TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 251/2018-RRC

Sucre, 24 de abril de 2018


Expediente                        Potosí 29/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Agustín Estrada Quecaño

Delito                        Feminicidio

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de mayo de 2017, cursante de fs. 408 a 425, Agustín Estrada Quecaño, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 12/2017 de 18 de abril, de fs. 373 a 375 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Teófilo Condori Llanos en contra del recurrente, por el presunto delito de Feminicidio, previsto y sancionado por el art. 252 bis incs. 1) y 6) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


a)          Por Sentencia 14/2016 de 11 de octubre (fs. 308 a 318 vta.) el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Agustín Estrada Quecaño, autor de la comisión del delito de Feminicidio, previsto y sancionado por el art. 252 bis incs. 1) y 6) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas a favor del Estado y la víctima averiguables en ejecución de Sentencia.


b)        Contra la mencionada Sentencia, el imputado Agustín Estrada Quecaño (fs. 340 a 344), que previo memorial de subsanación (fs. 364 a 367), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 12/2017 de 18 de abril, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.


II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo  673/2017-RA de 4 septiembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Vulneración al debido proceso por falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado. El recurrente alega, que la respuesta al segundo agravio del recurso de apelación restringida por parte del Tribunal de apelación, en el que denunció falta de individualización del imputado con relación al tipo penal acusado de acuerdo al art. 370 inc. 2) del CPP, refiriendo la contradicción entre la Sentencia y acusación, porque no se demostró la realización del hecho, ni se realizó una correcta subsunción al tipo de Feminicidio, al haber sido condenado en base a pruebas forzadas, sin tomar en cuenta la manifestación de los hijos, ni la permanente y periódica situación de violencia intrafamiliar, se limitó a manifestar que fue la única persona que el día de los hechos estaba con la víctima y causante de agresiones, vulnerándose el derecho a la presunción de inocencia, cuando se conoce por la prueba testifical, que por el estado de ebriedad la víctima se cayó, pero reaccionó al día siguiente, habló y comió con sus hijos y familiares, pero también cayó al suelo de cemento en presencia de su hija. Reitera que esos aspectos no fueron tomados en cuenta en la Sentencia y en la Resolución de apelación.


  1. Falta de fundamentación en la valoración de la prueba, tanto testifical en particular las atestaciones Teófilo Condori Llanos, Maribel Estrada Condori y Juan Daniel Estrada Condori y en cuanto a la prueba documental, con relación al certificado médico forense, que no hizo mención a la existencia de desprendimiento de cuero cabelludo en la víctima, menos hizo referencia a un TEC. El Tribunal de alzada con referencia a este agravio resolvió erróneamente, aludiendo desconocimiento de las reglas de la sana crítica y que la apelación no es el medio para revalorizar prueba, ni revisar cuestiones de hecho. Al respecto invocó los precedentes establecidos en los Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2006 y 479 de 8 de diciembre de 2005; a cuyo efecto, alegó que la doctrina legal aplicable no hace referencia a una doble valoración como equivocadamente entendió el Tribunal de alzada, sino que la prueba para fundamentar una sentencia condenatoria debe ser precisa, coherente y adecuadamente fundamentada, con relación a los hechos y la subsunción penal.


III. ANTECEDENTES PROCESALES RELATIVOS AL RECURSO


III.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 14/2016 de 11 de octubre, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Agustín Estrada Quecaño, autor de la comisión del delito de Feminicidio, previsto y sancionado por el art. 252 bis incs. 1) y 6) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas a favor del Estado y la víctima averiguables en ejecución de Sentencia y alegó que:


“…la noche del 21 de marzo del 2015 en horas de la noche la fallecida asiste al cierre de campaña del partido político más, donde había una fiesta en la Plaza de Betanzos, donde libaban bebidas alcohólicas, a eso de las 2:00 de la madrugada bajan al sector de Entel, en el que testigos vieron que Agustín Estrada Quecaño agredía a la víctima, a consecuencia de estos golpes, hasta se hubiera caído la víctima y le seguía pegando arrastrando de los cabellos, vieron estos actos personas y que en el interior del domicilio siguió agrediéndola, ya en fecha 22 de marzo de 2015, en horas de la tarde seguía en su domicilio, la hija entra a su cuarto y advierte que su madre estaba mal comunica a su padre y recién la llevan al hospital, la intervinieron y su salud se deteriora y es así que a las 2:00 de la madrugada del día 23 de marzo de 2015, llegó a fallecer, luego por el médico que les manifestó que se apuraron en llevárselo a su casa para velarlo y es ahí que una de las parientes advierte lesiones en el cuerpo, es así que recién se parte al SLIM, en la mañana se trasladan al Centro de salud de Betanzos y con el médico se trasladaron, luego se requiere para que el IDIF, intervenga a través del médico forense y una vez auscultada, se determina que el fallecimiento es a consecuencia de los golpes que recibió y que la víctima ya había antecedentes de agresión anteriores al hecho” (sic).


El propio Tribunal determinó como hechos probados:


  1. Que el 21 de marzo de 2015, la víctima asistió a un evento en la Plaza Central de Betanzos con motivo al cierre de campaña de una tienda política, siendo que dio noticia a su esposo.


  1. En el evento la víctima departía bebidas alcohólicas con otras personas y luego de unos momentos dio llegada el imputado, quien a su vez bebe, coquea y baila, conjuntamente su esposa y parte de los concurrentes.


  1. Aproximadamente entre las 11:30 y 12:00, ya en estado de ebriedad, la víctima y el imputado deciden ir a su domicilio, ocurriendo que en el trayecto la víctima quien se hallaría más ebria que su esposo-  cae, siendo levantada por el imputado, para después tomar asiento en una de las banquetas de la plaza principal. Luego de un “buen rato” la víctima se levantó y en el intento de bailar (la música había retomado) de nueva cuenta cayó, momento en el que el imputado le propina una serie de golpes, de puño y puntapiés, al incluso de arrastrarla de los cabellos. “Luego de llegar a su tienda de carnicería Anita se cae nuevamente y nuevamente es objeto de golpes de parte de su esposo, llegando a la calle Bolívar, le otorga golpes y la arrastra, por la magnitud de los golpes que le otorgó y haberla arrastrado, sus calzados se quedan en la calzada, nuevamente Agustín la vuelva a sacar de la misma forma arrastrándola de los cabellos para que se ponga sus zapatos, es en ese preciso momento que para un taxi y el conductor, resulta ser su sobrino de Anita quien decide llevársela, a fin de evitar que le siga pegando, sin embargo Agustín no le deja y entre ambos discuten y pelean, Agustín Estrada Quecaño sacándolo de los cabellos al conductor del auto para que peleen” (sic).


  1. La mañana del 22 de marzo de 2015, el hermano llega a casa de los esposos, logrando ver los moretones que la víctima tenía en la cara como también hablar con ella quien le relató los hechos de los hechos. A las 8:00 de la mañana de ese día, fue también la hija mayor de los esposos, reclamando sobre lo ocurrido y refiriendo que esa misma situación era presente cada vez que bebían alcohol. La víctima comentó a su hija que le dolía la cabeza y el pecho, que la golpiza no era aislada sino frecuente, comentando que “era por celos y que tenía otra mujer”. Estas agresiones no fueron aisladas sino repetidas en varias ocasiones, con especial señalamiento en las ocasiones en que la víctima y el imputado departían bebidas alcohólicas.


  1. A las 14:30, la víctima cae de su cama siendo atendida por su hija y luego conducida al Centro de Salud Integral Betanzos por su esposo y la propia hija aproximadamente a las 18:00. La víctima fue ayudada por aquellos ya que en esos momentos no podía caminar. Por los datos prestados por el esposo (refirió haber bebido gran cantidad de alcohol y un par de “alcacel”) se dio el diagnóstico de Intoxicación Alcohólica Lipotimia. A la víctima se le proporcionó oxígeno y un suero, a pesar de ello señalaba tener dolor en el pecho y la cabeza, la que se golpeaba. En el curso de las 20:00 y las 23:55, su estado se deterioró, por lo que se dispuso su traslado a un centro de salud de tercer nivel, sin que ello se consumase al no haber quien firme la autorización. Aproximadamente a las 00:25, la hija y la cuñada llamaron al imputado; empero éste no se presentó, en este intervalo la víctima sufrió un paro cardiorespiratorio que le quitó la vida. El esposo llegó al lugar aproximadamente las 02:00.


  1. A las 03:00 a.m. del 23 de marzo de 2015, en situación de que la víctima era velada en su domicilio, los familiares indagaron por las causas de la muerte, ocurriendo que ante la no existencia de un certificado médico decidieron dar parte a las autoridades del SLIM, ello con el antecedente de existir lesiones en el cuerpo de la víctima por los golpes recibidos noches anteriores. La mañana de ese día, bajo la orden del Ministerio Público, un equipo multidisciplinario se trasladó al domicilio de la occisa, verificando la existencia de lesiones en el cuerpo de la víctima.


  1. La tarde del 23 de marzo de 2015, previo requerimiento fiscal, se realizó la autopsia de ley en el cuerpo de Anita Condori Llanos, evidenciándose: varias lesiones equimóticas en la cabeza los brazos y el tórax, además de “infiltrado hemático coagulado en la cara interna de ambos colgajos…masa encefálica congestiva, puntillado micro hemorrágico (edema cerebral)” [sic]; concluyéndose: “por las livideces encontradas supone una data de muerte de más de 10 horas, teniendo en cuenta la hora del fallecimiento. La muerte fue ocasionada como consecuencia de haber sufrido, varios golpes en la cabeza, animadas por una fuerza vital provocando lesiones mortales dentro del cráneo, ocasionando muerte posterior. Todas las lesiones manifestadas en la autopsia son de carácter vital análogas a lo que podrían haber sido ocasionadas por contusión traumática en forma directa y tangencial a la superficie comprometida, causa de la muerte traumatismo cráneo encefálico grave, policontusa” (sic)


  1. El imputado a más de presentar en juicio documental sobre su trabajo y domicilio, presentó prueba pericial sobre los documentos de prueba de cargo, fotografías del protocolo de autopsia, historia clínica e informes médicos, brindando en conclusión un informe médico legal que determinó como causa de la muerte “SHOCK hipovolémico, hemorragia digestiva alta, ingesta de bebidas alcohólicas”(sic).


A momento de la tipificación del hecho el Tribunal de Sentencia, luego de reseñar una breve concepción del delito de Feminicidio y realizada la valoración de los elementos de prueba producidos, concluyó:


(a)“ Agustín Estrada Quecaño golpeo y causo lesiones en la humanidad de Anita Condori Llanos y lo hizo con el fin de causar daño contra la vida de la víctima. Lo hizo con entera voluntad” [sic].


  1. “hubo tipicidad objetiva, pues su conducta se ha subsumido al tipo penal de Feminicidio, golpeando hasta causarle la muerte de la víctima Anita Condori Llanos, respectivamente” [sic].


  1. “hay tipo subjetivo porque su conducta fue dolosa y sin dudas el dolo fue directo la conducta es antijurídica, dado que no existen causas de justificación, al autor se le pudo exigir otra conducta distinta a la que ha hecho, atendiendo los parámetros medios de la sociedad, existe culpabilidad porque era capaz y conoció la ilicitud de su conducta, no otra cosa significa después de golpear indicar que la víctima siempre estaba mal que adolecía del estómago y la cabeza, el hecho de que estaba en estado de inconsistencia, insuficiencia de facultades mentales que le hayan impedido comprender la criminalidad de los actos realizados. La prueba de descargo no ha desvirtuado la acusación” [sic].


III.2. De la apelación restringida.


Contra la citada Sentencia el imputado opuso recurso de apelación restringida, a través del memorial saliente, cursante de fs. 340 a 344, más subsanación, de fs. 364 a 367, exponiendo:


1) inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, los hechos relatados en la sentencia corresponden al resumen del fallecimiento de la víctima; empero, no indican de qué manera el imputado cometió el delito, sin que tampoco se explique el tiempo que la víctima pasó en su domicilio con su familia; la conducta del imputado ligada a la descripción probatoria de manera integral no se adecua al tipo penal que se condena, demostrándose “la existencia de error de tipo invencible porque no existen los elementos constitutivos del tipo (así como) no se establece que el elemento del tipo penal de generar muerte súbita fuera realizada [por el imputado] peor aun cuando se conoce que la causa de la muerte es la intoxicación alcohólica seguida de hemorragia interna y no así el traumatismo encéfalo craneano TEC” (sic). “…se establece que el imputado incurrió en responsabilidad penal, empero sin individualizar la conducta a cada uno de los elementos del tipo penal al no existir fundamento, para fundar la responsabilidad penal significa la existencia de error in iudicando al pretender forzar una participación [que] ni siquiera existe el elemento nuclear de matar, que fuera probado con elementos suficientes” [sic].


2)  Falta de individualización del imputado con relación al tipo penal acusado; toda vez, que la Sentencia no individualizó la participación con relación a la conducta del imputado, más incluso al tener presente que la acusación no posee una relación fáctica debidamente descrita que refiera la forma en que se cometió el delito.


3)  Valoración defectuosa de la prueba, en razón de que las atestaciones de cargo no fueron valoradas de manera integral tomando en cuenta la personalidad de los testigos, en ellas no se precisó la participación del imputado “de manera consciente en el hecho perpetrado” (sic), más cuando la pericia médico legal refiere cuál la cusa de la muerte que no fue TEC; las dos únicas declaraciones se orientan deliberadamente a confundir al Tribunal, pues una de ellas al margen de haber sido la cuñada del imputado no le consta de manera personal cómo ocurrieron los hechos.


4)  Contradicción entre la parte considerativa y la parte resolutiva, pues, se “…establece la inexistencia de participación empero aduce responsabilidad penal” (sic).


III.3.        Del Auto de Vista 12/2017 de 18 de abril.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Fallo que hace título a este epígrafe, resolviendo el recurso de apelación restringida opuesto por Agustín Estrada Quecaño, con los siguientes argumentos:


  1. Sobre la denuncia de errónea aplicación de la Ley Sustantiva, “…el Tribunal de Sentencia ha realizado una correcta subsunción de la conducta del imputado al tipo penal denunciado (en tal entendido) se ha demostrado que el acusado, es el autor de la muerte de su esposa, pues se ha establecido que el día en que ocurrieron los hechos, el acusado le agredió físicamente a la víctima con una serie de golpes de puño y patadas, llegándole incluso a arrastrar de los cabellos, lo que a la postre derivó en el fallecimiento de la víctima por TEC; asimismo se ha establecido que el acusado es cónyuge de la víctima y que con anterioridad al hecho de la muerte, la víctima fue objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte del acusado, por los celos que sentía” (sic).


  1. En relación a la falta de individualización con relación al tipo penal acusado, se dijo que “…el imputado está debidamente individualizado, es la única persona que el día de los hechos le agredió a la víctima y que posteriormente falleció por TEC, a más abundamiento el acusado no fundamenta debidamente porque no está suficiente individualizado y porque ello significa falta de subsunción en la conducta” (sic).


  1. Sobre la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, previa transcripción del Auto Supremo 088 de 18 de marzo de 2008, se expuso que “…el apelante solo se limita a señalar de manera genérica, que ninguno de los testigos manifiesta su participación en el hecho y que la pericia médico legal refiere que la causa de la muerte no fue un TEC, el apelante no individualiza que prueba se ha valorado defectuosamente y peor aún no indica cómo debió valorarse una determinada prueba y dónde estriba la mala valoración no expresa de manera clara de qué manera se vulneró las reglas de la sana crítica” [sic].


  1. En torno a la denuncia de contradicción entre las partes considerativa y resolutiva de la Sentencia, la Sala Penal Primera, se pronunció indicando: “este agravio tampoco está debidamente fundamentado, por cuanto el apelante se limita a indicar que existe contradicción porque se ha establecido la inexistencia de su participación en el hecho y sin embargo se le condena a 3 años de reclusión; de donde se desprende, que no expresa claramente porque existe contradicción lo que no permite ingresar a su análisis” (sic).


IV.    Análisis y Fundamentos de la Sala.


A efectos del presente recurso de casación, se tiene que el imputado plantea dos problemáticas, a saber: 1) Vulneración al debido proceso por falta de fundamentación y motivación en la respuesta al segundo agravio del recurso de apelación restringida en el que denunció falta de individualización del imputado con relación al tipo penal acusado, porque no se demostró la realización del hecho, ni se realizó una correcta subsunción al tipo de Feminicidio, sin haberse tomado en cuenta el estado de ebriedad la víctima, que reaccionó, habló con sus hijos y familiares; y, 2) Falta de fundamentación en la valoración de la prueba testifical (atestaciones Teófilo Condori Llanos, Maribel Estrada Condori y Juan Daniel Estrada Condori) y documental (certificado médico forense) proponiendo la posible contradicción con los Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2006 y 479 de 8 de diciembre de 2005.


IV.1.  En cuanto a la denuncia de vulneración al debido proceso por falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista.


Dice el recurrente que en la respuesta al segundo agravio del recurso de apelación restringida en el que denunció falta de individualización del imputado con relación al tipo penal acusado el Tribunal de alzada se limitó a manifestar que fue la única persona que el día de los hechos estaba con la víctima y fue causante de agresiones, sin que se haya tenido presente que no se realizó una correcta subsunción al tipo de Feminicidio por haber sido condenado en base a pruebas forzadas, en las que no se tomó en cuenta la manifestación de los hijos, ni la permanente y periódica situación de violencia intrafamiliar, más cuando se conoce por la prueba testifical, que por el estado de ebriedad la víctima cayó, pero reaccionó al día siguiente, habló y comió con sus hijos y familiares.


A fin de contextualizar el presente motivo, primero definir la forma procesal en la que fue planteado. El recurrente a más de esbozar una serie de cuestiones de hecho que en su perspectiva no fueron tomadas en cuenta por las instancias inferiores, expresa su queja amparado en la presunta vulneración de su “derecho al debido proceso” con un aspecto particular y específico, que es “la falta de fundamentación y motivación a momento de responder el segundo agravio de la apelación restringida” (sic). De tal cuenta, la labor debería limitarse a constatar su evidencia, esto es, comprobar si el Tribunal de alzada tuvo presente y dio respuesta fundamentada al segundo agravio señalado; sin embargo, la incidencia de los argumentos de este motivo abarcan un terreno mucho más amplio.


De inicio debe tenerse presente que, el recurso de casación, nace en la previsión de los arts. 416 y siguientes del CPP, constituye el último recurso en la vía ordinaria y tiene como fin específico la unificación y uniformización de la jurisprudencia, a partir de lo que se hace exigible como requisito de admisibilidad la invocación de un precedente contradictorio. La base de impugnabilidad sobre casación, obedece a la revisión de un Auto de Vista pronunciado de modo previo a la interposición de un recurso de apelación restringida que deriva de la oposición a una Sentencia; es decir, sigue un determinado orden procesal no pasible a variación. Aunque la tendencia jurisprudencial ha hecho que los requisitos habilitantes de casación puedan ser pasibles a flexibilización, de ningún modo tal hecho mutó la secuencia procesal descrita.


En efecto el segundo agravio del recurso de apelación restringida se halla a fs. 342 y vta., intitulado “falta de individualización del imputado con relación al tipo penal acusado” (sic) y tal como fue reseñado en el apartado III.2 de esta Resolución, si bien señala como base el defecto del art. 370.2 del CPP, en ningún trayecto otorga, más allá de inconformidades y generalidades, aspectos específicos que denoten un análisis de rigor. Es más, este agravio redunda sobre la llana aseveración de que ante la no probanza del hecho y la participación del imputado en el mismo no podía condenársele por el delito de Feminicidio, sin que se reitera- se oriente cuál la razón, en el terreno de los hechos, conduzca a tal afirmación.


La descripción que precede resulta medular a los fines del presente motivo, por cuanto todo el alegato del recurso de casación, no resulta coincidente con el segundo agravio del recurso de apelación restringida. La languidez argumentativa sentada en esa instancia pretende ser superada en casación, por cuanto son varias las cuestiones e hipótesis de hecho y derecho que a decir del recurrente debieron haber sido tomadas en cuenta por el Tribunal de apelación; y todas ellas, en la línea del memorial de casación, son acomodadas en el defecto de falta de suficiente individualización del imputado (art. 370.2 del CPP); sin embargo, también todas ellas son ausentes en el memorial de apelación restringida (incluido el escrito de subsanación) y por ende, no fueron tomadas en cuenta por el Auto de Vista 12/2017 de 18 de abril. Surge la pregunta entonces, cuál el margen de análisis en casación si los argumentos que se reclama no han sido tomados en cuenta por el Tribunal de apelación por no habérselos puestos a consideración, ni en el momento procesal, menos en el memorial presentado por el mismo recurrente.

 

Ante la generalidad de la exposición del reclamo de presencia del defecto de la Sentencia del art. 370 inc. 2) del CPP, el Tribunal de alzada dio respuesta en ese mismo sentido identificando que “el acusado no fundamenta debidamente porque no está suficiente individualizado y porque ello significa falta de subsunción en la conducta” (sic); es decir, una respuesta equivalente a la gama de argumentos planteados, lo que denota por una parte que no es evidente que el Auto de Vista 12/2017 de 18 de abril no haya brindado respuesta fundamentada al segundo agravio de apelación restringida, no siendo evidente tampoco la existencia de defecto absoluto por falta de fundamentación en este particular.


Así las cosas, el presente motivo deviene en inadmisible; por cuanto, la identidad exigida para los reclamos en casación, ello es que el pretendido segundo agravio  de apelación restringida guarde equidistancia con el reclamo expresado en el memorial del recurso de casación, no es presente.

IV.2.        En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación en la valoración de la prueba - control de contradicción.


Agustín Estrada Quecaño, denuncia “inexistencia de razón criterio sólido que fundamente la valoración de la prueba en la sentencia” (sic), riñendo con la respuesta otorgada por el Tribunal de alzada que alegó desconocimiento de las reglas de la sana crítica en el entonces apelante, además de expresar  y que la apelación no es el medio para revalorizar prueba, ni revisar cuestiones de hecho, invocando como precedentes contradictorios a los Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2006 y 479 de 8 de diciembre de 2005.


Doctrina legal aplicable contenida en los precedentes contradictorios invocados


La Sala Penal Primera, emitió el Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006, motivo de la interposición del recurso de casación de FMM y otros dentro del proceso penal seguido por RFF y otro contra los recurrentes, por los delitos de difamación, Calumnia, Propalación de Ofensas e Injurias, previstos en los arts. 282, 283, 285 y 287 del CP, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado y sentando la siguiente doctrina legal aplicable: 


“Son defectos absolutos, cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas. La falta de precisión, en términos claros, sobre la adecuación del hecho acusado a los elementos constitutivos del tipo penal atribuido, contraviene el principio de legalidad, al no cumplir con la explicación jurídica legal, que el acto imputado se subsume a la norma sustantiva penal, atribuyéndoles a los imputados los hechos, haciéndolos objetos de la concreta acusación del ilícito penal, cuyo objeto es el atacar el sentimiento de honradez moral del sujeto pasivo con relación al consenso de los demás.


Que la resolución cuestionada, no comprende la subsunción del hecho al tipo penal de calumnia, tampoco la argumentación para la imposición de las sanciones conforme lo estatuido en el Art. 25 del CP. En la especie tampoco se fundamentó la imposición de la pena, cuando ésta debe ser dada en el marco de los arts. 38, 39 y 40 del citado cuerpo penal.


Que el Tribunal de Alzada, al no haber advertido, que la adecuación del hecho ilícito fue incorrecta al tipo penal, ante la inexistencia de los elementos constitutivos del mismo y al no haberse demostrado: "el delito contra el honor sobre el ataque a la honra o crédito ajeno" respecto a la conducta de los imputados.


Por otro lado el Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, fue dictado por la Sala Penal Segunda de la otrora Corte Suprema de Justicia motivada por el recurso de casación opuesto por CBP, dentro de la tramitación del proceso penal que el Ministerio Público siguió en contra suya por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, contenido en la sanción del art. 48 con relación a los arts. 33 inc. m) y 49 de la Ley 1008. En esa oportunidad se reclamó que el tribunal de alzada incurrió en defecto absoluto al anular la sentencia absolutoria con imposición de tratamiento médico para drogodependientes, al haber realizado una errónea concreción del marco penal a la conducta del entonces recurrente al no cumplir la exigencia del dictamen médico especializado previo, tal cual lo dispone el art. 49 de la Ley 1008. En suma la situación de hecho se configuró en la decisión del Tribunal de alzada de anular la Sentencia y disponer juicio de reenvío, sin haber tomado en cuenta que en juicio oral el Ministerio Público no produjo elementos de prueba y que en esa situación se aplicó el citado art. 49 de la Ley 1008. A continuación se transcribe la doctrina legal aplicable pronunciada:  


“En la función jurisdiccional respecto a las resoluciones que se emitan es imprescindible que los Tribunales de Justicia apliquen las normas positivas de acuerdo a lo previsto por el artículo 228 Constitucional, dando aplicación preferente a la normativa Constitucional; consiguientemente, la carga de la prueba corresponde al acusador público o privado o a ambos y en aplicación del principio constitucional de inocencia, un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material; consecuentemente, del estado de presunción de inocencia deriva el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al imputado sino al acusador.


El juicio oral, público y contradictorio, conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; consecuentemente, el Tribunal de alzada, velando por su observancia y la economía procesal, debe proceder anular únicamente cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista violación al debido proceso que amerite valoración probatoria deberá anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal. Lo contrario significaría incurrir en violación procesal establecida en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal e incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal”.


De entrada corresponde precisar que la situación de hecho similar entre los Autos Supremos invocados y el planteamiento del imputado en su recurso de casación son distintas; por cuanto, el Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006, si bien aporta nociones sobre el deber de cumplimiento del principio de legalidad, la realiza a partir de una errónea subsunción de los hechos al tipo penal en sentencia y el deber de control que el Tribunal de alzada posee en ese particular, situación que no comprende como pasa en el caso de autos, a aspectos sobre valoración probatoria como se destaca tanto del recurso de apelación restringida como del propio recurso de casación.


En cuanto a la doctrina legal aplicable, contenida en el Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, ocurre situación parecida, pues este Fallo avoca su comprensión a partir de la anulación de una sentencia absolutoria en la que si bien se determinó la aplicación de un tratamiento médico, no fue menos cierto que en juicio oral no se hubo producido prueba que por un lado amerite el reenvío del juicio como tampoco explicaba por qué en esas condiciones se había optado por dar curso al art. 49 de la Ley 1008, circunstancias de hecho que como salta a la vista son disimiles al planteamiento del recurrente, que propuso contradicción en el Auto de Vista 12/2017, por no haber otorgado razón sobre el reclamo de defectuosa valoración probatoria efectuada en apelación restringida.


En este punto específico, de nueva cuenta se advierte la no semejanza de argumentos entre la defectuosa valoración de la prueba denunciada en apelación restringida (fs. 342 vta. y 343) y los argumentos que visten al motivo de casación (fs. 417 a 421), pues el recurrente a título de falta de fundamentación, pretende ampliar su argumentación en este estadio procesal. El caudal argumentativo puesto a consideración del Tribunal de alzada, sobre este particular, es mínimo, el planteamiento ronda, la sola inconformidad y anuncia muy implícitamente el desarreglo con la valoración de la prueba, expresando por ejemplo “…la declaración de los testigos de cargo, que en realidad ninguno de ellos manifiesta la participación mía de manera consiente sobre el hecho, esta falta de prueba excluye a mi persona como responsable del hecho” (sic). Este aspecto fue percibido por el Tribunal de apelación, que en respuesta dio por evidentes aquellas falencias y anunció su imposibilidad de entrar a un nuevo análisis de la prueba, así como, expuso que ante la inconsistencia en el argumentos del recurso (no se precisó cuál la o las atestación se creyeron erróneamente valoradas y el porqué de esa creencia) y al no invocarse cual el elemento de la sana crítica hubiera sido transgredido por el Tribunal de Sentencia, no podía dar mérito a la pretensión del en ese momento apelante.


En casación el recurrente pretende absolver esas falencias a través de una nueva versión sobre los hechos y una nueva lectura sobre la valoración de las pruebas, que en su perspectiva condujeran a determinar la existencia de error u omisión en el Auto de Vista 12/2017 de 18 de abril de 2017; empero, en la persistencia de intentar reconducir los argumentos de su recurso de apelación restringida.


Comoquiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia, sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso; y por ende, su recurribilidad no debe ser entendida como un nuevo juicio sobre las pruebas sino sobre las razones que condujeron a los de sentencia a tomar una decisión; ya sea por infracción a las reglas de la sana crítica, bien sea en el planteamiento de una hipótesis ( la equivalencia a una afirmación cuya veracidad debe ser argumentada, y predispuesta a ser demostrada o justificada de alguna manera a través de los antecedentes del proceso) que de manera suficiente procure el cotejo de parte del tribunal de apelación, no desde el cotejo de las pruebas, sino en pos de determinar la solvencia o no de los razonamientos de la Sentencia.


       En conclusión el recurso de casación pretendido por Agustín Estrada Quecaño, recae en infundado; por cuanto, el defecto absoluto denunciado no es evidente, como tampoco es cierta la contradicción planteada. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesta por Agustín Estrada Quecaño.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos