TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 272/2018-RA

Sucre, 27 de abril de 2018


Expediente                : Santa Cruz 153/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Germán Villca Condori y otros

Delitos        : Conducta Antieconómica y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 24, 25 y 28 de agosto de 2017, Víctor Lima Gonzales, de fs. 1752 y vta., Germán Villca Condori, Víctor Lima Gonzáles y Evaristo Sequeli Huaranca, de fs. 1765 a 1769 vta., y Faustino Copa Flores en su calidad Alcalde Municipal de San Julián, de fs. 1776 a 1780, a su turno interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 45 de 14 de julio de 2017, de fs. 1718 a 1721 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Milton Bruno Heredia Ramírez, Haroldo Alvis Cuellar (ambos declarados rebeldes) y Miqueas Barón Moraci (Sentenciado mediante procedimiento abreviado a tres años de reclusión por el delito de Conducta Antieconómica), e inter partes, por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Contrato y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 146, 221, 222 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 1/2017 de 9 de enero (fs. 1462 a 1474), el Tribunal de Sentencia de Concepción del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a German Villca Condori y Evaristo Sequeli Huaranca, autores y culpables de la comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del CP, imponiendo la pena de tres años de presidio al primero y dos años de reclusión al segundo, siendo absueltos de los delitos de Contratos Lesivos al Estado y Uso Indebido de Influencias. Por otra parte Víctor Lima Gonzáles fue absuelto del delito de Incumplimiento de Contrato.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 1605 a 1606 vta.) el acusador particular Faustino Copa Flores en su calidad Alcalde Municipal de San Julián (fs. 1608 a 1612), y los imputados Germán Villca Condori (fs. 1614 a 1618), adhiriéndose al mismo Víctor Lima Gonzáles y Evaristo Sequeli Huaranca (fs. 1631 a 1636), interpusieron recursos de apelación restringida,  fueron resueltos por Auto de Vista 45 de 14 de julio de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes los recursos planteados, por consiguiente anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo el reenvío del expediente ante otro Tribunal de Sentencia llamado por ley.


  1. Por diligencias de 18 y 21 de agosto de 2017 (fs. 1722, 1739 vta., 1744 vta. y 1749 vta.,), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 24, 25 y 28 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objetos del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Del recurso de casación de Víctor Lima Gonzales.


Como único motivo el recurrente alega que el Tribunal de alzada contradijo los precedentes contradictorios que refieren a la prohibición de revalorizar pruebas  siendo facultad privativa del Tribunal de Sentencia; asimismo, denuncia que en el Auto de Vista impugnado existe contradicción al considerar válidos los defectos de Sentencia contemplados en el art. 370 incs. 1), 5), 6) y 8) del Código de Procedimiento Penal (CPP), con la facultad de aplicación del art. 13 del CP, por parte del Tribunal de alzada que tiene relación al principio de favorabilidad.

A tal efecto cita en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 423/2006 de 20 de octubre, 16/2007 de 26 de enero, 412/2006 de 10 de octubre, 359/2006 de 29 de agosto, 69/2006 de 20 de marzo, 524/2006 de 17 de noviembre, 196/2005 de 3 de junio, y la Sentencia Constitucional “546/2004-R”.


II.2. Del recurso de casación de Germán Villca Condori, Víctor Lima Gonzáles y Evaristo Sequeli Huaranca.


Los recurrentes haciendo referencia a los agravios sufridos por el Auto de Vista, amparan su recurso de casación, en los siguientes aspectos: i) Alegan que el Tribunal de alzada contradijo el Auto Supremo 353/2006 de 29 de agosto, en la cual refiere que no estaría facultado de revisar la base fáctica de la Sentencia sino el silogismo jurídico entre la Sentencia y las apelaciones formuladas; contrario a ello, habría analizado cuestiones de hecho y revalorizó prueba. A tal efecto también habría contradicho los Autos Supremos 69/2006 de 20 de marzo, 524/2006 de 17 de noviembre y 196/2005 de 3 de junio ii) Denuncian que el Tribunal de alzada se habría excedido más allá de sus atribuciones al analizar cuestiones de hecho no contemplados en juicio oral e inclusive incorporó hechos jamás realizados en el proceso, ajenos a la verdad histórica de los hechos al referir los siguientes aspectos: a) El acusado Germán Villca no concluyó su gestión debido a diversos hechos de corrupción. b) Se debió analizar detalladamente porqué motivos el imputado suscribió contratos de ejecución de obras en una zona donde los caminos se encuentran en condiciones inapropiadas donde resulta dificultosa la ejecución del proyecto. c) El tipo penal de Contratos Lesivos al Estado debió centrarse especialmente en verificar que el contrato suscrito con el ciudadano Víctor Lima Gonzáles para que construya una barda se debió establecer si la obra era justificada, uno para el desembolso del dinero por parte de la Alcaldía municipal de San Julián, este ultimo nombrado pretendiendo justificar su conducta sobre el delito de Incumplimiento de Contrato argumentó que se debió a los desastres naturales; sin embargo, cuestionan por qué aceptó el contrato si este ya tenía conocimiento que esa zona no tenía condiciones para la construcción de una barda del hospital. Que estas tres expresiones realizadas por parte del Tribunal de alzada, se habría excedido al hacer afirmaciones o hechos inexistentes que no fueron contempladas en juicio oral, rompiendo el silogismo jurídico de analizar de forma contrapuesta la Sentencia y apelaciones planteadas. iii) Aducen que el Tribunal de alzada revalorizó pruebas cuando afirma que: “…El hecho de devolver la suma de Bs. 40.000 (cuarenta mil bolivianos) no implica que sea una atenuante para absolver al acusado, al contrario estaría aceptando la consumación del delito de Incumplimiento de Contrato” (sic). A tal efecto refirieren que el Auto de Vista impugnado se contrapone con los Autos Supremos 353/2006 de 29 de agosto, respecto a la prohibición de revisar la base fáctica de la Sentencia, 69/2006 de 20 de marzo, 524/2006 de 17 de noviembre, 196/2005 de 3 de junio, referentes a la prohibición de la revalorización de las pruebas.


II.3. Del recurso de casación de Faustino Copa Flores en su condición de Alcalde Municipal de San Julián.


La parte recurrente haciendo referencia a los agravios sufridos por el Auto de Vista, ampara su recurso de casación, en los siguientes aspectos: Alega que el Tribunal de alzada contradijo los Autos Supremos 37/2013 de 14 de febrero y 62/2007 de 27 de mayo, referidos a la facultad de dicho Tribunal para reparar directamente la inobservancia o errónea aplicación de la ley a través de una nueva Sentencia sin la necesidad de la anulación, situación observada con relación a los delitos siguientes:


Respecto al ilícito de Incumplimiento de Contratos, expresó que el Auto de Vista impugnado observó falencias de la Sentencia respecto a la incongruencia sobre la valoración de la prueba y la parte dispositiva, tomando en cuenta que en Sentencia se aceptó como hecho probado la existencia de un contrato de obra vendida para el embardado del hospital San Martín, que fue inconclusa por Víctor Lima Gonzales quien por su declaración acepta haber firmado el contrato, cobrando las planillas y no haber terminado la obra; sin embargo, lo absuelven, razones por la que la parte recurrente sostiene que el Tribunal de alzada debió imponer Sentencia condenatoria y no solamente anularla.


Con relación al delito de Uso Indebido de Influencias, señala que el Auto de Vista impugnado admite que los jueces de primera instancia valoraron que Víctor Lima Gonzales, reconoció haber suscrito contrato de obra con el ex alcalde German Villca Condori para ayudar a otros contratistas, que también incumplió el contrato y el plazo de los 60 días, que se cobró la totalidad de la obra sin que se haya materializado la misma, y que Evaristo Sequeli Huaranca suscribió un acta de conformidad de entrega de la barda objeto del contrato sin que sea cierta esta situación, por lo que el Tribunal de alzada observó la existencia de todos estos aspectos sin proceder a la aplicación de la última parte del art. 413 del CPP; es decir, dictar Sentencia condenatoria.


Finalmente solicita se “revoque el Auto de Vista en referencia a las apelaciones presentadas por Germán Villca Condori, Evaristo Sequeli Huaranca, la adhesión de Víctor Lima Gonzales por carecer de fundamentación del art. 124 del CPP, y se las declare inadmisibles” (sic).


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 18 y 21 de agosto de 2017, interponiendo sus recursos de casación el 24, 25 y 28 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso de casación de Víctor Lima Gonzales.


Como único motivo el recurrente alega que el Tribunal de alzada habría revalorizado pruebas en contradicción con los precedentes citados referentes a la prohibición de revalorizar pruebas, y que dicho Auto de Vista impugnado resultaría contradictorio al considerar por un lado válidos, los defectos de Sentencia contemplados en el art. 370 incs. 1), 5), 6) y 8) del CPP, sin considerar por otra parte que es una facultad del Tribunal de Sentencia de aplicar el art. 13 del CP. Citando en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 423/2006 de 20 de octubre, 16/2007 de 26 de enero, 412/2006 de 10 de octubre, 359/2006 de 29 de agosto, 69/2006 de 20 de marzo, 524/2006 de 17 de noviembre, 196/2005 de 3 de junio, y la Sentencia Constitucional “546/2004-R”.


Al respecto, el recurrente no identifica en términos precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes citados, tampoco fundamenta ni motiva en qué consiste la supuesta revalorización que habría realizado el Tribunal de alzada; es más, ni siquiera enuncia las supuestas pruebas revalorizadas, ni motiva la relación que existiría entre la validación de los defectos denunciados por parte del Tribunal de alzada con el art. 13 del CP, por lo que ha incumplido la carga procesal de fundamentar en términos claros conforme lo establece los arts. 416 y 417 del CPP, situación que inviabiliza su análisis de fondo del presente motivo.


Asimismo, respecto al Auto Supremo 359/2006 de 29 de agosto, se evidencia que no contiene doctrina legal aplicable por haber sido declarado inadmisible, de la misma manera respecto a la Sentencia Constitucional “546/2004-R”, debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.


IV.2. Del recurso de casación de Germán Villca Condori, Víctor Lima Gonzáles y Evaristo Sequeli Huaranca.


Previamente a ingresar al análisis de los motivos traídos en casación, se puede observar una carencia de técnica recursiva y argumentativa, primeramente refiere en dicho recurso aspectos de antecedentes y admisibilidad de las apelaciones contemplados en los incisos A y B que se limitan a expresar situaciones formales de estos recursos y sostienen argumentaciones de supuestas incoherencias realizadas en los recursos de apelaciones restringidas del Ministerio Público y la parte civil (H.A.M.) de San Julián, que no ameritan sustento o fundamento como parte del recurso de casación interpuesto.


Ahora bien, los recurrentes haciendo referencia a los agravios sufridos por el Auto de Vista, amparan su recurso de casación, en los siguientes aspectos: i) Alegan que el Tribunal de alzada revalorizó pruebas y analizó cuestiones de hecho, en contradicción a los Autos Supremos 353/2006 de 29 de agosto, 69/2006 de 20 de marzo, 524/2006 de 17 de noviembre y 196/2005 de 3 de junio, referentes a la prohibición de revisar la base fáctica de la Sentencia sino el silogismo jurídico entre la Sentencia y las apelaciones formuladas. ii) Denuncian que el Tribunal de alzada se habría excedido más allá de sus atribuciones al analizar cuestiones de hecho no contemplados en juicio oral, incorporando hechos ajenos al desarrollo del juicio y a la verdad de los hechos, al referir los aspectos concernientes en los incisos a), b) y c) anteriormente descritos. iii) Refieren que el Tribunal de alzada revalorizó pruebas en la afirmación siguiente: “El hecho de devolver la suma de Bs. 40.000 (cuarenta mil bolivianos) no implica que sea una atenuante para absolver al acusado, al contrario estaría aceptando la consumación del delito de Incumplimiento de Contrato”. A tal efecto refirió que el Auto de Vista impugnado se contrapone con los Autos Supremos 353/2006 de 29 de agosto, respecto a la prohibición de revisar la base fáctica de la Sentencia, 69/2006 de 20 de marzo, 524/2006 de 17 de noviembre y 196/2005 de 3 de junio, referentes a la prohibición de la revalorización de las pruebas.


Al respecto, con relación a los motivos primero y tercero referentes a que el Tribunal de alzada habría incurrido en la revalorización de pruebas y analizar cuestiones de hechos, aspectos contrarios a los Autos Supremos 353/2006 de 29 de agosto, 69/2006 de 20 de marzo, 524/2006 de 17 de noviembre y 196/2005 de 3 de junio. Los recurrentes omiten realizar en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes citados incumpliendo los arts. 416 y 417 del CPP, ya que se limitan en forma genérica a referir que se habría revalorizado pruebas y analizado cuestiones de hecho, sin fundamentar ni mencionar a qué pruebas o cuestiones se refieren, omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal, no siendo posible ingresar a analizar el fondo de lo pretendido.


Con relación al segundo motivo si bien refieren que el Tribunal de alzada excedió sus atribuciones incorporando hechos ajenos al proceso, los recurrentes omiten citar precedentes contradictorios, ameritando el incumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que resulta inadmisible el motivo en análisis.


IV.3. Del recurso de casación de Faustino Copa Flores en su condición de Alcalde Municipal de San Julián.


La parte recurrente alega como agravio sufrido, que el Tribunal de alzada contradijo el Auto Supremo 37/2013 de 14 de febrero, referido a la facultad de dicho Tribunal para reparar directamente la inobservancia o errónea aplicación de la ley a través de una nueva Sentencia sin la necesidad de la anulación, situación observada con relación a los delitos de Incumplimiento de Contratos y Uso Indebido de Influencias; el primero respecto a Víctor Lima Gonzales debido al reconocimiento por parte del Auto de Vista de la existencia del contrato incumplido y la aceptación en su declaración de juicio oral del mismo; y el segundo, respecto a Germán Villca Condori y Evaristo Sequeli Huaranca debido a que se incumplió dicho contrato de obra con Víctor Lima, se permitió el cobro total de la obra cuando no se realizó el avance pertinente y asimismo se realizó un acta de conformidad de entrega de la misma sin que sea evidente.


Al respecto, del análisis y verificación de dicho motivo se tiene que el recurrente señala la posible contradicción en términos claros al referir que el Tribunal de alzada tenía la competencia para dictar nueva Sentencia y no lo hizo, limitándose a anular la misma situación que sería contraria al precedente citado, por lo que dio cumplimiento a lo previsto por los arts. 416 y 417 del CPP.  


Respecto al Auto Supremo 62/2007 de 27 de “mayo”, al ser verificado en la base de datos de este Tribunal resulta inexistente con los datos proporcionados por el recurrente y no puede ser contrastado con el referido Auto de Vista.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Víctor Lima Gonzales, de fs. 1752 y vta., Germán Villca Condori, Víctor Lima Gonzáles y Evaristo Sequeli Huaranca, de fs. 1765 a 1769 vta.; y, ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Faustino Copa Flores en su calidad de Alcalde Municipal de San Julián, de fs. 1776 a 1780, en los términos señalados. Asimismo en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


Firmado


Magistrado Dr. Juan Carlos Berrios Albizu 

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos