TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 231/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente        : Santa Cruz 90/2017        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Diego Alejandro Camacho Ríos y otro

Delitos        : Violación con Agravante

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de junio del 2017, cursante de fs. 742 a 746 vta., Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 31/2017 de 12 de mayo, de fs. 734 a 740, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Ninfa Alegre Barja contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Violación con Agravantes, previsto y sancionado por los arts. 308 y 310 inc. c) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 2/2017 de 16 de enero (fs. 635 a 640 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los acusados Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas autores y culpables del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 y 310 inc. c) del CP, condenándoseles a una pena de presidio de 20 años, con costas procesales a calificarse en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas interpusieron apelación restringida (fs. 657 a 671 vta.), así también recurrió en apelación restringida la víctima (fs. 650 a 656); que fueron resueltos por Auto de Vista Nº 31/2017 de 12 de mayo (fs. 734 a 740), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el recurso de apelación restringida interpuesto por los acusados Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas, anulando totalmente la Sentencia No. 02/2017 de 16 de enero, dictada por el Tribunal de Sentencia 1º Penal de la Capital, disponiendo el juicio de reenvío a fin de que otro Tribunal de Sentencia llamado por Ley lleve a cabo el juicio oral, cumpliendo las directrices ordenadas por el Tribunal de alzada.


  1. Posteriormente, los recurrentes así como también el Ministerio Público, notificados con el Auto de Vista Nº 31/2017 el 26 de mayo de 2017 interpusieron recurso de casación.




I.1.1. Motivo del recurso de casación.


De los recursos de casación interpuestos, se extraen los siguientes motivos que fueron sujeto de análisis, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.1.1.1 Recurso de Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas.


Previa relación de los antecedentes del proceso, resaltando que estuvieron con detención preventiva, que en la etapa preparatoria no se ejecutó acto alguno de investigación, que al final se les condenó sin pruebas, sin considerarse el desistimiento presentado por la víctima, precisan que interponen el presente recurso de casación, sólo con relación a la anulación del juicio, y que respecto a lo resuelto en relación a la exclusión probatoria se hallan de acuerdo; para luego denunciar que la Sentencia se basaría en medios o elementos probatorios no incorporados a juicio, señalando que no es evidente la afirmación de la Sentencia, en sentido de que se hubiera realizado el reconocimiento de persona por parte de la denunciante, conforme a lo establecido en el art. 219 del Código de Procedimiento Penal (CPP), acto que resalta que de ninguna manera se llevó a cabo. Por otro lado, indica que tampoco se produjo la declaración de Neil David Encinas Orqueda, pruebas que serían la base de la Sentencia, fundamentos de la Sentencia que a decir de los acusados hoy recurrentes- se constituye en un defecto absoluto, finalmente señalan que la Sentencia carece de fundamentación, porque tampoco se habría considerado que el policía asignado al caso, manifestó que tenía dudas, que la víctima jamás manifestó que tenía relaciones sexuales.


Con esos argumentos señalan que ante la denuncia de defectos absolutos corresponde al Máximo Tribunal de justicia realizar la revisión de los antecedentes para determinar la veracidad de los hechos denunciados, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 239/2012 RRC de 3 de octubre y 166/2012-RRC de 20 de julio.


I.1.1.2 Recurso del Ministerio Público.


Señala que la Sentencia que condenó a los acusados fue dictada de manera correcta y acertada y que no se vulneró el art. 124 del CPP, que las pruebas ofrecidas fueron analizadas, valoradas y producidas en juicio de manera correcta y en estricto apego a la normativa, puesto que a criterio del Ministerio Público se demostró la existencia del hecho, en el cual se evidencia que la víctima fue agredida sexualmente, aprovechando el estado etílico en el que se encontraba la adolescente, situación que se encontraría acreditada por el Certificado Médico Forense y el Informe psicológico pericial, documentos que además hubieran demostrado la minoría de edad, la agresión sexual se hubiera cometido vía anal y que los acusados participaron del vejamen sexual; con ese antecedente, indica que los vocales no habrían cumplido con lo establecido por el art. 173 del CPP, porque no se habría valorado las pruebas de cargo presentadas por el Ministerio Público, concluyendo que si se revisa una por una las pruebas periciales y documentales las mismas demuestran que los acusados son los autores del delito de Violación Agravada.


I.1.2. Petitorios.


Los recurrentes Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas, solicitan que se case el Auto de Vista Nº 31/2017 de 12 de mayo, disponiendo se emita nuevo Auto de Vista absolviendo a los imputados.


El recurrente del Ministerio Público, solicita que se admita el recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, a fin de confirmar la Sentencia apelada emitida por el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital. 


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo Nº 663/2017-RA de 4 de septiembre, cursante de fs. 761 a 763, este Tribunal respecto al recurso de casación de Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas admitió para el análisis de fondo del recurso; y en relación al recurso de casación del Ministerio Público, fue declarado inadmisible, por lo que la presente resolución se circunscribirá únicamente al recurso de Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas correspondientemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 2/2017 de 16 de enero (fs. 635 a 640 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los acusados Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas autores y culpables del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 y 310 inc. c) del CP, condenándoseles a una pena de presidio de 20 años, con costas procesales a calificarse en ejecución de Sentencia, en base a los siguientes argumentos en síntesis:

  1. Como primer hecho probado se tiene la relación circunstanciada de los acontecimientos fácticos del proceso penal, donde la Sentencia refiere que por declaración testifical de la denunciante Ninfa Alegre Barja y las documentales como son: la denuncia y los psicológicos preliminares, periciales y policiales; pruebas que merecen fe probatoria y crearon convicción en el Tribunal sobre su validez, por cuanto fue obtenida lícitamente e incorporadas a juicio oral conforme disponen los arts. 13, 171, 120, 333 inc. 3) del CPP.


  1. Que, como segundo hecho probado se expone que realizadas las investigaciones pertinentes e identificados plenamente los acusados Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas, se realizó el examen médico legal, por la perito médico forense, Dra. Pamela Villarroel, quien realizada la valoración médica de la víctima, Adriana Raquel Ardaya Alegre, estableciéndose al examen ginecológico, desgarro himeneal antiguo; y al examen proctológico, fisuras anales, sugerentes de acceso carnal contranatura de reciente data. También se demuestra la participación por el informe preliminar psicológico y pericial realizado a la víctima Adriana Raquel Ardaya Alegre, a las que se les otorga valor probatorio porque demuestran la existencia del hecho y determinan la participación de los acusados, que también está probado por la declaración del asignado quien en audiencia reconoció a los acusados como autores del hecho.


  1. En el presente caso, es evidente que la conducta de los acusados se subsume a los tipos penales descritos en el delito de Violación Agravada, ya que el autor vulnera la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, siendo característica de esta agresión el ataque violento a la libertad sexual, pero si esta libertad es inexistente o está completamente anulada por falta de capacidad del sujeto pasivo para decidir libremente su comportamiento sexual y para oponer resistencia, como en el caso de la víctima, que fue abusada sexualmente por los acusados a raíz del consumo de bebidas alcohólicas.


  1. No obstante lo argumentado por la defensa de los acusados, el Tribunal de Sentencia ha concluido que los acusados con plena conciencia de lo que hacían cometieron el delito de Violación Agravada, conclusión que emerge de las pruebas de cargo producidas e incorporadas al juicio oral, ya que el Tribunal resolvió adjudicar credibilidad a los testigos de cargo ofrecidos, testimonios que tienen aptitud y suficiencia para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia, por no existir razones que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas que impidan formar convicción del Tribunal. Otro factor que ha influenciado es la  finalidad perceptiva que otorga el reconocimiento de persona por parte de la denunciante, el asignado al caso, y los informes policiales del asignado al caso y las pruebas documentales, periciales, por lo que se ha considerado la verosimilitud de las pruebas de cargo que le dan  aptitud probatoria y reflejan la real existencia del hecho sometido a juzgamiento, por la objetividad del mismo y la interrelación con los otros elementos de prueba, que como actos objetivos hacen fiable la constatación narrativa y la finalidad perceptiva que otorga el principio de inmediación producidos en el acto de juicio oral.


  1. Consecuentemente, de la valoración de las pruebas de cargo examinadas se infiere que los acusados son autores de la comisión del delito de Violación Agravada, habiendo actuado con conocimiento pleno, en forma libre, voluntaria, espontánea y motivadamente. Así también, está plenamente demostrada la existencia de una relación y coincidencia en tiempo, lugar, hechos y personas, elementos armonizantes y componentes del mencionado tipo penal acusado por la Fiscalía, que hacen firme la decisión unánime del Tribunal para condenar a los nombrados acusados por la comisión de los delitos citados como hechos delictivos.


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


       Notificado con la Sentencia, Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas, contra la referida Sentencia, formulan recurso de apelación restringida (fs. 657 a 671 vta.), de acuerdo a los siguientes fundamentos:

  1. En primer término, manifiestan en apelación restringida impugnando el rechazo de las cuestiones incidentales planteadas en el juicio oral, respecto al incidente de nulidad de la acusación, al incidente de vulneración del derecho a la privacidad y el secreto de las comunicaciones.


  1. Denuncian que la prueba aportada no es suficiente para dictar la Sentencia condenatoria por el delito tipificado, siendo que en la Sentencia al hacer la valoración de las pruebas que conlleva a la decisión de dictar una Sentencia condenatoria, solamente se valora las pruebas presentadas por el Ministerio Público y además de que no consideran aspectos claves, como que el propio médico forense considera en su punto 2, con relación a la certeza para determinar si existió o no coito vaginal, que tendría que haberse realizado a partir de un estudio de laboratorio.


  1. Que concurre error en la valoración de la prueba pericial por no existir la misma, ya que considera que jamás se habría practicado un examen toxicológico a la víctima, como los pedía el médico forense, que ni siquiera asistieron los peritos a declarar.


  1. Denuncian defectos absolutos por evidenciar una falta de criterios solidos que fundamenten la valoración de la prueba, siendo que la Sentencia realiza una valoración fragmentaria y descriptiva de ninguna manera conjunta y armónica tal como lo establece el art. 173 y 359 del CPP, por lo que el Tribunal está obligado a desarrollar una actividad intelectiva y global al valorar las pruebas de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica.


  1. Plantean defectos absolutos por que la Sentencia es considerada como una resolución incompleta, que cuando el Tribunal establece los hechos probados, dentro de los cuatro puntos intenta encontrar la conexitud entre el hecho y el sujeto o a la inversa, situación que no logra ya que las pruebas no son conducentes para que el Tribunal concluya que se hubiera cometido el ilícito, es decir que no existiría el nexo causal, ya que se debe considerar también que sólo declaro una testigo y que ésta refirió porqué nos absuelvan.


  1. Acusan defecto de la Sentencia previsto por el art. 370 inc. 2) del CPP, relativo a la falta de individualización del imputado, considerando que jamás se ha demostrado cuál fue la conducta de cada uno de los imputados, no existió una fundamentación e individualización sobre la conducta; se sustentan en lo que refirió el policía, que no fue lo que puso en su informe, no identificándose a cuál de los acusados se ha referido el policía en su declaración.


  1. Alegan defecto de la Sentencia del art. 370 inc. 4) del CPP por ser que la Sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados a juicio legalmente, ya que la Sentencia menciona de manera clara como otro factor la finalidad perceptiva que otorga el reconocimiento de persona por parte de la denunciante, siendo que jamás existió un reconocimiento de personas, cuál es ese número de prueba?, donde está el acta de reconocimiento?, por lo que no se cumple con las formalidades del art. 219 del CPP, constituyéndose en un hecho que se encuentra enmarcado en el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP. De igual forma se fundamenta en una parte de la Sentencia sobre la declaración del testigo Neil David Encinas Orqueda, cuando ésta persona no ha declarado, es decir que no fue sometido a la publicidad y contracción.


  1. Refieren también la concurrencia del defecto de Sentencia del art. 370 inc. 5) del CP, ya que la Sentencia no contiene fundamentación y ésta es insuficiente y contradictoria; señalando la declaración del policía asignado (cita extracto), considerando que se puede establecer que existió duda en el propio policía, pues jamás la víctima había manifestado tener relaciones sexuales con alguno de los acusados, y entonces en base a qué se Sentenció.


Posteriormente los recurrentes invocan normativa procesal inobservada, así como vulneración a la seguridad jurídica, inobservancia del principio de interdicción de la arbitrariedad (cita S.C. 0712/2015 S-3 de 3 de julio), invoca Autos Supremos Nº 215/2005 de 23 de junio, 161/2012-RRC de 17 de julio, 724/2004 de 26 de noviembre, 1831/2007 de 7 de febrero, 477/2014 de 3 de octubre, 414/2014 de 23 de septiembre.


  1. Finalmente aducen que los hechos acusados se encuadrarían en el tipo penal de Estupro e invocan el Auto Supremo Nº 40872014-RRC de 21 de agosto.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


El Auto de Vista Nº 31/2017 de 12 de mayo (fs. 734 a 740), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisible y procedente el recurso de apelación restringida interpuesto por los acusados Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas, anulando totalmente la Sentencia No. 02/2017 de 16 de enero, dictada por el Tribunal de Sentencia 1º Penal de la Capital, disponiendo el juicio de reenvío a fin de que otro Tribunal de Sentencia llamado por Ley lleve a cabo el juicio oral, cumpliendo las directrices ordenadas por el Tribunal de alzada; bajo la siguiente fundamentación:


II.3.1. Respecto al recurso de Ninfa Alegre Barja:


  1. Con relación al recurso de apelación restringida planteada por la madre de la víctima Ninfa Alegre Barja, el Tribunal de alzada manifiesta que si bien se cuestiona el fallo emitido por el Tribunal 1º de Sentencia, sin embargo no acredita la vulneración de sus derechos que hubiese sufrido con la Sentencia Nº 2/2017, no realiza una expresión real de agravio, no  se señala qué derechos o garantías se le vulneró con la Sentencia recurrido para que no esté conforme (cita Auto Supremo Nº 307/2013 de 17 de junio). En todo el escrito presentado por la madre de la víctima, se ha notado una clara parcialización hacia los acusados. Evidentemente la denunciante y madre de la víctima puede realizar sus peticiones y sus actuaciones conforme bien le parezca, sin embargo, la labor de la defensa de los acusados no puede ser suplida. En consecuencia, en estricta aplicación de la jurisprudencia citada y a los fundamentos arriba expuestos, el Tribunal declara la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida interpuesto por la Sra. Ninfa Alegre Barja por carecer de expresión de agravios y vulneración de derechos y garantías de su persona y la víctima.


II.3.2. Respecto al recurso de Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas:


  1. Que, respecto al primer punto apelado, el Tribunal no evidencia el reclamo o la vulneración de algún derecho o garantía con la subsanación por parte del Ministerio Público del ofrecimiento de pruebas conjuntamente su acusación, tampoco se tiene claro cuál es la solicitud de la defensa, es decir qué pretendió con el planteamiento de ese incidente, cuál es el objetivo que buscaba. No se tiene una expresión real de agravios por parte de los acusados recurrentes, sino pareciera que es un reclamo en cuanto a una mera formalidad. Por otro lado, lo señalado por el Tribunal de Sentencia, que el reclamo, fue de manera extemporánea, toda vez que las partes fueron notificados con la acusación Fiscal y no hubo alguna oposición o reclamo respecto a la falta de pruebas ofrecidas, si hubiese algún defecto, debió reclamarse en su oportunidad. En ese sentido es que el fallo del Tribunal a quo rechazando el primer incidente interpuesto por la defensa, es correcto debido a que el reclamo oportuno de los acusados, hubiese evitado la vulneración de algún derecho, que tampoco es alegado por el recurrente, por lo que resulta ser improcedente el primer motivo.


  1. Que, respecto a la solicitud de excluir la prueba documental No. 6, el reclamo central de la defensa es en cuanto a las fotografías o capturas de pantalla de conversaciones de whatsapp y no así en cuanto al Informe del asignado al caso en sí. Si bien el art. 295 del CPP establece las facultades investigador y entre ellas la de secuestrar, con autorización del Fiscal; en el presente caso el Tribunal de Sentencia dio por bien hecho la recolección de placas fotográficas de una presunta conversación vía whatsapp en la que supuestamente se reconocería la comisión de los hechos, sin considerar que en la recolección de pruebas deben ser obtenidas de manera lícita e incorporadas al proceso en dicha calidad, vía requerimiento Fiscal, previo nombramiento de perito informático. Por otro lado, no se tiene tampoco algún requerimiento a las telefónicas del medio solicitando si en realidad los números telefónicos de los mensajes de whatsapp que se enviaban o recibían pertenece en realidad a los acusados o no, con la finalidad de descartar cualquier error en cuanto a la identidad de los sujetos y por ende sobre la culpabilidad o inocencia de los mismos. Es evidente que la Sentencia recurrida no sólo se basa en la prueba documental No. 6 emitida por el investigador, adjuntando fotografías tomadas de manera ilegal, por lo que debió ser excluida de la comunidad probatoria, por no reunir las condiciones previstas en el art. 13 de la Ley Nº 1970, y al no haberlo hecho se violentó el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa del imputado, correspondiendo al Tribunal de alzada declarar probado el incidente de exclusión probatoria de la documental No. 6.


  1. Sobre el reclamo efectuado por ambos recurrentes contra la Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, sobre el primer hecho probado en la Sentencia se refiere a la denuncia de 12 de julio de 2015, sin embargo, en lo absoluto no dice nada en cuanto a todo lo manifestado en audiencia a favor de los acusados, refrendado asimismo en la audiencia de fundamentación oral ante los suscritos vocales. Se dice que la valoración no cumple con los requisitos de imparcialidad y sobre todo de sana crítica, porque la declaración de la señora Ninfa Alegre Barja no es valorada en su integridad, no se le otorga un valor determinado ni de manera individual y tampoco conjunta y armónica como manda el art. 173 del CPP, tampoco se introduce la declaración prestada en el juicio oral en los dos hechos probados. Por otro lado, en el acápite de pruebas de descargo se enumeran 8 pruebas presentadas por la defensa de los acusados, y en la parte final señala una serie de situaciones genéricas, como cumpliendo con el art. 173 del CPP, sin embargo tampoco se le da determinado valor, positivo ni negativo a las pruebas de descargo presentadas, incurriendo en una defectuosa valoración de las pruebas, por ello en cumplimiento a la doctrina legal establecida en el Auto Supremo Nº 192 de 11 de julio de 2013, debe darse estricto cumplimiento a la primera parte del art. 413 del CPP, es decir la nulidad del juicio con la finalidad de que otro Tribunal de Sentencia valore la totalidad de las pruebas.


  1. Otro aspecto cuestionado de la Sentencia es la falta de individualización del imputado. En el caso, la Sentencia contiene una insuficiente individualización de los dos acusados respecto al presunto hecho de Violación que hubiesen cometido contra la víctima ARAA toda vez que no se ha individualizado de manera concreta qué pruebas incriminarían a cada acusado en el delito de Violación. El Tribunal en toda la Sentencia recurrida nombra a ambos acusados como si hubiesen cometido los mismos hechos, a la misma hora, bajo la misma forma de proceder, no se tiene claridad en momento, tiempo y lugar de los hechos, roles de cada uno de los acusados, lo cual violenta el principio de certeza en cuanto a la culpabilidad de los acusados, incurriendo por tanto en el defecto previsto por el art. 370 inc. 2) del CPP.


  1. Con relación al defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP, el mismo no concurre en el caso, toda vez que el Tribunal no manifestó que se hubiese realizado el acto de reconocimiento de personas, caso contrario debería estar dentro de las pruebas documentales de cargo enumeradas y nombradas en la Sentencia, si se manifestó que la víctima habría reconocido a los partícipes, lo que no significa que haya realizado el acto de reconocimiento de personas como prueba. Por otro lado, también se alegó una supuesta falta de fundamentación de la Sentencia, que violentaría el art. 124 del CPP, y por ende el debido proceso, sin embargo, no se ha individualizado y aclarado cuál sería dicha falta de fundamentación, es decir si existe carencia de fundamentación fáctica o jurídica, situación que no puede ser tomada por este Tribunal de alzada como una expresión real de agravios.


  1. Que, por todo ello el Tribunal de alzada concluye que el Tribunal de Sentencia incurrió en los defectos previstos en el art. 370 incs. 2 y 6 del CPP; y asimismo al no declarar probado el incidente de exclusión probatoria planteado por la defensa de los acusados, violentó el debido proceso en cuanto a la legalidad de la prueba, correspondiendo en este caso anular la Sentencia recurrida, ordenando que un nuevo Tribunal de juicio valore las pruebas tanto de cargo como de descargo, otorgándole el valor correspondiente en base a la sana crítica, por lo que corresponde declarar la procedencia del recurso de apelación interpuesto por los acusados.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO


De acuerdo a los argumentos de los recurrentes, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo Nº 663/2017-RA, alegan que la Sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados a juicio, pruebas en las cuales el Tribunal de Sentencia funda su Resolución; además, indican que el policía asignado al caso habría manifestado que tenía dudas, aspecto que constituirían defectos absolutos. Citan como precedentes contradictorios los Autos Supremos 239/2012-RRC de 3 de octubre y 166/2012-RRC de 20 de julio, señalando como contradicción que los Tribunales tienen la facultad para modificar la calificación jurídica de los hechos, en virtud del principio de iura novit curia, aspectos que en el caso de autos no habrían sido observados, dejando constancia que los Autos Supremos 174/2014-L, 594/2014 de 21 de octubre y 408/2014-RRC de 21 de agosto, no serán considerados en la labor de contraste.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez, dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal, de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes, que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.” (las negrillas son nuestras).


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento Penal, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión en un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.2.  Análisis del caso concreto.


Los recurrentes en el motivo de casación, invocan que los precedentes contradictorios de los Autos Supremos 239/2012-RRC de 3 de octubre y 166/2012-RRC de 20 de julio, no habrían sido observados por el Tribunal de alzada, señalando que los Tribunales tienen la facultad para modificar la calificación jurídica de los hechos, en virtud del principio de iura novit curia, al considerar que la Sentencia se habría basado en medios o elementos probatorios no incorporados a juicio, sobre cuyas pruebas inexistentes el Tribunal de Sentencia basó su decisión.


Los recurrentes invocan el Auto Supremo Nº 239/2012-RRC de 3 de octubre, que consideran sería contradictorio con el Auto de Vista Nº 31/2017 de 12 de mayo, el cual ha sido emitido dentro un proceso penal por el delito de Asesinato, donde el recurrente hizo alusión al principio de presunción de inocencia,  correspondiendo la carga de la prueba al Ministerio Público y que el juicio oral tiene como finalidad la búsqueda de la verdad histórica del hecho y la determinación de la responsabilidad penal del sujeto activo, a cuyo efecto debe adecuarse la conducta del sujeto activo al tipo penal establecido en el Código Penal, donde se ha sentado la siguiente doctrina legal aplicable: “….Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la "acusación" en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El "principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia" implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación…”.


Que, de la revisión del recurso de casación en sus términos, considerando que en casación se impugna el Auto de Vista emitido denunciando la inobservancia del principio iura novit curia, que los recurrentes, a más de no hacer la debida motivación respecto a de qué manera el Tribunal de alzada no habría aplicado el citado principio procesal, aduce que debió aplicarse en el presente caso, considerando la falta de prueba plena que los incrimine en el hecho acusado; empero realizando la labor de contrastación, el Auto de Vista no refleja de manera clara y objetiva una problemática procesal similar a la que plantea el precedente invocado, considerando que en ninguna parte del Auto de Vista impugnado se ha dilucidado el cambio del tipo penal o la alteración de los hechos, objetos de juicio, para que sea aplicable en su análisis la aplicación del principio iuria novit curia, siendo que de acuerdo al Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, citado en el apartado III.1 de la presente resolución, es menester que el precedente plantee una problemática procesal similar a la resuelta o enfocada en el Auto de Vista impugnado, para recién poder activar su contrastación efectiva. Pero de la revisión del Auto de Vista con el precedente invocado, no existe nexo que se vincule de alguna manera uno con otro, sobre el que se pueda evidenciar la contradicción plena del Auto de Vista, tal como lo manifiesta el art. 416 del CPP, al establecer la regla de contrastación que se ejerce en la fase casacional.


El Auto de Vista impugnado, plantea problemáticas procesales vinculadas: a) defectos de la Sentencia del art. 370 inc. 6) del CPP; b) defectos de Sentencia del art. 370 inc. 4) del CPP; c) cuestiones incidentales dilucidadas en juicio oral; d) errónea valoración de la prueba; e) defecto de Sentencia del art. 370 inc. 2) del CPP; f) y, falta de fundamentación de la Sentencia. Cuestiones procesales que no tiene ninguna relación con el precedente invocado por los recurrentes, ya que el precedente se refiere a la congruencia de las resoluciones respecto a la que debe guardar la acusación con la Sentencia, frente a los hechos que son objeto del juicio, de cuya lectura se establece que el precedente no resuelve ninguna de las temáticas abordadas en el Auto de Vista, el cual no ha señalado como parte de su motivación y fundamentación la aplicación del principio iuria novit curia, circunstancias por las que no es posible establecer contradicción alguna entre el Auto de Vista con el precedente invocado, al no tratarse de problemáticas procesales similares resueltas dentro el caso de autos.


Consiguientemente, los recurrentes han invocado el Auto Supremo Nº 166/2012-RRC de 20 de julio emitido dentro un proceso por el delito de Lesión Seguida de Muerte, donde se denuncia que el Tribunal de apelación incluyó en la fundamentación de su Resolución, aspectos que no estaban contemplados en las apelaciones restringidas ni del Ministerio Público de la parte querellante, como es la invocación del art. 370 inc. 11) del CPP, y que el Auto de Vista impugnado es incongruente entre sus considerandos y su parte dispositiva; estableciéndose como doctrina legal aplicable: “….El art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que la potestad de impartir justicia sustenta que entre otros en el principio de celeridad, entendida como la debida prontitud en los actos procesales a objeto de brindar la tutela jurisdiccional efectiva y oportuna (art. 115 de la CPE); principio refrendado por el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), cuando señala que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En estrecha relación con este principio, se tiene al principio de preclusión (art. 16.I de la LOJ), que establece que las y los Magistrados, Vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley; precepto legal incumplido por el Tribunal de apelación, puesto que dispuso la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal, sin que exista en el desarrollo del juicio y particularmente en la emisión de la Sentencia, irregularidad alguna, que amerite tal decisión, vulnerando de esta manera el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, precepto constitucional que guarda estrecha relación con la previsión contenida en el art. 120.I de la Ley Fundamental, que reconoce el derecho de tutela judicial efectiva, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional, competente, independiente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas. Estos derechos reconocidos a las partes quedan vulnerados cuando el tribunal de alzada al conocer y resolver un recurso de apelación restringida, deja sin efecto la Sentencia y dispone la reposición del juicio, en desconocimientos a los principios constitucionales, en este caso, la referida al principio de congruencia establecido en el art. 363 del CPP, por el cual ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación, y la aplicación del principio iura novit curia, que exige que la congruencia se dé entre el hecho y la Sentencia, siempre que se trate de la misma familia de delitos, y con la debida fundamentación en cumplimiento del art. 124 del CPP. Asimismo, se vulnera los derechos referidos, cuando el Juez o Tribunal de alzada fundamenta sus determinaciones en jurisprudencia constitucional que ha sido superada o modulada, lo que ciertamente aconteció con la SC 0506/2005-R, que sirvió de sustento al Tribunal de alzada para declarar la nulidad de la Sentencia, y por ende la reposición del juicio por otro Tribunal, cuando dicha Sentencia fue modulada por la Sentencia Constitucional 0460/2011-R de 18 de abril, conforme a la explicación efectuada en la presente Resolución…..”.


El precedente invocado, si bien establece, al igual que el anterior precedente en análisis, la forma en la que debe ser aplicado el principio iuria novit curia al momento de adecuar correctamente el delito a los hechos en base a la aplicación del principio de legalidad, como parte de la debida fundamentación de las resoluciones; de su contraste con el recurso de casación, el presente precedente solo es citado por las partes recurrentes, no se lo desglosa y no se funda la contradicción que existiría con el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable, es decir, que los recurrentes al igual que en lo resuelto con anterioridad, ingresan en una falta de técnica recursiva evidente, formulando un recurso de casación sin motivación ni fundamento alguno, limitándose a invocar los precedentes y cumplir con el plazo procesal, sin siquiera poder alegar con sustento legal sólido las razones de su recurso de casación, inobservando no solo lo previsto por el art. 416 ultima parte  y 417 del CPP, sino incumpliendo lo establecido por la jurisprudencia conforme se ha glosado del Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014 y la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio.


Al respecto, corresponde hacer mención al principio de taxatividad, el cual en definición de Orlando Rodríguez, en su obra “Casación y Revisión Penal”: “Tiene un destinatario preciso: el censor o impugnante extraordinario. La casación procede única y exclusivamente por las causales que expresamente consagra el sistema jurídico positivo; no existen causales distintas”, el mismo autor citando la doctrina emitida por Vega Fernández, refiere que: “Las infracciones para ser denunciables deben ubicarse perfectamente dentro de las posibilidades especificadas por las exigencias técnicas del recurso, para cada causal”. Lo que tiene íntima relación con lo regulado por el inc. 3) del art. 396 del CPP, disponiendo que los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución; lo que se extraña objetivamente del recurso de casación.


En el caso de autos, debe también hacerse notar a los recurrentes, que se plantean a su vez cuestionamientos y agravios que se remiten a los mismos términos del recurso de apelación restringida, donde los recurrentes nuevamente en casación, pretenden impugnar la Sentencia tal como se observa de los apartados I, II, III, V y VI del recurso, lo que no responde a los fines y la naturaleza misma del recurso de casación; además de señalar que dichos agravios han sido ya resueltos por el Auto de Vista, que inclusive declaró procedentes las cuestiones planteadas en su oportunidad, y constatándose aquello, este Tribunal de Casación se halla impedido de ejercer control de legalidad sobre la forma de resolución de estos agravios planteados también- en el recurso de apelación restringida, debido a que los impugnantes no fundamentaron de manera correcta el agravio que les causó el Auto de Vista o la incorrección en sus conclusiones; por el contrario, en inobservancia del ya citado art. 416 del CPP, exponen nuevamente el agravio que les habría causado el A quo con la emisión de la Sentencia y no fundamentaron -además de lo anotado- la contradicción del Auto de Vista con los precedentes invocados.


Por lo expuesto, estando evidenciada la falta de fundamentación del recurso de casación, el cual de manera equivocada observa errores de la Sentencia y no del Auto de Vista; así como al no haberse fundamentado las contradicciones de manera expresa, concreta y clara con relación a los precedentes invocados para que el Tribunal pueda ejercer adecuadamente su labor de contrastación, toda vez, que este Tribunal Supremo de Justicia, no tiene facultad de suplir, rectificar o complementar las inconsistencias, imprecisiones  o falencias detectadas en el recurso de casación, en virtud al principio tantum devolutum quantum apellatum y la igualdad de las partes, inobservándose los previsto por Auto Supremo Nº 571/2015-RRC de 4 de septiembre, que estableció: “El deber de fundamentación no sólo es propio del juez o tribunal, sino que el recurrente tiene también la obligación de dar una correcta motivación a su recurso, toda vez que el pronunciamiento sobre el recurso será en proporción a la motivación del mismo, por lo cual, el recurrente debe expresar de manera clara y jurídica lo que denuncia y lo que pretende…” (las negrillas son nuestras); por lo que corresponde declarar infundado el recurso de casación interpuesto, conforme al art. 419 segunda parte del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Diego Alejandro Camacho Ríos y Carlos Eduardo Camacho Banegas de fs. 742 a 746 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos