TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 253/2018-RRC

Sucre, 24 de abril de 2018


Expediente                        : Potosí 30/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Adrián Marcani Carvajal

Delito                        : Conducta Antieconómica

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de junio de 2017, cursante de fs. 260 a 262 vta., Adrián Marcani Carvajal, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 49/2016 de 7 de noviembre, de fs. 240 a 243 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Municipal de Ocurí contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 3/2016 de 16 de febrero (fs. 147 a 150), el Tribunal de Sentencia de Llallagua del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante procedimiento abreviado declaró a Adrián Marcani Carvajal, autor de la comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del CP, imponiendo la pena de siete meses de reclusión.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Adrián Marcani Carvajal (fs. 161 a 165 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 223 a 224 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 49/2016 de 7 de noviembre, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de Complementación y Enmienda del acusado, mediante Resolución de 15 de marzo de 2017 (fs. 249), motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 674/2017-RA de 4 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, contradijo los Autos Supremos 99/2011 de 25 de febrero, 190/2012 de 2 de agosto, 82/2012 de 19 de abril y 326/2012 de 12 de noviembre, pues debe considerarse que se le impuso la sanción de siete meses de privación de libertad, por conducta subsumida en el art. 224, segunda parte del CP, sin observar lo que expresan los arts. 37, 38 y 40 del CP, aduciendo que el hecho se produjo en la gestión 2009, antes de la reforma contenida en la Ley 004 de 31 de marzo de 2010. Indica que fue aceptada la aplicación del procedimiento abreviado y por tanto “la autoridad judicial no puede condenar con pena superior a la requerida por el fiscal” (sic), además que no existe disposición legal que prohíba sancionar con pena inferior; sin embargo, el Auto de Vista hubiera agravado su situación, al no fundamentar nada al respecto, señalando simplemente que el “TRIBUNAL DE GRADO”, obró correctamente sin señalar el porqué, incumpliendo el art. 124 del CPP; en consecuencia, reitera que al haberse confirmado la Sentencia apelada, se contradijo los precedentes ya señalados. Además, de contravenir los arts. 8, 9 124, 169 inc. 3) del CPP, arts. 37, 38, 40 y 224 segunda parte del CP; y, arts. 117, 115-I, 121 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), haciéndose presente el defecto absoluto “imposible de convalidar” previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó que deliberando en el fondo, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido por ser evidente los agravios señalados y se disponga la emisión de una nueva Resolución acorde a la jurisprudencia establecida.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 674/2017-RA de 4 de septiembre, cursante de fs. 271 a 272 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Adrián Marcani Carvajal, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 03/2016 de 16 de febrero, el Tribunal de Sentencia de Llallagua del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante procedimiento abreviado declaró a Adrián Marcani Carvajal, autor culposo de la comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del CP, en base a los siguientes argumentos:


  1. En fecha 14 de octubre de 2008, se suscribió una minuta de contrato de obra de construcción del Puente Peatonal de Jayhuari, entre el Gobierno Municipal de Ocurí, representado en ese entonces por el alcalde Adrián Marcani Carvajal en su condición de contratante; y, la Empresa Constructora Ecomont, representada por Guillermo Erquicia Rodríguez en su condición de contratista-apoderado. La obra tenía un costo total de Bs. 423.033,91.- y un plazo de ejecución de 180 días calendario, a computarse desde el 20 de marzo de 2009, cuando se dio la orden de proceder.


  1. Adrián Marcani Carvajal, en conocimiento de que no se habían ejecutado los trabajos en la construcción del Puente Peatonal de Jayhuari, autorizó el cheque que posibilitó el pago de la empresa Ecomont por ítems que no fueron ejecutados.


  1. El imputado, mediante acuerdo voluntario ratificado en audiencia de juicio oral, renunció al proceso ordinario sometiéndose a procedimiento abreviado, aceptando su participación y culpabilidad en la comisión del delito de Conducta Antieconómica culposa. Asimismo, el imputado dio su asentimiento en lo referente a la pena de siete meses de privación de libertad.


  1. En la presente causa, la verdad consensuada enarbolada por la defensa técnica y la defensa material, propició la salida alternativa de procedimiento abreviado guardando estrecha relación con la verdad material; por cuanto, los antecedentes y pruebas presentadas, consistentes en documentales derivan a la conclusión de que los hechos delictivos acusados, tienen como autor a Adrián Marcani Carvajal.


II.2.  De la apelación restringida.


El imputado Adrián Marcani Carvajal, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, con los siguientes argumentos:  


  1. El Tribunal de mérito vulneró lo previsto por el art. 52 del CPP, al emitir el Auto de radicatoria con tan solo dos Jueces técnicos; lo cual, constituye el defecto previsto por el inc. 1) del art. 169 del CPP.


  1. El auto de apertura de juicio oral, abrió el juicio por el delito de Conducta Antieconómica general, cuando debió aperturar por el delito de Conducta Antieconómica culposa, en cumplimiento al Auto de Vista 08/2015.


  1. Se rechazó la extinción de la acción penal por prescripción, en contravención a los arts. 115 numeral II y 119 numeral II de la CPE y 29, 30, 31 y 169 inc. 3) del CPP, bajo el fundamento de que al ser el tipo penal de Conducta Antieconómica un delito de corrupción, este no prescribe; sin embargo, este es un delito vinculado y no de corrupción; asimismo, ya en audiencia conclusiva se extinguió la acción penal por el delito de Incumplimiento de Deberes a favor del imputado.


  1. Se rechazó la extinción por duración máxima del proceso, bajo el fundamento de que se computa el plazo de los tres años a partir de la última notificación con la imputación formal; aspecto que, es contrario al art. 133 del CPP y la doctrina establecida en el Auto Supremo 041/2012-RRC de 16 de marzo, en lo referido a que todo proceso tendrá una duración de tres años contados desde el primer acto de procedimiento, salvo caso de rebeldía.


  1. Acusa el defecto contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP, en atención a que no se observó lo señalado por los arts. 37, 38 y 40 del CP, en relación al art. 224 segunda parte del mismo cuerpo legal, al momento de imponerle la sanción de siete meses de privación de libertad. Pretendiendo que se repare el error y se disponga una sanción de tres meses de privación de libertad a su persona.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto, confirmando la Sentencia 3/2016 de fecha 16 de febrero, bajo los siguientes argumentos:


  1. La etapa de juicio oral, a su vez está compuesta por otras sub-etapas, entre ellas, los actos preparatorios del juicio (art. 340 del CPP), en la cual no es necesaria la participación de los tres Jueces técnicos. Asimismo, la radicatoria es un simple decreto que emite un Tribunal de Sentencia en los actos preparatorios de juicio y no existe norma alguna que disponga que necesariamente debe estar firmado por tres Jueces técnicos.


  1. No es cierto ni evidente que el Tribunal hubiere dispuesto la apertura del juicio, por el delito de Conducta Antieconómica culposa, tan solo se advierte como fundamento para la nulidad de la Sentencia impugnada, que el delito de Conducta Antieconómica previsto por el art. 224 del CP, se presenta tanto en su carácter doloso como culposo.


  1. El Tribunal de Sentencia de Llallagua, apertura el juicio oral en contra del imputado por el delito de Conducta Antieconómica, cuya sanción es de uno a seis años si es doloso y tres meses a dos años si es culposo; en consecuencia, la acción penal del ilícito referido prescribe en ocho años conforme lo dispuesto por el art. 29 inc. 1) del CPP; asimismo, no es cierto ni evidente que se hubieren aplicado salidas alternativas y/o dispuesto la extinción de la acción penal por prescripción como refiere el apelante.


  1. Debe tenerse presente que la carga de la prueba la tiene el imputado para demostrar que efectivamente trascurrieron tres años de proceso y que la mora procesal no le es atribuible; de la revisión del cuaderno procesal, se desprende que los elementos de convicción que refiere el apelante para plantear la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no fueron presentados de manera física en audiencia conclusiva; de otro lado, no se tienen todas las actuaciones para establecer quién produjo la mora procesal, solo algunos datos referenciales.


  1. No existe mala o errónea aplicación del art. 224 segunda parte del CP, porque el imputado en audiencia aceptó libre y voluntariamente la sanción de siete meses acordada con el Fiscal asignado al caso; es más, suscribió un documento privado para la procedencia de la salida alternativa de procedimiento abreviado, en beneplácito de la citada condena.

III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL RECURRENTE


Precisado el motivo de casación, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido incurrió en el defecto previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, al no tomar en cuenta los arts. 37, 38 y 40 del CP, para imponer el mínimo señalado en el art. 224 segunda parte del CP, antes de la modificación de la Ley 004, además de contravenir, los arts. 8, 9, 124, 169-3 del CPP; y, los arts. 117, 115-I, 121 y 180 de la CPE. En consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1.  Del Procedimiento Abreviado en nuestra legislación.

Sobre la naturaleza del procedimiento abreviado, el Auto Supremo 109/2013-RRC de 22 de abril, en referencia a los fundamentos expuestos por la Comisión Redactora del Órgano Legislativo, estableció que              “… constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado”, estableciendo el Código de Procedimiento Penal, con la modificaciones insertas por la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de 30 de octubre de 2014, en el art. 373, lo siguiente:

“I. Concluida la investigación, la o el imputado, la o el Fiscal podrá solicitar que se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante el Juez de Instrucción conforme al numeral 2 del artículo 323 del presente Código; y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él…”.


En consecuencia, para la procedencia de la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del Juez de instrucción que conoce la causa y en audiencia pública.

En estas circunstancias, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por la o el imputado, o el representante del Ministerio Público en tres momentos procesales (conforme a las modificaciones establecidas por la Ley 586): a) Al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301 inc. 4) del CPP; b) A la conclusión de la etapa preparatoria de acuerdo al art. 323 inc. 2) del citado código; y, c) En la etapa de juicio, hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato por delitos flagrantes.

Respecto al trámite, el art. 374 de la norma adjetiva penal señala que: “En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario”; esto significa que, una vez presentado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, el Juez de la causa señalará día y hora para el verificativo de la audiencia, determinación que deberá ser puesta en conocimiento de las partes que intervendrán en dicha actuación, donde serán escuchadas con finalidades distintas. En el caso del representante del Ministerio Público para fundamentar oralmente su requerimiento conclusivo, al imputado para la admisión verosímil de su participación en el hecho atribuido y la constatación de que la renuncia al juicio oral ordinario fue voluntaria; y, a la víctima para que pueda, en su caso, oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado.

En consecuencia, la aplicación del procedimiento abreviado, tiene como base que el acusado reconozca haber cometido el hecho acusado, teniendo como característica la celeridad, en el cual ya no es necesaria la producción de pruebas periciales ni testificales, porque ya no existen hechos contradictorios que demostrar, el contenido fundamental del procedimiento es el acuerdo firmado entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor, donde renuncia al juicio oral, además de contener la pena privativa de libertad a imponerse, resaltando que la admisión de los hechos por parte del imputado debe ser libre y voluntaria sobre su culpabilidad.


III.2. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


               El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


       Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


       El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los Tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


       Ese entendimiento el cual no excluye a las Resoluciones dictadas mediante procedimiento abreviado-, fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, entre otros el Auto Supremo 218/2014-RRC de 4 de junio, que refiere: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.


III.3. Análisis del caso concreto.


Recapitulando, básicamente lo denunciado por el recurrente es la nulidad del Auto de Vista 49/2016 ante la falta de fundamentación de las razones asumidas para indicar que la pena fijada por el Tribunal de mérito es la correcta.


Como precedentes contradictorios al Auto de Vista impugnado, el recurrente invocó los Autos Supremos 99/2011 de 25 de febrero, 190/2012 de 2 de agosto, 82/2012 de 19 de abril y 326/2012 de 12 de noviembre; el primero de ellos -Auto Supremo 99 de 25 de febrero de 2011-, pronunciado dentro de un proceso penal seguido por el delito de Asesinato, en el que la entonces Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Penal Primera, constató que el Auto de Vista impugnado, si bien se pronunció sobre los puntos apelados, no tomó en cuenta que la Sentencia no precisó concretamente la graduación de la pena, por el contrario incurrió en la misma imprevisión, por lo que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido estableciendo como doctrina legal aplicable la siguiente: “Cuando los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal, exigen la fundamentación y valoración de las pruebas, en los fallos, no es suficiente concluir con la imposición de la pena, sino que se debe individualizar y explicar claramente qué pruebas lo llevaron al juzgador a esa convicción, puesto que la fundamentación, surge en cada caso del análisis y valoración personal a la que llega el juzgador, sobre las pruebas judicializadas, bajo los parámetros de la sana crítica. La fundamentación motivada, como producto final es el razonamiento al que debe llegar el juzgador para imponer finalmente la pena, que es la convicción plena para sancionar el ilícito o absolverlo, estableciendo claramente el grado de participación o no del imputado, así como la graduación o quantum de la pena en su caso, con invocación de las normas al respecto (…)”.


Asimismo, el Auto Supremo 190 de 2 de agosto de 2011, pronunciado dentro de un proceso penal seguido por el delito de Lesiones Graves y Leves, en el que la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, constató que el Tribunal de apelación no cumplió con la obligación procesal de motivar y fundamentar la Resolución del recurso de apelación, por lo que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido estableciendo como doctrina legal aplicable la siguiente: “(…) Entre los poderes discrecionales conferidos por la norma a los jueces y Tribunales de Sentencia están los relativos a la determinación de la pena, en cuya virtud, a través del Recurso de Apelación Restringida no puede ingresarse a discutir su mayor o menor rigurosidad, máxime si la imposición de la sanción penal ha sido ejercida respetando el tipo de pena previsto en la norma penal sustantiva y dentro de la escala que la misma norma penal permite. Esto, sin embargo, no obsta que los Tribunales de Apelación puedan corregir la Sentencia en cuanto a la aplicación de la pena, cuando no obstante haberse aplicado la sanción penal prevista en el tipo y en el marco de la escala legal prevista, el Juez o Tribunal de juicio se limitó a aplicar la sanción penal prevista en el tipo en inobservancia de otras normas penales de carácter sustantivo que también son aplicables al caso concreto y sean determinantes para la fijación de la pena, pues esta omisión puede ser considerada también como inobservancia o errónea aplicación de la Ley penal sustantiva.


Toda Resolución judicial, especialmente la Resolución pronunciada en grado de Apelación, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al juez o Tribunal exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión, por cuanto, esta exigencia responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales.”


De igual forma, el Auto Supremo 82 de 19 de abril de 2012, pronunciado dentro de un proceso penal seguido por el delito de Homicidio, en el que la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, constató que en el Auto de vista impugnado no existió la suficiente fundamentación en cuanto a los parámetros considerados para la determinación de la agravación de la pena, por lo que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido estableciendo como doctrina legal aplicable la siguiente: “Conforme a lo dispuesto por los arts. 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal, es facultad del Tribunal de Alzada ante la evidencia de que concurre en el fallo de mérito errores u omisiones formales que se refieren a la imposición o el cómputo de la pena, modificar directamente el quantum de la pena, sin embargo esta corrección debe realizarse observando los principios constitucionales, procesales y los aspectos contemplados en los arts. 37 y 38 del Código Penal, debiendo contener suficiente fundamentación, emitiendo criterios jurídicos correspondientes al tipo penal y al caso concreto, en el que se explique de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, señalando las razones objetivas que determinan la reforma, sin que los argumentos vertidos sean incongruentes e imprecisos…”.


Por último, el Auto Supremo 326 de 12 de noviembre de 2012, pronunciado dentro de un proceso penal seguido por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en el que la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, constató que el Auto de Vista impugnado confirmó la Sentencia condenatoria sin tomar en cuenta que la Resolución de mérito no consignó los fundamentos para la imposición de la pena que respalden la determinación de la sanción, por lo que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido estableciendo como doctrina legal aplicable la siguiente: “(…) En lo que corresponde a la imposición de la pena al autor del hecho antijurídico el Tribunal de mérito así como el Tribunal de Apelación deben tomar en cuenta para determinar el quantum de la pena, las atenuantes y agravantes que hubieran a favor o en contra del acusado considerando la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias, los móviles que le impulsaron para la comisión del mismo, conforme determinan los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Sustantivo en materia penal, señalando porque razón llegan a esa determinación, siendo esencial el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre la culpabilidad y la punición que constituye uno de los rasgos esenciales del derecho penal, pues el omitir los razonamientos constituye un defecto absoluto a tenor del artículo 370 inc. 1) art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal y a los derechos y garantías previstos en la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales”.


Como se puede inferir, las problemáticas dilucidadas, mantienen relación con la problemática procesal del motivo de casación, por lo que existiendo supuestos fácticos análogos entre los precedentes invocados y el citado motivo, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


Ya ingresando a la labor de contrastación, se advierte que el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista impugnado, se limitó a rememorar que la Sentencia condenatoria fue emitida en procedimiento abreviado con la aceptación por parte del imputado de la imposición de los 7 de meses de privación de libertad suscrita en documento privado; en lugar de verificar si la Resolución de mérito a los efectos de la fijación de la pena, precisó de manera concreta un análisis integral de la jerarquización y ponderación de las circunstancias particulares y excluyentes que emergen de los hechos juzgados, en relación a la subsunción del art. 224 del CP, circunstancias que contradicen a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 99 de 25 de febrero de 2011; por cuanto, la Resolución de apelación no cumplió con la exigencia de la debida fundamentación, limitándose simplemente a concluir con la imposición de la pena, similar criterio debe ser asumido respecto a la contradicción entre la Resolución de alzada y el Auto Supremo 190 de 2 de agosto de 2011; puesto que, en el caso de Autos se incumplió la obligación de la debida fundamentación con la exposición de todos los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron las razones de su decisión; de igual forma, se observa la contradicción con el Auto de Vista 326 de 12 de noviembre de 2012, ante la omisión de razones tanto del Tribunal de mérito como el de alzada, de señalar las razones para la imposición de la pena bajo equilibrio y proporcionalidad entre culpabilidad y punición; finalmente, en cuanto al Auto Supremo 82 de 19 de abril de 2012, no se advierte contradicción con el Auto de Vista impugnado; toda vez, que en el precedente invocado a diferencia del presente caso-, se modificó directamente el quantum de la pena.

De lo expuesto, corresponde precisar y dejar sentado que es obligación del Tribunal de alzada verificar en la función del Juez o Tribunal de la causa ante el procedimiento abreviado solicitado por el imputado o el representante del Ministerio Público, los parámetros mínimos en el contenido de la fundamentación y motivación de la Sentencia, respectivamente; es decir, observar que la Sentencia emitida dentro de un procedimiento abreviado -como cualquier otra Sentencia- debe ser necesariamente fundamentada, con la prohibición de reemplazar los principios de legalidad y verdad real por la verdad consensuada entre partes conforme a lo establecido por la Sentencia Constitucional 1659/2004-R, de 11 de octubre; lo contrario, sería dar cabida al mal uso del procedimiento abreviado, ya que como se tiene establecido, si bien constituye una simplificación de los trámites procesales, no implica que la autoridad jurisdiccional eluda la obligación de la debida fundamentación y motivación del fallo, convirtiéndose en un simple Juez de trámite; más aún, cuando de manera imperativa en las Resoluciones derivadas de un procedimiento abreviado, se tiene que establecer el nexo causal entre pena y delito, extirpando de nuestro sistema procesal penal, posibles e ilegales coacciones entre los administradores de justicia y las partes.


En conclusión, advertida la falta de fundamentación del Auto de Vista 49/2016, al no precisar de manera concreta un análisis integral de la jerarquización y ponderación de las circunstancias particulares y excluyentes que emergieron de los hechos juzgados, en relación a la subsunción del ilícito de Conducta Antieconómica y la aplicación del quantum de la pena; se observa que, el Tribunal de alzada debió pronunciarse sobre los precedentes invocados en la apelación restringida interpuesta y verificar el cumplimiento o no de la doctrina legal aplicable y no simplemente limitarse a señalar que no es cierto ni evidente lo denunciado por el recurrente en razón de que la Sentencia se emitió dentro de un procedimiento abreviado; sino más bien, verificar en la Sentencia la carencia de la debida fundamentación en la imposición de la pena, en aplicación de los criterios establecidos en los arts. 37, 38 y 40 del CP y el art. 224 del mismo cuerpo sustantivo penal; por las razones expuestas, este Tribunal llega a la conclusión que el Tribunal de apelación no obró correctamente e incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada por el recurrente mediante Auto Supremo 99 de 25 de febrero de 2011, Auto Supremo 190 de 2 de agosto de 2011 y Auto de Vista 326 de 12 de noviembre de 2012, correspondiendo dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Adrián Marcani Carvajal, cursante de fs. 260 a 262 vta., con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 49/2016 de 7 de noviembre, de fs. 240 a 243 vta, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos