TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 239/2018-RA

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                : Santa Cruz 15/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Franz Alberto Caldera Salazar

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de octubre de 2017, cursante de fs. 299 y vta., Franz Alberto Caldera Salazar interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 10 de 27 de abril de 2017, de fs. 291 a 296 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. Por Sentencia 25/16 de 18 de mayo de 2016 (fs. 261 a 265), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Franz Alberto Caldera Salazar, autor y culpable de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiendo la pena de seis años y ocho meses de presidio y quinientos días multa a razón de Bs. 1.- por día, más costas. Además, de la confiscación definitiva de los bienes que se hubiese incautado al imputado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación restringida (fs. 269 a 270), que previo memorial de subsanación (fs. 290 y vta.), fue resuelto por Auto de Vista 10 de 27 de abril de 2017, que declaró procedente el recurso planteado y revocó la Sentencia apelada, declarando a Franz Alberto Caldera Salazar, autor y culpable de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio y trescientos días multa a razón de Bs. 1.- por día, más costas, regulables en ejecución de sentencia.


  1. Por diligencia de 2 de octubre de 2017 (fs. 298), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 9 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:

Haciendo una relación del proceso, manifestando que durante la etapa preparatoria no se efectuaron actos investigativos, que en juicio oral no se presentaron los peritos y testigos de cargo, que la base de la Sentencia sería la declaración del abogado defensor, y que para modificar la sanción mediante el Auto de Vista recurrido, el Tribunal de alzada se fundó en los Autos Supremos 359 de 26 de junio de 2009 y 219 de 16 de agosto de 2008; en base a dichos antecedentes, la parte recurrente denuncia, que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta lo previsto por los arts. 5, 6, 7, 8 y 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al emitir el Auto de Vista, ahora impugnado.


Impetrando, que en base al principio de favorabilidad se admita dicho recurso, esto en amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), arts. 416 y 417 del CPP y la Sentencia Constitucional 1401/2003-R de 26 de septiembre.   


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente
caso que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista recurrido el 2 de octubre de 2017, planteando su recurso de casación el 9 del mismo mes y año, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal, correspondiendo por lo tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación al único motivo, donde el recurrente refiere que el Tribunal de alzada se fundó en los Autos Supremos 359 de 26 de junio de 2009 y 219 de 16 de agosto de 2008; en base a dichos antecedentes, la parte recurrente denuncia, que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta lo previsto por los arts. 5, 6, 7, 8 y 9 del CPP, al emitir el Auto de Vista recurrido; al respecto, este Tribunal evidencia, que la parte recurrente no invocó ningún precedente contradictorio y por consecuencia lógica, no explicó de manera clara y precisa, cuál la supuesta contradicción entre algún precedente y el Auto de Vista conforme la exigencia prevista por los arts. 416 y 417 del CPP y el apartado III. inc. ii) de la presente Resolución, incumpliendo así los requisitos de admisibilidad diseñados por el legislador, omisiones que no pueden ser suplidas de oficio. Al no haberse cumplido los requisitos establecidos por la Ley, el recurso deviene en inadmisible.

    

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Franz Alberto Caldera Salazar de fs. 299 y vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos