TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 252/2018-RRC

Sucre, 24 de abril de 2018


Expediente        : Tarija 32/2017        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Faustino Paulino Ortega Romero

Delitos        : Violación en grado de Tentativa

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de junio del 2017, cursante de fs. 436 a 439, Faustino Paulino Ortega Romero, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista Nº 20/2017 de 23 de mayo, de fs. 412 a 414, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Teresa Márquez Márquez contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación en grado de Tentativa, previsto y sancionado por los arts. 308 con relación al art. 8 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 012/2014 de 30 de mayo (fs. 249 a 255), el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al acusado Faustino Paulino Ortega Romero, autor del delito de Violación en el grado de Tentativa, previstos y sancionados por los arts. 308 y 8 del CP, por existir prueba suficiente para generar responsabilidad penal del imputado, por adecuarse los hechos demostrados al referido tipo penal y conforme al art. 365 del CPP, se dicta Sentencia condenatoria en su contra, donde las Juezas ciudadanas y la presidencia del Tribunal, imponen la pena de diez años de privación de libertad, con costas. Accesoriamente se impone una multa de doscientos días multa, que serán cancelados a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, haciendo un total de doscientos bolivianos.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Faustino Paulino Ortega Romero (fs. 276 a 279 vta.), interpuso recurso de apelación restringida,  resuelto por Auto de Vista 31/2014 de 29 de octubre (fs. 287 a 290), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró con lugar el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado y anuló la Sentencia 012/2014 pronunciada por el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba.


  1. Posteriormente, habiendo sido notificadas las partes con el Auto de Vista, sin existir recurso ulterior, se devuelven actuados al Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba (fs. 327), para que éste Tribunal remita al Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, los antecedentes para el nuevo Juicio Oral (fs. 328), que luego de haberse sustanciado el respectivo juicio oral por reenvío, por Sentencia 59/2016 de 25 de noviembre (fs. 361 a 366), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, falló dictando Sentencia condenatoria contra Faustino Paulino Ortega Romero, por ser autor del delito de Violación en el grado de Tentativa previstos y sancionados en los arts. 308 y 8 del CP, modificado por Ley 348 en la víctima Teresa Márquez, de conformidad al art. 365 del CPP, por existir prueba suficiente que generó en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado, a quién se impuso la condena a cumplir pena de diez años de privación de libertad, que deberá cumplir en el Centro de Readaptación Productiva de “El Palmar” de Yacuiba; a tal efecto, una vez ejecutoriada la Sentencia, expídase mandamiento de condena, con costas a favor del Estado y de la víctima.


  1. Contra la mencionada Sentencia 59/2016 de 25 de noviembre, el imputado Faustino Paulino Ortega Romero, interpone recurso de apelación restringida (fs. 377 a 381 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 20/2017 de 23 de mayo (fs. 412 a 414), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida interpuesto por el recurrente; en consecuencia, en aplicación de las normas señaladas se confirmó la Sentencia impugnada en todas sus partes.


  1. Posteriormente, el recurrente es notificado con el Auto de Vista 20/2017 el 7 de junio de 2017, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación interpuesto, y Auto Supremo 669/2017-RA de 4 de septiembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. El recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido resulta contradictorio al primer Auto de Vista 131/2014 de 29 de octubre (emitido en el caso de autos); puesto que, ante el mismo reclamo efectuado en su recurso de apelación restringida concerniente a la falta de reconocimiento e individualización del imputado, defecto del art. 370 inc. 2) del CPP; toda vez, que nunca fue reconocido por la víctima ni por testigo alguno, el Tribunal de alzada resolvió de manera diferente; ya que, el ahora Auto de Vista en su Considerando III de manera caprichosa y forzada mencionó que se habría reconocido al imputado, dándole plena fe a las documentales MP-1, MP-2, MP-4, MP-9 y MP-8 y las declaraciones testificales de Basilio Velásquez Moscoso, Gladys Inés Alfaro Lavadenz, Julio Durán Gutiérrez y José Luis Sánchez Ordóñez, quienes presuntamente de manera uniforme habrían referido que su persona fue encontrado en flagrancia por los vecinos del lugar; además, en el punto III.2 alegaría que la presunta víctima sería una mujer mayor de edad que supera los ochenta años, por lo que exponerla a una revictimización no se encontraría coherente; aspectos que afirma, jamás fueron mencionados ni demostrados para la emisión del primer Auto de Vista, resultándole contradictorio; puesto que, ante el referido motivo declaró con lugar el recurso de apelación restringida; en consecuencia, anuló la Sentencia disponiendo su reposición por el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba; por cuanto, en su Considerando II, puntos II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.1.6 y II.2, jamás señaló que la víctima lo hubiere reconocido, menos los testigos, sino que hizo énfasis de que el imputado no fue reconocido, no fue individualizado ni por la víctima, ni testigo alguno, que no existían actos inequívocos con los que hubiere comenzado la ejecución del hecho, no se lo consumó por causas ajenas a su voluntad, que respecto a los hechos en la Sentencia no se exponía cuál la conducta de su persona, referente al tipo penal de Violación en Grado de Tentativa; respecto a la autoría arguyó, que no se tenía evidencia objetiva que lleve equivocadamente a tener por cierta y válida las afirmaciones de la testigo principal víctima; ya que, su narración no era conducente al tipo penal de Violación en grado de Tentativa; puesto que, la declaración de la presunta víctima no era categórica ni precisa, por lo que no existía un reconocimiento expreso de la víctima hacia su persona; por cuanto, anuló la Sentencia por falta de individualización y reconocimiento del imputado.

  1. Por otro lado denuncia, que el Auto de Vista recurrido carece de fundamentación y congruencia; puesto que, efectuó un análisis muy superficial y lejos de la realidad objetiva y jurídica, no efectuó un análisis en cuanto a los hechos, la autoría y tampoco estableció qué elementos determinaron para confirmar la Sentencia, además habría alegado que el informe médico, acta de registro del lugar del hecho, lo referido por el psicólogo, determinaron no solo que el hecho ocurrió, sino que el responsable; es decir su persona, hubiere sido sorprendido en flagrancia, lo que constituye que valoró no solo cada uno de los elementos probatorios, sino que compulsó los unos con los otros derivando un juicio de credibilidad, extremo totalmente contradictorio cuando el Tribunal de alzada hace referencia que no tiene la facultad de revalorizar la prueba; no obstante, afirma que le dio valor a las declaraciones de los testigos y las pruebas documentales donde no existiría un acta de reconocimiento de persona alguna; empero, de manera subjetiva el Tribunal de alzada lo cree autor y
    responsable, razón por el que confirmó la Sentencia lejos de toda objetividad jurídica.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se declare admisible el recurso de casación y luego de la comprobación de los extremos reclamados, deje sin efecto el Auto de Vista 20/2017 recurrido y disponga la emisión de una nueva resolución acorde a la jurisprudencia ya establecida a fin de unificar la jurisprudencia y al existir contradicción entre el Auto de Vista 20/2017 impugnado y un anterior Auto de Vista 131/2014 dictado por los mismos Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. 


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 669/2017-RA de 4 de septiembre, cursante de fs. 447 a 449 vta., este Tribunal respecto al recurso de casación de Faustino paulino Ortega Romero, admitió para el análisis de fondo del recurso únicamente el primer motivo, por lo que la presente resolución se circunscribirá a las cuestiones admitidas anteriormente.



II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 59/2016 de 25 de noviembre, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en reenvío falló dictando Sentencia condenatoria contra Faustino Paulino Ortega Romero, por ser autor del delito de Violación en el Grado de Tentativa, previsto y sancionado por los arts. 308 y 8 del CP, modificado por Ley 348 en la víctima Teresa Márquez, de conformidad al art. 365 del CPP, por existir prueba suficiente que generó en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado, a quién se impuso la condena a cumplir pena de diez años de privación de libertad; a tal efecto, una vez ejecutoriada la Sentencia expídase mandamiento de condena; con costas a favor del Estado y de la víctima, en base a los siguientes argumentos en síntesis:

  1. En cuanto a los elementos del tipo art. 308 en relación al art. 8 del CP, toda la prueba en su conjunto es valorada en forma íntegra y se llega a la conclusión de que en la primera hora del amanecer lunes 3 de junio de 2013 en la localidad de Itaú, el joven Faustino Paulino Ortega Romero, intentó acceder carnalmente vía vaginal o anal de Teresa Márquez, quitándole la ropa interior, la golpea, se defiende y no concluye el acto sexual por los gritos de auxilio de la misma y la intervención de los vecinos que lo aprehenden en flagrancia. Esta situación se tiene demostrada con la atestación de Gladys Inés Alfaro Lavadenz, quien relata al Tribunal porqué va a esa casa a esa hora de la madrugada, explica claramente sin contradicción alguna que son los vecinos que la llaman y va a la casa de la víctima Teresa Márquez a la 01:00 am., del amanecer del lunes 3 de junio de 2013 y encuentra la casa desordenada como intento de robo, pero ve a la víctima postrada en cama, llorosa con su ropa interior abajo, quien aducía dolor profundo en la región púbica. También, ve al hombre joven que lo tenían detenido los vecinos, el que estaba con la cabeza gacha, corroborada con el informe médico MP.7, que al referirse al aparato genitourinario se indica dolor en la región pubiana. El Tribunal toma en cuenta que es una profesional médico, que conoce la sintomatología expresada, lo que implica que hubo forzamiento en esa región, máxime tomando en cuenta que estaba sin ropa interior, la víctima es una persona anciana de ochenta años de edad, según toda la prueba documental y testifical refiere, no tiene razón para mentir o para tergiversar los hechos, corroborado por la prueba MP8.


  1. El Tribunal toma en cuenta que al juicio oral, asiste una testigo presencial como es la médico Gladys Alfaro Lavadenz, quien vio a la víctima, también fue referida por el policía Basilio Velásquez Moscoso, que se traslada a esa hora desde Caraparí hasta Itaú ha llamado telefónico de los vecinos Michel Martínez de 45 años y Pablo Maire de sesenta y siete años quienes aprehende al acusado, indicando que intentó abusar sexualmente a la víctima, razonamiento que se llega por la máxima de la experiencia, la sana crítica, porque los testigos son los que indudablemente socorre a la víctima y la encuentran sin la ropa interior, en el piso de la entrada de la casa y la socorren llevándola a su cama y son los vecinos que llama a la médica y a la policía, y lo aprehendieron en flagrancia al acusado, con lo que no quepa duda que lo plasmado en la MP2, es lo que vieron y expresaron los vecinos.


  1. El Tribunal de Sentencia luego de valorar las pruebas MP4 y MP7, llegan a la convicción que la intención del acusado era acceder carnalmente a la víctima Teresa Márquez, de lo contrario no le hubiera intentado quitar su ropa interior. El Robo, el Homicidio, las Lesiones no concurren quitándole la ropa interior que cubre la partes íntimas del ser humano, esto concatenado con el dolor referido por la víctima a la médico en su región pubiana, lo que indudablemente lleva a la certeza de que el acusado quiso accederla carnalmente. El hecho que los testigos presenciales como son los vecinos Rosa Calvimontes Vaca (MP4), Juan Michel Martínez, Pablo Maire (MP2), no hayan prestado su declaración en juicio oral no desvirtúa el hecho que fue atendido en flagrancia.


  1. Con toda esa prueba en su conjunto se demuestra que hubo tentativa de violación, el acto es idóneo, pues le saca por la fuerza la ropa interior y es encontrada de esa manera la víctima, tirada en el piso, semidesnuda, esa situación no solo se ha referido por la víctima, ha sido referida por los vecinos a los policías que asisten en acción directa y al asignado el caso. Fue vista por el médico, a quién la víctima también le relata los mismos hechos y en la manera que denuncia (MP1), indicando que le sacó la ropa interior, donde refiere también que intentó abusarla sexualmente (MP2), así como en la MP9 que plasma la declaración de la víctima. Razonamiento y certeza que lleva al Tribunal por la valoración integral e individual de la prueba de cargo, tanto documental como testifical, concordante con la interpretación del Auto Supremo  498/2016-RRC de 1 de julio. Es por ello, que se adecúa al tipo penal previsto por el art. 308 en relación al art. 8 del CP, que Faustino Paulino Ortega Romero, intentó acceder carnalmente a la anciana Teresa Márquez, no logrando su cometido porque ella se defendió y es auxiliada por los vecinos. Este razonamiento es compartido por todos los miembros del Tribunal; es decir, en cuanto al hecho no hay ninguna duda para todos.


  1. Que, la conducta del acusado es típica, debida a que la misma se subsume en los presupuestos del hecho, previsto en el art. 308 en relación al art. 8 del CP, antijurídica;  ya que, a juicio de los miembros del Tribunal, fue dolosa, no existiendo causa de justificación y finalmente es culpable por ser reprochable su actuar al haberse motivado a actuar de un modo ilícito y en consecuencia merece sanción, existiendo relación de causalidad entre el acciona del acusado y la vulneración al bien jurídico protegido, indemnidad sexual o libertad sexual.


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


       Notificado con la Sentencia, Faustino Paulino Ortega Romero contra la referida Sentencia, formuló recurso de apelación restringida (fs. 377 a 381 vta.), de acuerdo a los siguientes fundamentos:

  1. El recurrente alega defecto de la Sentencia previsto por el art. 370 inc. 2) del CPP, por ser que el juicio se llevó a cabo por reenvío; toda vez, que la anterior Sentencia fue anulada, donde ni la propia víctima reconoció al acusado, como así también ningún testigo, tampoco el Ministerio Público presentó documento alguno donde conste que se haya reconocido como autor y participe del hecho ilícito, aun sabiendo de este extremo y teniendo el Tribunal pleno conocimiento del anterior Auto de Vita Nº 131/2014, en el cual ya se hace las observaciones a la falta de reconocimiento. Que la declaración de la testigo Gladys Inés Alfaro, se evidencia contradicciones; toda vez, que la testigo primero refiere que la víctima estaba sin vestidura de la parte de abajo; posteriormente, se contradice y refiere que la víctima esa noche estaba sin pantalón y con su interior abajo; consecutivamente, de manera subjetiva hace referencia a una profesora sin dar nombre, quien le habría narrado, que esta apreciación es subjetiva; ya que, durante la investigación y juicio oral, no existe declaración de esa profesora que hace mención la testigo a efecto de contrastar este extremo para tener un mínimo de certeza, de la misma manera, hace mención a un señor, sin especificar quien o el nombre, para culminar contundentemente que esa noche vio a una persona sentada con la cabeza agachada, pero que no lo conoce o reconoce, pese a que el Tribunal manifestó que se fije.


  1. De la declaración del testigo Basilio Velásquez Moscoso, quien refiere que luego dos horas después, por la distancia y cuando llego ya tenían un detenido, que fue trasladado a Caraparí, entregando al acusado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Que los vecinos le dijeron que el caballero entró a la casa de la víctima a violarla, así también refiere que se entrevistó con Juan Michel y Pablo Maire, quienes supuestamente le dijeron que el acusado intentó abusar sexualmente a una persona de la tercera edad, pero estas personas no atestiguaron en juicio. Estas declaraciones son bastante subjetivas; ya que, no prestaron su declaración y no participaron del juicio a efecto de contrastar lo vertido y de manera general refiere que los vecinos le dijeron quién era la persona, sin hacer mención de qué testigo o su nombre, extremo que es subjetivo.


  1. La doctrina establece que los hechos acusados deben ser probados y que solo es válida la comprobación realizada conforme a Ley, que en este caso el imputado jamás fue reconocido por la propia víctima (quien no participó), ni por los testigos fue reconocido durante la etapa preparatoria y de juicio oral, no existiendo prueba documental que acredite dicho extremo y que fue valorado por el Juez de manera subjetiva, en ese sentido, la doctrina refiere que una acusación no estará comprobada conforme a Ley cuando el hecho existió pero no se puede individualizar al agente, contraviniendo el Tribunal lo que dispone el art. 342 del CPP. Esta paradójica valoración además desvirtúa lo dispuesto por el art. 13 del CPP, que los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados el proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado (CPE) y del CPP.


  1. Por la narración de los hechos por parte de testigos, todos circunstanciales, reiterando que la propia víctima no ha participado en el juicio oral, sin que se haya individualizado o reconocido legalmente al autor legal y documentalmente durante la etapa preparatoria y el juicio oral, documentación que no ha sido incorporada al juicio, porque no existe ni ha sido sujeto a los principios de contradicción y bilateralidad, violándose el derecho a la defensa, legalidad y la garantía del debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia de los arts. 115, 116 y 117 de la CPE, por lo que en primer término solicita que se lo declare absuelto por el delito acusado.


  1. Acusa también defecto de la Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, denunciando defectuosa valoración de la prueba testifical, donde a continuación realiza nuevamente el mismo análisis de las declaraciones testificales de Gladys Inés Alfaro Lavadenz y las contradicciones en las que la testigo habría incurrido a lo largo de su intervención en juicio oral, arguyendo que el Tribunal inferior le da plena fe a esta declaración, pese a la duda y la contradicción que hace en su declaración, lo cual es refrendado por la prueba MP7, que es un informe médico donde describe lesiones sufridas por la víctima, mismas que son todas en la parte superior del cuerpo y que en las extremidades inferiores no tiene ninguna clase de lesión, le dan credibilidad a la declaración y narración como si esta hubiera estado en el lugar y hora del hecho, cuando en realidad la testigo recibe información de terceras personas, que ella misma menciona, como a una profesora, un vecino y un hombre sin especificar nombre alguno más cuando en la comunidad de Itaú todos se conocen.


  1. El Tribunal menciona que la testigo Gladys Alfaro, es una testigo directa y presencial, nada más falso; toda vez, que la propia testigo refiere que llegó a horas 01:00 a llamado de una vecina de Itaú; es decir, hora y media después del hecho; ya que, de la lectura del formulario de denuncia, la relación de los hechos en la propia Sentencia y declaración del funcionario policial, se puede evidenciar que el hecho ocurrió el 2 de junio de 2013 a horas 23:30 pm. y Gladys Alfaro refiere que llegó a horas 01:30, contradicción que salta a la vista, pero el Tribunal le da a esta declaración plena fe de manera contradictoria y subjetiva, realizando una mala y defectuosa valoración de la prueba testifical, queriendo hacer ver si esta testigo hubiera estado en el lugar del hecho a la hora indicada, extremo totalmente falso.
  2. De la declaración del testigo Basilio Velásquez Moscoso (realiza un extracto), la misma es subjetiva por parte del testigo; toda vez, que hace referencia a personas que no prestaron su declaración y no participaron del juicio a efecto de contrastar lo vertido por dicho testigo, como tampoco menciona dicho extremo en su informe de acción directa. El Tribunal ad quo,  hace la valoración de manera objetiva y le da plena fe a esta declaración pese a la poca participación del testigo en la investigación; ya que, solo intervino en el traslado y entrega del imputado a la FELCC y que con eso terminó su trabajo.


  1. El testigo asignado al caso, Cbo. José Luis Sánchez refiere que entrevistó a Alfaro Lavadenz, quien le dijo que había un hombre que fue a abusar de la víctima, sin especificar las características o el nombre del imputado, tampoco el asignado al caso hizo un desfile identificativo de persona. El testigo refiere que se hizo registro del lugar del hecho, donde se secuestró una barreta de hierro y una prenda íntima de color rosado, pero que de la cual no existe ninguna evidencia para demostrar este extremo. El Tribunal inferior le da plena fe a esta declaración pese a la duda y contradicción, lo cual es refrendado por la prueba MP4, pero este extremo no fue acreditado en juicio oral.


  1. No obstante, a la evidente existencia de dudas innegables y contradicción que resalta de propio Tribunal inferior de manera contradictoria e incongruente, a pesar que ningún testigo reconoció al imputado el Tribunal de mérito dicta Sentencia condenatoria en lugar de absolutoria, sin observar debidamente el in dubio pro reo, ante la indiscutible y evidente duda razonable en cuanto a la autoría y participación del imputado, sin embargo de manera contradictoria a lo que dispone el art. 6 del CPP y art. 116, 117.III y 410 de la CPE, se condena presumiendo la culpabilidad del acusado en base a criterios subjetivos; ya que, no existe una prueba documental ofrecida por el Ministerio Público, que acredite la autoría y participación del imputado, solicitando se declare por el superior en grado absuelto del delito acusado.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


El Auto de Vista 20/2017 de 23 de mayo (fs. 412 a 414), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró sin lugar el recurso de apelación restringida interpuesto por el recurrente; en consecuencia, en aplicación de las normas señaladas se confirma la Sentencia impugnada en todas sus partes, bajo la siguiente fundamentación:


  1. El recurrente denuncia como primer agravio que existiera en la Sentencia pronunciada, defecto absoluto en el art. 370 inc. 2) del CPP, porque considera que no fue identificado en juicio, que la prueba no permitió dicha individualización; al efecto de compulsar el agravio denunciado, se procede a revisar la Sentencia pronunciada (cita extracto de la Sentencia). De lo transcrito se evidencia que la consideración adoptada por el Tribunal; en cuanto, a la individualización del procesado a la situación de flagrancia en la que fue sorprendido a decir del Tribunal aprehendido por los vecinos hasta la llegada de la médico y policía, de modo tal que el agravio en cuanto a la falta de demostración de individualización no tiene asidero legal si se efectúa a la luz de la lógica, la experiencia y psicología el modo en que fue aprehendido (en flagrancia), correspondiendo declarar sin lugar el agravio.


  1. Se cuestiona como segundo agravio que existiera en la Sentencia impugnada defectuosa valoración de la prueba. Al respecto, el Tribunal de alzada refiere que la víctima al no declarar en juicio, se debe tener presente que se trata de una mujer adulta mayor, cuya edad supera los ochenta años, misma que goza de una protección especial de la Ley por su condición de vulnerabilidad en tal situación al exponerla a una re victimización constituida en prestar nuevamente declaración en juicio, por lo que no se encuentra coherencia con los valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado en su art. 15 par. II (cita textual).


  1. Se refiere como otro agravio que existiría una defectuosa valoración de la prueba, porque considera la defensa que la prueba mediante la que se condena se basa en testigos circunstanciales, habiendo el Tribunal Supremo de Justicia establecido de manera clara, que un Tribunal de alzada no tiene la facultad de revalorizar prueba, su labor se circunscribe a efectuar el control sobre la logicidad en los razonamientos a los que arriba el Tribunal ad quo como sustento de la decisión asumida. En los de la materia se verifica que el Tribunal al resolver no consideró únicamente las declaraciones de testigos indirectos; sino que, efectuó una valoración integral y compulsa con otros elementos de juicio incorporados a juicio como son la declaración de la víctima prestada en la etapa investigativa y judicializada, informe médico, acta de registro del lugar de los hechos, lo referido por el psicólogo; elementos que al decir del Tribunal en su conjunto determinan no solo que el hecho ocurrió, sino que el responsable es el procesado, quien hubiere sido sorprendido en flagrancia. El Tribunal de alzada refiere que se valora no solamente cada uno de los elementos probatorios, sino que se compulsa los unos con los otros, derivando en un juicio de credibilidad. Que el sistema de valoración no se basa en la prueba tasada, sino en la aplicación de la sana crítica; ya que, los delitos de tipo sexual, vienen a constituir delitos de silencio, en los que la posibilidad de testigos presenciales venga a considerarse ajena a su naturaleza, siendo valiosos en éste caso los testigos circundantes al hecho, habiendo el Tribunal adecuado sus razonamientos a la luz de la lógica, la experiencia y psicológica, detallando las razones por las que se otorgó valor positivo ut supra sustentados, por lo que no se verifica defectos en su valoración.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO


De acuerdo a los argumentos del recurrente, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 669/2017-RA, habiéndose admitid un único motivo a analizar en el fondo del recurso, se tiene que: El recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido resulta contradictorio al primer Auto de Vista 131/2014 de 29 de octubre (emitido en el caso de autos); puesto que, ante el mismo reclamo efectuado en su recurso de apelación restringida concerniente a la falta de reconocimiento e individualización del imputado, defecto del art. 370 inc. 2) del CPP; toda vez, que nunca fue reconocido por la víctima ni por testigo alguno, el Tribunal de alzada resolvió de manera diferente; ya que, el ahora Auto de Vista en su Considerando III de manera caprichosa y forzada mencionó que se habría reconocido al imputado, dándole plena fe a las documentales MP-1, MP-2, MP-4, MP-9 y MP-8 y las declaraciones testificales de Basilio Velásquez Moscoso, Gladys Inés Alfaro Lavadenz, Julio Durán Gutiérrez y José Luis Sánchez Ordóñez; además, en el punto III.2 alegaría que la presunta víctima sería una mujer mayor de edad que supera los ochenta años, por lo que exponerla a una revictimización no se encontraría coherente; aspectos que afirma, jamás fueron mencionados ni demostrados para la emisión del primer Auto de Vista, resultándole contradictorio.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez, dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal, de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes, que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.” (las negrillas son nuestras).


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento Penal, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión en un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.2. Sobre la valoración probatoria, su impugnación y control.


En el régimen procesal penal vigente, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica, así el art. 173 del CPP señala: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”. Ahora bien, la sana crítica implica que en la fundamentación de la Sentencia, el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.

Ahora bien, con la finalidad de precisar aún más la labor del Juez o Tribunal de mérito a tiempo de valorar la prueba, se deben tener presentes los razonamientos asumidos por este Tribunal, a través del Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, que estableció que el sistema de valoración probatoria vigente en Bolivia, sustentado por los arts. 173 y 359 del CPP, asumió a la sana crítica como marco esencial, donde el Juez o Tribunal debe valorar la prueba producida durante el juicio de un modo integral y conjunto, el cual: “…es conducente a que en la valoración de la prueba efectuada por el Juez o Tribunal se establezca en primera instancia cuál es su utilidad a los fines del objeto del juicio, es decir la corroboración o negación de la pretensión acusatoria -fiscal o particular-, estableciendo una eficacia conviccional en el juzgador a partir de los elementos de prueba introducidos en juicio oral.


Una segunda característica apunta, al sustento de la referida eficacia conviccional, es decir: la obligación impuesta a los jueces de brindar las razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que llegó y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas (CAFFERATA NORES, José, La Prueba en el proceso Penal), tal acción requerirá por ende, la concurrencia de la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya. Ello acarreará el asumir la garantía de que las decisiones judiciales no resulten puros actos de voluntad, conjeturas circunstanciales o emerjan de meras impresiones de los jueces, sino que sean consecuencia directa y racional de lo percibido en el juicio oral dentro de condiciones que engloben racionalidad y certidumbre de la decisión a ser asumida en sentencia; dicho de otro modo, libre arbitrio no puede equivaler a arbitrariedad, como libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada.


Al respecto y en concordancia con lo anterior, el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005 emanado de la extinta Corte Suprema de Justicia, estableció: ...la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre.


A lo dicho conviene recalcar que si bien el sistema de la sana crítica goza de las más amplias facultades de convencimiento para con el juzgador, su libertad tiene un límite insalvable: el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, caracterizado por la posibilidad de que el juzgador logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad pero respetando, al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica constituidas esencialmente por: el principio de identidad (una cosa sólo puede ser idéntica a sí misma); el principio de contradicción (una cosa no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo); el principio del tercero excluido (establece que entre dos proposiciones de las cuáles una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera); y el principio de razón suficiente (dónde ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo); así también la experiencia común (constituida por conocimientos comunes indiscutibles por su raíz científica, tales como la gravedad por ejemplo); y los principios inexpugnables de las ciencias (no sólo de la psicología, utilizable para la valoración de dichos o actitudes y aferrados no a conocimientos técnicos sino más bien los que sean compatibles al hombre común). Todos estos preceptos reunidos poseen como fin el conducir a que los razonamientos del juez o tribunal no sean arbitrarios, incoherentes, contradictorios, o lleven al absurdo….”.


Entonces, una vez impugnada la valoración de la prueba, el Tribunal de apelación debe revisar el fallo para evidenciar si el Juez o Tribunal de instancia ha realizado una correcta operación lógica en el análisis de cada uno de los elementos de la sana crítica. Sobre este particular los Autos Supremos 133/2012-RRC de 20 de mayo y 326/2013-RRC de 6 de diciembre, ratificando en su doctrina legal por el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, establecieron que: “Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. En virtud de dicho entendimiento, concluyó que: “…ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en sentencia por el A quo”.


III.3. Respecto a la Responsabilidad del Imputado.


La responsabilidad penal del imputado es la máxima del derecho procesal penal, que debe ser el resultado de una adecuada subsunción del hecho a la conducta del imputado, la que debe estar respaldada por los elementos probatorios suficientes que logren vencer la duda razonable de acuerdo a una adecuada compulsa que el Juez o Tribunal está impelido de realizar en su labor jurisdiccional, en cumplimiento a los parámetro establecidos por los arts. 124 y 329 del CPP y de acuerdo a los arts. 15 y 30 de la Ley Nº 025. Con relación a esta labor el Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre, estableció como consideración doctrinal: “La subsunción supone la concreción de la norma esencialmente abstracta (tipo penal) y general al caso concreto y particular (hecho o hechos) que haya sido objeto del juicio. En primer término, y como labor inmediata, una vez concluida la valoración de la prueba y establecidos los hechos probados y no probados, el juzgador debe verificar la existencia y materialización del verbo rector en la conducta del imputado dentro de él o los hechos debatidos en juicio; es decir, realizar un enjuiciamiento jurídico del hecho, para después realizar el mismo trabajo de coincidencia para la restante estructura del tipo penal. De este modo la selección e interpretación del tipo penal y su adecuada subsunción no sólo supondrá una aplicación coherente y correcta de la norma sustantiva, si no que involucrará el cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva (art. 115.I de la CPE), un entender contrario; es decir, el tomar una decisión por parte del juzgador, en base a una deficiente y defectuosa subsunción de la conducta enjuiciada aplicando el tipo penal irrazonablemente, comprometerá la vulneración del principio de la legalidad penal, en íntima y directa conexión con el derecho a la libertad”.


III.4. Análisis del caso concreto.


Con relación al motivo admitido de casación, se denuncia que el Auto de Vista recurrido resulta contradictorio al primer Auto de Vista 131/2014 de 29 de octubre (emitido en el caso de autos); puesto que, ante el mismo reclamo efectuado en su recurso de apelación restringida concerniente a la falta de reconocimiento e individualización del imputado, defecto del art. 370 inc. 2) del CPP, que de manera caprichosa y forzada mencionó que se habría reconocido al imputado, dándole plena fe a las documentales MP-1, MP-2, MP-4, MP-9 y MP-8 y las declaraciones testificales de Basilio Velásquez Moscoso, Gladys Inés Alfaro Lavadenz, Julio Durán Gutiérrez y José Luis Sánchez Ordóñez, así como sobre la no intervención de la víctima en juicio, resultando contradictorios tales aspectos.


El invocado Auto de Vista 131/2014 de 29 de octubre emitido dentro del presente proceso penal que dispuso el reenvío del juicio oral por otro Tribunal colegiado, ha establecido que: “…..Como se puede apreciar esta primera parte de la Sentencia, no obstante de referir hechos ilícitos, carece de los elementos descriptivos para la configuración del ilícito de violación, sin que tampoco se exponga el grado de tentativa, es decir no individualiza al imputado, ni los actos idóneos por causas ajenas a su voluntad…(…) sin embargo, sin ningún elemento testifical o de otra índole que le identifique e individualice al imputado, lo condenan sin que además exista correspondencia de los hechos con los tipos penales de los arts. 308 y 8 del CP, que se proyectó inclusive desde la enunciación del hecho, confirmando de manera irrefutable la imposibilidad de forzar su subsunción, que al hacerlo indebidamente el Tribunal a quo incurre en una grave errónea aplicación de la Ley sustantiva, con añadido que no fue individualizado por ningún medio de prueba, dando lugar a los agravios alegados por el apelante (…)”.


Que, de la revisión del Auto de Vista impugnado con el precedente establecido, ingresando a realizar la labor de contraste, es menester remitirse a la Sentencia 59/2016 de 25 de noviembre para evidenciar, si efectivamente el Tribunal de alzada no ha realizado un correcto control de logicidad como lo ha hecho el precedente invocado al momento de disponer la anulación de la Sentencia emitida anteriormente y el reenvío del juicio oral; para tal efecto, primero, se debe establecer si la Sentencia 59/2016 carece de los elementos descriptivos para la configuración del delito de Violación y el grado de Tentativa, que analizando la Sentencia impugnada en primera instancia en su apartado IV respecto al hecho demostrado, describe los elementos que hace al tipo penal del art. 308 con relación al art. 8 del CP, para luego de realizar la valoración intelectiva, concluir el acápite exponiendo las conclusiones de dicha valoración de las pruebas al describir en tal exposición las circunstancias que encuadrarían en la tipificación penal: “…Con toda esa prueba en su conjunto se demuestra que hubo tentativa de Violación, el acto es idóneo, pues le saca por la fuerza la ropa interior y es encontrada de esa manera la víctima tirada en el piso, semidesnuda; esa situación no solo se ha referido por la víctima, ha sido referido por los vecinos a los policías que asisten en acción directa y al asignado al caso. Fue vista por la médico, a quien la víctima también relata los mismos hechos y en la manera cómo los vecinos lo dijeron, es coincidente todo, también fue plasmada de esa manera en la denuncia MP1, indicando que le saca el interior, en la acción directa donde se refiere el intento de abusarla sexualmente MP2, en la MP9 que plasma la declaración de la víctima donde se refiere que intenta abusarla sexualmente. Es decir que desde el inicio que intervienen terceras personas, ven la escena, la indican y afirman que hubo intento de violación, porque le ven sin su interior, calzón que queda al ingreso del inmueble a tres metros de la puerta tal como se colecta en la MP4, y que cuando la médico interviene tenía el interior abajo, lo que razona el Tribunal es que cuando los vecinos acuden a ayudarla la alzan del piso de la entrada de la casa y la llevan a la cama y ella y ellos intentan colocarle otro interior. Se encontró su calzón rosado a tres metros de la puerta de ingreso, al momento del registro por  el asignado al caso, el mismo día en horas de la tarde. La víctima fue clara desde un principio, los vecinos también, todos en su conjunto señalaron el  intento de violación, ampliamente coincidente con el dolor púbico de la anciana. Fue inequívoca su defensa, lo que impide que no se consume el ilícito de Violación por causas ajenas a la voluntad del acusado, y que la anciana se defiende e incluso llega a romper  su uña que tenía restos de sangre MP7, grita, pide auxilio, es socorrida por los vecinos quienes encuentran en flagrancia al agresor y lo retienen, ellos los vecinos llaman a la policía de Caraparí indicando la tentativa de violación, a la médico llaman en esa hora diciendo lo mismo. La única razón es porque la habían visto en esa situación a la anciana, sin su ropa interior, semidesnuda tirada en el piso el cazón rosado encontrado a tres metros de la puerta, que coincide con el relato por ella realizado. Razonamiento y certeza que lleva al Tribunal por la valoración integral e individual de la prueba de cargo, tanto documental como testifical, concordante con la interpretación del A.S. Nº 498/2016-RRC de 1 de julio. Es por ello que se adecúa al tipo penal previsto por el art. 308 en relación al art. 8 del CP, que Faustino Paulino Ortega Romero intentó acceder carnalmente a la anciana Teresa Marquez, no logrando su cometido porque ella se defendió y es auxiliada por los vecinos. Este razonamiento es compartido por todos los miembros del Tribunal, es decir en cuanto al hecho no hay ninguna duda para todos…”; por cuanto al contrario de la primera Sentencia, donde se habría identificado tal defecto por parte del precedente invocado, la Sentencia 59/2016 contiene la descripción del tipo penal y la forma de comisión del imputado, demostrando la intencionalidad y el acto frustrado, catalogando como tentativa del delito, considerando también- que la propia Sentencia en el mismo acápite establece la responsabilidad del recurrente sobre los hechos valorados intelectivamente conjuntamente la prueba producida en juicio y del análisis de los elementos del tipo penal; y es así que, el Tribunal de apelación, establece por consiguiente en el Auto de Vista  20/2017 de 23 de mayo la existencia de la correcta individualización del imputado sobre los hechos acusados y su culpabilidad penal para luego fundamentar la pena a imponer, dando así no solo observancia al glosado Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre citado en el apartado III.3 de la presente resolución judicial, sino también atención al precedente invocado en lo particular, estando compulsada adecuadamente su individual participación en los hechos, tal como lo ha manifestado el Tribunal de apelación al momento de resolver el agravio respecto al defecto del art. 370 inc. 2) del CPP; ya que, el Tribunal de Sentencia ha cumplido con la obligación de identificar judicialmente a la persona contra la cual se ha seguido el proceso penal así como de reconocerla, a fin de que no existan dudas ni errores en la persona que se persigue penalmente; en cuyo caso, se trata de la necesaria individualización judicial del presunto responsable del delito, que deviene precisamente de los elementos probatorios analizados por el Tribunal de Sentencia, tal como también lo ha entendido el Tribunal de apelación en el considerando III en su labor de logicidad.


En segundo término, el recurrente también ha denunciado la defectuosa valoración de las pruebas testificales y documentales como ser las pruebas MP-1, MP-2, MP-4, MP-9 y MP-8 y las declaraciones testificales de Basilio Velásquez Moscoso, Gladys Inés Alfaro Lavadenz, Julio Durán Gutiérrez y José Luis Sánchez Ordóñez, aduciendo que éstas eran contradictorias entre sí, empero el Auto de Vista claramente manifiesta que las declaraciones han sido correctamente valoradas por el Tribunal de Sentencia, por ser que el Auto de Vista refiere que estas declaraciones testificales no solo han sido valoradas individualmente, sino también de manera conjunta con la prueba documental, lo que determina no solo que el hecho ocurrió; sino que, el responsable en el procesado, quien hubiese sido sorprendido en flagrancia, estableciendo que la Sentencia efectivamente otorgó un valor probatorio positivo a la prueba cuestionada por el recurrente, no identificándose defectos en su valoración, por lo que se establece que el Auto de Vista impugnado ha ejercido correctamente su control de logicidad sobre la valoración de la prueba, conforme lo ha establecido los citados Autos Supremos 133/2012-RRC de 20 de mayo y 326/2013-RRC de 6 de diciembre extraídos en el apartado III.2 de la resolución, considerando que el Auto de Vista ha establecido los requisitos lógicos que han llevado al Tribunal de Sentencia a determinar la responsabilidad del recurrente, en base a una adecuada aplicación de la sana crítica, por lo que es evidente que el Tribunal de alzada en su labor de control, ha deducido en base lo contenido en la Sentencia que las declaraciones compulsadas con la prueba aportada han generado un juicio razonable de credibilidad, que fue una cuestión que el Auto de Vista invocado como precedente contradictorio había observado y extrañado en la fundamentación de la Sentencia anulada respecto a la individualización del recurrente y su participación en el hecho acusado en base a la prueba aportada, descartándose que el Auto de Vista, por este argumento, sea contradictorio con el precedente invocado. Además, de considerar que los argumentos y fundamentos de la Sentencia 012/2014 (anulada), no son los mismos fundamentos de la Sentencia 59/2016, por lo que no es posible concebir que se hayan incurrido en los mismos defectos ya resueltos con anterioridad para que sea aplicable en el mismo sentido al precedente invocado, cuando en casación se habla de una problemática procesal similar, que es por lo que precisamente se ha considerado el fondo del recurso y hecha la labor de contraste, que en definitiva no se ha identificado la contradicción con la doctrina establecida por el precedente invocado.


Cabe señalar, consecuentemente, que el Auto de Vista respecto al reclamo del recurrente que se debería considerar la no participación de la víctima en el juicio de reenvío, el Tribunal de alzada ha considerado que tal circunstancia no puede ser determinante para poder establecer una condena o absolución, en atención a que la víctima es una persona de la tercera edad y por política de revictimización, lo que efectivamente se encuentra refrendado por el art. 3 inc. 2 de la Ley Nº 369; así como lo previsto por el art. 33 de la Ley Nº 348, concordando el Tribunal Supremo de Justicia, con el criterio asumido por el Tribunal de alzada respecto a la no participación de la víctima en el juicio oral, resguardando sus derechos.


Entonces, no habiéndose establecido la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado con la doctrina del precedente invocado al haber el Tribunal de alzada aplicado una misma norma respetando los alcances definidos por el precedente, el recurso de casación, deviene por consecuencia en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Faustino Paulino Ortega Romero.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos