TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 250/2018-RRC

Sucre, 24 de abril de 2018


Expediente                        Potosí 28/2017 

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Froilán Condori Ancasi y otro 

Delito                        Incumplimiento de Deberes

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 8 de junio de 2017, cursantes de fs. 569 a 572 y 600 a 603 vta., Valeria Flores Córdova, Presidenta del Concejo Municipal de Uyuni y José Luis Rodríguez Landaeta, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 13/2017 de 21 de abril, de fs. 534 a 537, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Concejo Municipal de Uyuni contra Froilán Condori Ancasi y el recurrente por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACION


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 53/2016 de 16 de agosto (fs. 271 a 277 vta.), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró autores  a Froilán Condori Ancasi y José Luis Rodríguez Landaeta de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado  en el art. 154 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, con costas y reparación del daño a favor del Estado y de la víctima.

  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados José Luis Rodríguez Landaeta (fs. 332 a 341 vta.)  previo memorial de subsanación (fs. 469 a 483) y Froilán Condori Ancase (fs. 370 a 379), interpusieron recursos de apelación restringida que fueron resueltos por Auto de Vista 13/2017 de 21 de abril, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedentes los recursos y anuló la Sentencia impugnada, disponiendo el reenvío del juicio ante el Juez Segundo de Sentencia, disponiendo que a José Luis Rodríguez Landaeta, se le notifique con la acusación fiscal y particular en su domicilio procesal señalado, conforme a los fundamentos de la Conclusión primera, punto 6 de la misma Resolución, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 672/2017 de 4 de septiembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.1.1.1.  Del recurso de casación de la Presidenta del Concejo Municipal de Uyuni.


Previa descripción de antecedentes, el recurrente cuestionando la decisión del Auto de Vista recurrido de anular la Sentencia en base a la existencia de defectos absolutos que invalidan el juicio por restricción del derecho a la defensa y del debido proceso, en relación al proceso de José Luis Rodríguez Landaeta, asevera que en cuanto a la falta de citación para tomar su declaración informativa, era evidente la no concurrencia del imputado desde el inicio de la investigación, por lo que desde la primera etapa fue librada la publicación de edictos en varias actuaciones procesales, al no conocerse el domicilio real, a fin de que el imputado pueda tomar las previsiones de ley y comparecer presentando incluso sus pruebas de descargo dentro de los plazos que establecen las leyes, aspectos que los de apelación no consideraron adecuadamente y que inciden negativamente en su derecho al debido proceso, por lo que no se puede alegar el desconocimiento del imputado; sin embargo, le sorprende que éste, al ser abogado, reaparezca en la etapa en la que se dictó la Sentencia condenatoria, dando a entender claramente que tenía plena conocimiento de la denuncia incoada en su contra.


I.1.1.2. Del recurso de casación de José Luis Rodríguez Landaeta.


1)    Como falta de descripción del principio de subsunción e incongruencia en la relación fáctica y jurídica, afirma que existiendo acusación por un supuesto hecho de incumplimiento de deberes, esta observación mediante el Auto de Vista mereció apenas la transcripción del art. 154 del CP, manifestándose que se llegó a subsumir la conducta, pero dicho análisis resulta no ser real porque el tipo penal acusado posee varios elementos, no hacer, retardar, omitir y no se indica cuál fue supuestamente su conducta; además, la prueba que le deslinda de responsabilidad es justamente el contrato específico que existe para el abogado contratado para procesos penales y no era su persona; en virtud de ello, tampoco cumplió el rol de observar el trabajo del inferior, por cuanto siendo esa figura de carácter dolosa, no refiere de qué manera existe dolo, conducta ilícita; en consecuencia, la no aplicación del concepto base de justicia e inexistencia de análisis de la inexistencia de los elementos del tipo penal acusado, no permite un fallo justo.


  Con el epígrafe de restricción del derecho de acceso a la justicia, el recurrente denuncia que no se indica cómo su conducta se subsume al hecho investigado, vulnerando sus derechos por falta de subsunción e incorrecta aplicación de una pena que no procede de acuerdo al art. 13 del CP, lo que considera defecto absoluto no convalidable, que afecta la estructura del art. 169 incs. 3) y 4) del CPP, concordante con el art. 362 del CPP, vulnerando su derecho de acceso a la justicia, lo que no es susceptible de apelación; empero, al no ser respondido el recurso en la forma prevista en el art. 413 del Código Adjetivo Penal, con relación a la denuncia de defectos propios de la Sentencia, se genera un acto de ilegalidad marcada porque no se verifican esas denuncias que son defectos absolutos de la Sentencia, no susceptibles de convalidación, art. 169 inc. 3) del Código citado, abriéndose la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para advertir la denuncia de esas vulneraciones a derechos constitucionales, de acuerdo a lo previsto en el art. 17 de la LOJ, de pronunciarse de oficio sobre el petitorio, no pudiendo manifestarse por la inadmisibilidad.


2)   Previa mención de que el Auto de Vista pretende consolidar la errónea aplicación de la ley sustantiva, el recurrente cuestiona que dicha Resolución no advierte el cumplimiento de la ley porque se denunció error in iudicando en virtud a la infracción del art. 370 inc. 1) del CPP, solicitándose expresamente se anule el juicio oral por haberse emitido una sentencia condenatoria cuando no existe prueba para acreditar la existencia de responsabilidad penal, indicando el propio Auto de Vista que existe una generalización de la conducta al tipo, pero no especifica cuál retardar, omitir, no hacer, estando ausente el elemento de forma concreta sobre la conducta, que demuestra ser dolosa, lo que al ser obviado vulnera el derecho al debido proceso, correspondiendo al Tribunal de alzada anular la decisión del inferior a nuevo juicio por reenvío, por ser contraria a la ley en su debida interpretación doctrinaria y de apelación constitucional; por ende, no posee el fundamento legal exigible de acuerdo al art. 124 del CPP, porque no pretende una revalorización de la prueba en segunda instancia tal como indica el Tribunal de apelación, lo que se denuncia en el recurso de apelación restringida es la existencia de la aplicación errónea de la ley contemplada en el art. 370 inc. 1) del CPP, como defecto propio de la Sentencia, por lo que el Tribunal inferior y el Tribunal de apelación tenían la obligación de advertir si se encuentran presentes los elementos del tipo penal acusado y si esa condena los elementos intrínsecos del delito acusado y sentenciado, indicando dónde está la actuación dolosa y los demás elementos del tipo, el por qué, la prueba para el inferior fue suficiente; en cambio para el Tribunal de apelación no advierte nada de ello, sin argumento legal alguno, siendo contrario al Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006 y sancionado con nulidad, de acuerdo a lo manifestado en el art. 169 inc. 3) del CPP, por lesión al debido proceso; en cuanto, a la inexistencia de los elementos constitutivos de los tipos penales acusados.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente Valeria Flores Córdova, solicita se disponga lo que corresponda al Código de Procedimiento Penal y por otro lado José Luis Rodríguez Landaeta, solicita la anulación del Auto de Vista 13/2017 a efectos de que se emita nueva resolución.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 672/2017-RA de 4 septiembre, cursante de fs. 613 a 616 vta., este Tribunal admitió los recursos de casación formulados por Valeria Flores Córdova y José Luis Rodríguez Landaeta, ambos ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.

Por Sentencia 53/2016 de 16 de agosto, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró autores a Froilán Condori Ancasi y José Luis Rodríguez Landaeta de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado en el art. 154 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, con costas y reparación del daño a favor del Estado y de la víctima, en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que del informe remitido ante el Fiscal Departamental Sandro Fuentes del representante del Ministerio Público, Juan Carlos Ramírez quien puso en conocimiento que el 1 de diciembre de 2010 a horas 09:30 am., se ha desarrollado en el Tribunal Segundo de Sentencia,  la audiencia de juicio oral en la cual no asistió el Alcalde  de Uyuni Froilán Condori Ancasi ni el asesor jurídico y apoderado Adalid Veniz Ali, los mismos que fueron legalmente notificados el 18 de noviembre de 2010. Que el Fiscal Daniel Ticona, formula acusación en fecha 15 de mayo de 2009, en contra de Cirilo López Pascual Huarachi Yuli, Julia Mariscal Chalar, Adela Zegarra Cruz y José Luis Calizaya por los delitos de Peculado, Malversación y Negociaciones Incompatibles en el Ejercicio de la Función Pública, arts. 142, 144, 158, 159, 198, 199, 203 del CP y el 3 de junio de 2009, radica la causa ante el Tribunal Segundo, el 26 de junio de 2009 Vidal López Pérez, que en esa fecha era Alcalde de Uyuni formula acusación particular, apersonándose Froilán Condori Ancasi el 17 de julio de 2010, en su condición de Alcalde Municipal y José Luis Rodríguez L., en su condición de asesor legal, en la cual el Tribunal luego de aceptar la personería fija audiencia de Juicio Oral, para el 1 de diciembre de 2010, que pasando 5 minutos de espera al no estar presente el Alcalde de Uyuni ni el Asesor, el Tribunal determina abandono de querella con costas.


El Juez Primero de Sentencia de Potosí, estableció una vez analizadas las argumentaciones del Ministerio Público, acusador particular y defensa que los imputados Froilán Condori Ancasi en su condición de Alcalde Municipal de Uyuni, conforme prevé la ley 2098 en su art. 44 inc. 11), sobre supervisar  la correcta administración del Municipio, en concordancia a la resolución de concejo municipal 98/2010 de 10 de noviembre, tenía la obligación de participar en los procesos penales y de informar al Concejo Municipal sobre el avance de dichos procesos. No se excluye de dicha responsabilidad ni siquiera al otorgar poder al co-acusado, incumpliendo el art. 14 de la ley 4 de 31 de marzo de 2010, donde se establece la obligación de constituirse en parte querellante. A su vez, el co-imputado José Luis Rodríguez Landaeta quien al ser apoderado del Alcalde y Asesor de dicho municipio tenía también la obligación de asistir a todas las audiencias hasta concluir el proceso, conforme las facultades del poder No. 1002/2010 de 2 de septiembre, sin justificar su inasistencia, o informar al Alcalde o Concejo Municipal, incumpliendo su deber de funcionario público, infringiendo deberes del art. 27 inc. g), 28 de la ley 1178, condenándolo a Froilán Condori Ancasi y José Luis Rodríguez Landaeta, como Autores de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, disponiendo la pena de dos años de privación de libertad, más costas a favor del Estado.

   

II.2.  De las apelaciones restringidas.


Contra la mencionada Sentencia, los imputados José Luis Rodríguez Landaeta (fs. 332 a 341 vta.)  previo memorial de subsanación (fs. 469 a 483) y Froilán Condori Ancase (fs. 370 a 379), interpusieron recursos de apelación restringida que fueron resueltos por Auto de Vista 13/2017 de 21 de abril, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedentes los recursos y anuló la Sentencia impugnada, disponiendo el reenvío del juicio ante el Juez Segundo de Sentencia, disponiendo que a José Luis Rodríguez Landaeta, se le notifique con la acusación fiscal y particular en su domicilio procesal señalado, conforme a los fundamentos de la Conclusión primera, punto 6 de la misma Resolución.


II.2.1. De la apelación restringida de José Luis Rodríguez Landaeta.

       

El recurrente en su recurso de apelación restringida interpuso los siguientes defectos de Sentencia:


Defectos Absolutos de Falta de Notificaciones, de conformidad a los arts. 17 de la LOJ, 166 y 169 del CPP, respecto a la falta de citación de los siguientes aspectos:


Falta de citación para declaración informativa; ya que, no se cumplió el principio de legalidad por no haberse citado con la querella, inicio de investigación o acusación particular, en violación de los arts. 163 incs. 1), 3) y 4), 165, 166 inc. 3) del CPP, cuando contaban con su cedula de identidad, en la institución municipal donde prestaba sus servicios profesionales como asesor jurídico de Uyuni. 


Falta de citación con la imputación, en el entendido que no se habría notificado en el domicilio en forma personal; es decir, en la urbanización Huajara de la ciudad de Oruro, conforme los arts. 160 y 163 del CPP.


Falta de notificación personal con la acusación fiscal y particular, constituyendo en defecto absoluto, esta carencia de notificación personal de ambas acusaciones tanto fiscal como particular, desconociendo el contenido de los mismos, y que vulnera el derecho a la defensa, como tampoco se hubiese notificado mediante edictos.


Falta de notificación con la acusación fiscal y particular al abogado de la defensa estando declarado rebelde el imputado, que mediante los arts. 107 y 109 del CPP, refiere que la defensa del imputado se encuentra garantizada por Defensa Pública, quienes pueden intervenir sin poder, debiendo también cumplir formalidades como la notificación con la acusación fiscal y particular, para que los mismos propongan los medios de defensa extremo que no habría sido cumplido, constituyendo en defecto absoluto dando lugar a la nulidad de obrados, conforme el Auto Supremo 175/2006 de 15 de mayo.


Restricción del derecho a la defensa, que no habría estado presente la abogada Elsa Cabrera de Defensa Pública designada para este proceso, sino que ante dicha inasistencia se nombró a otra abogada y cuando la misma pidió la suspensión de diez días para asumir defensa fue negada por el Tribunal y otorgando solo una hora para que pueda ejercer la representación legal del ahora apelante; consecuentemente, no se efectuó una verdadera defensa generando desigualdad de condiciones respecto a los derechos del imputado y su accionar de dicha defensa fue un simple acto de presencia, en incumplimiento a lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 1102/2002-R, que refiere a que la intervención del defensor de oficio debe cumplir la materialización de ofrecimiento de pruebas para no vulnerar el debido proceso.


1.- Defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en la valoración defectuosa de la prueba, indicando no se habría valorado correctamente las pruebas documentales y testificales; ya que, giran en torno a la no presencia del imputado a la audiencia de juicio oral de fecha 1 de diciembre de 2010 y no se evidencia el aspecto doloso y que a sabiendas de dicha audiencia no se hubiese asistido en desmedro de la municipalidad o favorecimiento de la otra parte, extremo no tomado en cuenta, como tampoco se enfatizó sobre la individualización, puntualizando también aspectos por las cuales no tendría el recurrente responsabilidad penal; indicó asimismo, que dicha Sentencia careció de fundamentación intelectiva, cognoscitiva de los hechos juzgados, menos correcta aplicación de la norma, situación que atentó a la presunción de inocencia, legalidad y debido proceso.


2.- Defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, errónea aplicación de la ley sustantiva, indicando que en este tipo penal se debe verificar el deber que tenía el imputado de acuerdo a su función, no expresando en Sentencia, cuál es la acción u omisión del imputado, no probó si existiese un contrato entre municipio imputado, una reglamentación interna, una notificación para la audiencia señalada, motivo del presente proceso, ni los elementos del tipo penal respecto a las acciones del imputado, incumpliendo la labor de fundamentación conforme el art. 124 del CPP.    


II.2.2. De la apelación restringida de Froilán Condori Ancasi.


El Primer agravio.- Nulidad al no haber dado tiempo necesario para que asuma defensa como señala el art. 104 con relación a los arts. 407 y 169 inc. 3) del CPP, señalando que ante la no presencia de su defensora se convocó a otra abogada de defensa pública distinta a la que había sido designada, quien desconocía el caso y que se continuó dicho juicio rechazando la solicitud de postergar juicio por diez días a lo que el Juez le concedió una hora para asumir defensa, siendo consecuentemente una defensa en condiciones de desigualdad.


El Segundo agravio.- Que el Juez habría erróneamente calificado el delito de Incumplimiento de Deberes, vulnerando el art. 370 inc. 1) del CPP con relación a los arts. 407 y 169 inc. 3) del CPP, señalando que es un delito doloso y que la conducta debe ser con relación a actos propios de su función y no como señaló el Juzgador, que por no estar presente en la audiencia de juicio oral del 1 de diciembre de 2010, incumplió su deber sin considerar que habría dado poder para este extremo y no obligatoriamente como máxima autoridad del municipio de Uyuni debió constituirse en dicho juicio.

Y  Tercer agravio.- La Sentencia se basa en una defectuosa apreciación de la prueba introducida a juicio conforme el art. 370 inc. 6) del CPP, señalando que no ha sido debidamente valorado el poder por el cual otorgó al asesor José Luis Rodríguez Landaeta, para que lo represente y acuda al juicio oral. También refirió que en audiencia de fundamentación complementaria realizada el 22 de marzo de 2017, a la que asistió el imputado José Luis Rodríguez y su abogado, se notó la inasistencia del Ministerio Público y la justificación de inasistencia del abogado del recurrente por lo que al desarrollarse dicha audiencia, habría sido con relación al co-imputado.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Las apelaciones restringidas expuestas precedentemente, fueron resueltas por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedentes sus motivos y anuló la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:


Primera conclusión.- Con referencia al primer agravio en el que se alega el defecto absoluto respecto al punto: 1. Falta citación para la declaración informativa; 2. Con la imputación; 3. Falta de citación para su declaración en calidad de imputado; 4. Por falta de notificación personal de acusación fiscal y particular; 5. Nulidad de declaratoria de rebeldía; 6. Falta de notificación con acusación fiscal y particular al abogado de defensa pública; y, 7. Restricción al derecho a la defensa.


En cuanto a los puntos 1, 2, 3 y 4 a la falta de notificación al imputado para su declaración informativa, su declaración con la imputación, con acusación fiscal y particular, de la revisión de obrados se evidencia que los diferentes actuados procesales el imputado ha sido notificado por edicto con todas las formalidades de ley; en consecuencia, a criterio de este Tribunal no se ha vulnerado el derecho a la defensa, porque la notificación es legal.


Respecto al punto 5, al respecto el hecho de que la declaratoria de rebeldía no esté registrada en el REJAP, no puede ser motivo de nulidad; ya que, se trataría de un acto de comunicación.


En cuanto al punto 6, estando  declarado rebelde el imputado, de la revisión del cuaderno procesal se encuentra que el imputado José Luis Rodríguez no ha sido notificado con la acusación fiscal ni particular; aspecto que, vulnera su derecho a la defensa, tenido en cuenta que ha sido declarado rebelde desde el inicio del proceso, de donde viene este defecto, que no puede ser subsanado y conlleva la nulidad de actuados, tanto con la acusación fiscal y particular hasta que sea debidamente notificado el imputado, debido a que esta omisión impidió que el mismo ofrezca pruebas, defecto absoluto, previsto en el inc. 3) del art. 169 del CPP.


Y con relación al punto 7, respecto a la restricción del derecho a la defensa al no haber sido la abogada titular, el Juez de la causa debió suspender el proceso diez días conforme el art. 335 del CPP y al habérsele otorgado una hora para que asuma su defensa obviamente no pudo realizar una defensa efectiva; ya que, no debe limitarse a la sola presencia del abogado en audiencia, de donde resulta fundado y resulta defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP.


Segunda conclusión.- Con relación al agravio que denuncia defectuosa valoración de la prueba, el recurrente no indica que prueba se ha valorado defectuosamente, porque motivo, no indica las reglas de la sana crítica que se violentaron para que permita al Tribunal analizar si hubo o no el agravio referido, por lo que resulta infundado.


Tercera conclusión.- Con relación al agravio que se alega errónea aplicación de la ley sustantiva, señalando que en Sentencia no se indica los elementos constitutivos del tipo penal de incumplimiento, no manifiesta la acción u omisión del imputado.


Sobre el punto es necesario tomar en cuenta lo que el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2003-R “Este Tribunal en la Sentencia Constitucional 1075/2003 de 24 de julio, aclaró los alcances de la expresión inobservancia o errónea aplicación de la ley, señalando el primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley. En el segundo caso, si bien la autoridad observa la norma pero la aplica en forma errónea. Siendo tanto la inobservancia o errónea aplicación aplicarse al aspecto sustantivo o adjetivo.


La norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1. Errónea calificación de los hechos; 2. Errónea concreción del marco penal; y, 3. Errónea fijación judicial de la pena”. Al cuestionarse errónea concreción del marco penal de la conducta del imputado al delito de Incumplimiento de Deberes, el Juez subsumió a dicho tipo penal debido a que el mismo era asesor y apoderado del Alcalde, teniendo la obligación de asistir a todas las audiencias; y en cuanto, al hecho que no tuviere la disposición de asistir ya que no se le notificó  no existe dicha constancia a efectos de conocer, por lo que en este estado del proceso no se encuentra violación a las reglas de la sana crítica.


Con relación a la apelación de Froilán Condori Ancasi, el Tribunal de alzada llegó a las siguientes conclusiones:


Cuarta conclusión.- Con referencia al primer agravio en el que se alega nulidad de Sentencia al no haber dado tiempo necesario a su defensa para asumir argumentos sólidos conforme el art. 104 con relación a los  arts. 407 y 169 inc. 3) del CPP, concluye el Tribunal de alzada que al no asistir a juicio la abogada designada y ser una distinta y no haber otorgado un tiempo prudencial solo una hora para asumir defensa, se violenta el derecho al debido proceso no pudiendo pasar por alto este aspecto; ya que, deriva defecto insubsanable que acarrea nulidad de la Sentencia.


Quinta conclusión.- Con referencia al segundo agravio en el que se alega errónea aplicación de la ley sustantiva al condenar por el delito de incumplimiento de deberes, por no asistir a audiencia cuando el mismo otorgó poder a sus abogados. Al respecto, de conformidad al art. 79 del CPP, el querellante o su representante legal pudo promover la persecución penal en delitos de carácter público, donde se infiere que el querellante pudo promover mediante poder y por regla general no tenía ya la obligación de asistir a la audiencia como sucede en la práctica judicial con los municipios, resultando incongruente sancionar tanto al Alcalde como al abogado apoderado al no asistir a dicha audiencia de 1 de diciembre de 2010, de donde viene una imprecisa subsunción de la conducta del imputado al delito acusado resultando fundado el agravio.


Sexta conclusión.- Con referencia al tercer agravio, en el que se alega que la Sentencia se basa en una defectuosa apreciación de la prueba introducida a juicio conforme señala el art. 370 inc. 6) del CPP. Referente al Poder No. 1370/2010 otorgados a los abogados asesores del municipio de Uyuni, para ser representado en juicio. Al respecto, el poder otorgado a sus asesores a criterio del Tribunal de alzada libera al mismo de asistir personalmente a audiencias en juicios en que la entidad municipal se constituye en parte querellante, por lo que existió una defectuosa valoración del poder mencionado. Y habiéndose determinado el juicio de reenvío el imputado José Luis Rodríguez, tendrá la obligación de demostrar que no tenía la obligación de asistir a dicha audiencia porque no se le realizó la notificación correspondiente.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES COMO TAMBIEN DE CONTRADICCION DE PRECEDENTE INVOCADO 


El presente caso, Valeria Flores Córdova en su condición de Presidenta del Concejo Municipal de Uyuni, denuncia que el Auto de Vista impugnado no consideró que el imputado desde el inicio de la investigación no concurrió a su declaración informativa y demás actuaciones procesales, razón por la que se libró edictos de prensa frente al desconocimiento de su domicilio real. Por otro lado, en cuanto al recurso de casación de José Luis Rodríguez Landaeta denunció: i) Que, el Auto de Vista impugnado resolvió de manera sesgada e insuficiente el motivo de apelación, referido a la falta de subsunción de su conducta al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, limitándose a transcribir el art. 154 del CP, manifestando que se llegó a subsumir la conducta lo cual considera lesivo a sus derechos; y, ii) Que, el Auto de Vista impugnado no contiene las exigencias del art. 124 del CPP, al resolver el defecto de Sentencia de errónea aplicación de la ley en la Sentencia; ya que, no indica la actuación dolosa y los elementos del tipo penal de Incumplimiento de Deberes, que sería contrario al Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006.


III.1.        Análisis del recurso de casación de la Presidenta del Concejo Municipal de Uyuni.


En cuanto a la primera parte del motivo primero, la no consideración en el Auto de Vista recurrido, que el imputado tanto para su declaración informativa y demás actuaciones procesales, era evidente su no concurrencia desde el inicio de investigación, razón por la cual desde la primera etapa fue librada la publicación de edictos al no conocerse su domicilio real, para que el imputado pueda tomar las previsiones de ley.

Referente a dicha parte del motivo admitido, el recurrente José Luis Rodríguez Landaeta en apelación restringida, denunció en su primer agravio defectos absolutos, de los cuales los defectos tomados en cuenta por el Tribunal de alzada fue el descrito en los numerales 5) y 6).


5. Falta de notificación con la acusación fiscal y particular al abogado de la defensa estando declarado rebelde el imputado, que mediante los arts. 107 y 109 del CPP, refiere que la defensa del imputado se encontraba garantizada por Defensa Pública quienes pueden intervenir sin poder, debiendo también cumplir formalidades como la notificación con la acusación fiscal y particular, para que los mismos propongan los medios de defensa extremo que no habría sido cumplido constituyendo en defecto absoluto dando lugar a la nulidad de obrados, conforme el Auto Supremo 175/2006 de 15 de mayo.


6. En cuanto, a la restricción del derecho a la defensa, que no habría estado presente la abogada Elsa Cabrera de Defensa Pública designada para este proceso, sino que ante dicha inasistencia se nombre otra abogada y cuando la misma pidió la suspensión de diez días para asumir defensa, fue negada por el Tribunal y otorgado una sola hora, para que pueda ejercer la representación legal del ahora apelante; consecuentemente, no se efectuó una verdadera defensa generando desigualdad de condiciones respecto a los derechos del imputado; ya que, fue un simple acto de presencia de la defensa, en cumplimiento a lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 1102/2002-R.


A tal efecto, el Tribunal de alzada expresó en su primera conclusión, con relación al primer agravio en el que se alega el defecto absoluto respecto a los puntos o numerales: 1. Falta citación para la declaración informativa; 2. Con la imputación; 3. Falta de citación para su declaración en calidad de imputado; 4. Por falta de notificación personal de acusación fiscal y particular; 5. Nulidad de declaratoria de rebeldía; 6. Falta de notificación con acusación fiscal y particular al abogado de defensa pública; y, 7. Restricción al derecho a la defensa.


En cuanto a los puntos 1, 2, 3 y 4 referidos a la falta de notificación al imputado para su declaración informativa, su declaración, con la imputación, con acusación fiscal y particular, de la revisión de obrados se evidencia que los diferentes actuados procesales el imputado ha sido notificado por edicto con todas las formalidades de ley; en consecuencia, a criterio de este Tribunal no se ha vulnerado el derecho a la defensa porque la notificación es legal. En cuanto, al punto 5. Refirió que el hecho de que la declaratoria de rebeldía no esté registrada en el REJAP no puede ser motivo de nulidad ya que se trataría de un acto de comunicación.


Manifiesta también el Tribunal de alzada que en cuanto al punto 6, falta de notificación con la acusación fiscal y acusación particular al abogado de defensa pública, estando  declarado rebelde el imputado, de la revisión del cuaderno procesal se encuentra que el imputado José Luis Rodríguez no ha sido notificado con la acusación fiscal ni particular; aspecto que, vulnera su derecho a la defensa, teniendo en cuenta que ha sido declarado rebelde desde el inicio del proceso, de donde viene este defecto, que no puede ser subsanado y conlleva la nulidad de actuados tanto con la acusación fiscal y particular hasta que sea debidamente notificado el imputado, debido a que esta omisión impidió que el mismo ofrezca pruebas, defecto absoluto previsto en el núm. 3 del art. 169 del CPP.


Continua refiriendo el Tribunal de alzada que con relación al punto 7, restricción del derecho a la defensa, al no haber sido la abogada titular, el Juez de la causa debió suspender el proceso diez días conforme el art. 335 del CPP y al habérsele otorgado una hora para que asuma su defensa obviamente no pudo realizar una defensa efectiva; ya que, no debe limitarse a la sola presencia del abogado en audiencia, de donde resulta fundado y resulta defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP.


De lo descrito precedentemente, con relación al motivo traído en casación respecto a que el Auto de Vista impugnado no consideró que tanto para su declaración informativa del imputado y demás actuaciones procesales, era evidente su no concurrencia desde el inicio de investigación, razón por la cual desde la primera etapa fue librada la publicación de edictos al no conocerse su domicilio real, para que pueda tomar las previsiones de ley.


Al respecto, del análisis a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación restringida, como de los fundamentos plasmados en el Auto de Vista impugnado, dan cuenta que sí se tomó en cuenta la no concurrencia del imputado, razón por la que se libró los edictos de prensa pertinentes, debido a que dentro de sus fundamentos sostiene el Tribunal de alzada, en la Primera Conclusión en cuanto a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, se consideró los edictos realizados por el desconocimiento del domicilio real de José Luis Rodríguez, dando por válidas estas notificaciones, no resultando evidente lo denunciado por la recurrente. Sin embargo, dicho Tribunal de alzada, anuló la Sentencia por vulneraciones al derecho a la defensa establecidas en los puntos 6 y 7; es decir, en cuanto a la falta de notificación con la acusación particular y fiscal al abogado de defensa pública; ya que, concluye que no habría sido notificado con la acusación fiscal ni particular lesionando el derecho a la defensa que conllevó a la nulidad de actuados, lo mismo sucedió en cuanto a la restricción del derecho a la defensa, restricción sufrida debido a que el Juez que llevó a cabo el juicio al tratarse de una abogada de Defensa Pública, distinta a la que se había designado, al otorgar solo una hora frente al pedido de suspensión por diez días, lesionó el derecho a la defensa; puesto que, dicho derecho no se limitaría a la sola presencia del abogado, conclusiones por las cuáles el Tribunal de alzada consideró fundado el agravio de defectos absolutos.


En consecuencia, las conclusiones que arribó el Tribunal de alzada, han sido debidamente fundamentadas, tomando en cuenta que expresan sus motivaciones en forma expresa, clara, completa, legítima y lógica,  por las cuáles llega a la conclusión de anular la Sentencia, por razones distintas a las denunciadas en el motivo traído en casación. Por lo cual, se puede concluir que no es evidente lo denunciado por la recurrente.


III.2. Análisis del recurso de casación de José Luis Rodríguez Landaeta.

       

       En cuanto a la segunda parte, del primer motivo admitido del recurso de casación, refiere que de manera sesgada e insuficiente la resolución recurrida resolvió el motivo de apelación, relacionado a la falta de subsunción de su conducta al tipo penal de Incumplimiento de Deberes; por cuanto, se limitó a transcribir  el art. 154 del CP, manifestando que se llegó a subsumir la conducta, lo cual consideró lesivo a sus derechos al debido proceso y de acceso a la justicia, constituyendo defectos absolutos, conforme prevé el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP.


El recurrente en su apelación restringida, bajo el denominativo parte tercera de defectos de la Sentencia punto dos, denunció errónea aplicación de la ley sustantiva basado en el art. 370 inc. 1) del CPP, indicando que existiría error in iudicando solicitando nulidad de la Sentencia, expresando que al tratarse del delito de Incumplimiento de Deberes existe la necesidad de los componentes del tipo penal y para ello debía referirse al deber que tenía el imputado, denunció también que en la fundamentación jurídica de la Sentencia, no indicaría la existencia de los elementos del tipo penal, inobservancia que habría generado un acto ilegal que afecta derechos del imputado.


A tal efecto, el Tribunal de alzada refirió en su tercera conclusión, respecto a la denuncia del recurrente que en Sentencia no se indica los elementos constitutivos del tipo penal de incumplimiento, no manifiesta la acción u omisión del imputado.


Sobre dicho aspecto, refirió el Auto de Vista impugnado que es necesario tomar en cuenta lo que el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2003-R “Este Tribunal en la SC 1075/2003 de 24 de julio, aclaró los alcances de la expresión inobservancia o errónea aplicación de la ley, señalando lo siguiente, el primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley. En el segundo caso, si bien la autoridad observa la norma pero la aplica en forma errónea. En este punto corresponde puntualizar que la  inobservancia o errónea aplicación aplicarse al aspecto sustantivo o adjetivo. Así la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) Errónea calificación de los hechos; 2) Errónea concreción del marco penal; y, 3) Errónea fijación judicial de la pena”. Al cuestionarse errónea concreción del marco penal de la conducta del imputado al delito de incumplimiento de deberes, que expresamente señala:


El art. 154 (INCUMPLIMIENTO DE DEBRES).- La servidora o el servidor público que legalmente omitiere, rehusare hacer, o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado. Asimismo, manifestó que de la revisión de la Sentencia impugnada, el Juez ha subsumido la conducta del imputado al artículo, en virtud a que el mismo era asesor y apoderado del Alcalde; y por tanto, tenía la obligación de asistir a todas las audiencias y el hecho de que el imputado no tuviere la responsabilidad de asistir a esa audiencia del 1 de diciembre de 2010 por que no se le notificó, etc., no existe ningún elemento de la prueba y seguramente en la reposición del juicio, si esta resolución se ejecutoria tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo correspondientes; empero, en este estado del proceso no se encuentra violación a las reglas de la sana crítica.


De lo descrito precedentemente y revisado el agravio denunciado en apelación restringida como también los argumentos emitidos por el  Tribunal de alzada, más la denuncia traída en casación, dan cuenta que se resolvió el motivo de apelación referido a la falta de subsunción al tipo penal de Incumplimiento de Deberes de manera fundamentada y motivada, realizando el control de legalidad de la Sentencia impugnada, realizando primeramente una aclaración doctrinal en cuanto se comprende las expresiones de inobservancia o errónea aplicación de la ley, diferenciándolas en el campo sustantivo y adjetivo; al margen de aquello, también refiere que: el Juez subsumió la conducta del imputado en virtud a que el mismo era asesor y apoderado del Alcalde, por tanto tenía la obligación de asistir a todas las audiencias; respecto al hecho de que el imputado no tuviese la responsabilidad de asistir a la audiencia del 1 de diciembre de 2010, debido a que no se le habría notificado, etc. No existe ningún elemento de prueba y seguramente en la reposición tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo correspondiente; empero, en este estado del proceso no se encuentra violación a las reglas de la sana crítica. De manera que, no  resulta evidente que el Tribunal de alzada se hubiese limitado a transcribir el art. 154 del CP, no siendo la respuesta otorgada al apelante lesiva a sus derechos del debido proceso y de acceso a la justicia como alega, pues le otorga una respuesta clara, al expresar de que al no asistir a dicha audiencia y ser asesor apoderado del referido Alcalde, subsume su conducta al ilícito acusado.


Consecuentemente, no resulta evidente la denuncia de vulneración de derechos fundamentales por resolver su denuncia en forma sesgada, siendo la respuesta otorgada debidamente motivada, por lo que se declara infundado este motivo.


Por otro lado, con relación al segundo motivo, el recurrente cuestiona que el Auto de Vista no posee el fundamento legal exigible de acuerdo al art. 124 del CPP, porque no pretende una revalorización de la prueba como indica el tribunal de apelación, sino que se verifique la existencia de errónea aplicación de la ley en la Sentencia; por cuanto, tanto el Tribunal de apelación como el inferior, tenían la obligación de advertir si se encuentran presentes en su conducta los elementos del tipo penal acusado (Incumplimiento de Deberes), indicando dónde está la actuación dolosa y los demás elementos del tipo, el por qué; empero, el Tribunal de apelación no advirtió dicho defecto, habiendo establecido incluso que existe una generalización de la conducta al tipo pero no expresa cuál (retardar, omitir, no hacer), lo que considera contrario al Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, que indica que se debe predeterminar la conducta antijurídica del imputado previo a imponer el ius puniendi del Estado, que a los fines de efectuar la labor de contraste corresponde ser desarrollado:

       

       El Auto Supremo 221/2006 de 7 de junio, fue emitido dentro del proceso penal seguido por R.C.F. contra L.A.L., por el presunto delito de Cheque en Descubierto, teniéndose como antecedente la denuncia de "error in judicando" al subsumir erróneamente la conducta del imputado L.A.L.S. en el marco descriptivo del Art. 204 del CP, siendo este antecedente el que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


       Una sociedad democrática está sostenida por el equilibrio y control riguroso que dimanan de los principios de legalidad, derecho al cumplimiento de la reglas del debido proceso penal y publicidad. Bastará que la ausencia se refleje en uno de ellos para demandar la corrección, aún de oficio, conforme dispone el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, y, con mayor razón si las infracciones han sido reclamadas oportunamente por el recurrente a quien le causa perjuicios la forma de resolución que incurre en "error in iudicando", tarea que la ley obliga a que los tribunales de Justicia se sometan a la ley emitiendo sentencias que fluyan del respeto absoluto al "principio de legalidad" realizando los juzgadores tareas objetivas de subsunción que demuestren, objetivamente, el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal lo contrario significaría crear inseguridad jurídica" en perjuicio de toda la población.

Que los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva se refieren: a) a los defectos de procedimiento en general y b) a los específicamente contenidos en los artículos 169 a 370 - 1) del Código de Procedimiento Penal, al haberse condenado al imputado, no obstante la existencia de "falta de tipicidad" en su conducta en relación al ilícito penal inmerso en el Art. 204 del Código Penal. El Derecho Penal procura tutelar bienes jurídicos contra ataques que los afectan y lesionan con ella la seguridad jurídica, el Derecho Penal no puede menos que intervenir como persona de derecho público, pero esta intervención no significa que exista un derecho subjetivo del Estado a incriminar o penar discrecionalmente, es por eso que, dentro del campo del Derecho Penal, existen "límites al jus puniendi Estatal" uno de éstos es el principio rector de que: "no haya delito sin conducta que se enmarque en la ley penal", que se constituye en una elemental garantía jurídica y su inobservancia acarrearía la posibilidad de penalizar por cualquier conducta que no se enmarque en la ley penal.


Al haber incurrido el Tribunal Unipersonal de Sentencia en "error injudicando" al condenar al imputado por el delito de "cheque en descubierto" (artículo 204 del Código Penal) no obstante la existencia de falta de tipicidad, por inexistencia de "interpelación personal" como efecto del supuesto delito cometido, siendo evidente la existencia de "error injudicando "que debió ser advertido por el Tribunal de alzada, corresponde al Supremo Tribunal, en aplicación del segundo periodo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y disponer que la misma Sala Penal Primera del Distrito de Santa Cruz pronuncie nuevo Auto de Vista tomando en cuenta la línea doctrinal sentada en cuanto a la infracción de norma penal sustantiva.”.

       

Bajo este preámbulo corresponde verificar si existe contradicción con el precedente invocado, por lo que a efectos de contrastar los fundamentos contenidos en el Auto de Vista impugnado respecto al aspecto apelado, corresponde analizar lo siguiente:


El Tribunal de alzada refirió en su tercera conclusión; respecto a la denuncia del recurrente, que en Sentencia no se indicó los elementos constitutivos del tipo penal del delito de Incumplimiento de Deberes, no manifiesta la acción u omisión del imputado.


Sobre dicho aspecto, refirió el Auto de Vista impugnado que es necesario tomar en cuenta lo que el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2003-R “Este Tribunal en la Sentencia Constitucional 1075/2003 de 24 de julio, aclaró los alcances de la expresión inobservancia o errónea aplicación de la ley, señalando lo siguiente, el primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley. En el segundo caso, si bien la autoridad observa la norma pero la aplica en forma errónea. En este punto corresponde puntualizar que la  inobservancia o errónea aplicación aplicarse al aspecto sustantivo o adjetivo. Así la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) Errónea calificación de los hechos; 2) Errónea concreción del marco penal; y, 3) Errónea fijación judicial de la pena”. Al cuestionarse errónea concreción del marco penal de la conducta del imputado al delito de incumplimiento de deberes, que expresamente señala:


El art. 154 (INCUMPLIMIENTO DE DEBRES).- La servidora o el servidor público que legalmente omitiere, rehusare hacer, o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado. Asimismo, manifestó que de la revisión de la Sentencia impugnada, el Juez ha subsumido la conducta del imputado al artículo, en virtud a que el mismo era asesor y apoderado del Alcalde; y por tanto, tenía la obligación de asistir a todas las audiencias y el hecho de que el imputado no tuviere la responsabilidad de asistir a esa audiencia del 1 de diciembre de 2010 por que no se le notificó, etc., no existe ningún elemento de la prueba y seguramente en la reposición del juicio, si esta resolución se ejecutoria tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo correspondiente; empero, en este estado del proceso no se encuentra violación a las reglas de la sana crítica.


Sobre el particular, con relación a que el Tribunal de alzada al resolver el  agravio interpuesto en apelación restringida, no hubiese otorgado un fundamento legal exigible acorde al art. 124 del CPP, al resolver el defecto de Sentencia de errónea aplicación de la ley sustantiva en Sentencia; puesto que, no indicó los elementos del tipo penal del delito de Incumplimiento de Deberes. Al respecto, de los argumentos vertidos por el Tribunal de alzada dan cuenta que, se realizó el debido control de legalidad en cuanto a la problemática planteada;puesto que, se verificó los razonamientos lógicos del Juzgador respecto a la subsunción de la conducta del imputado al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, al concluir que “el Juez subsumió la conducta del imputado en virtud a que el mismo era asesor y apoderado del Alcalde, por tanto tenía la obligación de asistir a todas las audiencias; respecto al hecho de que el imputado no tuviese la responsabilidad de asistir a la audiencia del 1 de diciembre de 2010, debido a que no se le habría notificado, etc. No existe ningún elemento de prueba y seguramente en la reposición tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo correspondiente; empero, en este estado del proceso no se encuentra violación a las reglas de la sana crítica”. De manera que, el Tribunal de alzada advirtió que su conducta del imputado sí se subsume al tipo penal acusado, tomando en cuenta que no asistió a la audiencia referida teniendo la obligación de estar presente al haber sido asesor y apoderado de la Alcaldía de Uyuni.


En consecuencia, los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí, al resolver el recurso interpuesto no incurrieron en vulneración del art. 124 del CPP, por lo que no se evidencia vulneración al debido proceso en su vertiente falta de fundamentación, por ende no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, como tampoco los motivos admitidos por flexibilización.


Por los fundamentos expuestos precedentemente, este Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación, al momento de pronunciar el Auto de Vista impugnado obró correctamente, pues otorga una respuesta fundamentada a los motivos denunciados por ambos recurrentes, no siendo evidentes los agravios enunciados, correspondiendo en consecuencia confirmar el Auto de Vista impugnado.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Valeria Flores Córdova en su condición de Presidenta del Concejo Municipal de Uyuni y  José Luis Rodríguez Landaeta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase. 


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos