TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 255/2018-RRC

Sucre, 24 de abril de 2018


Expediente        : Santa Cruz 88/2017

Parte Acusadora        : Ronald Adalid Velasco Cáceres

Parte Imputada        :        Jasmani Yépez Guzmán y otro

Delito                : Estafa

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de mayo de 2017, cursante de 1277 a 1282, Eugenio Mariscal Arteaga, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 26 de 17 de marzo de 2017, de fs. 1208 a 1213 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Ronald Adalid Velasco Cáceres en representación de Agrobolivia Ltda., contra Jasmani Yépez Guzmán y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 de Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 22/16 de 21 de octubre de 2016 (fs. 1038 a 1062), el Juez Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Jasmani Yépez Guzmán y Eugenio Mariscal Arteaga, autores y responsables de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo a cada uno la pena de cuatro años de reclusión, más costas y reparación del daño.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Jasmani Yépez Guzmán (fs. 1160 a 1163) y Eugenio Mariscal Arteaga (fs.1187 a 1190 vta.), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 26 de 17 de marzo de 2017, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien declaró inadmisible el recurso de Jasmani Yépez Guzmán y admisible e improcedente el recurso de Eugenio Mariscal Arteaga. Por Resolución 108 de 12 de mayo de 2017 (fs. 1216 y vta.), fue aceptada la solicitud de Complementación presentada por Agrobolivia, representada por Adalid Velasco Cáceres y se condenó en costas a los apelantes, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 019/2018-RA de 1 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Denuncia incongruencia omisiva en el Auto de Vista, porque en ninguna parte de la referida Resolución se habla sobre el punto cinco de su recurso de apelación restringida; sin considerar que el Tribunal de alzada tenía la obligación de fundamentar todas y cada una de las cuestiones planteadas en la impugnación de la Sentencia observando el principio de certeza y tutela judicial efectiva; en ese sentido, resulta que como prueba del supuesto hecho delictivo que sirvió de base para que se le condene a cuatro años de cárcel, por el supuesto delito de Estafa, al margen que existe un contrato de reconocimiento de deuda, pruebas que sirvieron para condenarle; sin embargo, en el Auto de Vista impugnado no se pronuncia; en cuanto, al punto cinco de su apelación referente a la errónea aplicación de la ley sustantiva del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, establece que conforme a los datos de la investigación.


  1. Refiere que el Auto de vista no advirtió la existencia de errónea aplicación de la imposición de la pena, porque al imponerle cuatro años de reclusión no se realizó una interpretación correcta de los alcances de los arts. 37, 38 y 40 del CP, para determinar los años de condena y pese a que en su recurso de apelación restringida señaló Sentencias Constitucionales que hace a dicha temática, de la que expresó que demostrar que no se cumplió con los presupuestos establecidos en los arts. 37, 38 y 40 del CP, al evidenciar que la Sentencia incurrió en esos defectos porque no respetó el debido proceso, pese a ello el Auto de Vista recurrido señala que la Sentencia se dictó en apreciación de las pruebas, estableciendo el ilícito y los fines de la pena, tomando en cuenta que esta determinación es facultad privativa del Tribunal de instancia, además de regirse por las reglas de la sana crítica, donde se considera la más apropiada para el caso, la mayor gravedad del hecho, las circunstancias y consecuencias del delito según las agravantes y atenuantes, valoraciones y consideraciones que escapan a la revisión del Tribunal de alzada.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó que deliberando en el fondo, se disponga la nulidad de la Resolución impugnada, ordenando se dicte un nuevo Auto de Vista.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 019/2018-RA de 1 de febrero, cursante de fs. 1306 a 1310 este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Eugenio Mariscal Arteaga, para el análisis de fondo ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 22/16 de 21 de octubre, el Juez Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Jasmani Yépez Guzmán y Eugenio Mariscal Arteaga, autores de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP; en base a los siguientes argumentos:


  1. Se evidenció que Jasmani Yépez Guzmán, era funcionario de Agrobolivia Ltda. y se desempeñaba como encargado de la sucursal “El Abasto”, mismo que tramitó en fecha 10 de noviembre de 2011, una solicitud de crédito comercial a favor del co-imputado Eugenio Mariscal Arteaga por la suma de $us. 250.000.00.-.


  1. La solicitud de crédito a favor de Eugenio Mariscal Arteaga solicitada por Jasmani Yépez Guzmán como encargado de la sucursal “El Abasto”, fue negada por el comité de crédito compuesto por el Gerente Financiero Gabriel Bejarano Jáuregui, el Gerente Administrativo Cristian Zelaya, el Gerente Comercial Marco A. Estremadoiro y el Asesor Legal Boris Mercado Ferrufino, por no cumplir los requerimientos de política de crédito.


  1. Pese a la resolución de fecha 10 de noviembre de 2011, emitida por el comité de crédito y que niega la otorgación del crédito solicitado, Jasmani Yépez Guzmán efectuó entregas de diferentes productos agrícolas a favor de Eugenio Mariscal  Arteaga.


  1. Se evidenció que entre Jasmani Yépez Guzmán y Eugenio Mariscal Arteaga, existía una relación de parentesco.


  1. La entrega de productos agrícolas por parte de Jasmani Yépez Guzmán y Eugenio Mariscal Arteaga, se inicia el 29 de diciembre de 2011 y concluye el 22 de agosto de 2012, luego de efectuarse entregas en diferentes oportunidades.


  1. Jasmani Yépez Guzmán, tenía bajo su poder y control, la administración de los productos agrícolas que entregó a Eugenio Mariscal Arteaga; aspecto que, llevó a la administración de Agrobolivia Ltda., demorar en cubrir los actos ilegales en los que incurrieron los citados imputados.


  1. Jasmani Yépez Guzmán y Eugenio Mariscal Arteaga, de manera coordinada, planificada y mediante engaños y artificios, han logrado actos de disposición patrimonial, provocando un  grave perjuicio económico.


  1. Los imputados Jasmani Yépez Guzmán y Eugenio Mariscal Arteaga, obraron de forma dolosa al tener dominio de hecho sobre las cosas; en el caso de Jasmani Yépez Guzmán, en su condición de funcionario de la empresa Agrobolivia Ltda. y encargado de la sucursal “El Abasto”, tenía bajo su administración y responsabilidad la disposición de los productos agroquímicos que entregó al co-imputado Eugenio Mariscal Arteaga, quien reconoció haber sacado los productos sin cancelar un solo peso a la citada empresa, existiendo una disposición patrimonial como parte del ardid de obtener mayor beneficio económico, al extremo que los bienes declarados como activos para obtener el crédito por parte de Eugenio Mariscal Arteaga, tales como la propiedad La Herradura y la vagoneta Mitsubishi negra modelo 99, no se encuentran registrados a nombre del citado imputado.

 

II.2.        De los recursos de apelación restringida.


       Contra la referida Sentencia, ambos imputados interpusieron respectivamente recursos de apelación restringida Eugenio Mariscal Arteaga, argumentó que:


  1. El Juez de mérito no valoró los testigos de cargo Hugo Cristian Zelaya Durán y Boris Alfonso Mercado Ferrufino, que reconocen la existencia de deuda de su persona con Agrobolivia; de igual forma, refiere que tampoco se tomó en cuenta el documento de reconocimiento y compromiso de pago y demanda de medida preparatoria; ya que, durante todo el juicio hubiere reconocido la obligación adquirida.


  1. La Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, refiere el apelante que se abocaron a considerar los elementos que constituyen el delito de Estafa, sin considerar la inexistencia de prueba plena, fehaciente e irrefutable.


  1. Acusa el defecto de Sentencia, previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, al no establecer el Juez de Sentencia cuáles son los hechos o pruebas que provocaron en la sana crítica el pleno convencimiento de que el hecho se hubiera producido y que su persona tenía la intención de no cumplir con su obligación.


  1. Señala también que la Sentencia es contradictoria y basada en hechos no acreditados por la acusación en juicio oral, porque no se hubiere demostrado que su persona no cumplirá con la obligación de pagar la deuda; por el contrario, refiere que tiene una letra de cambio y una demanda preliminar en la vía civil.


  1. Indica que la Resolución de mérito viola el principio de tipicidad; toda vez, que el Juez de Sentencia no calificó el hecho ilícito correctamente; ya que, para su tipificación tiene que haber necesariamente el dolo y la intención, elementos que en el criterio del apelante no existen al reconocer su obligación con la deuda.


  1. El Juez de Sentencia no valoró los elementos o circunstancias especiales del caso, al emitir hacer referencia a las atenuantes especiales, previstas por los arts. 38 y sgtes. del CPP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emite el Auto de Vista 26/2017 de 17 de marzo, que declara inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto por Jasmani Yépez Guzmán y admisible e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Eugenio Mariscal Arteaga, confirmando la Sentencia 22/16 de 21 de octubre, señalando entre sus argumentos lo siguiente.


  1. Sobre la supuesta falta de otorgación del valor al documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago, el Juez de mérito individualizó e identificó 79 pruebas documentales de cargo, entre las cuales no se encuentra la documental referida por el recurrente; asimismo, respecto a la declaración del testigo Hugo Cristian Zelaya Durán, es suficiente para llegar a la conclusión de que entre ambos imputados existía una relación de parentesco que generó confianza para cometer en forma conjunta el ilícito de Estafa.


  1. Respecto al defecto de Sentencia establecido en el inc. 4) del art. 370 del CPP, el reclamo del recurrente no tiene asidero legal ni argumentativo, al denunciar su agravio de forma genérica y sin argumentos precisos y claros.


  1. En cuanto, al defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, el recurrente debió otorgar mayores elementos de juicio puntualizando su reclamo; sin embargo, se observa que el Juez de mérito realiza una relación doctrinaria del ilícito penal de Estafa, para posteriormente ingresar a la subsunción de los hechos y de la conducta de los acusados al citado tipo penal.


  1. Respecto a que la Sentencia se hubiere basado en hechos no acreditados, que el caso se trata de una obligación de naturaleza civil y que el juzgador hubiere incurrido en una errónea calificación de los hechos, el Tribunal de alzada ya se pronunció con anterioridad a todos y cada uno de los puntos cuestionados, remitiéndose a lo anteriormente resuelto; asimismo, el recurrente incurre en falta de fundamentación al denunciar la supuesta falta de dolo en la comisión del hecho delictivo, sin señalar el por qué.


  1. El recurrente se limitó a citar y transcribir los arts. 38 y 39 del CPP, sin expresar de manera clara qué parte de estas normas es la que omitió aplicar el Juez de mérito a momento de imponer la pena; el Juez de Sentencia estableció una fijación de la pena correcta, analizando correctamente las circunstancias y atenuantes especiales en cuanto a la aplicación judicial de la pena.


III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL RECURRENTE


Precisados los motivos, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva al no resolver el quinto motivo del recurso de apelación restringida de Eugenio Mariscal Arteaga y si la citada Resolución de alzada no advirtió la existencia de errónea aplicación de la imposición de la pena, la cual no hubiere interpretado correctamente los alcances de los arts. 37 y siguientes del CP. En consecuencia, corresponde resolver las problemáticas planteadas conforme a los límites establecidos en el Auto Supremo 019/2018-RA de 1 de febrero.


III.1.        De la falta de pronunciamiento del Tribunal de alzada en cuanto a la aplicación de la pena.


El imputado Eugenio Mariscal Arteaga, denunció en casación que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a tiempo de resolver el Auto de Vista 26 de 17 de marzo de 2017, omitió  resolver el último punto de su recurso de apelación restringida concerniente  a la aplicación de la pena.


Respecto al presente agravio, este Tribunal ha precisado que se incurre en el defecto de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada mediante Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “(…) En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.


De ello, se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente, que su función de control debe abocarse a responder a todos los puntos denunciados por los recurrentes, lo contrario sería incurrir en incongruencia omisiva, vulnerando el debido proceso ante el incumplimiento de la exigencia del art. 398 del CPP.


De la revisión de antecedentes del cuaderno procesal, se advierte que en el recurso de apelación restringida interpuesto por el ahora recurrente, acusa de manera concreta que “el Juez de Sentencia NO valoro los elementos o circunstancias especiales del caso estos aspectos lo prescribe en los artículos 39-39…” (sic); aspecto que, mereció por parte del Tribunal de apelación establecer en su “Considerando V” acápite “Apelación restringida interpuesta por el acusado Eugenio Mariscal Arteaga”  -último párrafo-, que para fijar la pena de 4 años de reclusión impuesta, el Juez de Sentencia apreció la personalidad de los imputados, considerando que ambos tenían familia e hijos y pronunciándose respecto al factor edad; en cuanto, a que los mismos comprendían el hecho jurídico cometido, considerando además que estos no cuentan con antecedentes penales; de igual forma, el Juez de mérito consideró la gravedad del hecho al haberse consumado mediante actos premeditados y las consecuencias del delito que ocasionaron el grave daño económico a la empresa Agrobolivia en la suma de $us.- 250.000-., arribando a la conclusión que el Tribunal de apelación afirmó que el Juez de mérito estableció una pena correcta analizando debidamente las circunstancias y atenuantes especiales en cuanto a la aplicación judicial de la pena. Descartándose por consiguiente que el Tribunal de alzada hubiese incurrido en incongruencia omisiva respecto al último punto apelado, más aún se advierte que el Auto de Vista 26, observó que el recurrente se limitó a citar y transcribir los arts. 38 y 39 del CP, sin expresar de manera clara qué parte de estas nomas es la que omitió aplicar el Juez de mérito a momento de imponer la pena.


En ese marco, no es evidente que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, omitió pronunciarse sobre el agravio planteado en alzada por el recurrente Eugenio Mariscal Arteaga concerniente a las circunstancias y atenuantes especiales, ni se demostró vulneración al principio tantum devolotum quatum apellatum; en consecuencia, el motivo analizado deviene en infundado.


III.2.        Respecto a la denuncia de errónea aplicación e imposición de la pena.


       Por otro lado, se denuncia que al imponerse la pena no se fundamentó en derecho; puesto que, al habérsele condenado con una pena privativa de libertad de cuatro años, “no se ha efectuado una interpretación de los alcances de los arts. 37, 38 y 40 del Código Penal”, complementando lo mencionado con el desconocimiento de cuáles serían los parámetros o circunstancias que se consideraron para la determinación de la pena que le fue impuesta.


Al respecto, previo al análisis correspondiente de este agravio, es preciso señalar que este máximo Tribunal de justicia estableció -en cuanto a requisitos en el contenido de la impugnación- mediante Auto Supremo 313/2016-RRC de 21 de abril, que al denunciar el recurrente la errónea aplicación de la ley sustantiva, debe fundamentar en forma clara y expresa a qué componente se hubiere adecuado el defecto denunciado, indicando qué norma sustantiva es la que debe aplicarse.


En el caso de Autos, se constata que el recurrente al momento de denunciar en casación la errónea aplicación de la ley sustantiva con relación a los arts. 37 y sgtes. del CP, no formuló su  pretensión de manera clara, expresa y fundamentada, limitándose a formular un cuestionamiento escueto y genérico; pese a ello, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que el Juez Octavo de Sentencia Penal estableció en la Sentencia 22/16, bajo el acápite de “Apreciación de la personalidad de los acusados Jasmani Yépez Guzmán con C.I. Nº 4726013 y Eugenio Mariscal Arteaga con C.I. Nº 3893257 S.C. y determinación judicial de la pena.”, que a ambos imputados los precede una conducta voluntaria y culpable en la comisión del ilícito de Estafa; asimismo, se consideró que tanto Jasmani Yepez Guzmán como el ahora recurrente no cuentan con antecedentes penales y la capacidad de ambos ciudadanos para comprender el hecho antijurídico cometido, circunstancias que a criterio del Juez no justifican la imposición de la pena mínima prevista por el art. 335 de la norma sustantiva penal. Por otro lado, tomó en cuenta la naturaleza del hecho y los medios empleados para la entrega de los productos agrícolas mediante artificios y engaños al imputado Eugenio Mariscal Arteaga, deviniendo en consecuencia el menoscabo del patrimonio de la empresa Agrobolivia Ltda. Finalmente, el Juez de Sentencia tomó en cuenta la edad y la familia constituida de ambos imputados; en suma, las circunstancias descritas motivaron que no determine la aplicación de la pena máxima prevista para el ilícito de Estafa al momento de la emisión de la Sentencia condenatoria; aspectos que, fueron advertidos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz al precisar que el Juez de Sentencia estableció una fijación de la pena correcta, analizando debidamente las circunstancias y atenuantes especiales en cuanto a la aplicación judicial de la pena y que son acordes a la doctrina legal establecida por este Tribunal mediante Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero, mismo que estableció las líneas de orientación previstas parta la determinación judicial de la pena en sometimiento al principio de proporcionalidad -personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, circunstancias y las consecuencias del delito-.


Como se puede advertir, se fundamentó respecto a las circunstancias que motivaron se asuma la decisión de imponer la pena impuesta al recurrente, por lo que el presente motivo deviene en infundado.

Por otra parte, si bien se afirma en el recurso de casación que no existiese una adecuada interpretación de los alcances de los arts. 37, 38 y 40 del CP; de simple lectura al párrafo en cuestión, se puede denotar la absoluta generalidad del mismo, pues el recurrente en su pretensión no decanta en un agravio específico y concreto, resultando ambigua y específica la afirmación utilizada; toda vez, que el art. 37 difiere de los alcances y contenidos del art. 38 y ambos del art. 39. En ese entendido, al no haberse fundamentado sobre porqué se considera que existió una errónea interpretación de los preceptos legales citados sumada esta situación a la generalidad y ambigüedad antes descrita, impiden a esta Sala ingresar a realizar su función resultando el presente motivo al igual que el anterior, en infundado.


Por lo expuesto, al no haberse comprobado la existencia de los supuestos agravios generados en la decisión recurrida y en virtud a la generalidad de las denuncias esgrimidas, corresponde emitir la presente resolución.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Eugenio Mariscal Arteaga.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos