TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 247/2018

Sucre, 19 de abril de 2018


Expediente                        : Cochabamba 3/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Lucho Luis Tola Torres y otra

Delito                : Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 410 a 417, Lucho Luis Tola Torres, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, respecto al delito de Homicidio, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Nemecia Sejas Marquina contra el excepcionista y Alejandrina López Fuentes, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP).


I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN


El imputado Lucho Luis Tola Torres, formula Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, bajo los siguientes argumentos:


Al amparo de los arts. 27 inc. 8), 29 inc. 1), 308 inc. 4), 314- III y 315-I del Código de Procedimiento Penal (CPP), y en base al precedente jurisprudencial de reconducción de línea sobre el trámite de la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción señalado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, plantea la presente Excepción respecto al delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP.


Fundamenta su petición, alegando con relación a los hechos y actos procesales de relevancia jurídica los siguientes aspectos:


1.- Que en fecha 6 de junio de 2009 entre horas 19:30 pm a 20:00 pm aprox., en inmediaciones del lugar denominado La Florida Isinuta Villa Tunari, oportunidad en que el excepcionista y la co imputada Alejandrina López Fuentes habrían procedido a dar muerte a Uldarico Sejas Marquina, que según existía una relación amorosa y en vista que la misma no podía separarse de la víctima decidieron acabar con su vida, hecho que se materializó en la fecha señalada precedentemente, en circunstancias cuando posterior a consumir bebidas alcohólicas al escuchar bulla se despierte el imputado y observó que la víctima quería tener relaciones sexuales con la co imputada, fue cuando intervino y se originó una pelea finalizando la misma cuando Lucho Luis Tola le dio un golpe en la frente a Uldarico Sejas causándole la muerte, situación por la cual fueron imputados formalmente en fecha 1 de julio de 2009.


2.- Que concluida la etapa preparatoria, el Ministerio Público formuló acusación fiscal en fecha 6 de enero de 2010 por el delito de Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, radicándose ante el Tribunal de Sentencia de Villa Tunari en fecha 25 de enero de 2010.


3.- Que concluido el juicio oral por el Tribunal de Sentencia de Villa Tunari, dictó Sentencia condenatoria 14/2010 de 12 de noviembre, declarando a Lucho Luis Tola autor del delito de Homicidio, previsto por el art. 251 del CP, condenándolo a cumplir la pena de 20 años de presidio y a Alejandrina López Fuentes culpable del delito de Homicidio en el grado de Complicidad previsto por el art. 251 con relación al art. 23 del CP, imponiendo la pena de 18 años de presidio.


4.- Que ambos notificados con la respectiva Sentencia condenatoria, interpusieron recurso de apelación restringida de fecha 13 de diciembre de 2010, remitidos ante la sala penal tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; asimismo, refiere que cursaría certificación de estado de causa de fecha 10 de octubre de 2017.


Bajo dichos antecedentes fácticos fundamenta su petición de solicitud de extinción de la acción penal por prescripción de acuerdo a los siguientes fundamentos jurídicos:


Referente al trámite, aspectos, doctrina y fundamentos de la prescripción enunció los Autos Supremos 278/2006 de 19 de julio, 142/2008 de 17 de marzo y 165/2006 de 8 de junio. Asimismo la Sentencia Constitucional 1214/2004 de 20 de julio, referente a la diferenciación de delitos instantáneos y permanentes.


Por otro lado refiere que de conformidad al art. 27 inc. 8) del CPP, se debe tener presente que la acción penal se extingue por prescripción y como lo dispone el art. 29 inc. 1) del mismo cuerpo legal, dicha acción prescribe 1) En ocho años para delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años, tal es el caso del delito de Homicidio o Asesinato cuya sanción es de cinco a veinte años y de treinta años respectivamente.


Que en el presente caso, no se trata del delito de Asesinato, que si bien resulta imprescriptible como se determinó el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg en su inciso c) Crímenes contra la humanidad contra la población civil antes de la guerra o durante la misma, que no es el presente caso ya que no se trataría de un hecho contra la población civil ni en tiempo de guerra.


Asimismo señala que el art. 30 del CPP, establece “El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación”. También el art. 31 refiere “El término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente”. Que el art. 32 señala que las causas de la suspensión del término de la prescripción son: 1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente; 2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas; 3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.


Que en el presente caso refiere y sustenta el excepcionista que debe considerarse desde la media noche del 6 de junio de 2009, momento en que se procedió a quitar la vida a la víctima, término que no sufrió ninguna interrupción hasta la presente fecha ya que no habría sido declarado rebelde, evidenciando estos extremos del pliego de acusación fiscal de 6 de enero de 2010, decreto de radicatoria de 25 de enero de 2010, acusación particular de 8 de febrero de 2010, auto de apertura de juicio oral de 30 de agosto de 2010, Sentencia 14/2010 de 12 de noviembre y certificación de Rejap; por lo que al no alterarse dicho término del tiempo corrió hasta el 6 de junio de 2017, más de ocho años y cinco meses y 17 días para la presente excepción que interpone el imputado, por lo que a criterio del mismo estaría prescrito.


II. RESPUESTAS A LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Por decreto de 12 de enero de 2018 (fs. 489), conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales, mereciendo la respuesta del representante del Ministerio Público, conforme el siguiente detalle.


II.1.  El Ministerio Público.


Por memorial presentado el 23 de febrero de 2018 (fs. 493 a 499), el Ministerio Público a través de su representante, respondió a la excepción de prescripción presentada por Lucho Luis Tola Torres, con los siguientes argumentos:


Refiere conforme a las Sentencias Constitucionales 23/2017-R de 16 de enero y 551/2010-R de 12 de julio, la prescripción de la acción penal por prescripción no solamente debe avocarse al transcurso del tiempo sino a la valoración integral de varios factores que hacen la defensa del debido proceso y de las partes procesales.


Que también se puede evidenciar que de acuerdo a los fundamentos de solicitud de prescripción, no es suficiente ya que omite hacer referencia de qué manera no se han cumplido las causales de suspensión del término de la prescripción conforme señala el art. 32 del CPP, asimismo omite fundamentar su solicitud de forma motivada conforme la SCP “1306/2011-R” y 299/2015-S2 de 25 de marzo, referentes a que el accionante tiene el deber de fundamentar los agravios.


Asimismo sostiene que el excepcionista ofrece como prueba todo el cuaderno de control jurisdiccional lo que no hace prueba plena ya que debe ser expresa y específica conforme el art. 314 del CPP, en su párrafo III “Excepcionalmente durante la etapa preparatoria y juicio oral el imputado podrá plantear la excepción por extinción  de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, conforme lo establece el numeral 4 del art. 308 del presente código”, por lo que incumplió con este parámetro legal como también lo prevé el art. 308.I del CPP. Por otro lado expresó conforme el Auto Supremo 750/2016RRC de 28 de septiembre, referente al incumplimiento del recurrente de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarado rebelde y del deber de exponer fundadamente de qué modo no concurre las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando objetivamente en función a los antecedentes del proceso, pues se debe tener presente que a la Sala Penal corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas idóneas que las sustenten no pudiendo suplir la omisión de las partes porque importaría un desconocimiento al principio de imparcialidad conforme al art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), además de no corresponder emitir criterios sin bases probatorias que puedan sustentar la decisión a tomar.


Finalmente hizo referencia a que se considere la suspensión de plazos procesales por vacaciones judiciales conforme al art. 130 del CPP desde la gestión 2011 hasta el 2017 y conforme al art. 126 de la ley 586, solicitando se declare infundado la excepción de extinción de acción penal por prescripción.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCION OPUESTA


Planteada la Excepción de extinción de la acción penal y con la respuesta brindada por el Ministerio Público, corresponde a este Tribunal resolver el planteamiento del imputado a través de una resolución fundada conforme las previsiones del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones   incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA”.


En el caso de autos, se advierte que como emergencia de la formulación del recurso de casación por parte del propio excepcionista en contra del Auto de Vista de 10 de noviembre de 2017, la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado, se tiene competencia para resolver la excepción opuesta.


III.2. De la prescripción.


El Código de Procedimiento Penal, señala de forma expresa que de conformidad al art. 27 inc. 8) concordante con el art. 29 incs. 1) al 4) de dicha ley: “La  acción penal prescribe: 1) En ocho años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con pena privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad”, disposición legal concordante y complementada por el art. 101 del CP (derogado por la disposición final sexta del Código de Procedimiento Penal, posteriormente incorporada por el art. 14 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999) que en su apartado segundo señala: “En los delitos sancionados con pena indeterminada, el juez tomará siempre en cuenta el máximum de la pena señalada”.


La prescripción se computa desde la media noche del día en que se cometió el delito o cesó su consumación y no se interrumpe por el inicio de la acción penal, ya que esa interpretación vulneraría el principio de inocencia que favorece a todo imputado y la jurisprudencia vigente con relación a esta temática.


Sobre el cómputo de la prescripción, se debe tomar en cuenta lo establecido en el art. 29 del CPP, que determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado conforme lo prevé el art. 31 del CPP y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art. 32 del CPP:


1.        Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente.


2.        Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas.


3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,


4.        En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.


Ahora bien, de acuerdo a la norma procesal vigente, sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del CP, establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrara.


Efectivamente, el anterior sistema procesal, permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes, de manera arbitraria, podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías, fundamentalmente del derecho a la seguridad jurídica.


El vigente Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambió radicalmente el sistema anterior, puesto que ya no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción penal, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme ha quedado establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 1510/2002-R de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 del CPP.  Entendimiento que fue reiterado en la SC 0187/2004-R de 9 de febrero, en la que se determinó que: “…para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tienen que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente se consumó el delito, sin interrupción”. En similar sentido se ha pronunciado la SC 0101/2006-R de 25 de enero.


Más adelante, al referirse a la otra excepción, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la precitada SC 0101/2004, sobre el derecho a la conclusión de los procesos en un plazo razonable, estableció la siguiente doctrina constitucional:


“…Si bien nuestra Constitución no establece de manera expresa el derecho fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, de manera implícita lo consagra al proclamar en forma genérica que la `celeridad´ es una de las `…condiciones esenciales de la administración de justicia´, entendimiento que se extrae del contenido del art. 116.X Constitucional. Nos parece que una interpretación en sentido contrario sólo podría tener sustento si se aceptara que tal proclamación carece de significado, lo que no es posible tratándose de una norma jurídica, y aún más, de la norma fundamental del país, siempre cargada de significado y fines.


A su vez, la normativa internacional sobre derechos humanos (los Pactos), que según la doctrina de este Tribunal integran el bloque de Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional (Así SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004, entre otras), de manera expresa reconocen tal derecho, conforme a lo siguiente:


1) Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) 'Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter'.


2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3) 'Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas'.


De lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente boliviano al introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista
razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparable”.

Debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien la oponga a ofrecer prueba idónea y pertinente; lo que implica, que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulta fundada.


III.3. Análisis de la solicitud.


Una vez realizadas las consideraciones doctrinales, jurisprudenciales y        normativas precedentes, corresponde ingresar al análisis de la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, planteada por el imputado Lucho Luis Tola Torres, quien en el memorial de interposición de la excepción, sostuvo que habría sido sentenciado por el delito de Homicidio imponiéndole a cumplir una pena de 20 años en el grado de autor, por el Tribunal de Sentencia de Villa Tunari.


En cuanto a  la naturaleza de los tipos penales y consideración doctrinal de ser delitos instantáneos o permanentes, en relación al delito de Homicidio, sostiene que es de carácter instantáneo y de acuerdo al art. 30 del CPP, el cómputo del plazo de la prescripción debe iniciarse desde el momento de su consumación; es decir, desde la media noche del 6 de junio de 2009, habiendo a la fecha transcurrido más de ocho años y siendo que este tipo establece una pena de reclusión de veinte años, conforme al art. 29 del CPP, prescribe en el plazo de ocho años.


Finalmente, argumenta que no existen causales de interrupción y de        suspensión del término de la prescripción, por lo que pregonando su        derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, correspondía en el planteamiento del imputado declarar la prescripción del delito de Homicidio, e inclusive siendo así inicialmente el delito de Asesinato, previstos en los arts. 251 y 252 inc. 2) y 3) del CP.


En este contexto, el excepcionista, se limita en su solicitud a referir el aspecto temporal transcurrido a partir de la realización de los hechos y la denuncia interpuesta que data del 6 de junio del 2009, tomando en cuenta la penalidad en su mínimo y máximo, que supuestamente se encontrarían vencidos al transcurrir más de ocho años a partir de la consumación del hecho por el que se procesa, enfatizando que en base a la documentación adjunta consistente en el Rejap, no se presenta ninguna situación de suspensión o interrupción del término de la prescripción que inviabilice para la procedencia de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción de acuerdo a los arts. 29 y 27 inc. 8) del CPP.


Del análisis de la problemática en cuestión, se advierte que el excepcionista dentro de su argumentación de su excepción, se limita a referir el simple transcurso del tiempo, sin individualizar ni fundamentar de forma separada referente a las causales en las que no operaría la interrupción o suspensión del término de la prescripción, ya que tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los antecedentes pertinentes del proceso; debiendo comprender los excepcionistas que este Tribunal casacional le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustentan entre otros, la potestad de impartir justicia conforme al art. 178.I de la CPE; y, por otro lado el ofrecimiento del cuaderno procesal como prueba lo realizan en forma genérica sin que sea este el medio idóneo y pertinente que permita a esta Sala Penal verificar los momentos procesales para determinar el real transcurso del tiempo.


En consecuencia, al no existir ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde la solicitud de prescripción de la acción penal y menos una fundamentación del por qué no concurren las causales de suspensión; y toda vez que, este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió el exepcionista, corresponde declarar infundada la excepción planteada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción respecto al delito de Homicidio, previstos y sancionados por los arts. 251 del CP, opuesta por el imputado Lucho Luis Tola Torres, con costas, conforme a lo dispuesto por el art. 268 del CPP, con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente Resolución no es recurrible.


Notifíquese a las partes conforme al art. 163 del CPP.


Regístrese y hágase saber.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos