TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 249/2018-RRC

Sucre, 24 de abril de 2018


Expediente                  : Pando 27/2017        

Parte Acusadora                 : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Felipe Rocha Almanza

Delito                                : Incumplimiento de deberes

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial  presentado el 7 de junio de 2017, cursante de fs. 497 a 499 vta., Felipe Rocha Almanza, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 4 de abril de 2017 de fs. 451 y vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Pando contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP), con la modificación de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 13/2016 de 19 de agosto (fs. 301 a 319 vta.), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Felipe Rocha Almanza, autor de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, con las modificaciones de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, concordante con el art. 20 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo rechazada la Solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda del Gobierno  Autónomo Departamental de Pando, mediante Resolución de 2 de septiembre de 2016 (fs. 322 y vta.).


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Felipe Rocha Almanza (fs. 417 a 420), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 4 de abril de 2017, emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 670/2017-RA de 4 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

El recurrente alega que la Resolución ahora impugnada, carece de fundamentación jurídica, porque las pruebas que ofreció en el recurso de apelación restringida que interpuso, no fueron correctamente valoradas por el Tribunal de alzada; toda vez, que el imputado no tuvo la oportunidad de presentar pruebas de descargo en el juicio oral, vulnerando el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), haciendo asimismo alusión a la Sentencia Constitución 0577/2004-R de 15 de abril, también indica que se infringió los arts. 115-I, 116.I y 117-I de la CPE.


Argumenta que en su caso, no existió daño económico al Estado, por tratarse sólo de la no presentación de informe de avance de obra y que fue debido a su estado de salud, por lo que se ausentó a la ciudad de Cochabamba y señala que sólo correspondía un proceso administrativo.


Después de hacer referencia al art. 167 del CPP, indica que en su caso se le causó agravio, porque fue emitida una Sentencia sin que el imputado asuma defensa técnica, aludiendo el art. 9 del CPP y que le dejó en total indefensión, porque fue juzgado en rebeldía, aduciendo que nunca fue notificado en el domicilio que señaló en su declaración (no especifica cuál), además que es persona pública que viene realizando obras para la propia Gobernación, cuestionando que no se haya notificado con “el señalamiento del juicio”, alegando que con seguridad hubiera asumido defensa y presentado sus descargos correspondientes, haciendo alusión al art. 180-I de la CPE, indicando que se vulneró su derecho a asumir defensa técnica y que también se incurrió en lo señalado en el art. 169 inc. 3) del CPP, habiéndose vulnerado el principio del debido proceso, argumentando que si bien la notificación por edicto previsto en el art. 165 del CPP, se da cuando la persona a ser notificada no tenga domicilio conocido o se ignore su paradero; sin embargo, su domicilio real es Barrio Petrolero, entre Av. Acre y calle sin nombre, donde vive con toda su familia, además de ser persona pública que realiza proyectos para la propia Gobernación, cuestionando que se le haya juzgado en rebeldía.


Indica que al dejarle en total indefensión, pide la nulidad de la notificación y que se le oiga y se le escuche para que se le emita una sanción, haciendo alusión al art. 117-I de la CPE.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que deje sin efecto el Auto de Vista con la finalidad de que se anule la Sentencia y se lleve adelante un nuevo juicio donde se le dé la oportunidad de presentar prueba de descargo, al amparo de sus derechos y los tratados internacionales vigentes que regulan la protección de los derechos humanos.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 670/2017-RA de 4 de septiembre, cursante de fs. 507 a 510, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Felipe Rocha Almanza, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 13/2016 de 19 de agosto, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Felipe Rocha Almanza, autor de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, con las modificaciones de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, concordante con el art. 20 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo rechazada la solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda del Gobierno  Autónomo Departamental de Pando, mediante Resolución de 2 de septiembre de 2016 (fs. 322 y vta.), en base a los siguientes argumentos:


Se pudo probar la autoría y responsabilidad penal del acusado Felipe Rocha Almanza, quien como Fiscal de Obras con un contrato de trabajo entre la Ex prefectura actual del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2010, debía hacer seguimiento y fiscalización de varios proyectos y hojas de ruta y siendo un servidor público que omitió ilegalmente retardando sus funciones específicas como Fiscal de Obras, lo cual le generó perjuicios a la supervisión de los proyectos y por consiguiente resoluciones de contratos y ejecución de pólizas, lo cual constituye un perjuicio no solamente institucional, sino económico y social, por la responsabilidad que tenían los proyectos de impacto en la inversión pública y lo social por el beneficio a las comunidades y ciudadanía en general probó.


II.2.  De la apelación restringida.


Contra la precitada Sentencia, el imputado Felipe Rocha Almanza, presentó recurso de apelación restringida; del cual se pasarán a detallar los argumentos atinentes al motivo admitido, por ser de interés al caso de análisis:


  1. Con base a los arts. 115.I., y 117.I. de la CPE, refiere que existió los defectos de la Sentencia comprendidos por el art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, señalando que no existió daño económico al Estado y que este delito no es de corrupción porque el hecho en este proceso es que no se realizó los informes de obras; sin tener en cuenta que se encontraba delicado de salud en la ciudad de Cochabamba, debiendo tutelarse el derecho a la vida; así mismo, refiere que este hecho no correspondía a la vía penal si no se debió resolver como un proceso administrativo, aspectos que le hubieran dejado en estado de indefensión, porque en la tramitación careció de defensa técnica; ya que, fue juzgado en rebeldía, al haberse notificado mediante edictos sin tener en cuenta que contaba con domicilio conocido, ubicado en el barrio Petrolero entre la Avenida Arce y calle sin nombre y que pese a que nunca salió de Cobija, excepto los días que estuvo en Cochabamba por enfermedad.


  1. Refiere que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, porque no se demostró la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, al respecto la Constitución Política del Estado como el Código Procedimiento Penal en su art. 124, establecen que todas las Sentencia y Autos Interlocutorios deban encontrarse debidamente fundamentados de hecho y de derecho por lo que la fundamentación no puede ser remplazada por la sola mención de los elementos probatorios, descartándose dicha situación en una falta de valoración de los medios probatorios.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista impugnado, que declaró improcedente el recurso interpuesto y confirmó la Sentencia en base a los siguientes argumentos:


  1. Con relación al primer punto en la resolución de 5 de octubre de 2015 el Juez de Partido en lo Civil Primero en suplencia legal, dijo que no se conocía el domicilio real del acusado, por Auto de 1 de julio de 2016 se le designa un abogado como defensor técnico, designación que es modificada por resoluciones de fecha 18 de julio, el 1 y 4 de agosto de 2016 se le designó otros defensores ante la renuncia del primero e inasistencia del segundo, del acta de juicio se constata que actuó como su defensora técnica la abogada Giovana Mamani Tórrez.


De lo que señala que no se conocía el domicilio real del recurrente, ante esa situación es correcta notificárselo por edictos. En cuanto, a la defensa técnica que dice no haber tenido; en el juicio, le asistió la abogada Giovana Mamani Tórrez como su defensora, por lo que no es cierto que tenía domicilio real conocido y que no tuvo defensa técnica. Finalmente, el Tribunal de alzada señala que la defensa material es posible siempre y cuando el acusado haya estado presente en audiencia de juicio.


  1. Respecto del segundo punto en el que se reclama que la Sentencia carece de fundamento jurídico y motivación, pero no se dice porque, aun de esa falencia según el Auto de Vista se advierte que se constató que la Sentencia tiene en el punto I adecuada relación del hecho y circunstancias del objeto del juicio, en el punto III la Fundamentación descriptiva e intelectiva con adecuada descripción del contenido de cada prueba y su correspondiente valoración, los hechos probados y no probados en el punto V de la fundamentación jurídica, en el punto VI la fundamentación de la pena y la parte resolutiva, de donde emerge que la Sentencia tiene estructura, fundamentación y motivación adecuada, no siendo evidente el agravio mencionado.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

En el presente recurso de casación, el recurrente denuncia que el Auto de Vista incurrió en vulneración a su derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, al carecer de fundamentación jurídica respecto de los siguientes aspectos: 1) Porque las pruebas que ofreció en el recurso de apelación restringida que interpuso, no fueron correctamente valoradas por el Tribunal de alzada; 2) El imputado no tuvo la oportunidad de presentar pruebas de descargo en el juicio oral; 3) Haciendo referencia al art. 167 del CPP, alega que se le causó agravio, porque fue emitida una Sentencia, sin que el imputado asuma defensa técnica, quedando en total indefensión al haber sido juzgado en rebeldía sin tomar en cuenta que nunca fue notificado en el domicilio que señaló en su declaración, además de ser persona pública que viene realizando obras para la propia Gobernación -acusador particular-, cuestionando que no se haya notificado con el señalamiento del juicio en su domicilio sito en el Barrio Petrolero, entre Av. Acre y calle sin nombre donde vive con toda su familia; aspectos por los cuales, corresponde ingresar al análisis de fondo a efectos de verificar dichos extremos.

III.1.        El derecho al debido proceso.


Dentro de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia respecto al debido proceso ha señalado a través del Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, lo siguiente: “El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, k) la garantía del non bis in idem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.


Bajo ese marco garantista, se concluye lo siguiente:


En lo relativo a la denuncia de defecto absoluto, por indebida motivación en la Sentencia, vinculada a la infracción de la garantía del debido proceso en su componente derecho a la debida fundamentación de las resoluciones, es necesario destacar que éste derecho es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”.


III.2. El derecho de defensa.


El derecho de defensa, como parte integrante del debido proceso, ha sido y es uno de los pilares fundamentales en los cuales descansa la protección constitucional del imputado al asumir su defensa activa en el proceso penal, asegurando su participación en el mismo, a efectos de precautelar la correcta administración de justicia, al respecto la jurisprudencia, ha precisado en el Auto Supremo 041/2012-RRC de 16 de marzo, lo siguiente: “III.1. El Derecho a la defensa en el proceso penal.


El derecho a la defensa definido como el: ...derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en Constitución y proceso, Madrid, 1988, página 89), se constituye en un derecho básico del ciudadano de rango constitucional y de protección especial, pues la CPE establece en el art. 109.I que: Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; motivo por el cual en su art. 115.II señala que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y el art. 119.II prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.


A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8.1. referente a las garantías judiciales expresa que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, ó para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.


De manera específica la misma norma internacional en el acápite 2 del citado art. 8, establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a varias garantías mínimas, de las cuales se destacan las siguientes vinculadas a la problemática planteada en el recurso de casación sometido al presente análisis; es así, que el imputado tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada; a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor y en su caso de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado; de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.


Esto significa, que dentro del proceso penal se visualizan tres funciones, como son la requirente cumplida por la parte acusadora, sea la Fiscalía o la parte querellante, la decisoria desarrollada por la autoridad que ejerce jurisdicción; y, la función defensiva que le corresponde a toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo; lo que implica, que dentro de cualquier ordenamiento jurídico penal, en el que se reconozcan derechos y garantías, de manera inevitable ha de reconocerse el derecho al imputado de ejercer el derecho a la defensa reconocido constitucionalmente y por tratados internacionales, habida cuenta que: El derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, un papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho a defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 151).


…tiene un carácter dual ya que puede ser ejercido por el defensor y por el propio imputado, en los términos previstos por los arts. 8 y 9 del CPP, que establecen la defensa material y la defensa técnica, siendo la primera la potestad procesal que la ley reconoce al imputado en forma personal de poder decir y hacer en su defensa aquello que fuere oportuno y razonable y la segunda el derecho del imputado de estar asistido por un abogado, constituyendo una obligación para la administración de justicia velar porque ese derecho se cumpla, asignándole en su caso de oficio un defensor.


En términos prácticos, la defensa material faculta al imputado a intervenir en toda la actividad procesal, esto es en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular alegatos, implicando ello las distintas etapas que puedan darse en las fases de investigación o del proceso en sí, desde el primer acto del proceso conforme establece el art. 5 del CPP, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal, siendo importante precisar que ambas clases de defensa deben ser desarrolladas en forma armónica, pues la defensa material de modo alguno puede perjudicar la eficacia de la defensa técnica”.


III.3.        Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlos adecuadamente, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y su parte resolutiva, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.

III.4. Análisis del caso concreto.


Con relación a la temática abordada respecto de la denuncia realizada por el recurrente, es preciso evidenciar si existió vulneración de sus derechos y garantías constitucionales por parte del Auto de Vista con relación a que dicha resolución impugnada careciera de fundamentación jurídica respecto de: 1) Porque las pruebas que ofreció en el recurso de apelación restringida que interpuso, no fueron correctamente valoradas por el Tribunal de alzada; 2) El imputado no tuvo la oportunidad de presentar pruebas de descargo en el juicio oral; 3) Haciendo referencia al art. 167 del CPP, alega que se le causó agravio, porque fue emitida una Sentencia, sin que el imputado asuma defensa técnica, quedando en total indefensión al haber sido juzgado en rebeldía sin tomar en cuenta que nunca fue notificado en el domicilio que señaló en su declaración, además de ser persona pública que viene realizando obras para la propia Gobernación -acusador particular-, cuestionando que no se haya notificado con el señalamiento del juicio en su domicilio sito en el Barrio Petrolero, entre Av. Acre y calle sin nombre donde vive con toda su familia.


Con relación a que existió carencia de fundamentación por parte del Auto de Vista, respecto de que las pruebas que ofreció en el recurso de apelación restringida que interpuso, no fueron correctamente valoradas por el Tribunal de alzada; al respecto es preciso remitirnos a los aspectos relacionados a dichos hechos, de donde se advierte mediante decreto de 26 de enero de 2017 la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando dispuso: “De la revisión de antecedentes, se tiene que el imputado dentro del recurso de apelación restringida presentó prueba, por lo que se deja sin efecto el decreto de fecha 17 del presente mes cursante a fs. 238, señalándose audiencia de ofrecimiento de prueba para el día martes 31 de enero de horas 16:00 p.m.”; al respecto, queda claro que el ahora recurrente al momento de interponer su recurso de apelación restringida presentó prueba, la cual fue motivo de análisis en audiencia de ofrecimiento de prueba en apelación restringida de 6 de febrero de 2017, señalando en dicha audiencia, el presidente Juan Pereira textualmente: “…No tenemos una prueba concreta en la presente audiencia, pase el expediente a sorteo”. Asimismo se advierte que las pruebas que se hacen referencia son también motivo de tratamiento en dicha audiencia de ofrecimiento de prueba en aplicación restringida: ”…consisten en tres cites respecto a las obras que estaba realizado en fase uno Cite 33/10 y 34/10 se le solicita un informe de la obra NASABE, en mayo mi cliente en transición interinamente fue nombrado como Director de Supervisión antiguamente era Fiscal de obra hasta la transición luego a partir de la posesión del gobernador 2010 dejaba de ser prefectura y pasaba a ser gobernación hasta esa fecha estado enfermo y cumplió con cabalidad sus funciones es por ello que la defensa presentó gran cantidad de prueba bajo el principio de verdad material encontrándose la prueba de fs. 1 a fs. 75, el certificado forense, el imputado se encontraba delicado de salud con tuberculosis con secuelas en el cuerpo, si bien es cierto que se encontraba mal de salud siguió presentando sus servicios en la institución, el señor Felipe es funcionario y la misma institución le sigue un proceso y sus mismos compañeros no le informaron sobre su proceso, a fs. 3 de la prueba documental hemos adjuntado el certificado de trabajo, el señor Felipe nunca suscribió un contrato del 1 de noviembre de al 30 de diciembre, ese contrato nunca se suscribió, efectivamente hay unas planillas de pago, posteriormente sino con su consultoría en la gobernación, el mismo Ministerio Público presentó pruebas documentales donde en la parte conclusiva el señor Felipe Yabi dice que se inicie un proceso administrativo al señor Felipe pero ningún momento piden proceso penal, con relación a la rebeldía el imputado se encontraba en Cobija adjuntamos más prueba documental, por lo que mi cliente no contó con una defensa, hemos presentado más documentación donde se demuestra que el señor Felipe entregó la documentación pertinenete ante la notaría de gobierno y un inventario de toda la documentación que manejaba en su despacho y ha entregado todo a la gobernación acá tenemos el recibo de notario de gobierno en todo el proceso se mencionó que el señor Felipe salió huyendo, sus autoridades pueden evidenciar que no hemos tenido un proceso justo por lo que conforme  a las SC. Pedimos se admita el recurso y se anule la Sentencia”.

En consecuencia; en cuanto a este motivo, el recurrente sostiene que no se consideró la prueba documental ofrecida con el recurso de apelación restringida por el que acreditaría fue declarado rebelde cuando contaba con domicilio en la ciudad de Pando y esta situación le hubiera generado la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, sobre el particular, se debe tener presente que, el procedimiento penal ha previsto en su art. 410 que: “Cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto. La prueba se ofrecerá al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él. Se aplicaran las normas previstas para la producción de la prueba en el recurso de apelación incidental”; ahora bien, esta norma establece que, sólo puede presentarse prueba en aquellos casos en los cuales se alegue un error de forma o procedimiento cometido por el inferior, sólo en ese caso el Tribunal de apelación considerará su pertinencia, para ello resulta imprescindible que el apelante señale de manera concreta la prueba relacionándola con el defecto procedimental en concreto que pretende probar. 

En ese contexto, se evidencia que la denuncia del recurrente se encuentra ligada a un defecto de forma o procedimental, como es el hecho de que contaba con domicilio en la ciudad de Pando y pese a ello se le siguió el proceso en rebeldía impidiéndole de esta manera someterse al juicio y presentar la prueba pertinente que haga a sus defensa. En este caso, cuando el recurrente señala que el Auto de Vista carece de la debida fundamentación, es preciso analizar este extremo para tener la certeza de lo denunciado; en consecuencia, corresponde acudir a la fundamentación del Auto de Vista el cual señala: “…i. Con relación al primer punto en la resolución de 5 de octubre de 2015 el Juez de Partido en lo Civil Primero en suplencia legal, dijo que no se conocía el domicilio real del acusado; por Auto de 1 de julio de 2016 se le designa un abogado como defensor técnico, designación que es modificada por resoluciones de fecha 18 de julio; el 1 y 4 de agosto de 2016 se le designó otros defensores ante la renuncia del primero e inasistencia del segundo, del acta de juicio se constata que actuó como su defensora técnica la abogada Giovana Mamani Tórrez.

De lo que señala que no se conocía el domicilio real del recurrente, ante esa situación es correcta notificárselo por edictos. En cuanto a la defensa técnica que dice no haber tenido; en el juicio, le asistió la abogada Giovana Mamani Tórrez como su defensora, por lo que no es cierto que tenía domicilio real conocido y que no tuvo defensa técnica. Finalmente el Tribunal de alzada señala que la defensa material es posible siempre y cuando el acusado haya estado presente en audiencia de juicio; ii. Respecto del segundo punto en el que se reclama que la Sentencia carece de fundamento jurídico y motivación, pero no se dice porque, aun de esa falencia según el Auto de Vista se advierte que se constató que la Sentencia tiene en el punto I adecuada relación del hecho y circunstancias del objeto del juicio, en el punto III la Fundamentación descriptiva e intelectiva con adecuada descripción del contenido de cada prueba y su correspondiente valoración, los hechos probados y no probados en el punto V de la fundamentación jurídica, en el punto VI la fundamentación de la pena y la parte resolutiva, de donde emerge que la Sentencia tiene estructura, fundamentación y motivación adecuada, no siendo evidente el agravio mencionado”.

En consecuencia, contrastado el argumento del impetrante con lo fundamentado por el Auto de Vista impugnado se advierte que el mismo, no hace alusión alguna a la prueba presentada por el impetrante al momento de interponer su recurso de apelación restringida, pese a que la misma según el relato del recurrente- se encontraba ligada a un aspecto procesal como es la declaratoria rebeldía pese a que tenía domicilio procesal en la ciudad de Pando, fundamentación que no se advierte en el Auto de Vista; de la misma forma en la resolución del Tribunal de alzada no se advierte mención alguna sobre la aplicación positiva o negativa del art. 410 del CPP, respecto de la prueba, como tampoco se lo hace en el acta de audiencia de ofrecimiento de prueba en aplicación restringida; debido a que simplemente se dispone: “…Dr. Juan Pereira (Presidente).- no tenemos una prueba concreta en la presente audiencia pase el expediente a sorteo”; de donde se advierte, que no se estableció sobre la pertinencia de la prueba presentada por el ahora recurrente; es decir, si cumplió o no, los aspectos previstos por el art. 410 del CPP; de la misma, en el texto de la fundamentación del Auto de Vista no se establece si el recurrente contaba o no con domicilio real en la calle en el Barrio Petrolero, entre la Av. Acre y calle sin nombre, aspecto que puntualmente hubiera señalado en su recurso de apelación restringida. En consecuencia, se debe tener en cuenta que el  art. 124 del CPP, establece: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba.

La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”.


Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso; toda vez, que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo  de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.


Respecto a lo anterior, la jurisprudencia constitucional, desarrolló el alcance y finalidad del derecho a una resolución motivada, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0893/2014 de 14 de mayo, precisando: “…que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, …5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos (SCP 0100/2013 de 17 de enero)”. Lo precedentemente señalado, evidencia que el Tribunal de apelación, no se encuentra exento de fundamentar las Resoluciones que emita, contrariamente, siendo el Tribunal contralor de la legalidad ordinaria y logicidad de la Sentencia, está constreñido a emitir resoluciones, cuya estructura lógico jurídica, permita apreciar y/o entender que el pronunciamiento emanado -que debe estar debidamente fundamentado y motivado- exprese, sobre la base del derecho objetivo, las razones por las cuales se asumió una determinación; lo contrario, infringe el art. 124 del CPP y con ello el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y seguridad jurídica.


En consecuencia, por todos los argumentos expresados en el presente fallo se pone en evidencia que el Auto de Vista no realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados, debido a que no consideró la prueba presentada en apelación restringida sin asignarle fundamentación alguna al respecto; como tampoco consideró la denuncia de que el imputado fue procesado en rebeldía pese a que tenía domicilio conocido incurriendo en carencia de fundamentación jurídica denunciada al resolver en el recurso de apelación restringida, siendo que se emitió un Auto de Vista que vulneró la previsión del art. 124 del CPP; en consecuencia, corresponde dar curso a lo solicitado al haberse evidenciado la vulneración de los derechos y garantías denunciados; correspondiendo en consecuencia, declarar fundado el recurso de casación intentado; debiendo el mismo dar estricto cumplimiento a lo previsto por el art. 124 y 398 del CPP, al momento de resolver el recurso de apelación restringida interpuesto por el ahora recurrente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Felipe Rocha Almanza, cursante de fs. 497 a 499 vta. y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 4 de abril de 2017, disponiendo que la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, previo sorteo y sin espera de turno de forma inmediata, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos