TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 275/2018-RA

                               Sucre, 27 de abril de 2018        


Expediente                : Chuquisaca 5/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Julia Arancibia Mejía

Delitos        : Tráfico de Personas y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de enero de 2018, cursante de fs. 2845 a 2853 vta., Julia Arancibia Mejía, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 315/017 de 17 de noviembre de 2017, de fs. 2816 a 2822, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarabuco contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Personas y Trata de Personas, previstos y sancionados por los arts. 321 bis y 281 bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 010/2017 de 7 de junio (fs. 2635 a 2669), el Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal de Padilla del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Julia Arancibia Mejía, autora y culpable de la comisión del delito de Trata de Personas, previsto y sancionado por el art. 281 bis del CP, imponiendo la pena de dieciséis años de presidio, con costas a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Julia Arancibia Mejía (fs. 2721 a 2724 vta.), formuló recurso de apelación restringida, siendo resuelto por Auto de Vista 315/017 de 17 de noviembre de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedentes los seis motivos del recurso planteado.


c)        Por diligencia de 5 de enero de 2018 (fs. 2840), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista; y, el 12 del mismo mes y año, formuló el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Bajo el epígrafe: “NULIDAD Y DEFECTO ABSOLUTO POR INOBSERVANCIA DE LEY PENAL SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ART. 16 INC. 2 DEL CODIGO PENAL BOLIVIANO” (sic), la recurrente refiere que pese a reclamar que el Tribunal de Sentencia no consideró la segunda posibilidad del instituto de “Error de Prohibición”, como un elemento atenuante en el ámbito de la pena a imponerse eventualmente; el Tribunal de alzada lejos de ingresar al análisis del defecto, pretendió convalidarlo sin efectuar un análisis propio relativo a la verificación de los elementos que constituyen la aplicación o no del art. 16 inc. 2) del CP, pues se limitó a citar y reiterar lo alegado erróneamente por el Tribunal de grado, cuando su deber era absolver efectivamente el motivo alegado como defecto en alzada, enfatizando que ambos Tribunales pretenden tergiversar el agravio, teniendo en cuenta que impetró la aplicación de la forma vencible del error de prohibición, esto es de la segunda vertiente de la referida norma sustantiva, con respaldo probatorio consistente en la pericia de la psicóloga Glenda Dávalos, que estableció en su pericia que como imputada no tenía la capacidad de comprensión en cuanto a los hechos acusados; aun así, se asumió que había sido objeto de investigación penal por una causa similar por los delitos de Reducción a la Esclavitud o Estado Análogo y Atentados contra la Libertad de Enseñanza, que no tienen semejanza con el tipo penal de Trata de Personas.


  1. Con el título: “DEFECTO ABSOLUTO POR INCONGRUENCIA OMISIVA, NEGACION DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA CON RELACIÓN A LOS MOTIVOS 3º, 4º, 5º y 6º DEL RECURSO DE APALEACION RESTRINGIDA” (sic), la recurrente refiere que en su apelación articuló seis agravios, pero el Tribunal de alzada adoptó la metodología de asociarlos o agruparlos, pues resolvió el motivo 1º ensamblado con el 3º, respondiendo únicamente al primero; de la misma forma, operó con relación a los motivos 4º, 5 º y 6º, al emitir un sólo pronunciamiento englobando a los tres motivos restantes del recurso, sin pronunciarse sobre el fondo y sin emitir una decisión individual respecto a cada uno de ellos, no obstante que en los motivos 4º, 5º y 6º, se argumentaron agravios o vicios de sentencia de entidad vinculados a pruebas concretas, por lo que su abordaje no podía ser común, así el motivo 4º estaba referido a la prueba MP-PD 15, el 5º a la MP-PD 1, MP-PD2, MP-PD2 y MP PD2 y el 6º a una prueba pericial, por lo que se incurrió en incongruencia omisiva e incumplimiento al art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Invoca como precedentes los Autos Supremos 349/2006 de 28 de agosto y 297/2012-RRC de 20 de noviembre.


  1. Denunciando: “DEFECTO ABSOLUTO Y NULIDAD POR VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A UNA RESOLUCIÓN FUNDAMENTADA CON RELACIÓN A LOS MOTIVOS 3º, 4º, 5º y 6º DEL RECURSO DE APELACIÓN” (sic), refiere que el Auto de Vista impugnado adolece de una falta de fundamentación con relación a esos cuatro motivos, pues con relación al motivo 3º, no se justificó de forma alguna la negativa o improcedencia del recurso, que tenía como basamento la falta de fundamentación sobre la antijuricidad de su conducta y de aplicación del error de prohibición en cuanto al art. 16 inc. 2 segunda parte del CP. Y en cuanto a los motivos 4º, 5º y 6º, si bien se referían a la defectuosa valoración de la prueba, merecían una fundamentación suficiente e individual para cada uno de ellos, pues la improcedencia declarada lisa y llanamente, no constituye una resolución prolija y sometida al imperio del art. 124 del CPP, citando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 210/2015-RRC de 27 de marzo y 773/2017-RRC de 20 de octubre.


  1. Por último, denuncia: “DEFECTO ABSOLUTO POR VIOLACION DEL DERECHO A TUTELA JUDICIAL EFECTIVA E INOBERVANCIA DEL ART. 399 DEL CPP” (sic),  argumentando que hizo notar oportunamente que una vez radicado el recurso de apelación, el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre su admisibilidad, siendo negado su reclamo en la audiencia de fundamentación oral; empero, el Tribunal de apelación al resolver los agravios 4º, 5º y 6º de su apelación, lejos de ingresar al fondo del recurso, asumió que la impugnación en cuanto a esos motivos no fue clara, de modo que si no estaban suficientemente provistos de los insumos necesarios para resolverse la pretensión de fondo, debió darse cumplimiento a la previsión del art. 399 del CPP y al no hacerlo, se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, citando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 311/2015 de 20 de mayo, 174/2013 de 19 de junio y 87/2006 de 28 de marzo.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

       

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV.        ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 5 de enero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 12 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En ese sentido, se verifica que la parte recurrente en el primer motivo, denuncia que el Tribunal de alzada sin ingresar al análisis del defecto planteado en apelación con base a la inobservancia del art. 16 inc. 2) del CP en su segunda parte, pretende convalidarlo con la cita y reiteración de lo alegado erróneamente por el Tribunal de origen, pretendiendo ambos tribunales tergiversar el agravio que se fundó en el pedido de aplicación de la forma vencible del error de prohibición; al respecto, se evidencia que este primer planteamiento, no contiene la invocación de un precedente contradictorio y por lo tanto menos la precisión de cuál la contradicción existente con el Auto de Vista recurrido, quedando objetivizada a fs. 2847 esta omisión que no puede ser suplida de oficio por este Tribunal, específicamente en el punto “I.5. PRECEDENTE CONTRADICTORIO” (sic), que a diferencia de los otros motivos que serán sujetos a análisis, no contiene la invocación de precedente alguno. De otra parte, cabe referir que la sola mención a una nulidad y defecto absoluto, no implica la observancia de los presupuestos de flexibilización precisados en la última parte del acápite anterior del presente fallo, pues si bien la recurrente señala el hecho generador del recurso, no precisa qué derecho o garantía habría sido vulnerada, cuál la restricción o disminución del derecho o garantía y menos explica el resultado dañoso emergente del defecto, razones por las cuales resulta inviable la consideración de fondo de este motivo.


En el segundo motivo de casación, la recurrente denuncia incongruencia omisiva, porque el Tribunal de alzada adoptó la metodología de asociar o agrupar los motivos de apelación, sin responder al motivo 3º y menos de manera individual a los motivos 4º, 5º y 6º de su apelación, pese a que cada uno de ellos estaba vinculado a pruebas concretas debidamente identificadas por la recurrente, incurriendo el Auto de Vista en incongruencia omisiva e incumplimiento del art. 398 del CPP; a cuyo efecto, invoca en calidad de precedentes los Autos Supremos 349/2006 de 28 de agosto y 297/2012-RRC de 20 de noviembre, a tiempo de precisar en calidad de contradicción, que la omisión de pronunciamiento tiene trascendencia en el hecho de que se haya omitido un pronunciamiento individual y concreto respecto a cada agravio, pese a que el Tribunal de apelación está obligado a pronunciarse de manera expresa y concreta y no así de forma conjunta para declarar la improcedencia de los motivos, cuando ninguno de ellos fue absuelto en el fondo; por lo que estando cumplidas las exigencias legales previstas en la norma procesal, corresponde el análisis de fondo del presente motivo.


Este entendimiento también resulta aplicable al tercer motivo de casación, habida cuenta que la recurrente denuncia la existencia de falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado respecto a los motivos 3º, 4º, 5º y 6º de la apelación restringida; el primero, referido a la falta de fundamentación sobre la antijuridicidad de su conducta y los restantes a la defectuosa valoración probatoria que merecían una fundamentación suficiente e individual, al evidenciarse que invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 210/2015-RRC de 27 de marzo y 773/2017-RRC de 20 de octubre, enfatizando que no puede asumirse que la resolución impugnada cumpla con los presupuestos o elementos de contenido para su validez, al no estar debidamente resueltos los agravios identificados.


Por último, se advierte que la recurrente en el cuarto motivo, denuncia que pese a hacer notar oportunamente la omisión de admisibilidad de su recurso de apelación restringida y ser negada su petición en la audiencia de fundamentación oral, el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista recurrido, asumió que la impugnación con relación a los motivos 4º, 5º y 6º no era clara, cuando en todo caso debió dar cumplimiento al art. 399 del CPP; constatándose además que en este planteamiento la recurrente invoca en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 311/2015 de 20 de mayo, 174/2013 de 19 de junio y 87/2006 de 28 de marzo, relievando que la contradicción se traduce en la falta de control de admisibilidad de su recurso de apelación restringida, para luego al final en la resolución impugnada aplicarse la fórmula de insuficiencia del recurso, cuando jamás se ingresó al fondo y se declaró improcedentes los agravios de forma ilegal y en violación de la norma procesal citada precedentemente, por lo que estando cumplidos los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde también el análisis de fondo de este motivo. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Julia Arancibia Mejía, de fs. 2845 a 2853 vta., únicamente para el análisis de fondo de los motivos segundo, tercero y cuarto. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos