TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 235/2018-RA

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                : La Paz 11/2018        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : José Emigdio Toledo Ugarte

Delitos                : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2017, cursante de fs. 545 a 547 vta., José Emigdio Toledo Ugarte, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 64/2017 de 5 de octubre, de fs. 526 a 529 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Carlos Leonardo Pacheco Coro y Alicia Chambi de Pacheco contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia S-92/2016 de 14 de junio (fs. 481 a 486), los Jueces técnicos del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declararon a José Emigdio Toledo Ugarte, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de presidio y doscientos días multa a razón de Bs. 10.- por día, con costas al Estado y la reparación del daño civil a favor de la víctima a calificarse en ejecución de sentencia, absolviéndole por el delito de Estelionato, sin costas, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución de 22 de junio de 2016 (fs. 493).


  1. Contra la mencionada Sentencia y el Auto Complementario de 22 de junio de 2016, el imputado José Emigdio Toledo Ugarte interpuso recurso de apelación restringida (fs. 495 a 499), que previo memorial de subsanación (fs. 522 a 523 vta.), fue resuelto por Auto de Vista 64/2017 de 5 de octubre, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado, confirmando la Sentencia apelada y el Auto Complementario.


  1. Por diligencia de 21 de noviembre de 2017 (fs. 532), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 28 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.




II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente indica que la Resolución de mérito agrava su situación jurídica a cuatro años de reclusión, lo que constituiría violación al debido proceso y a una justicia plural, pronta y oportuna. Asimismo, refiere que no fue oído debidamente ni valoradas sus pruebas de descargo, como tampoco existiría convicción de lo afirmado por la supuesta víctima, contrariando lo previsto por los arts. 363 y 364 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


  1. Advierte que se quebrantó lo dispuesto por el art. 5.I de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (Ley 586), al haber sido juzgado y sentenciado a cuatro años de reclusión por un Tribunal conformado por solo dos Jueces técnicos; a pesar de ello refiere- esta problemática fue erróneamente valorada por el Tribunal de alzada.


  1. Haciendo alusión a la prueba MP-27, denuncia que “el tribunal de alzada ase una mala apreciación” (sic), dado que, en la Resolución de mérito se señala como fecha de compra y venta del motorizado objeto del litigio el 9 de agosto de 2013; empero, la misma se hubiere realizado el 9 de agosto de 2012, fecha en la cual el vehículo no contaría con ningún gravamen. De modo similar, puntualiza que la citada compra venta se realizó en Oruro y no en La Paz.


  1. Citando el Auto Supremo 178/2012 de 16 de julio, acusa que el Tribunal de alzada “incurrió en error art.398 CPP emitiendo una resolución inequívoca” (sic), al mencionar que en apelación restringida “no se hizo la pretensión invocando agravios y no derechos vulnerados” (sic); sin embargo, el recurrente señala que explicó en alzada la vulneración del derecho al debido proceso, al haber considerado el Tribunal de mérito que las testificales de Carlos Leonardo Pacheco Coro, Alicia Chambi de Pacheco y Jorge Aruni Moya, no señalan cómo se hubiera generado el engaño.


  1. Por último, el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, aprecia de modo deficiente su recurso de alzada, al prevenir que el apelante hace mención de nuevos agravios en su memorial de subsanación no contenidos en el de apelación restringida; cuando de hecho, en el referido memorial de subsanación el apelante haría hincapié en el defecto de haber sido condenado por solo dos Jueces técnicos.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.



IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 21 de noviembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 28 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto a los argumentos del primer motivo, se advierte que el recurrente no concreta agravio alguno que le hubiere provocado el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en su actuación como Tribunal de apelación, soslayando considerar que este Tribunal tiene específicas atribuciones a tiempo de resolver el recurso de casación, en el que se debe restringir a efectuar un análisis de derecho del Auto de Vista impugnado en comparación con precedentes contradictorios, dirigidos a unificar la jurisprudencia ordinaria en materia penal, no así a efectuar un análisis sobre los hechos y pruebas que fueron conocidos y valorados, respectivamente, por el Juez o Tribunal de alzada; en consecuencia, ante la carencia argumentativa expuesta, el presente motivo resulta inadmisible.


De los argumentos expuestos en el segundo, tercer y quinto motivo, se observa que el recurrente se limitó a remembrar el Auto de Vista impugnado y la Sentencia de mérito, haciendo énfasis en el hecho de haber sido condenado por un Tribunal compuesto por solo dos jueces técnicos y la data de compra venta del motorizado objeto del litigio, sin cumplir con la carga procesal de invocar precedentes contradictorios e indicar en términos claros y precisos cuál la contradicción de estos con el Auto de Vista impugnado, aspecto que impide realizar la labor de contraste por este Tribunal casacional; por lo descrito precedentemente, los motivos en análisis devienen en inadmisibles.


Respecto al cuarto motivo, se evidencia que el recurrente incurrió una vez más en carencia recursiva, al limitarse a citar el Auto Supremo 178/2012 de 16 de julio, sin establecer en forma clara y concreta cuál el agravio ocasionado por el Auto de Vista impugnado y su contradicción con el precedente invocado, además no resulta comprensible lo citado en el recurso respecto a “incurrió en error art.398 CPP emitiendo una resolución inequívoca” (sic), expresión que denota absoluta ambigüedad y no es conforme las exigencias previstas en los arts. 416 y 417 del CPP; deviniendo el presente motivo también en inadmisible.


Finalmente, si bien en el memorial de casación se denuncia que el Auto de Vista impugnado es vulneratorio al debido proceso y a una justicia plural, pronta y oportuna, el recurrente no detalla con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, como tampoco explica el resultado dañoso emergente del supuesto defecto denunciado, omisiones que denotan el incumplimiento del art. 417 del CPP e inobservancia de los criterios de flexibilización para su admisión excepcional.


En suma, no se apertura la competencia de este Tribunal para conocer el fondo de la problemática planteada por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y falta de presupuestos de flexibilización, consecuentemente el recurso de casación resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por José Emigdio Toledo Ugarte, de fs. 545 a 547 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos