TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 242/2018-RRC

Sucre, 18 de abril de 2018


Expediente                          : La Paz 53/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                  : Jaime Oswaldo Torrez Echeverría y otros

Delitos                                : Asesinato y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de junio de 2017, de fs. 2096 a 2114 vta., Jaime Osvaldo Torrez Echeverría, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 27/2017 de 4 de abril, de fs. 2022 a 2034, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público, Carlos Hernando Calla Ortega y Victorina Ibáñez Illanes contra el recurrente y Alberto Sarmiento Callejas, Pamela Iris Lazo Ticona, Marigen Flores Chura, Linda Lindsey Callejas Machaca, Cristian Sarmiento Callejas y Gertrudis Condori Villca (estos dos últimos fueron declarados rebeldes), por los delitos de Robro Agravado, Asesinato, Complicidad en Robo Agravado, Encubrimiento, Denegación de Auxilio y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 332 inc. 1), 252 incs. 6) y 7), 332 inc. 1), 171, 281 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 34/2015 de 7 de octubre (fs. 1088 a 1913), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Osvaldo Torrez Echeverría, autor de la comisión de los delitos de Robo Agravado y Asesinato, a Alberto Sarmiento Callejas autor de los delitos de Asesinato y Robo Agravado en grado de Complicidad, a Linda Lindsey Callejas Machaca autora del delito de Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 332 incs. 1), 2) y 3) y 252 incs. 2), 6) y 7) del CP, con relación al  23 y 171 parte final del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio al primero, quince años de presidio al segundo y dos años de reclusión a la tercera, todos sancionados con el pago de costas y la reparación del daño civil a la víctima y respecto a Pamela Lazo y Marigen Flores Chura, fueron absueltas de pena y culpa del delito de Encubrimiento, siendo todos declarados absueltos del delito de Asociación Delictuosa.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Jaime Osvaldo Torrez Echevarría (fs. 1934 a 1954) y los acusadores particulares Carlos Hernando Calla Ortega y Victorina Ibáñez Illanes (fs. 1966 a 1971), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por el Auto de Vista 27/2017 de 4 de abril, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes ambos recursos y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 699/2017-RA de 11 de septiembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. El Auto de Vista impugnado habría convalidado actos ilegales del Tribunal de Sentencia por inobservancia de la ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP, afirmando que no existe inobservancia y menos errónea aplicación de la norma, porque la participación del imputado no se adecua a ninguna otra forma de participación criminal ajena a la descrita en el art. 20 del CP, a partir de probada que fue la tesis fáctica de los acusadores sobre la teoría del dominio del hecho; empero, el Tribunal de alzada no ha considerado que para que se constituya esta posición deben existir tres requisitos básicos que configuran la coautoría:  decisión común, que posibilita una división del trabajo o distribución de funciones;  aporte esencial, de modo que si uno de los intervinientes hubiera retirado su aporte pudo haberse frustrado su plan de ejecución y tomar parte en la fase de ejecución, lo cual no ha sido demostrado dentro del proceso; es decir, que haya tenido el dominio del hecho delictivo al momento de su perpetración; por cuanto, nunca fue planificado y acordado, ni que se hubiesen distribuido los aportes en base al principio de la división funcional del trabajo que genera lazos de interdependencia entre los agentes. Agregó que sí se demostró, la disímil sanción impuesta en la Sentencia a cada uno de los acusados 30 y 15 años, por lo que no hubo tal dominio de hecho, quedando demostrado que el Tribunal de Sentencia no realizó una labor precisa sobre el grado de participación de cada uno de los acusados, incurriendo en error in iudicando, hechos, pruebas y normas jurídicas que el Tribunal de alzada omitió considerar y analizar aún de oficio.


Añade que, el Tribunal de alzada citó el art. 180-I de la Constitución Política del Estado (CPE), para afirmar que su conducta no solo se subsume a los arts. 252 incs. 2), 6) y 7) y 332 incs. 1), 2) y 3) del CP; sino también se subsume al art. 20 del mismo cuerpo legal, en grado de autoría, cuando la Sentencia emitida por el Tribunal de origen no tiene fundamentación fáctica alguna, pretendiendo convalidar la serie de incongruencias en que incurrieron los testigos de cargo: Ramiro Rojas Montaño, Fredy Alejandro Pacheco Erazo, Leslie Julieta Zegada Herbas (cuyo contenido transcribe en el presente recurso), deficiencias fácticas que devienen en una inobservancia a la ley, vulnerando las reglas de la sana crítica, de la razón, la experiencia y el buen juicio. Asimismo, aclara que en apelación expuso que las declaraciones de los testigos de cargo no sólo eran incoherentes, imprecisas, variadas, sino también inverosímiles, por el estado de embriaguez en que se encontraban y por el lugar donde aconteció el hecho, el cual estaba oscuro por falta de iluminación, de ahí que su impugnación tenía el objetivo que el Tribunal de alzada controlara la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia; por lo cual precisó dos aspectos, que había ausencia de la teoría del dominio de hecho y que no se había valorado correctamente los medios y elementos de prueba conforme a la sana crítica y en ningún momento se refirió a que el Tribunal de alzada revalorizara la prueba como aduce en el Auto de Vista, por lo que dicha resolución al no haberse pronunciado sobre dichos aspectos es manifiestamente omisiva.


Como precedentes contradictorios cita los Autos Supremos 347/2013 de 24 de diciembre y 59 de 27 de enero de 2006.


  1. Señaló que planteó la nulidad de la Sentencia invocando el art. 370 inc. 5) del CPP, por falta de fundamentación; sin embargo, el Tribunal de alzada sobre este punto, simplemente se avocó a justificar la Sentencia sin un razonamiento propio que sea producto de haber constatado sus fundamentos y la impugnación realizada, sin haberse explicado en qué consistió cada uno de los delitos que se le imputan, la participación de cada uno de los imputados, de qué forma se victimó a Julio Gabriel Calla. Manifestó que en el caso presente se le impuso una pena de treinta años de presidio con una motivación arbitraria y una valoración de la prueba irrazonable que el Tribunal de alzada no analizó ni consideró; es decir, no respondió en forma expresa, clara, completa y legítima el agravio, dedicándose a aludir de manera genérica que lo que hizo el Tribunal de Sentencia.


  1. El Auto de Vista convalidó la resolución respecto al defecto de sentencia establecido en el art. 370 inc. 10) del CPP, por inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y la redacción de la sentencia; por cuanto, en forma generalizada se limitó a señalar que no se habría vulnerado el art. 361 del CPP, en base a los alcances del art. 335 inc. 2)  de la misma norma procesal; determinación que no contiene fundamento menos análisis tendiente a responder si efectivamente se infringió la norma. Como precedente contradictorio, fue invocado el Auto Supremo 45/2012 de 14 de marzo.


  1. El Auto de Vista convalidó el defecto absoluto de la Sentencia que vulnera el art. 370 inc. 11) del CPP, sobre inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación. Al respecto, señaló que el Auto de Apertura de Juicio de 27 de septiembre de 2012, estableció su juzgamiento por los delitos de Robo Agravado y Asesinato en grado de Complicidad y como autores a Cristian y Alberto Sarmiento Callejas; no obstante, que las reglas básicas del auto de apertura de juicio es el marco en el que debe ceñirse el desarrollo del juicio oral y si éste no era el correcto o no fue acogido conforme a lo que presentó el acusador particular, correspondía al mismo promover un incidente para que se corrija el auto y el debate se circunscribiera a los delitos mencionados como autor, lo que le hubiese permitido que su defensa la haga bajo esa acusación y no como cómplice como lo hizo, situación que lo ha colocado en estado de indefensión. El Tribunal de alzada convalidó este yerro con el frágil argumento que lo que se juzga son los hechos, omitiendo considerar que no se puede condenar por un delito distinto, ni se puede apreciar en la Sentencia un grado de perfección o de participación más grave, ni apreciar una circunstancia de agravación no pedida, salvo supuestos de homogeneidad entre lo solicitado por las acusaciones y lo recogido por el Tribunal que supongan tal semejanza que impida la posibilidad de indefensión.


Como constancia que el Tribunal de alzada, se apartó de los lineamentos doctrinales cita los Autos Supremos 62 de 27 de enero de 2007, 268/2009 de 27 de abril y 320 de 14 de junio de 2003.


  1. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


III.1. De la Sentencia 34/2015 de 7 de octubre.


El Tribunal Quinto de Sentencia, emitió el Fallo que hace título a este apartado, declarando al hoy recurrente autor de la comisión del delito de Asesinato y Robo Agravado, previstos en los arts. 252 incs. 2), 6) y 7) y 332 inc. 1), 2), y 3) del CP, condenándole a treinta años de presidio, con los siguientes argumentos:


Al amanecer del día 3 de mayo de 2008, después de haberse reunido desde el día anterior con su enamorada y amigos, el joven Julio Calla Ibáñez, fue víctima de atraco por parte de Cristian Callejas, Oswaldo Torrez Echeverría y Alberto Sarmiento, así consta en las declaraciones de los acusados de las víctimas, Ramiro Rojas, Alejandro Pacheco y Leslie Zegada, no quedando duda alguna en el criterio del Tribunal, sobre su participación criminal. Prueba primaria que no admite duda alguna porque es el relato vivencial de los protagonistas víctimas, quedando probada la tesis fáctica de los acusadores bajo la teoría del dominio del hecho. Que dice que autor es quien tiene el dominio final del suceso, mientras los partícipes, por su parte carecen de esa posibilidad. Es autor quien controla la toma de decisión u la ejecución de la misma según Roxin, principal exponente de esta teoría, es autos respecto a una pluralidad de personas, quien, por el papel decisivo que representa, aparece como la figura clave o central del suceso. Quien ejecuta todos los elementos del tipo dominio de acción. También, es autor el que realiza una parte necesaria de la ejecución del plan global (dominio funcional del hecho), aunque no sea un acto típico en sentido estricto, pero participando de la común resolución delictiva. Siguiendo esa línea queda definitivamente establecida a la condición de autoría de Cristian Sarmiento (declarado rebelde), quien ha sido apartado del juicio en sujeción al art. 90 del CPP, pero que no puede dejar de mencionarlo, por ser quien tenía dominio del hecho para graduar la conducta de los partícipes. En ese sentido, sobre Jaime Oswaldo Tórrez Echeverría, las declaraciones de los testigos presenciales, que lo  han reconocido como su atacante evidencian su participación directa en el hecho. Puesto que, cuando estaban golpeando a Leslie Julio Gabriel trata de impedir la agresión recibiendo como respuesta el ataque de los dos Cristian y Oswaldo, quienes lo golpean y apuñalan. Lo que implica que se constituye en un colaborador eficaz sin cuya ayuda no hubiera sido posible la ejecución del hecho”  (sic).    


Bajo el análisis de los cuatro juicios de imputación tenemos que la conducta de Jaime Oswaldo Torrez Echeverría, de acuerdo a los hechos ilícitos, es de cooperación con el autor, que evidencia comportamiento comisivo de agresión y vulneración violenta con arma blanca, en contra de la humanidad del joven Julio Gabriel Calla Ibáñez, a quien para robarle deciden matarlo. De acuerdo al art. 20 del CP, es un colaborador en la ejecución del delito. No se advierten “Inacciones”. Existe relación de causalidad; toda vez, que en el momento en que toma el cuchillo se advierte la intención de apuñalarle a la víctima incrementando el riesgo, ya existente en forma ilegal, los sujetos: Jaime Oswaldo Torrez Echeverría se constituye en sujeto activo y Julio Gabriel Calla en sujeto pasivo. Así se materializa el verbo rector de Robar, Matar.


III.2. De la apelación restringida.


Contra la mencionada sentencia, el hoy recurrente opuso recurso de apelación restringida por medio de memorial saliente (fs. 1934 a 1954), planteando los siguientes agravios:


  1. Errónea aplicación de la ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP, pues en juicio oral no se probó suficientemente su responsabilidad en el hecho. La sentencia se basa en testificales inverosímiles, incoherentes y variables, además de que “en juicio oral se advirtió que fueron aprendidas” (sic).


Expuso que la sentencia afirma de manera errónea que su persona tenía la intención de atracar a la víctima, aspecto errado pues “en la dimensión subjetiva o mental sólo puede ser conocida (al menos parcialmente) por el sujeto que la protagoniza” (sic). A continuación el recurso de apelación restringida desarrolla una serie de apreciaciones relativas a los hechos, en sentido que: El día de los hechos se encontraba en compañía de otros personas, no con la intención de atracar sino con la de divertirse, pues en caso de ser cierta la primera opción, no hubieran ingerido bebidas alcohólicas. Asimismo, al no encontrar discotecas abiertas, los presentes decidieron beber dentro de un taxi, contratándolo por horas. Cuestionó el apelante que no fuera lógico suponer que el grupo tenía pensado atracar en presencia de un desconocido (taxista).


De igual, forma cuestionó lo depuesto por la testigo Gertrudis Condori Vilca: tachándola como no creíble asegurando que se tratase de la esposa del policía Sof. Juan Callisaya Quispe que estaba a cargo de la investigación del caso.


Se planteó que la madrugada del día de los hechos la víctima y sus acompañantes estaban ebrios, pues habiendo bebido desde horas de la tarde fue la razón por la que no pudieron ingresar al local denominado “Puerta Secreta”, por esta razón no podrían los testigos afirmar con lujo de detalles qué fue lo que realmente pasó la noche de los hechos, peor aún, cuando Alejandro Pacheco Arazo, dijo ante la policía que no se acordaba de nada; así como, por las conclusiones de la audiencia de inspección y reconstrucción el sector de los hechos carece de buena iluminación.   


Señala el recurso que la versión de los testigos de cargo en juicio oral dista de lo expresado en ante la policía, pues: Alejandro Pacheco Arazo, Leslie Julieta Zegada Herbas, Ramiro Rojas Montaño, en sus entrevistas informativas en etapa preparatoria todos fueron coincidentes en no poder reconocer a sus agresores del día de los hechos.


  1. Transcribiendo la porción correspondiente al punto II de la Sentencia, acusó que “el tribunal valora todo el elemento probatorio, toda vez que en este acápite no le compete valorar los medios probatorios, solamente debe realizar una descripción de los medios de prueba practicados e incorporados a juicios. Esta argumentación, es contradictoria con la fundamentación intelectiva porque los hechos discrepan con la valoración de los elementos probatorios” (sic). Sostiene que no se acreditó el grado de participación criminal, ante las imprecisiones sobre las condiciones en las que el ataque haya acontecido, menos aun cuando la sentencia no menciona el por qué los medios probatorios de cargo le merece crédito, como lo fue el caso de las atestaciones, sin especificar mayor detalle y sin haber tenido presente el estado de ebriedad de los testigos a momento de ocurridos los hechos.


Manifestó también que, el Tribunal de sentencia no valoró ninguna cuestión inherente a la fijación de la pena, en el orden del art. 37 y siguientes del CP, más cuando, se afirmó que el no haber negado su participación era entendido como falta de arrepentimiento. 


  1. La Sentencia no describió el medio probatorio y omitió en su redacción mencionar la prueba que le generó convicción en relación al establecimiento de los hechos sobre la declaración de las atestaciones de cargo; determinación que no contiene fundamento menos análisis que dé a conocer si efectivamente se infringió la norma, configurándose el defecto de sentencia contenido en el art. 370 inc. 10) del CPP.


  1. Violación al principio de congruencia, pues en la sentencia se modificaron los hechos previstos en el Auto de Apertura de juicio y las acusaciones particular y fiscal, existiendo el defecto de sentencia del art. 370 inc. 11) del CPP.

III.3. Del Auto de Vista 27/2017 de 4 de abril.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue la instancia encargada de conocer y resolver los recursos de apelación restringida opuestos por Carlos Hernando Calla Ortega, Victorina Ibáñez Illanes, así como por el hoy recurrente, emitiendo al efecto la resolución que hace título a este acápite. En lo que toca, a las problemáticas que hacen al presente recurso, el Tribunal de apelación se pronunció en el siguiente sentido:


  1. Sobre el defecto de sentencia contenido en el art. 370 inc. 1) del CPP, el Tribunal de alzada consideró que los argumentos desarrollados en apelación restringida (relación de las atestaciones y nueva proposición de hipótesis fáctica), no condujeron a la naturaleza de esa norma.


En cuanto, al reclamo sobre inobservancia y errónea aplicación del art. 20 del CP, los de apelación luego de expresar que la parte intelectiva de la sentencia fundamenta de manera fáctica, jurídica y probatoria el grado de participación del apelante y tener presente la conclusión de la sentencia, sobre la convicción que generaron las declaraciones de los testigos directos del hecho, el Auto de Vista 27/2017, expresa: “…la conducta del acusado Jaime Osvaldo Torrez Echeverría no solo se subsume a los arts. 252 incs. 2), 6), y 7) y, 332 incs. 1), 2), 3) del CP, que no ha sido impugnado y cuestionado por el apelante, sino que también se subsume en el art. 20 del CP; es decir, en grado de autoría (se transcribe su contenido). En esa base, si el Tribunal de juicio ha determinado que tanto Cristian y Osvaldo golpean y apuñalan a su víctima que el segundo ha sido reconocido como atacante por los testigos presenciales del hecho, son partícipes directos; por lo tanto, no existe inobservancia y menos errónea aplicación de la ley sustantiva, en particular del art. 20 del CP, porque no se adecua a esa participación directa ninguna otra forma de participación criminal, no correspondiendo en consecuencia modificar aquella determinación y menos anular el fallo”.


  1. Sobre el reclamo de defecto en la sentencia en el orden del art. 370 inc. 5) del CPP,  dijo el Tribunal de apelación: “…a partir del punto II bajo el rótulo de voto de los miembros del Tribunal, fundamentación fáctica y probatoria consigna la fundamentación fáctica con especificación de los hechos ocurridos, la fecha y hora de los mismos, el lugar y partícipes; se fundamenta asimismo aspectos probatorios que corroboran los hechos acusados, en particular a la fundamentación y valoración de la prueba testifical y documental de cargo; existe la fundamentación intelectiva en el que se resalta la participación de todos y cada uno de los acusados, se expone igualmente fundamentos en relación al dominio del hecho y dominio funcional del hecho que concluye con la participación directa del acusado y apelante, para posteriormente acudir a otro apartado sobre la fundamentación jurídica o motivos de derecho y doctrinales, por lo que se concluye que la sentencia cumple con los arts. 124 y 359 (primer párrafo) del CPP, no siendo evidente el agravio invocado” (sic).


Asimismo, en relación al cuestionamiento sobre la aplicación de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, se expresó: “…se colige la existencia de un apartado referido a la fundamentación de la pena y en ella consta que en relación al acusado Jaime Osvaldo Torrez Echeverría, el Tribunal concluye que como autor de los hechos se le debe aplicar la pena del delito mayor siguiendo las reglas del concurso de delitos y en esa base el asesinato tiene una pena de 30 años de presidio, no consignando el mismo un mínimo, sino una pena fija y determinada. Es más, en cuanto a este apartado el tribunal de sentencia analiza y valora de manera conjunta en cuanto a la fundamentación de la pena a todos los partícipes que fueron encontrados responsables de los hechos, si al acusado se le encontró autor de los delitos de Robo y Asesinato, es lógico y jurídico aplicar la pena del delito más grave,  si se considera que si se pretendía la aplicación de atenuantes generales, por ejemplo el acusado estaba en la obligación de solicitar, fundamentar y demostrar con elementos de prueba acorde a lo que también determina el art. 171 del CPP, no lo hizo y tampoco expone fundamentos sobre el particular en su recurso de apelación” (sic).


  1. El defecto de sentencia denunciado del art. 370 inc. 10) del CPP, fue absuelto haciendo referencia del contenido de la Sentencia sobre la fundamentación fáctica, probatoria sobre las testificales de cargo identificándose también la ubicación de las testificales de descargo y la prueba documental, descartando de tal cuenta la existencia de defecto de la sentencia, en el margen del citado articulado en relación con los arts. 358 y 359 del CPP.


De igual manera sobre la queja en torno al periodo en el que la Sentencia fue leída y la suspensión de la audiencia de lectura por ausencia de un Juez ciudadano, fue descartada, con apoyo al alcance que por el principio de concordancia práctica posee el art. 335 inc. 2) del CPP. Asimismo, se observó la ausencia de expresión de agravio que hubiera producido la suspensión de la audiencia de lectura de sentencia; por cuanto, con anterioridad se había dado lectura a la parte resolutiva, por la que se dio a conocer el grado de autoría y la pena a cumplir.


  1. En referencia al defecto de sentencia contenido en el art. 370 inc. 11) del CPP y la errónea aplicación del art. 362 del CPP, con el argumento de que en la acusación se le imputó en grado de complicidad, el Tribunal de apelación, amparado en esa misma norma, no dio lugar al reclamo por cuanto el juzgamiento se enfoca en la determinación y probanza de hechos, en el que la adecuación típica sobre el grado de participación no forma parte, siendo labor privativa de la autoridad jurisdiccional.


IV. FUNDAMENTOS DE LA SALA


IV.1.  Primer motivo.


Expresa el recurrente que el Tribunal de alzada asumió una dirección contraria a la doctrina legal aplicable dispuesta en los Autos Supremos 347/2013 de 24 de diciembre y 59 de 27 de enero de 2006, habida cuenta que la argumentación sobre errónea aplicación de la Ley sustantiva realizada en Sentencia sobre la aplicación del art. 20 del CP y la omisión sobre elementos básicos que configuran la coautoría.


El Auto Supremo 59 de 27 de enero de 2006, fue pronunciado dando respuesta a un recurso de casación, en el que la parte acusadora denunció inobservancia y errónea aplicación del art. 20 del CP, con el antecedente de que el Tribunal de apelación había modificado el grado de participación criminal de un co-imputado de autor a cómplice, sin tener en cuenta que la jurisprudencia boliviana, reconoce la aplicación de la teoría de dominio del hecho.  Analizada la problemática se determinó dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, considerando que “el razonamiento del Auto de Vista es demasiado lato cuando señala que por la circunstancia de que GHBV no llegó a disparar el arma, dejaría de ser co-autor de los delitos acusados incurre en error injudicando”; asimismo, a partir de esa circunstancia el Auto Supremo invocado como precedente contradictorio, apoyado en la teoría del dominio del hecho y la teoría del acuerdo previo ilustra que se considera autores “cuando hay una resolución conjunta, libre, voluntaria para realizar el hecho planeado con antelación, distribuyendo roles y papeles en la ejecución dolosa de la lesión antijurídica”, para finalmente sentar la siguiente doctrina legal aplicable:

“De acuerdo a la línea doctrinal sentada por la Corte Suprema de Justicia en varios Autos Supremos la "teoría del dominio del hecho" respecto de la acción de los agentes que da lugar a la vulneración de bienes jurídicos, que afirma que en todos los delitos dolosos es autor quien tiene en sus manos el curso de los hechos del suceder típico y antijurídico, lo que significa que para que el agente sea considerado co-autor de un delito doloso es necesario que haya una resolución conjunta para ejecutar el hecho por parte de los agentes, sin importar en el momento del hecho la mayor o menor gravedad de su actuación por haber previamente consentido en el accionar de todos en el logro común del resultado antijurídico”.

Por otro lado, Jaime Oswaldo Torrez Echeverría, invoca el Auto Supremo 247/2013-RRC de 24 de diciembre, acudiendo a él para sostener que el deber de control de valoración de la prueba es una obligación delegada a los Tribunales de apelación y que en su caso fue omitida bajo el argumento de la imposibilidad de revalorización de la prueba. De tal cuenta el citado Auto Supremo, analiza una denuncia de  la denuncia de vulneración del principio de intangibilidad de los hechos y prohibición de revalorización de prueba por el Tribunal de alzada, reiterando los entendimientos contenidos en Autos Supremos 251/2012-RRC de 12 de octubre, 176/2013 de 24 de junio, 504/2007 de 11 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 14/2013-RRC de 6 de febrero, que sobre problemáticas similares, establecieron que la labor de los tribunales de apelación se ciñe al control de logicidad de la Sentencia y la verificación de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.

  

Ya en materia, el recurrente plantea en este motivo el incumplimiento de la doctrina legal contenida en los precedentes contradictorios referidos párrafos atrás, sosteniendo que lo alegado en apelación restringida tenía el objetivo de procurar control de logicidad sobre la sentencia, sobre “ausencia de la teoría del dominio de hecho y que no se había valorado correctamente los medios y elementos de prueba conforme a la sana crítica [enfatizando] en ningún renglón me referí a que el Tribunal de alzada revalorizara la prueba” (sic).


La forma expositiva por la que el recurrente desarrolla su queja en apelación restringida, plantea el cotejo entre las conclusiones de hecho del Tribunal de Sentencia y una versión propia de los hechos a partir de una exposición revisada sobre las atestaciones incluso tomando en cuenta las entrevistas informativas de etapa preparatoria-; sin embargo, a pesar de que en apariencia tal plataforma constituiría un agravio que justifique la revisión integral de las conclusiones de la sentencia, no es menos evidente que tal ejercicio, por la forma en que fue planteado, orillaría al Tribunal de apelación a una inevitable valoración de la prueba; acto que, conforme la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 247/2013-RRC de 24 de diciembre, está vedado.


Es harto conocido, que el sistema acusatorio, gira en torno al eje de la oralidad; en ella se asienta no solo la mecánica del juicio oral, sino en esencia todos los actos procesales previos. Por esta razón, lo ocurrido en juicio oral, por condiciones de tiempo y espacio, es un algo irrepetible; por ende, las consideraciones y conclusiones emergentes de ese acto; esto es, determinación de los hechos, producción y valoración de la prueba, son intangibles en fase de recursos. Sin embargo, la fórmula procesal idónea para procurar una revisión integral del fallo de mérito, se manifiesta a partir del cuestionamiento de la valoración probatoria efectuada por el Juez o Tribunal de Sentencia.


Ocurre en autos, que Jaime Oswaldo Torrez Echeverría, en apelación restringida produce una nueva valoración de las atestaciones, sin que de por medio, más allá de su propia convicción se exteriorice la exigencia de incidir sobre cual el razonamiento que se repute como incorrecto o en qué medida una norma que se pretenda inaplicada o erróneamente observada, cual su aplicación pretendida, ejercicio que para el caso concreto debió nacer de la derivación no de los hechos, sino del alcance otorgado al art. 20 del CP, sobre los hechos ya determinados; empero, sobre una margen expositivo de cierta manera contradictorio (se cuestiona conclusiones de hecho para apuntar a la aplicación de una norma que exige la firmeza de los hechos); visto de otra manera, se pretendió la censura de la sentencia partiendo de cuestionar no su raciocinio si no el propio objeto del juicio.


No obstante lo anterior, es también cierto que el Tribunal de alzada se pronunció con relación al agravio sobre la incertidumbre que el en ese entonces- apelante alegó a partir de habérsele condenado como autor, a partir de la teoría de dominio del hecho, que su situación procesal no había sido correctamente determinada, además de cuestionar la aplicación del art. 20 del CP. El Tribunal de alzada, brindó respuesta, señalando que a partir de la probanza de la tesis acusatoria, al ser el acusado reconocido como el “atacante” y haberse determinado la forma en la que él y Cristian Sarmiento agredieron a la víctima, la conducta del hoy recurrente no solo se subsumió al delito por el que fue condenado, sino también al art. 20 del CP; por cuanto, las conclusiones de la sentencia conducen a establecer su condición de partícipe directo en el hecho, siendo que tal conclusión es precedida de un ejercicio de descarte de las demás formas contenidas por esa norma.

El Auto Supremo 59 de 27 de enero de 2006, tiene una situación de hecho evidente, que responde a la cuestionante de cuál el grado de participación criminal de un imputado en un hecho calificado de asesinato y robo agravado, si los hechos determinados sobre él concluyeron, que solamente se limitó a utilizar un arma de fuego para amedrentar a las víctimas sin que haya disparado el arma. El precedente en cuestión recondujo la orientación del tribunal de alzada, expresando que en un delito doloso es necesario que haya una resolución conjunta para ejecutar el hecho por parte de los agentes, sin importar en el momento del hecho la mayor o menor gravedad de su actuación por haber previamente consentido en el accionar de todos en el logro común del resultado antijurídico; es decir, que dentro del razonamiento derivado de las conclusiones de la sentencia en efecto la culpabilidad y determinación del Jaime Oswaldo Torrez Echeverría como autor del hecho es correcta; ya que, las condiciones de exigibilidad para la determinación de grado de autor, están presentes en la Sentencia, mismas que en el orden del Auto Supremo 26 de febrero de 2002, apunta no a la forma específica de la comisión de un hechos; sino que el desvalor de la conducta se debe a la peligrosidad para el bien jurídico, que un espectador objetivo (el hombre medio), puede advertir en la conducta en el momento de realizarse el hecho. La exigencia cumplida de la relación entre conducta y resultado buscado y querido con medios e instrumentos idóneos, pone de manifiesto en forma inequívoca como sucedió en el caso examinado, la lesión del bien jurídico "vida", lo que importa responsabilidad penal imputable a sus autores, de entre los que se encontraba el recurrente Jaime Oswaldo Torrez Echeverría, quien conforme los hechos determinados en sentencia no se trató de un mero espectador, sino fue reconocido como quien conjuntamente Cristian Sarmiento agredieron a la víctima. Razones por las que el Auto de Vista 27/2017 de 4 de abril, no asumió una dirección contraria a los Autos Supremos 347/2013 de 24 de diciembre y 59 de 27 de enero de 2006, restando declarar este motivo de casación como infundado.

IV.2. Segundo motivo.

El recurrente acusa al Auto de Vista 27/2017, haber tomado un curso contrario a la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos 241/2013-RRC de 30 de septiembre y 346/2013-RRC de 24 de diciembre, al afirmar que sobre el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, el Tribunal de apelación, justificó la Sentencia, sin un razonamiento propio que sea producto de haber contrastado los fundamentos de dicha Resolución y la impugnación realizada, omitiendo cumplir su deber de responder en forma expresa, clara, completa y legítima. Este motivo en específico conforme los razonamientos del Auto Supremo 699/2017-RA de 11 de septiembre, fue admitido para su análisis de fondo por la vía de flexibilización de requisitos de admisión.


El recurrente acusa que las conclusiones del Tribunal de apelación en torno al defecto de Sentencia, contenido en el art. 370 inc. 5) del CPP, no poseen fundamentación propia, pues a partir de la relación de las conclusiones de esta última y sin mediar contraste con lo alegado en apelación restringida, se refrendó la condena. El Auto de Vista impugnado en sus puntos 2.1 y 2.2, no dio lugar a los agravios de errónea aplicación de la norma basada en una incorrecta valoración de la prueba, limitando su respuesta a una aparente refrendación de la sentencia.  


Con carácter previo debe tenerse presente el origen procesal de este reclamo, tal es: defecto de la sentencia por inexistencia de fundamentación o que ésta sea insuficiente o contradictoria, a la letra del art. 370 inc. 5) del CPP; aspecto que, primeramente, conduce al art. 124 del CPP, que expresa las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. De igual forma taxativamente precisa que la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Sin entrar en profundas consideraciones, motivar se vincula con las razones, determinaciones y conclusiones que la autoridad judicial extracta de los hechos y los antecedentes del proceso y más primordialmente sobre la actividad probatoria así como los resultados desprendidos de ese ejercicio. Por otro lado fundamentar se relaciona, con la actividad eminentemente jurídica a ser realizada con el resultado de la motivación; esto es, aplicar o subsumir (en el caso de materia penal) esos hechos a la norma positiva. El citado precepto, a efectos de las consideraciones vertidas por el legislador ordinario, absorbe ambos conceptos en una sola esfera, esto es el fundamentar, aspecto a partir del cual la obligación de brindar las razones de un fallo de manera suficiente, expresa, clara, precisa y lógica, rastra tanto en las conclusiones extractadas de la actividad probatoria como a la vez a la aplicación de la norma positiva al caso concreto. Por otro lado, las posibilidades que el inc. 5) del art. 370 en el CPP, otorga, son tres: ausencia de fundamentación, esto es su inexistencia; que sea insuficiente, es decir que no abastezca con plenitud la o las conclusiones extractadas de los hechos y que la contradicción en su contenido.  


El recurrente en su recurso de apelación restringida, reiteró el ejercicio de replantear su tesis defensiva sobre el cómo los hechos habrían suscitado y de nueva cuenta se confrontan las conclusiones del fallo de grado con la hipótesis de la defensa; dicho de otro modo, se postula una revalorización de la prueba, esta vez en el margen de la falta de fundamentación en torno a la aplicación de la pena. De tal consideración, correspondía al Tribunal de apelación ejercer el control de legalidad de la sentencia; es decir, verificar si las consideraciones sobre los puntos reclamados, en efecto eran carentes de fundamentación o ella era incompleta o contradictoria; sin que de por medio pueda, en el margen procesal y legal del defecto invocado, pueda emitirse otro tipo de juicio o ponderación.


El Tribunal de apelación, en efecto realizó tal labor, por cuanto identificó la porción en el texto de la sentencia donde las cuestiones extrañadas por el en ese entonces apelante se encontraban presentes, cumpliendo de tal manera a decir de los de apelación- con los arts. 124 y 359 del CPP; ahora bien, la posibilidad en la que eficacia de sentencia pueda ser mermada en torno a su fundamentación, debe entrañar el señalamiento de su ausencia, contradicción o completitud; aspectos que, no ocurrieron en el caso del recurso de apelación opuesto por Oswaldo Torrez Echeverría, pues el ejercicio de replantear su hipótesis probatoria no podría adecuarse a las tres eventualidades contenidas en el mentado art. 370 inc. 5) del CPP.


Asimismo, el análisis del Auto de Vista en relación a la queja expuesta sobre ausencia de fundamentación de la pena es vista a fs. 2029; en cuanto, se concluye que la aplicación de una pena de treinta años de presidio, fue correcta al no caber otra posibilidad; lo que en consideración de esta Sala resulta lógico, pues el tipo penal contenido en el art. 252 del CP y por el que el imputado fue condenado, no prevé dosimetría alguna en la aplicación de la pena y siendo la pena mayor de los delitos acusados, a efectos de fijación de la pena resulta un aspecto intrascendente.


En conclusión, lo expresado por el Tribunal de apelación sobre el reclamo del art. 370 inc. 5) del CPP, tiene correspondencia tanto con las posibilidades que la norma procesal dispone como así con los fundamentos que le fueron puestos a conocimiento, no habiéndose de tal manera vulnerado derecho alguno que amerite el dejar sin efecto el fallo de vista.


IV.3. Tercer motivo.    


El Auto de Vista convalidó la resolución respecto al defecto de sentencia establecido en el art. 370 inc. 10) del CPP, “no describir en la sentencia el medio probatorio y omitir mención de prueba” (sic), habiendo de forma generalizada respondido que no se vulneró el art. 361 del CPP, en base a los alcances del art. 335 inc. 2)  de la misma norma procesal, determinación que no contiene fundamento menos análisis que dé a conocer si efectivamente se infringió la norma. Se invocó precedente contradictorio, fue invocado el Auto Supremo 45/2012 de 14 de marzo.


El Auto Supremo 45/2012 de 14 de marzo, fue pronunciado por la Sala penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia con motivo a la interposición del recurso de casación de EMC, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra suya y otros por el delito de transporte de sustancias controladas previsto por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. En dicha ocasión, ante la denuncia de una debida fundamentación de la resolución de alzada y verificando la misma, el señalado precedente contradictorio dispuso dejarla sin efecto, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2006 y el entendimiento desarrollado por el Auto Supremo 12 de 30 de enero de 2012, todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo, es preciso dejar sentado de que toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados; toda vez, que esta circunstancia deja en estado de indeterminación e incertidumbre a las partes, al no haberse absuelto de manera efectiva sus acusaciones.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados; aspecto que, deriva en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales”.


Comoquiera que la doctrina legal aplicable invocada en esencia orienta las condiciones mínimas y parámetros básicos para que una resolución judicial sea considerada como fundamentada, describiendo al efecto cinco condiciones, que son, especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, a las que se suma los parámetros de congruencia establecidos en el art. 398 del CPP, la labor de contraste en esencia debe considerar el cumplimiento de las condiciones antes descritas.


De tal cuenta, en apelación restringida se cuestionó a la sentencia por no cumplir los requisitos estimados para su redacción, en base a relatar el “dictamen de la perito doctora Mabel” (sic); obviar la mención de la testifical de descargo, como es el caso de las atestaciones de María Luz Echeverría y Jaqueline Urquiola Urioste que en la sentencia fue descrita de forma errónea como prueba de cargo y no hacer mención de las pruebas codificadas como PD-19, 34 y 35.

Al respecto el Tribunal de apelación, brinda atención a tal reclamo en dos momentos, el primero contenido en el punto 4 apartado II del Considerando Cuarto, en el que identifica la ubicación en la sentencia de los elementos extrañados en apelación restringida para después en los puntos 4.1, 5 y 5.1, expresar su respuesta sobre la consideración en torno a los tiempos en los que se dio lectura a la sentencia en relación a los arts. 358 y 359 del CPP. Aspecto con los que los planteamientos propuestos por el recurrente en ese momento procesal, son dados por correctamente absueltos, por dos razones en específico, tales son, el inc. 10) del art. 370 del CPP, hace una distinción sobre las condiciones de forma en las que la sentencia debe ser pronunciada. Primeramente, sobre los tiempos consignados entre deliberación y lectura de sentencia y las maneras en las que su redacción debe ser efectuada.


Ahora bien, si la premisa del recurso de apelación restringida fue acudir al art. 370 inc. 10) del CPP, acusando la inexistencia de consideración en torno a ciertos elementos de prueba; es comprensible que identificados éstos la queja sea absuelta, sin que de modo alguno como indujo el recurrente- pueda a través de este mecanismo procesal en específico a generar un debate sobre el mérito de la prueba, las cuestiones de hecho determinadas en sentencia o bien la labor de aplicación de la norma sustantiva.


Debe mantenerse en claro que el estamento de recursos en el procedimiento penal, no es un fin en sí mismo, no a través de él debe entenderse a la forma procesal como formulismo. En esencia las formas que revisten el sistema de recursos, se hallan diseñadas desde el punto de vista del proceso adversarial. Recuérdese que el proceso penal, no es ajeno a la contienda de dos pretensiones contradictorias, puestas ante la autoridad jurisdiccional para la aplicación de la Ley; por ello, el traducir o modular los alcances de los motivos y argumentos de una de las partes indirectamente pondría en desajuste a la otra, que dicho sea acá posee a la vez de la que recurre su propia pretensión y a la par goza de derechos tanto procesales como sustantivos. Estos no significa de ninguna manera (la Sala es enfática) en imponer rigorismos innecesarios a las partes o sacramentalizar las formas procesales, sino estatuir un punto intermedio que entre las garantías procesales del debido proceso y ejercicio irrestricto del derecho a la defensa y el principio de igualdad de las partes ante el juez.


Dicho ello, es visible que la respuesta otorgada por la Sala pronunciante, posee los elementos exigidos en el precedente contradictorio invocado; es decir, es especificidad (atiende puntualmente los agravios expresados), claridad (su lectura y comprensión es sencilla y fluida), completitud (otorga una respuesta que engloba el mecanismo procesal y argumento utilizado), legitimidad (pues se basó en datos ponderables en los mismos antecedentes); y, lógica (los argumentos son evidentemente coherentes y derivados de la propia sentencia); asimismo, fue cumplida la correspondencia prevista en el art. 398 del CPP, no evidenciándose de tal manera contradicción alguna.


IV.4. Cuarto de motivo.

Contradicción a los Autos Supremos 62 de 27 de enero de 2007, 268/2009 de 27 de abril y 320 de 14 de junio de 203, que establecerían el conjunto de elementos fácticos y su calificación jurídica, conforman el hecho punible que constituye el objeto del proceso penal, en la medida de que el Auto de Vista convalidó el defecto absoluto de la sentencia, previsto y sancionado en el art. 370 inc. 11) del CPP, sobre inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación.

El recurrente alega en casación, que inicialmente el Auto de apertura del juicio estableció su juzgamiento como cómplice en la comisión de los delitos de Robo Agravado y Asesinato; sin embargo, el acusador particular, promovió la acción en su contra calificándola en grado de autoría, defecto que fue convalidado por el Tribunal de apelación manifestando que lo que se juzga son hechos, omitiendo considerar que no se puede condenar por un delito distinto, ni se puede apreciar en la Sentencia un grado de perfección o de participación más grave, ni apreciar una circunstancia de agravación no pedida, salvo supuestos de homogeneidad entre lo solicitado por las acusaciones y lo recogido por el Tribunal que suponga tal semejanza que impida la posibilidad de indefensión.

Los precedentes contradictorios invocados tienen en común la vinculación a problemáticas en las que se analizó el principio de congruencia en el proceso penal; es decir, el orden previsto por el art. 362 del CPP. Así, en el Auto Supremo 320 de 14 de junio de 2003, se estableció que: “el principio de congruencia se refiere a que la sentencia debe referirse a los hechos acusados probados y no probados, aspecto que necesariamente debe encontrarse fundamentado tanto de hecho como de derecho”. A su turno el Auto Supremo 62 de 27 de enero de 2007, razonando sobre la aplicación y contingencias del principio iuria novit curia, se expresó: “Considerando que ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación conforme al principio de congruencia, empero se debe tomar en cuenta el principio "iura novit curia" por el cual la congruencia debe existir entre el hecho (base fáctica) y la sentencia y no -respecto a la calificación jurídica que provisionalmente establece el Ministerio Público o la acusación particular de manera indistinta teniendo el Juez o el Tribunal de Sentencia, luego del desfile probatorio y del análisis de las pruebas incorporadas a juicio, realizar la "subsunción" del hecho al tipo penal que corresponda pudiendo ser diferente al de la calificación jurídica provisional realizada por la acusación, en aplicación precisamente del principio procesal indicado (siempre que se trate de la misma familia de delitos) como en el presente caso que los tipos penales protegen el mismo "bien jurídico" que es el patrimonio del estado y la correcta administración pública”. Finalmente, el Auto Supremo 268/2009 de 27 de abril, con referencia directa a la aplicación del art. 362 del CPP,  interpreta el alcance esta norma al señalar: “esto implica que debe haber congruencia entre los hechos por los que se ha planteado la acusación y la decisión final, correspondiendo al juez o tribunal pronunciarse de forma neutral dentro de los términos del debate, de la manera en que los hechos hubieren sido formulados y planteados tanto por la acusación y la defensa. No obstante, lo fundamental a considerarse, es que el fallo esté relacionado con el mismo bien jurídico protegido por la norma penal que motivó la acusación, vale decir, que el bien jurídico protegido que sirvió de fundamento a la acusación y el de la sentencia, resulten ser homogéneos”.

Partiendo de lo prescrito por el art. 362 del procesal Penal, se infiere la existencia de una prohibición dirigida a la autoridad jurisdiccional de juzgar hechos o circunstancias distintas a las contenidas en la acusación, lo que a la vez hace visible que la acusación por sí misma sea el acto procesal en el que se produce la presentación formal y definitiva de los hechos y circunstancias en contra de una persona; de tal cuenta, la sentencia será aquella decisión que determine lo decidido en primera instancia y será la piedra angular sobre la que se construyan instancias ulteriores; es decir, la prohibición se dirige tanto al juez de mérito como a aquellos llamados a conocer etapas recursivas subsiguientes. De tal consideración, el art. 370 inc. 11) del CPP prevé como defectos de la sentencia que habilitan el recurso de apelación restringida la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación; es decir, dispone como referencia a la labor de los Tribunales de apelación, precisamente, el eventual control sobre el cumplimiento de dicho principio.


El principio de congruencia, en el marco del proceso penal no solo repercute en una medida de orden y simetría procesal, sino contiene presupuestos mínimos para el ejercicio de una defensa efectiva, pues conocer los hechos que se inculpan y contar con un tiempo razonable y el acceso a los medios para ejercitarla, es en esencia las garantías mínimas que el Estado de Derecho compromete en el ejercicio de su potestad sancionatoria; en consecuencia, este principio vincula también a que las decisiones que se tomen con ulterioridad a la sentencia no deben apartarse de su veta fáctica; ya que, sobre la misma el imputado y eventual condenado tuvo conocimiento, así como el tiempo y los medios para defenderse.


La aplicación del principio iuria novit curia, por el cual la modificación en la calificación jurídica es posible, en los casos de recursos de apelación restringida, se limita a la emisión de un juicio de puro derecho, sin emitir criterio valorativo sobre la prueba o bien determinar, modular o suprimir los hechos establecidos en sentencia. Justamente, es ese el cordón de seguridad que limita las actuaciones de los tribunales de apelación, pues sería un despropósito ser permisible con actuaciones que en la revisión de una sentencia recaigan en un defecto que la misma norma dispone para ellas, tal el caso del art. 370 inc. 11) del CPP.


Son dos los presupuestos mínimos exigibles a la autoridad jurisdiccional que se ampare en la aplicación del principio iuria novit curia, por una parte la no transgresión del art. 362 del CPP; esto es, mantener incólume la base fáctica determinada en la sentencia y por presencia inmanente a lo largo del Código de Procedimiento Penal, el garantizar la defensa amplia e irrestricta del imputado. Situación que llevaría a afirmar que un cambio en la calificación jurídica de una sentencia no debe encubrir o esconder en lo absoluto una modificación que determine la variación del contenido fáctico de la acusación, pues es este acto procesal la base formal por la que comunica los fundamentos de hecho y la calificación jurídica de los hechos por los que se juzga a un imputado.


En el caso de autos, el recurrente riñe con lo expresado por el Tribunal de apelación sobre su reclamo de apelación restringida sobre vulneración al principio de congruencia argumentando que la sentencia cambió los hechos agravando su situación personal. El Tribunal de apelación absolvió este motivo, considerando que la actuación de los de sentencia se había circunscrito sobre un hecho “el fallecimiento de Julio Gabriel Calla producto de ataques con arma punzocortante” (sic), que es coincidente en ambas las acusaciones fiscal y particular.


Ahora bien, bien es cierto que la modificación de los hechos está vedada a lo largo del proceso penal, pues debe tenerse presente que sobre su determinación gira el debate contradictorio, como a la vez son ejercidas tanto las pretensiones acusatorias como las estrategias de la defensa. De esos hechos se desprenderá la calificación jurídica (ya sea provisional o definitiva), la subsunción al tipo penal (incluyendo la conducta y el grado de participación) y la consiguiente aplicación de la pena. La Ley 1970 a lo largo de su texto reconoce tal mecánica, ahí están los arts. 341 y 342, en los que se disponen que las acusaciones son la base del juicio oral y de los hechos relatados en ella obedecerá el debate de juicio oral, el art. 362 por su parte reconoce que no se podrá ejercer subsunción ni actividad jurídica alguna sobre hechos no contemplados en las acusaciones o las ampliaciones de éstas, si existieran.


Los hechos a los que se hacen referencia son en realidad la descripción de cómo un supuesto hecho haya acontecido. Conforme la doctrina, reflejan la representación de las manifestaciones acaecidas en el mundo material y a objeto del proceso constituye la reconstrucción histórica (secuencial y ordenada bajo un orden cronológico) de un determinado hecho. En el caso de autos, la pretensión acusatoria acusa la comisión de varios delitos, entre ellos el de Asesinato art. 252 incs. 6) y 7) y Robo Agravado art. 332 incs. 1) ambos del CP, planteando al efecto la hipótesis sobre cómo hubieran ocurrido los hechos el día 3 de mayo de 2015.


En ese efecto el Tribunal Quinto de Sentencia, emitió el Auto 4/2013 de 27 de septiembre, que es el Auto de Apertura de Juicio y en él se estableció el siguiente hecho “en fecha 2 de mayo de 2008 Cristian y Alberto sarmiento Callejas deciden atracar a alguna persona con alevosía para robarle sus pertenencias , para esto se munen de armas corto punzantes para asegurar el resultado…Cristian contrata un taxi por hora, a objeto de dirigirse por diferentes calles de la ciudad para encontrar alguna víctima…en altas horas de la noche cuando se encontraban bajando por la intersección de la calle Tarija y Murillo, ven a un grupo de personas entre las que  se encontraba Julio Gabriel Calle, haciendo parar el vehículo en estado de ebriedad y utilizando sus armas blancas reducen a las víctimas les roban sus pertenencias y ante la resistencia de uno de ellos deciden matar a Julio Gabriel Calla. Actuando con conocimiento y voluntad” (sic). Como es visible la descripción del hecho, sobre el cual se iniciaron los debates y se ejerció el contradictorio, precisan como eje el fallecimiento de Julio Gabriel Calla, planteando que en el mismo participaron los en ese momento acusados, entre los que se halla el ahora recurrente, siendo tal el margen en el que la Sentencia debía ser emitida, no pudiendo añadirse mayores elementos que modifique esa tesis.


Como reconoció en apelación la actividad jurídica posterior fue estableciéndose sobre esa base, al determinarse la concurrencia de los elementos típicos y el grado de participación de los acusados. Sin que de por medio el debate sobre la tesis fáctica inicial haya sufrido alteraciones, aspectos por los que no se evidencia sentido contradictorio alguno asumido por el Auto de Vista 27/2017 de 4 de abril, por lo que el presente motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jaime Osvaldo Torrez Echeverría.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos