TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 256/2018-RRC        

Sucre, 24 de abril de 2018


Expediente                        : Potosí 32/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra 

Parte Imputada                : Martha Beatriz Illanes Virgo

Delito                        : Falsificación de Documento Privado

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 6 y 12 de junio de 2017, cursantes de fs. 1160 a 1169 y 1173 y vta., Elizabeth Leytón Rodríguez y Martha Beatriz Illanes Virgo, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 16/2017 de 10 de mayo, de fs. 1153 a 1156 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Elizabeth Leytón Rodríguez contra Martha Beatriz Illanes Virgo,  por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 200 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 001/2017 de 17 de enero (fs. 917 a 922 vta.), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a la acusada Martha Beatriz Illanes Virgo, autora de la comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados en los arts. 200 y 203 del CP, imponiendo la pena de un año y siete meses de reclusión, con costas a favor del Estado y de la víctima, también la reparación del daño a la víctima, regulables en ejecución de Sentencia, siendo concedido el beneficio del Perdón Judicial.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Martha Beatriz Illanes Virgo, interpuso  recurso de apelación restringida (fs. 1102 a 1115), resuelto por Auto de Vista 16/2017 de 10 de mayo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedente el recurso en parte y confirmó parcialmente la Sentencia, con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto en el art. 203 del CP y la anuló respecto al delito de Falsificación de Documento Privado, tipificado en el art. 200 del CP, disponiendo se realice un nuevo juicio oral, público y contradictorio mediante  reenvío, motivando la formulación del recurso de casación sujeto al presente análisis.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


De los memoriales de recursos de casación y del Auto Supremo 682/2017-RA de 8 de septiembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

I.1.1.1. Del recurso de casación de la acusadora particular Elizabeth Leytón Rodríguez.


La recurrente manifiesta que el Tribunal de alzada falló de forma incongruente al confirmar parcialmente la Sentencia respecto al delito de Uso de Instrumento Falsificado y anular con relación al delito de Falsificación de Documento Privado, disponiendo se realice un nuevo juicio; ya que, sería de imposible cumplimiento, además de contener fundamentos incongruentes y contrarios a la ley en  vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, los principios de congruencia, legalidad, seguridad jurídica, verdad material y garantía del debido proceso en su vertiente de la tutela judicial efectiva.


Es así, que luego de transcribir los motivos de apelación y lo resuelto por el Tribunal de apelación, señala: i) Respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370  inc. 1) del CPP], el Tribunal de apelación afirmó con relación al delito de Falsedad de Documento Privado, que no existía la certeza de la autora material, sin que haya determinado la absolución de la acusada en resguardo de los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material; puesto que, demostrada su culpabilidad en ambos delitos debió merecer una pena o sanción, quedando descartado el concurso de delitos establecido en los arts. 44 y 45 del CP; ya que, el mismo tipo penal encierra la conducta de utilización del documento falso y en el caso de Autos correspondía al Ad quem absolver por el delito de Falsedad de Documento Privado (art. 200 del CP); ii) Con relación a la existencia de errónea aplicación de la ley y vulneración del principio de la sana crítica, en relación a la valoración de una prueba que iría en contra del debido proceso y otros principios procesales fundamentales del proceso penal, derechos y garantías constitucionales y jurisdiccionales, afirma que el Tribunal de alzada resolvió de forma correcta respecto del delito de Uso de Instrumento Falsificado; empero, en cuanto al delito de Falsedad de Documento Privado, no estableció en forma definitiva que ante la prueba insuficiente correspondía la absolución de ese delito en resguardo de los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material; puesto que, en los delitos de falsedad sólo debe merecer una pena, descartándose también el concurso de delitos; y, iii) En cuanto a la parte dispositiva del Auto de Vista impugnado, reitera que es incongruente, de imposible ejecución y cumplimiento, habiéndose vulnerado dice, los principios de legalidad, seguridad jurídica, congruencia y el debido proceso en su vertiente de la tutela judicial efectiva, al confirmar parcialmente la Sentencia condenatoria por el delito de Uso de Instrumento Falsificado, sin tener presente que sobre el delito de Falsedad de documento privado, la orden de que se realice un nuevo juicio sería incorrecta e incongruente, debiendo disponer la absolución de la acusada por ese delito, en respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material, porque conforme a la doctrina jurisprudencial ordinaria y constitucional el mismo tipo penal ya encierra la conducta de utilización del documento falso; en consecuencia, correspondía que se absuelva a la acusada de delito de falsedad de documento privado sin el reenvío del proceso, porque ya no se pueden aportar mayores elementos de prueba, por lo que la parte resolutiva del fallo impugnado es incongruente y contrario a la ley que vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, los principios de congruencia, legalidad, seguridad jurídica, verdad material y debido proceso en su vertiente de la tutela judicial efectiva y que el pretender alargar la duración del proceso, provoca una retardación de justicia e impide acceso a la justicia en un término razonable.


I.1.1.2. Del recurso de casación de la imputada Martha Beatriz Illanes Virgo.


La recurrente alega que el Auto de Vista impugnado, de manera contradictoria y en evidente aplicación indebida de la ley -cita el art. 203 del CP, referido al Uso de Instrumento Falsificado-, sin advertir que aún no existe Sentencia firme sobre la Falsedad del documento que se acusa y que nadie puede ser condenado sin previo juicio, anuló la Sentencia parcialmente encontrándose pendiente el proceso, para determinar la Falsedad del Documento Privado, al no haberse demostrado que el documento sea falso, de modo que tampoco podría existir el uso de instrumento falsificado; ya que, no se demostró la falsedad en Sentencia firme y ejecutoriada, incurriendo en errónea interpretación y aplicación de la ley, que vulnera su derecho a la defensa, acusando que el Auto de Vista es contradictorio, al contar con una indebida aplicación de la ley y falta de valoración de la prueba.


I.1.2. Petitorios.


La acusadora particular solicita se declare fundado su recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, ordenando se pronuncie una nueva resolución conforme la doctrina legal aplicable; en tanto, que la imputada impetra se case la resolución recurrida y sea declarada absuelta de los delitos acusados.


I.2. Admisión de los recursos.


Mediante Auto Supremo 682/2017-RA de 8 de septiembre, cursante de fs. 1194 a 1197, este Tribunal admitió ambos recursos de casación para su análisis ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS A LOS RECURSOS


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Mediante Sentencia 001/2017 de 17 de enero, el Juez Primero de Sentencia de Potosí, declaró a la imputada Martha Beatriz Illanes Virgo, autora de la comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados en los arts. 200 y 203 del CP, imponiendo la pena de un año y siete meses de reclusión, al establecer la existencia de una relación de amistad entre ambas partes y que el 24 de noviembre de 2014, la imputada Martha Illanes buscó a la acusadora Elizabeth Leytón en su domicilio, a solicitarle un préstamo de Bs. 50.000.- por un mes y con los intereses respectivos para cubrir una obligación, ofreciendo como garantía un lote de terreno de su propiedad sito en Tarapaya y la garantía personal de Tatiana Domínguez; sin embargo, pasado el mes y más tiempo, la acreedora reclamó el pago y al no lograr resultado alguno es que en marzo de 2015, inició un proceso ejecutivo para recuperar el dinero y siendo notificada la imputada con el proceso civil, al verse sorprendida con el proceso y siendo dueña de un cuaderno de anotaciones cuadriculado que tenía en su propiedad que recibió de CADECO, hizo un recibo cual si ya hubiese pagado a la acusadora el monto prestado anotando con su puño y letra, por un lado Bs. 10000 y por otro $us. 5000.-, además hizo una firma de la acusadora para hacer creer que hubiese pagado a conformidad esa suma. Es decir, falsificó la firma de la acusadora en el recibo que es totalmente privado al ser un cuaderno de anotaciones de su propiedad; toda vez, que en esa misma hoja del recibo constan otras anotaciones de otras personas y posteriormente usó el recibo en estrados judiciales a sabiendas que ese documento era falso, pues siendo notificada con el proceso civil, la imputada respondió la demanda y presentó el documento privado falsificado para ofrecer como prueba de una excepción de pago que finalmente fue declarada improbada; en cuyo mérito, se emitió la sentencia y el respectivo Auto de Vista de la Sala Civil, que salió a favor de la acreedora y que al ser secuestrado el recibo del Juzgado Civil y sometido a pericia, quedó demostrado que la firma que aparecía en el recibo no correspondía a la acusadora, causándole un perjuicio; toda vez, que a la fecha la imputada no pagó la deuda ni los intereses  e inició un proceso civil y otro penal, que conllevan en pagar a los abogados que los atienden.


II.2.        Del recurso de apelación restringida y su resolución.


       La imputada Martha Beatriz Illanez Virgo formula recurso de apelación restringida, alegando sustancialmente que el Juez de Sentencia no aplicó el mandato de los arts. 124 y 173 del CPP, pues las conclusiones que asumió eran las aseveraciones y supuestos que siempre mantuvo la parte acusadora, lo que generó una errónea aplicación de la ley y que durante la causa se realizó un estudio pericial, que no estableció nada en relación a los delitos atribuidos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado; ya que, el estudio fue realizado por un perito que no era idóneo para realizarlo, otorgándose a la pericia un valor abismal.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí, a través de la resolución recurrida declaró procedente en parte el recurso de apelación formulado por la imputada y en el fondo confirmó parcialmente la sentencia con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado y respecto al delito de Falsificación de Documento Privado, anuló la sentencia disponiendo se realice un nuevo juicio oral, público y contradictorio, al concluir que la conducta de la imputada no podía subsumirse al tipo penal previsto en el art. 200 del CP, al no existir elementos idóneos que acrediten que la acusada haya falsificado el documento en cuestión, pero que se subsumía al art. 203 del CP, al establecerse que dicho documento fue utilizado por la imputada en un proceso civil ejecutivo causando perjuicio a la querellante, enfatizando además que la prueba pericial fue valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica por el juez de la causa, pero con relación al segundo delito.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el caso presente, la acusadora particular denuncia que el Tribunal de alzada de manera incongruente, resolvió confirmar la sentencia parcialmente respecto al delito de Uso de Instrumento Falsificado y anular con relación al de Falsificación de Documento Privado, disponiendo se realice un nuevo juicio, que sería de imposible cumplimiento, cuando correspondía en todo caso la absolución de la imputada respecto al segundo delito acusado; por su parte, la parte imputada denuncia que el Auto de Vista de manera contradictoria incurrió en evidente aplicación indebida del art. 203 del CP, sin advertir la inexistencia de una sentencia firme sobre el delito de Falsedad del documento, por lo que al no haberse demostrado que el documento sea falso, tampoco podría existir el Uso de Instrumento Falsificado, correspondiendo ante la admisión de los recursos de casación presentados, resolver las problemáticas planteadas.


II.1.        En cuanto al recurso de casación de la acusadora particular.


A los fines de resolver el recurso planteado por la acusadora particular Elizabeth Leytón Rodríguez, en principio es necesario identificar los motivos que fueron planteados por la parte imputada en su recurso de apelación restringida formulado contra la sentencia condenatoria emitida en la presente causa, estableciéndose que en el referido medio de impugnación se alegó en primer lugar que el Juez de Sentencia no aplicó el mandato de los arts. 124 y 173 del CPP, pues las conclusiones que asumió eran las aseveraciones y supuestos que siempre mantuvo la parte acusadora, en sentido de que falsificó el manuscrito en cuestión, lo que llegaba al absurdo; ya que, sólo exhibió un documento que demostraba el pago descrito y que en el proceso en cuestión le exoneraba de culpa y que no se dedicó a fraguar un documento como sostuvo el juez de origen que emitió la sentencia sin haberse probado ese extremo en el juicio oral, siendo por lo tanto la aseveración del juzgador vulneradora del principio del debido proceso, además de resultar malintencionada y contraria al principio de la sana crítica, generando una errónea aplicación de la ley, al valorarse supuestos y afirmaciones en relación a que fue quien falsificó el documento cuestionado, cuando estos aspectos no fueron probados en el juicio de forma objetiva, más cuando se advertía que el Juez de origen no motivó la sentencia con base a las pruebas que fueron introducidas al acto de juicio y sólo se valió de afirmaciones y supuestos, sin sustento legal y documental.

En el segundo motivo de apelación restringida, la imputada  reclamó que durante la causa se realizó un estudio pericial, que de acuerdo a su contenido estableció que en el recibo elaborado en una hoja de cuaderno membretado, la firma de la acusadora Elizabeth Leytón Rodríguez y otros datos, serían fraguados, pero no dijo nada en relación a los delitos atribuidos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado; ya que, el estudio fue realizado por un perito que no era idóneo, además de no demostrar que fue quien realizó la supuesta falsificación del documento cuestionado, por lo que debió aplicarse el principio pro in dubio reo. En el mismo motivo, la imputada también denunció la vulneración del sistema de la sana crítica y valoración individual y conjunta de la prueba, al haber sido mal aplicado en el momento de la valoración probatoria, al otorgarse un valor abismal a un estudio pericial que sólo refería que el documento cuestionado era falso sin determinar quién lo falsificó, además que el documento quedó inutilizado para proponer otro estudio pericial, con el fin de establecer la veracidad de las afirmaciones que asumió como conclusiones el perito de parte, pues al no resultar idóneo dejó el documento inservible para la elaboración de otra pericia.


Este recurso inicialmente fue observado por el Tribunal de Alzada a través de la Resolución de 24 de marzo de 2017 de fs. 1145 por la falta, entre otros aspectos, de referencia a los defectos concurrentes en la sentencia tal cual contempla el art. 370 del CPP; en cuyo mérito, mediante memorial de 3 de abril de 2017, la parte imputada expresó que los defectos estaban referidos a la valoración en la sentencia de afirmaciones y supuestos no demostrados durante la sustanciación del proceso penal y errónea aplicación de la ley. 


Es así que, el Tribunal de alzada declaró procedente en parte el recurso de apelación formulado por la imputada y en el fondo confirmó parcialmente la sentencia con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado y la anuló respecto al delito de Falsificación de Documento Privado, disponiendo se realice un nuevo juicio oral, público y contradictorio, al asumir respecto al primer motivo de apelación que ciertamente se demostró según la sentencia, que el documento en cuestión -un manuscrito realizado en una hoja de cuaderno membretado con la sigla Cámara Departamental de la Construcción, con la afirmación de Ely (dev. Capital) P.26-01-15 5000 y $us. y Bs. 1000.- y una firma supuestamente estampada por Elizabeth Leytón- era falso y que dicho documento fue utilizado por la imputada Martha Beatriz Illanes Virgo en un proceso civil ejecutivo, causando perjuicio a la acusadora por el resultado de ese proceso, por lo que no existía prueba alguna que acredite que la imputada Martha Beatriz Illanes Virgo haya realizado o efectuado la falsificación del documento en cuestión; por cuanto, la “Pericia documentológica” realizada, no establecía de ninguna manera que la acusada haya falsificado dicho documento, pues en sus conclusiones determinó que los rasgos de la firma y rúbrica de Elizabeth Leytón no correspondían a la estampada en el documento en cuestión; asimismo, refirió que existió sobreposición y adulteración en el manuscrito especialmente en las cifras No 5 de las líneas 1, 2, 9, 12 del anverso del documento, también señaló haberse realizado cromatografía, que determinó que los números cinco del manuscrito en lo que concierne a los rasgos propios, fueron realizados con diferentes tonos de color de tinta, por lo cual los elementos escriturales fueron distintos y que la forma correspondía a un documento original cuya imitación era servil. Con base a estos datos, el Tribunal de apelación concluyó que la conducta de la imputada no podía subsumirse al tipo penal previsto en el art. 200 del CP, al no existir elementos idóneos que acredite que la acusada haya falsificado el documento en cuestión, existiendo simplemente la declaración de la querellante que no estaba corroborada con otro elemento de prueba; a contrario sensu, concluyó que la acusada subsumió su conducta el delito previsto en el art. 203 del CP, al establecerse que el documento en cuestión fue utilizado por la imputada en un proceso civil ejecutivo causando perjuicio a la querellante, pues la sentencia en ese proceso civil ejecutivo salió a favor de la imputada, siendo ciertos los agravios de la apelación en relación a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, establecida en el art. 200 del CP.


Con relación al segundo motivo de apelación, previa reiteración de las conclusiones contenidas en la pericia documentológica, el Tribunal de alzada sostuvo que podía colegirse que el documento en cuestión era falso y efectivamente el perito no estableció quién es o sería el o la responsable de la falsedad del documento cuestionado de falso y esta prueba pericial fue valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica por el Juez de la causa, pero con relación al delito previsto en el art. 203 del CP, al establecerse en el juicio que el documento tachado de falso fue utilizado por la imputada en un proceso civil ejecutivo causando perjuicio a la querellante, pues la sentencia no salió a su favor sino de la imputada; empero, con relación al tipo penal de Falsificación de Documento Privado, no existía elemento idóneo que acredite que la imputada haya falsificado el documento, simplemente existía la declaración de la querellante que señaló que la acusada falsificó dicho documento y su firma, sin estar corroborada por otro elemento de prueba, añadiendo que la pericia documentológica, ciertamente no indicaba quién fue la persona que realizó la falsificación del documento.


En cuanto al cuestionamiento de que de los estudios debían ser efectuados por los peritos del IDIF, no existía norma concreta al respecto y en cuanto a que fue realizado por un perito que no era idóneo, el perito presentó documentación pertinente que acreditaba sus conocimientos en la realización de pericias; por otra parte, la parte apelante tuvo la oportunidad de nombrar su perito para contrarrestar las conclusiones de la pericia, pero no lo hizo oportunamente debido a su negligencia, no siendo ese aspecto atribuible a la autoridad jurisdiccional, siendo la pericia debidamente valorada por el juez de origen con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado, no siendo cierta la vulneración a las reglas de la sana crítica, conforme la previsión del art. 173 del CPP.


Estos datos demuestran que si bien en el recurso de apelación restringida la parte imputada no precisó algún inciso de los previstos por el art. 370 del CPP, para sostener su alzada y el Tribunal de apelación tampoco identificó la norma a la cual se inscribía el defecto detectado, se establece del análisis realizado del Auto de Vista recurrido, que el motivo que fundó la decisión de confirmar parcialmente la sentencia y anularla en los mismos términos, fue el establecido en el art. 370 inc. 1) del CPP, que prevé como uno de los defectos de sentencia: “La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva”, conclusión que emerge incluso de la propia puntualización que efectuó el Tribunal de alzada al concluir que eran ciertos los agravios argüidos por la imputada con relación a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva establecida en el art. 200 del CP.


               Ahora bien, efectuada esta precisión debe tomarse en cuenta que este Tribunal de manera reiterada y uniforme, ha sostenido que el actual sistema procesal penal garantiza la no revalorización de prueba por el tribunal de alzada al resolver los recursos de apelación restringida, menos el establecimiento o modificación de los hechos, dada la característica de intangibilidad que tienen los hechos establecidos en sentencia, no siendo permisible en apelación el descenso al examen de los hechos y la prueba; por cuanto, el único que tiene la posibilidad de valorar la prueba y a partir de ello establecer la verdad histórica de los hechos (verdad material), es el Juez o Tribunal de Sentencia, al gozar de la inmediación que tiene con las partes y la prueba, que le permite formar un criterio, lo más cercano posible, de lo que pasó en el hecho investigado, posibilidad del que está desprovisto el Tribunal de alzada; esto implica, que al no tener la facultad de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente está impedido de cualquier posibilidad, mediante una nueva valoración probatoria y consiguiente modificación o alteración de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia, cambiar la situación jurídica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa.


Sin embargo, no es menos cierto que este Tribunal vislumbró una subregla en el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004, que precisó el siguiente entendimiento: ”Lo anterior no debe ser entendido en sentido que jamás el Tribunal de Apelación restringida pueda hacer uso de la facultad expresamente permitida por la última parte del art. 413 del Código de Procedimiento Penal, para aquellos casos en los que puede resolver directamente, esto es, en los casos que resulta evidente la no realización del juicio de reenvío, cuando por ejemplo, el error en la aplicación del derecho es tan evidente que no requiere prueba de ninguna clase para asumir la decisión en contrario”.


En ese sentido, puede advertirse que la determinación asumida por el Tribunal de alzada se fundó en el hecho de que la pericia presentada como prueba de cargo dentro del proceso penal, no estableció de ninguna manera que la imputada haya falsificado el documento en cuestión sin que exista un elemento idóneo que acredite ese extremo, entendimiento que si bien resulta coherente con los datos que refleja la sentencia; en cuanto, a las conclusiones destacadas de la pericia realizada en el proceso, tal como asevera la parte recurrente, la determinación de reenvío de la causa sólo por el delito de Falsificación de Documento Privado, resulta de imposible cumplimiento, entiende esta Sala Penal respecto a la imputada, al no vislumbrarse un resultado diferente al asumido por el propio Tribunal de alzada, a partir del criterio de que el reenvío de la causa no implica la posibilidad de ofrecer otras pruebas, sino sólo aquellas que fueron ofrecidas en los actos preparatorios del juicio anulado; es decir, las conclusiones contenidas en la pericia realizada en la causa no se verían modificadas en términos de identificar a la imputada como autora del delito de Falsedad, de modo que la decisión de reenvío supondría poner por segunda vez en funcionamiento todo el aparato de justicia penal en la presente causa, de forma innecesaria para llegar irremediablemente al mismo resultado.


De otra parte, el Tribunal de alzada al anular parcialmente la sentencia con relación al delito previsto por el art. 200 del CP, no consideró la imposibilidad de sancionar al mismo sujeto, como autor de un delito de Falsedad y también de Uso, conforme se tiene establecido en la doctrina expresada entre otras, en el criterio del profesor español Francisco Muñoz Conde, al señalar que: “La falsificación de un documento desemboca naturalmente en su uso. Por eso, si el uso es llevado a cabo por el propio falsificador, es un acto posterior impune.


El Código castiga el uso llevado a cabo por el no falsificador si es para perjudicar a otro o si lo presenta en juicio. La primera modalidad se incrimina en razón del perjuicio económico que puede causarse.” (Derecho Penal Parte Especial, pag. 706).


Este criterio también es asumido por Carlos Creus, que haciendo referencia a la autoría de falsificación y uso de documento falso refiere lo siguiente: “El principio general que aquí se ha dado por reconocido, es que el tipo del art. 296 no contempla la conducta del que falsificó y después usa del documento falsificado; por lo tanto, se da una situación de concurso aparente: las distintas figuras de falsificación documental y la de uso de documento falso, se excluyen entre sí cuando están constituidas por conductas del mismo sujeto”, para finalmente concluir: “Queda, pues, fuera de discusión, que el autor de falsificación que a la vez usa el documento, n o puede ser castigado al mismo tiempo por aquella falsificación y por este uso; únicamente puede serlo por el primer delito” (Falsificación de documentos en general, pag. 203 y 204)      

Lo que implica, que la decisión del Tribunal de alzada resulta incongruente al disponer la anulación parcial de la sentencia emitida en la causa por el delito de Falsedad, con base a la existencia de una errónea aplicación de la norma sustantiva ante la falta de acreditación probatoria que la imputada forjó el recibo en cuestión, cuando en todo caso, en aras de garantizar una tutela judicial efectiva y evitar dilaciones innecesarias en la causa, le correspondía ejercer la facultad prevista por el art. 413 última parte del CPP, razón por la cual el presente recurso deviene en fundado.


III.2.        Con relación al recurso de casación interpuesto por la parte imputada.


En el caso de este recurso de casación, se tiene que la imputada cuestiona el hecho de que el Tribunal de alzada hubiese soslayado la inexistencia de sentencia firme respecto al delito de Falsedad, desconociendo que nadie puede ser condenado sin previo juicio; al respecto, debe enfatizarse que la sentencia emitida en la presente causa, a partir del análisis efectuado del peritaje realizado durante la tramitación del proceso, claramente estableció que la firma que aparece en el recibo en cuestión no corresponde a la acusadora Elizabeth Leytón Rodríguez  y que dicho documento fue utilizado por la imputada en el proceso ejecutivo iniciado en su contra, motivo por el cual conforme se detallara en el acápite anterior de este fallo, el Tribunal de alzada concluyó en la inexistencia de los defectos de sentencia denunciados por la imputada con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado; lo que implica, que en el análisis efectuado por el Tribunal de alzada no existe duda alguna sobre la falsedad del recibo en cuestión y su posterior uso, en este último caso por la imputada Martha Beatriz Illanes Virgo.


En ese sentido, debe considerarse, tal como lo advirtiera el Auto Supremo 055/2014-RRC de 24 de febrero, que el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado se encuentra incluido dentro de las normas penales que protegen el bien jurídico Fe Pública y tiene estrecha relación con los diferentes tipos penales de falsedad previstos en el capítulo relativo a la “Falsificación de Documentos en General” del Código Penal, a saber: Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Falsedad Ideológica en Certificado Médico, pues el verbo rector del tipo penal es hacer uso de un documento falso, lo que remite necesariamente a los delitos señalados. Sin embargo, esta remisión no importa, como condición o elemento configurativo del tipo penal, que previamente se acredite la autoría del documento falso en cuestión y menos que el autor del delito de Uso de Instrumento Falsificado sea condenado previamente o al mismo tiempo, como autor de la falsedad; es decir, del forjado del documento falso o adulterado, pues el referido precepto normativo penal, está dirigido a castigar precisamente la conducta de agentes que no han intervenido en la elaboración del documento falso, pero que hacen uso de él, de ahí que no puede existir, por ejemplo, concurso de los delitos de falsedad (sea material o ideológica) con el uso de dicho documento, porque a la conducta del agente que labró el documento, no le alcanza el tipo penal de Uso. Esto es, porque la condición configurativa del tipo penal de los delitos de falsedad es el perjuicio; por tanto, el mismo tipo penal ya encierra o cubre la conducta de utilización del documento falso; al contrario, el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado está dirigido exclusivamente a la conducta del tercero que no intervino en el forjado, pero que utilizó un documento falso, teniendo conocimiento que no era auténtico o verdadero.


Por lo referido, la parte imputada no puede alegar en primer término la existencia de vulneración a su derecho a la defensa, al advertirse de los datos del proceso que fue ejercido ampliamente en la tramitación de la causa y en particular durante el acto de juicio, donde tuvo oportunidad de formular sus alegatos en los momentos procesales establecidos por la norma, interrogó a los testigos de cargo y tuvo oportunidad de ofrecer y producir prueba que resulte conveniente a su estrategia de defensa; y menos puede sostener en segundo término, la existencia de contradicción en el contexto de su reclamo, pues acreditada como fue en el análisis del Juez de sentencia, la falsedad del documento en cuestión, siendo corroborada por el Tribunal de alzada que incluso relievó en el Auto de Vista impugnado que la imputada reconoció expresamente que sólo exhibió el documento falso por la pericia realizada- que demostraba el pago descrito y que en el proceso le exoneraban de culpa, concluyó en la inexistencia de errónea aplicación de la norma y vulneración a las reglas de la sana crítica respecto al delito de Uso de Instrumento Falsificado, respecto al cual no existe óbice en la imposición de la sanción prevista en la norma sustantiva por la falta de una sentencia que acredite la autoría en el delito de falsedad; de modo que, el recurso de casación formulado por la parte imputada deviene en infundado.


POR TANTO

                               

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación formulado por Elizabeth Leytón Rodríguez, de fs. 1160 a 1169 e INFUNDADO el planteado por Martha Beatriz Illanes Virgo, de fs. 1173 y vta.; en consecuencia, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 16/2017 de 10 de mayo, de fs. 1153 a 1156 vta., determinando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida; para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos