente realiza tanto en su recurso de apelación restringida como en la subsanación, si es el caso, para determinar si cumplió con las exigencias legales o puede entenderse de esas fundamentaciones la norma que considera violada o erróneamente aplicada y la aplicación que pretende.


En el caso de autos, el cuestionamiento del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, está dirigido a la inadmisibilidad del segundo motivo de su recurso de apelación restringida, verificándose que el recurrente denunció valoración defectuosa de la prueba de acuerdo al art. 370.6) del CPP, con relación a la prueba MP-P-D.26 que presuntamente acreditaría que el supervisor debía prestar el servicio con el personal idóneo y equipo propuesto de acuerdo al DBC; sin embargo, de la prueba documental del Ministerio Público, el mismo tribunal al momento de realizar la valoración probatoria dejó constancia que dicha prueba no cursaba, de modo que no podía pretenderse respaldar un hecho con una prueba que el mismo tribunal declaró inexistente.


De otra parte, aclaró que el hecho de que los trabajos se hayan realizado a través de varias personas, obedecía a la naturaleza del proyecto, cuestionando la referencia a una norma que al momento de los hechos no había entrado aún en vigencia, y el argumento relativo al cumplimiento de los procedimientos para contrataciones, cuando no era óbice para determinar la existencia de un hecho penal, al no discutirse el cumplimiento o incumplimiento o existencia de un procedimiento administrativo, sino la existencia de un hecho que constituye un delito, resultando el argumento de la sentencia ilógico e incongruente a los elementos del tipo de Uso Indebido de Influencias.


Hizo hincapié que la imputada anuló inicialmente el proceso de contratación porque presuntamente la designación de Ariel Iriarte como prefecto no era legal y que sus actos eran nulos de pleno derecho, cuando ese hecho no estaba previsto en la norma para la anulación, más cuando la imputada no tenía competencia para determinar la legalidad o ilegalidad de la designación del ex prefecto Ariel Iriarte máxime cuando la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, establecía que los actos administrativos se presuponen legales en tanto no se demuestre lo contrario.

Por otra parte, refirió que el Tribunal de Sentencia estableció conclusiones que carecían de motivación o fundamentación sobre el valor otorgado a la prueba documental y testifical, al haberse demostrado que durante la gestión de Ariel Iriarte no se suscribió ningún contrato con Raúl Rivera, tal como lo aseveró el Tribunal y la Resolución Prefectural 229/08 bis anuló totalmente el proceso de contratación 001/2008, y no así como refirió la declaración testifical de Juan Salinas Zárate, prueba que el tribunal otorgó todo la fe probatoria sin que se refiera a acontecimientos verídicos sucedidos en el referido proceso de contratación.


Previa referencia a la prueba pericial, señaló el apelante que los hechos demostrados documentalmente daban cuenta que el Tribunal de Sentencia no valoró la prueba correctamente, conllevando a la ausencia de motivación y fundamentación de la sentencia, al haberse demostrado que la imputada no tenía motivo alguno, ni la suficiente competencia para determinar la anulación de un proceso de contratación llevada a cabo por el ex Prefecto; además, que dicha autoridad benefició a Raúl Rivera al aprobar un DBC inexistente, conllevando a que la Prefectura quede en total desventaja con el supervisor de obra, al no existir un cronograma de plazos para la contratación, términos de referencia, especificaciones técnicas y otros.


Planteado así el segundo motivo de apelación restringida, el Tribunal de alzada mediante Resolución de 30 de noviembre de 2016, observó  el planteamiento por la referencia a dos normas violadas o erróneamente aplicadas y la no referencia a la aplicación que se pretendía, motivando que la parte recurrente en el término concedido para la subsanación, aclare respecto al motivo observado, que las normas erróneamente aplicadas eran los arts. 173 y 359 del CPP, pretendiendo en estricta aplicación del art. 413 del CPP, se revuelva directamente, se rectifique y se dicte nueva resolución imponiendo sentencia condenatoria por el citado delito; con esos antecedentes, el Tribunal de alzada al resolver el recurso del Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, declaró en cuanto al segundo motivo de apelación, que no se cumplió la observación de falta de referencia a la aplicación que se pretendía, al solicitarse al Tribunal de alzada disponga por una de las formas de resolución del art. 413 del CPP, cuando este requisito está referido a cómo se considera que debieran aplicarse las normas individualizadas y alegadas de violadas y erróneamente aplicadas y no como se confundía, con la forma en que se pretendía que el Tribunal de alzada resuelva el recurso de apelación -forma de decisión- impidiendo ingresar el fondo del asunto.


Respecto a esta temática y partiendo del análisis que los dos precedentes invocados tienen vinculación con la denuncia planteada, por la cual se cuestiona la inadmisibilidad de uno de los motivos alegados de apelación restringida, en principio cabe referir que el art. 408 del CPP, establece en su primera parte que: “El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cual es la aplicación que se pretende”.


Sobre esta norma, es menester señalar que la exigencia prevista por el legislador  se explica, porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que pretende aquel que impugna de una sentencia; es decir, el recurrente tiene el deber, a partir de los motivos que alega en su recurso, indicar en su planteamiento cuál la solución que el Tribunal de alzada debiera dar a su caso, pues de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio: “Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cual ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entendió inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal”.


Esto supone, que la parte procesal que recurre de apelación, deberá citar inexcusablemente, de manera concreta y precisa, las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos; cumplidas estas exigencias, el Tribunal de alzada puede ingresar al análisis de fondo del recurso con las facultades que le asignan los arts. 51 inc. 2) y 398 del CPP; es decir, estos requisitos son primordiales por cuanto a partir de su cumplimiento, el Tribunal de apelación tiene identificado el marco del control de legalidad que debe ejercer con relación a la resolución impugnada; en definitiva, es el propio recurso de apelación restringida que limita el accionar del Tribunal de alzada, puesto que de los motivos que se expongan en el recurso, deriva también la forma de resolución.


En el caso de autos, de los antecedentes procesales, se constata que la Sala Penal de apelación, cumplió con el precepto legal señalado en el art. 399 de la norma procesal penal, pues observó el recurso de apelación restringida interpuesto por el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, porque no cumplía con el requisito de procedibilidad al hacer referencia a dos normas violadas o erróneamente aplicadas, que desde ya resulta factible en apelación, y por la no referencia a la aplicación que se pretendía, extremo que resulta evidente del contenido de la apelación formulada; por tal razón, en observancia del principio pro actione, el Tribunal de alzada concedió al recurrente el plazo de tres días para que pueda subsanar la observación y pese a ello, conforme el razonamiento del Auto de Vista impugnado, la parte recurrente no subsanó adecuadamente el motivo, pues se limitó a solicitar que en estricta aplicación del art. 413 del CPP, se resuelva directamente, se rectifique y se dicte resolución imponiendo una sentencia condenatoria por el delito de Uso Indebido de Influencias, repitiendo exactamente el petitorio del recurso de apelación en su conjunto conforme se constata del acápite IV del memorial de apelación, confundiendo la forma de resolución del recurso de apelación, con la forma en que considera debieron ser aplicadas las normas acusadas de infringidas.


En consecuencia, esta Sala Penal asume que la decisión del Tribunal de apelación se ajusta a las previsiones legales que regulan el recurso de apelación restringida, ya que  constata que la parte recurrente a tiempo de formular su apelación restringida respecto al segundo de sus motivos, no observó uno de los requisitos esenciales de procedibilidad previstos por la norma procesal penal; en cuyo mérito, no se advierte la contradicción alegada con el Auto Supremo 370/2015 de 12 de junio, por cuanto se limitó a plantear argumentos para sostener una probable defectuosa valoración probatoria, sin proporcionar insumos que permitan entender cuál la aplicación que pretendía de los arts. 173 y 359 del CPP; mucho menos con el Auto Supremo 08/2012 de 30 de enero, por cuanto a diferencia de lo verificado por el precedente, no se advierte incongruencia en el Auto de Vista respecto al análisis efectuado en alguno de sus considerados con la parte resolutiva, por cuanto el Tribunal de apelación en el presente caso, obrando en coherencia con la observación efectuada al segundo de motivo de apelación, declaró su inadmisibilidad por falta de cumplimiento a una exigencia prevista para la formulación de la apelación restringida, atribuible a la inadecuada técnica recursiva del propio recurrente.


Por último, debe destacarse que la observación que hace la parte recurrente en sentido de que el señalamiento de audiencia de fundamentación posterior al plazo de subsanación, implícitamente habría dado por subsanada la observación al motivo, no tiene respaldo en los dos precedentes invocados, más cuando se verifica de antecedentes que dos de los tres motivos planteados en apelación fueron admitidos para su análisis de fondo y finalmente declarados improcedentes; es decir, resultaría atendible el planteamiento del recurrente en el caso de que observado el recurso se señale audiencia de fundamentación para finalmente declararse inadmisible el recurso de apelación en su integridad, situación no acontecida en el caso de autos.


III.1.2. Denuncia de incongruencia omisiva en la Resolución impugnada.


En este segundo motivo de casación, se invocó como precedente contradictorio también el Auto Supremo 370/2015 de 12 de junio, que destinó un acápite al defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), concluyendo en el análisis que al haberse declarado indebidamente la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada generó una falta de pronunciamiento de su parte a los reclamos planteados en dicho recurso; verificándose en el caso de autos, que el recurrente denuncia de incongruencia omisiva porque el Tribunal de apelación no hubiese respondido al motivo fundado en la insuficiente fundamentación de la sentencia y de la prueba.


En ese ámbito, se constata que el recurrente en su tercer motivo de apelación, denunció que la sentencia incurrió en insuficiente fundamentación de acuerdo al art. 370.5) del CPP, en cuanto al punto acusado referido a los pagos por concepto de anticipo contractual y certificados de trabajo de supervisión técnica, detalle de certificados de pago de 29 de septiembre de 2009 emitido por el fiscal de obras del Estadio Patria III, pues en relación a este segundo hecho traído a juicio, el Tribunal hubiese omitido fundamentar y que también conllevó la comisión del ilícito de Uso Indebido de Influencias, por parte de la imputada al haber dispuesto los pagos a favor de Raúl Rivera por concepto de anticipo contractual y pagos parciales llegando a cancelar el 100%  del total de los recursos, sin que el supervisor cumpliera con el trabajo encomendado. Es decir, se pagó la totalidad del contrato a Raúl Rivera cuando faltaban las actas de entrega definitiva de dos lotes y la conclusión de los otros dos lotes a la fecha de pago total, siendo que estos hechos marcaban el uso desmedido de influencias ejercido por la imputada a favor de Raúl Rivera por los trabajos que no cumplió, considerando además que cuando se desembolsaron los recursos el 21 de octubre de 2009, a partir del certificado de trabajo de supervisión, Raúl Rivera Ramírez ya había sido aprehendido el 27 de agosto de 2009 en inmediaciones del Estado Patria dentro de otro proceso penal, lo que significa que hasta el 31 de diciembre de 2009, fecha de último pago total de los recursos, solamente se había realizado la entrega provisional de dos obras, quedando demostrada la falta de valoración de pruebas al no fundamentar respecto al segundo hecho referido al pago de planillas. 


Con relación a este planteamiento, se advierte que el Tribunal de alzada a través de la resolución recurrida de casación, en primer término identificó el motivo relievando que estaba referido a la cancelación de la totalidad del contrato pese a la entrega provisional de dos obras, para luego destacar que el apelante pese a alegar insuficiente fundamentación, al mismo tiempo acusaba que el tribunal de grado no valoró las pruebas, incurriendo sin embargo en la falta de mención de las pruebas trascendentales que hubiesen sido omitidas, añadiendo que el recurrente también acusaba defectuosa valoración probatoria con relación a dos hechos llevados a juicio que el apelante vinculó al defecto establecido en el art. 370.5) del CPP; sin embargo, previa referencia a su competencia, el Tribunal de alzada respecto al defecto denunciado, concluyó en este punto en la falta de precisión en los argumentos desordenados del apelante, si al final se trataba de omisión probatoria, insuficiente fundamentación o en su caso defectuosa valoración probatoria, sin fundamentar cuál de las reglas de la sana crítica fueron inobservadas y si la prueba tachada de omisiva resultaba trascedente en la medida que podía rever la decisión del juez de origen en cuanto a la absolución por el delito de Uso Indebido de Influencias.


Ahora bien, teniendo en cuenta que este Tribunal ha establecido reiteradamente que se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP, temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades: la primera, que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita; se advierte en el caso de autos que el Tribunal de alzada abordó en el análisis de fondo el reclamo de concurrencia del defecto previsto por el art. 370.5) del CPP, extremo que desvirtúa una falta de pronunciamiento como denuncia la parte recurrente, y además estableció razonablemente su determinación de declarar improcedente el defecto denunciado, al destacar que el recurrente no precisó el supuesto concurrente en el ámbito del art. 370.5), que prevé tres escenarios posibles que viabilizan la impugnación de la sentencia, además de plantear argumentos que por cierto se encuadran en otro defecto previsto por la norma procesal penal; consecuentemente, se advierte que el Tribunal de alzada con relación al tercer motivo de apelación restringida, no incurrió en incongruencia omisiva y por ende tampoco en contradicción con el precedente invocado, porque dio respuesta al agravio que alegó en su recurso de apelación restringida en observancia del art. 398 del CPP.


III.2. Respecto a la casación del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.


De igual forma que en el recurso anterior, se pasa a examinar los motivos planteados en casación de forma independiente.


III.2.1. Denuncia de falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido.


El recurrente invoca como primer precedente contradictorio el Auto Supremo 193/2013 de 11 de julio, a través del cual este tribunal verificó que el Tribunal de alzada, respecto a varios de los motivos alegados en apelación incurrió en ausencia de fundamentación, pues soslayó pronunciarse sobre alegaciones insertas en cada uno de los defectos denunciados en la apelación restringida generando un estado de incertidumbre e indeterminación que vulnera el debido proceso, y el derecho a ser oído, y el deber de fundamentación en violación de lo establecido en los arts. 124 y 398 del CPP, motivo por el cual estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida.


En ese entendido, existe ausencia de fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los alegatos de los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, los cuales serán absueltos uno a uno con la debida fundamentación y en base a argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una absolución con los criterios jurídicos correspondientes al fondo de los motivos de apelación, sin que la argumentación vertida sea evasiva o incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados, toda vez que esa circunstancia deja en estado de indeterminación o incertidumbre a las partes, al no haberse absueltos de manera efectiva sus acusaciones, constituyéndose en vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el artículo 398 del citado adjetivo penal. Por lo que, la ausencia de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”.


El segundo precedente invocado es el Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo, que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido al constatar que el Tribunal de alzada al resolver la apelación formulada contra la sentencia, asumió criterios generales, sin proporcionar una respuesta clara y precisa a cada uno de los defectos denunciados por el recurrente en apelación, incurriendo en incongruencia omisiva, con la afectación directa de las previsiones legales contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP, ilegalidad que atentó también al mandato constitucional previsto en el art. 115 de la CPE.


Además, invoca el Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, que estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Una vez introducida la prueba de cargo y descargo al proceso, desarrollados los actos y pasos procesales inherentes a la sustanciación del juicio oral, realizados los actos de cierre por las partes y clausurado el debate, corresponde al Juez o Tribunal dictar una Sentencia, cimentada en la decisión asumida en la deliberación, sobre la base de lo visto, oído y percibido en la audiencia de juicio, efectuando la labor de valoración e interpretación siguiendo las reglas de la sana crítica, apreciando individual e integralmente las pruebas desfiladas y sometidas a la contradicción ante sus sentidos.


Aquellas expresiones y la exposición de las razones que hacen a la decisión asumida permitirá al Tribunal de alzada, establecer si la sentencia recurrida responde a cánones de racionalidad en la decisión sobre los hechos sometidos al debate de juicio, o bien entrar en la corrección de la aplicación del derecho con el objetivo de que sea posible su control por los órganos judiciales superiores competentes, para evitar toda posible arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, ofrecer satisfacción al derecho de los ciudadanos del Estado a la tutela judicial efectiva.


Es así que, el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber, dentro de un juicio de legalidad, de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y contenga una debida fundamentación; además, que las conclusiones contenidas en la sentencia no sean contradictorias o conducentes a un absurdo lógico en desmedro de la parte imputada, no correspondiendo la anulación de la sentencia, por ende la reposición del juicio, cuando aquella contiene la debida fundamentación fáctica, descriptiva e intelectiva, conforme las exigencias previstas en el art. 173 del CPP, por tanto expresa la razonabilidad y motivación de parte del Tribunal o Juez de Sentencia”.


Esta doctrina fue establecida al evidenciar el Tribunal Supremo que el Tribunal de Apelación asumió como uno de los pilares de su decisión, que el Tribunal de sentencia debió tomar en cuenta si existían o no pruebas
físicas, documentales, testificales y periciales, que muestren la realidad de los acontecimientos referidos en las acusaciones, concluyendo que al emitirse la sentencia se vulneró el inc. 6) del art. 370 del CPP, cuando de una interpretación integral, conjunta y armónica de la prueba introducida en juicio oral, no resulta dependiente de la equivalencia en número de las mismas o bien su naturaleza, sino más bien se enfrasca en la convicción asumida por el Juez o Tribunal al ser esta instancia la más próxima a la producción probatoria, así como de su producción, desfile y manifestación directa percibida por los sentidos, para luego toda aquella información ser valorada bajo el sistema de la sana crítica, situación de irrepetible sustanciación por parte del Tribunal de Apelación conforme la amplia y pareja jurisprudencia emitida por este alto Tribunal. En ese contexto, se advirtió que el Auto de Vista recurrido, aludió que el Tribunal de Sentencia a momento de condenar al imputado debió haber corroborado la declaración de la menor-víctima por otros medios o elementos de prueba, situación que si bien redarguía a la sentencia de grado, no acudía a su cabal intención, dado que en la lectura de aquella, se evidenció que el Tribunal más allá de otorgar veracidad a la declaración de la menor-víctima, a partir de un manifiesto convencimiento sobre su sinceridad y verdad, contrastó aquella deposición con un informe psicológico y un certificado médico legal, no siendo en consecuencia una exigencia valedera lo señalado por el recurrido Auto de Vista, advirtiéndose además que el Tribunal de Sentencia procedió a la fundamentación fáctica, efectuó la debida fundamentación descriptiva y también desarrolló la fundamentación intelectiva.


En este particular motivo, la parte recurrente denuncia puntualmente que el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso por falta de fundamentación emergente de la falta de valoración de la norma sustantiva, siendo necesario de manera inicial precisar que ese defecto presenta características propias que la diferencian a la incongruencia omisiva, teniendo en cuenta que si bien ambas vulneran el art. 124 del CPP, la primera concurre cuando la respuesta de parte del Tribunal de alzada a los cuestionamientos planteados por el apelante, incumple con los parámetros esenciales de ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; en cambio, la omisión de pronunciamiento o fallo corto, se presenta cuando el Tribunal de alzada, no se pronuncia positiva ni negativamente sobre los cuestionamientos apelados; por tal motivo, considerando la denuncia formulada, corresponde efectuar la labor de contraste con los Autos Supremos 193/2013 de 11 de julio y 014/2013-RRC de 6 febrero, cuya doctrina legal aplicable está referida al deber de fundamentación del Auto de Vista y al deber de control que le corresponde al Tribunal de alzada respectivamente y no así con relación al Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo, pues su doctrina se generó en la constatación de incongruencia omisiva, por lo que no puede visualizarse la existencia de contradicción con este procedente en particular.


El análisis de esta problemática, debe partir de los motivos alegados en apelación por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, estableciéndose que dos de ellos fueron declarados inadmisibles, por lo que su análisis será abordado en el punto siguiente, correspondiendo en consecuencia identificar el motivo de apelación que fue admitido y analizado en el fondo por el Tribunal de alzada; en ese sentido, se tiene que la parte recurrente  denunció la inexistencia de fundamentación en la sentencia o sea insuficiente o contradictoria conforme el art. 370 inc. 5) del CPP, pues el Tribunal de sentencia mencionó que era una falta de responsabilidad de los acusadores mencionan que se benefició al supervisor Raúl Rivera, con un millonario contrato argumentando que contaba con un equipo que consistía de quince personas tal cual acreditaría la prueba MP-P.D.-26, cuando esa prueba no existía y la propia sentencia dejó constancia que no cursaba; además, se mencionó que Raúl Rivera no apareció de la noche a la mañana como palo blanco, sino que ganó un concurso del anteproyecto en la gestión de Ariel Iriarte, quedando demostrado que la imputada anuló el proceso de contratación fuera de la normativa prevista por el DS 29190 y sin tener competencia para ello, más cuando el DS 181 recién entró en vigencia en la gestión 2010, quedando demostrada la influencia acusada.

       

Este reclamo fue considerado por el Tribunal de alzada a través del Auto de Vista recurrido; ya que, después de identificar los tres supuestos previstos por el art. 370 inc. 5) del CPP, dejó constancia de manera inicial que la entidad apelante no identificó cuál de esas vertientes es la que atacaba; sin embargo, intentó explicar la supuesta contradicción con relación a la prueba MP-P.D.26 en su criterio inexistente, indicando que para anular un proceso de contratación por excepción regía el art. 41 del DS 29190; es decir, cuando concurría el incumplimiento a la normativa que regulaba el proceso de contratación y no así el DS 181 que aún no estaba vigente el 2008; aspectos que, no hubiesen sido valorados por el Tribunal de Sentencia; empero, para el Tribunal de apelación tal aseveración no era evidente por cuanto la conclusión segunda de la resolución apelada, debía ser comprendida en su integridad en el penúltimo y último párrafos antes de ingresar a la tercera conclusión, teniendo en cuenta que el tribunal de grado efectuó citas normativas relativas a la regulación de este tipo de procesos de contratación con el Estado siendo entre ellos el DS 181 denominado Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y previa glosa parcial de la sentencia referida a la prueba pericial, concluyó que el fundamento sobre lo extrañado por el apelante se encontraba debidamente cimentado en la sentencia basada en la prueba pericial que fue objetada o cuestionada por el apelante, por lo que no siendo evidente lo argüido por la parte apelante el motivo devenía en improcedente. 


Ahora bien, en armonía con los precedentes invocados por la parte recurrente, es menester reiterar que la amplia jurisprudencia emanada por este Tribunal, señala que la fundamentación de las Resoluciones, constituye un deber atribuido a toda autoridad que emite un fallo, así, la normativa procesal penal, en el art. 124 establece dicha obligación de forma taxativa, cuando señala que toda Sentencia y Auto interlocutorio, deberán encontrarse debidamente fundamentados, expresando los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a cada medio probatorio (motivación); asimismo, señala que la fundamentación no puede ser reemplazada por una simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes.


Asimismo, los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre entre otros, han establecido que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica, siendo menester destacar que obligación de fundamentar las resoluciones es extensible a los tribunales de alzada, los que también deben observar el cumplimiento de los citados requisitos esenciales, respecto de los puntos de agravio denunciados a fin de emitir una resolución formal y materialmente válida.


En el caso de autos, confrontados los argumentos de la apelación y la respuesta brindada por el Tribunal de alzada, como también los argumentos del motivo planteado en casación, se tiene en primer término que la referencia a la prueba MP-P.D.-26 no se halla incluida en la casación formulada, por lo que no corresponde consideración alguna por esta Sala Penal, como tampoco respecto a la situación de prófugo de Raúl Rivera al no haber sido reclamada en apelación en el ámbito del defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, siendo viable únicamente el análisis a los reclamos de que el proceso no hubiese respetado las normas administrativas y que por ello hubiese quedado demostrada en el planteamiento de la parte recurrente, la influencia acusada a la imputada, verificándose que el Tribunal de alzada una vez precisado el reclamo pese a no estar debidamente encuadrado por la parte recurrente en alguno de los supuestos, previstos por el art. 370 inc. 5) del CPP, desestimó la pretensión declarando el agravio improcedente cumpliendo con los parámetros establecidos de una resolución debidamente fundamentada, teniendo en cuenta que se encuentra plenamente fundamentada al ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; expresa, porque con relación a los cuestionamientos formulados respecto al proceso de contratación, el Tribunal de alzada destacó que el Tribunal de origen, identificó el marco normativo que reguló el proceso de contratación y que la prueba pericial de cargo producida en el acto de juicio estableció que la contratación por excepción de Raúl Rivera realizada por la Prefectura del Departamento de Chuquisaca y que motiva el motiva el presente proceso, fue realizada en cumplimiento de lo establecido por las normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; resultando en consecuencia también clara la respuesta al no dejar lugar a dudas el pensamiento expresado por el Tribunal de alzada; completa; toda vez, que ante un puntual reclamo por la Gobernación de Chuquisaca en apelación, el Tribunal de alzada relievando la base probatoria desestimó el reclamo de inobservancia de normas administrativas; legítima, porque la respuesta se sustenta en aspectos concretos identificados en la sentencia que asumió con base al perito ofrecido por el acusador fiscal que la contratación por excepción fue realizada en cumplimiento de las normas que la regulaban; y lógica, ya que la respuesta a la denuncia es coherente y razonable con el cuestionamiento formulado por la entidad recurrente. En consecuencia, no se evidencia que el Tribunal de alzada haya incurrido en contradicción con los precedentes contradictorios, el evidenciarse que se pronunció sobre los alegatos del motivo en el que se fundó la apelación restringida, además ejerció el control que la norma le asigna como Tribunal de alzada respecto a la prueba pericial producida por la acusación fiscal, cuyas conclusiones desvirtuaban el reclamo formulado por la Gobernación de Chuquisaca.


III.2.2.        Denuncia con relación a la inadmisibilidad de agravios en apelación.


El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, invoca en este motivo el Auto Supremo 201/2013-RRC de 2 de agosto, que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido al evidenciar que el Tribunal de alzada, observó las apelaciones restringidas y concedió tres días para su subsanación y a la vez extrañando el acta de lectura íntegra de la Sentencia, determinó que se subsane la misma, remitiendo los actuados ante el Tribunal de Sentencia; en esas condiciones, el Tribunal de juicio dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto y se realice la notificación a los apelantes con el auto de observación; en cuyo mérito, los apelantes presentaron memoriales de subsanación ante el mismo Tribunal de juicio; en ese contexto, se determinó que el Tribunal de apelación actuó contra el derecho de recurrir, al no considerar los memoriales de subsanación que fueron presentados dentro de los tres días posteriores a la notificación con el Auto de observación, al no existir norma expresa que niegue la posibilidad de que en ese tipo de situaciones particulares, el memorial de subsanación sea presentado ante el Juzgado o Tribunal que diligenció la notificación con el Auto emitido por el Tribunal de apelación.


En el caso de autos, se evidencia que la parte recurrente también formuló recurso de apelación restringida denunciando errónea aplicación de la ley sustantiva de acuerdo al art. 370 inc. 1) del CPP, cuestionando la absolución de la imputada por el delito de Uso Indebido de Influencias, motivando la resolución de 30 de  noviembre de 2016, por la cual el Tribunal de alzada observó el motivo por la falta de referencia a la aplicación que se pretendía y que respecto al “tercer motivo” (sic), no había referencia a norma violada o erróneamente aplicada y tampoco la aplicación que se pretendía al igual que en el punto “III.1.3.1” (sic), además de norma habilitante; en cuyo mérito, la parte recurrente, en cuanto a la primera observación a su recurso, dejó constancia que el motivo se refería a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva en su art. 146, al haberse dejado a un lado el art. 173 del CPP, por la falta de análisis de todos los elementos constitutivos del tipo penal, conforme el art. 356 del CPP, debiendo darse una sentencia condenatoria, por lo que se pretendía que se sentencie también por ese delito a la imputada y en cuanto al “tercer motivo”, aclaró que este punto no se consideraba como defecto de Sentencia, al hacerse sólo mención a una fundamentación de hecho a los elementos del tipo penal de Uso Indebido de Influencias.


Con estos antecedentes, se constata que en el caso de autos, la parte recurrente sustenta su reclamo en la falta de valoración cabal de los argumentos esgrimidos en la apelación restringida que finalmente fueron declarados inadmisibles, cuando en su planteamiento fueron subsanadas las observaciones realizadas en el momento procesal correspondiente por el Tribunal de alzada; invocando como precedente el Auto Supremo 201/2013-RRC de 2 de agosto, sin considerar que el art. 416 del CPP determina que la contradicción entre el precedente y la resolución recurrida, se presentará cuando ante situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, resultando que el entendimiento asumido en el precedente estuvo referido al tribunal donde se presentó el memorial de subsanación y que determinó la inadmisibilidad de la apelación; lo que implica, que el precedente invocado se generó en una problemática distinta a la analizada, de modo que no puede visualizarse la existencia de contradicción en los términos previstos por el art. 416 del CPP, siendo necesario destacar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo(las negrillas no cursan en el texto original).


III.3. Sobre el recurso de la imputada Sabina Cuellar Leaños.


En el presente recurso se plantean tres problemáticas, verificándose que las dos primeras convergen en la misma denuncia, por lo que serán analizadas en forma conjunta y el tercer motivo de manera independiente.


III.3.1. Denuncia de incongruencia omisiva.


La imputada invoca como primer precedente contradictorio el Auto Supremo 767/2013 de 18 de diciembre, que estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Toda autoridad que conozca de un proceso o una pretensión o que dicte una Resolución determinando una situación jurídica debe ineludiblemente pronunciarse sobre todos los cuestionamientos puestos a su consideración y de estos exponer los motivos que sustentan su decisión, debe precisar los hechos sobre los cuales se pronuncia, de manera que las partes procesales al momento de conocer la decisión del juzgador comprendan la misma, pues, la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, tiene por finalidad de generar el convencimiento en las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores, el saber humano en conexión con la realidad, en este caso son razonables las dudas del recurrente en sentido de la existencia de un recurso que no fue resuelto y considerado conforme a lo dispuesto por la Ley, existiendo un planteamiento pendiente de resolución.  


Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre los motivos  del Recurso de Apelación Restringida del Ministerio Público hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


Las impugnaciones determinan la competencia de la Autoridad Jurisdiccional y los fundamentos jurídicos de la resolución brindan seguridad jurídica a las partes procesales, la falta de consideración de un recurso, implica la inobservancia de la tutela judicial efectiva, defecto absoluto que es necesario subsanar dejando sin efecto la resolución recurrida.


Por último, en mérito a lo previsto por los arts. 396 inc. 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal; el Tribunal de Alzada está en la obligación de adecuar las resoluciones que dicte a los puntos apelados por las partes en sus recursos de apelación”, esta doctrina fue establecida al evidenciarse que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre el recurso de apelación restringida, formulado por el representante del Ministerio Público.


El siguiente precedente invocado es el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007, por el cual este Tribunal verificó que la parte recurrente reclamó en su recurso de apelación restringida que no se ofrecieron como prueba ni el cheque (objeto de la litis), ni la carta notariada, afirmando que ninguna de las pruebas fueron ofrecidas de conformidad al art. 340 del CPP, el Auto de Vista impugnado solo hizo referencia al cheque más no se pronunció sobre otros elementos probatorios que hubieran sido introducidos en el juicio indebidamente, siendo su pronunciamiento incompleto y contradictorio, además que al haber otorgado al recurrente el plazo del art. 399 del CPP y presentado el respectivo memorial sin haber sido observado en su contenido por la Corte de alzada, obligaba a la misma a pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados, no pudiendo ampararse en defectos formales a objeto de eludir dicho pronunciamiento; ya que, el Tribunal de alzada al admitir el recurso de apelación restringida debió ingresar al fondo del asunto de acuerdo al art. 413 con relación a los arts. 398 y 407 del CPP; en cuyo mérito, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa, al debido proceso, y al recurso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación.


Que el Tribunal de apelación no puede pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, actividad expresamente prohibida por el artículo 396 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal”.


También invocó el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, cuya doctrina legal aplicable se halla referida al sistema de la sana crítica como método de valoración de prueba, a la labor de los Tribunales de alzada de verificar el iter lógico de los Jueces y Tribunales de sentencia y la carga procesal de quienes invocan la violación de las reglas de la sana crítica, estableciéndose en consecuencia que las problemáticas que generaron su doctrina legal aplicable difieren de la planteada en el presente recurso referida a la incongruencia omisiva en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada, no pudiendo visualizarse la contradicción alegada por la recurrente respecto a este particular precedente.


El siguiente precedente es el Auto Supremo 031/2012 de 23 de marzo, por el cual se constató que el Tribunal de alzada, no observó los presupuestos de una resolución expresa, clara, completa, legítima y lógica, por cuanto se limitó a hacer referencia a cuestiones accesorias al proceso, sin justificar ni fundamentar las razones que tuvieron para la absolución de la parte imputada en los delitos atribuidos, procediendo además en revalorización probatoria e incumplimiento del art. 398 del CPP, denotando en consecuencia el análisis de situaciones distintas a la planteada en el presente motivo referida a una posible incongruencia omisiva de parte del Tribunal de alzada, lo mismo sucede respecto al Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado ante la verificación de haberse probado en el juicio oral que el imputado era autor de los delitos de Peculado y Uso Indebido de Influencias, previstos en los arts. 142 y 146 del CP, al concurrir en su conducta los elementos esenciales de los delitos acusados y los elementos estructurales de los tipos penales citados; correspondiendo por lo referido, efectuar la labor de contraste con los dos primeros Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios.


En este motivo, la parte imputada denuncia que el Tribunal de alzada hubiese incurrido en incongruencia omisiva respecto a los dos primeros motivos de su apelación restringida, siendo necesario por lo tanto identificarlos de la revisión del contenido del citado recurso y establecer si el Auto de Vista incurrió en el defecto denunciado; en ese sentido, se tiene que la imputada alegó en su primer motivo de apelación la violación del derecho al debido proceso por defecto de sentencia por valoración defectuosa de la prueba pericial REG.IDIF. 184/2016, identificando como norma inobservada el art. 173 del CPP, al haberse valorado la referida prueba de manera general; por cuanto, el Tribunal de sentencia se limitó a señalar que le dio valor al dictamen pericial al ser lícita en su obtención e introducida a juicio, sin señalar qué parte de esa pericia les convenció de que es culpable de los hechos acusados, al no mencionar qué conclusiones de los peritos son de tal erudición y conocimiento que resulten suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, más cuando se debatió por su defensa por ejemplo, que la pericia no podía acreditar el dolo, menos se pronunció sobre las inconsistencias de la pericia o de las conclusiones arribadas en cuanto al tipo de responsabilidad, siendo que la valoración de la pericia no cumplía con las reglas de la ciencia, lógica y experiencia, pues la sentencia debió establecer si la pericia se reforzó con prueba documental y darle valor en base a la apreciación conjunta de toda la prueba producida como ordena el art. 173 del CPP, tampoco señaló por qué las conclusiones arribadas eran inequívocas, por qué tenían lógica y por qué acreditó uno de los tipos penales acusados.


Además, en este motivo enfatizó que al haberse sacado una conclusión en base a una prueba que no aportó el hecho que concluyó, violó el principio de derivación y el principio de razón suficiente, recalcando que para el Tribunal de sentencia con la pericia se acreditaría que la inscripción en el SICOES con relación al contrato en cuestión, fue extemporánea, cuando la pericia determinó en el punto tercero que los hechos suscitados, entre ellos, el registro extemporáneo, no se encontraba dentro de sus atribuciones o responsabilidades, determinándose una responsabilidad administrativa conforme el art. 29 de la Ley 1178; es decir, el Tribunal de sentencia haciendo una valoración parcial de dicho documento, concluyó que se logró establecer que cometió el delito de Incumplimiento de Deberes, cuando de una simple revisión de dicho elemento de prueba podía acreditarse que el registro extemporáneo de ninguna manera podía ser considerada como la comisión de un delito, cuando ese elemento determinó que el hecho representaba una responsabilidad administrativa, incurriéndose en una lesión a la sana crítica en su elemento de la lógica, al llegarse a una conclusión errada por no leer la pericia en su integridad, además de no haberse valorado de manera integral los elementos de prueba, añadiendo que sin la referida prueba la sentencia no podría acreditar el delito de Incumplimiento de Deberes; es decir, realizando el método de supresión hipotética de la prueba que el resultado de la sentencia sería diferente; ya que, no se podría acreditar con el resto del elenco probatorio.


Este motivo fue declarado improcedente por el Tribunal de alzada, que en principio dejó constancia que la valoración de la prueba es una facultad privativa del Tribunal de juicio, conforme a los principios que rigen la materia, siendo los principios de inmediación y contradicción básicos, sin descartar los demás para darle validez y autoridad a la prueba que permitía al Juez razonar debidamente al emitir la sentencia, sin corresponder al Tribunal de alzada revalorar la prueba sino únicamente realizar la tarea de control en relación a la labor de valoración efectuada por el de origen. Bajo ese contexto, asumió que no era evidente que el Tribunal de juicio haya simplemente dado valor a la prueba pericial 184/2016 por su sola forma lícita de obtención, sino que el considerando III luego de trascribir los puntos de pericia propuestos y las respuestas del perito punto por punto, el Tribunal fundamentó porque resultaba relevante la merituada prueba, además de referir la manera en que fue efectuado el proceso de contratación por excepción, siguiendo lo establecido por las Normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el Reglamento de ese sistema, como el DS 29553. También, destacó como responsable a la imputada en su condición de ex prefecta de Chuquisaca y si bien el contrato fue registrado en el SICOES, lo fue extemporáneamente. Respecto a la responsabilidad administrativa aducida, el Tribunal de alzada señaló que la recurrente olvidó en su planteamiento que el proceso investigativo y posterior acusación que luego derivó en determinar la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes conforme se dieron los hechos fácticos relatados tanto en la acusación y plasmada en la sentencia, contenía identidad penal, esto independientemente de considerar si para iniciar un proceso penal por delitos cometidos por funcionarios públicos, como el caso de autos, deba necesariamente cumplirse el presupuesto de un proceso ventilado en la vía administrativa.


En el segundo motivo de apelación restringida, la imputada denunció la violación del derecho al debido proceso por defecto de sentencia por insuficiente fundamentación, al amparo del art. 370 inc. 5) del CPP, refiriendo que la sentencia asumió el razonamiento de haberse acreditado mediante la prueba pericial, que ni su persona y menos su personal administrativo, no habría cumplido con el plazo establecido para el registro en el SICOES con base a la pericia 184/2016, sin señalar en qué parte de la pericia se señaló que su persona era responsable de subir al sistema SICOES la información del contrato o en su caso el tribunal no señaló en qué parte de la pericia se habría demostrado que su persona no delegó esa tarea a personal administrativo y sin mayor fundamentación se remitió a la pericia en inobservancia del art. 124 del CPP, más cuando de la declaración de su testigo de descargo Juan Salinas Zárate, su persona delegó la función de subir la información al sistema SICOES siendo responsable Rafael Rodríguez, sin considerar tampoco las atestaciones de Weymar Vicente Rendón Montoya y Freddy Sánchez Padilla, quienes señalaron el mismo aspecto, reforzado por la documental presentada de descargo que demostró que delegó funciones a Rafael Rodríguez como responsable de contrataciones y por ende de remitir información ante cualquier institución, preguntándose cuál la prueba para basar la conclusión que tenía dentro de sus funciones y atribuciones el de subir información al sistema SICOES.


En el mismo motivo, la imputada señaló que tampoco se fundamentó respecto al elemento subjetivo dolo, en relación a la posibilidad de actuar y la fundamentación que tenía que versar acerca de ese conocimiento de que el acto omitido era propio de su función o en su caso en su función de Prefecta debía conocer que la omisión era ilegal y para eso se debió fundamentar en base a qué leyes la omisión fue ilegal y por último se debía señalar que su persona conocía que podía actuar, más cuando el tribunal señaló que tenía la obligación de ordenar o verificar el registro del contrato en el SICOES; sin embargo, en ningún momento se señaló que su función era la de realizar por si misma el registro, de modo que su persona actuó sin el cuidado necesario con culpa o negligencia, pero no con dolo.


Agregó que la doctrina también hace una diferenciación respecto al dolo penal y el dolo administrativo, relievando que en el caso no se determinó la existencia de una lesividad de conducta, sino de una falta administrativa por haberse realizado un registro extemporáneo en el SICOES, lo cual no representaba un daño grave y menos para el Estado, resultando a partir de la diferenciación entre ilícitos administrativos con ilícitos penales, que su conducta no se acomodó por ninguna circunstancia a un acto doloso penal sino a una falta administrativa, tal como lo estableció el dictamen pericial IDIF 184/2016.


Respecto a este segundo motivo de apelación, el Tribunal de alzada asumió después de relievar a quien corresponde la función de valorar la prueba y la tarea asignada en apelación, que la sentencia en la conclusión cuarta al referirse al delito de Incumplimiento de Deberes dedicó sus tres primeros párrafos a la relación fáctica entendida en las acusaciones del Ministerio Público y la particular, como el hecho atribuido a la imputada en su condición de Prefecta de Chuquisaca, de no haber procedido al registro en el SICOES del contrato por excepción de Supervisión Técnica Estadio Patria Fase III, conforme a los DDSS 29190 y 29533 dentro del plazo de cinco días a partir de su suscripción; a continuación, ingresó al análisis enumerado del 1 al 4 que en su valoración tomó en cuenta el contrato de excepción acreditado por la literal MP-P-D.8 así como el DS 29553, que autorizó la contratación y asignación de financiamiento, encomendado a la Prefectura de Chuquisaca entre otros, su registro en el SICOES en el plazo de cinco días hábiles a partir de la suscripción del contrato, conforme lo estipulado en el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones y del Sistema de Administración de Bienes y Servicios como se acredita en la prueba MP.P-D.11, destacando que la sentencia asumió en el punto 3, que el registro no fue realizado por la acusada ni por el personal administrativo responsable dentro del plazo establecido en el manual, sino extemporáneamente el 6 de abril de 2010, como estableció el informe pericial; advirtiendo que el Tribunal de Sentencia haciendo una valoración armónica de la prueba, no solo tomó en cuenta el informe pericial, sino también disposiciones legales que hacen a la materia de contratación por excepción con el Estado y la responsabilidad que atañe a la imputada como MAE; ya que, en el punto 4 de la cuarta conclusión en lo pertinente, subsumió la conducta de la imputada en el tipo penal atribuido, no resultando evidente la insuficiente fundamentación alegada por la apelante; por cuanto, el tribunal de juicio para establecer su responsabilidad penal, no sólo se basó en el informe pericial; sino también, en otras disposiciones legales que hacen a la responsabilidad del funcionario público cuando suscribe contratos a nombre del Estado, en el presente caso de la Prefectura de Chuquisaca por vía de excepción y de la cual era su máxima representante la imputada como destacó en su fundamento la sentencia.


Ahora bien, partiendo del criterio que la incongruencia omisiva constituye la omisión de pronunciamiento o fallo corto y que se presenta cuando el Tribunal de alzada, no se pronuncia positiva ni negativamente sobre los cuestionamientos apelados y considerando los aspectos que puntualiza la imputada en su recurso de casación que hubiesen sido omitidos en su análisis y resolución; se advierte del contenido del Auto de Vista impugnado, que el Tribunal de alzada otorgó una respuesta a la denuncia de la recurrente  de falta de valoración conjunta y armónica de los elementos de prueba introducidos y producidos en juicio oral y de manera particular sobre los cuestionamientos planteados respecto al dictamen pericial REG. IDF. 184/2016, pues desestimó los reclamos formulados por la imputada al destacar las razones asumidas por el Tribunal de sentencia para asignarle valor probatorio a la prueba pericial y las referencias a las normas legales reguladores del proceso de contratación de excepción, pronunciándose además con relación a que el dictamen pericial sólo establecería una responsabilidad administrativa y no penal, relievando que el proceso investigativo y posterior acusación que derivó en la determinación de responsabilidad en la presente causa tiene entidad penal.


Además, se advierte no ser cierta la denuncia de la imputada en sentido de que el Tribunal de alzada hubiese omitido pronunciamiento respecto a los cuestionamientos vinculados al registro en el SICOES, pues en la respuesta brindada por el Tribunal de alzada, se estableció en lo relevante la norma legal que encomendada, entre otros aspectos, a la Prefectura del Departamento de Chuquisaca el registro en el SICOES en el plazo de 5 días hábiles a partir de la suscripción del contrato, determinándose durante la causa que la imputada era la MAE en su condición de Prefecta del Departamento, siendo necesario precisar que el delito de Incumplimiento de Deberes por el cual fue sentenciada la imputada no reconoce su forma culposa, teniendo presente que el art. 13 quater del CP, dispone que cuando la ley no conmina expresamente con pena el delito culposo, sólo es punible el delito doloso. Por último, es menester señalar que si bien de parte del Tribunal de alzada no existe un amplio análisis respecto a la puntualización que efectuó la imputada con relación a la diferenciación entre el dolo penal y el dolo administrativo, enfatizando una de las conclusiones contenidas en el dictamen pericial, no puede reputarse como incongruencia omisiva, considerando que el Tribunal de alzada claramente estableció como respuesta a los aspectos inherentes a materia administrativa, que el proceso investigativo, acusación y determinación de responsabilidad en la causa, tenían una identidad penal.


En consecuencia, se evidencia que el Auto de Vista impugnado emitió pronunciamiento sobre los dos primeros motivos cuestionados en la apelación restringida y en particular sobre las temáticas que ahora extraña la recurrente a través del recurso de casación objeto de análisis; por consiguiente, el Tribunal de alzada no incurrió en incongruencia omisiva, dando cumplimiento efectivo al art. 398 del CPP, por lo que no se ha demostrado se haya incurrido en citra petita o ex silentio y menos en contradicción con los precedentes invocados por la imputada.


III.3.2.        Denuncia de falta de fundamentación en el Auto de Vista recurrido.

Este tercer motivo de casación de la parte imputada, fue admitido ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, debido a la denuncia de falta de fundamentación de la resolución impugnada al responder su denuncia relativa a la falta de fundamentación del Tribunal de Sentencia al imponerle el máximo del quantum de la pena del delito por el cual fue condenada, siendo imprescindible identificar del contenido de la apelación restringida el reclamo formulado por la imputada y la respuesta que mereció de parte del Tribunal de sentencia.


En ese sentido, se verifica que la imputada denunció la violación del derecho al debido proceso por defecto de sentencia por insuficiente fundamentación en la pena, señalando que al momento de la imposición de la pena, el Tribunal de Sentencia aplicó la pena máxima sin fundamentar adecuadamente los motivos de la sanción, planteamiento que inicialmente fue observado por el Tribunal de alzada, ante la falta de precisión de cuál la aplicación que se pretendía, razón por la cual la recurrente en el memorial de subsanación precisó que la norma inobservada era el art. 124 del CPP, enfatizando que para la aplicación de la pena debían considerarse las arts. 37 y 38 del CP, pretendiendo como aplicación la expresión de los motivos de hecho para otorgar la sanción impuesta. Este planteamiento, fue resuelto por el Tribunal de alzada en sentido de que el reclamo no era evidente por cuanto la sentencia en el punto 6, del epígrafe destinado a la fundamentación y voto de los miembros del Tribunal, explicó el por qué aplicó el máximo de la pena prevista para el delito de Incumplimiento de Deberes, dada la calidad de la imputada de autoridad pública del Departamento de Chuquisaca y la inobservancia flagrante de la norma entre otros; es decir, siendo el reclamo de la imputada en apelación, puntual y genérico, mereció una similar respuesta de parte del Tribunal de alzada que con base al contenido de la sentencia identificó las razones por las cuales se impuso la sanción de un año de privación de libertad.


Debe destacarse además, que la sola mención genérica de los arts. 37 y 38 del CP, en el memorial de subsanación, inobserva el entendimiento asumido por esta Sala Penal en sentido de que la obligación de la debida fundamentación es extensible no sólo para el juzgador o Tribunal, sino también para quienes impugnan las resoluciones emitidas en el proceso penal, que tienen como carga argumentativa de exponer de forma clara, precisa y coherente los agravios que consideran lesivos, extremo que no sucedió en el presente caso; en consecuencia, una respuesta genérica a un planteamiento también genérico, no puede ser tachada de falta de fundamentación y de inobservancia del art. 124 del CPP, como pretende la recurrente.





POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADOS los recursos de casación formulados por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y Sabina Cuellar Leaños.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos