TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 258/2018-RRC

Sucre, 24 de abril de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 103/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : José Manuel García Callejas

Delito                        : Violación

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de mayo de 2017, cursante de fs. 392 a 396, José Manuel García Callejas, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 29 de 4 de mayo de 2017, de fs. 380 a 384, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Ana Karina Guerrero de Peña y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 48 de 28 de septiembre de 2016 (fs. 349 a 357), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a José Manuel García Callejas, autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de quince años de presidio, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto por la Agravación prevista en el art. 310 inc. h) del CP, sin costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado José Manuel García Callejas (fs. 361 a 366), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 29 de 4 de mayo de 2017, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 698/2017-RA de 11 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente manifiesta que el Tribunal de alzada, incurrió en una incorrecta y subjetiva apreciación de los hechos y en revalorización de la prueba tanto de los informes médico, psicológico y en cuanto a la declaración de la víctima, no habiendo la víctima presentado prueba testifical y abandonado el proceso desde el inicio, siendo estos los aspectos que determinaron su culpabilidad en violación del principio de inocencia y libre valoración de la prueba, por lo que debió disponer la reposición del juicio; por cuanto, la Sentencia no fue dictada de acuerdo a las reglas de la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas producidas.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, se declare admisible y procedente el recurso de casación; en consecuencia, se revoque el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 698/2017-RA de 11 de septiembre, cursante de fs. 408 a 410, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por José Manuel García Callejas, ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 48 de 28 de septiembre de 2016, el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a José Manuel García Callejas, autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de quince años de presidio, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto por la Agravación, previsto y sancionado en el art. 310 inc. h) del CP, sin costas, en base a los siguientes fundamentos:


La prueba incriminatoria de cargo pericial consistente en el examen médico forense practicado por Pamela J. Villarroel A., es clara y precisa, en establecer que la víctima KAPG de 15 años de edad, cuando ocurrieron los hechos fue sometido a un examen médico forense en fecha 5 de febrero de 2014, a través del cual se evidenció que esta tenía desgarro antiguo de membrana himeneal compatible con acceso carnal, evidenciando además en el examen proctológico desgarro        y laceraciones recientes compatibles con acceso carnal vía rectal, además de mordedura humana en el hombro derecho y sugilaciones o chupones en el cuello, mamas derecha e izquierda, en brazo izquierdo y la región lateral derecha, en diferentes grados de resolución. Los cuales pudieron evidenciar que eran de una antigüedad menor a las 21 horas, comenzando estos recién a desaparecer a los 5 días.


Con relación a las lesiones en el ano de la víctima, señalo que no tienen características de una relación sexual consentida; ya que, en esta última tendrían que haber solo fisuras y no desgarros como en este caso, además  que las personas se acceden voluntariamente a este tipo de relación, utilizan dilatadores y lubricantes para relajar el esfínter anal. En cuanto, a la vagina no pudo establecer la presencia de signos de una relación forzada, sino más bien un desgarro antiguo. Indicando además que para corroborar el acceso carnal vaginal reciente, sería indispensable ante la ausencia de lesiones genitales recientes, realizar una pesquisa de espermatozoides y detección de PSA, de hisopados obtenidos del saco vaginal, pruebas estas que no fueron presentadas como prueba de cargo de la fiscalía, presumiéndose que no se hicieron. Informe del cual se infiere de que con certeza se acreditó científicamente que la víctima sufrió acceso carnal de forma violenta vía anal, ante las evidentes lesiones que presentaba esta área de su cuerpo traducidas en desgarros y laceraciones, siendo impensable creer que para una relación consentida por


intervinientes, la utilización de algún dilatador o lubricante al efecto. Peor si tomamos en cuenta que quién arriesgaba sufrir lesiones por este "supuesto" acto consentido era una adolescente de apenas 15 años de edad. A esto se debe agregar, otros indudables signos de violencia presentes, como los múltiples rastros de equimosis por succión y lesiones compatibles con mordedura humana presentes en la víctima, en partes tan delicadas del cuerpo de una mujer, como las mamas y el cuello. Lesiones estas que se podría pensar sean producto de la pasión de una relación sexual, pero que se descontextualizan en este razonamiento con este caso, ante su gran cantidad y ante la innegable presencia de signos de violencia en el área anal de la víctima.


En cuanto al acceso vaginal, como parte de la violación, el Tribunal en este caso tiene dudas de su realización, sobre todo por la ausencia de lesiones genitales recientes y que los desgarros himeneales que presentaba eran antiguos.


En cuanto, a la otra prueba pericial se valoraron los informes de entrevista psicológica preliminar y el informe psicológico pericial, practicado a la víctima KAPG, realizado por Gisselle Rocabado Justiniano, Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, señalando que durante el desarrollo de este estudio, la víctima en su testimonio era creíble; en cuanto, a la violación sufrida por parte de José Manuel García Callejas, donde esta relata como la intercepto en la calle por la fuerza, no debemos olvidar que era una adolescente de 15 años, frente a un hombre de más de 20 años, instructor de gimnasio, como con jalones en su brazo y cintura la llevo hasta su casa, simulando que se trataba de una simple pelea de enamorados, como después la introdujo en su casa con mentiras haciéndole creer que había otras personas en la misma y como desde las 16:30, hasta el anochecer prácticamente, procedió a forzarla a tener relaciones sexuales de forma anal con él, cuando nunca antes lo había hecho de esta forma, presentando como consecuencia de este hecho que la víctima tenga síntomas e indicadores de depresión grave. Sumándose a esto, indicadores emocionales como una inadecuada percepción de sí misma, un sentimiento de inferioridad, inseguridad, auto desvalorización, baja autoestima, temor a lo social, presión, amenaza, angustia y desconfianza. Estudio Pericial este que se contradice a la versión dada en este juicio por la defensa

contradice a la versión dada en este juicio por la defensa del acusado, de que la relación fue totalmente consentida, no discutiendo este Tribunal las pruebas de descargo de la defensa en cuanto a que la víctima podría estar en una relación sentimental con el acusado, o que este haya sido su ex pareja, toda vez, que por el extracto de llamadas que recibía en su teléfono el acusado de parte de la víctima, los extractos de las conversaciones por Whatsapp que tenía el acusado con la víctima, la Fotografía del acusado con la víctima cuando enamoraban, las cartas de amor que le escribía la supuesta víctima y los mensajes del Facebook que se hacían el acusado con la víctima y con su prima Mayerling Guerrero; sin embargo, estas situaciones, no pueden ser utilizadas como justificativos de una a todas luces violación salvaje; ya que, el manto de la relación sentimental o ex - relación sentimental no puede cubrir un evidente delito, que incluso es sancionado también entre marido y esposa en otros casos donde se dan similares circunstancias.


Con relación a la otra prueba pericial producida se valoró el informe de estudio pericial de trabajo social, practicado al entorno de la víctima, realizado por Cherie García Gómez, Trabajadora Social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, señalando que durante el desarrollo de este estudio, pudo establecer que la víctima tenía un hogar integrado junto con a sus padres y hermanos. Pruebas todas estas periciales respaldas por las documentales de cargo consistentes en las Notificaciones y Acta de posesión y juramento de perito psicólogo y trabajador social, producidas durante el juicio.


Con relación al resto de las pruebas de cargo presentadas documentales, se tiene que del        Acta de Denuncia correspondiente al caso FEVAP No.- 107/2014, Requerimiento Fiscal de 5 de febrero de 2014, Requerimiento Fiscal y Orden de Aprehensión de 10 de febrero de 2014, Notificaciones realizadas a José Manuel García Callejas, e Imputación Formal de carácter provisional en contra de José Manuel García Callejas se tiene que estas reflejan más que todo los actos investigativos y procesales desarrollados durante la etapa preparatoria por la Fiscalía y la Policía.


Con relación a condiciones vejatorias o degradantes que el acusado halla sometido a la víctima al cometer el delito, el Tribunal no evidencia suficiente prueba de cargo que haya producido el Ministerio Público para y la penetración anal como elementos del mismo, sin particularidades excepcionales en cuanto a acto vejatorio o degradante que debe reunir otros elementos.


Con relación a las pruebas testificales de descargo presentadas por la defensa del acusado, consistentes en las declaraciones de Adrián Arias Oliva, Eva Angélica Callejas Martínez y Concepción Callejas Martínez, estas no tienen mayor relevancia para desvirtuar los hechos acusados; toda vez, que simplemente refieren sobre una presunta relación sentimental entre el acusado y la víctima, que como ya se dijo anteriormente en este juicio no esa en juego, sino más bien la libertad sexual de la víctima, que por más pareja o ex - pareja que sea del acusado, no debía haber sido sometida a semejante hecho delictivo de violación. También, específicamente las declaraciones de las últimas dos testigos nombradas, señalan las circunstancias de cómo es que el acusado hizo ingresar a la adolescente a su domicilio particular y como la tuvo desde las 16:00 hasta el anochecer, pero sin dar mayores luces o detalles de lo que ocurrió en la habitación donde se produjo la violación, detalles que si se obtienen de la prueba de cargo certificado médico forense y estudios periciales psicológicos.


Otro aspecto que, este Tribunal destaca de las pruebas de descargo del acusado, son las conversaciones por WhatsApp y por Facebook entre el acusado y la víctima, que si bien denotan una relación sentimental, o una   ex - relación sentimental; por otro lado, denotan un alarmante sentimiento de posesión que tenía el acusado sobre la víctima, así como celos ante nuevos rumbos que pueda tomar la víctima en su vida con otras personas, que son a criterio de este Tribunal, los detonantes machistas que llevaron al acusado a cometer semejante acto de barbarie y sinrazón al cometer este delito.


Por lo que se concluye, que el 5 de febrero de 2014, en el domicilio particular del imputado, José Manuel García Callejas, el mismo procesado, aprovechando la existencia de un antiguo vínculo sentimental que tuvo con la víctima KAPG de 15 años de edad, procedió a agredirla sexualmente, empleando para ello intimidación, violencia física y psicológica, llegando a ejecutar dichos accesos carnales, por la vía anal.

 

II.2.        De la apelación restringida del imputado José Manuel García Callejas.


Contra la mencionada Sentencia, el imputado José Manuel García Callejas, interpuso recurso de apelación restringida bajo los siguientes argumentos:


  1. Que, el Tribunal de origen no hubiese considerado en forma objetiva, sus pruebas, las cuales se presentaron de forma escrita, a través de memorial de 31 de Agosto de 2015, en el que se detallan las pruebas documentales, por lo que se hubiere omitido el dar cumplimiento a lo previsto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). Las pruebas de Laboratorio de cargo, con las cuales, el Ministerio Público pretendía demostrar que existió el delito de Violación, no fueron  presentadas, por lo que no existiría prueba suficiente para condenar, sin embargo, no se hubiese actuado de dicha forma, en contra del Principio de Favorabilidad establecido en la CPE.


  1. Que, el Tribunal de Sentencia, no solamente hubiere hecho suyas las omisiones, sino hubiese efectuado también, un análisis hormonal y no objetivo, además no analizó en lo absoluto el Principio de Legalidad y la obtención licita de la prueba. Al margen de adolecer la Sentencia de la debida fundamentación, porque simplemente, se limitaría a realizar una referencia circunstancial sobre la fundamentación del Ministerio Público, tornando en defectuoso y contradictorio el fallo emitido por aquel Tribunal. Por lo que, existiría la violación de Derechos Constitucionales, a la legalidad jurídica, a ser oído por un tribunal imparcial e independiente, a la potestad del acusado de ofrecer pruebas de descargo y los medios probatorios con apego a la CPE, violando el principio de contradicción.


  1. El Tribunal Sexto de Sentencia de Santa Cruz, al no realizar una valoración correcta de las pruebas de descargo, mismas que debieron ser valorarlas objetivamente y judicializadas en Juicio oral, se manifestó reiteradamente, que no fue un hecho de Violación, más al contrario fue una relación sentimental de una joven pareja enamorada, que por los prejuicios de los padres de la supuesta víctima, lo denunciaron e hicieron hasta lo imposible para llevarlo a Tribunales y de esta forma separar a la joven pareja, tal cual se puede apreciar en las pruebas presentadas, donde se demostró que en redes sociales (Facebook y WhatsApp) y además los extractos telefónicos donde la supuesta víctima le dice al imputado “esposo mío” y además, en el Informe Psicológico mencionaría que “era su amiga”. Hecho contradictorio, porque nadie es amiga de su supuesto agresor y tampoco se lo llama esposo mío, pruebas que fueron judicializadas y aceptadas por el Ministerio Público y que debieron ser tomadas en cuenta a momento de dictar Sentencia. En el presente caso, no se hubiese tomado en cuenta lo que estipula la CPE en su art. 116, respecto a la presunción de inocencia, concordante con el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este proceso, el Juzgador en la valoración de la prueba producida, debió considerar este principio, pues no se puede condenar a un imputado sin valorar previamente las pruebas de cargo, o que estas, hubieran sido ilícitamente obtenidas o que no cumplan con las formalidades de Ley.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por José Manuel García Callejas y deliberando en el fondo, confirmó la Sentencia impugnada, en base a las siguientes conclusiones:


  1. Con relación al primer aspecto reclamado, referente a que las pruebas de laboratorio, con la cual el Ministerio Público debía probar la Violación, el imputado, no logró precisar a qué se refiere con la prueba de laboratorio; tal vez, al certificado médico forense emitido por  Pamela J. Villarroel, el cual fue valorado por el Tribunal a quo, en el sentido de que la víctima KAPG. de 15 años de edad habría sufrido desgarros y lesiones anales, haciendo ver, que no existiría una relación consentida, sino una agresión sexual, hecho corroborado, con la existencia de lesiones corporales en varias partes del cuerpo de la víctima; y por último, con el relato de la propia víctima, que se halla plasmada en el informe pericial psicológico que tiene relación con las lesiones corporales y el desgarro anal de la víctima. Aquel, fue el razonamiento de los miembros del Tribunal de Sentencia y al cual el Tribunal de alzada se allana, primero en razón, de que dicha conclusión y razonamiento lógico condice con las reglas de la sana crítica, experiencia, lógica y sentido común; toda vez, que una es la versión del imputado que la realiza en mérito a su derecho a la defensa material y otra es la versión de la víctima, esta última que fue corroborada con peritajes realizados por expertos en la materia, quienes concluyeron que existió agresión, a momento del acceso carnal vía anal que habría sufrido la víctima, producto de la agresión sexual ocasionada por el acusado José Manuel García Callejas. Segundo, el recurrente sencillamente alegó que no se logró probar la acusación, apreciación genérica y no específica, que no cuestiona la cuál es el defecto, qué reglas de la sana crítica se violentaron en la apreciación de tal o cual prueba, conforme al art. 173 del CPP. Asimismo, el recurrente se refirió a la duda razonable, en el presente caso el Tribunal a quo no señaló que existiría "duda" para que se esté a lo más favorable, en todo caso, aplicó un razonamiento favorable al imputado, pues si bien el certificado médico forense evidenció que existía desgarro antiguo en la vagina de la víctima, el Tribunal de Sentencia, aplicando un razonamiento favorable al acusado, señaló que no se realizó una pesquisa de espermatozoides en los genitales de la víctima, que evidencien que hubo penetración de data reciente, que haga presumir que también existió acceso carnal forzado del acusado hacia la víctima; por lo cual no se tendría demostrado que el acusado hubiese tenido acceso carnal vía vaginal con la víctima, ni consentida ni forzadamente; pero sí, vía anal que según el informe médico forense, corroborado con la pericia psicológica practicada a la menor víctima, ha dado la convicción al Tribunal de Sentencia sobre la culpabilidad del acusado en el delito de Violación. En ese entendido, no existió ninguna duda razonable sobre la participación del imputado en el delito de Violación (vía anal), condenándolo por este hecho a 15 años de presidio; si existió duda en cuanto a la Violación (vía vaginal), a lo que el Tribunal a quo determinó que no existió violación vía vaginal, fallando de manera favorable hacia el acusado.


  1. Un segundo aspecto identificado por Tribunal de alzada, como agravio denunciado por el recurrente, se alega que se violaron principios constitucionales como a la legalidad jurídica; sin embargo, no se especificó con qué acto jurisdiccional se violentó ese principio, qué actos ilegales se realizó, qué norma legal se interpretó de forma errónea, qué actos se realizaron al margen de la Ley, en ese entendido no es atendible el reclamo realizado por el recurrente. Asimismo, manifestó el recurrente que se violentó su derecho a ser oído por un Tribunal imparcial e independiente; empero, revisado los actuados cursantes en el cuaderno procesal, no se evidencia alguna recusación que hubiese planteado el imputado contra el Tribunal de juicio, para que éste se aparte del conocimiento de la presente causa, por estar supuestamente parcializado con el denunciante, Ministerio Público o Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, alegó el acusado que se hubiese violado el principio de contradicción, la pregunta es: ¿cómo se violentó ese derecho? No existiendo ninguna justificación real, palpable y creíble del recurrente para alegar violación alguna, estamos ante un sistema penal acusatorio, en todo momento del Juicio Oral se le dio la oportunidad al hoy recurrente de realizar sus alegatos y conclusiones, de refutar las pruebas presentadas por la parte contraria, de plantear reservas de apelaciones a los autos emitidos dentro del juicio oral, etc. En ese entendido el segundo aspecto, resulta ser improcedente. 


  1. Que, en cuanto al tercer argumento que el Tribunal de Sentencia, no habría realizado una valoración correcta de las pruebas del acusado, al existir una denuncia formal de supuesta adecuación por parte del Tribunal de juicio al defecto previsto en el art. 370 inc. 6 del CPP; es decir, una supuesta errónea valoración probatoria de las pruebas presentadas por el acusado, entre ellas mensajes de Facebook, WhatsApp y llamadas telefónicas existentes entre el acusado y la víctima, además que hubo una relación consentida. Primero, respecto a la relación consentida, el imputado en el momento de los hechos contaba con más de 20 años de edad y la víctima 15 años, por más que se alegue consentimiento en la supuesta relación sexual existente entre el acusado y la víctima, estaríamos ante otra figura penal que se denomina Estupro, tipo penal que no se acusó, ni determinó el Tribunal de Sentencia, tampoco puede ser añadido por el Tribunal de alzada en previsión del art. 400 del CPP "reforma en perjuicio", que prohíbe la reforma en perjuicio del imputado cuando la resolución solo haya sido cuestionada por el imputado. Segundo, el Tribunal de Sentencia, dentro de un razonamiento lógico y apegado a la realidad, justificó su Sentencia condenatoria en virtud a que entre parejas formadas por mayores de edad y matrimonios aún puede darse la violación, ello por configurarse los verbos rectores contenidos en el art. 308 del CP,  no importando que exista una relación sentimental en la pareja. No obstante lo anterior, el Tribunal de Sentencia ha determinado, por la gravedad del desgarro anal, conclusiones del Médico Forense de que dicho desgarro fue producto de una agresión violenta o introducción abrupta, además, de las agresiones corporales sufridas por la víctima, la declaración de ésta contenida en la pericia psicológica donde la menor víctima detalla su versión de que ha sido abusada por el acusado, entrevista que la profesional psicóloga habría calificado de "altamente creíble"; además de que dicho informe psicológico manifestaba que la víctima, producto de la agresión, mostraba indicadores de depresión grave, sentimiento de inferioridad, inseguridad, auto desvalorización, etc. Pruebas que llevaron al Tribunal de Sentencia a la convicción de que el acusado había ocasionado un grave trauma psicológico al haber abusado sexualmente, vía anal, a la víctima, tomando en cuenta que él era instructor de gimnasio y ella (víctima) una adolescente de 15 años de edad, incapaz de defenderse por sí sola, por lo que evidentemente hubiese una desproporcionalidad física entre acusado y víctima.


En ese entendido, se tiene que en cuanto a los mensajes de Facebook, WhatsApp y llamadas telefónicas, se hubo valorado las mismas por el Tribunal de Sentencia; toda vez, que manifestó que puede que hubiese una relación consentida entre ambos; sin embargo, todas las pruebas arriba descritas demostrarían que el último encuentro sexual que tuvieron el 5 de febrero de 2014, el acusado habría abusado de la menor víctima vía anal, tal como se tiene referido anteriormente y por las pruebas arrimadas. Las conversaciones y el trato que se dieran entre víctima y acusado, no demostrarían sino una relación sentimental, evidentemente; sin embargo, aún en el caso de los matrimonios se da la violación y en este caso se habría demostrado que hubo tal violación con el uso de la fuerza, reiterándose que la violación - determinado por el Tribunal a quo- fue vía anal y no así vaginal, pues este último no se tuvo por demostrado. En ese entendido, el Tribunal de Alzada considera que la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia fue adecuada a procedimiento, el razonamiento y la otorgación del valor probatorio no contraria de ninguna manera al principio de la sana crítica aplicada a las pruebas tanto de cargo como de descargo aportadas por las partes, conforme a los arts. 171 y 173 del CPP, misma que más bien hicieron caer en cuenta sobre la culpabilidad del acusado en el delito de Violación, conclusión apegada a derecho y a un razonamiento lógico.


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el caso presente, este Tribunal admitió el recurso de casación, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, porque la parte recurrente denunció que el Tribunal de alzada, vulneró su derecho a la presunción de inocencia al incurrir en incorrecta y subjetiva apreciación de los hechos y en revalorización de la prueba tanto de los informes médico, psicológico y en cuanto a la declaración de la víctima, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. Sobre la presunción de inocencia.


En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en el art. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa (...)”. De igual modo, el citado derecho es enfocado en los arts. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última: “(...) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada”.


En concordancia con estos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el art. 116. I de la CPE establece: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado”. De esta manera, el constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho fundamental.


El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tantum, implica que: “(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”. De igual forma, “la presunción de inocencia se mantiene `viva´ en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce de un proceso llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla (...)”.


El derecho a la presunción de inocencia comprende: “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”.


No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente sentar algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención, pues como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia tiene un doble carácter, porque no se trata solamente de un derecho subjetivo, sino también de una institución objetiva, dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional. A ello se añade que, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo. De ahí que, en el ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales como la detención preventiva o detención provisional, sin que ello signifique su afectación: “(...) porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de derecho”; siempre claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia, se vincula también con que dicho derecho incorpora una presunción iuris tántum y no una presunción absoluta, de lo cual se deriva
como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria.


III.2.        El Tribunal de alzada no puede revalorizar la prueba, al ser exclusiva facultad del Juez o Tribunal de Sentencia. Principio de inmediación.


Sobre la valoración de la prueba, el Tribunal Supremo de Justicia ya desarrolló sobre este instituto; así el Auto Supremo 251/2012-RRC de 12 de octubre, entre otros, señaló que: “Dada la naturaleza del motivo de impugnación, debe recordarse que la inmediación sitúa al juez o tribunal de juicio en una posición privilegiada para valorar la prueba practicada en su presencia, en aplicación del principio de la sana crítica, correspondiendo al Tribunal de apelación realizar el control de la valoración efectuada por el juez o tribunal ciñéndose al respeto de las reglas relativas al onus probandi,
la legalidad de la prueba practicada y a la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en las apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, postura adoptada por este Tribunal en múltiples Autos Supremos, entre ellos los citados por el recurrente, en consideración a los principios que rigen la sustanciación del acto de juicio y a las facultades especificas asignadas por la ley procesal penal a los distintos órganos jurisdiccionales penales, habiendo determinado de manera uniforme que la valoración de la prueba es de competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sin que el Tribunal de alzada pueda a tiempo de resolver la interposición de un recurso de apelación restringida revalorizar la prueba ni revisar cuestiones de hecho (Autos Supremos 436 de 15 de octubre de 2005, 25 de 4 de febrero de 2010 y 53 de 19 de marzo de 2012); en coherencia con lo expresado, refiriéndose a la labor del Tribunal de apelación se ha sostenido que, en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 407 y siguientes del CPP, relativos al recurso de apelación restringida, debe efectuar el control de la fundamentación probatoria, tanto descriptiva e intelectiva, teniendo en cuenta que conforme establece el art. 124 del citado Código, las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, debiendo expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, sin que esta fundamentación exigida por la ley pueda ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes (Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006, 53 de 22 de marzo de 2012). En el mismo sentido los Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006 y 53/2012 de 22 de marzo de 2012.


En la doctrina encontramos autores que mantienen esta tesis, por ejemplo Montero Aroca destaca: " Por ello tratándose de pruebas personales, como la testifical, la única inmediación es aquella de la que goza el tribunal de instancia, a quien corresponde su valoración salvo que se evidencia un fallo en el razonamiento lógico o en el iter inductivo del juzgador de instancia, o cuando por el mismo se establecen afirmaciones o conclusiones arbitrarias o absurdas, y lo mismo debe decirse cuando se trata de prueba pericial".


A partir del razonamiento de esta doctrina, se tiene claramente establecido que, el Tribunal de alzada al momento de resolver la apelación restringida, no puede revalorizar la prueba ni revisar cuestiones de hecho, pues encuentra un límite jurídico a partir del alcance del principio de inmediación y concentración, pues este postulado significa que todos los elementos de inmediación y conocimiento que son considerados y útiles para fundar una Sentencia sólo se adquieren en el debate público, se genera una relación personal, directa e ininterrumpida del Juez o Tribunal, la acusación y defensa con el imputado y fuentes de prueba; en este sentido, el principio de inmediación exige el acercamiento directo entre el órgano jurisdiccional y la persona acusada lo que permite conocer de este no sólo su personalidad; sino también, la forma de reacción frente a las pruebas que se sustentan en su contra y hasta las pruebas que lo favorecen.


Los principios de concentración y de inmediación de la prueba dentro del sistema penal acusatorio contienen una caracterización trascendental. La inmediación permite al Juez percibir de su fuente directa las pruebas y las alegaciones de las partes, mientras la concentración hace posible valorar el acervo probatorio en un lapso temporal que no debe ser prolongado, para que lo interiorizado por el juzgador no se desvanezca con el transcurrir del tiempo, principios éstos que deben ser acatados con rigurosidad (Sentencia T-205/11 Corte Constitucional de Colombia).


III.3. Análisis del caso concreto.


Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, corresponde a este Tribunal analizar su contenido y establecer, si existe la vulneración del principio de inocencia denunciado por el recurrente José Manuel García Callejas.


Así, del contenido del recurso de casación, se llega a evidenciar que el motivo sujeto a análisis de fondo, se halla directamente vinculado a la denuncia de que el Tribunal de alzada, incurrió en una incorrecta y subjetiva apreciación de los hechos y en revalorización de la prueba tanto de los informes médico, psicológico y en cuanto a la declaración de la víctima.


Ahora bien, para el análisis del presente recurso será preciso partir de la respuesta otorgada por el Tribunal de alzada contenida en el Auto de Vista impugnado, al motivo invocado en la apelación restringida por la parte recurrente, a efectos de establecer si se vulneró la garantía de la presunción de inocencia, al haber validado la Sentencia.


En ese sentido, se tiene que el Tribunal de alzada, a la denuncia alegada por el recurrente en apelación restringida “sobre el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, relacionado a que el Tribunal de origen, al no realizar una valoración correcta de las pruebas de descargo, mismas debieron ser valorarlas objetivamente y judicializadas en Juicio oral, se manifestó reiteradamente, que no fue un hecho de Violación, más al contrario fue una relación sentimental de una joven pareja enamorada, que por los prejuicios de los padres de la supuesta víctima, lo denunciaron e hicieron hasta lo imposible para llevarlo a tribunales y de esta forma separar a la joven pareja, tal cual se puede apreciar en las pruebas presentadas, donde se demostró que en redes sociales (Facebook y WhatsApp) y además los extractos telefónicos donde la supuesta víctima le dice al imputado “esposo mío” y además, en el Informe Psicológico mencionaría que “era su amiga”. Hecho contradictorio, porque nadie es amiga de su supuesto agresor y tampoco se lo llama esposo mío, pruebas que fueron judicializadas y aceptadas por el Ministerio Público y que debieron ser tomadas en cuenta a momento de dictar Sentencia. En el presente caso, no se hubiese tomado en cuenta lo que estipula la CPE en su art. 116, respecto a la presunción de inocencia, concordante con el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Juzgador en la valoración de la prueba producida, debió considerar este principio, pues no se puede condenar a un imputado sin valorar previamente las pruebas de cargo, o que estas, hubieran sido ilícitamente obtenidas o que no cumplan con las formalidades de Ley”. Resolvió:


Primero, respecto a la relación consentida, el imputado en el momento de los hechos contaba con más de 20 años de edad y la víctima 15 años, por más que se alegue consentimiento en la supuesta relación sexual existente entre el acusado y la víctima, estaríamos ante otra figura penal que se denomina Estupro, tipo penal que no se acusó, ni determinó el Tribunal de Sentencia, tampoco puede ser añadido por el Tribunal de alzada en previsión del art. 400 del CPP "reforma en perjuicio", que prohíbe la reforma en perjuicio del imputado cuando la resolución solo haya sido cuestionada por el imputado.


Segundo, el Tribunal de Sentencia, dentro de un razonamiento lógico y apegado a la realidad, justificó su Sentencia condenatoria en virtud a que entre parejas formadas por mayores de edad y matrimonios aún puede darse la Violación, ello por configurarse los verbos rectores contenidos en el art. 308 del CP,  no importando que exista una relación sentimental en la pareja. No obstante lo anterior, el Tribunal de Sentencia ha determinado, por la gravedad del desgarro anal, conclusiones del Médico Forense, de que dicho desgarro fue producto de una agresión violenta o introducción abrupta, además de las agresiones corporales sufridas por la víctima, la declaración de ésta contenida en la pericia psicológica donde la menor víctima detalla su versión de que ha sido abusada por el acusado, entrevista que la profesional psicóloga habría calificado de "altamente creíble"; además de que dicho informe psicológico manifestaba que la víctima, producto de la agresión, mostraba indicadores de depresión grave, sentimiento de inferioridad, inseguridad, auto desvalorización, etc. Pruebas que llevaron al Tribunal de Sentencia a la convicción de que el acusado había ocasionado un grave trauma psicológico al haber abusado sexualmente, vía anal a la víctima, tomando en cuenta que él era instructor de gimnasio y ella una adolescente de 15 años de edad, incapaz de defenderse por sí sola, por lo que evidentemente hubiese una desproporcionalidad física entre acusado y víctima. En ese entendido, se tiene que en cuanto a los mensajes de Facebook, WhatsApp y llamadas telefónicas, se hubo valorado las mismas por el Tribunal de Sentencia; toda vez, que manifestó que puede que hubiese una relación consentida entre ambos; sin embargo, todas las prueba arriba descritas demostrarían que el último encuentro sexual que tuvieron el 5 de febrero de 2014, el acusado habría abusado de la menor víctima vía anal, tal como se tiene referido anteriormente y por las pruebas arrimadas. Las conversaciones y el trato que se dieran entre víctima y acusado, no demostrarían sino una relación sentimental, evidentemente; sin embargo, aún en el caso de los matrimonios se da la violación y en este caso se habría demostrado que hubo tal violación con el uso de la fuerza, reiterándose que la violación - determinado por el Tribunal a quo- fue vía anal y no así vaginal, pues este último no se tuvo por demostrado. En ese entendido, el Tribunal de Alzada considera que la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia fue adecuada a procedimiento, el razonamiento y la otorgación del valor probatorio no contraría a de ninguna manera al principio de la sana crítica aplicada a las pruebas tanto de cargo como de descargo aportadas por las partes, conforme a los arts. 171 y 173 del CPP, misma que más bien hicieron caer en cuenta sobre la culpabilidad del acusado en el delito de Violación, conclusión apegada a derecho y a un razonamiento lógico.


En ese orden, esta Sala Penal evidencia que el Tribunal de alzada, en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 407 y siguientes del CPP, controló que la valoración de la prueba hecha por el inferior se encuentra conforme a las reglas de la sana crítica, concluyendo con argumentos referidos a que el Tribunal de origen efectuó una correcta valoración probatoria. En este sentido, el razonamiento descrito y emitido por el Auto de Vista impugnado, de ninguna manera constituye una incorrecta y subjetiva apreciación de los hechos y en revalorización de la prueba tanto de los informes médico, psicológico y en cuanto a la declaración de la víctima; ya que, el Tribunal de alzada en ningún momento efectúa conclusiones propias que importen una valoración particular de su parte a alguna prueba, menos le asigna un valor distinto que la establecida por el Tribunal de sentencia; sino que en base a los argumentos de la apelación restringida del acusado efectúa el contraste de éstos con las conclusiones emergentes de la valoración inserta en la Sentencia, para luego llegar a la convicción de que la labor efectuada por el Tribunal de mérito fue eficiente en cuanto a la logicidad de sus conclusiones.


Por lo que podemos concluir, que la Sentencia condenatoria se fundamentó en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria fue suficiente para generar en el Tribunal de origen, la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible; sino también, la responsabilidad penal que en él tuvo el recurrente. Además, el Tribunal de alzada efectuó un control de la actividad probatoria y nunca le asignó a los informes médico, psicológico y en cuanto a la declaración de la víctima un valor distinto al establecido por el Tribunal de sentencia; concluyendo con meridiana claridad de que no existió la vulneración del principio de inocencia denunciado por el recurrente José Manuel García Callejas, resultando en consecuencia infundado el presente recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Manuel García Callejas.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos