TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 229/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                        Santa Cruz 86/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                José Luís Burgos

Delitos                        Estafa y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de mayo del 2017, cursante de fs. 641 a 644 vta., José Luís Burgos, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 18 de 3 de abril del 2017, de fs. 619 a 622 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Ramón Salazar Vedia y Oscar Dante Álvarez Duran contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples y Ejercicio Indebido de la Profesión, previstos y sancionados por los arts. 335 con relación al art. 346 bis y 164 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 50 de 31 de octubre del 2016 (fs. 544 a 555 vta.), el Tribunal Décimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a José Luis Burgos, autor de la comisión del delito de Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, con relación al art. 346 bis del mismo cuerpo legal, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, más doscientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por cada día, también absuelto del delito de Ejercicio Indebido de la Profesión.


  1. Contra la mencionada Sentencia el imputado José Luis Burgos (fs. 563 a 568), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 18 de 3 de abril del 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 650/2017-RA de 28 de agosto, se extraen el motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente, denunció que el Tribunal no había resuelto la denuncia fundada en: 1) Que, la Sentencia sería incongruente por condenarle por el delito de Estafa Agravada, cuando se le acusó por Estafa sin agravante, por lo que la Resolución impugnada a decir del recurrente es insuficiente y corta, al no darle a conocer la razón de su decisión; 2) Que la Sentencia no contendría una fundamentación cabal del tipo penal de Estafa Agravada, defecto que al no haber sido resuelto por el Tribunal de apelación, constituiría vulneración al debido proceso y negación al acceso a la justicia; y, 3) Haciendo referencia a las supuestas falencias del proceso como la falta de un avalúo pericial para determinar el avance de obra y la falta de pago por parte de los acusadores particulares; refiere que el Tribunal de apelación no valoró esos aspectos indicando que el recurrente no habría expresado los agravios y no hubiere identificado la prueba, lo que implicaría falta de análisis del motivo de apelación, siendo el Auto de Vista insuficiente y vulneratorio de su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y acceso a la justicia.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 650/2017-RA de 28 de agosto, cursante de fs. 666 a 668, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por José Luís Burgos, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 50 de 31 de octubre del 2016, el Tribunal Décimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a José Luis Burgos, autor de la comisión del delito de Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, con relación al art. 346 bis del mismo cuerpo legal, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, más doscientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por cada día, también absuelto del delito de Ejercicio Indebido de la Profesión.


Dentro el acápite denominado HECHOS PROBADOS de la referida Sentencia, el Tribunal de mérito estableció:


El 30 de diciembre de 2013 el acusador particular Oscar Dante Álvarez Duran, su esposa, Ingrid Mertha Frontanilla de Álvarez y el acusado José Luis Burgos, suscribieron un documento privado de prestación de servicios, bajo la modalidad de obra vendida (llave en mano) a efectos de construir una vivienda multifamiliar de cuatro pisos de una superficie de 170 metros cuadrados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por la suma de $us.- 180.000 (Ciento Ochenta Mil 00/100 Dólares Americanos), debiendo iniciar la obra el 26 de diciembre de 2013 y concluirse el 29 de junio de 2014, documentación que fue modificada el 5 de febrero de 2014, respecto: 1) Al precio incrementando a $us.- 192.500 (Ciento Noventa y Dos Mil Quinientos 00/100 Dólares Americanos); 2) A la superficie, incrementando a 180 metros cuadrados; y, 3) Al plazo de entrega a tres meses. Adelantándosele la suma de $us.- 9.750 (Nueve Mil Setecientos Cincuenta 00/100 Dólares Americanos) y llegándosele a entregar la suma de $us.- 106.000 (Ciento Seis Mil 00/100 Dólares Americanos) quedando un saldo de $us.- 86.500 (Ochenta y Seis Mil Quinientos 00/100 Dólares Americanos). Se dio inicio a la obra, sin contar con documentación aprobada por el Municipio, a pesar, de que existía el compromiso del acusado; no habiéndose concluido con el referido trámite. Asimismo, José Luis Burgos dejó inconclusa la obra.


El 20 de agosto de 2013 el acusador particular Ramón Salazar Vedia, contrató los servicios de José Luis Burgos, bajo la modalidad de obra vendida (llave en mano) a efectos de construir una vivienda de dos plantas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por la suma de $us.- 88.000 (Ochenta y Ocho Mil 00/100 Dólares Americanos), debiendo concluirse el 19 de diciembre de 2013 y se pagó un total de $us.- 84.200 (Ochenta y Cuatro Mil Doscientos 00/100 Dólares Americanos) quedando un saldo de $us.- 3.800 (Tres Mil Ochocientos 00/100 Dólares Americanos). Del mismo modo, que en el anterior hecho, se inició la obra, sin contar con documentación aprobada por el Municipio, incluso de haber existido compromiso por parte del acusado, sin llegar a concluir con dicho trámite. Igualmente, José Luis Burgos no concluyó la presente obra.

 

II.2.  Del recurso de apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, el recurrente José Luis Burgos, interpuso recurso de apelación restringida, en base a los siguientes fundamentos:


Se lo condenó por un delito, que no se encuentra en el Auto de Apertura de Juicio, ni en la Radicatoria, en contravención de lo establecido en el arts. 167, 169 inc. 3), 124, 171 y 173 del CPP y 115 núm. II de la Constitución Política del Estado (CPE). Por añadidura, se violentó el Debido Proceso, así como el Principio de Congruencia. 


Existe defecto en la Sentencia, consistente en la errónea aplicación de la ley sustantiva, de conformidad a lo previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por no haber subsumido su conducta adecuadamente al tipo penal de Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples previsto y sancionado por el art. 335 del CP en relación al art. 346 del mismo cuerpo legal. Por existir contratos civiles de por medio, siendo hechos aislados y el dinero recibido fue empleado en la compra de material para las construcciones. Tampoco, existe la determinación de la antijuridicidad. No existe un peritaje que determine la inversión de dinero en cada una de las obras.


Concurre el defecto de Sentencia, referente a la insuficiente fundamentación de dicha resolución, conforme prevé el art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que no se puede entender que exista Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, cuando existen de por medio contratos civiles.


Converge el defecto de Sentencia, consistente en que la referida resolución se basó en valoración defectuosa de la prueba, de acuerdo a lo establecido por el art. 370 inc. 6) del CPP, en razón de que el Tribunal de origen tiene una concepción errada de las pruebas de cargo y de descargo, vulnerando lo previsto en el art. 173 del CPP y en contravención del Principio In Dubio Pro Reo.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista impugnado, resolvió el recurso de apelación restringida, interpuesto por el recurrente, bajo los siguientes fundamentos:


De la simple lectura de la Sentencia, se evidencia que las pruebas documentales de cargo han sido judicializadas e insertadas al juicio oral por su lectura, cumpliendo con lo que establece el art. 333 del CPP; así como también, las pruebas testificales resultaron suficientes para generar en el Tribunal la convicción de la responsabilidad penal del imputado, porque no hay que olvidar que el delito de Estafa, objetivamente se perfecciona, cuando el sujeto activo realiza la lesión jurídica que ha pretendido, por lo que el delito de Estafa se consuma en el momento que se obtiene el beneficio ilegal como consecuencia del daño, el ardid y los artificios, de lo que se establece que el Tribunal efectuó una correcta subsunción de la conducta antijurídica del acusado.

La Sentencia cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3)  del CPP; puesto que, contiene los motivos de hecho y de derecho en que se basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de mérito contiene una relación del hecho histórico; es decir, se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre el cual, se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica. Además, del análisis de la Sentencia impugnada se puede extraer, que la misma se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, sin incurrir en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que el Tribunal Décimo de Sentencia al valorar las pruebas de cargo y de descargo, ha desarrollado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena e incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia, utilizando las previsiones otorgadas por los arts. 171 y 173 del CPP y dando razones jurídicas del porqué se está condenado al imputado.    

Tampoco existe actividad procesal defectuosa; ya que, el trámite procedimental del presente proceso penal se ha llevado a cabo dentro del procedimiento que exige la materia, sin incurrir en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.


Finalmente, el recurrente no ha cumplido con lo que manda el art. 408 del CPP; ya que, no hace una expresión de agravios, no cita concretamente las leyes que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, ni cuál es la aplicación que se pretende; es decir, no indica separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos, tal como lo exige el procedimiento de la materia en sus arts. 169, 370, 396 inc. 3).


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE  VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO


En el caso presente, este Tribunal admitió el recurso de casación, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, porque la parte recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de la fundamentación y acceso a la justicia; por cuanto, incurrió en  incongruencia omisiva; ya que, el Tribunal de alzada no se pronunció respecto la denuncia fundada en: 1) Que, la Sentencia sería incongruente por condenarle por el delito de Estafa Agravada, cuando se le acusó por Estafa; 2) Que, la Sentencia no contendría una fundamentación cabal del tipo penal de Estafa Agravada; y, 3) Las supuestas falencias del proceso, como la falta de un avalúo pericial para determinar el avance de obra y la falta de pago, por parte de los acusadores particulares. Al respecto, corresponde realizar algunas consideraciones de orden legal y doctrinal, para posteriormente resolver las problemáticas planteadas.


III.1.        Marco legal y doctrinal.


III.1.1.        Obligación de los Tribunales de impugnación de circunscribir sus pronunciamientos a las cuestiones planteadas.


Conforme dispone el art. 115.I de la CPE, toda persona goza de protección oportuna y efectiva por parte del órgano jurisdiccional en todas sus esferas, labor que se debe impartir sustentada en principios constitucionales, entre los cuales se encuentra la seguridad jurídica establecida en el art. 178 de la CPE y las garantías jurisdiccionales como el debido proceso previsto en el parágrafo II del art. 115 de la Carta Magna, cuyo amplio espectro abarca a su vez derechos, principios y otras garantías constitucionales, como el derecho a la tutela judicial efectiva, del que deriva el derecho a recibir respuesta a todas las pretensiones planteadas, generando a su vez la obligación de toda autoridad que emita un fallo en etapa de impugnación, de circunscribir su pronunciamiento a las cuestiones planteadas por los recurrentes; concordando con la normativa constitucional citada precedentemente, el art. 398 del CPP establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, a su turno el art. 17.II) de la LOJ instituye que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”, normativa que a pesar de ser restrictiva y/o limitativa para los órganos de impugnación, es también imperativa cuando establece el ámbito de pronunciamiento de los Tribunales de impugnación; es decir, por un lado prohíbe emitir pronunciamiento más allá de lo solicitado; pero por otro, manda a pronunciarse sobre todos los aspectos cuestionados; consecuentemente, actuar en contrario, implica incurrir en el defecto absoluto descrito en el art. 169 inc. 3) del CPP, por infracción de la normativa citada anteriormente y vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia; que implicaría incurrir en un vicio inconvalidable, conocido en la doctrina como incongruencia omisiva o fallo corto.


Al respecto, este Tribunal Supremo de Justicia, estableció amplia doctrina legal, como la contenida en el Auto Supremo 109/2012 de 10 de mayo, que precisó: “…las resoluciones judiciales, para ser válidas, deben encontrarse debidamente fundamentadas y motivadas, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, lo contrario implica incurrir en el vicio conocido como incongruencia omisiva o fallo corto, que tiene como esencia la infracción por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas alegaciones que se hayan traído al proceso de manera oportuna, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.”  (Las negrillas son nuestras).


Por otra parte, con la finalidad de establecer si toda denuncia por falta de pronunciamiento implica vicio de incongruencia omisiva, el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, desarrolló paramentos exigibles a ese fin, señalando: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.” (Las negrillas son nuestras). En el mismo sentido, pronunció doctrina legal aplicable el Auto Supremo 325/2012-RRC de 12 de diciembre de 2012, al precisar lo siguiente: “Asimismo, para estar frente ante una incongruencia omisiva es menester que concurran los siguientes presupuestos, a saber: a) La omisión esté vinculada a aspectos jurídicos; b) Las denuncias o pretensiones sean claras y oportunas; c) los agravios sean principales y no alegaciones secundarias; y, d) La ausencia de pronunciamiento sobre problemáticas de derecho, sean de naturaleza sustantiva o procesal”.

III.1.2. Principios de congruencia y su aplicación en el sistema procesal penal vigente.


Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el Juez o Tribunal, fue definido por un sin número de autores, entre ellos (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53), como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”.


El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva; y, b) La segunda, conocida como congruencia externa,  relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia; entendiéndose por tanto, que el órgano judicial por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente.


La fundamentación y motivación de resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.2. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia, en la que la parte recurrente reclama que el Auto de Vista impugnado, vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de la fundamentación y acceso a la justicia; por cuanto, incurrió en un fallo corto (incongruencia omisiva), debido a que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a todos sus reclamos, consistentes en: 1) Que la Sentencia sería incongruente por condenarle por el delito de Estafa Agravada, cuando se le acusó por Estafa, sin agravante, por lo que la Resolución impugnada a decir del recurrente es insuficiente y corta, al no darle a conocer la razón de su decisión; 2) Que la Sentencia no contendría una fundamentación cabal del tipo penal de Estafa Agravada, defecto que al no haber sido resuelto por el Tribunal de apelación, constituiría vulneración al debido proceso y negación al acceso a la justicia; y, 3) Haciendo referencia a las supuestas falencias del proceso como la falta de un avalúo pericial, para determinar el avance de obra y la falta de pago por parte de los acusadores particulares; refiere que el Tribunal de apelación, no valoró esos aspectos indicando que el recurrente no habría expresado los agravios y no hubiere identificado la prueba, lo que implicaría falta de análisis del motivo de apelación, siendo el Auto de Vista insuficiente y vulneratorio de su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y acceso a la justicia. 


  1. Respecto a la falta de pronunciamiento, del agravio de incongruencia de la Sentencia.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria con relación al delito de Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, el recurrente formuló recurso de apelación restringida manifestando como agravio que se lo condenó por un delito, que no se encuentra en el Auto de Apertura de Juicio, ni en la Radicatoria, en contravención de lo establecido en los arts. 167, 169 inc. 3), 124, 171 y 173 del CPP y 115 núm. II de la CPE. Por añadidura se violentó el Debido Proceso, así como el Principio de Congruencia.

       

Al respecto, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se determina que dicha resolución no consigna el agravio reclamado por el recurrente en su recurso de apelación restringida; es decir, que no consigna el reclamo que se lo condenó por un delito, que no se encuentra en el Auto de Apertura de Juicio, ni en la Radicatoria. 


De esta relación necesaria de antecedentes, se tiene que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, a tiempo de declarar improcedente el recurso de apelación restringida como alega la parte recurrente; puesto que, no se circunscribió al motivo que fundó el recurso de apelación restringida; es decir, no se pronunció respecto que se lo condenó por un delito, que no se encuentra en el Auto de Apertura de Juicio, ni en la Radicatoria, en contravención de lo establecido en los arts. 167, 169 inc. 3), 124, 171 y 173 del CPP y 115 núm. II de la CPE; cuando en todo caso, debió pronunciarse sobre este motivo; sea bien de manera positiva o negativa, según corresponda en derecho y que permita a la parte recurrente entender que su pretensión fue considerada y resuelta en base al derecho objetivo.

  1. En relación al no pronunciamiento, referido a la denuncia de que  la Sentencia no contendría una fundamentación cabal del tipo penal de Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples.


De la revisión de los antecedentes el recurrente en su recurso de apelación restringida; arguyó que existe el defecto de la Sentencia consistente en la errónea aplicación de la ley sustantiva de conformidad a lo previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por no haber subsumido su conducta adecuadamente al tipo penal de Estafa, con agravación en caso de víctimas múltiples previsto y sancionado por el art. 335 del CP en relación al art. 346 del mismo cuerpo legal. Por existir contratos civiles de por medio, siendo hechos aislados y diferentes y el dinero recibido fue empleado en la compra de material para las construcciones. Tampoco existe la determinación de la antijuridicidad. 


De ahí que, el Tribunal de alzada fundamentó que de la simple lectura de la Sentencia, se evidencia que las pruebas documentales de cargo han sido judicializadas e insertadas al juicio oral por su lectura, cumpliendo con lo que establece el art. 333 del CPP; así como también, las pruebas testificales resultaron suficientes para generar en el Tribunal la convicción de la responsabilidad penal del imputado, porque no hay que olvidar que el delito de Estafa, objetivamente se perfecciona cuando el sujeto activo realiza la lesión jurídica que ha pretendido, por lo que el delito de Estafa se consuma en el momento que se obtiene el beneficio ilegal como consecuencia del daño, el ardid y artificios, de lo que se establece que el Tribunal efectuó una correcta subsunción de la conducta antijurídica del acusado.


Por lo que se puede evidenciar de la revisión de antecedentes, que el Tribunal de alzada faltó a pronunciarse sobre el citado motivo en el que se fundó su recurso de apelación restringida; es decir, respecto al reclamo de la  existencia del defecto de la Sentencia consistente en la errónea aplicación de la ley sustantiva de conformidad a lo previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por no haber subsumido su conducta adecuadamente al tipo penal de Estafa, con Agravación en caso de Víctimas Múltiples previsto y sancionado por el art. 335 del CP en relación al art. 346 del mismo cuerpo legal. Por existir contratos civiles de por medio, siendo hechos aislados y diferentes y el dinero recibido fue empleado en la compra de material para las construcciones. Tampoco existe la determinación de la antijuridicidad, cuando correspondía atender lo reclamado, otorgando así seguridad jurídica a los litigantes respecto a su derecho de acceso a la justicia y a los recursos.


  1. Referente a la ausencia de pronunciamiento de las falencias del proceso como la i) falta de un avalúo pericial para determinar el avance de obra y ii) la falta de pago por parte de los acusadores particulares.


Antes de entrar a revisar los antecedentes del caso, se evidencia que en este agravio existen dos aspectos a resolver, siendo necesario separarlos para una mejor comprensión.


En atención a la ausencia de pronunciamiento de las falencias del proceso, como la falta de un avalúo pericial para determinar el avance de obra.


De los antecedentes, se evidencia que la parte recurrente en su recurso de apelación restringida, apoyó su fundamento en lo previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, con el argumento que el Tribunal de Sentencia no consideró la falta de existencia un peritaje que determine la inversión de dinero en cada una de las obras. Conforme al entendimiento ya expresado en el punto III.1.1, con la finalidad de establecer si toda denuncia por falta de pronunciamiento implica vicio de incongruencia omisiva, se han desarrollado parámetros exigibles a ese fin, señalando que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión, como es el caso del presente agravio, siendo un apoyo a otra pretensión; es decir, que el agravio de apelación restringida, consistente en la ausencia de pronunciamiento de las falencias del proceso como la  falta de un avalúo pericial para determinar el avance de obra, fue apoyo de la pretensión de otro reclamo de la misma apelación restringida, del defecto de la Sentencia consistente en la errónea aplicación de la ley sustantiva de conformidad a lo previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por no haber subsumido su conducta adecuadamente al tipo penal de Estafa, con agravación en caso de víctimas múltiples previsto y sancionado por el art. 335 del CP en relación al art. 346 del mismo cuerpo legal. Por existir contratos civiles de por medio, siendo hechos aislados y el dinero recibido fue empleado en la compra de material para las construcciones. Tampoco, existe la determinación de la antijuridicidad. No existe un peritaje que determine la inversión de dinero en cada una de las obras; aspecto que, evidencia, que respecto a esta primera parte del tercer agravio, de ninguna manera se quebrantó el derecho al debido proceso en su elemento de la fundamentación y acceso a la justicia como alega la parte recurrente; toda vez, que dicho reclamo debió efectuarlo de acuerdo a los entendimientos desarrollados por este Tribunal, lo que no sucedió; en consecuencia, el presente cuestionamiento dentro del motivo sujeto a análisis deviene en infundado.

En relación a la ausencia de pronunciamiento de las falencias del proceso como la falta de pago por parte de los acusadores particulares.

Al respecto, de la revisión del recurso de apelación restringida conforme se tiene en antecedentes, se advierte que el referido cuestionamiento no fue puesto a conocimiento del Tribunal de alzada; entonces resultaría ilógico, exigir pronunciamiento fundamentado alguno, sobre una temática que dicho Tribunal no tuvo oportunidad de conocer; aspecto que evidencia, que respecto a esta segunda parte del tercer agravio, de ninguna manera se quebrantó el derecho al debido proceso en su elemento de la fundamentación y acceso a la justicia como alega la parte recurrente; toda vez, que dicho reclamo debió efectuarlo en la interposición de su recurso de apelación restringida, lo que no ocurrió; en consecuencia, el presente cuestionamiento dentro del motivo sujeto a análisis deviene en infundado.

Por los argumentos expuestos, se tiene que el Tribunal de alzada respecto a los puntos uno y dos, no cumplió con la obligación de toda autoridad que emita un fallo en etapa de impugnación, de circunscribir su pronunciamiento a las cuestiones planteadas por los recurrentes de conformidad a los arts. 398 del CPP y 17.II) de la LOJ; por cuanto, le correspondía pronunciarse sobre el fondo y de manera fundamentada a todos los reclamos efectuados por el recurrente ante la interposición de su recurso de apelación restringida, por lo que se advierte que incurrió en incongruencia omisiva; por cuanto, no se pronunció sobre los reclamos aludidos en ninguno de los acápites desarrollados en el Auto de Vista impugnado, faltas de resolución que convierte a dicha resolución en infra petita y vulneradora del principio tantum devolutum quantum apellatum, principio por el cual toda autoridad que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, está obligada a circunscribir su resolución conforme lo previsto por el art. 398 de la norma adjetiva penal, debiendo resolver todos los motivos llevados a su competencia, obligación que en el caso de autos fue incumplida por el Tribunal de alzada al no resolver dos de los motivos de apelación restringida, incurriendo en un defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP. En consecuencia, los presentes motivos deviene en fundados.

Los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que, la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Luís Burgos y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto
de Vista 18 de 3 de abril de 2017, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos