TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 257/2018-RRC

Sucre, 24 de abril de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 102/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Rosmery Valencia Rodríguez

Delito                                : Transporte de Sustancias Controladas

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de abril del 2017, cursante de fs. 294 a 297 vta., Rosmery Valencia Rodríguez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 8 de 30 de marzo del 2016, de fs. 281 a 286 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 12/2014 de 27 de agosto (fs. 249 a 260), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Rosmery Valencia Rodríguez, absuelta de culpa y pena de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, ordenando la cesación de toda medida cautelar de carácter personal o real impuesta en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Rosmery Valencia Rodríguez (fs. 263 a 264 vta.) y el Ministerio Público (fs. 267 a 268), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 8 de 30 de marzo del 2016, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró procedente el recurso del Ministerio Público y revocó la Sentencia absolutoria y en aplicación del art. 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP), declaró a la imputada Rosmery Valencia Rodríguez, autora de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiendo la pena de ocho años de presidio, más el pago de trescientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, con costas; asímismo, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida formulado por la imputada, motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 695/2017-RA de 8 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente, denuncia que el Tribunal de apelación al declarar inadmisible e improcedente su recurso de apelación restringida, le ocasionó grave atentado contra sus derechos civiles, procesales y constitucionales; toda vez, que afirma ser inocente; pues el Tribunal de alzada, habría incurrido en revalorización de la prueba y descendió a los hechos, al argumentar que: i) Su persona, a sabiendas que es lucrativo y prohibido, envió las estampillas y lo hizo con dolo; y, ii) Que, “(…) DE ACUERDO A TODO LO QUE SE OBSERBADO, VISTO Y ESCUCHADO Y LA ADMISION O ACEPACIÓN EXPRESA DE LA COMISIÓN DEL DELITO…” (sic); sin embargo, cuestiona en qué momento el Tribunal de apelación vio, escuchó y de dónde sacó la conclusión de que aceptó la comisión del delito, cuando en su declaración informativa y el acta de juicio, expresó que al dejar la encomienda la encargada del “Trans Latina” reviso la misma y se había comprometido a cerrar la encomienda, debido a que se encontraba con su hijo, que al no llegar su encomienda fue a reclamar, momento en el cual espero a funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), no existiendo el dolo, ni interés, ni la prueba material; no pudiendo el Tribunal de apelación descender al examen de los hechos, como aconteció en el caso de autos y menos podía calificar su conducta de dolosa, señalando que la prueba no genera duda y emitiendo Sentencia condenatoria, determinación que implica usurpación de funciones, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 30 de 26 de enero del 2007, 537/2006 de 17 de noviembre y 116/2007 de 31 de enero.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, para que se pronuncie nueva Resolución y sea conforme a la doctrina legal citada.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 695/2017-RA de 8 de septiembre, cursante de fs. 313 a 314 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por la imputada Rosmery Valencia Rodríguez, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.          De la Sentencia.


Por Sentencia 12/2014 de 27 de agosto, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Rosmery Valencia Rodríguez, absuelta de culpa y pena de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, ordenando la cesación de toda medida cautelar de carácter personal o real impuesta en su contra, bajo los siguientes hechos probados:

  1. Que el 24 de julio de 2009 a horas 15:30 aproximadamente, en el sector de encomiendas y carga del aeropuerto internacional de Viru Viru un guía can y el asignado, ante la alerta que dio el animal adiestrado, separaron una encomienda que tenía la guía de envío Nº 02-01/34863, la que estaba remitiendo la empresa de Courrier TRANSFER LATINA con destino a Bérgamo-Italia, bajo el nombre de Rosmery Valencia Rodríguez (imputada), procediendo en presencia de un testigo de actuación a la apertura de la misma, encontrando en su interior 8 muñecos de porcelana que en su interior estarían compuestos de Clorhidrato de cocaína al haber dado positivo al ser sometido a la prueba de narco test, con un peso total de 810 gramos, que fueron inmediatamente secuestrados para su destrucción e incineración.


  1. Que, en conocimiento de los agentes policiales el nombre de la persona remitente, Rosmery Valencia Rodríguez, quien en forma posterior al comprobar que su encomienda no había llegado a destino, acudió ante la oficina del courrier, a objeto de reclamar, motivo por el cual los funcionarios de la empresa llamaron a la policía siendo la misma aprehendida en el interior de la empresa de envío de encomienda.


  1. Que, la imputada negó haber sido la persona que estaba mandando esos muñecos con droga, indicó que había comprado aquellos en el mercado la Ramada y eran seis muñecos de niñas quinceañeras y dos muñecos de mayor tamaño que representaban a unos novios, ello porque eran parte de la decoración de la torta del matrimonio de su hermana, quien estaba contrayendo nupcias en Italia y le había pedido que le mande aquellos, señalando que no era la única encomienda que había mandado; ya que, anteriormente le había mandado joyas y ese mismo día en otra encomienda le había mandado una chocolatera pero que los muñecos los estaba mandando por separado, encomiendas de las cuáles la única que no llegó era la de los muñecos, indicando que esa encomienda había sido abierta en su presencia por la funcionaria del courrier, quien no fue identificada por la policía, pero que ante la urgencia de retornar a su hogar, no esperó que aquella encomienda donde estaban los muñecos, sea cerrada, dejándosela abierta a la funcionaria, de quien, piensa fue la persona que realizó el cambio de los muñecos que ella compró.


  1. Que, de la prueba aportada por el Ministerio Público al no haber logrado la comparecencia de los efectivos policiales ofrecidos en calidad de testigos, amparándose únicamente en la prueba documental y pericial, la que fue introducida al proceso penal.


  1. Que, en detención de la imputada, no se tuvo que el Ministerio Público haya efectuado otro acto investigativo con relación, ni al courrier, ni con relación al propietario del mismo o de las personas que en su interior trabajan, ni a los fines de corroborar o descartar la tesis de la imputada, en cuanto a que hubiera sido la funcionaria de la empresa de mensajería, quien tuvo en sus manos la encomienda abierta, no se tiene ningún acto de investigación con relación a los estupefacientes, ni a quién pertenecían, donde fueron fabricados los muñecos de porcelana con clorhidrato de cocaína, conformándose el ente acusador con aprehender a la persona a cuyo nombre estaba la encomienda.


  1. No se tiene de donde apareció la sustancia controlada secuestrada, no se tiene acreditado, según la acusación, si la imputada es la propietaria de aquella, si su misión era solamente sacarla del territorio nacional, si tenía en el exterior que venderla, si ganaba o no con ello, esforzándose la defensa de la imputada en señalar que si hubiera sido la autora del hecho acusado, pues no hubiera colocado su nombre en el remitente de la encomienda, como tampoco hubiera colocado el nombre de su hermana como consignataria en el extranjero, aunque tampoco se ha acreditado que Ana Isabel Justiniano Valencia sea necesariamente la hermana.


  1. Se tiene acreditado a través de la prueba documental y testifical que la imputada efectivamente despachó la encomienda, pues no fue negado por la misma, además que dicha encomienda estaba dirigida a la ciudad de Bérgamo-Italia, cuyo destinatario era Ana Isabel Justiniano Valencia, supuesta hermana de la imputada, se tiene que la misma imputada ha reconocido haber comprado los muñecos, aunque señaló que los novios no eran como ella los compró y en el muestrario claramente se puede ver que la novia tenía vestido de porcelana, se tiene que la misma ha reconocido haber llevado personalmente el paquete al courrier TRANSFER LATINA, señaló que por su apuro, dejó la encomienda abierta porque indicó que la funcionaria le dijo que ella se la iba a cerrar, presumiendo la imputada que fue aquella persona no identificada, la funcionaria del courrier, la que introdujo esos novios ajenos a su encomienda, sacando los que ella había comprado, de lo cual, no se tiene prueba alguna que no sea la presunción de la imputada.


  1. El valor probatorio que el Tribunal le asigna a la prueba de cargo; en cuanto, a la testifical de la cual prescindió ante la ausencia reiterada de los testigos, respecto a la documental introducida en su gran mayoría al ser informes y actas; de la prueba pericial que ha demostrado que la sustancia de la que se componían esas estatuillas no era porcelana, sino entendemos que era una mezcla entre porcelana y clorhidrato de cocaína, como fue identificada la sustancia analizada por la perito bioquímica, quien identificó la sustancia, más no a quien le pertenecía; es decir, que para los jueces ciudadanos como también para los técnicos el trabajo investigativo llevado a cabo por el efectivo policial investigador bajo la dirección del fiscal, es por demás deficiente en cuanto a identificar al propietario de la sustancia, habida cuenta que la imputada está siendo acusada simplemente de Transporte, tenemos el nombre de la persona que mandó la encomienda, quien voluntariamente o tontamente se presentó a las oficinas del courrier a reclamar por su encomienda, cuando sabía o al menos se presupone ello, que la misma si no llegó a destino era porque había sido retenida en el camino, lo más lógico por la policía, si es que la imputada sabía que contenía aparte de porcelana, los muñecos que pretendía importar, tampoco se tiene investigación a la que se haya sometido a los personeros o funcionarios del Courrier TRANSFER LATINA, más allá de la detención de la imputada, más allá del hallazgo de los estupefacientes, la investigación no avanzó para nada, considerando los miembros del Tribunal, que el proceso investigativo, más que arrojar luces sobre la verdad histórica de los hechos, arrojó una suerte de sombras, de duda razonable, que favorece a la imputada; en consecuencia, no se tiene demostrado absolutamente nada claro con relación al hecho atribuido por el Ministerio Público en su acusación, con relación a la conducta material de la imputada, más que el despacho de una encomienda, no se tiene investigado si efectivamente esos muñecos de porcelana fueron como alega la imputada, suplantados por alguna tercera persona, arrojando sombras al proceso.


II.2.        De los recursos de apelación restringida.


II.2.1. Del recurso de la imputada.


       Notificada con la Sentencia, la imputada Rosmery Valencia Rodríguez acusó la incongruencia del voto disidente de los jueces técnicos; puesto que, no se podía apreciar y valorar un aspecto jurídico de hechos y derechos en la parte considerativa y el parte resolutiva cambiar “estrepitosamente”, por lo que no se comprende que en la parte considerativa se mencione la falta de tipicidad, falta de pruebas y dudas razonables y en la parte resolutiva decidan la culpabilidad mediante el voto disidente, constituyendo dicho acto vulneración al debido proceso y valoración defectuosa de la prueba transgrediendo los “art. 363 inc. 2) y 370 incs. 5) y 8)”.


II.2.1. Del recurso de la representante del Ministerio Público.


       Fanny Alfaro Vaquila en representación del Ministerio Público reclamó que, la sentencia incurrió en una inobservancia de la Ley tanto sustantiva como adjetiva, valoración defectuosa de las pruebas, falta de fundamentación, que vulnera los arts. 173, 370 incs. 1), 5) y 6) y 124 del CPP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró procedente el recurso del Ministerio Público y revocó la Sentencia absolutoria y en aplicación del art. 365 del CPP, declaró a la imputada Rosmery Valencia Rodríguez, autora  de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiendo la pena de ocho años de presidio, más trescientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, con costas; asimismo, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida formulado por la imputada, bajo los siguientes argumentos:


Explicando los elementos constitutivos del tipo penal de Transporte de Sustancias Controladas, refiere el Tribunal de alzada, que el verbo nuclear sobre el que gira el tipo penal es trasladar o transportar sobre eso gira toda la conducta que además trasladar sustancias controladas y la definición de sustancias controladas viene dada en otro acápite o sea que es sustancias controlada; es decir, el elemento material es transportar sustancias controladas y que a su vez implícitamente lleva el elemento subjetivo, pues la persona que traslade o transportare la sustancia lo hace a sabiendas, quiere decir que busca un fin lucrativo sabiendo que es prohibido, ahí se encuentra el elemento subjetivo, el dolo del agente; que en el presente caso de acuerdo a todo lo que se ha observado, visto y escuchado y la admisión o aceptación expresa de la comisión del delito, se presenta claramente el elemento material o verbo nuclear que es transportar sustancias controladas, pues por la prueba ya analizada y valorada por los Jueces Técnicos del Tribunal Cuarto de Sentencia, se ha demostrado fehacientemente por un lado que las sustancias controladas era cocaína pura y que la cantidad total era de 810 gramos, así lo demuestra el informe de acción directa y finalmente el elemento subjetivo que es que la imputada sabía del contenido de la sustancia y que obviamente tiene que conocer qué es lo que estaba o pretendía enviar porque dicha sustancia despide un olor fuerte característico y para camuflar dicha sustancia dentro de la encomienda tuvo necesariamente que abocarse a ser minuciosa en introducir en introducir la cocaína en la encomienda para que no pueda ser detectada fácilmente por efectivos policiales del FELCN, entonces el elemento subjetivo está claramente demostrado, que lo hizo a sabiendas, es decir con dolo de que se trataba de sustancias controladas y que la finalidad era obtener una ganancia económica; es decir, buscaba beneficiarse con dicho transporte con un pago, pero el reproche mayor está en que si bien la víctima no es una persona concreta y visible, es el conglomerado social, porque a la larga significa un deterioro de la salud física y emocional de las personas.


Que el hecho delictivo se llegó a probar con las documentales, así como también con las pruebas materiales de cargo, las mismas que fueron introducidas y judicializadas por su lectura a juicio oral; asimismo, el Fiscal hizo una relación pormenorizada de la forma en que fue aprehendida la imputada y ella misma admite y reconoce que ha sido quien remitió la encomienda, fue encontrada y aprehendida cuando estaba en sus manos el original de la guía de remisión de la encomienda, dentro de la cual se encontró la cocaína hábilmente camuflada y a criterio del Tribunal de alzada resulta inverosímil la coartada de la imputada cuando pretendiendo deslindar responsabilidades acusa a la encargada del courrier de ser la autora del hecho delictivo, de pretender enviar las estatuillas con cocaína en su interior, aquí se aplica claramente el principio de verdad material, que es un principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; en cuyo efecto, transcribe partes de las Sentencias Constitucionales 0144/2012 de 14 de mayo y 2769/2010-R de 10 de diciembre, entonces, afirma, que en este caso si es la misma imputada que afirma y admite que ella fue la que remitió la encomienda con cocaína y que además fue encontrada en posesión del original de la  guía de remisión, no se puede concebir cuál es la razón por la cual el Tribunal de Sentencia compuesto por los jueces ciudadanos para absolver a la imputada; ya que, al absolverla no explicaron cuál fue la prueba generada en el Tribunal que determinó que la conducta de la imputada no se habría adecuado al tipo penal acusado de Transporte de Sustancias Controladas y cuáles habrían sido las pruebas que son consideradas como insuficientes para generar plena convicción en el Tribunal sobre la culpabilidad de la acusada.


Que, en la dictación de la sentencia absolutoria, el Tribunal de alzada evidenció que los Jueces Ciudadanos han inobservado y aplicado erróneamente la Ley sustantiva [art. 370 inc.1)] con referencia al art. 55 de la Ley 1008; es decir, no han realizado una correcta interpretación de la norma legal punitiva; ya que, inicialmente el Tribunal inferior realizó un detalle de la acusación y la fundamentación sobre los hechos supuestamente ocurridos, pero no tomó en cuenta que la acusada Rosmery Valencia Rodríguez, desde el primer momento en que fue aprehendida ha obstaculizado la averiguación de la verdad jurídica de los hechos denunciados, indicando primero que la que habría metido esas estatuillas con droga a la encomienda sería la funcionaria encargada del courrier, pese a que ella misma admite y afirma que fue ella quien remitió dicha encomienda, además de haber sido ella encontrada con el original de la guía de encomienda; es así que las pruebas de cargo nos informan claramente que de la declaración informativa policial tomada a la aprehendida y la declaración ante el Tribunal, ésta incurre en serias contradicciones; sin embargo, el Ministerio Público ha logrado judicializar e introducir sus pruebas de cargo por su lectura en el juicio oral, hecho que no fue tomado en cuenta por el Tribunal inferior y le restó credibilidad, esas pruebas nos llevan a la firme convicción sobre la responsabilidad penal de la imputada, de acuerdo a los datos del proceso, la conducta de la acusada se subsume al tipo penal previsto en el art. 55 de la Ley 1008; toda vez, que ha realizado los primeros actos ejecutivos del hecho con conocimiento y voluntad sobre su accionar antijurídico encaminado o dirigido a la consecución de la meta planificada, como sucedió en el caso de autos en que la acusada consintió en el Transporte de Sustancias Controladas en una encomienda camuflada con sustancias ilícitas, la misma que contenía la cantidad de 810 gramos de cocaína, es así que la nombrada acusada ha sido aprehendida en la forma flagrante en posesión de la guía de la encomienda remitida.


Que, la imputada tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas que estaba realizando, porque la cocaína estaba hábilmente camuflada dentro de una estatuillas y ese alcaloide despide un fuerte olor inconfundible a sustancias controladas, hecho que no podía ignorar la acusada, lo que demuestran que ese elemento constituye por sí solo el conocimiento cierto de la existencia de la cocaína que fue incautada por efectivos policiales de la FELCN, es así que la prueba aportada por el Ministerio Público, ofrecida y presentada al juicio oral, es suficiente para probar la culpabilidad del acusado en la comisión del delito de Transporte consumado de Sustancias Controladas, situación que se encuentra refrendada y corroborada por la pruebas documentales, literales y periciales que cumplen con las formalidades previstas en los arts. 171, 184, 194, 200, 295 inc. 6), 330, 333 inc. 3), 350, 351 y 355 del CPP, pruebas que el Tribunal de alzada les asigna con la suficiente eficacia probatoria legal para disponer la condena de la imputada.


El Tribunal de alzada llega a la conclusión de que el fallo apelado no se ajusta a las normas procesales vigentes; ya que, se ha inobservado la Ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba antes citada, la falta de fundamentación y motivación de la sentencia; consiguientemente, existen infracciones acusadas por el Fiscal recurrente, de lo que se concluye que en el caso de autos no es necesario la realización de un nuevo juicio y corresponde a este Tribunal dictar una nueva sentencia conforme a la doctrina legal aplicable, en cumplimiento del art. 413 in fine del CPP, por lo que declaró procedente la apelación restringida.


En cuanto, a la apelación restringida interpuesto por la imputada Rosmery Valencia Rodríguez, respecto a que se confirme la sentencia absolutoria pero se deje sin efecto la parte referida a los votos disidentes de los Jueces Técnicos, al respecto cuando en una sentencia dictada por un Tribunal colegiado compuesto por jueces técnicos y ciudadanos la última parte del art. 359 del CPP, es muy sabio al indicar que las decisiones se adoptaran por mayoría y que las disidencias obligatoriamente deberán fundamentarse por escrito, tal como ocurre en el caso de autos, donde los dos Jueces Técnicos fundamentaron su disidencia y manifestaron su criterio por la condena de la imputada; es decir, al haber declarado la absolución de la imputada por ser la que más favorece a ella, las disidencias simplemente vienen a ser eso, solo un criterio y argumentos propios de los jueces que no inciden en el fondo del asunto que ya fue resuelto en una absolución de la imputada; entonces, no se puede dejar sin efecto esas disidencias a simple petición de la parte agraviada.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado incurrió en revalorización de la prueba; consecuentemente, corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste.


III.1.        De los precedentes invocados.


La recurrente invocó el Auto Supremo 537 de 17 de noviembre de 2006, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Despojo, donde constató que el Auto de Vista recurrido a tiempo de revocar la sentencia, declarando al imputado absuelto porque no concurrieron en su conducta ninguno de los elementos constitutivos del delito de despojo incurrió en revalorización de la prueba, aspecto; por el que fue dejado sin efecto, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “que el Tribunal de Casación mediante líneas jurisprudenciales a uniformado la jurisprudencia, conformando la línea jurisprudencial referido a la valoración de la prueba que es de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, porque dichas autoridades son los que perciben cómo se produce la prueba entre la contradicción de las partes; mientras que el nuevo sistema procesal penal no contempla la doble instancia o segunda instancia, razón por el que el Tribunal de Apelación no puede revalorizar la prueba, caso contrario atenta contra el derecho a la defensa, el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva”.


El Auto Supremo 30 de 26 de enero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Despojo, donde constató que el Auto de Vista recurrido incurrió en valoración de la prueba, no tomando en cuenta, que ante la denuncia de errónea, o defectuosa valoración de la prueba, no le está permitido valorar la prueba sino verificar su valoración en el marco del artículo 173 del CPP, situación, por el que fue dejado sin efecto, estableciéndose la siguiente doctrina legal aplicable: “La valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico.


El Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados, pudiendo el resultado coincidir o no con los criterios del recurrente; en cualquiera de los casos, el fundamento debe reflejar los actos procesales o hechos, de manera que tengan sustento fáctico, asimismo el argumento deberá tener una base jurídica; la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional deberá imponerse sobre toda las cosas al margen de coincidir o no con los criterios de las partes procesales, sólo así se podrá practicar el principio de una tutela efectiva y enaltecer la administración de la justicia penal”.


Finalmente, el Auto Supremo 116 de 31 de enero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Conducción Peligrosa de Vehículos, Lesiones Graves y Gravísimas en accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, donde ante el recurso formulado por el representante del acusador particular, evidenció que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización de la prueba; aspecto que, atenta el principio de congruencia; consecuentemente, dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: ”Debe quedar ratificado que uno de los principios rectores que informan el nuevo Sistema Procesal Penal, es el de la inmediación de la prueba, constituido en la médula de la producción probatoria, reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia en el proceso penal bajo el sistema acusatorio, sean aquellos colegiados o unipersonales. Así concebido el tema, el Tribunal de Alzada no se encuentra legalmente facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo en consecuencia, circunscribir sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida; en caso, de no encontrar vicios en la sentencia o defectos absolutos durante el desarrollo del proceso penal, deberá declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida, debidamente fundamentada; confirmando la sentencia apelada.


En caso de detectar vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada deberá pronunciar el respectivo Auto de Vista con el fundamento que corresponda al artículo 124 con relación a los artículos 173, 359 y numeral 6) in fine del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal; en consecuencia, aplicará el artículo 413 del nombrado cuerpo legal procesal.


Al conocer el concurso real de delitos, calificado en sentencia, debe tenerse el cuidado de apreciar que aquel es resultado de la valoración y convencimiento directo al que arriba el juzgador que apreció y valoró el hecho, luego de mensurar la conducta del agente con el hecho y sobre todo, la prueba judicializada que conduce a asumir su aplicación, no pudiendo desconocerse tal calificación con una nueva valoración de la prueba, resultado que de ninguna manera puede considerarse como violación a normas sustantivas o adjetivas, así como tampoco de violación a derechos fundamentales o de la garantía constitucional del debido proceso”.


De los precedentes expuestos, se tiene que las doctrinas legales aplicables fueron sentadas; por cuanto, el Tribunal de casación constató que los Autos de Vista entonces recurridos incurrieron en revalorización de la prueba, problemática similar al caso de autos; consecuentemente, corresponde ingresar al análisis de la denuncia.


III.2.          Análisis del caso concreto.


La recurrente, denuncia que el Tribunal de apelación al declarar inadmisible e improcedente su recurso de apelación restringida, le ocasionó grave atentado contra sus derechos civiles, procesales y constitucionales; pues, incurrió en revalorización de la prueba y descendió a los hechos, al argumentar que: i) Su persona, a sabiendas que es lucrativo y prohibido, envió las estampillas, y lo hizo con dolo; y, ii) Que, “(…) DE ACUERDO A TODO LO QUE SE OBSERBADO, VISTO Y ESCUCHADO Y LA ADMISION O ACEPACIÓN EXPRESA DE LA COMISIÓN DEL DELITO…” (sic), afirma que en qué momento el Tribunal de apelación vio, escuchó y de dónde sacó la conclusión de que su persona aceptó la comisión del delito, cuando en su declaración informativa y el acta de juicio, expresó, que al dejar la encomienda, la encargada del “Trans Latina” reviso la misma y se comprometió a cerrar la encomienda, debido a que se encontraba con su hijo, que al no llegar su encomienda fue a reclamar, momento en el cual espero a funcionarios de la FELCN, no pudiendo el Tribunal de apelación descender al examen de los hechos y menos calificar su conducta de dolosa, alegando que la prueba no generaba duda y emitiendo Sentencia condenatoria; en cuyo efecto, se tiene que:


Respecto, a la declaratoria de inadmisibilidad e improcedencia de su recurso de apelación restringida, lo que le ocasionaría grave atentado contra sus derechos civiles, procesales y constitucionales.


Conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia absolutoria, por su parte la imputada formuló recurso de apelación restringida donde acusó, la incongruencia del voto disidente de los jueces técnicos; respecto a lo cual, conforme se extractó en el acápite II.3 de este Auto Supremo, el Tribunal de alzada abrió su competencia alegando que, cuando en una sentencia dictada por un Tribunal colegiado compuesto por jueces técnicos y ciudadanos la última parte del art. 359 del CPP es muy sabio al indicar, que las decisiones se adoptaran por mayoría y que las disidencias obligatoriamente deberán fundamentarse por escrito, tal como ocurría en el caso de autos, aclarando, que los dos jueces técnicos fundamentaron su disidencia y manifestaron su criterio por la condena de la imputada; que al haber declarado la absolución de la imputada por ser la que más favorece a ella, las disidencias simplemente vienen a ser solo un criterio y argumentos propios de los jueces, que no incide en el fondo del asunto; concluyendo que no se puede dejar sin efecto las disidencias a simple petición de la parte agraviada, aspecto por el que declaró admisible e improcedente su recurso.


De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que el Auto de Vista recurrido no declaró inadmisible el recurso de apelación restringida formulado por la recurrente como asevera; sino que declaró admisible, situación por el que ingresó al análisis de fondo de su denuncia, que si bien declaró improcedente su recurso; no obstante, los argumentos que desestimaron la denuncia de la recurrente, no constituyen revalorización de la prueba; puesto que, se limitó a explicar que las disidencias no inciden en el fondo de la Sentencia, argumento que no establece ni tiene como probado un hecho nuevo que no hubiere sido probado en Sentencia; consecuentemente, respecto a este punto, se tiene que el Auto de Vista recurrido no incurrió en contradicción con los precedentes invocados que fueron extractados en el acápite III.1 de este Auto Supremo; puesto que, a tiempo de resolver el recurso de apelación formulado por la recurrente, no incurrió en revalorización de la prueba; por lo que no se advierte atentado contra sus derechos civiles, procesales ni constitucionales como afirma la recurrente, deviniendo el presente punto en infundado.


En cuanto, a la revalorización de la prueba y descenso a los hechos, al argumentar que: i) Su persona, a sabiendas que es lucrativo y prohibido, envió las estampillas y lo hizo con dolo; y, ii) Que, “(…) DE ACUERDO A TODO LO QUE SE OBSERBADO, VISTO Y ESCUCHADO Y LA ADMISION O ACEPACIÓN EXPRESA DE LA COMISIÓN DEL DELITO…” (sic).


Al respecto, corresponde remitirnos a los argumentos de la Resolución recurrida que cuestiona la recurrente a efectos de evidenciar si ciertamente incurrió en revalorización; es así, que conforme se tiene de antecedentes procesales, el Tribunal de alzada ante el recurso formulado por el representante del Ministerio Público que acusó que la sentencia incurrió en una inobservancia de la Ley tanto sustantiva como adjetiva, valoración defectuosa de las pruebas y falta de fundamentación, abrió su competencia y refiriéndose a los elementos constitutivos del tipo penal de Transporte de Sustancias Controladas; alegó que el verbo nuclear sobre el que gira el tipo penal era trasladar o transportar, sobre ello giraba toda la conducta, que además trasladar sustancias controladas y la definición de sustancias controladas viene dada en otro acápite o sea que es sustancias controladas; es decir, el elemento material era transportar sustancias controladas y que a su vez implícitamente lleva el elemento subjetivo; pues la persona que traslade o transportare la sustancia lo hace a sabiendas, quiere decir que busca un fin lucrativo sabiendo que es prohibido, ahí se encontraba el elemento subjetivo, el dolo del agente; que en el presente caso de acuerdo a todo lo que ha observado, visto y escuchado y la admisión o aceptación expresa de la comisión del delito, se presenta claramente el elemento material o verbo nuclear que es transportar sustancias controladas, pues por la prueba ya analizada y valorada por los Jueces Técnicos del Tribunal Cuarto de Sentencia, se ha demostrado fehacientemente por un lado que las sustancias controladas era cocaína pura y que la cantidad total era de 810 gramos, así lo demuestra el informe de acción directa y finalmente el elemento subjetivo que es que la imputada sabía del contenido de la sustancia y que obviamente tiene que conocer qué es lo que estaba o pretendía enviar, porque dicha sustancia despide un olor fuerte característico y para camuflar dicha sustancia dentro de la encomienda tuvo necesariamente que abocarse a ser minuciosa en introducir la cocaína en la encomienda, para que no pueda ser detectada fácilmente por efectivos policiales del FELCN, entonces el elemento subjetivo está claramente demostrado, que lo hizo a sabiendas; es decir, con dolo de que se trataba de sustancias controladas y que la finalidad  era obtener una ganancia económica; es decir, buscaba beneficiarse con dicho transporte con un pago.


En ese ámbito, las afirmaciones identificadas por la recurrente en el Auto de Vista recurrido, evidentemente emergen de una revalorización; toda vez, que el Tribunal de alzada estableció hechos que no fueron fundados como probados en la sentencia, como que la imputada lo hizo a sabiendas y con dolo, además que la misma hubiere aceptado la comisión del delito, afirmaciones, que conforme se extractó en el apartado II.1 de este Auto Supremo, no se encuentran establecidos en los hechos como probados de la Sentencia, consecuentemente se tiene que el Auto de Vista recurrido evidentemente incurrió en contradicción con los precedentes invocados que fueron extractados en el apartado III.1 de esta Resolución; toda vez, que emitió sentencia condenatoria en base a hechos que no fueron tenidos como probados por el Tribunal de Sentencia, constituyendo inobservancia a la naturaleza del recurso de apelación restringida, que no es un medio legítimo para la revalorización de la prueba; por cuanto, en el sistema procesal vigente no existe la doble instancia y los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad; que si bien, esa limitación no significa que el Tribunal de alzada no pueda ejercer la función de examinar la fundamentación probatoria intelectiva de la sentencia y con ello evidenciar si el Juez de primera instancia aplicó o no la sana crítica y que además ofrezca certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso; sin embargo, no puede emitir nueva Sentencia en base a hechos nuevos que no fueron establecidos como probados en la Sentencia como el caso de autos, situación por el que el presente punto deviene en fundado.


Ahora bien, en cuanto a la emisión de la Sentencia condenatoria; al respecto, conforme la amplia jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, que estableció que el Tribunal de alzada está plenamente facultado para corregir la errónea aplicación de la norma sustantiva, lo que de ninguna manera constituye una revalorización de la prueba; empero, siempre en función a los hechos establecidos por el Juez o Tribunal en Sentencia; entendiéndose de ello, que el Tribunal de alzada puede emitir nueva sentencia incluso cambiando la situación jurídica de la imputada, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles; dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano en el caso de autos, conforme se tiene del Auto de Vista recurrido, el Tribunal de alzada emitió nueva Sentencia; puesto que, llegó a la conclusión de que el fallo apelado no se ajustó a las normas procesales vigentes; ya que, se había inobservado la Ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba, la falta de fundamentación y motivación de la sentencia; no obstante, no consideró que al evidenciar la inobservancia la Ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba, correspondía la nulidad de la Sentencia para la reposición del juicio y no directamente emitir nueva sentencia, acto que resulta contrario a los precedentes invocados; toda vez, que el Tribunal de alzada emitió nueva sentencia incurriendo en revalorización de la prueba, aspecto por el que el presente punto deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara  FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rosmery Valencia Rodríguez, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 8 de 30 de marzo de 2016, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo y remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos