TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 237/2018-RA

                               Sucre, 10 de abril de 2018        


Expediente                : Potosí 4/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Juan Carlos Caricari Quecaña y otro

Delitos                : Incumplimiento de Deberes y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 2390 a 2400 vta., Juan Carlos Caricari Quecaña, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 53/17 de 9 de octubre de “2018”, de fs. 2315 a 2329, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juan Carlos Cejas Ugarte, Gobernador del Departamento Autónomo de Potosí, contra Ariel Orlando Leniz Yalusqui y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Concusión, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 151, 154 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 08/2017 de 16 de marzo (fs. 2024 a 2051 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Juan Carlos Caricari Quecaña, autor y culpable de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo una sanción de tres años y tres meses de reclusión; y, absuelto por el tipo penal de Conducta Antieconómica. Respecto a Ariel Orlando Leniz Yalusqui, fue absuelto de los delitos de Concusión e Incumplimiento de Deberes.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Carlos Caricari Quecaña (fs. 2105 a 2116 vta.), el Ministerio Público (fs. 2119 a 2224), así como Emiltón Freddy Jara Camargo y Daniel Antonio Apaza Barrera, en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí  (fs. 2226 a 2233), formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 53/17 de 9 de octubre de “2018”, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedentes los recursos planteados; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 15 de diciembre de 2017 (fs. 2355), fue notificada la parte recurrente con el referido Auto de Vista; y, el 22 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente señala que en apelación restringida denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, al amparo del art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por cuanto no se hubiese determinado en la Sentencia cuál de los tres aspectos del tipo penal de Incumplimiento de Deberes, concurría en el presente caso, al no especificarse si incurrió en una omisión, rehusó hacer o retardó un acto propio de sus funciones, teniendo en cuenta la necesidad de determinarse el verbo rector de su conducta; tampoco se señaló cuál fue el daño que se causó a la institución con su proceder, menos se hizo mención si actuó con dolo o culpa, ni cómo se habría comprobado ese extremo, sin detallarse si se está ante un delito vinculado o propio de corrupción; sin embargo, el Tribunal de alzada se limitó a señalar que su conducta fue de carácter omisivo, porque su función era verificar la emisión correcta del formulario 101 - empleado como instrumento legal de autorización para la salida y traslado del mineral fuera del Departamento de Potosí-, pretendiendo con ese argumento responder el agravio sufrido que estaba enmarcado en la falta de los elementos del tipo penal, existiendo incertidumbre en cuanto a si su conducta fue culposa o dolosa y una ausencia de respuesta a la interrogante si se conjugaron o no todos los elementos del tipo penal, manteniéndose en la nebulosa la pregunta, al no identificarse la antijuricidad y culpabilidad, pese a que los Autos Supremos 455/2005 de 14 de noviembre, “017/2014” y “213/2013”, se refieren a que la ausencia de algún elemento en el tipo penal provoca atipicidad, al principio de tipicidad y a la diferenciación entre los delitos propios de corrupción con delitos vinculados con corrupción, respectivamente. En este contexto, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada omitió responder cada agravio denunciado pese a la invocación de precedentes contradictorios, sin ingresar a un análisis y resolución, menos proporcionó una respuesta clara y precisa a cada uno de los defectos denunciados, incurriendo en incongruencia omisiva.


  1. Refiere que en apelación denunció conforme el art. 370 inc. 5) del CPP, que la sentencia no fue fundamentada, incumpliendo el art. 124 del citado Código, al no haberse efectuado una valoración conjunta de la prueba que permita determinar su uniformidad, lo que provocó una ausencia de fundamentación analítica e intelectiva, además de contradictoria al asumir que su conducta era sancionable porque efectuó varias revalidaciones y que otro funcionario no cometió el delito porque solo revalidó en dos ocasiones, sin establecer la normativa que sustente ese fundamento; sin embargo, denuncia que estos planteamientos no fueron respondidos a cabalidad por el Tribunal de alzada que no tomó en cuenta que uno de los aspectos que fundó su apelación fue el haberse asumido primero que se estaba ante un acto discrecional y luego arbitrario, sin delimitar el por qué el acto arbitrario se constituía en delito, ya que el Tribunal de apelación se limitó a señalar que la Sentencia hizo la diferencia a partir de la ponderación de la cantidad de revalidaciones efectuadas, considerando que era factible realizar actos discrecionales en la administración pública que no develen como determinantes o relevantes, sin  considerar además que el testigo Edgar Rivero no fue procesado, al igual que la inferencia de que revalidar dos formularios no sea delito y revalidar varios lo sea. Añade que no es evidente que se determinó primero un acto discrecional y después arbitrario, esencialmente en función de quien está siendo juzgado porque la determinación final respecto a la personalidad de quien fue sometido a juicio oral queda establecida como acto arbitrario que en el texto del tipo penal debe entenderse como contrario a derecho.


Añade que con ese único fundamento el Tribunal de alzada señala que no existe falta de fundamentación cuando es por demás destacar que el Tribunal de Sentencia no determinó porqué el revalidar más de 10 formularios 101 es delito, ya que la acusación nunca versó que cometió Incumplimiento de Deberes por revalidar más de 10 formularios 101 sino más bien porque revalidó un formulario 101 y que en su hipótesis constituía delito, entonces mal podría el Tribunal de Sentencia cambiar los hechos acusados, aclarando que la falta de fundamentación surgió porque el Tribunal de mérito debió señalar porqué revalidar un formulario en sí mismo constituye delito, ya que del desfile probatorio se tiene que no solo su persona revalidó, sino ese accionar fue realizado inclusive por su superior inmediato que no fue convocado como imputado, al no ser prohibida la revalidación de formularios menos discrecional y de serlo la Sentencia debió determinarlo porque lo era, aspecto que no fue desglosado, menos por el Tribunal de alzada que se limitó a señalar lo mismo que la Sentencia sin explicar por qué ese fundamento es legal. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos “176/2012” y 248/2012 de 10 de octubre.


  1. Añade que en apelación restringida denunció también la inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva en cuanto a la dosimetría de la pena, al no haberse observado las reglas para su imposición de acuerdo a los arts. 37, 38, 30, 40 y 41 del CP, pese a haber presentado certificados domiciliario y de nacimiento de sus hijos y acreditado que no cuenta con sentencias anteriores o salidas alternativas, menos antecedentes policiales, siendo condenado a la pena de tres años y tres meses, sin la debida dosimetría y sin que exista agravante. Empero, el Tribunal de alzada desestimó su reclamo señalando que el agravio no era evidente, sin determinar el por qué no se consideraron las atenuantes y que su conducta fue reiterada, cuando esa respuesta no resulta suficiente cuando por esa conducta reiterada se estableció que su accionar era arbitrario y delictivo, preguntándose cómo podía endilgarse ese hecho como agravante para determinar la pena impuesta. En este punto, el recurrente hace referencia a los arts. 118.III de la Constitución Política del Estado (CPE) y 25 del CP y como precedente invoca el Auto Supremo 164/2011 de 3 de junio.


  1. También alegó en apelación, el defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP, argumentando que formuló exclusión probatoria respecto a la prueba literal MP-9 a MP-14, ante la inobservancia de los arts. 186 y 190 del CPP, que el Tribunal de Sentencia declaró improcedente con el fundamento que debió recurrir ante el Juez Cautelar para hacer valer su derecho de acuerdo al principio de preclusión, pese a que el principio de legalidad establecido en el art. 180 de la CPE, rige el actuar de los operadores de justicia, por lo que debió darse curso a la exclusión, más cuando en la Sentencia se valoraron esas pruebas pese a su ilegal obtención; sin embargo, denuncia que el Tribunal de alzada resolvió el reclamo sin responder el agravio denunciado al no determinar por qué no se cumplió el procedimiento y la normativa, pues al señalar simple y llanamente el principio de preclusión no respondió al agravio mencionado, pues se limitó a repetir partes de la Sentencia sin fundamentar el porqué de esos argumentos “o señalar que al rechazar la exclusión probatoria no hace factible el recurso” (sic), no siendo una motivación técnicamente legal para validar la Sentencia apelada. Invoca como precedentes los Autos Supremos 331/2013-RRC de 16 de diciembre, 161/2012 de 17 de julio y 384/2005 de 26 de septiembre.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

       

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV.        ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se establece, que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 15 de diciembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 22 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que, corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En ese entendido, se advierte que en el primer motivo, la parte recurrente denuncia la existencia de incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, por cuanto el Tribunal de alzada no hubiese respondido a cada agravio denunciado al amparo del art. 370 inc. 1) del CPP, ya que en lo sustancial no se estableció en cuál de los supuestos del delito de Incumplimiento de Deberes se adecuó su conducta, no se determinó el daño que causó a la institución, menos si actuó con dolo y culpa y tampoco se detalló si se trata de un delito vinculado o propio de corrupción; al respecto, se advierte que el recurrente si bien hace referencia a los Autos Supremos 455/2005 de 14 de noviembre, “017/2014” y “213/2013”, se verifica por un lado que no fueron invocados en la apelación restringida inobservando las previsiones del art. 416 segundo párrafo del CPP y por otro no establece con precisión cuál la contradicción con el fallo impugnado, lo que resulta lógico si se tiene en cuenta que la denuncia versa en la falta de pronunciamiento de parte del Tribunal de apelación. No obstante, se constata que el recurrente denuncia la vulneración de garantías constitucionales, proporcionando los antecedentes de hecho generadores del recurso, al reclamar la omisión de análisis y respuesta a sus agravios; además, precisa el debido proceso como garantía vulnerada en su planteamiento, pese al derecho de contar con un pronunciamiento judicial fundamentado conforme el art. 115 de la CPE y detalla con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, al relievar la incertidumbre por la falta de respuesta a sus reclamos fundados en la existencia de inobservancia o errónea aplicación de la norma por la falta de identificación de los elementos del tipo penal atribuido, dejando constancia que anunció que se le estaría privando de acceder a los beneficios que precautela la normativa vigente; en cuyo mérito, atentos los presupuestos de flexibilización detallados en la parte final del acápite anterior del presente fallo, corresponde el análisis de fondo de la problemática planteada a los fines de establecer si el Tribunal de alzada incurrió o no en la incongruencia  omisiva denunciada.


En el segundo motivo, el recurrente denuncia que respecto al defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, alegado en apelación restringida, el Tribunal de alzada no respondió a cabalidad su reclamo pese a que no se delimitó en la Sentencia porqué un acto arbitrario se constituía en delito, limitándose a señalar que la Sentencia hizo la diferencia respecto a la ponderación en virtud a la cantidad de revalidaciones, cuando el Tribunal de Sentencia no determinó porque el revalidar más de 10 formularios era delito, limitándose el Tribunal de apelación a señalar lo mismo que la Sentencia sin explicar por qué ese fundamento es legal; a cuyo efecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos “176/2012” y “248/212”, que establecen jurisprudencia respecto a la falta de fundamentación, verificándose que ambos fallos fueron correctamente invocados en apelación restringida, por lo que estando cumplidas las exigencias previstas por los arts. 416 y 417 del CPP, resulta viable el análisis de fondo del presente motivo.


Similar entendimiento corresponde ser aplicado con relación al tercer motivo, en el cual denuncia que el Tribunal de alzada desestimó su reclamo relacionado a la inobservancia de las normas referidas a la imposición de la pena, al no haber determinado el por qué no se consideraron las atenuantes, al señalar que su conducta fue reiterada, cuando esa respuesta en criterio del recurrente no resulta suficiente; en ese ámbito, hace referencia al Auto Supremo 164/2011 de 3 de junio, invocado en apelación restringida, a tiempo de destacar que tanto la Sentencia como el Auto de Vista ignoraron por completo los criterios que deben ser asumidos  para la imposición de las penas, dejando constancia que si bien dicho fallo fue emitido en un proceso penal sujeto al Código de Procedimiento Penal abrogado, asume por la glosa efectuada por el recurrente, un entendimiento con base a normas sustantivas vigentes, sin soslayar que el recurrente también reclama la consideración del art. 118.III de la CPE.


Por último, con relación al cuarto motivo, es menester señalar que si bien el derecho de impugnación está reconocido constitucionalmente, no es menos cierto que está regulado por las normas de desarrollo constitucional, como la disposición contenida en el art. 394 del CPP, que dispone: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; lo que  implica, que en el examen de admisibilidad, debe considerarse la legitimación objetiva en el entendido de que es la norma la que limita los recursos a los establecidos en cada caso por la ley procesal penal, para los supuestos expresamente previstos. En ese entendido, de acuerdo al art. 416 del CPP, el recurso de casación sólo procede contra Autos de Vista pronunciados dentro de un recurso de apelación restringida, que en los hechos implica la impugnación de la Sentencia, pues en el vigente sistema procesal penal, el recurso de casación está destinado en su regulación a uniformar criterios interpretativos y ha sido instituido bajo la idea de que la ausencia de un mecanismo que uniformice los criterios jurisprudenciales de los distintos Tribunales Departamentales de Justicia del país, provocaría una dispersión jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad jurídica colectiva, con las consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la seguridad jurídica.


En ese contexto, el recurso de casación únicamente procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del CPP; es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el Tribunal de Sentencia y Juez de Sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del Juez de Instrucción.


Por otra parte, cabe destacar que el art. 403 del CPP, contiene un catálogo de resoluciones, que son pronunciadas durante la sustanciación del proceso como emergencia de haberse suscitado excepciones o incidentes, que son impugnables mediante el recurso de apelación incidental que no admiten ulterior recurso, entendimiento que tiene plena coherencia con lo dispuesto por el ya citado art. 394 del CPP; es decir, con base a la interpretación integral de la norma procesal penal, se tiene que el recurso de casación no procede contra los Autos de Vista que resuelven los recursos de apelación incidental, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir.


En autos, se tiene que el recurrente si bien hace referencia que el motivo tuviera relación con el art. 370 inc. 4) del CPP, identifica como antecedentes procesales que durante el acto de juicio oral opuso incidente de exclusión probatoria respecto a la prueba literal identificada en este motivo, refiriendo que su pretensión fue desestimada por el Tribunal de Sentencia con el argumento de ser aplicable el principio de preclusión, siendo resuelto el reclamo por el Tribunal de alzada con repeticiones de partes de la Sentencia y sin la fundamentación del porqué de sus argumentos; esto implica, que los cuestionamientos efectuados en este motivo sujeto al presente análisis, están vinculados a la determinación asumida por el Tribunal de alzada con relación a un recurso de apelación incidental que se planteó de forma camuflada como apelación restringida, contra una Resolución que se encuentra en las descritas por el art. 403 de CPP, por lo que, en observancia del art. 394 del Adjetivo citado, no es posible que sea impugnada mediante el recurso de casación, pues el Tribunal Supremo de Justicia carece de competencia para pronunciarse al respecto; por cuanto, conforme se precisó precedentemente, esta clase de Resoluciones sólo admiten el recurso de apelación incidental sin recurso ulterior, lo que hace inviable el análisis de fondo de este motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE del recurso de casación, interpuesto Juan Carlos Caricari Quecaña, de fs. 2390 a 2400 vta.; únicamente para el análisis de fondo de los motivos primero, segundo y tercero. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos