TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 267/2018-RA

Sucre, 27 de abril de 2018


Expediente                Santa Cruz 52/2018

Parte Acusadora        Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Renatto Cafferata Centeno

Delitos                        Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de febrero de 2018, de fs. 1748 a 1770 vta., Renatto Cafferata Centeno, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017, de fs. 1721 a 1728 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Antonio Guaristy Álvarez representado por Luís Alfonso Castedo Daza contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De los antecedentes llegados a casación se extrae:


a)         Por Sentencia 14 de 1 de noviembre de 2012 (fs. 1146 a 1177), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Renatto Cafferata Centeno, autor y culpable de la comisión del delito de Asesinato en grado de autoría, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, siendo sancionado con el pago de costas procesales y daños y perjuicios a ser regulados en ejecución de sentencia.


b)         Contra la mencionada Sentencia, el imputado Renatto Cafferata Centeno interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1223 a 1231 vta.), resuelto por Auto de Vista 157 de 6 de septiembre de 2013 (fs. 1408 a 1413) y Auto Complementario 181 de 9 de octubre de 2013 (fs. 1402 y vta.), que recurrido en casación fue declarado infundado mediante Auto Supremo 25/2014 de 17 de febrero (fs. 1499 a 1507 vta.), Resoluciones que fueron anuladas por la Sentencia Constitucional Plurinacional 099/2016-S2 de 15 de febrero (fs. 1558 a 1594); en cuyo efecto, fueron emitidos el Auto de Vista 44 de 26 de mayo de 2017 (fs. 1644 a 1650 vta.) y la Resolución 139 de 22 de julio de 2017 (fs. 1668 y vta.), siendo anulados mediante Auto Constitucional SCC II Nº 17/2017 de 6 de septiembre (fs. 1712 a 1715 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017, que declaró admisible e improcedente la apelación planteada por el imputado; por ende, confirmó la Sentencia apelada. Siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del acusado, mediante Resolución 17 de 23 de enero de 2018 (fs. 1733 y vta.).


c)        Por diligencia de 19 de febrero de 2018 (fs. 1736), el recurrente fue notificado con el Auto Complementario 17 de 23 de enero de 2018; y, el 26 de febrero del mismo y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Invocando la forma procesal contenida en los arts. 167 y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando la violación del debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y relatando haber activado acción de amparo constitucional contra autoridades que resolvieron su proceso, el recurrente plantea defecto absoluto por violación del art. 202 de la Constitución Política del Estado (CPE) e inobservancia de Sentencia Constitucional 099/2016-S2, bajo el entendido que la Sala Penal pronunciante de la Resolución impugnada no acató los lineamientos contenidos en ese fallo constitucional que ordenó se dictamine un nuevo Auto de Vista conforme a sus argumentos. Esta situación en perspectiva del recurso- constituye la inobservancia también del art. 15 de la Ley 254.


Resulta llamativo dice el recurrente- que entre el Auto de Vista anulado por la SCP 099/2016-S2, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y el dictado por la Sala Penal Tercera de ese propio Tribunal, existe similitud en la respuesta para cada agravio, aspecto que es calificado como “una evidente intencionalidad en burlar la justicia constitucional” (sic).


Argumenta que la trascendencia de este motivo no ronda la violación de derechos o garantías “ya declaradas tutelarmente como violadas” (sic), sino reporta la negación de un orden constitucional protectivo, que conduce a una nueva frustración sobre su acceso efectivo a una renovación del acto declarado nulo.


Esta temática es reiterada en el numeral 2 del recurso, esta vez con el planteamiento de “defecto absoluto por ilegal negación de tutela judicial efectiva, negación de garantía de impugnación al haberse reiterado violaciones anuladas en sede constitucional” (sic) y bajo el argumento que el Tribunal de apelación negó su competencia para replicar íntegramente el Auto de Vista 157/2013, declarado nulo por la SCP 099/2016-S2, constituyendo en los hechos la negación a la tutela judicial efectiva sin la existencia de un pronunciamiento propiamente dicho, por cuanto la Sala Penal Tercera, solo debió acatar el fallo constitucional.


Añade que dentro de los alcances del art. 169 inc. 1) del CPP, el Auto de Vista impugnado es nulo, pues, la Sala pronunciante debió participar personalmente en la emisión de una decisión, sin recurrir a lo realizado por otras autoridades jurisdiccionales, llevando a afirmar dice el recurrente- “en los hechos el Auto de Vista N| 76/2017 dictado aparentemente por la Sala Penal Tercera, le pertenece ideológicamente a los Vocales Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, porque sus misma ideas han sido copiadas y luego repetidas con otras palabras” (sic).


Por último, transcribiendo una porción del Auto Supremo 001/2014-RRC de 7 de febrero, el recurrente alega que el Tribunal de apelación actuó en franca contradicción con los entendimientos contenidos en esa resolución, para concluir que en vista a lo contenido en el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP, debiera concurrir la nulidad del Auto de Vista impugnado.


  1. Denuncia actividad procesal defectuosa enfocado en la “ilegal tramitación de excusa y convocatoria a Vocal Iquise” (sic) y planteando la siguiente situación de hecho: la excusa de los Vocales de la Sala Penal Segunda, generó que la Sala Penal Tercera conformada por los Vocales Soleto Gualoa e Iquise Saca (convocado a conformar Sala) resuelva el recurso de apelación restringida formulado por el recurrente, a través del Auto de Vista 76/2017, cuya parte dispositiva se declara probada la excusa presentada por el Vocal Rodríguez Zeballos (integrante de la Sala Penal Segunda) y participar de la convocatoria del Vocal Iquise Saca para emitir voto; ocurriendo que en ninguna de las excusas formuladas se habría notificado al recurrente, como tampoco la convocatoria al Vocal Iquise Saca, aspecto último que es calificado como “inédito” y “de facto” por cuanto el convocar a una autoridad para resolver un caso sin antes notificar a las partes sobre esta participación constituye vulneración al juez natural, así como de manera paralela, en la propuesta de recurso, equivale a la incursión del contenido del art. 169 inc. 2) del CPP, esto es la intervención del imputado en los actos del proceso, y la transgresión de los arts. 5 y 8 también de esa norma adjetiva.


Sobre este tema en específico, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 060/2016-RRC de 21 de enero, transcribiendo a continuación un fragmento que hace alusión a lo expresado por el tribunal Supremo de Justicia en torno al contenido del art. 319 del CPP. Finalmente solicita la nulidad de obrados hasta fs. 1631 inclusive.


  1. Indica el recurrente que el 26 de septiembre de 2011, propuso la realización de 19 oficios pertinentes a su defensa; luego, en el inicio del juicio oral, solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia materialice aquella pretensión apoyado en el art. 218 del CPP, solicitud que fue negada y sobre la que realizó la reserva de apelación el 26 de julio de 2012, “como primer acto en el ejercicio del derecho a la defensa” (sic). Ese mismo requerimiento habría sido pedido en varias ocasiones más, siendo en todas también denegadas, en la consideración de que el Tribunal de Sentencia no genera prueba, argumento con el que se respaldó un recurso de reposición y que también fue motivo de agravio en el recurso de apelación restringida origen del Auto de Vista 76/2017, que a su turno denegó también esa solicitud en el entendido de que la facultad de realizar actos de investigación o recolección de pruebas o indicios no le corresponde a la autoridad jurisdiccional.


Tal situación lleva al recurrente a proponer que el derecho probatorio en materia procesal penal a pesar de ser caracterizado por la preclusión de etapas procesales debe ser entendido dentro del margen del principio de favorabilidad, vale decir garantizando una defensa efectiva y el conocimiento de la verdad histórica. Las negativas de los Tribunales de Sentencia y apelación son, a decir del recurso, ilegales y constitutivas de defecto absoluto,  ya que la solicitud fue realizada de forma oportuna y mal se podía suponer que el juez debió producir prueba de oficio, sino fue el acusado quien activó el art. 218 del CPP.


Explica que el art. 218 del CPP, al contener en su glosa la palabra tribunal pone en manifiesto que la eventualidad de solicitar información documental no se limita a etapa preparatoria, sino abarca el mismo juicio oral e incluso la fase de recursos.


La negativa de las autoridades jurisdiccionales amparadas en aspectos sobre igualdad, fue limitativa, ya que debió entenderse a la igualdad no desde un perfil distributivo sino en un sentido “aristotélico”, término que en perspectiva del recurrente equivale a la opinión jurídica inmersa en la Sentencia Constitucional 83/2000 de 24 de noviembre, cuya aplicación a su caso concreto resulta que solicitar a través de la autoridad jurisdiccional la “producción de prueba vía informes” (sic), no viola la igualdad, “sino que…en imposibilidad de hacerse de prueba por sí solo, al ser acusado sorpresivamente, no tiene otro remedio que acudir a este instituto” (sic) y su negación al contrario de lo resuelto condice al empeoramiento del desequilibrio existente entre quienes detentan la acción penal y quienes la contienen.


A criterio del recurrente, tal hecho limitó la posibilidad de un ejercicio defensivo que sobre la base de 19 elementos que en su “criterio -subjetivo- eran determinantes al esclarecimiento de los hechos” (sic), habiéndose provocado la conculcación de los principios procesales de verdad material y debido proceso postulados por el art. 180.I de la CPE. Añade que por el “principio de obligación judicial de esclarecimiento” (sic) la autoridad jurisdiccional se hallaba vinculada dar curso a su pretensión para así propiciar el conocimiento de la verdad histórica de los hechos como se denotaría del art. 171 del CPP y se apoya en el razonamiento jurisprudencial trazado por la SCP 2233/2012 de 8 de noviembre.


El relato antes reseñado sirve de base para la denuncia de violación del art. 115 parág. I y II y el art. 117-1 de la CPE y la consiguiente configuración de un defecto absoluto en el orden del art. 169 inc. 3) del CPP, pretendiendo con ello, la declaración de reenvío del juicio para la efectiva aplicación del art. 218 del CPP, defiriéndose la solicitud de los multicitados 19 oficios. 


  1. Con el título de “reitera agravio de actividad procesal defectuosa por convalidación de coacción ilegal para prestar declaración en juicio oral” (sic), el recurrente alega que de manera previa al 15 de agosto de 2012, fecha en la que se había señalado audiencia de cesación y prosecución de juicio oral, existía un certificado médico datado al 10 de agosto de 2012, en el que se estableció que su persona a ese momento se encontraba delicada de salud ante un cuadro de colecistopatía crónica, cálculos en la vesícula, y que debía ser internado en un centro médico por un periodo de cinco días. Tal argumento sirvió a la defensa para solicitar la suspensión de su declaración; sin embargo, el Tribunal hubiera admitido la necesidad de internamiento se concluyó que el certificado no estableció “problemas neurológicos” que impidan la asistencia a ese acto, habiendo determinado la realización de la declaración. Reservada que fue la apelación, el Tribunal de apelación convalidó aquel acto sosteniendo que no se había demostrado ningún signo evidente de dolencia o enfermedad alguna.


Sobre aquel escenario el recurrente afirma que la celeridad procesal no debía ser ponderada por encima de su derecho constitucional a la vida y la integridad física, como lo garantizan los arts. 15.I y 18.I de la CPE, denotando una muestra de “deshumanización y prejuicio del Tribunal de grado” (sic), cuya traspolación a la norma denota la existencia de defectos absolutos en el orden de los arts. 167 y 169 del CPP, por la inobservancia de los arts. 84, 93, 335 también de esa norma procesal, como de igual forma transgreden los arts. 5 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y los arts. 4 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.


En este motivo en específico el recurrente pretende la declaratoria de juicio de reenvío por parte de este Tribunal Supremo de Justicia.


  1. Denuncia actividad procesal defectuosa por ilegal convalidación de restricción indebida del derecho a la defensa, indicando que el 23 de octubre “del año en curso” la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de  Santa Cruz, señaló audiencia de apelación a la cesación de la detención preventiva. Paralelamente en igualdad de fechas y tiempos el Tribunal Quinto de Sentencia señaló también audiencia, en este caso de prosecución de juicio oral. Tal circunstancia motivó solicitar la suspensión de esta última audiencia, teniendo presente la eventual asistencia de los abogados defensores al llamado de la Sala Penal Primera, tanto por el bien en debate (la libertad del imputado), como por la anterioridad en el señalamiento y notificación de aquella.


El imputado relata, que su persona acudió a la audiencia de prosecución de juicio oral del 23 de octubre, que fue llevada a cabo y en la que también se expuso de manera documentada el paralelismo entre ambas audiencias justificando también las razones de la ausencia de sus abogados. La reacción del Tribunal de Sentencia fue declarar abandono malicioso de la defensa con la imposición de una multa de Bs. 9900.-, y el nombramiento inmediato de un defensor de oficio. Sobre este aspecto, el recurrente enfatiza que el hecho de encontrarse esas fechas en proximidades de la conclusión del juicio, apartar a los dos abogados defensores que conocieron todo el trámite, y en tal circunstancia nombrar un defensor de oficio cuya tarea inmediata debía ser estudio de un caso de más de mil fojas, constituyó la vulneración de su derecho a la defensa contenido en el art. 115.II de la CPE


La queja sobre tal particular fue llevada a apelación restringida, ante lo cual el Tribunal de apelación, consideró que en ningún momento se había provocado indefensión; empero sin mediar una carga argumentativa que haga tal afirmación razonable.


El recurrente considera que estos hechos conculcaron los arts. 104 y 105 del CPP, pues dichas normas operan en los supuestos de abandono malicioso, y no facultan la designación de un defensor de oficio sin antes haberse superado la decisión del propio imputado, además de disponerse un plazo de 10 días para la interiorización del eventual abogado defensor con los antecedentes del proceso. Actos que no fueron cumplidos tal cual se halla antes reseñado y que ameritasen la nulidad del juicio.


  1. El recurrente impetra la nulidad del juicio para su reenvío, en el entendido de que la negatoria del Tribunal de Sentencia y la confirmación de los de alzada sobre la solicitud de producción de prueba extraordinaria a pesar de su pertinencia, necesidad y haber sido desconocida con anterioridad lesiona su derecho a producir prueba extraordinaria mermando su derecho a la defensa.


El antecedente de esta solicitud rastra en la atestación de María Lorena Spinato de Vargas refirió la existencia de una persona con el alias de “Tito”, quien conforme el relato del recurso- a la fecha del juicio oral mantenía reclusión en la república del Brasil por supuestos relativos al narcotráfico y el crimen organizado y era identificado por otro testigo como esposo de la víctima o padre de su hijo y cuya conexión se enlazaría con la existencia de una carta en portugués colectada de entre las pertenencias de la víctima. Era necesario explica- “conocer si esta persona con antecedentes delictivos y violentos…aun seguiría detenida por narcotráfico en la cárcel de Brasil y/o estaría en esta ciudad, era necesario producir prueba extraordinaria, a objeto de corroborar estos extremos ya que también él tendría los suficiente motivos para asesinar a su pareja que él estaría siendo infiel, sin embargo se vulneró este precepto legal” (sic)


Previa reserva de apelación, la queja fue llevada a consideración del Tribunal se plantea errónea  en el entendido de que los funcionarios policiales vieron innecesaria la presencia de aquella carta en el cuaderno de investigación. Decisión que es descalificada por no haberse considerado la existencia de una norma, que es el art. 146 del CPP, que prevé las declaraciones de testigos con residencia en el extranjero. Se aduce la violación del derecho al debido proceso y a la defensa contenidos en el art. 115.II Constitucional configurándose defecto absoluto en el marco de los arts. 167 y 169 del CPP.


  1. Se plantea como errónea aplicación de la Ley Sustantiva el trato que el Tribunal de Sentencia brindó a los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP, aclarando que no se discute la aplicación de un tipo penal de menor, sino la existencia de desconocimiento y errónea aplicación de la norma penal, ya que no puede tomarse en cuenta que un “desvalor a la vida”, como sostuvo la Sentencia, sea un motivo fútil o bajo, más cuando no se estableció en ninguna fase del proceso que se haya actuado con ese desvalor como motivación principal en la comisión del hecho.


Uno de los fundamentos jurídicos de la Sentencia recae en que la causa que desencadenó el hecho fue la ruptura de la relación sentimental sostenida entre la víctima y el imputado, tema que es extrañado pues no fue expresado en juicio,  no pudiendo tomárselo como elemento de subsunción al tipo penal; más cuando, tal versión contradice las conclusiones del Ministerio Público que atribuyó al hecho a un arranque de celos.


Extraña que en la Sentencia se haya calificado al hecho en las condiciones de los incs. 2) y 3) del 252 del CP, a partir de la sola afirmación, ya que no se demostró la existencia de las condiciones que esos incisos contienen. Conforme certificado médico forense, las puñaladas fueron asestadas de frente en la parte del tórax además de haberse identificado en la víctima cortaduras en las manos, haciendo suponer que desplegó defensa; empero, el recurrente no fue vinculado científicamente con el hecho. Sobre la calificación de ensañamiento, sostiene el recurrente que tampoco fue demostrada ya que el certificado forense concluye que la víctima murió casi de manera instantánea, no habiendo padecido sufrimientos prolongados que sean traducidos como esa figura.


En este motivo se invoca como precedente contradictorio el Auto de Vista 174/2013 de 3 de junio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, del cual transcribiendo una porción afirma “es innegable que igualmente en la referida causa, la exigencia de la adecuación típica al delito atribuido no es una cuestión que el Tribunal de alzada pueda salvar con el argumento de que si en el juicio surgiría prueba, sencillamente el tribunal de juicio tenga carta blanca para condenar sin pruebas, sin ejercicio de derecho a la defensa, sin defensa técnica y bajo especulaciones carentes de sustento objetivo en cuando a los elementos integradores del tipo penal del asesinato” (sic).


  1. Ejercitando la forma de actividad procesal defectuosa, el recurrente manifiesta que se incurrió en ella al convalidarse una Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba con el siguiente detalle:


8.1) La sentencia posee “hechos jamás ocurridos” (sic), como la afirmación de la testigo María Lorena Spinato de Vargas sobre los planes de la víctima en terminar la relación sentimental mantenida con el imputado, cuando por el registro de llamadas entre ambos se denota que esa intención no era factible.


8.2) No se acreditó que el imputado utilizó el arma homicida, ni otro tipo de aspecto que los vincule.


8.3) No se valoró correctamente lo atestado por Indira Mercedes Velásquez Poso, que afirma que el imputado al momento de ocurrido el hecho se encontraba por inmediaciones del primer anillo, como tampoco de lo que “manifiestan los testigo Spinato y Vargas habrían sucedido las discusiones, no otorgándoles ningún valor” (sic).


8.4) La Sentencia no contiene valoración integral de la prueba, con particular carencia en lo que es la prueba de descargo producida, descartándola a partir de una expresión lacónica sobre su insuficiencia.

       

El Tribunal de alzada no consintió la existencia de las insuficiencias descritas y su correspondencia de nulidad, cuando en todo caso debió actuar conforme a lo delineado por el art. 169 inc. 4) del CPP, mas no convalidar el defecto contenido en la Sentencia; es decir, la inobservancia del art. 173 del CPP, ante la ausencia la citada ponderación integral de la prueba, que significa en los hechos “una elección de prueba condenatoria” (sic).


A partir del señalamiento de las pruebas 6, 7, 8, 9, y 10, el recurrente proyecta la posibilidad de una variación en el fallo final, por cuanto ellas demostraban la inexistencia de antecedentes; empero -señala- “como el tribunal se hallaba ya reatado a una condena, jamás lo hizo esa valoraciòn” (sic).


Invoca como precedente contradictorio al Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, transcribiendo a fines de exposición un fragmento, que sirve de base para expresar que el Auto de Vista impugnado asume un sentido contrario al precedente por cuanto valida una sentencia a partir de suposiciones y conjeturas sobre su participación en el hecho, sin ningún elemento probatorio, dando por acreditados cada uno de los elementos normativos del art. 252, en sus incs. 2) y 3) del CP; cuando para ello era indispensable una participación efectiva no una presencia circunstancial, basada en pruebas” (sic).


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto Complementario 17 de 23 de enero de 2018 el 19 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 26 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En juicio de admisibilidad, como se expuso anteriormente, son analizados el cumplimiento de los requisitos procesales habilitantes a la apertura de competencia de este Tribunal Supremo de Justicia en el orden de lo descrito del art. 416 y siguientes del CPP, o bien en los supuestos de flexibilización se plantee una argumentación suficiente que amerite la apertura de competencia, ello claro dentro de los parámetros establecidos por norma.


El memorial que motiva esta Resolución, está compuesto por nueve motivos que en rigor de forma guardan similar estructura expositiva. Dos motivos que aluden expresamente el cumplimiento de la SCP 0099/2016-S2, fusionados en el numeral 1 del segundo apartado de esta Resolución, a fin de mejor lectura y para un análisis compacto. De igual manera se proponen cinco problemáticas amparadas en la forma de generación de defecto absoluto por vulneración a derechos y garantías constitucionales, como se muestra en la síntesis de los numerales 2 al 6. Finalmente bajo la forma procesal de establecimiento de contradicción, se plantean dos motivos, descritos en los numerales 7 y 8. Con esa aclaración, la Sala ingresará al análisis de admisibilidad, conforme el orden descrito en este párrafo.


En cuanto al primer motivo referido como defecto absoluto por violación del art. 202 de la CPE e inobservancia de la SCP 0099/2016-S2, e ilegal negación de tutela judicial efectiva, negación de garantía de impugnación, previamente es necesario delimitar el origen de la pretensión del motivo en específico. De tal cuenta, los antecedentes si bien tienen origen en los actos suscitados al interior de este proceso penal; no es menos cierto, que efecto de la activación de la acción de amparo constitucional que desencadenó en la emisión de la SCP 0099/2016-S2, las líneas procesales adquirieron paralelismo, ya que son dos las jurisdicciones inmiscuidas en la pretensión del recurrente.


El art. 179 de la CPE, distingue la existencia de cuatro jurisdicciones en el Estado, la ordinaria ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces; la Jurisdicción Agroambiental por el Tribunal y Jueces Agroambientales; la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina que se ejerce por sus propias autoridades; y la Jurisdicción Constitucional ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, de ahí en más, el propio Texto Constitucional, determina la composición básica de cada una de estas jurisdicciones y estima parámetros orientadores sobre la naturaleza de su competencia, en ese sentido se hallan los arts. 180, 186, 190 y 196 Constitucionales.


Ahora bien, si se parte del punto cardinal de que la jurisdicción es la potestad de administrar justicia en una materia determinada y que derivada de la soberanía del Estado, que en el caso boliviano deriva del pueblo conforme el art. 178 de la CPE, ciertamente se entenderá también que su ejercicio es sistemático y estructuralmente ordenado desde la norma positiva, persiguiendo en cada caso fines específicos y obedeciendo la propia naturaleza de cada una de las jurisdicciones.


Como los otros órganos públicos y los entes que cumplen funciones de control de defensa de la sociedad y de defensa del Estado, los tribunales de la jurisdicción ordinaria, están sometidos al derecho constitucional como ley suprema del Estado en la realización de su misión de interpretación y aplicación del derecho a casos concretos, aspecto que en la práctica se encarna con el respeto y la aplicación de la ley especial en cada materia en específico, y claro dentro de cada procedimiento que rija también para cada materia.


El recurrente pretende a través del recurso de casación activar una vía de revisión, control y eventual apercibimiento de un Fallo pronunciado en otra jurisdicción, como lo es la constitucional, demanda que no es pasible a atención al no ser la vía procesalmente idónea para tal fin. Si bien la argumentación en el recurso configura la existencia de un defecto absoluto en el orden de los arts. 167 y 169 del CPP, debe ponerse en claro que el presente es un proceso ventilado en los juzgados penales de la jurisdicción ordinaria y cuyo trámite ha sido regido por las reglas del Código de Procedimiento  Penal, marco general en el que, también el recurso de casación y este mismo tribunal ejercen competencia.


El recurso de casación, nace en la previsión de los arts. 416 y siguientes del CPP, constituye el último recurso en la vía ordinaria y tiene como fin específico la unificación y uniformización de la jurisprudencia, a partir de lo que se hace exigible como requisito de admisibilidad la invocación de un precedente contradictorio. La base de impugnabilidad sobre casación, obedece a la revisión de un Auto de Vista pronunciado de modo previo a la interposición de un recurso de apelación restringida que deriva de la oposición a una Sentencia; es decir, sigue un determinado orden procesal no pasible a variación.


Aunque la tendencia jurisprudencial ha hecho que los requisitos habilitantes de casación puedan ser pasibles a flexibilización, de ningún modo tal hecho mutó la secuencia procesal descrita en el párrafo que precede, no siendo posible; por ende, abrir la competencia casacional a partir de aspectos ventilados fuera de este proceso, como lo es el caso de ingresar al análisis de lo dispuesto por la SCP 0099/2016-S2. Incluso si se tomase en cuenta la contingente presencia de defectos absolutos, se entiende que la verificación sobre su existencia, para un análisis en este ruedo procesal, debe obedecer a que se hayan generado en el mismo proceso y no como sucede en autos- en una jurisdicción distinta a la ordinaria, ya que a pesar de que la acción de amparo constitucional sirve de instrumento para la tutela jurídica de cualquier justiciable, debe entenderse que no es comprendida entre las vías jurídicas ordinarias, sino es un instrumento jurídico extraordinario.


Bien es cierto que el art.  203 de la CPE, estipula que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; sin embargo, también debe tenerse presente que tal precepto es instrumentalizado a través de los medios procesales a disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional. El art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo), como norma especial, estipula que la ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción, y que corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida. Al respecto, el Auto Constitucional 0006/2012-O de 5 de noviembre, desarrolla una interpretación del procedimiento específico a seguir para el cumplimiento de esa norma procesal, sin que en ninguno de los casos se prevea que el cumplimiento de los fallos pronunciados en la jurisdicción constitucional, deban ser cumplidos directa o transversalmente por medio de los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria, menos aún en el marco de procedimientos reservados a materias en específico como sucede al presente, por lo que el motivo en análisis deviene en inadmisible.


Sobre los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto, como precedentemente ya se dijo, en ellos con identidad de estructura argumentativa, se presentan varias problemáticas que en la perspectiva del recurso constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación por vulneración a derechos y garantías constitucionales. Es visible en todos ellos, la exposición del hecho generador, todos los actos y decisiones tomadas en la tramitación del presente proceso; el señalamiento preciso del derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido, en su mayoría vinculados con el debido proceso; el detalle exacto sobre la configuración de la restricción o disminución del derecho o garantía; y, el resultado dañoso emergente del defecto. Razones que en suma hacen posible la flexibilización de los requisitos de admisibilidad para que esta Sala Penal abra su competencia con el fin de verificar las denuncias planteadas en el orden de lo expresado en los motivos analizados y expuestos anteriormente.


En lo pertinente a los motivos segundo séptimo y octavo, el recurrente, con base en los arts. 416 y 417 del CPP, plantea que el Auto de Vista impugnado resulta contrario a la doctrina legal contenida: (1) en el Auto Supremo 060/2016-RRC de 21 de enero, afirmando que la intervención de un Vocal en el Auto de Vista objeto de impugnación, sin que antes se haya dado noticia a la parte imputada contradice los lineamientos desarrollada; (2) en el Auto de Vista 174/2013 de 3 de junio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que determinó que para la subsunción de los hechos a un tipo penal debe rebasarse la duda razonable y ser determinada con absoluta claridad, situación que en el caso de la condena por los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP, no sucedió, por cuanto se habría subsumido una conducta a partir de la sola afirmación, sin que se haya demostrado la existencia de las condiciones que esos incisos contienen; y, (3) en el Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por cuanto el fallo impugnado valida una sentencia a partir de suposiciones y conjeturas sobre su participación en el hecho sin hacer un análisis integral de la prueba producida como lo fueran las numeradas 6, 7, 8, 9, y 10, que a juicio del recurrente no fueron valoradas a pesar que de ellas se desprendiese la posibilidad de una variación en el fallo final, pues ellas demostraban la inexistencia de antecedentes.


En tal sentido, se plantea de modo puntual tres motivos de casación, siendo concurrente en ellos la argumentación suficiente sobre la situación de hecho similar que se repute contraria a los precedentes contradictorios que invocan, cumpliendo de tal manera las exigencias inscritas en los arts. 416 y 417 del CPP, restando en esa consecuencia la declaratoria de admisibilidad para el análisis de fondo en el orden de lo descrito en los motivos precedentemente expuestos.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Renatto Cafferata Centeno, de fs. 1748 a 1770 vta., únicamente para el análisis de los motivos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. En cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista  impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos